CIDH Morelos | Informe Sombra AVG Morelos

En éste Informe Sombra destacamos lo siguiente:

La investigación permite acercarse a los Feminicidios y a la Desaparición Forzada de las Mujeres, el contexto institucional en el que ocurren y las características del proceso legal.

Para mostrar esta situación, el informe se organizó en cuatro grandes secciones, la primera se refiere a la “Violencia Institucional”.

En la segunda sección se presenta un “Análisis del cumplimiento de la AVG por dependencia y las solicitudes de información a través del IMIPE”.

La tercera sección se denominó “Feminicidios”, y se dividió en 3 partes, en la primera se señala el “Número de Feminicidios” en la Entidad; en la segunda se presenta las “Edades de las mujeres asesinadas”; la tercera se refiere a la “Geografía de los Feminicidios”.

En la cuarta sección se exponen la información sobre la “Desaparición Forzada  de Mujeres en el Estado”.

Finalmente se exponen las Conclusiones y se emiten algunas Recomendaciones.

http://redtdt.org.mx/?p=8586

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VIOLENCIA INSTITUCIONAL: ENTRE LA DILACIÓN, LA OMISIÓN Y LA IGNORANCIA. INFORME SOMBRA.

ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN MORELOS. VIOLENCIA INSTITUCIONAL: ENTRE LA DILACIÓN, LA OMISIÓN Y LA IGNORANCIA. INFORME SOMBRA.

A UN AÑO Y 9 MESES DE LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

Mientras exista feminicidio impune no puede concluir la Alerta de Violencia de Género.

Al cumplirse un año y 9 meses de que se aprobara el Decreto de la Alerta de Violencia de Género para 8 municipios del Estado de Morelos por parte de la CONAVIM, estamos presentando un Informe Sombra como organismo peticionario, con nuestras observaciones críticas y un análisis pormenorizado de los informes que el gobierno del Estado de Morelos ha emitido, haciendo énfasis en que no puede levantarse la AVG en tanto se mantiene, y aún más grave cuando crece, el feminicidio al amparo de la impunidad. Por tal motivo, estamos solicitando una reunión con el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para hacerle entrega directa de éste informe sombra, mismo estamos haciendo llegar al gobierno del Estado de Morelos.

Aún cuando el Secretario de Gobierno de Morelos, Matías Quiroz Medina, hizo una declaración señalando el levantamiento de las medidas de la AVG, en ninguna de las conclusiones del Grupo de Trabajo Interinstitucional se afirma tal situación. Por el contrario, dicho documento de 51 páginas establece claramente que:

“CONCLUSIÓN GENERAL SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS EN LA DECLARATORIA DE A.V.G.

A partir del análisis en su conjunto de todas las acciones realizadas por el estado de Morelos, se observa que en algunas de éstas ha habido un avance suficiente para determinar un cumplimiento óptimo y en las cuales el grupo debe dar sólo acompañamiento para dar seguimiento a su implementación a largo plazo. Sin embargo, existen otras medidas en que la mayoría del grupo considera que las evidencias presentadas no son suficientes para concluir que el estado implementó las propuestas realizadas por el grupo en su informe ni en las medidas declaradas en la AVGM.”

De todo lo anterior no se puede concluir que la Alerta de Violencia de Género se levante. Si bien es cierto que en Cuernavaca se ha incumplido en mayor proporción las medidas establecidas en la AVG, eso no excluye ni a las dependencias del Gobierno del Estado ni a los 7 municipios restantes incluidos en el Decreto, sobre todo cuando también se han dado casos de feminicidio impune en varios municipios que no están dentro de la AVG.

Como hemos señalado y en eso coincidimos en el Grupo de Trabajo en su documento inicial, lo verdaderamente grave ante el crecimiento de la violencia feminicida, es que si no se toman las medidas adecuadas de políticas públicas defensoras de los derechos de las mujeres, éste tipo de violencia feminicida tiende a incrementarse ante la violencia institucional que se genera cuando hay omisión, simulación o encubrimiento por parte de las autoridades. El año 2016 documentamos 97 feminicidios y en lo que va de enero a abril de 2017 se ha registrado 26 casos de feminicidio.

Mientras la sociedad ha dado muestras de tener una mayor conciencia frente a los crímenes cometidos contra mujeres en la entidad, realizando toda clase de protestas y acciones que muestran la creciente toma de conciencia del respeto a los derechos de las mujeres, las autoridades no asumen de manera firme y consecuente las tareas que legalmente les corresponde y tienden a utilizar datos aislados de la realidad para justificar el desempeño de sus tareas con pobres o mínimos resultados en el combate a la impunidad.

Recientemente la ONU Mujeres ha publicado un extenso documento sobre feminicidio, donde “considera indispensable dar continuidad a los esfuerzos emprendidos por el Estado Mexicano e implementar, sobre la base de la nueva legislación, una política integral de Estado para eliminar la violencia contra las mujeres que: convoque a todas las fuerzas políticas y de gobierno; homologue, a nivel local, todos los tipos de violencia contra las mujeres —incluidos el feminicidio y la violencia feminicida— contemplados tanto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como en el Código Penal Federal; estandarice los protocolos de actuación de las instituciones de procuración e impartición de justica para reducir la impunidad; mejore la prestación de servicios y atención para mujeres y niñas víctimas de violencia; y, en particular, atienda satisfactoriamente las recomendaciones que diversos organismos internacionales o regionales han dirigido al Estado Mexicano, especialmente las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y las recientes emitidas por el Comité de la CEDAW.”

“En este contexto, fortalecer las instituciones para garantizar el derecho de las mujeres al acceso a la justicia y a la reparación del daño a las víctimas y sus familiares, así como para desplegar acciones más eficaces para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, especialmente el feminicidio, redunda en la reducción de la impunidad.”

