Mujeres defensoras de derechos humanos

En el Informe Anual de Brigadas Internacionales de Paz (PBI por sus siglas en inglés) 2017, se destaca que: “El acompañamiento de PBI en 2017 benefició a al menos 48 organizaciones de la sociedad civil y a 542 personas defensoras, de las cuales más del 60% son mujeres. El trabajo de estas personas beneficia al menos a 75,000 personas y promueve los derechos humanos en todo el país.”

En éste informe existe un apartado sobre mujeres defensoras de derechos humanos que nos interesa destacar, ya que en Morelos existe una Alerta de Violencia de Género que debe mantenerse en los 8 municipios aún cuando la administración estatal esté ya por concluir su mandato gubernamental y entren nuevos gobiernos en pocos meses más. Como hemos documentado desde la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, los niveles de riesgo para las defensoras crece en todo el país, de acuerdo a los informes que hemos publicado en “Defensoras Somos Todas, en dos tomos. Hoy saludamos el informe de PBI y compartimos los datos que están disponibles en su sitio web en el siguiente enlace

https://pbi-mexico.org/es/themes/mujeres-defensoras-de-derechos-humanos

Según el Informe 2016/2017 de Amnistía Internacional, la violencia contra mujeres y niñas en México sigue siendo “endémica”. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México muestran que más del 62% de las mujeres mexicanas sufren violencia durante sus vidas. Ante la gravedad de la violencia contra mujeres, Alertas de Género han sido activadas en 13 estados mexicanos, cubriendo más de 110 municipios.

El caso más extremo de violencia contra mujeres es el feminicidio. En México, el caso conocido como Campo Algodonero ganó notoriedad por la sentencia del 2009 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenando al Estado mexicano por fallar en investigar los asesinatos de varias mujeres en Ciudad Juárez. Con casi 10 mil asesinatos de mujeres entre 2012 y 2016, México ha sido clasificado como uno de los 25 países más peligrosos del mundo para las mujeres.

Aunque el feminicidio haya sido tipificado en México a nivel federal y en todas las entidades federativas del país, salvo Chihuahua y Nayarit, organizaciones de la sociedad civil así como instancias internacionales han identificado graves fallos en el manejo de los casos de feminicidio en diferentes estados. Entre las más graves están la falta de consideración de aspectos importantes como la relación entre la víctima y el victimario, antecedentes de violencia, amenazas o el trato del cuerpo de la víctima como elementos a ser tomados en cuenta.

Eso contribuye a que menos de un quinto de los asesinatos de mujeres sean investigados como feminicidios y la impunidad puede llegar hasta los 95%. Entre 2011 y 2015, hubo apenas 169 sentencias de feminicidio en nueve estados del país – en los otros 23 no hubo ninguna. Familias de mujeres asesinadas a menudo experimentan revictimización, criminalización y falta de perspectiva de género en sus búsquedas por justicia.

Ante este contexto, las mujeres defensoras de derechos humanos en México enfrentan un doble riesgo al realizar su trabajo: por defender los derechos humanos y por ser mujeres. A los altos niveles de violencia, que inhiben su participación en la vida pública, se suman estereotipos y normas culturales que cuestionan la actuación política y social de las mujeres.

El acoso y la difamación pública contra mujeres defensoras suelen ser el inicio de una serie de violencias psicológicas, físicas y sexuales. Además, varias mujeres defensoras han recibido amenazas contra sus hijos e hijas, lo que demuestra la dimensión de género del hostigamiento que sufren.

De fines de 2012 a mitad de 2017, se registraron 280 agresiones contra mujeres defensoras, 15 ejecuciones extrajudiciales y al menos cuatro víctimas de desaparición forzada. De 1.037 personas defensoras afectadas por violaciones en este periodo, el 27% fueron mujeres. La detención arbitraria y el hostigamiento fueron las violaciones más comunes, seguidas de amenazas de muerte y actos de vigilancia.

