Seguimiento y vigilancia de medidas de Alerta de Violencia de Género en Morelos

El día de hoy se llevó a cabo una reunión con el Ejecutivo del Estado de Morelos, representantes de los tres poderes y organismos civiles de derechos humanos, donde estuvimos presentes como organización solicitante de la Alerta de Violencia de Género.
En esta sesión se presentaron las líneas de acción a desarrollar para cumplir con las medidas de la AVG por parte del Gobierno de Morelos, a través del establecimiento de la Comisión Estatal para la prevención de la Violencia de Género, la coordinación con los 8 municipios y la presentación del Presupuesto inicial para darles cumplimiento, así como las medidas emergentes primarias y el Programa estatal Integra-Mujer-Morelos, que implica llevar a cabo medidas puntuales en los polígonos de riesgo, las investigaciones de los casos por la Fiscalía, las acciones en los municipios y las acciones transversales.
Ahí se planteó la necesidad de que las respuestas inmediatas de la AVG contemplen todos los avances en el derecho humanitario internacional que mandata al Estado mexicano a partir de la condena por los feminicidios en Campo Algodonero, las acciones preventivas, los focos rojos, las medidas preventivas, el abatimiento de la impunidad, la implementación de campañas, juzgar con perspectiva de género, establecimiento de la Unidad de Género y Derechos humanos en el TSJ y en la Fiscalía, la creación de un semáforo de cumplimiento de las medidas, entre diversas acciones que presentaron y de las cuales solicitamos fueran del conocimiento público, con máxima difusión y transparencia, lo que implica una rendición de cuentas de todas las acciones de lo que debe ser una política pública para garantizar los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia.
En esta sesión planteamos que es totalmente inaceptable que se revictimice a quienes han sufrido violencia feminicida, como ocurrió recientemente en los dos casos de feminicidio en Temixco por parte del Comisionado Estatal de Seguridad Pública y su publicación en un medio que denigra a las victimas y no respeta la dignidad de las personas ni el dolor de los familiares, por lo que se deben tomar medidas para garantizar una comunicación respetuosa de los derechos de las mujeres y emitir un mensaje claro y contundente de que no se permitirá ningún tipo de impunidad y de violencia institucional, así como que se debe combatir todo tipo de violencias visibles y ocultas en contra de las mujeres, poniendo énfasis en la investigación de los casos de feminicidio y en los casos de desaparición de mujeres jóvenes, por lo que demandamos la publicación inmediata de la Ley sobre Desaparición Forzada en el Periódico Tierra y Libertad.
Desde nuestra posición como organización independiente solicitamos que se lleve a cabo una amplia campaña a través de los medios de comunicación, públicos y privados, y que en el caso de los medios públicos se abran espacios para que se de el mensaje claro que el feminicidio debe ser rechazado por el conjunto de la sociedad, de tal manera que exigimos responsabilidad y no omisión ni simulación a las autoridades y la creación de consciencia entre toda la sociedad para combatir, prevenir, sancionar y erradicar el feminicidio en Morelos.
Estaremos vigilantes de todas y cada una de las acciones de seguimiento de las medidas de la Alerta de Violencia de Género en Morelos.
Atentamente.
Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

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Necesaria una Ley para periodistas y defensoras.

José Martínez Cruz y Juliana G. Quintanilla.

