Archivo de la categoría: CIDH

Feminicidio, violencia institucional y social.

Paloma Estrada Muñoz y Juliana G. Quintanilla

El Estado mexicano viola sistemáticamente los derechos humanos de las mujeres, lo cual no tiene justificación. Existe un patrón de permisibilidad social y tolerancia que nos lleva a hablar de una misoginia de instituciones y sociedad. El gobierno ha incumplido con su obligación de erradicar la discriminación contra las mujeres, el feminicidio es una constante de violencia que se agravó en el país a partir del gobierno de Calderón. Estas conclusiones del Tribunal Permanente de los Pueblos, coinciden con las que se hicieron del conocimiento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su reciente visita a México, donde se le informó que una vez concluida la investigación sobre feminicidio, se requiere definir las medidas de la Alerta de Violencia de Género en Morelos.
Ahí se presentaron casos de mujeres, libertad de expresión, periodistas y defensoras de derechos humanos, tortura y DESCA, con documentos sobre la situación en Morelos, solicitando un seguimiento y se emitan las recomendaciones pertinentes al Estado mexicano, ya que las mujeres, defensoras y periodistas vivimos en peligro constante, cada vez peor y más difícil. Sobre todo cuando es la vida la que está en riesgo latente. Por eso explicamos a los relatores de este organismo internacional que esta violencia feminicida social e institucional es sumamente grave. Los feminicidios se han repetido pero expresándose en múltiples formas, lo que va indicando el grado de crisis social, como lo dejamos claramente explicado en el Informe de Investigación: 13 Años de Feminicidios Imparables en Morelos. Después de un largo proceso de documentación de cada una de las mujeres que suman la lista del feminicidio en Morelos, concluimos una investigación que dio sustento a nuestra solicitud formal de Alerta de Violencia de Género en Morelos, la cual una vez que fue aceptada, se integró un equipo de trabajo para analizarla y la Secretaría de Gobernación enviará al Gobernador el Informe que dará la pauta para la emisión de la Alerta de Violencia de Género en Morelos y se realicen acciones tendientes a prevenir, atender, sancionar, documentar y erradicar la violencia contra las mujeres en la Entidad. Estos avances en la investigación del feminicidio para establecer la Alerta de Violencia de Género en Morelos, se dan luego de que se interpusiera la solicitud el 27 de mayo de 2014 y fuera admitida el 19 de junio, como establece el procedimiento, una vez que el Grupo de Trabajo convocado por el Instituto Nacional de las Mujeres ha concluido su investigación, la cual ya fue entregada a la SEGOB el 30 de julio de 2014, conforme lo establece el Reglamento, por lo que esta dependencia federal debe emitir sus conclusiones a la brevedad posible.
Hemos dado puntual seguimiento y llamamos a la sociedad a permanecer alertas ante las conclusiones que se emitan. En este sentido, diversas organizaciones de la sociedad civil aprovechamos la actual visita de la CIDH para entregarle información detallada sobre la situación de derechos humanos, instándole a que vuelva para estudiar a profundidad el contexto actual, actualizar su informe de país de 1998 y emprender mayores acciones en sus diversos ámbitos de competencia para contribuir a impulsar mejoras en la realidad mexicana. La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, participó en varios ejes temáticos (mujeres, libertad de expresión, periodistas y defensoras de derechos humanos, tortura y DESCA) presentando casos de violaciones a derechos humanos en la entidad, y exigimos que el Sistema Interamericano vigile estrechamente la situación del país, desplegando todas sus herramientas como son las visitas oficiales, la emisión de resoluciones en casos individuales y el monitoreo de su cumplimiento, la publicación de informes y la celebración de audiencias temáticas entre otras. En los documentos entregados a la CIDH-OEA, insistimos en que los feminicidios se siguen cometiendo en el Estado y se mantienen en los niveles más altos. Es obvio que no pueden ser casos aislados, cuando precisamente se establecen causas comunes que indican similitudes y en un momento determinado permitieron tipificarlo penalmente. Pero hoy no es suficiente, mucho menos si el gobierno mantiene la cerrazón y la política de oídos sordos. Las palabras no alcanzan para dar una noción de todo el dolor que ello representa, como en el caso de Marlene Adán Jaimes y su hija recién nacida. Al momento de ocurrir el feminicidio de Marlene, tenía 8 meses de embarazo y estaba programado su parto, cuando fue víctima de un hecho criminal deliberado y planeado. Los presuntos culpables están sujetos a proceso, el caso está iniciado en carpeta elaborada en la fiscalía de homicidios contra mujeres y quedó consignada como feminicidio, razón por la que se ha solicitado sea investigado como tal y se ha exigido se aplique el Protocolo de investigación sobre feminicidio, para evitar que eludan la aplicación de la justicia, toda vez que los asesores jurídicos de los posibles responsables están buscando pruebas falsas para evadir la justicia. Ante la situación de crisis social en la Entidad Morelense por los continuos y atroces crímenes de feminicidios; la re victimización de las mujeres y su familia por la complacencia del Gobierno del Estado para que estos hechos aparezcan nítida y sensacionalmente plasmados en un diario de máxima circulación denominado “Extra”; ante la ausencia de justicia y la falta de preparación, aunado a la corrupción, omisión y complicidad de funcionarios públicos, abogados y cuerpos policíacos; hemos solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos den seguimiento puntual a la Solicitud de Alerta de Violencia de Género en Morelos y hagan un llamado al Gobierno Mexicano para que lleven a cabo acciones reales, eficaces y contundentes que logren garantizar la Libertad y la Vida Plena de las Mujeres y Niñas mexicanas.