Mujeres que defienden el derecho de sus comunidades a sus tierras, territorios y un medio ambiente sano han denunciado sufrir estigmatización, obstáculos para su participación en procesos de toma de decisiones y marginación dentro de sus propios movimientos y comunidades. Un informe de la AWID ha identificado una tendencia general de represión y violencia de género contra defensoras ambientales perpetradas por empresas, autoridades gubernamentales, servicios de seguridad privados y también por parte de integrantes de sus propias familias, comunidades y movimientos sociales.

Defensoras en México han desempeñado un papel fundamental en la promoción de la justicia social, la paz y los derechos de las mujeres, de las comunidades indígenas, de la población LGBTI, de las víctimas de tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, de las y los migrantes. Por ello, su potencial de promover cambios sociales positivos merece todo el apoyo que la comunidad internacional les pueda brindar.

Marco Legal: En el 2015, un amparo histórico de la Suprema Corte de Justicia por el asesinato de Mariana Lima estableció que la muerte violenta de una mujer debe ser investigada con perspectiva de género para determinar si fue o no un feminicidio. Además, México tiene obligaciones internacionales en la materia, siendo parte de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará) y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW).

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Acción Urgente: Justicia para representantes comunales de Santa Catarina, Tepoztlán.

Justicia para representantes comunales de Santa Catarina, Tepoztlán, Morelos ante agresión a balazos.

Desde la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos les enviamos ésta Acción Urgente ante la denuncia que nos hicieron llegar comuneros de Santa Catarina, municipio de Tepoztlán, Morelos, y que solicitamos envíen al Gobierno del Estado de Morelos.

La Comunidad indígena de Santa Catarina, Tepoztlán, Morelos, se encuentra conmocionada por al artero ataque a balazos que sufrieron los representantes de Bienes Comunales en sus oficinas a manos de una persona que les disparó y dejó con heridas a Catalino Santiago Salazar y a Mauricio Franco Sánchez, Presidente y Secretario, quienes recibieron tres balazos cada uno y se encuentran en el Hospital G. Parres de Cuernavaca, donde hasta el momento se encuentran siendo atendidos y en espera de ver cómo evoluciona su estado de salud.

Este artero ataque criminal fue cometido por una persona de nombre Darío N, quien llegó a las oficinas de la representación de Bienes Comunales de Santa Catarina, a solicitar la expedición de una constancia de posesión de un terreno que asegura haber comprado en terrenos del área protegida de El Texcal, por lo que se le informó que no se podía extender dicha constancia por tratarse un lugar de reserva ecológica, por lo que su reacción fue sacar una pistola que ya llevaba oculta en un morral donde aparentaba llevar documentos y disparar a corta distancia del presidente y el secretario de Bienes Comunales, como quedó asentado en la Carpeta de Investigación HG01/512/2018 ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos. Inmediatamente se le impidió huir y se le sometió por parte del resto de integrantes del comisariado de bienes comunales y se le entregó a elementos de la policía municipal a quienes se les dio inmediato aviso y los heridos fueron trasladados en una ambulancia al Hospital Civil de Cuernavaca “José G. Parres”, siendo las 8:10 de la noche del 2 de julio de 2018.

Estos hechos ocurren luego de que se ha estado denunciando la invasión de tierras comunales ubicadas en el área de reserva ecológica de El Texcal por parte de los representantes de bienes comunales, sin que hasta el momento se hayan tomado las medidas pertinentes por parte de las autoridades, lo que pone en riesgo la vida y la integridad de quienes defienden la tierra comunal ante invasores y vende tierras.

El pueblo de Santa Catarina ha trabajado en la defensa de la tierra, el territorio, la lengua y los derechos de los pueblos indígenas, desde que la asamblea del pueblo decidió defender El Texcal y oponerse a las invasiones que han destruido gran parte de la reserva ecológica donde se asienta la laguna de Hueyapan.  Al mismo tiempo participamos en la lucha contra la construcción del Club de Golf en Tepoztlán. Así mismo, durante décadas participamos de la defensa de las tierras comunales, sobre todo a partir del Decreto de Expropiación que dio origen en 1962 a la construcción de CIVAC en terrenos donde manteníamos un litigio con la comunidad de Tejalpa, en un polígono que va de Acolapa a Acolala y Tetenco y que representan más de 3 mil Hectáreas,  ya que nuestro Decreto de 1939 establecía que dichos terrenos pertenecían a Tepoztlán y el Amparo de 1942 favorecía a Tejalpa, por lo que nos opusimos a que CIVAC se extendiera a los terrenos colindantes y en 1975 nuestra comunidad tuvo que movilizarse para defender esas tierras comunales.