México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo y los derechos humanos, sin que las autoridades de los tres niveles de gobierno tomen las medidas necesarias para frenar la violencia contra periodistas y defensoras. Defender los derechos humanos y ejercer un periodismo libre y crítico forman parte de un mismo derecho establecido en la búsqueda de una sociedad democrática e informada para determinar el rumbo y los destinos de la mayoría de la población. Temas trascendentales en Morelos como el feminicidio, desaparición forzada y derechos laborales y de los pueblos, por citar algunos, sería menos visibles sin una prensa crítica y personas defensoras de estos derechos. La Alerta de Violencia de Género y la Ley sobre Desaparición Forzada, por ejemplo, son logros de una sociedad que exige derechos y se organiza, contando con periodistas y defensoras conscientes. Por eso es que los temas están vinculados y ameritan ser abordados de manera amplia y con participación de la ciudadanía, como es la necesaria Ley para la Protección de Periodistas y Defensoras de Derechos Humanos de Morelos que debe abrirse al análisis y participación de estos sectores y de toda la población para que cumpla realmente el objetivo de garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de su actividad, mediante un mecanismo de protección verdaderamente efectivo, que vaya a las causas que las producen, reducir los factores de riesgo y dar garantías de no repetición. Es necesario realizar una evaluación integral, desde una perspectiva feminista y con participación de las Defensoras de Derechos Humanos, de las deficiencias en la aplicación del Mecanismos Nacional de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Así como implementar una campaña amplia de impacto a la población en general para dar a conocer los alcances del mecanismo. Y brindar rendición de cuentas del presupuesto empleado, detallando los rubros en los cuales se ejerció ese recurso. Abrir esta discusión es necesaria para no repetir las deficiencias, contradicciones e ineficiencias que se han tenido a nivel del mecanismo y la ley nacional, denunciado por periodistas y defensoras que en lugar de recibir protección han enfrentado situaciones de mayor vulnerabilidad ante situaciones de riesgo. Es importante por lo tanto partir de definiciones. Considerando que son periodistas todas las personas físicas, así como medios de comunicación y difusión públicos, comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra índole cuyo trabajo consiste en recabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información, a través de cualquier medio de difusión y comunicación que puede ser impreso, radioeléctrico, digital o imagen, como establece el proyecto de iniciativa, así como Persona Defensora de Derechos Humanos, las personas físicas integrantes de un grupo, organización o movimiento social, así como personas morales, grupos, organizaciones o movimientos sociales cuya finalidad sea la promoción o defensa de los derechos humanos. El contexto de violencia es sumamente grave en el país, como lo documenta la revista Horizontal.mx: 88 periodistas han sido asesinados de 2000 a la fecha (de los cuales 82 eran hombres y seis mujeres); 18 han desaparecido (15 hombres y tres mujeres) y 55 instalaciones de medios han sido blanco de ataques violentos. Mientras que los ataques a medios tuvieron un auge de 2010 a 2013, las desapariciones se han mantenido más o menos constantes desde 2003. En cuanto a los asesinatos, los peores años han sido 2006 y 2008, seguidos de cerca por 2009, 2010 y 2011. Sin embargo, no ha habido una disminución significativa desde 2003. En el caso de 2015, a pesar de que el número de asesinatos y ataques a medios ha repuntado, sigue habiendo posibilidad de que las cifras crezcan en los meses que restan del año. Los ataques contra periodistas tienen como principal propósito el control de la información que los reporteros han investigado y pretenden divulgar, es decir, el silencio y la censura. Cuando se mata, amedrenta o desaparece a un periodista, el efecto que se produce es cerrar una ventana de información a la que de otra forma hubiera tenido acceso la población.

Otra consecuencia de ese silencio es que los ciudadanos tienen menos elementos para tomar decisiones. En la medida en que la ciudadanía carece de la información necesaria para exigir la rendición de cuentas de un gobierno o para decidir cambiar de gobernante, el ejercicio democrático se va debilitando. El efecto último de la violencia contra periodistas y defensoras es la indefensión de la población ante un gobierno aparentemente democrático. Ante la debilidad de la democracia lo que prolifera son los gobiernos abusivos, autocráticos o simplemente ineficaces. La importancia de los crímenes contra periodistas trasciende la injusticia, el dolor y la tragedia del crimen per se. Con la muerte o la desaparición de un periodista mueren las herramientas que permiten el fortalecimiento ciudadano y el actuar democrático. Mueren las posibilidades de ejercer la ciudadanía. En un país como México, cuya democracia es precaria, se necesita una población activa e involucrada. El derecho a la libertad de expresión es multidimensional y colectivo. Es multidimensional porque no solo se trata del derecho a decir o pensar cualquier cosa sino también de acceder a la información que deseamos. La prensa sigue siendo la herramienta a través de la cual millones de personas obtienen información; de allí su función social clave en la configuración de una comunidad democrática. Es colectivo porque lo que decimos y escribimos no se limita a la esfera individual sino que genera consecuencias concretas en el resto de la sociedad y permite establecer redes, asociaciones, y da pie a la acción política. El ejercicio libre y seguro del periodismo es un derecho colectivo y compartido, mediante el cual podemos acceder a una serie de derechos que, de no ser por la prensa, seguirían siendo inaccesibles. En última instancia, entender este tipo de violencia, prevenirla, y permitir que la prensa siga aportando la información necesaria para construir una democracia sólida, una ciudadanía más involucrada en la defensa de los derechos humanos y, como consecuencia, un mejoramiento de nuestras condiciones de vida.

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Necesario socializar y discutir públicamente una Ley para periodistas y defensoras de derechos humanos en Morelos.