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Criminalización de las luchas sociales

José Martínez Cruz y Marco Aurelio Palma Apodaca
Nos colocamos del lado de quienes luchan en defensa de sus derechos. Es parte de la construcción de relaciones sociales basadas en la solidaridad. Nos oponemos al uso de la fuerza pública contra los movimientos sociales. Consideramos que la protesta social ocurre cuando se cierran otras vías legales para hacer valer las demandas. El derecho de petición contemplado en la Constitución que no es respetado por los de arriba. Es un derecho político a la libertad de expresión, de manifestación y de organización. Derechos humanos, que son cada vez más violentados por los dueños del poder y del dinero. No podemos permanecer neutrales. Quien permanece impávido ante un abuso de poder lo convalida. La impotencia es un sentimiento que se genera cuando la rabia acumulada por las injusticias no encuentra opciones de lucha. No callar, no aceptar, no claudicar, es parte de la toma de conciencia de que otro mundo es posible, donde la justicia se siente entre nosotras y nosotros. Así lo entendemos, como parte de nuestra decisión de comprender la irracionalidad del poder para construir una racionalidad distinta. No las razones del dinero, ni de la fuerza del que no le importan las razones. No la razón del poder, sino el poder de la razón. Cuando nos unimos y organizamos con objetivos claros y precisos, podemos desarrollar estrategias y planes que nos coloquen en mejores condiciones y circunstancias que las impuestas por el sistema capitalista. No es fácil. No, en medio de la desinformación y desorganización, así no es posible. Si lo es, cuando nos atrevemos a luchar. Es cierto que los procesos sociales son de largo plazo. Nunca los cambios han sido de un momento a otro. Por eso, nuestra determinación de construir una fuerza organizada desde abajo, que tenga la lucha por los derechos humanos como un objetivo estratégico. Es lo que nos permite resistir y no claudicar. No al uso de la fuerza pública para solucionar conflictos sociales en Morelos.
Hace ya cuatro años se utilizó la PFP para desalojar a los trabajadores del SME y cerrar la Compañía de Luz, a la vez que se detuvo a los dirigentes sindicales y se les acusó de secuestrar a funcionarios, hecho por los que compañeros como Marco Antonio García y Héctor Salazar siguen firmando su libertad provisional y están sujetos a proceso. En Atenco fue utilizado el esquema de acusar a los dirigentes de secuestro y permanecieron años en prisión. Actualmente son víctimas de agresiones por grupos paramilitares y provocadores para imponerles el mismo proyecto que ya fue derrotado.
El anuncio de la creación del nuevo grupo represivo de la Gendarmería y la militarización de 21 de los municipios en Morelos, lejos de ser buenas señales para el pueblo, significa mayor amenaza para la lucha social. Las detenciones de opositores al Plan Integral Morelos y la campaña de desprestigio a opositores a la autopista en Tepoztlán, así como el desalojo del campamento de 5 trabajadoras de la construcción quienes tras 9 días de permanecer en huelga de hambre a las puertas de gobierno, y la detención de Luis Alejo Rosales, del sindicato de la construcción, bajo el montaje de secuestro en contra del Sub Secretario de Gobierno, son una muestra. Por otra parte, a un año de la arbitraria detención y traslado a un penal federal de Nestora Salgado, Comandanta de la Policía Comunitaria en Olinalá, Guerrero recluida en el Centro Federal de Readaptación Social Número 4 de Tepic, Nayarit exigimos la liberación inmediata de la defensora, quien fue detenida en un operativo mixto por efectivos del Ejército, la Marina, la Policía Estatal y la Policía Municipal el 21 de agosto de 2013.
Estos casos se ubican en el contexto de la aprobación de diversas iniciativas legislativas, a nivel federal, que giran en torno al ejercicio del derecho a la protesta social y a la libertad de expresión. Estas leyes más que proteger y ampliar, buscan inhibir y limitar derechos básicos de las y los ciudadanos en una sociedad democrática, tales como la libertad de expresión, protesta, reunión y asociación, por lo que denunciamos el andamiaje que se construye para criminalizar la protesta social. Encontramos sumamente preocupante el cerco a las libertades democráticas construido desde el Estado para violentar derechos en las calles, y ahora también en internet, así como las acciones violatorias de derechos por parte del gobierno, tales como la censura previa al establecer avisos o permisos para reuniones públicas, la posibilidad de disolver las marchas si bloquean un edificio de gobierno o una vía pública, una sobre burocratización para ejercer derechos en el espacio público, la criminalización del simple aspecto o forma de vestir de las personas, y el aumento desproporcional de penas para delitos relacionados con concentraciones. Este tipo de legislaciones vulneran, coartan y restringen el ejercicio de los derechos humanos de las personas y pueblos, y buscan criminalizar la protesta social en todas sus expresiones. Es el caso de las reformas al Código Penal en materia de terrorismo, la geolocalización en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y la inminente aprobación de la Ley reglamentaria del artículo 29 constitucional en materia se suspensión de garantías. Esta forma de cerrazón y autoritarismo político es un pésimo mensaje para toda la clase trabajadora que está en pie de lucha contra las políticas neoliberales y privatizadoras que el gobierno lleva a cabo, por lo que exigimos que no se continúe criminalizando la protesta social en el estado de Morelos.