Es fundamental por ello comprender que la violencia hacia las mujeres es también al mismo tiempo una variante de la violencia estructural que divide a los grupos humanos en favorecidos y desfavorecidos, porque está basada en una estructura social que segrega o diferencia las actividades que realizan los hombres y las mujeres, otorgándoles valoraciones desiguales en la jerarquía de puestos, poder, recursos y decisiones. El resultado de esta desigualdad de género es la discriminación sistemática de las mujeres.

En éste Informe Sombra destacamos lo siguiente:

La investigación permite acercarse a los Feminicidios y a la Desaparición Forzada de las Mujeres, el contexto institucional en el que ocurren y las características del proceso legal.

Para mostrar esta situación, el informe se organizó en cuatro grandes secciones, la primera se refiere a la “Violencia Institucional”.

En la segunda sección se presenta un “Análisis del cumplimiento de la AVG por dependencia y las solicitudes de información a través del IMIPE”.

La tercera sección se denominó “Feminicidios”, y se dividió en 3 partes, en la primera se señala el “Número de Feminicidios” en la Entidad; en la segunda se presenta las “Edades de las mujeres asesinadas”; la tercera se refiere a la “Geografía de los Feminicidios”.

En la cuarta sección se exponen la información sobre la “Desaparición Forzada  de Mujeres en el Estado”.

Finalmente se exponen las Conclusiones y se emiten algunas Recomendaciones.

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Invitación a Conferencia de Prensa AVG

INVITACION A CONFERENCIA DE PRENSA SOBRE AVG EN Morelos.

FECHA Y HORA: 10 DE MAYO DE 2017 A LAS 11 DE LA MAÑANA.

LUGAR: La Rana de la Casona

TEMA: A UN AÑO Y 9 MESES DE LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

A un año  y 9 meses de la AVG presentamos un Informe Sombra.

Mientras exista feminicidio impune no puede concluir la Alerta de Violencia de Género.

Al cumplirse un año y 9 meses de que se aprobara el Decreto de la Alerta de Violencia de Género para 8 municipios del Estado de Morelos por parte de la CONAVIM, estamos presentando un Informe Sombra como organismo peticionario, con nuestras observaciones críticas y un análisis pormenorizado de los informes que el gobierno del Estado de Morelos ha emitido, haciendo énfasis en que no puede levantarse la AVG en tanto se mantiene, y aún más grave cuando crece, el feminicidio impune. Por tal motivo, estamos solicitando una reunión con el Secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, para hacerle entrega directa de éste informe sombra, mismo que también estamos haciendo llegar al gobierno del Estado de Morelos.

Aún cuando el Secretario de Gobierno de Morelos, Matias Quiróz Medina, hizo una declaración señalando el levantamiento de las medidas de la AVG, en ninguna de las conclusiones del Grupo de Trabajo Interinstitucional se afirma tal situación. Por el contrario, dicho documento de 51 páginas establece claramente que:

“CONCLUSIÓN GENERAL SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS EN LA DECLARATORIA DE A.V.G.

A partir del análisis en su conjunto de todas las acciones realizadas por el estado de Morelos, se observa que en algunas de éstas ha habido un avance suficiente para determinar un cumplimiento óptimo y en las cuales el grupo debe dar sólo acompañamiento para dar seguimiento a su implementación a largo plazo. Sin embargo, existen otras medidas en que la mayoría del grupo considera que las evidencias presentadas no son suficientes para concluir que el estado implementó las propuestas realizadas por el grupo en su informe ni en las medidas declaradas en la AVGM.”

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42 años en busca de su hijo

         

Foto | Proceso

Desde la Guerra Sucia de los años 70 a la Guerra contra el narco, iniciada en diciembre de 2006, en México han surgido múltiples organizaciones de Mujeres que han mantenido, y mantienen, la misma proclama ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!

La activista Rosario Ibarra, quien suma ya 42 años en busca de su hijo Jesús Piedra Ibarra, explica que “fue él quien me parió politicamente; la fortaleza de sus convicciones, su espíritu rebelde y el valor de sus ideales me empujaron a seguir luchando, pero sobre todo me animó la enorme esperanza de haber encontrado con vida a 148 desaparecidos que estuvieron presos en cárceles clandestinas del Ejército y la Marina”.

En 1977 fundó, junto a otros familiares y mujeres conocidas como Las Doñas, el Comité Eureka, aunque confiesa que “nunca imaginé que nuestro grito resonaría nueva mente por todo el orbe para denunciar los miles de casos de desaparecidos que hay actualmente en México victimas de los sátrapas que hoy nos gobiernan “. A las madres que buscan a sus hijos en la actualidad les diria “Que luchen con toda su fuerza, que defiendan a sus hijos como leonas, que exijan justicia que no cejen en su empeño por en contrarlos”.

Ibarra concluye denunciando que “el responsable de la desaparición forzada es el gobierno de México, la desaparición forzada es una política y terrorismo de Estado que tiene a la justicia secuestrada y desaparecida igual que a nuestros familiares. La corrupción y la impunidad son los pilares con que se sostiene”.

 (Sididh – Prodh)

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Grupo Asesor de ONU Mujeres, derechos humanos y desarrollo

Grupo Asesor de la Sociedad Civil de ONU Mujeres en México reafirma la importancia de vincular los derechos humanos de las mujeres con el desarrollo sostenible

Fecha: viernes, 28 de abril de 2017

Fotografía ONUMujeres/LuisCedeño

Fotografía ONU Mujeres/ JuanLuisCedeño

El 18 de abril de 2017, se llevó a cabo la séptima reunión del Grupo Asesor de la Sociedad Civil (GASC) de ONU Mujeres en México.