Hemos tenido conocimiento del Proyecto de Iniciativa de Ley para la protección de Periodistas y Defensoras de Derechos Humanos de Morelos que tiene la LII Legislatura en estudio en comisiones. Consideramos necesario socializar y discutir públicamente esta iniciativa, con la participación de todo el gremio periodista y organizaciones defensoras de derechos humanos en la entidad para que responda verdaderamente a las necesidades de garantizar la libertad de expresión y combatir los riesgos y amenazas en el desempeño de las actividades. Morelos forma parte de la situación general en México, considerado como uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo y los derechos humanos, sin que las autoridades de los tres niveles de gobierno tomen las medidas necesarias para frenar la violencia contra periodistas y defensoras. Defender los derechos humanos y ejercer un periodismo libre y crítico forman parte de un mismo derecho establecido en la búsqueda de una sociedad democrática e informada para determinar el rumbo y los destinos de la mayoría de la población. Temas trascendentales en Morelos como el feminicidio, desaparición forzada y derechos laborales y de los pueblos, por citar algunos, sería menos visibles sin una prensa crítica y personas defensoras de estos derechos. La Alerta de Violencia de Género y la Ley sobre Desaparición Forzada, por ejemplo, son logros de una sociedad que exige derechos y se organiza, contando con periodistas y defensoras conscientes. Por eso es que los temas están vinculados y ameritan ser abordados de manera amplia y con participación de la ciudadanía, como es la necesaria Ley para la Protección de Periodistas y Defensoras de Derechos Humanos de Morelos que debe abrirse al análisis y participación de estos sectores y de toda la población para que cumpla realmente el objetivo de garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de su actividad, mediante un mecanismo de protección verdaderamente efectivo, que vaya a las causas que las producen, reducir los factores de riesgo y dar garantías de no repetición. Es necesario realizar una evaluación integral, desde una perspectiva feminista y con participación de las Defensoras de Derechos Humanos, de las deficiencias en la aplicación del Mecanismos Nacional de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Así como implementar una campaña amplia de impacto a la población en general para dar a conocer los alcances del mecanismo. Y brindar rendición de cuentas del presupuesto empleado, detallando los rubros en los cuales se ejerció ese recurso. Abrir esta discusión es necesaria para no repetir las deficiencias, contradicciones e ineficiencias que se han tenido a nivel del mecanismo y la ley nacional, denunciado por periodistas y defensoras que en lugar de recibir protección han enfrentado situaciones de mayor vulnerabilidad ante situaciones de riesgo. Es importante por lo tanto partir de definiciones. Considerando que son periodistas todas las personas físicas, así como medios de comunicación y difusión públicos, comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra índole cuyo trabajo consiste en recabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información, a través de cualquier medio de difusión y comunicación que puede ser impreso, radioeléctrico, digital o imagen, como establece el proyecto de iniciativa, así como Persona Defensora de Derechos Humanos, las personas físicas integrantes de un grupo, organización o movimiento social, así como personas morales, grupos, organizaciones o movimientos sociales cuya finalidad sea la promoción o defensa de los derechos humanos. El contexto de violencia es sumamente grave en el país, como lo documenta la revista Horizontal.mx: 88 periodistas han sido asesinados de 2000 a la fecha (de los cuales 82 eran hombres y seis mujeres); 18 han desaparecido (15 hombres y tres mujeres) y 55 instalaciones de medios han sido blanco de ataques violentos. Mientras que los ataques a medios tuvieron un auge de 2010 a 2013, las desapariciones se han mantenido más o menos constantes desde 2003. En cuanto a los asesinatos, los peores años han sido 2006 y 2008, seguidos de cerca por 2009, 2010 y 2011. Sin embargo, no ha habido una disminución significativa desde 2003. En el caso de 2015, a pesar de que el número de asesinatos y ataques a medios ha repuntado, sigue habiendo posibilidad de que las cifras crezcan en los meses que restan del año. Los ataques contra periodistas tienen como principal propósito el control de la información que los reporteros han investigado y pretenden divulgar, es decir, el silencio y la censura. Cuando se mata, amedrenta o desaparece a un periodista, el efecto que se produce es cerrar una ventana de información a la que de otra forma hubiera tenido acceso la población.

Otra consecuencia de ese silencio es que los ciudadanos tienen menos elementos para tomar decisiones. En la medida en que la ciudadanía carece de la información necesaria para exigir la rendición de cuentas de un gobierno o para decidir cambiar de gobernante, el ejercicio democrático se va debilitando. El efecto último de la violencia contra periodistas y defensoras es la indefensión de la población ante un gobierno aparentemente democrático. Ante la debilidad de la democracia lo que prolifera son los gobiernos abusivos, autocráticos o simplemente ineficaces. La importancia de los crímenes contra periodistas trasciende la injusticia, el dolor y la tragedia del crimen per se. Con la muerte o la desaparición de un periodista mueren las herramientas que permiten el fortalecimiento ciudadano y el actuar democrático. Mueren las posibilidades de ejercer la ciudadanía. En un país como México, cuya democracia es precaria, se necesita una población activa e involucrada. El derecho a la libertad de expresión es multidimensional y colectivo. Es multidimensional porque no solo se trata del derecho a decir o pensar cualquier cosa sino también de acceder a la información que deseamos. La prensa sigue siendo la herramienta a través de la cual millones de personas obtienen información; de allí su función social clave en la configuración de una comunidad democrática. Es colectivo porque lo que decimos y escribimos no se limita a la esfera individual sino que genera consecuencias concretas en el resto de la sociedad y permite establecer redes, asociaciones, y da pie a la acción política. El ejercicio libre y seguro del periodismo es un derecho colectivo y compartido, mediante el cual podemos acceder a una serie de derechos que, de no ser por la prensa, seguirían siendo inaccesibles. En última instancia, entender este tipo de violencia, prevenirla, y permitir que la prensa siga aportando la información necesaria para construir una democracia sólida, una ciudadanía más involucrada en la defensa de los derechos humanos y, como consecuencia, un mejoramiento de nuestras condiciones de vida.