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Boletín de prensa sobre Avances en la Alerta de Violencia de Género y la visita de la CIDH.

· Concluido la investigación sobre feminicidio, se requiere definir las medidas de la AVG.
· Durante estancia de la CIDH en México, organizaciones de derechos humanos entregamos información que sustenta la necesidad de una visita
· De Morelos se presentaron casos de mujeres, libertad de expresión, periodistas y defensoras de derechos humanos, tortura y DESCAS.

Durante las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en México presentamos documentos sobre la situación en Morelos, solicitando tengan un seguimiento y emitan las recomendaciones pertinentes al Estado mexicano, ya que consideramos que en Morelos las mujeres, las defensoras y periodistas vivimos en peligro constante, cada vez peor y más difícil. Sobre todo cuando es la vida la que está en riesgo latente. Por eso explicamos a los relatores de este organismo internacional que ante esta violencia Feminicida e institucional es sumamente grave. Los feminicidios se han repetido pero expresándose en múltiples formas, lo que va indicando el grado de crisis social, como lo dejamos claramente explicado en el Informe de Investigación: 13 Años de Feminicidios Imparables en Morelos. Después de un largo proceso de documentación de cada una de las mujeres que suman la lista del feminicidio en Morelos, concluimos una investigación que dio sustento a nuestra solicitud formal de Alerta de Violencia de Género en Morelos, la cual fue aceptada. Se integró un equipo de trabajo para analizar la violencia feminicida en el Estado y en estos momentos estamos en la etapa de espera de respuesta de la Secretaría de Gobernación para que se nos entregue y sea presentado ante el Gobernador, el Informe que dará la pauta para la emisión de la Alerta de Violencia de Género en Morelos o bien, se realicen acciones tendientes a prevenir, atender, sancionar, documentar y erradicar la violencia contra las mujeres en la Entidad.
Por lo que, consideramos importante señalar que hay avances en la investigación del feminicidio para establecer la Alerta de Violencia de Género en Morelos, luego de que se interpusiera la solicitud el 27 de mayo de 2014 y fuera admitida el 19 de junio, como establece claramente el procedimiento, una vez que el Grupo de Trabajo convocado por el Instituto Nacional de las Mujeres ha concluido su investigación, la cual fue entregada a la SEGOB el 30 de julio de 2014, conforme lo establece el Reglamento, por lo que esta dependencia federal debe emitir sus conclusiones a la brevedad posible. Hemos dado puntual seguimiento y llamamos a la sociedad a permanecer alertas ante las conclusiones que se emitan.
Por ello, ante el retroceso en la vigencia de los derechos humanos que México ha experimentado en los últimos años, se impone la necesidad de que el Sistema Interamericano vigile estrechamente la situación del país, desplegando todas sus herramientas como lo son las visitas oficiales, la emisión de resoluciones en casos individuales y el monitoreo de su cumplimiento, la publicación de informes y la celebración de audiencias temáticas (las cuales estaremos solicitando prontamente para el próximo periodo de sesiones de octubre), entre otras. Por lo tanto, las organizaciones de la sociedad civil aprovechamos la actual visita de la CIDH para entregarle información detallada sobre la situación de derechos humanos, instándole a que vuelva para estudiar a profundidad el contexto actual, actualizar su informe de país de 1998 y emprender mayores acciones en sus diversos ámbitos de competencia para contribuir a impulsar mejoras en la realidad mexicana. Nuestra Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, como parte de esta red, participamos en varios ejes temáticos (mujeres, libertad de expresión, periodistas y defensoras de derechos humanos, tortura y DESCAS) presentando casos de violaciones a derechos humanos en la entidad. Hemos elaborado un pronunciamiento conjunto en donde se fundamenta y se exige que el Sistema Interamericano vigile estrechamente la situación del país, desplegando todas sus herramientas como lo son las visitas oficiales, la emisión de resoluciones en casos individuales y el monitoreo de su cumplimiento, la publicación de informes y la celebración de audiencias temáticas entre otras.
En los documentos entregados a la CIDH-OEA, insistimos en que los feminicidios se siguen cometiendo en el Estado y se mantienen en los niveles más altos. Es obvio que no pueden ser casos aislados, cuando precisamente se establecen causas comunes que indican similitudes y en un momento determinado permitieron tipificarlo penalmente. Pero hoy no es suficiente, mucho menos si el gobierno mantiene la cerrazón y la política de oídos sordos. 530 feminicidios en 13 años es una cifra alta que deja al descubierto la falta de atención y justicia, cuando ni uno solo debería ocurrir. Las palabras no alcanzan para dar una noción de todo el dolor que ello representa, por lo que documentamos el caso de Marlene Adán Jaimes y su hija recién nacida.
Al momento de ocurrir el feminicidio de Marlene tenía 8 meses de embarazo y estaba programado su parto, cuando fue víctima de un hecho criminal deliberado, planeado y ejecutado en una casa particular, en el municipio de Emiliano Zapata con el fin de privar de la vida a Marlene, las investigaciones hasta hoy realizadas señalan que pretendían quedarse con la recién nacida para realizar tráfico de personas. Los presuntos culpables están sujetos a proceso, el caso esta iniciado en carpeta elaborada en la fiscalía de homicidios contra mujeres y quedó consignada como feminicidio, razón por la que se ha solicitado sea investigado como tal y se ha exigido se aplique el Protocolo de investigación sobre feminicidio, para evitar que eludan la aplicación de la justicia, toda vez que los asesores jurídicos de los posibles responsables están buscando pruebas falsas para evadir la justicia.
Ante la situación de crisis social en la Entidad Morelense por los continuos y atroces crímenes de feminicidios; la revictimización de las mujeres y su familia por la complacencia del Gobierno del Estado para que estos hechos aparezcan nítida y sensacionalmente plasmados en un Diario de máxima circulación denominado “EXTRA”; ante la falta de justicia por la falta de preparación, corrupción, omisión y complicidad de funcionarios públicos, abogados y cuerpos policíacos; hemos solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos den seguimiento puntual a la Solicitud de Alerta de Violencia de Género en Morelos y hagan un llamado al Gobierno Mexicano para que lleven a cabo acciones reales, eficaces y contundentes que logren garantizar la Libertad y la Vida Plena de las Mujeres y Niñas mexicanas

