Reparacion del daño: el derecho a la verdad

José Martínez Cruz y  Juliana García Quintanilla

!No voy a cambiar la vida de mi hijo por una indemnización económica!, contesó Rosario Ibarra cuando el gobierno ofreció indemnización económica a familiares de desaparecidos. ¿Cuánto vale la vida de una persona?, le cuestionó a los presidentes en turno.

Actualmente en Argentina se están dando indemnizaciones económicas a familiares de 30 mil desaparecidos y hay fuertes polémicas, pero ocurre luego de someter a juicio a militares y dictadores y llevarlos a prisión. En México no ha ocurrido eso. Él torturador Nazar Haro murió en la impunidad y Echeverría se mantiene protegido por el sistema. En Morelos los familiares de victimas exigen verdad y justicia, no becas, como lo publicó el esposo de Norely Janet asesinada en la Provinciana. El papá de Jethro Ramses ha explicado lo mismo. Desafortunadamente, abogados han insistido en el aspecto económico, aún antes de que concluyan los juicios. Quienes sin consulta a familiares han pedido que se generalicen las becas a victimas de feminicidio incurren en el mismo error.

La verdad de los hechos deben ser establecidos con el objetivo de reparar el daño causado a la memoria de la víctima.

Los responsables deben ser juzgados por un crimen de lesa humanidad como es la desaparición forzada y no como un delito del orden común, ya que fue cometido durante el ejercicio de sus funciones como elementos policíacos y militares.

Derecho a la verdad, al duelo y al reconocimiento del honor de los caídos en la lucha por la justicia.

Frente a un escenario de violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario, resulta obligado indagar. No puede haber justicia sin verdad, ni verdad sin justicia. Conocer la verdad y acompañarla de impunidad es una nueva agresión a las víctimas. Hay procedimientos para establecer la verdad histórica; hay procedimientos para establecer la verdad jurídica, para evitar la impunidad. Las víctimas exigen verdad a secas, con todas sus consecuencias. La verdad histórica tiene que llevar a la verdad jurídica. El Estado debe de hacer justicia.

El derecho a la verdad ha sido desarrollado suficientemente en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La Comisión de Derechos Humanos de la ONU, establece en sus Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Victimas ‘El acceso a información fáctica sobre las violaciones.’ El derecho de los familiares de la víctima de conocer lo sucedido a ésta y, en su caso, dónde se encuentran sus restos mortales constituye una medida de reparación y por tanto una expectativa que el Estado debe satisfacer a los familiares y a la sociedad como un todo..

Además, es el derecho que tienen las víctimas a que se realice una investigación respecto a la violación que han sufrido de sus derechos fundamentales para el establecimiento de la verdad histórica y de la verdad jurídica.

“Toda sociedad tiene el irrenunciable derecho de conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron a cometerse, a fin de evitar que estos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro (Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1986; www.cidh.oas.org).” No puede permanecer como historia oficial la mentira que se construyó para ocultar y justificar los crímenes de Estado en contra de su propia población.

La restitución del daño engloba varias categorías, las cuales son previstas por la Obligación de Respetar y Hacer Respetar las Normas Internacionales de Derechos Humanos y el Derecho Humanitario, anota entre otras:

La satisfacción que incluye el reconocimiento del daño, la aceptación de responsabilidad, el pedir perdón, el que haya justicia en lugar de impunidad; La compensación e indemnización monetaria o por servicios por los daños físico y moral sufridos, los gastos, las oportunidades y los proyectos de vida sufridos. Resarcir los daños. La restitución o restablecimiento. Restitución de trabajos, pensiones, estado legal, propiedades, reputación: Restablecimiento de la situación que existiría –evidentemente, en tanto esto sea posible-, si la violación no se hubiere cometido; La rehabilitación y readaptación médica, psicológica, legal; La impunidad que se asegura en todos estos casos, es la de los altos funcionarios del Estado que son los artífices de estos crímenes.

Cuando los operarios no logran escapar de la investigación ministerial, se les suele asegurar trato preferencial, castigos cortos y beneficios de reducción de la pena.

La Corte Interamericana  ha sentado jurisprudencia de la obligación de garantía: “La prevención de las violaciones de derechos humanos, entendida como la obligación estatal de organizar todo el aparato delEstado de manera tal que se trate de disuadir la violación de los derechos humanos, y cuando ésta se produzca, se investigue, se juzgue a los presuntos autores, se los castigue con penas adecuadas respetando el debido proceso y se repare el daño sufrido.”

Y como señalo Rosario Ibarra: No estamos pidiendo que nos devuelvan huesos, menos aún reparación del daño, porque con qué le reparan a uno el daño de haberle quitado un hijo. Recibir una indemnización es darles permiso para matar.

Deben ser juzgados por todos los casos ocurridos durante su gestión. Satisfacción y garantías de no repetición. El dinero que ofrecen los gobernantes a familiares de victimas agregan ofensa al vituperio, queriendo transformarlo todo en mercancía, a lo que oponemos el grito en las calles que gritan: !Nuestras vidas valen más que sus ganancias!

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