Atentamente.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

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LAS MEDIDAS DE LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN MORELOS

Paloma Estrada Muñoz  y Marco Aurelio Palma Apodaca

Una vez que se aprobó la Alerta de Violencia de Género en Morelos, de acuerdo con el Decreto de la Secretaría de Gobernación, el gobierno del estado de Morelos deberá adoptar las acciones que sean necesarias para ejecutar las medidas de seguridad, prevención y justicia que se enuncian a continuación y todas aquéllas que se requieran para garantizar a las mujeres y niñas que se encuentran bajo su jurisdicción, el derecho a vivir una vida libre de violencia. Las medias que aquí se establecen son complementarias, no excluyentes, a las propuestas por el grupo de trabajo en su informe y a las que surjan a partir de la implementación de las mismas.  Medidas de Seguridad: Publicar y divulgar en medios de comunicación y lugares estratégicos la naturaleza y los alcances de la Alerta de Violencia de Género con información accesible para la población. Diseñar y ejecutar inmediatamente una estrategia para la recuperación de espacios públicos y la prevención de la violencia, mediante la implementación de medidas de seguridad específicas en zonas de riesgo o de alto índice de violencia contra las mujeres. Entre otras acciones, se solicita:  Reforzar los patrullajes preventivos; Efectuar operativos en lugares donde se tenga conocimiento fundado de la comisión de conductas violentas o delitos en contra de la mujer; Instalar alumbrado público y mejorar el existente; Se sugiere que la estrategia de vigilancia sea efectuada prioritariamente por mujeres; Incrementar la vigilancia y seguridad en el transporte público, como el rastreo por georreferenciación; Difundir información sobre líneas de apoyo a víctimas de violencia, y crear los protocolos necesarios para su efectivo funcionamiento. Crear módulos de atención inmediata a mujeres en situación de riesgo, que contemple asistencia multidisciplinaria (abogadas, psicólogas, médicas, trabajadoras sociales y elementos de seguridad) y el respectivo protocolo de actuación de las y los servidores públicos encargados de brindar los servicios correspondientes. Emprender acciones inmediatas y exhaustivas implementar objetiva y diligentemente las órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia. Para ello, se deberán generar los correspondientes protocolos de valoración del riesgo, de actuación, de reacción policial y de evaluación. Medidas de PrevenciónIntegrar y actualizar adecuadamente el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres. Esta medida deberá permitir en un plazo razonable monitorear las tendencias de la violencia contra las mujeres, realizar estadísticas, diagnósticos y análisis periódicos que permitan conocer sistemáticamente las características y patrones de la violencia y, en consecuencia, instrumentar políticas públicas efectivas. La información vertida en este banco deberá ser reportada también al Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim).  Establecer un programa único de capacitación, sensibilización, formación y profesionalización en materia de derechos humanos de las mujeres para las y los servidores públicos del gobierno de Morelos, que prevea un adecuado mecanismo de evaluación de resultados. La estrategia deberá ser permanente, obligatoria y focalizada a las personas vinculadas a los servicios de salud y atención a víctimas, así como a la de procuración y administración de justicia, con el apoyo de instituciones y personas especializadas en la materia. Que la capacitación prevea una evaluación de las condiciones de vida de las y los servidores públicos para eliminar la violencia de género desde su entorno primario. Esta medida deberá contemplar el fortalecimiento de las herramientas teórico-prácticas de jueces y juezas en materia de perspectiva de género y derechos humanos. Establecer e impulsar una cultura de no violencia contra las mujeres en el sector educativo público y privado. Para ello, se deberá diseñar una estrategia de educación en derechos humanos de las mujeres y perspectiva de género que busque la transformación de patrones culturales y la prevención de violencia mediante la identificación, atención y denuncia.  