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TORTURA EN MORELOS. Carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Emilio Álvarez Icaza
Secretario General de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
TORTURA EN MORELOS.
Durante los años recientes la presencia del Ejército en las calles ha significado el crecimiento de las violaciones a los derechos humanos de ciudadanos que no han cometido delito alguno. Actualmente se ha creado una Coordinación Estatal de Seguridad Pública que ha establecido operativos de detención de jóvenes que transitan en motocicletas, y se han multiplicado las denuncias por abusos, malos tratos y golpes, torturas y detenciones arbitrarias. Esta lógica de militarización y estado policiaco implican no solo tortura individual, sino un terrorismo de estado que termina sembrando el miedo y tratando de paralizar la protesta social.

En Morelos hemos recibido diversas denuncias de esta clase de atropellos y torturas, cuyas quejas han sido presentadas ante diversas instancias, sin que hasta la fecha haya habido una acción de la justicia para reparar el daño y para hacer justicia. Uno de estos casos es el de Alejandro Ávila Arteaga.

HECHOS:
El testimonio de Alejandro Ávila Arteaga es el siguiente. “Siendo el día 3 de septiembre de 2012 fui a trabajar como a las 10 de la mañana al taller de herrería del Sr. Carlos ubicado en la colonia Prohogar en la calle Vicente Guerrero, al llegar a la calle mencionada observe que se encontraba un taxi estacionado en frente del taller había dos personas en el interior de una de ellas leía periódico y el otro se me quedo viendo. Yo fui hacia la puerta principal y toque, luego abrió la puerta el Sr. Carlos, lo salude y me saludo, le comente que había un taxi afuera, me dijo pásate. Yo note que el Sr. Carlos estaba asustado, ya en el interior me dijo que fuera arreglando la herramienta y la planta de soldar y me dijo que ya había pedido material a perfiaceros que más tarde lo iban a traer, pase al taller y vi que había una persona parada junto al pozo de agua, usaba una playera blanca, pantalón negro con bolsas, botas negras, tenía el pelo corto, yo lo salude pero no me contestó. También observe que en el bungalo había otra persona pero solo vi sus piernas pues estaba sentado vestía pantalón de mezclilla y botas negras. Me puse a arreglar la herramienta y la planta de soldar, siendo como las 12:00 el Sr. Carlos le entrego unos platos de comida al Sr. que estaba en el pozo esta persona le dijo al Sr. Carlos algo que no alcance a escuchar y el Sr. Carlos agacho la cabeza. Después me preguntó que si ya había almorzado y le dije que ya que gracias. Siendo como las 2:00 de la tarde los señores que estaban ahí salieron corriendo subiendo por las escaleras de aluminio hacia la azotea al poco tiempo se escuchó que golpeaban el portón muy fuerte se empezaron a brincar hombres encapuchados y armados yo me asuste y levante las manos, en ese momento me tiraron al piso y me empezaron a golpear y a patear, me preguntaban dónde estaban los demás yo les contestaba que quienes y me decían no te hagas pendejo me cubrieron la cabeza con mi playera y me sacaron a la calle me subieron a una camioneta, ahí en la camioneta me empezaron a dar toques en las piernas y en los pies y se subían encima de mi decían que eran de la maña que ya me había cargado la chingada, después escuche que golpeaban al Sr. Carlos y lo oí que gritaba, me seguían preguntando donde estaban los demás, yo les decía que no sabía y me volvieron a bajar de la camioneta me llevaron al taller me tiraron al piso y me decían tienes sed ahorita te vamos a dar agua para que hables, me pusieron la camina sobre la cara y entre varios me sostuvieron y me empezaron a echar agua en la nariz y boca y me golpeaban el estómago…”
Los elementos de la Policía Federal Preventiva que detuvieron y torturaron a ALEJANDRO AVILA ARTEAGA y JUAN CARLOS LUNA RAMIREZ, los condujeron a las instalaciones de la PFP ubicadas en Cuernavaca y posteriormente los remitieron a la SIEDO, acusados de una serie de secuestros, actualmente se encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social de Guadalajara Occidente Número 2, Puente Grande, Jalisco.