La reunión fue coordinada por Ana Güezmes García, Representante de ONU Mujeres. Tuvo por objetivo analizar la coyuntura relacionada con la agenda global de igualdad de género; los principales desafíos, motivos de preocupación y oportunidades para el ejercicio de los derechos humanos y el empoderamiento de las mujeres y las niñas en México; el trabajo que desarrolla ONU Mujeres en el país, así como las posibles estrategias a seguir por el GASC de cara al examen de México ante diversos mecanismos de derechos humanos de la ONU, principalmente ante el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

En el marco del periodo electoral 2017-2018, la reunión contó con la participación de Paulina Grobet, Titular de la Unidad de Género del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con quien el GASC mantuvo un diálogo abierto sobre los avances y desafíos de la paridad en un contexto de preocupante violencia política en contra de las mujeres, principalmente en el ámbito local. Entre estos mecanismos y acciones se resaltó a la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, el Protocolo para atender la violencia política contra las mujeres, el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México, así como la Plataforma de Empoderamiento: Políticas. Política y Políticas Públicas con Perspectiva de Género.  Entre los principales retos de los órganos electorales de cara al periodo electoral 2017-2018, refirió la integración y adopción de un proyecto de defensoría especializada para la protección de los derechos político-electorales de las mujeres.

El GASC subrayó que la escalada de violencia política en contra de las mujeres, la cual tiene múltiples manifestaciones y se ejerce en diferentes espacios, limita los avances de México hacia una democracia paritaria; atenta en contra de los derechos humanos de las mujeres en su sentido más amplio, y obstaculiza la igualdad de oportunidades en la participación política y la vida pública. Por ello, el GASC destacó la urgencia de fortalecer los mecanismos de protección y reparación del daño para las mujeres, en especial los vinculados a la protección de defensoras, periodistas, mujeres políticas y en general a las mujeres víctimas de violencia de género. De cara al periodo electoral 2017-2018, el GASC hizo énfasis en la necesidad tipificar la violencia política y crear las condiciones propicias para que las mujeres denuncien, facilitando el apoyo legal, el acompañamiento integral y el seguimiento al cumplimiento de las sentencias, y avanzando en la rendición de cuentas de las autoridades electorales y los partidos políticos.

El GASC manifestó especial preocupación por el desfase entre el liderazgo de México en los foros globales y regionales, y la igualdad formal o ante la ley y la brecha de implementación en el nivel interno de diversos compromisos internacionales en materia de derechos de las mujeres. En particular, mencionó que persisten desafíos estructurales en áreas clave para el logro de la igualdad de género en el país, entre los que subrayó:

  • El desigual acceso de las mujeres a la justicia.
  • La reducción en la inversión para la igualdad de género.
  • El lento avance en el empoderamiento económico de las mujeres.

Frente a esta coyuntura, el GASC reconoció la importancia de repensar la defensa de los derechos humanos de las mujeres y las alianzas de las organizaciones de la sociedad civil, con miras a identificar nuevas formas de incidencia más estratégica, coordinada y efectiva; favoreciendo la priorización de temas, evitando la sectorización y apuntalando la participación coordinada y en conjunto en espacios clave. Al respecto, el GASC enfatizó la necesidad de:

  • Utilizar la plataforma de incidencia que ofrecen los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
  • Fortalecer el informe alternativo de la sociedad civil sobre el noveno informe de México sobre el cumplimiento de la CEDAW.

ONU Mujeres puntualizó sobre el rol clave de la sociedad civil mexicana, reconociendo a las organizaciones de mujeres, defensoras de derechos humanos y mujeres periodistas, para promover y avanzar la agenda de igualdad de género en el nivel global, regional y nacional. Al mismo tiempo, instó al GASC a tener una “impaciencia constructiva” en el marco de una estrategia desde la sociedad civil que mire hacia y desde lo global, y con un enfoque de acción orientado a la implementación con resultados en el corto plazo que alienten cambios culturales y estructurales en México.

Los Grupos Asesores de la Sociedad Civil de ONU Mujeres tienen el propósito de facilitar consultas efectivas, continuas y estructuradas entre la organización y la sociedad civil, especialmente con las organizaciones y redes de mujeres, defensoras de derechos humanos, activistas, académicas y periodistas, para avanzar el logro de la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas.

Tras cumplirse el proceso de renovación parcial de integrantes del GASC en marzo pasado, en esta reunión participaron representantes de redes y organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, de organizaciones de la sociedad civil y de la academia, ya sea en su carácter de nuevas participantes, integrantes en activo y personas y representantes de organizaciones salientes.

Se realizó un reconocimiento del importante aporte de las organizaciones y personas que formalmente concluyeron su periodo como Asesoras en el marco de la reunión, así como a la señora Gloria Ramírez por haberle sido otorgado el reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto 2017”.

Organizaciones y personas que actualmente integran el GASC

 

Titulares organizacionales

Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia A.C.

Gente Diversa de Baja California A.C.

The Hunger Project México

Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos, A. C. (GESMujer)

Red de Mujeres Radialistas

Red Mesoamericana Mujer Salud y Migración

Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM)

Colectivo de Investigación, Desarrollo y Educación entre Mujeres, CIDEM A.C.

Centro de Atención a la Mujer Trabajadora de Chihuahua A.C

Red de apoyo Red Macuilxóchitl de la Montaña;

Red de Apoyo a Mujeres Municipalistas A.C.

Coordinación Interregional Feminista Rural Comaletzin

 

Titulares individuales

María Luisa Martínez Sánchez

Milagros Herrero Buchanan

Aimée Vega Montiel

 

Suplentes organizacionales

Consejo Ciudadano 100 por Jalisco A.C.