También, se deberá capacitar con herramientas teóricas y prácticas al personal de los centros educativos públicos y privados, para detectar oportunamente casos de niñas o adolescentes que se encuentren en una situación de violencia y denunciarlos ante las respectivas instancias. Generar campañas permanentes, disuasivas, reeducativas, expansivas e integrales, encaminadas a la prevención de la violencia de género a nivel estatal, municipal y comunitario, con el fin de dar a conocer a la sociedad en general los derechos de las niñas y mujeres, primordialmente el derecho a una vida libre de violencia. Entre las medidas a adoptar están: Replicar los modelos de redes comunitarias para la prevención y atención de la violencia de género con apoyo de las organizaciones de la sociedad civil; Fomentar la creación de comités de vigilancia vecinal, laboral y escolar, que repliquen las acciones de prevención de la violencia contra las mujeres; Poner en marcha el Centro de Justicia para las Mujeres en Cuernavaca para brindar atención multidisciplinaria a mujeres y niñas víctimas de violencia. Crear una campaña de comunicación para generar conciencia social, inhibir la violencia contra la mujer y promover la cultura de respeto e igualdad. Medidas de Justicia y Reparación: Adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho de acceso a la justicia y que se investiguen y resuelvan con la debida diligencia y exhaustividad todos los casos de violencia contra las mujeres y feminicidio.  La efectividad en el cumplimiento de esta medida se encuentra plenamente relacionada al fortalecimiento de la Fiscalía General, a la diligente ejecución de medidas como la elaboración de protocolos de investigación, cadena de custodia y servicios periciales con base en estándares internacionales, así como a la efectividad de la estrategia de capacitación a servidoras y servidores públicos. Para ello, se deberá crear una unidad de análisis y evaluación de las labores de investigación y proceso de los delitos de género que se denuncien. Asimismo, se sugiere crear una Unidad de Contexto para la investigación de feminicidios que, mediante la elaboración de análisis antropológicos y sociológicos, permita identificar, entre otros, las dinámicas delictivas y de violencia contra las mujeres en la entidad. Asignar recursos para conformar una Unidad Especializada encargada exclusivamente de dar trámite a las carpetas de investigación, relacionadas con los feminicidios u homicidios dolosos de mujeres a que se refiere la solicitud de AVGM.  Esta medida deberá contemplar la celebración de mesas de trabajo entre víctimas, sus representantes y autoridades de alto nivel para el análisis de los casos. Entre las funciones que deberá ejecutar esta Unidad se encuentra el diagnóstico de los expedientes en archivo o reserva y la identificación de las posibles deficiencias en las investigaciones con el propósito de sugerir las diligencias que podrían llevarse a cabo para el esclarecimiento de los hechos. Establecer mecanismos de supervisión y sanción a servidores públicos que actúen en violación del orden jurídico aplicable en materia de violencia de género. Las correspondientes autoridades locales deberán dar continuidad a los procesos iniciados previamente por posibles omisiones de servidores públicos en la integración de carpetas de investigación. Solicitar a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal que revise y analice exhaustivamente la legislación estatal existente relacionada con los derechos de las mujeres y niñas para detectar disposiciones que menoscaben o anulen sus derechos. Consecuentemente, se deberá establecer una agenda legislativa encaminada a reformar, derogar o abrogar dichas disposiciones. Realizar un plan individualizado de reparación integral del daño respecto a los casos de homicidios de mujeres y/o feminicidios, de conformidad a lo establecido en la llamada Ley Estatal de Victimas. Para esos efectos, el gobierno estatal deberá asignar los recursos económicos correspondientes. Determinar una medida de reparación simbólica para todas las mujeres que han sido víctimas de feminicidio en Morelos. Para la definición de la reparación simbólica se tomará en cuenta a las organizaciones de la sociedad civil y los familiares de las víctimas. Visibilizar la violencia de género y mensaje de cero tolerancia: El gobierno de Morelos deberá enviar un mensaje a la ciudadanía de cero tolerancia ante la comisión de conductas violentas en contra de las mujeres.

cidhmorelos@gmail.com

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La Alerta de Violencia de Género en Morelos: un paso adelante y un compromiso para no dejar de luchar por la vida y la libertad de las mujeres.

La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHsaludamos la declaración de la Alerta de Violencia de Género en el estado, ante los 633 casos documentados de feminicidios registrados en la entidad desde el año 2000 hasta febrero de 2015. Esta Alerta de Violencia de Género en el estado se solicitó desde 2014 y tiene como sustento documentos y análisis de denuncias públicas de casos ocurridos desde 2003 hasta la fecha. Este instrumento, que es el último recurso jurídico para salvaguardar la vida, la libertad, la dignidad, la memoria y la justicia para las mujeres, tiene como objetivo fundamental garantizar con acciones de emergencia la seguridad de este sector de la población, el cese de la violencia en su contra y la eliminación de las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos.