El derecho a estar libre de tortura está firmemente establecido en el marco del derecho internacional. Toda vez que Alejandro Ávila Arteaga fue víctima de conductas antijurídicas en contra de su integridad física y violaciones al debido proceso y al principio de certeza jurídica entre otros para lograr un testimonio que exigían los perpetradores (agentes del estado) solicitamos desde el 16 de noviembre de 2012 y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 19 último párrafo, 20 fracción novena y fracción segunda del apartado B y 22 párrafo primero y 29 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos; articulo 1; 2 fracciones I y II; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; y 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura y artículos 268, 269, 270, 271 fracción V; 272 fracción II y 279 del Código Penal para el Estado de Morelos, la aplicación del Protocolo Facultativo de Estambul y del Protocolo de Estambul, a fin de corroborar las versiones de nuestro hijo Alejandro que refiere haber sido víctima de tortura por parte de los agentes del estado mexicano. Lejos de haberse solicitado formalmente por la Defensora Pública este Protocolo, se negó a hacerlo, por lo que hicimos una solicitud a la CNDH con fecha 13 de febrero de 2013 para que aplicara el mismo. La CNDH acudió al centro de reclusión casi 8 meses después, ya que la detención ocurrió el 3 de septiembre de 2012 y la visita ocurrió el 14 de mayo de 2013.

Previamente, en la ampliación de su declaración de Alejandro, se pidió se certificaran sus huellas de tortura, con fecha 11 de diciembre de 2012, 3 meses después de su detención, sí se certificaron las huellas de tortura. Sin embargo, le hicieron examen médico a los 13 meses de su detención, el 16 de octubre de 2013, en una aplicación del Protocolo de Estambul que no tiene una certeza ni profesionalismo, ya que según consta en el expediente, la experiencia profesional de quien lo practica es un médico con 20 años de dedicarse a la labor de atender partos maternos, por lo que la conclusión es completamente alejada de los hechos que se denunciaron desde la detención, donde constan partes médicos de huellas de lesiones ocurridas durante la detención por parte de los elementos policíacos.

SOLICITUD: Consideramos que la propia CNDH eludió su responsabilidad de aplicar el Protocolo de Estambul de acuerdo a los más altos estándares de los procedimientos establecidos a nivel del derecho humanitario internacional, por lo que hasta el momento no se ha documentado oficialmente, mucho menos investigado y sancionado, el delito de tortura cometido en agravio de Alejandro Ávila, por lo que en esta ocasión recurrimos a usted para solicitar su intervención ante el gobierno mexicano, para evitar que se sigan violando los derechos humanos de Alejandro Ávila.

CONCLUSIONES: En Morelos la tortura se ha intensificado por parte de las corporaciones policíacas y el Ejército, en la detención de presuntos integrantes de bandas delictivas para obtener información sobre actividades que presuntamente cometieron, se ha generalizado el uso de la tortura por parte de perpetradores desconocidos, con la aquiescencia o complicidad de las autoridades, que utilizan toda clase de métodos, cual más brutales, para causar severos daños físicos y dolor a personas que posteriormente privan de la vida y arrojan sus cuerpos en lugares públicos o los entierran en fosas clandestinas. No hay informes oficiales sobre investigación de casos de tortura ni sanción a quienes cometen este grave delito, lo que garantiza que quienes los cometen actúen con total impunidad, por lo que no hay medidas que inhiban, investiguen y sancionen la tortura cometida por policías o por particulares, lo que tiende a generalizar las violaciones a los derechos humanos en Morelos.

