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Los sótanos del poder y la memoria.

Juliana G. Quintanilla y José Martínez Cruz

La vida y la muerte. Valores absolutos. Sin embargo, la vida sin libertad es parecida a la muerte. Y una muerte sin memoria es como si no hubiese vivido. La muerte en vida es un sufrimiento permanente. No cesa. Terrible. ¿Quién puede causar más daño que el que ejerce un poder para arrebatar la vida y la libertad de las personas?
La desaparición forzada es un delito de lesa humanidad que no prescribe. Nadie desaparece. Lo desaparecen. Lo borran de la vida pública. Lo mantienen en lugares clandestinos. Ocultos. Ilegales. En los sótanos del poder. José Ramón García Gómez está desaparecido desde el 16 de diciembre de 1988. Fue el último día que alguien lo vio en un lugar público. Un cantante pasaba en un autobús de pasajeros cuando observó que lo detenían unos policías. Una señora dueña de una cocina económica se percató también del hecho. No se supo más de él. Existe un expediente de miles de fojas que siguen paso a paso lo ocurrido. Hasta perderse en los archivos del horror.
Una historia que se tejió desde las alturas del poder. Era el año del fraude electoral. Perdió Salinas en Morelos. El pueblo se levantó. Y desde el palacio de Gobierno se movieron los hilos. El Gobernador de entonces, Antonio Riva Palacio López, ordenó la creación del Grupo de Investigaciones Políticas de la Policía judicial. Al frente se encontraba Antonio Nogueda Carbajal como su Comandante. El operador del grupo era dirigido cotidianamente por Apolo Bernabé Ríos García. Los tres ya han fallecido. Este último en prisión acabado por las enfermedades y los remordimientos. El segundo luego de un atentado que le imposibilitó moverse. El primero de ellos, con honores en palacio de Gobierno, rendido por los gobernantes de los distintos partidos políticos, el suyo, el PRI, y el actual del PRD. Las alabanzas se escucharon y escribieron en todos los medios de comunicación. Pero el pueblo no olvida. Fue en las plazas públicas de los municipios del oriente de Morelos donde se recuerda a José Ramón y a una decena de luchadores sociales que fueron desaparecidos por ese grupo de la policía judicial. Un grupo que Riva Palacio negó haber creado.
Hasta que entregó un legajo de documentos a la Fiscalía Especial, en donde se encontraron documentos previos a la desaparición de José Ramón. Ahí se comprobó que se le perseguía políticamente. Y las Recomendaciones 5/91 y 7/92 de la CNDH lo documentaron ampliamente, solicitando investigación contra los autores materiales de la desaparición. Riva Palacio ha muerto, pero se lleva casos sin resolver, aun cuando tuvo que declarar por escrito ante la Fiscalía, la investigación no continuó por la caída del helicóptero donde viajaba el Fiscal, luego de que se apuntaba hacia la responsabilidad política de la desaparición al gobierno del Estado encabezado por Riva Palacio.
Los familiares de estos tres funcionarios han expresado su dolor por su ausencia. Respetamos ese dolor. Como el de cualquier persona que lo experimenta a la hora del adiós. Pero los familiares de José Ramón no han tenido la posibilidad de despedirse de él. Ni velarlo. Ni enterrarlo. Ni guardar luto. Ni experimentar el consuelo de saber lo que pasó. Ni sanar las heridas que muerden la conciencia. Una herida profunda que se abrió en Cuautla el 16 de diciembre de 1988 y no se ha cerrado. Por el contrario, se ha ampliado y extendido por todo el país.
Es verdad que desde el primer caso documentado por el Comité Eureka, de Epifanio Rojas Avilés, en 1969, fueron más de 600 durante los años 60s y 70s durante la guerra de contrainsurgencia encabezada por la Brigada Blanca, creada por Luis Echeverría y López Portillo. En la actualidad, bajo los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, la cifra de desaparecidos ya representa una verdadera catástrofe humanitaria. Más de 27 mil desaparecidos, según algunas fuentes. Otras consideran que es mucho mayor el número. La impunidad campea en todo el país. Los gobernantes causantes de esta tragedia no son llamados a cuentas. Se les rinden homenajes cuando mueren. Se dice que son forjadores de la patria. Se les erigen monumentos. Aun cuando se han interpuesto denuncias penales ante instancias internacionales, como la que existe contra Calderón ante la Corte Penal Internacional. Estos se pasean en lugares exclusivos, disfrutando de las mieles del poder económico y político. Sin rendir cuentas de sus abusos. Sin atender el sufrimiento cotidiano de las familias que siguen muriendo en vida todos los días por no saber el paradero de sus seres queridos. ¿Qué obra más grande podrían hacer que garantizar la vida y la libertad del pueblo, al que juraron servir lealmente con la ley en la mano? Sus nombres en letras de oro no lograrán ocultar las lágrimas de dolor que causaron. Y tal vez, tal vez, algún día se logre establecer la verdad y se alcance la justicia que ellos, en vida, negaron.
¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!
Twitter: @cidhmorelos.