10,000 Mujeres por México

Red de Mujeres y Hombres por una Opinión Pública con Perspectiva de Género AC

 

Suplentes individuales

María Guadalupe Ramos Ponce

Elvia González del Pliego

Elsa María Arroyo Hernández

 

 

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Ley contra la desaparición forzada, avances y retrocesos

La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos considera que es importante la aprobación de la Ley contra la Desaparición Forzada, a la vez que condena los retrocesos legislativos en la materia. Recordamos que en Morelos ya se cuenta con un ordenamiento legal que incorporó un importante Mecanismo de Búsqueda y Localización, mismo que no se ha instrumentado hasta la fecha por el Ejecutivo Estatal y no ha sido vigilado su cumplimiento por el Legislativo local que aprobó dicha ley en la anterior Legislatura.

Compartimos a continuación tres documentos emitidos por la ONU-DH, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos y la Campaña contra la Desaparición Forzada, integrada por familiares y organizaciones de derechos humanos.
El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México reconoce avances y manifiesta reservas en el proyecto de dictamen Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares.

Las reservas se refieren a la falta de capacidades y atributos suficientes de la Comisión Nacional de Búsqueda para responder eficazmente a la problemática de la desaparición en el país.
Tras consulta amplia, organizaciones que conforman el Movimiento reconocen algunos avances para responder a esta grave problemática y hace un llamado al legislativo a aprobar la Ley en este período.
Los familiares de personas desaparecidas enfrentamos un profundo dolor desde que arrancaron a nuestros seres queridos de nuestro lado, y la indolencia y falta de respuesta del Estado. Por esta razón hemos exigido al Estado desde hace décadas una legislación en la materia que nos ayude a encontrarles. Desde hace dos años, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MovNDmx), que agrupa a más de 40 colectivos en México y Centroamérica, hemos venido trabajando con organizaciones, personas expertas en la materia y con legisladores y legisladoras comprometidas para lograr una Ley General sobre Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares, impulsando nuestro derecho a participar en el proceso y proponer los componentes mínimos que debería tener la Ley a partir de una amplia consulta con colectivos y organizaciones.

En los últimos días la propuesta que veníamos trabajando con el poder legislativo se vio modificada por las observaciones del Ejecutivo, que según nuestra valoración eran inaceptables, como señalamos oportunamente. Tras conocer la última propuesta y un proceso de consulta con las organizaciones que conforman el Movimiento, reconocemos que el Dictamen tiene aspectos que abonan a que el Estado mexicano atienda la problemática, pero deja grandes pendientes: que si bien se creará una Comisión Nacional de Búsqueda, ésta no contará con policía propia y deberá solicitar colaboración al Ministerio Público para la realización de acciones de investigación, todo ello en disminución de su capacidad operativa.

Asimismo, no existe una claridad sobre los criterios para definir quién será el responsable, ya sea la Federación o autoridades locales, de encabezar la búsqueda de personas desaparecidas, se sigue utilizando el término de no localizados aún cuando es contrario a las recomendaciones internacionales que le han hecho al propio Estado mexicano. También se elimina el supuesto que permitiría, de acuerdo con estándares internacionales, fincar responsabilidades al superior jerárquico cuando en razón de sus funciones debió saber lo que las personas a su cargo realizaban.Para el MovNDmx está claro que el gobierno no cumple con su palabra y la voluntad política que dice tener, pues no está demostrada en todo el dictamen.

Sin embargo, como resultado de la consulta realizada, las familias decidimos acompañar el proyecto, pues si bien vemos que el corazón de la ley, que es la búsqueda, no está como creemos funcionaría mejor, la ley es un instrumento más en nuestra exigencia de buscarles y encontrarles y seguiremos reiterando la necesidad de mecanismos de búsqueda operativos y eficaces. Ahora toca al Estado demostrar que la estructura que propone va a funcionar. Las familias estaremos atentas que así sea.

Hacemos un llamado claro a las y los legisladores en ambas cámaras a aprobar la Ley General sobre Desaparición Forzada y por Particulares durante este período y honrar su compromiso con nuestro dolor y nuestra lucha por encontrarlos y encontrarlas.

Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México

La ONU-DH reconoce los avances en la ley de desaparición y lamenta la falta de consenso

en el tema de búsqueda

Luego de más de dos años de discusiones en el Senado, pero sobre todo a casi cuatro décadas de que se empezaron a perpetrar las desapariciones de personas en el país, varias de ellas por agentes del Estado, y con un saldo trágico para miles de familiares, la Cámara Alta aprobó el día de hoy la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) reconoce que la ley turnada a la Cámara de Diputados posee avances para enfrentar uno de los problemas más doloroso, urgente y complejo que enfrenta el Estado mexicano. Dichos avances responden a los estándares y a varias recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos, incluidas las del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Sr. Zeid Ra’ad Al Hussein, con motivo de su visita al país en octubre de 2015.

En efecto, la ley establece un tipo penal de desaparición forzada acorde a los estándares internacionales, reconoce el carácter permanente de la conducta, le confiere el carácter de imprescriptible y determina un régimen de sanciones agravadas en determinados supuestos, así como incentivos para dar con el destino de las personas desaparecidas y los responsables. Además, la legislación plasma la obligación del Estado de buscar a toda persona cuyo paradero se desconozca y establece un Sistema Nacional de Búsqueda, una Comisión Nacional de Búsqueda y Comisiones Locales de Búsqueda, las cuales operarán con una serie de herramientas y plataformas de información, como son los registros nacionales de personas desaparecidas, personas fallecidas no identificadas y fosas. Se crean los programas nacionales de búsqueda y exhumaciones y se adopta un enfoque diferenciado para responder a determinadas personas, como migrantes, niñas, niños y adolescentes, y a las víctimas de desaparición forzada ocurridas en el contexto de la así denominada “Guerra Sucia”. La ley también regula la declaración de ausencia y refuerza el derecho a la reparación de las víctimas.