Por todo lo anterior, no podemos permanecer sin exigir que se defienda la tierra comunal frente a las invasiones y a la destrucción ecológica de una gran cantidad de hectáreas en las colindancias con El Texcal, en el polígono que se ubica entre Milpillas, Tetenco y Acolala, por lo que reiteramos nuestra exigencia al Gobierno del Estado de Morelos tomar todas las medidas para su protección y defensa, antes de que sean arrasadas todas nuestras tierras comunales.

 

Por todo lo anterior solicitamos al Gobernador del Estado de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu y al Fiscal General de Justicia Uriel Carmona Gándara.

Primero:

Que la Fiscalía general de Justicia de Morelos integre adecuadamente la carpeta de Investigación HG01/512/2018 por el homicidio en grado de tentativa cometido por Darío N en contra de nuestros compañeros Catalino Santiago Salazar y Mauricio Franco Sánchez, de tal manera que haya justicia y no quede éste acto criminal en la impunidad.

Segundo:

Que el gobierno a través de las instancias correspondientes tome las medidas de protección y seguridad para la comunidad indígena de Santa Catarina y se den garantías para el trabajo que llevan a cabo los representantes de Bienes Comunales.

Tercero:

QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO EN COORDINACION CON EL GOBIERNO FEDERAL LLEVE A CABO TODAS LAS ACCIONES JURIDICAS Y LEGALES CORRESPONDIENTES A LA DEFENSA PLENA DE LAS TIERRAS COMUNALES DE SANTA CATARINA EN EL AREA COLINDANTE CON LA ZONA DE RESERVA ECOLOGICA DE EL TEXCAL, PERTENECIENTES AL PARQUE NACIONAL EL TEZPOZTECO Y AL CORREDOR ECOLOGICO DE FLORA Y FAUNA DEL AJUSCO AL CHICHINAUTZIN.

ATENTAMENTE.

EL COMISARIADO AUXILIAR DE LOS BIENES COMUNALES DEL POBLADO DE SANTA CATARINA, MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN, MORELOS.

COMISION INDEPENDIENTE DE DERECHOS HUMANOS DE MORELOS A.C.

Santa Catarina, municipio de Tepoztlan,  4 de julio de 2018

 

  1. Graco Ramírez Garrido Abreu. Gobernador del Estado de Morelos. Casa Morelos Primer Piso, Plaza de Armas, Col. Centro, Cuernavaca, Morelos. C.P. 62000. Correo electrónico graco.ramirez@morelos.gob.mx

 

  1. en D. Uriel Carmona Gándara. Fiscal General de Justicia del Estado de Morelos. Dirección. Av. Emiliano Zapata # 803. Colonia Buena Vista, Cuernavaca Morelos. C.P. 62130.

Correo electrónico: urielcarmona@moreloslegal.com

 

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C. privada de las Flores 16, colonia San Antón, Cuernavaca, Morelos, CP 62020

Correo Electrónico cidhmorelos@gmail.com

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INFORME SOMBRA enviado a la CEDAW ESTADO DE MORELOS

Del 2 al 6 de julio se llevarán a cabo sesiones de trabajo en la Comisión para la Eliminación de la Discriminación y la Violencia contra las Mujeres (CEDAW) en la sede de la ONU en Ginebra, Suiza, donde una delegación presentará un Informe Sombra sobre México, en el que está incluido un capítulo sobre el Estado de Morelos elaborado por la Comisión Independiente de Derechos Humanos. Incluimos a continuación un resumen del mismo.

  1. Recomendaciones de la CEDAW a México 2012[1]- Estrategia de seguridad pública, debida diligencia, capacitación y datos estadísticos de violencia contra las mujeres.