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Periodismo y Derechos Humanos.

Juliana G. Quintanilla y José Martínez Cruz.
Crear una cultura de derechos humanos implica un compromiso en la lucha por transformar la realidad que nos toca vivir. Construir un periodismo de derechos humanos necesariamente significa cuestionar todas las formas de poder que hacen posible la violación de estos derechos. Desarrollar una conciencia crítica entre la sociedad para el ejercicio de una ciudadanía requiere defender el derecho a la libertad de expresión desde donde nos encontremos. Asumir la tarea de comunicar e informar con veracidad significa desafiar el poder establecido y comprender los riesgos y los aportes que ello representa para una sociedad que ha luchado por superar la injusticia social y la desigualdad económica, la antidemocracia y la represión, para construir la justicia, la libertad, la igualdad.
Durante 25 años la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos hemos llevado a cabo una relación con periodistas que nos ha permitido contribuir y valorar altamente el compromiso y la responsabilidad de quien se atreve a comunicar las violaciones a los derechos humanos de los diferentes sectores de la población. Por ello, consideramos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos debe ser el marco ético del periodismo, como lo establece el manifiesto firmado por cientos de periodistas de diversas partes del mundo, donde establecen que el derecho a la información es una condición fundamental para el desarrollo pleno de la democracia, así como para que los ciudadanos puedan opinar y actuar libremente. Periodistas y empresas periodísticas deben contribuir a que se respeten los derechos humanos, y su labor debe poner de manifiesto todas sus violaciones. Las nuevas tecnologías amplían las posibilidades de acceso a nuevos medios de comunicación: democratizan el derecho a informar y a ser informado, y favorecen el desarrollo del periodismo desde el enfoque de los derechos humanos. La independencia de las y los periodistas es vital para la sociedad, y el periodismo es un servicio público a los ciudadanos que no puede estar sometido a intereses políticos o económicos particulares. La defensa de los Derechos Humanos es una de las tareas primordiales del periodismo y el gremio no podrá ejercer su labor si sus propios derechos humanos son vulnerados. Precisamente hoy, con el desarrollo de nuevas tecnologías, la defensa de los derechos humanos en internet es una necesidad ante las leyes que pretenden ampliar su control y dominación, de imposición de contenidos y de nuevas formas de censura y limitación a la libertad de expresión, por lo que periodistas de todo el mundo también han elaborado un Manifiesto en defensa de los derechos en internet, donde plantean que los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión. La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico. Si asumimos como punto de partida una perspectiva de derechos humanos, ésta combina los derechos económicos y políticos, los derechos de toda la humanidad a crear sindicatos, ganar un salario justo, tener vivienda, asistencia social, alimentos y educación. De ahí que la discusión más interesante de quien tiene interés en un periodismo de derechos humanos es lo concerniente al lenguaje y su mala utilización y manipulación. La mala utilización de palabras como justicia y derechos humanos. No se trata solo de que su significado ha sido manipulado sino de que lo han vaciado de significado. Si las palabras que describen un fenómeno ya no tienen ningún significado absoluto, entonces el fenómeno se convierte en lo que deciden quienes detentan el poder. En este mundo la justicia se convierte en venganza y la guerra en intervención humanitaria. Utilizar un lenguaje de respeto a las víctimas de derechos humanos implica hacer un esfuerzo de valorar plenamente el concepto de dignidad. Resulta verdaderamente ofensivo para las víctimas de feminicidio, por ejemplo, describir con profusión la forma en que fueron asesinadas y exhibirlas ante el morbo común, sin un mínimo de respeto ni de comprensión del dolor sufrido. En este, como en otros terrenos, es necesario tener presente el concepto desarrollado por Rysziard Kapuzcinsky: Los cínicos no tienen cabida en este oficio. Abonar en la congruencia y en la ética y hacer un periodismo que desecha las tentaciones que impone el poder del silencio. Indagar sobre causas y hurgar en las raíces. Esta guerra nos acostumbra a no preguntar. Preguntar no sólo es peligroso sino ha sido presentado como indebido. Preguntar es atreverse a escuchar respuestas críticas y darles voz. Las y los periodistas y defensores de derechos humanos son actores clave en toda sociedad democrática. Un número alarmante de esas personas reciben amenazas y son privadas de la vida. 83 periodistas han sido asesinados desde el año 2000. Periodistas que informan sobre la delincuencia y los funcionarios públicos son los que mayores riesgos corren. Desde 2005, 18 defensores de derechos humanos han sido asesinados y muchos otros han recibido amenazas de muerte. Las periodistas y los periodistas como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con pleno respeto a sus derechos humanos. Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre. Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red, ante cualquier presión que pueda producirse. Si los grandes medios de comunicación imponen los contenidos y estandarizan la información en todo el planeta, de acuerdo con los intereses de las grandes potencias, un periodismo de derechos humanos debe desnudar y poner en evidencia las mentiras y engaños que se pretende imponer como una verdad desde el poder.
cidhmorelos@gmail.com