Los atentados contra la vida de las niñas y las mujeres no se dan en el vacío, suceden en un entramado social de tolerancia y fomento a la violencia de género cotidiana, misógina y machista.

Finalmente, después de casi dos años de haberla solicitado por parte de nuestra organización y miles de ciudadanas y ciudadanos y organizaciones del Estado de Morelos con respaldo nacional e internacional, consideramos que es sin duda un paso adelante para saldar la deuda histórica con todas las familias y la sociedad toda ante esta violencia feminicida que ha resultado imparable y creciente durante estos años. Este instrumento jurídico legal que obliga a aplicar políticas públicas reales, sin simulaciones, es el último recurso legal establecido en la LGAMVLV para garantizar la vida, la libertad, la dignidad, la justicia y la atención integral para las mujeres en Morelos.  Mientras haya un solo feminicidio impune no podemos expresar nuestra plena satisfacción por las decisiones políticas que deberían ser el modo habitual de funcionar de instituciones y autoridades que en muchas ocasiones actúan con negligencia, irresponsabilidad, omisión y violencia institucional que lacera los derechos humanos de las mujeres. Ante la violencia feminicida, se debe resarcir el daño conforme a los parámetros establecidos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y considerar como reparación la justicia pronta, expedita e imparcial y la rehabilitación con la prestación de servicios jurídicos, médicos y psicológicos.

Estaremos dando puntual seguimiento a todas y cada una de las acciones y medidas que se plantean para hacer válidos todos los derechos de las mujeres que permitan alcanzar claramente los objetivos de la AVG en la Ley, en el entendido de que la Alerta de Violencia de Género es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad.­ Y tendrá como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos. Ante la violencia feminicida. El derecho a la justicia pronta, expedita e imparcial (se deben investigar las violaciones a los derechos de las mujeres y sancionar a los responsables); La rehabilitación (se debe garantizar la prestación de servicios jurídicos, médicos y psicológicos especializados y gratuitos para la recuperación de las víctimas directas o indirectas); La satisfacción (son las medidas que buscan una reparación orientada a la prevención de violaciones). Entre las medidas a adoptar se encuentran “La aceptación del Estado de su responsabilidad ante el daño causado y su compromiso de repararlo; la investigación y sanción de los actos de autoridades omisas o negligentes que llevaron la violación de los derechos humanos de las víctimas a la impunidad; el diseño e instrumentación de políticas públicas que eviten la comisión de delitos contra las mujeres, y la verificación de los hechos y la publicidad de la verdad.”

Por todo ello es que a la vez que celebramos la emisión de esta AVG, expresamos públicamente que nos mantendremos atentas y vigilantes, como organización solicitante, para que se cumplan todas y cada una de las medidas y expresamos a la vez que pugnaremos porque estas sean aplicables en todos y cada uno de los 33 municipios de Morelos ya que ninguno se escapa a esta problemática, aunque la situación más alarmante se reporta en Cuernavaca, Cuautla, Temixco, Jiutepec, Xochitepec, Emiliano Zapata, Puente de Ixtla y Yautepec. Hemos expresado directamente a las autoridades que nuestra solicitud se realizó para todo el Estado de Morelos y nos parece una limitación que únicamente se haya decidido su instrumentación en 8 municipios, si bien hay medidas que tendrán por su naturaleza misma un ámbito de aplicación estatal, y que ninguna institución debe quedar exonerada de cumplir con su responsabilidad en la aplicación de las mismas.

La AVG debe ser por lo tanto una política pública que tenga el claro objetivo de erradicar el feminicidio impune. Y la sociedad toda debe participar para no permitir un feminicidio impune más. Ya es tiempo de acabar con toda clase de simulación en torno a la responsabilidad de las autoridades en defender los derechos de las mujeres. Terminar con la violencia institucional es una obligación de las autoridades. Llamamos a dar la más amplia difusión de todas y cada una de las medidas que se deben tomar para que el conjunto de la sociedad las conozca y haga suyas, de tal manera que no haya pretexto alguno por parte del gobierno para investigar, juzgar y sancionar a los responsables de esta violencia feminicida y a quienes los protegen.

Lo hemos dicho y hoy queda claramente confirmado: En México y Morelos hay feminicidio. No se respeta el derecho de las niñas y las mujeres a una vida libre de violencia. Los homicidios de niñas y mujeres son un problema grave e inadmisible. Son parte de la violencia feminicida como culminación de la violación de sus derechos humanos y evidencian la ruptura del Estado de derecho en nuestro país.