VIOLENCIA DE GÉNERO

  El Comité exhorta al Estado parte a:

Revisar su estrategia de seguridad pública para la lucha contra la delincuencia organizada a fin de adaptarla a sus obligaciones internacionales de derechos humanos, incluida la Convención, y poner fin a los altos niveles de inseguridad y violencia en el país, que afectan de forma desproporcionada a las mujeres y las muchachas

Adoptar todas las medidas necesarias para establecer un sistema estándar para la reunión periódica de datos estadísticos sobre la violencia contra la mujer, desglosados según el tipo de violencia y las circunstancias en que se cometió el acto de violencia, que incluya información sobre los autores y las víctimas de estos actos y la relación entre ellos.

Diseñar mecanismos de articulación entre las distintas Fiscalías que atienden a mujeres víctimas de violencia, con la finalidad de registrar adecuadamente los tipos de violencia que éstas sufren, pero sobre todo que garanticen la debida diligencia en la prevención e investigación de los casos de feminicidio y otros tipos de violencia contra las mujeres. Los indicadores de cumplimiento serán: i) el diseño de un programa de articulación; ii) la implementación de dicho programa y iii) la evaluación de sus resultados.

RESPUESTA

 

  1. a)                  b)  c) Si bien es cierto que en el Estado de Morelos se han interpuesto iniciativas legislativas en favor de los Derechos de las Mujeres, también es cierto que sobre diversas disposiciones existen controversias presentadas por el Legislativo en contra del Congreso Local, que están en espera de resolución en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se mantiene la contradicción entre el artículo 130 del Código Penal y el artículo 21 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, lo que permite la impunidad en casos de feminicidio.

“Artículo 130. Cuando el agente actúe en estado de emoción violenta, el juzgador podrá reducir hasta en una cuarta parte la sanción aplicable a las lesiones o al homicidio. Existe emoción violenta cuando en virtud de las circunstancias en que ocurre el delito y de las propias del agente, se halla considerablemente reducida la culpabilidad de éste, sin que exista inimputabilidad plena o imputabilidad disminuida.”

“Artículo 21. Violencia Feminicida: Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.

En los casos de feminicidio se aplicarán las sanciones previstas en el artículo 325 del Código Penal Federal.”

  1. d) La Alerta de Violencia de Género (AVG) en el Estado de Morelos ha servido como un mecanismo de observancia general (federal, estatal y municipal) para supervisar la aplicación y cumplimiento de las leyes en favor de las Mujeres.Sin embargo, la declaratoria sólo se emitió para 8 de 33 Municipios del Estado, no obstante que se solicitó para todo el territorio morelense. Además, que ha sido la CIDHM la única dependencia que ha estado emitiendo informes de seguimiento para verificar el cumplimiento de la norma, mientras que el gobierno federal denota su ausencia. Pues al no haber un protocolo de actuación para la AVG, la omisión se hace presente.

  1. e) En cuanto al proceso sancionador para las autoridades se menciona queactualmente se encuentran en investigación 4 servidores públicos, sin embargo todavía no existe sanción alguna puesto que no ha finalizado el proceso. Cabe destacar que no se ha señalado los plazos del proceso sancionador, por lo que desconocemos la fecha de término.

 VG/SV/411/2016-09 derivada de la carpeta de investigación UEHMYF/ZM/044/16

 VG/SV/048/2017-02 derivada de la carpeta de investigación YA/UIDD/B/202/2017

 VG/SV/022/2017-02 derivada de la carpeta de investigación CT-UIDD-C/1825/2016, CT-UIDD-A/1517/2015, YA-UIDD/B/506/2016 (DILACIÓN)

 VG/SV/024/2017-01 derivada de la carpeta de investigación JO/UEDD/866/2016 y JO/UEDF/1886/2016 (DILACIÓN) […]”

 

OBSTÁCULOS

La aprobación misma de la Ley de Seguridad Interior violatoria a los Derechos Humanos. Esto es resultado de que la Ley fuera aprobada de una manera precipitada y sin la participación adecuada Organizaciones de la Sociedad Civil Defensoras de Derechos Humanos, Organismos Públicos de Derechos Humanos y Organismos Internacionales garantes de los mismos.