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Educación y derechos de la niñez.

Marco Aurelio Palma Apodaca y Juliana G. Quintanilla.
Aspectos preocupantes se siguen presentando en el Sistema de Educación Básica en el Estado de Morelos. Es necesario no perder de vista el tema central de la educación de las niñas y niños que cursan la educación primaria. En los recientes años se han impuesto una serie de cambios no tan benéficos para la vida de las escuelas públicas y de los alumnos y alumnas. La consecuencia más insidiosa de la privatización encubierta, es la forma en que están cambiando las relaciones entre docentes, estudiantes y los padres. Cuando la educación se comercializa, los resultados son considerados productos. De esta manera, los responsables escolares se convierten en gerentes de empresa, los docentes se convierten en técnicos y los estudiantes en activo o pasivo de una escuela que compite contra todas sus vecinas. Actualmente, sin realizar una consulta; previa, pública e informada, la Secretaria de Educación Pública de forma impositiva estableció para todos los Estados del país el llamado CONAPASE (Consejo Nacional de Participación Social en la Educación). Sus orígenes se remontan al año de 1992, periodo en que da inicio la aplicación de los resolutivos del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, siendo una de las tantas facetas y múltiples intentos por privatizar la enseñanza pública de nuestro país. En la práctica y específicamente con el CONAPASE se confirman una serie de prácticas y consecuencias sociales lamentables. Es el caso que en escuelas primarias de Morelos, se han venido aplicando un conjunto de encuestas poco claras, imprecisas y tendenciosas al grado de que estas no se encuentran foliadas y sólo muestran un simple logotipo membrete con la leyenda CONAPASE. Se han entregado dichos formatos a los alumnos para que los hagan llegar a sus papás o mamás y así los contesten en su casa. Las preguntas como: Que si le gustaría o no que su hijo tuviera sobrepeso. Que si estás a favor o no, de que coman alimentos altamente azucarados o con demasiada grasa. Que sí estás a favor o no, de que afuera de las escuelas vendan este tipo de alimentos. Que sí estás a favor o no, del comercio ambulante afuera de las escuelas. Que sí estás a favor o no, de que la Autoridad Municipal aplique su reglamento contra el ambulantaje y demás cosas por el estilo. Al respecto podemos decir que dichas encuestas y su contenido nada tienen que ver con el derecho humano a la educación. Por ejemplo, no preguntan nada respecto a temas sustanciales y que tienen que ver con la promoción y fomento de la lectura, al mejoramiento pedagógico en las aulas, al tema de los planes y programas de estudio, o de conocer siquiera la opinión de la sociedad sobre la educación. Así mismo no contienen preguntas para conocer propuestas de acción en la materia. Y podemos decir que al estarse aplicando dicho tipo de encuestas se pasa por alto la Misión y Visión que establece