La agenda de Derechos Humanos en Morelos

Juliana G. Quintanilla y Paloma Estrada Muñoz.

Ante legisladores federales y estatales, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos presentó la Agenda de Derechos Humanos para que las y los legisladores retomen y conozcan los derechos que más se violan entre la población morelense, y en base a esa agenda, propongan iniciativas en el pleno estatal y federal para que se respeten las garantías individuales de cada ser humano de esta entidad, y el país. Por primera vez se entrega una agenda de derechos humanos a legisladores, el regreso del PRI a la presidencia del país, y el arribo de un gobierno estatal de extracción perredista, nos convoca a la organización y coordinación para defender los derechos humanos. Antes de las elecciones pasadas, la cidhmorelos e integrantes de otros sectores de la sociedad realizamos una serie de conversatorios para elaborar dicha agenda. Esto con la intención de dar elementos en materia jurídica y legal para transformar las leyes y los marcos normativos, pero, sobre todo, construir conciencia organizada y visión crítica de la realidad, para lograr que la justicia social esté en la base de una nueva sociedad.  Los resultados electorales de la pasada elección presidencial, y las del estado de Morelos, muestran que sigue siendo una asignatura pendiente el establecimiento de una verdadera democracia, no solo electoral, sino participativa, directa, donde la mayoría de la población decida el rumbo político y social, para que los gobiernos que han aplicado políticas neoliberales, privatizadoras y represivas modifiquen sus políticas.  Eso mismo, pasó en Morelos, debido a que la mayoría rechazó las candidaturas que se identificaron con la continuidad de la forma de hacer políticas autoritaria y antidemocrática, por lo que el gobierno panista sufrió una derrota estrepitosa. Luego que durante ese gobierno blanquiazul se agudizó, la violación sistemática de los derechos humanos que se ha traducido en un número creciente de victimas, en pérdidas de vidas humanas, en feminicidio, en desempleo, en injusticia social. Sin embargo, el gobierno estatal perredista que llegó al poder encabezado por Graco Ramírez, que pregona en sus discursos el respeto a los derechos humanos, dista mucho de representar consecuentemente políticas respetuosas de los mismos; por eso estaremos pendientes hasta conseguir una verdadera seguridad ciudadana enmarcada en la seguridad humana, los derechos económicos, sociales, culturales, laborales y colectivos; además de transformar las estrategias de seguridad frente a la impunidad y violencia institucional y delincuencial, protección y derechos de las mujeres. Quienes estuvieron presentes en este acto fueron la diputada federal del PRD, Gisela Mota Ocampo, el diputado local del MC, Carlos de la Rosa, y el del PT, Héctor Salazar Porcayo, otros enviaron a sus secretarios técnicos o asesores, como Lucía Meza y Teresa Domínguez del PRD, Erika Cortes del PAN y envió una carta el diputado Humberto Segura Guerrero del PRI. También estuvieron presentes de otras organizaciones sociales, sobre todo en defensa de los derechos de las mujeres, como el Comité contra el feminicidio, Cidhal y del centro Digna Ochoa. Esta agenda de derechos humanos se trató de entregar de manera personal al gobernador Graco Ramírez, pero no dio respuesta positiva a la solicitud formal de una audiencia, tras argumentar, que para que el mandatario estatal recibiera esta agenda, primero tenía que hacérsele llegar un resumen de esta. En un clima adverso para el trabajo de las defensoras y defensores de derechos humanos, muchas personas han sido objeto de amenazas, hostigamiento, criminalización, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y homicidio. Creemos fundamental que las propuestas que sean impulsadas desde las organizaciones sean vistas también como una obligación que tiene el Estado mexicano de garantizar un ambiente de trabajo propicio para la defensa de los derechos humanos y de impulsar acciones que pongan fin a la impunidad. Finalmente hacemos hincapié sobre la falta de mecanismos para una verdadera participación en espacios de diseño, monitoreo y evaluación de políticas públicas por parte del gobierno en coordinación con la sociedad civil.  En este sentido, es necesario un reconocimiento del Estado Mexicano de la labor de defensores y defensoras de derechos humanos, en el marco de una democracia participativa.  En esta agenda hacemos un llamado para que hagan un compromiso explicito en relación con el respeto a los derechos humanos y los deberes que tiene el Estado mexicano, frente a las obligaciones que éste ha adquirido a través de la suscripción y ratificación de los distintos instrumentos internacionales, en el entendido de que los derechos humanos constituyen el parámetro de legitimidad de cualquier Estado democrático. Lejos de abordar el tema de derechos humanos como una bandera política o un mecanismo para incrementar la simpatía, demandamos se fijen posturas y compromisos claros, accesibles y permanentes en los asuntos cruciales que constituyen una agenda mínima para asegurar la vigencia de los mismos. El respeto a los derechos humanos no debe ser una dádiva ni un elemento marginal de sus programas de gobierno, sino un componente transversal que oriente la acción gubernamental de forma integral; sobre todo ante una coyuntura como la presente, marcada por una emergencia nacional por la crisis de violencia y la falta de justicia.

cidhmorelos@gmail.com

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