-La burocracia dentro de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos. Los requisitos para acceder a los apoyos son muchos y los procedimientos para evaluar los casos son bastante tardados y poco transparentes.

RECOMENDACIONES

  1. a)Abrogación de la Ley de Seguridad Interior.

-Adoptar todas las medidas que sean necesarias, por parte de las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia del Estado de Morelos, para garantizar que se investiguen y resuelvan con la debida diligencia y en un plazo razonable, los casos de feminicidio, adoptando una perspectiva de género y de derechos humanos y con ello, garantizar a las mujeres víctimas y a sus familiares el acceso a la justicia y a la reparación integral.

 

Recomendaciones a México 2012[2] -Legislación

El Comité insta a las autoridades federales del Estado parte a:

  1. a) Adoptar las medidas necesarias para garantizar, en particular mediante una coordinación efectiva, la armonización coherente y consecuente de la legislación pertinente en todos los planos con las reformas de la Constitución en materia de derechos humanos (2011) y del sistema de justicia penal (2008); (página 4)

 

OBSTÁCULOS

-La intervención de diversas iglesias en las decisiones de las y los legisladores locales para que se opongan al avance en el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Así como la falta de una revisión exhaustiva del Código Penal del Estado de Morelos en razón de homologarlo en función de la Leyes Locales y Nacionales en favor de los Derechos de las Mujeres.

RECOMENDACIONES

  1. b) c) Solicitar a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal y al Congreso del Estado de Morelos para que se revise y analice exhaustivamente la Legislación Estatal existente relacionada con los Derechos Humanos de las Mujeres y Niñas para detectar disposiciones que menoscaben o anulen sus derechos.
  2. d)Crear un Protocolo de Actuación de la AVG que establezca las responsabilidades de cada nivel y orden de gobierno; las tareas de cada dependencia; un Mecanismo de Seguimiento y Vigilancia del Cumplimiento de las Medidas de la AVG; la Participación de las Organizaciones Peticionarias; Establecer Tiempos de Cumplimiento para las Medidas; un Procesos Sancionador para las Autoridades que no las Apliquen de Manera Urgente y/o hagan procesos dilatorios o de simulación; un procedimiento de revisión, de quejas y denuncias; y establecer la erradicación de la violencia feminicida como criterio único de cumplimiento.
  3. e)Se deberán establecer mecanismos de supervisión y sanción a servidores públicos que actúen en violación al orden jurídico aplicable en materia de violencia de género. El Estado de Morelos deberá dar continuidad a los procesos iniciados previamente por posibles omisiones de servidores públicos en la integración de carpetas de investigación en casos de feminicidios. Toda esta información deberá estar publicada en las páginas de internet oficiales del Estado.

 

Recomendaciones a México 2012[3]- Banco Nacional de datos y AVGM.

El Comité exhorta al Estado parte a:

  1. a) Dar prioridad a la plena aplicación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, entre otras cosas ejecutando completamente el Programa Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y activando el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, con la participación de los 32 estados federales;

OBSTÁCULOS

  1. a)-La falta de voluntad política para dar transparencia en la información de casos de violencia contra las mujeres y en especial, de los feminicidios.

-Opacidad en la utilización de los recursos públicos para atender la AVG.

  1. b)-La violencia institucional es uno de los principales obstáculos.

El no cumplimiento de las Medidas establecidas en la Declaratoria de la AVG y de las Recomendaciones del Grupo de Trabajo.

RECOMENDACIONES

  1. a)Solicitar lo siguiente: i) el diseño del Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres como una base integral y única, conforme a la Ley local de Acceso; ii) la sistematización y actualización de la información por parte de las instancias responsables; iii) la interconexión de los sistemas de información de las instituciones responsables de alimentar la base de datos, iv) elaborar y publicar reportes sobre la administración de la base de datos y alimentación del BANAVIM, y v) la publicación de información estadística sobre la violencia contra las mujeres en la entidad a partir de los datos incorporados al Banco Estatal. El objetivo de dicha base de datos será proveer al Estado de Morelos y a la sociedad en su conjunto, información sobre la violencia contra las mujeres en la entidad, sus patrones y características, a fin de diseñar políticas públicas a nivel estatal y municipal para prevenirla, atenderla y erradicarla.