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A los 25 años de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos florecen raíces.

Tiempo somos. Nuestro andar desde hace 25 años es parte del camino del pueblo. Nacimos con la convicción de luchar por construir una cultura de respeto a los derechos humanos. Y aquí seguimos. Formamos parte de un proceso social e histórico que trasciende, sin negar, el momento y las circunstancias. Fue como consecuencia de la movilización de todo un pueblo que dijo basta a la antidemocracia y el autoritarismo del sistema de dominación priista, en aquel año de 1988, cuando se dieron pasos hacia la conquista de derechos políticos que 20 años atrás se habían exigido por el poderoso movimiento estudiantil de 1968, y que, al igual que el 2 de octubre en Tlatelolco, en 1988 ocurrió un golpe de estado técnico convertido en fraude electoral ese día 6 de julio, se impuso a Salinas en la presidencia. El zarpazo del poder neoliberal fue brutal y tuvo secuelas, cientos de asesinatos de militantes políticos, empezando por la desaparición forzada de nuestro compañero José Ramón García Gómez el 16 de diciembre de 1988. No podíamos permanecer con los brazos cruzados. Enmendamos el error de la desaparición del frente pro Derechos Humanos, creado en 1977 hasta 1987 cuando algunas organizaciones consideraron que ya no era necesario. La realidad fue más cruel que cualquier previsión. Y vino la represión. Nuestra compañera Jean McGuill fue cruelmente atacada sexualmente. El pueblo indígena de Xoxocotla fue reprimido y asesinados David y Juan por ganar las elecciones para la Delegación. Así que nos constituimos como Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos en 1989. Hace 25 años. Un recuento de los daños y de los avances, nos permite ver el camino recorrido y, tal vez, el horizonte en perspectiva. Los derechos solo se conquistan mediante la lucha. Si no hay vida digna no hay respeto a los derechos humanos. En Morelos ha habido una confrontación entre la lógica del capital y los derechos de los pueblos. En Morelos vivimos en peligro constante y no resulta fácil. Cada vez es peor y más difícil. Sobre todo cuando es la vida de las personas la que está en riesgo latente. Más allá de cualquier apreciación subjetiva, vale la pena indicar cuáles han sido las tendencias y grados de complejidad en que estamos como sociedad. Por ejemplo, las prácticas autoritarias y represivas como una respuesta de la política gubernamental, ha sido un rotundo fracaso. El feminicidio se sigue cometiendo y se mantiene en los niveles más altos. Mucho menos si el gobierno mantiene la cerrazón y la política de oídos sordos. 530 feminicidios en 13 años es una cifra alta que deja al descubierto la falta de atención y justicia, cuando ni uno solo debería ocurrir. Las palabras no alcanzan a dar una noción de todo el dolor que ello representa. La muerte en su extrema violencia se ha repetido pero expresándose en múltiples formas, lo que va indicando el grado de crisis social. Durante los años recientes la presencia del Ejército en las calles ha significado el crecimiento de las violaciones a los derechos humanos de ciudadanos que no han cometido delito alguno. Esta lógica de militarización y estado policíaco implican no solo tortura individual, sino un terrorismo de estado que termina sembrando el miedo y tratando de paralizar la protesta social. Nuestras razones son claras: los derechos humanos se defienden mediante la organización colectiva. No coincidimos con quienes pretenden combatir la inseguridad con medidas autoritarias. La violencia criminal no se resuelve con violencia institucional. La seguridad ciudadana solo se logra con participación y no con exclusión, aún menos con Mando Único, militares y marinos, como pretenden tirios y troyanos. En Morelos la tortura se ha intensificado por parte de las corporaciones policíacas y el Ejército, en la detención de presuntos integrantes de bandas delictivas para obtener información sobre actividades que presuntamente cometieron, se ha generalizado el uso de la tortura por parte de perpetradores desconocidos, con la aquiescencia o complicidad de las autoridades, que utilizan toda clase de métodos, cual más brutales, para causar severos daños físicos y dolor a personas que posteriormente privan de la vida. No hay informes oficiales sobre investigación de casos de tortura ni sanción a quienes cometen este grave delito, lo que garantiza que quienes los cometen actúen con total impunidad, no hay medidas que inhiban, investiguen y sancionen la tortura cometida por policías o por particulares, lo que tiende a generalizar las violaciones a los derechos humanos en Morelos. Los pueblos y organizaciones sindicales y sociales han recurrido a la movilización y la protesta social, política y jurídica, demostrando que no se ha cumplido el derecho a la consulta previa y suficientemente informada, razón por la que se ha incrementado la inconformidad social y la organización de colectivos, coordinaciones y frentes de lucha. En estos años los logros han sido sobre todo en la toma de conciencia de la necesidad de luchar por un paradigma distinto de lo que significa el desarrollo, que de ninguna manera puede verse exclusivamente en indicadores económicos, sino sobre todo de justicia social y de inclusión en la toma de decisiones, con democracia participativa. Una sociedad de derechos debe partir precisamente de su respeto absoluto. Con la convicción de que la conciencia organizada es lo que nos sostiene, podemos asegurar que a 25 años de luchar por una cultura de respeto a los derechos humanos, florecen nuestras raíces!
cidhmorelos@gmail.com twitter: @cidhmorelos.