el CONAPASE, por lo que hay una notoria incongruencia por parte de la SEP, quedando de manifiesto que el actual régimen político está dejando de cumplir debidamente sus obligaciones en cuanto al tema de la educación y enseñanza pública. No es verdad que la prioridad para el gobierno sea la educación. El gasto público lo demuestra: La inversión física del sector público en educación cayó 43 por ciento entre enero y mayo de 2014, comparada con la registrada en igual periodo del año pasado, indican reportes de la Secretaría de Hacienda. En los primeros cinco meses de 2013 el gobierno de Peña Nieto destinó 10 mil 697 millones de pesos en inversión física para educación y en este año sólo fueron 6 mil 336 millones de pesos. Así no hay un debido cumplimiento del Derecho Humano a la Educación de los niños y niñas, aun cuando está en ordenamientos que son ley en nuestro país y por lo tanto en nuestro estado. Pero, ¿Qué son los derechos de los niños? En 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño. Este tratado explica los derechos de todos los niños a la salud, la educación, condiciones de vida adecuadas, el esparcimiento y el juego, la protección de la pobreza, la libre expresión de sus opiniones y mucho más. Esos son derechos de los que deberían disfrutar todos los niños y las niñas. Pero ¿cómo se puede garantizar el cumplimiento de esos derechos si no se sabe cuáles son? Las y los niños tienen derecho a la libertad de asociación y a compartir sus puntos de vista con otros, dar a conocer sus opiniones, a la información adecuada, a la libertad de pensamiento, a la protección contra toda forma de abuso, entre otros. Puntualizamos algunos de estos derechos contenidos en la Convención, ya que deberían aprovechar estas encuestas para promoverlos y sobre todo aplicarlos, lo que puede ser una de las tareas más urgentes, sobre todo ante el crecimiento de los niveles de violencia social que repercute directamente en las escuelas y lacera gravemente los derechos de quienes están en su etapa de formación y reproducirán lo que la sociedad les enseña, no solo al interior de la escuela, sino en todas las áreas de su vida social, política, económica y cultural. Sólo así lograremos este debido cumplimiento del Derecho a la Educación de niñas y niños, quienes son el futuro y viven un presente donde no se respetan esos derechos.

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Derechos humanos, autonomía y solidaridad.

Paloma Estrada Muñoz y José Martínez Cruz.

Nos han preguntado cómo mantenemos nuestra actividad en defensa de los derechos humanos: sobreviviendo, contestamos.

Queremos construir un mundo distinto donde la imagen corresponda a la palabra, donde el sentimiento y la razón vayan de la mano, donde la justicia y la verdad no estén reñidas. No es fácil. De hecho, es complicado. Implica conseguir conciencia organizada y el arte forma parte de la estrategia de cambio. Para alimentar el entusiasmo, para no perder el rumbo, para iluminar nuestro camino al andar.