La ONU-DH lamenta que no se haya logrado un consenso en el Senado entre las autoridades, los colectivos de víctimas y quienes les acompañamos en el apartado de búsqueda de personas, el más significativo de los temas materia de esta ley, especialmente en relación a las facultades y recursos de la Comisión Nacional de Búsqueda. Será responsabilidad de las autoridades acreditar en los hechos y en el corto plazo que, una vez que se haya expedido la ley, el modelo de búsqueda aprobado por ellas sea capaz de dar los resultados necesarios y hacer posible la localización y liberación de las personas desaparecidas y, en caso de fallecimiento, la identificación certera, el respeto y la restitución digna de sus restos. Para la ONU-DH, el éxito de esta ley dependerá de sus resultados, especialmente en este apartado.

La ONU-DH expresa su reconocimiento a las personas que desde la institucionalidad mexicana, tanto en el Senado como en el Ejecutivo, hicieron el mayor de sus esfuerzos para impulsar los contenidos positivos de la ley. De igual forma, la ONU-DH reconoce al Movimiento Nacional por Nuestros Desparecidos en México y a la Campaña Nacional en contra de la Desaparición Forzada por su perseverancia, empuje y capacidad de construir propuestas, muchas de ellas derivadas de la experiencia del dolor que supone la desaparición de un ser querido y su búsqueda incansable.

La ONU-DH alienta a la Cámara de Diputados a procesar y aprobar a la brevedad posible esta importante ley.

La ONU-DH está consciente de las dificultades que para los colectivos de víctimas ha implicado un proceso legislativo complejo, les reitera su respeto y hace manifiesto su compromiso de seguir trabajando a su lado en la reivindicación de sus derechos a la justicia, a la verdad, a la reparación integral, así como en la adopción de medidas para la no repetición.
Finalmente, la ONU-DH refrenda su plena disponibilidad para seguir trabajando con el Estado mexicano en favor del respeto y protección de los derechos humanos de todas las personas.

No avalamos una Ley General contra la desaparición forzada y desaparición cometida por particulares que no cumple con los estándares internacionales y se burla de las víctimas
Como Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada en México, en lo general, no avalamos el Dictamen de Ley General contra la desaparición forzada y desaparición cometida por particulares que se está discutiendo en el Senado de la República porque es insuficiente, porque se queda corto ante la gravedad de las desapariciones en el país y porque no cumple, de manera general, con los estándares internaciones en materia de derechos humanos ni con las exigencias de las organizaciones de víctimas, de derechos humanos y populares agrupadas en la Campaña y de miles de familiares de víctimas en todo el país.

Como Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada en México reconocemos pequeños avances en la Ley General producto de la constante lucha de diversas organizaciones de víctimas y no de la voluntad política del gobierno, quien nos obliga a denunciar que el espíritu general de la Ley General no corresponde a las exigencias y expectativas de las víctimas.

Durante casi dos años hemos sido testigos de la simulación de diálogo por parte del Gobierno Federal y, durante décadas, de la falta de voluntad política para erradicar las desapariciones forzadas en el país. Ejemplo de ello es que mientras el Gobierno Federal simula el diálogo con diversas organizaciones de víctimas y de derechos humanos, las cifras de desapariciones forzadas se han venido incrementando año con año.

La estrategia del Gobierno Federal, desde un inicio, fue desgastar, tratar de dividir y engañar con falsas promesas a las familias y organizaciones que han venido exigiendo la Ley General. Ante ello, en todos los espacios en los que como Campaña logramos estar presentes, conjuntamente con diversas organizaciones de víctimas y de derechos humanos, dimos la lucha para llevar ante el Gobierno Federal las exigencias de miles de víctimas de desaparición forzada que desde la década de los años sesenta han mantenido la demanda de Justicia y Verdad, intentar menos que eso sería como arrancarle el corazón a quienes han dejado todo por encontrar a sus hijos, a sus familiares.

El dictamen de Ley General que está siendo discutido hoy (26 de abril de 2017) en Comisiones significa un grave retroceso respecto a la propuesta de Ley General que elaboramos las organizaciones agrupadas en la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada en México entregada al Senado de la República en septiembre del 2015 y en la Cámara de Diputados en septiembre del 2016, y también significa un grave retroceso respecto a los mínimos propuestos por el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México.

El Estado mexicano tuvo la oportunidad histórica de dotar al país de un marco jurídico acorde a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y, con ello, dar los primeros pasos para garantizar Verdad, Justicia, Memoria, Reparación integral del daño y Medidas de no repetición, no obstante lo que se presenta en el dictamen de Ley General es una caricatura de lo que realmente necesita hacer el Estado mexicano para erradicar las desapariciones forzadas. Un ejemplo de ello es la creación de una Comisión Nacional de Búsqueda que en realidad ni es nacional ni tiene las capacidades para buscar.

El Estado mexicano incorporó a su dictamen aquellas exigencias de las víctimas que no tocan el centro de su propuesta y muchas de las exigencias las modificó y redujo para que no lo obligaran a prevenir y erradicar las desapariciones forzadas, las cuales se presentan en el país de manera generalizada y sistemática.