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Ante los abusos de la CFE, necesitamos la organización colectiva

Marco Aurelio Palma Apodaca y Juliana G. Quintanilla.

Las consecuencias de la privatización de la energía no serán positivas para el pueblo. Luz, gasolina, gas, más caros para la mayoría. Expropian los bienes de la nación y los regalan a las trasnacionales. Pemex y CFE privatizadas, implican ganancias para unos cuantos y socialización de las pérdidas, de ahí el rescate de los fondos de pensiones por más de 2 billones a pagar en 35 años. Sin embargo, el servicio de energía eléctrica no tiene que verse como el negocio de unos cuantos. Tenemos que seguir dando la lucha en ese sentido y lograr como objetivo central que en la Constitución Federal sea reconocido el derecho a la energía eléctrica como un derecho humano. A finales del mes de mayo, al dar lectura a nuestro aviso-recibo para pago del consumo de energía eléctrica, detectamos una más de las múltiples irregularidades cometidas por la Comisión Federal de Electricidad, y que tiene que ver con un nuevo agravio cuyo nombre es: “DAP” (Derecho de Alumbrado Público), mismo que se implementa y se apoya en un injusto convenio aprobado por los regidores y el alcalde de la Capital, en donde estos últimos junto con directivos de dicha paraestatal, establecieron de manera por demás ilegitima que la “CFE” Zona Cuernavaca, actuara como parte “recaudadora” en el asunto de referencia, siendo su compromiso apoyar al gobierno municipal en la tarea de realizar el cobro por dicho servicio público, y que en la vía de los hechos ya lo concretaron con sorprendente rapidez; es decir ya despojaron de su dinero a miles de usuarios al cobrarles en forma abusiva la llamada “cuota fija” bimestral por dicho concepto del DAP, de acuerdo a un rango tarifario especifico y que se muestra a continuación:

1. Para la Tarifa 02 de uso doméstico que consuma de 0 a 100 Kwh bimestrales el costo será de $ 161.06. Sumado a la tarifa de consumo eléctrico

2. Para la Tarifa 02 de uso doméstico que consuma mayor a 100 Kwh bimestrales el costo será de $ 358.5. Sumado a la tarifa de consumo eléctrico.

Dicha situación transgrede partes sustanciales de nuestra Constitución Federal y representa un claro atentado contra los disminuidos salarios del pueblo trabajador, ya que incluso se han presentado casos de personas que les están cobrando ahora más dinero por el DAP, que lo del consumo de energía eléctrica de su casa. Dicha disposición pasa por alto una serie de derechos específicos, al gobierno local nunca le preocupó el hecho de consultarnos antes. La población de Cuernavaca no está de acuerdo con dicha medida y ya lo hemos denunciado a través de recursos legales, como han sido la interposición de quejas por escrito ante la Procuraduría Federal del Consumidor (misma dependencia que en un inicio hasta se negaba a radicarlas). Así también nos hemos apoyado en diversas manifestaciones y mítines políticos en los que hemos participado con los diferentes Comités de personas que se están organizando en los pueblos, barrios, mercados y colonias de la Ciudad y que integran ahora la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica de Morelos “ANUEE-Morelos”. Ante dicha presión y resistencia social, el Ayuntamiento formalmente se vio obligado a suspender en forma, “solo temporal”, el cobro del DAP y aun así a la CFE no le interesa, ni respeta y por lo tanto insiste todavía en seguir cobrando el anticonstitucional DAP. La privatización de la energía eléctrica significa ganancias para las empresas trasnacionales y los funcionarios que son sus empleados, que utilizan sus puestos públicos como trampolín para escalar en las esferas de los monopolios. Y alguien paga, como siempre, el pueblo. Ante el incremento de los abusos que la CFE está cometiendo al retirar los medidores a personas que tienen un procedimiento legal ante esta instancia, es necesario tomar medidas que protejan los derechos de las y los usuarios: Cobran altas tarifas sin tener contrato, acusan ante la PGR a usuarios por robo, agreden a las usuarias físicamente, intimidan, amenazan. Ante ello, es necesario construir Comités de Usuarios y usuarias para emprender acciones colectivas ante la Profeco, convocar a participar en la asamblea de la ANUEE-Morelos para el viernes 9 de agosto a las 5 de la tarde en el auditorio del SME en Cuernavaca. Corran la voz para tomar las medidas legales, jurídicas y de solidaridad para evitar la criminalización de quienes están defendiendo su derecho humano a la energía eléctrica.  

Twitter: @cidhmorelos correo e: cidhmorelos@gmail.com

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Los sótanos del poder y la memoria.