Por ello, estamos convocando a personas que conocen las actividades que llevamos a cabo en defensa de los derechos humanos, para que nos acompañen en la cena y venta de obras de arte que han sido donadas para esta causa. La cita es el 15 de marzo a las 6 de la tarde en La Comuna, ubicada en la calle Morrow 6-A de la colonia Centro de Cuernavaca, Morelos. El objetivo es recabar fondos para mantener esta actividad de manera autónoma  como lo hemos venido realizando durante 23 años.

Con la participación consciente y voluntaria de quienes integramos la Comisión Independiente de Derechos Humanos y de quienes han colaborado en mil formas en esta labor de promoción de una cultura de respeto a los derechos humanos. En estos tiempos violentos y de crisis permanente de un sistema profundamente injusto y depredador, explotador y opresivo. Resistir solidariamente requiere de una voluntad de mantenernos trabajando de manera colectiva, sin ceder a las presiones para abandonar esta lucha por una perspectiva individualista de otra naturaleza. Nuestra determinación está marcada por el compromiso de que los derechos humanos sean una realidad para todas y todos de manera integral.

Nos han preguntado cómo y de dónde obtenemos recursos para mantener nuestra actividad. Lo hemos dicho con claridad: con nuestro propio trabajo. Somos trabajadores y trabajadoras, defensoras y defensores de derechos humanos por convicción, y por supuesto con la solidaridad económica de ustedes.  Compartimos un largo camino con quienes saben que el valor fundamental es la dignidad humana y no los intereses del capital. Que nuestras vidas valen más que sus ganancias. Que somos seres humanos y no mercancías. Que nos comprometemos en la lucha cotidiana para cambiar este sistema y construir un mundo diferente, pleno, justo, fraterno, solidario, sin opresión, ni explotación, donde los derechos humanos sean una realidad para todas y todos y no sólo discurso de gobiernos que encubren los peores crímenes contra la humanidad. Estamos indignadas e indignados porque la desigualdad entre la población rica y pobre a nivel mundial se ha incrementado hasta alcanzar su máximo nivel en 30 años. Porque la desigualdad de ingresos ha aumentado a un nivel récord, tanto en las economías de ingresos bajos como las de altos (Michel Foster, OCDE). Una duplicación de la proporción de los ingresos que gana el 1% más alto, un cambio en la demografía del trabajo y beneficios fiscales menos redistributivos, han sido razones principales de aumento de la brecha.

Por eso luchamos para que sea desvinculado el trabajo del empleo, eso significa devolver al trabajo su dimensión vocacional y creativa, que caracteriza a la dignidad humana. Empleo es una relación contractual y, en la configuración del capitalismo, está vinculado a la producción de mercancías rentables y a lucros que dividen a la sociedad en clases económicas-sociales, hegemónicas y subordinadas al capital. Es así que planteamos la construcción de “otra economía”, aunque sabemos que será un camino de luchas y aprendizajes, que pasará por la desconformidad de organizaciones que solo fortalecen la institucionalidad imperante y por la deconstrucción de prácticas alienantes. Pues cada gesto simbólico o real de gratuidad y gratitud, rompe con la lógica imperante del costo-beneficio capitalista. Cada transformación de relaciones de poder en relaciones de reciprocidad y solidaridad pueden estar en la raíz de una nueva forma de relacionarnos como seres sociales.

Queremos, finalmente, agradecer la respuesta a la convocatoria al concurso mural la defensa de los derechos humanos, cuyo primer  lugar  lo obtuvo el realizado por Christian Flores sobre derechos indígenas y el segundo lugar por Carla Herrera sobre derechos de niñas y niños, ycomo lo señalamos en la convocatoria el mural ganador será replicado en las oficinas de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos y será la imagen de nuestras campañas del 2013

cidhmorelos@gmail.com, Facebook y twitter @cidhmorelos

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