 

Recomendaciones a México 2012[4]- Feminicidio, desaparición forzada, investigaciones, centros de justicia, refugios, NOM-046, Campo Algodonero, acceso a la justicia.   

El Comité recomienda al Estado parte:

  1. a) Adoptar las medidas necesarias para garantizar que la codificación del feminicidio se base en elementos objetivos que permitan su adecuada calificación en los códigos penales locales; acelerar su codificación en esos códigos penales pendientes; normalizar los protocolos de investigación policial para el feminicidio en todo el país; e informar sin demora a las familias de las víctimas;

OBSTÁCULOS

 

  1. a)-La falta de voluntad política para dar transparencia en la información de casos de violencia sexual y los diferentes tipos y modalidades de la violencia contra las mujeres.
  2. b)f)   g)-La violencia institucional es uno de los principales obstáculos.

“Artículo 18.- Violencia Institucional: Son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia.” (Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia)

-El no cumplimiento de las Medidas establecidas en la Declaratoria de la AVG y de las Recomendaciones del Grupo de Trabajo.

RECOMENDACIONES

  1. a)Se requiere armonizar el delito de feminicidio con la entrada en vigor del Código Nacional Penal para evitar contradicciones, y actualizar el Protocolo de Investigación del Feminicidio de la Fiscalía, así como capacitar a todo el personal de la Fiscalía General para el adecuado cumplimiento del mencionado Protocolo.
  2. b)El Cumplimiento al 100% de todas las Medidas establecidas en la Declaratoria de la AVG y de las Recomendaciones del Grupo de Trabajo.

-Crear un Protocolo de entrega/recepción de la información correspondiente a la AVG para que en los cambios de poderes y administraciones de la Federación, el Estado y los Municipios, se garantice la continuidad en las acciones, planes y programas emprendidos a partir de la AVG.

[1] Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer http://catedraunescodh.unam.mx/catedra/papiit/CEDAW_Observcsfinales_DEF.pdf

[2] Observaciones finales del Comité para la Eliminación sobre todas las formas de Discriminación contra la mujer.http://catedraunescodh.unam.mx/catedra/papiit/CEDAW_Observcsfinales_DEF.pdf

[3] Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer http://catedraunescodh.unam.mx/catedra/papiit/CEDAW_Observcsfinales_DEF.pdf

[4] Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer http://catedraunescodh.unam.mx/catedra/papiit/CEDAW_Observcsfinales_DEF.pdf

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Exigimos reinstalación despedidas de Rintex

 

Ya hemos cumplido un mes y una semana desde los primeros despidos del 21 de mayo y hasta el día 29 de mayo cuando se suscitaron  los despidos masivos de los  más de 40 trabajadoras/es

Hemos estado en un campamento frente a las instalaciones resistiendo a pesar de todas las adversidades del clima. Durante este tiempo hemos tenido vistas de todos los sindicatos y organizaciones del Pacto Morelos, en donde nos han mostrado su solidaridad con apoyo en especie y algunos fondos para resistir nuestra lucha.

Actualmente somos 25 trabajadoras/es  que estamos resistiendo, pero en estos días hemos sido sujetas de acoso, por parte de la empresa, en esta semana hemos tenido más de tres  visitas del señor Marcos  Erazo( jefe de seguridad) actuando de forma prepotente en el campamento, nos ha ido provocar, se burla de nosotras, nos dice que quiere tener evidencias, nos saca fotos y nos filma sin nuestro consentimiento, ha irrumpido   nuestro campamento, a pesar de que le hemos dicho que no puede estar allí, mucho menos a hostigarnos, por lo tanto queremos hacer  responsables al señor Marcos Erazo y a los directivos de la empresa y otros que resulten responsables de la empresa Rintex, por lo que nos pueda pasar estando en el campamento y en el trayecto  a nuestras casas.