La lucha por contar con un marco jurídico que prevenga y erradique las desapariciones forzadas no se agota con la promulgación de una Ley General que no cumple de manera general con los estándares internacionales ni con las exigencias de las víctimas. Tomaremos y haremos valer lo poco ganado en el marco jurídico nacional y seguiremos luchando por presentación con vida de todas la víctimas de desaparición forzada, por el juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales y para que un día el pueblo mexicano logre tener un gobierno que no tenga como política de Estado el desaparecer a su propia gente.

Como Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada en México, de manera general, NO AVALAMOS el dictamen de Ley General contra la desaparición forzada y desaparición cometida por particulares por lo siguiente:

1.- Bajo el pretexto de que para activar la Búsqueda inmediata y no caer en actos de incongruencia legal, el Estado mexicano deja en el Dictamen el término persona No Localizada. Este término se utiliza también para nombrar el “nuevo registro” de Personas Desaparecidas, el cual llevará el nombre de Registro Nacional de Persona Desaparecidas y No Localizadas. Con lo cual se demuestra que el Estado mexicano, bajo el argumento de “buscar” a todas las personas desaparecidas, oculta intencionalmente la práctica de la Desaparición Forzada que de manera sistemática y generalizada realizan sus propios funcionarios. Además no crea un registro que responda a la naturaleza y especificidad de la desaparición forzada.

2.- Para poder garantizar impunidad a los responsables intelectuales de cometer desapariciones forzadas, el Estado mexicano se negó a establecer la responsabilidad de los superiores jerárquicos como lo mandata la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada en su Artículo 6; aun a sabiendas de que esto le traerá como consecuencia graves llamamientos y recomendaciones de las instancias internacionales.

3.- Respecto a la creación de instancias eficaces para la Búsqueda, se eliminó la instancia encargada de realizar la Búsqueda inmediata y permanente de las víctimas de desaparición forzada. Eliminaron también establecer, dentro de los mínimos aceptables, el acceso a todos los lugares de probable detención de las víctimas incluidos campos militares y lugares clandestinos. En su lugar se crea una Comisión Nacional, que no es nacional y que no posee atribuciones ni herramientas necesarias para hacer la búsqueda adecuada en campo.

4.-A pesar de que en varias partes de la Ley se reconoce la necesidad de contar con un órgano que realmente sirva para la investigación forense, bajo el alegato de no contar con recursos suficientes, el Estado mexicano se niega a crear un Instituto Autónomo de Ciencias Forenses, y sólo crea una figura llamada Banco Nacional de Datos Forenses, que solamente agrupará Bases de Datos, que serán alimentadas por los mismos peritos dependientes de las Procuradurías, de esas mismas Procuradurías que no investigan y que hacen lo imposible para que los familiares de las víctimas no denuncien.

5.-El Estado mexicano reconoce que las desapariciones forzadas en México de la época de la “guerra sucia” deben ser investigadas, pero no crea una instancia de búsqueda inmediata, es decir, la Ley General no contempla encontrar a las víctimas de desaparición forzada, pese a que la desaparición forzada es un delito continuo.

6.- Como ha sido una constante durante más de cincuenta años, y más aún durante este sexenio, el Estado mexicano se negó a integrar cualquier artículo donde se hiciera alusión a la responsabilidad de las Fuerzas Armadas, lo que garantiza la imposibilidad de que éstas sean juzgadas bajo su propia jurisdicción.

7.- La Ley General no contempla la reclasificación de los delitos, lo cual seguirá dejando a todos los casos que no son investigados como desapariciones forzadas o desapariciones cometidas por particulares sin la posibilidad de exigir que se clasifiquen adecuadamente al momento de entrada en vigor de la Ley.

8.- Como se ha visto hasta ahora, la Ley General de Víctimas ha sido un mecanismo eficaz para desmovilizar a los familiares de las víctimas, y la Ley General contra la desaparición forzada y desaparición cometida por particulares hace referencia en todo momento a la Ley General de Víctimas para cualquier petición de búsqueda e identificación de peritos independientes que puedan llegar a solicitar los Familiares.

Por todo lo anterior, como Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México, en general, NO AVALAMOS LA LEY GENERAL CONTRA DESAPARICIÓN FORZADA Y DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES que está por ser aprobada en Comisiones. De ser aprobada esta Ley General, se seguirá perpetuando la impunidad y el Estado mexicano continuará sin garantizar a las víctimas, familiares y sociedad en su conjunto los derechos de MEMORIA, VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN.

Como lo hemos hecho desde hace ya casi siete años, continuaremos con la exigencia y la lucha por la presentación con vida de cada una de las víctimas de desaparición forzada en México. Seguiremos buscando que se castigue a cada uno de los responsables materiales e intelectuales sin importar su jerarquía en la estructura del Estado mexicano.

Por último, hacemos un llamado a las víctimas de desaparición forzada a pronunciarse en contra de una Ley General que generará más impunidad, respetamos el esfuerzo de las organizaciones de la sociedad civil que están avalando la Ley General, pero recordemos que una Ley General sin corazón, sin búsqueda, sin justicia y sin verdad, reduce las exigencias históricas de las víctimas de la desaparición forzada y sus familiares a un autoengaño

Presentación con vida de los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, las indígenas triquis Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, el defensor de derechos humanos Francisco Paredes Ruiz, el indígena chatino Lauro Juárez, el profesor Carlos Rene Román Salazar, los activistas Teódulfo Torres Soriano, Gabriel Gómez Caña, Fidencio Gómez Sántiz, los 43 normalistas de Ayotzinapa y las más de 30 mil víctimas de desaparición forzada en México.

Atentamente

Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México

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La Alerta de Violencia de Género no ha concluido en Morelos.