Juliana G. Quintanilla y José Martínez Cruz

La vida y la muerte. Valores absolutos. Sin embargo, la vida sin libertad es parecida a la muerte. Y una muerte sin memoria es como si no hubiese vivido. La muerte en vida es un sufrimiento permanente. No cesa. Terrible. ¿Quién puede causar más daño que el que ejerce un poder para arrebatar la vida y la libertad de las personas?
La desaparición forzada es un delito de lesa humanidad que no prescribe. Nadie desaparece. Lo desaparecen. Lo borran de la vida pública. Lo mantienen en lugares clandestinos. Ocultos. Ilegales. En los sótanos del poder. José Ramón García Gómez está desaparecido desde el 16 de diciembre de 1988. Fue el último día que alguien lo vio en un lugar público. Un cantante pasaba en un autobús de pasajeros cuando observó que lo detenían unos policías. Una señora dueña de una cocina económica se percató también del hecho. No se supo más de él. Existe un expediente de miles de fojas que siguen paso a paso lo ocurrido. Hasta perderse en los archivos del horror.
Una historia que se tejió desde las alturas del poder. Era el año del fraude electoral. Perdió Salinas en Morelos. El pueblo se levantó. Y desde el palacio de Gobierno se movieron los hilos. El Gobernador de entonces, Antonio Riva Palacio López, ordenó la creación del Grupo de Investigaciones Políticas de la Policía judicial. Al frente se encontraba Antonio Nogueda Carbajal como su Comandante. El operador del grupo era dirigido cotidianamente por Apolo Bernabé Ríos García. Los tres ya han fallecido. Este último en prisión acabado por las enfermedades y los remordimientos. El segundo luego de un atentado que le imposibilitó moverse. El primero de ellos, con honores en palacio de Gobierno, rendido por los gobernantes de los distintos partidos políticos, el suyo, el PRI, y el actual del PRD. Las alabanzas se escucharon y escribieron en todos los medios de comunicación. Pero el pueblo no olvida. Fue en las plazas públicas de los municipios del oriente de Morelos donde se recuerda a José Ramón y a una decena de luchadores sociales que fueron desaparecidos por ese grupo de la policía judicial. Un grupo que Riva Palacio negó haber creado.
Hasta que entregó un legajo de documentos a la Fiscalía Especial, en donde se encontraron documentos previos a la desaparición de José Ramón. Ahí se comprobó que se le perseguía políticamente. Y las Recomendaciones 5/91 y 7/92 de la CNDH lo documentaron ampliamente, solicitando investigación contra los autores materiales de la desaparición. Riva Palacio ha muerto, pero se lleva casos sin resolver, aun cuando tuvo que declarar por escrito ante la Fiscalía, la investigación no continuó por la caída del helicóptero donde viajaba el Fiscal, luego de que se apuntaba hacia la responsabilidad política de la desaparición al gobierno del Estado encabezado por Riva Palacio.
Los familiares de estos tres funcionarios han expresado su dolor por su ausencia. Respetamos ese dolor. Como el de cualquier persona que lo experimenta a la hora del adiós. Pero los familiares de José Ramón no han tenido la posibilidad de despedirse de él. Ni velarlo. Ni enterrarlo. Ni guardar luto. Ni experimentar el consuelo de saber lo que pasó. Ni sanar las heridas que muerden la conciencia. Una herida profunda que se abrió en Cuautla el 16 de diciembre de 1988 y no se ha cerrado. Por el contrario, se ha ampliado y extendido por todo el país.
Es verdad que desde el primer caso documentado por el Comité Eureka, de Epifanio Rojas Avilés, en 1969, fueron más de 600 durante los años 60s y 70s durante la guerra de contrainsurgencia encabezada por la Brigada Blanca, creada por Luis Echeverría y López Portillo. En la actualidad, bajo los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, la cifra de desaparecidos ya representa una verdadera catástrofe humanitaria. Más de 27 mil desaparecidos, según algunas fuentes. Otras consideran que es mucho mayor el número. La impunidad campea en todo el país. Los gobernantes causantes de esta tragedia no son llamados a cuentas. Se les rinden homenajes cuando mueren. Se dice que son forjadores de la patria. Se les erigen monumentos. Aun cuando se han interpuesto denuncias penales ante instancias internacionales, como la que existe contra Calderón ante la Corte Penal Internacional. Estos se pasean en lugares exclusivos, disfrutando de las mieles del poder económico y político. Sin rendir cuentas de sus abusos. Sin atender el sufrimiento cotidiano de las familias que siguen muriendo en vida todos los días por no saber el paradero de sus seres queridos. ¿Qué obra más grande podrían hacer que garantizar la vida y la libertad del pueblo, al que juraron servir lealmente con la ley en la mano? Sus nombres en letras de oro no lograrán ocultar las lágrimas de dolor que causaron. Y tal vez, tal vez, algún día se logre establecer la verdad y se alcance la justicia que ellos, en vida, negaron.
¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!
Twitter: @cidhmorelos.

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