Con esta AVG no se debe permitir más ni las desapariciones, ni los asesinatos, ni la impunidad, por lo que también se requiere modificar el entramado social de tolerancia y fomento a la violencia de género cotidiana, misógina y machista, contra niñas y mujeres. Los homicidios son su consecuencia y suceden tras procesos vitales marcados por la inseguridad y por escaladas de violencia, y situaciones extremas que culminan en muertes violentas.­ La muerte, en muchos casos, no ha sido límite para el daño. Aun después de haber sido asesinadas, sus cuerpos son objeto de agresión.

Esta AVG es una respuesta que condena la omisión del Estado en la preservación, la garantía, la tutela y el impulso de los derechos humanos de las mujeres. En ese sentido, obliga a establecer una política de Estado para impulsar el desarrollo social de las mujeres y la vigencia de sus derechos humanos.

Lo hemos apuntado en su momento y hoy lo reiteramos, que  la Alerta de Violencia de Género en Morelos es un último recurso jurídico para salvaguardar la Vida, la Libertad, la Dignidad, la Memoria y la Justicia para las mujeres. Convocamos a toda la sociedad morelense a estar vigilantes y participantes para que todas y cada una de las medidas se cumplan. Es un compromiso que nace de la conciencia de lograr una transformación de la misma sociedad. Este es solo un paso adelante, pero un paso que sin duda alguna es muy importante, gracias a la sociedad misma que se organiza y defiende sus derechos.

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Temas: Desaparición Forzada y Alerta de Violencia de Género.

Participantes: Lizbeth Cerón Familiares de desaparecidos, Cony Avila del Comité Eureka, Fernando Ríos de la Redtdt, Roberto González Villarreal Investigador y académico, Paloma Estrada Muñoz, José Martínez Cruz y Juliana G. Quintanilla de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, coordinación: Prodh.

Tema 1: Desaparición Forzada. En el Estado de Morelos se aprobó la Ley para prevenir, atender y erradicar la desaparición forzada de personas para el estado de Morelos, en la última sesión de la LII Legislatura, luego de un amplio trabajo legislativo, de participación ciudadana en especial de familiares de personas desaparecidas, así como la realización de un foro, asambleas, reuniones y pronunciamientos de sindicatos, organizaciones sociales, civiles y defensoras de derechos humanos, lo que significa un primer paso para enfrentar legalmente el terrible flagelo de la desaparición forzada.

A la vez que celebramos esta aprobación y reconocemos el esfuerzo de quienes asumieron ese compromiso, y estaremos pendientes de su aplicación en la práctica para que no se convierta en tradicional “letra muerta” y  se cumpla verdaderamente sus objetivos humanitarios. Analizaremos en ese sentido tanto los aportes que sientan precedente a nivel nacional, como las omisiones o limitaciones que tiene la ley aprobada con respecto a la iniciativa originalmente formulada, sobre todo en términos de investigación, sanción, declaración de ausencia y las modificaciones a la propuesta de mecanismo garante.

Tema 2: Alerta de Violencia de Género. Desde el año 2014 se solicitó de manera oficial la declaratoria de Alerta de Violencia de Género en Morelos. En el entendido de que la Alerta de Violencia de Género es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad. Y tendrá como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos. Ante la violencia feminicida, el Estado mexicano deberá resarcir el daño conforme a los parámetros establecidos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y considerar como reparación: El derecho a la justicia pronta, expedita e imparcial (se deben investigar las violaciones a los derechos de las mujeres y sancionar a los responsables); La rehabilitación (se debe garantizar la prestación de servicios jurídicos, médicos y psicológicos especializados y gratuitos para la recuperación de las víctimas directas o indirectas); La satisfacción (son las medidas que buscan una reparación orientada a la prevención de violaciones). Entre las medidas a adoptar se encuentran “La aceptación del Estado de su responsabilidad ante el daño causado y su compromiso de repararlo; la investigación y sanción de los actos de autoridades omisas o negligentes que llevaron la violación de los derechos humanos de las víctimas a la impunidad; el diseño e instrumentación de políticas públicas que eviten la comisión de delitos contra las mujeres, y la verificación de los hechos y la publicidad de la verdad.”

Por todo ello, la Alerta de Violencia de Género en Morelos se ha vuelto el último recurso jurídico para salvaguardar la Vida, la Libertad, la Dignidad, la Memoria y la Justicia para las mujeres.

Invita: Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

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La Alerta de Violencia de Género. El último recurso legal de las mujeres para acceder a la justicia.