  1. La Alerta de Violencia de Género no ha concluido en Morelos.
    El Grupo de Trabajo sobre la Alerta de Violencia de Género emitió un documento con importantes conclusiones que consideramos de interés público, ya que contrariamente a lo que ha declarado el Gobierno de Morelos en el sentido de que ya ha concluido la AVG, ésta se mantiene con medidas específicas tal como dice el documento en sus conclusiones que anexamos a la presente para su conocimiento.
    Por nuestra parte, como organismo peticionario de la AVG en Morelos, estamos preparando un informe sombra que, debido a la amplitud, daremos a conocer en extenso el 9 y 10 de mayo, ya que, como es del conocimiento de la sociedad en Morelos, la grave situación de violencia feminicida prevalece en la entidad.
    Cuernavaca, Morelos, 27 de abril de 2017.
    Atentamente.
    Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C.

 

  1. CONCLUSIÓN GENERAL SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS EN LA DECLARATORIA DE AVGM Y LAS PROPUESTAS CONTENIDAS EN EL INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO

A partir del análisis en su conjunto de todas las acciones realizadas por el estado de Morelos, se observa que en algunas de éstas ha habido un avance suficiente para determinar un cumplimiento óptimo y en las cuales el grupo debe dar sólo acompañamiento para dar seguimiento a su implementación a largo plazo. Sin embargo, existen otras medidas en que la mayoría del grupo considera que las evidencias presentadas no son suficientes para concluir que el estado implementó las propuestas realizadas por el grupo en su informe ni en las medidas declaradas en la AVGM. En este sentido, el grupo valora los esfuerzos realizados para la implementación coordinada de las medidas dictadas en la AVGM, en este sentido observa un área de oportunidad para seguir sumando esfuerzos en este rubro. No se omite señalar que fue de particular atención que en el municipio de Cuernavaca fue sistemática la falta de reporte de avances, en este sentido, las acciones que el grupo considera cumplidas, en ningún sentido se entiende para el municipio de Cuernavaca, para el cual sigue abierto el proceso de alerta en relación con todas las medidas decretadas. Asimismo, el grupo considera indispensable que el poder legislativo cumpla con sus obligaciones constitucionales en materia de derechos humanos de las mujeres. Resulta preocupante para el GIM la falta de solidez argumentativa y desconocimiento del marco normativo local, federal e internacional para llevar a cabo sus importantes funciones. En este sentido, se considera que la primera medida relacionada con la divulgación y publicación en medios de difusión de la naturaleza y los alcances de la violencia de género se encuentra en proceso y que es preciso prestar atención y ayuda en el caso de los municipios que no reportan acciones, así como generar diálogos entre los distintos municipios para compartir las buenas prácticas y los lineamientos generales sobre las implicaciones de la AVGM. Por su parte, la segunda medida de seguridad referente a la recuperación de espacios públicos se encuentra cumplida en cuanto a la primera, segunda, sexta y quinta acción; por su parte, tomando en consideración su naturaleza de mediano plazo, se encuentran en proceso de cumplimiento la tercera y cuarta acción; finalmente, la quinta acción no presenta avances considerables ya que desde que se declaró la AVGM sólo se ha verificado que no existe un diagnóstico estatal sobre la violencia contra las mujeres en el transporte público. La tercera medida de seguridad se encuentra parcialmente implementada, toda vez que los avances en la instalación de los módulos de atención en los municipios requieren una mínima coordinación entre los municipios en la que se identifiquen los servicios mínimos que cada uno de estos módulos debe proporcionar. En cuanto a la cuarta medida de seguridad, relativa a la implementación de las órdenes de protección, el GIM advierte que el estado ha avanzado en su implementación, sin embargo, se encuentra en proceso de cumplimiento ya que la misma deriva en gran parte de la creación de la Unidad Especializada de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia Doméstica (quinta medida de seguridad), que actualmente cuenta con 19 elementos para los ocho municipios, a pesar de que para el transcurso 2017 se proyecta que cuente con 183 elementos, de los 250 con los que se planea integrar. En este sentido, el GIM valora los esfuerzos realizados por la CES hasta el momento y le invita a continuar con el fin de garantizar los derechos humanos de las mujeres. Sin perjuicio de lo anterior, y 49 respecto a la quinta medida de seguridad, el grupo da por cumplida la segunda acción, pues de lo reportado en el Informe de cumplimiento de las propuestas contenidas en el informe del grupo de trabajo, sólo quedaba pendiente la aprobación y publicación del Protocolo de Actuación. Para las medidas de prevención, se reporta un avance parcial en la primera, en este sentido, el GIM considera que la medida sólo se encuentra cumplida respecto a la tercera acción en tanto que la cuarta acción presenta un avance parcial, y la primera y segunda acción no presentan ningún avance. El grupo de trabajo reconoce los avances en el diseño del Subprograma Estatal de Sensibilización, Capacitación y Profesionalización de las y los Servidores Públicos encargados de la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, segunda medida de prevención, ya que el mismo busca ser permanente y considera las funciones del personal para distinguir el tipo de sensibilización, capacitación y/o profesionalización a recibir. Sin embargo, su implementación, o reporte, no se está realizado bajo la metodología señalada en el propio subprograma, por lo que se considera que la medida se encuentra parcialmente cumplida. En la tercera medida de prevención, el grupo considera que si bien se presentan avances en las dos acciones (aquellas medidas dirigidas al alumnado y aquellas dirigidas al personal docente), se considera que para la presente medida los avances son insuficientes, ya que no hay elementos que permitan garantizar la continuidad de las acciones que se han concretado. Para la cuarta medida de prevención, el GIM observó que se encuentra en proceso de cumplimiento. En este sentido, sólo la acción de creación del CJM en Cuernavaca se encuentra completada. Por otro lado, considera que en tres acciones reflejan un avance significativo sin que se hayan completado en su totalidad: acción segunda, relativa a la implementación de los COMVIVES con perspectiva de género; acción cuarta, referente a la ceración de una campaña de comunicación para generar conciencia social, y acción sexta, relacionada con la elaboración de un programa estatal con perspectiva de género de atención y reeducación de personas generadoras de violencia contra las mujeres. Finalmente, se considera que las acciones primera (redes comunitarias), quinta (programa de monitoreo ambulatorio y anónimo), séptima (observatorio de medios de comunicación) y octava (creación del programa estatal permanente de comunicación con perspectiva de género) no reportan avances significativos. Respecto a la primera medida de justicia, el grupo valora el avance en la primera y segunda acción, relativas al fortalecimiento, articulación y capacitación de la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, advierte que en algunos momentos de su implementación no se han logrado los objetivos deseados. En este sentido, se considera que en cuanto a estas acciones esta medida se encuentra en proceso de cumplimiento. Ahora bien, por lo que hace a las acciones tres y cuatro, se considera que se encuentran parcialmente cumplidas, ya que las acciones del Poder Judicial para la evaluación de la perspectiva de género, así como las acciones del Comité de Calidad con Perspectiva de género, no permiten conocer cómo se ha llevado a cabo la evaluación y en consecuencia no se conocen los resultados. Por cuanto a la quinta acción, el GIM considera que no presenta ningún avance, pues no se reporta la creación de la Unidad de Análisis y Contexto. Con relación a la segunda medida de justicia, se considera que hay un avance considerable, sin embargo, es necesario que derivado de la revisión de expedientes se elabore un diagnóstico de las fallas al momento de investigar los casos de muertes violentas de mujeres. Por lo que hace a la tercera medida de justicia, se advierte que no se cuenta cumplida, si bien se han iniciado ocho expedientes sobre supervisión, no se cuentan con elementos para determinar si los mecanismos de supervisión y sanción han sido accesibles para la ciudadanía y se han llevado a cabo de forma diligente. 50 En relación con la cuarta medida de justicia, el grupo considera que se encuentra en proceso de cumplimiento. Como ya se señaló, el GIM valora que el poder legislativo tiene la obligación de adecuar las normas locales a los estándares nacionales e internacionales a fin de eliminar aquellas disposiciones que menoscaben o anulen los derechos de las mujeres y niñas en la entidad. En cuanto a la quinta medida de justicia, se considera que se han realizado avances considerables para la generación de un plan individualizado, sin embargo, aún falta ultimar procesos para que su acceso sea eficiente y no se impida su ejecución por barreras burocráticas. No obstante, en cuanto a la sexta medida de justicia, se considera que la acción relativa a la reparación simbólica se encuentra cumplida, en consideración de que continuamente el estado se encuentra realizando eventos en que busca reconocer a las víctimas de feminicidios y sus familiares. Por lo que hace a la última medida de la declaratoria de AVGM, al igual que todas las acciones de difusión realizadas por el estado, el grupo valora los esfuerzos para llevar a cabo la difusión, entre otros, del mensaje de cero tolerancia. Sin embargo, sigue sin advertirse un diseño estructurado de contenidos y difusión, por lo que se considera que el cumplimiento está en proceso. En cuanto a las propuestas contenidas en el informe que no tienen relación directa con alguna medida de la declaratoria, de la cuarta propuesta quedaba pendiente el fortalecimiento del Procedimiento de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia, mismo que se remite en el último informe y falta su revisión y publicación, por lo que la propuesta se encuentra en proceso de cumplimiento. La quinta propuesta, relativa al Modelo de Atención Único para las Dependencias que Integran el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia en el Estado de Morelos, el estado reporta que se encuentra en revisión, sin que el grupo pueda comprender el retraso en su adopción, ya que desde el informe se encuentra en esta etapa, por lo que se considera que no se encuentra cumplimentada. En cuanto al fortalecimiento de las instancias que previenen y atienden a mujeres víctimas de violencia, referente a la décimo tercera propuesta, se sigue percibiendo la falta de una estrategia para lograr este fortalecimiento, por lo el grupo considera que esta propuesta se encuentra parcialmente cumplida. Asimismo, se valora el funcionamiento del Sistema Estatal PASE, en este sentido, el GIM considera que el cumplimiento de las medidas relacionadas con establecer un calendario de trabajo de las comisiones que integran el SEPASE se encuentra cumplido, sin embargo, no se tienen elementos suficientes para determinar si los contenidos son o no sustanciales. Finalmente, en cuanto a la décimo quinta propuesta, el GIM considera un gran avance la asignación presupuestal para la implementación de las medidas de la AVGM, sin embargo, no se reportan acciones relativas a la inclusión de perspectiva de género en el presupuesto de egresos. En este sentido, se considera de considera de vital importancia que los presupuestos de egresos que emitan los estados incluyan perspectiva de género, de forma tal que se garantice: i) que las políticas públicas se diseñen e implementen con perspectiva de género, ii) la transparencia respecto a los recursos públicos que se destinen a este tipo de programas y iii) facilitar la rendición de cuentas y el ejercicio eficiente de los mismos. En este sentido, el grupo considera que esta medida se encuentra parcialmente cumplida. De forma general el GIM consideró que se encuentran cumplidas las siguientes acciones de las medidas de seguridad: la segunda, sexta y séptima acción de la segunda medida, la primera acción de la cuarta medida, la segunda acción de la quinta medida. Para las medidas de prevención, se consideran cumplidas por el grado de avance reportado, la primera acción de la segunda medida y la 51 tercera acción de la cuarta medida. Por lo que hace a las medidas de justicia, se considera cumplida la sexta medida.

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