Paloma Estrada Muñoz y Juliana G. Quintanilla

Desde el año 2003 se inició la documentación, el análisis y la denuncia pública de los casos. Ante el vacío legal y la violencia institucional a la que se enfrentaban las familias de las mujeres victimizadas, se solicitó a la entonces PGJE la creación de la Unidad de Atención Especializada para Atender los Homicidios contra Mujeres, misma que se creó en 2005. Esta incidencia en los medios de comunicación y en la esfera jurídico-política, hizo que la CIDHMOR fuera tomada en cuenta para participar en la Investigación “Violencia Feminicida en 10 Entidades de la República Mexicana”, auspiciada por el H. Congreso de Unión. La investigación fue encabezada por la Antropóloga y entonces Diputada Dra. Marcela Lagarde y de los Ríos. Los resultados fueron contundentes, la investigación confirmo que: En México y Morelos hay feminicidio. No se respeta el derecho de las niñas y las mujeres a una vida libre de violencia. Los homicidios de niñas y mujeres son un problema grave e inadmisible. Son parte de la violencia feminicida como culminación de la violación de sus derechos humanos y evidencian la ruptura del Estado de derecho en nuestro país.

Sin embargo, autoridades de rangos distintos demeritan los homicidios de mujeres al comparar su número menor al de hombres; los desvalorizan con actitudes misóginas, acusan a las mujeres y no trabajan con profesionalismo en su esclarecimiento.

Ni las desapariciones, ni los asesinatos, ni la impunidad son identificados como un grave problema, tampoco se reconoce la responsabilidad del gobierno en los sucesos, y su erradicación no es un eje prioritario de la política de desarrollo social y de la gobernabilidad.

Los atentados contra la vida de las niñas y las mujeres no se dan en el vacío. Suceden en un entramado social de tolerancia y fomento a la violencia de género cotidiana, misógina y machista, contra niñas y mujeres. Los homicidios son su consecuencia y suceden tras procesos vitales marcados por la inseguridad y por escaladas de violencia, y situaciones extremas que culminan en muertes violentas. La muerte, en muchos casos, no ha sido límite para el daño. Aun después de haber sido asesinadas, sus cuerpos son objeto de agresión. La violencia feminicida se debe a la omisión del Estado en la preservación, la garantía, la tutela y el impulso de los derechos humanos de las mujeres. Se debe, asimismo, a la inexistencia de una política de Estado para impulsar el desarrollo social de las mujeres y la vigencia de sus derechos humanos.

Las mujeres victimizadas reciben un trato discriminatorio, misógino y vejatorio por parte de las instituciones encargadas de procurar justicia, lo que constituye violencia institucional y contribuye a la impunidad: omisión, comisión, negligencia, corrupción y colusión con el agresor. Como la violencia feminicida se conforma por procesos sociales complejos de diversas formas de violencia, se debe investiga cada muerte de una mujer, desde los homicidios dolosos o culposos, los accidentes, hasta los suicidios, en el entendido de que las condiciones que las condujeron a quitarse la vida fueron situaciones previas de privación de sus derechos, violencia o falta de oportunidades. Se incluyen en la violencia feminicida otras muertes evitables de las mujeres, un gran número de ellas resultado de la desatención, el maltrato o la desvalorización de la vida de las mujeres.Después de realizado este arduo trabajo de investigación, ya no había duda de que los feminicidios eran reales y que se tenía que generar acciones tendientes a prevenirlos y erradicarlos, así como un marco legal para la protección de todas las mujeres. Así, se continuó con la gestión legislativa para aprobar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007) y su similar para el Estado de Morelos (2007). En 2011 se reformó el Código Penal de Morelos, en su Artículo 213 Quintus, del Capítulo III sobre el Feminicidio, que establece hasta cinco causales del delito.

Pero pese a este gran marco legal, a las mujeres las seguían asesinando. Por lo que en 2014 se solicitó de manera oficial la declaratoria de Alerta de Violencia de Género en Morelos. En el entendido de que la Alerta de Violencia de Género es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad. Y tendrá como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos. Ante la violencia feminicida, el Estado mexicano deberá resarcir el daño conforme a los parámetros establecidos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y considerar como reparación: El derecho a la justicia pronta, expedita e imparcial (se deben investigar las violaciones a los derechos de las mujeres y sancionar a los responsables); La rehabilitación (se debe garantizar la prestación de servicios jurídicos, médicos y psicológicos especializados y gratuitos para la recuperación de las víctimas directas o indirectas); La satisfacción (son las medidas que buscan una reparación orientada a la prevención de violaciones). Entre las medidas a adoptar se encuentran “La aceptación del Estado de su responsabilidad ante el daño causado y su compromiso de repararlo; la investigación y sanción de los actos de autoridades omisas o negligentes que llevaron la violación de los derechos humanos de las víctimas a la impunidad; el diseño e instrumentación de políticas públicas que eviten la comisión de delitos contra las mujeres, y la verificación de los hechos y la publicidad de la verdad.”

Por todo ello, la Alerta de Violencia de Género en Morelos se ha vuelto el último recurso jurídico para salvaguardar la Vida, la Libertad, la Dignidad, la Memoria y la Justicia para las mujeres.

cidhmorelos@gmail.com

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