Denunciamos también toda una campaña de desprestigio para nuestros asesores y los que estamos en el plantón, la gerencia de rintex ha  obligado a las y los compañeros activos a firmar una carta obscura, diciéndoles que si no firman no aseguran trabajo y que pensaran en sus familias, que no se acerquen a los del campamento, que no participen, que no nos escuchen, pero lo más grave es que la carta sita, según las y los Trabajadores activos,” dice  que no es la voluntad de los trabajadores cambiar el sindicato de protección Mártires de San Ángel, sindicato impuesto por los directivos de la empresa de Rintex”

También queremos aprovechar  este espacio para decir que la investigación que hizo la marca de Gap a través de la empresa de verite sea una investigación completamente imparcial, así como también la marca de gap tome acciones justas y claras a favor de las y los Tragadores despedidos y las y los compañeros activos.

 

Por lo anterior solicitamos:

Que  cese el acoso en el campamento y en el interior de la empresa

Que nos dejen ejercer el pleno derecho a la libertad de Asociación Sindical

 

Que no aceptamos, ni aceptaremos el Sindicato de Protección de la empresa Mártires de San Ángel.

Entablar una mesa de dialogo con los directivos de la empresa y la colación de las y los trabajadores de Rintex, con el fin de resolver el conflicto actual a través de la resolución de la situación de las trabajadoras despedidas, y acordar condiciones mínimas para el reconocimiento y respeto al derecho a la libertad de asociación de todas las trabajadoras de Rintex

 

Que intervenga el Gobernador Graco Ramírez para que conozca de primera mano la situación de violación de los derechos fundamentales de las trabajadoras de Rintex y que contribuya a una solución verdadera y duradera para las y los  trabajadores  de Rintex,  mejorando  la calidad de empleo para las y los   ciudadanos de Jiutepec

 

Centro de Apoyo al Trabajador, Frente Autentico del Trabajo, Coalición Independiente de Trabajadoras/es de Rintex, Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética  

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A 45 meses de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa

La desaparición de 43 estudiantes normalistas durante la noche del 26 de septiembre de 2014 en el estado de Guerrero, marcó el gobierno de Peña Nieto. Los 43 se convirtieron en un símbolo de las decenas de miles de inocentes que también han desaparecido en la supuesta guerra cínica e ineficaz contra los cárteles del narcotráfico que ha diseminado la complicidad penal y la corrupción por todos los niveles del gobierno. El gobierno decía de dientes para afuera que aceptaba las recomendaciones de los expertos y de otras organizaciones internacionales, pero estaba determinado a cerrar el caso en sus propios términos. En el transcurso del año pasado, básicamente abandonó la investigación. Los estudiantes siguen desaparecidos. El tribunal ordenó la creación de una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad integrada por representantes de las víctimas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El Ministerio Público de la Federación también formará parte de la comisión, pero su participación será subordinada. Las organizaciones internacionales que han seguido el caso, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas, también participarán. El gobierno no tardó en manifestar su desacuerdo con la resolución. México necesita justicia para los 43 estudiantes. Establece las graves irregularidades en que incurrió PGR y ordena crear un mecanismo extraordinario de justicia y verdad. El Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Décimo Noveno Circuito, al resolver los amparos en revisión 203/2017 al 206/2017, ordenó reponer la investigación del caso Ayotzinapa dada la gravedad de las irregularidades detectadas, así como la creación de una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad en el caso Iguala. Saludamos la resolución del Tribunal como un importante aporte del Poder Judicial de la Federación para alcanzar la verdad y la justicia en el caso. Frente a los múltiples señalamientos críticos a la llamada “verdad histórica” por parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y de la propia Oficina en México de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), el Gobierno federal respondió siempre que serían los tribunales mexicanos los que emitirían la calificación final de la indagatoria. Hoy lo han hecho y su veredicto es contundente: la acusación de PGR es insostenible y toda la investigación debe ser revisada de manera autónoma e imparcial. Las impugnaciones que derivaron en esta sentencia fueron presentadas por algunos de los acusados, que refirieron haber sido objeto de tortura. No se trata de juicios promovidos por las familias de los 43 estudiantes desaparecidos. La sentencia pone especial énfasis en la existencia de pruebas respecto de la práctica de la tortura dentro de la investigación y, en ese sentido, llama a que se recurra a peritos ajenos a la PGR que formen parte de instituciones públicas o privadas independientes. En ese sentido, confirma que la investigación puso especial énfasis en la obtención de declaraciones mediante coacción y que estas alegaciones de tortura y malos tratos no han sido investigadas adecuadamente. Así los magistrados, en el párrafo 764 de la sentencia, señalan: “En el caso, no sólo son las alegaciones sobre tortura, las que involucran al personal de la SEIDO, sino además se cuenta con múltiples casos en los que las personas aseguradas sufrieron lesiones o incremento de las mismas, hasta en tanto estuvieron a disposición de dicha Unidad”. La sentencia también insiste en que en el actual contexto institucional y sobre todo en el presente caso, la PGR ha actuado con parcialidad y sin autonomía; por ello, la resolución debe entenderse como un llamado a la creación de una Fiscalía genuinamente autónoma. Un ejemplo claro de la ausencia de independencia e imparcialidad es lo referido por los magistrados en el párrafo 1033 de la sentencia, pues establecen:  “…no se aprecia que se hayan explorado siquiera las líneas de investigación que apuntaban a la participación del personal del Ejército Mexicano, y la Policía Federal; y encima de ello, tampoco aparece que se hayan investigado los actos de tortura, lo que conlleva que igualmente no se ha indagado al personal a quien se atribuyen tales actos, entre ellos, a los integrantes de la Secretaría de la Marina Armada de México”. Otro ejemplo es lo señalado por los Magistrados en los párrafos 1148 y 1149 de la sentencia, pues en los mismos establecen: “1148…la investigación precedente, que en general estuvo dirigida a practicar y poner sólo énfasis en aquellas pruebas que pudieran apoyar una versión de los hechos que narraron varios detenidos en sus declaraciones autoincriminatorias acorde a la incineración de los estudiantes en el basurero de Cocula y el depósito de sus restos en el Río San Juan”. La sentencia ordena crear una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad en el caso Iguala, como un “procedimiento alternativo” (párr. 1102) para subsanar y corregir la deficiente actuación de la PGR. Para su conformación, la resolución pone especial énfasis en la necesidad de que participen las víctimas, sus representantes, la CNDH y organismos internacionales. En este sentido, destaca que el Tribunal refrende la relevancia que ha tenido el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el presente caso e inste a que en la nueva etapa de investigación éste sea escuchado mediante sus integrantes, afirmando que “no sólo sería factible sino además recomendable que se vislumbrara un nuevo período de participación” del Grupo (párr. 1134). La resolución del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Décimo Noveno Circuito viene a confirmar que la verdad en el caso Ayotzinapa no está dicha, que el paradero de las víctimas no está esclarecido y que el actual Gobierno federal incurrió en múltiples irregularidades durante la investigación. Por virtud de la sentencia, esta valoración ya no proviene solo de instancias internacionales, sino que ha sido establecida por un tribunal nacional. Como señala el Tribunal, “es necesario que el asunto sea conducido bajo una nueva óptica y etapa” (parr. 1151). Dada la reiterada resistencia del gobierno de Peña Nieto a descartar definitivamente la hipótesis oficial, exigimos un compromiso público de que en lo que resta del sexenio se cumplirá el fallo y no se manipulará el expediente para impedir el esclarecimiento del mismo. Toda vez que la sentencia hoy emitida es insistente en que los derechos de las víctimas deben ser el centro de la investigación, desde este momento se hace un llamado a los tres Poderes de la Unión, para que cualquier acción relacionada con la implementación de este fallo sea previamente consultada y acordada con las víctimas y sus representantes.

Para las madres y padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, la detención y presentación de una persona como participante fundamental de la desaparición de sus hijos a sabiendas de que las autoridades federales conocían que se trataba de una persona ajena a los hechos “viola el derecho a la verdad de las familias y de la sociedad en su conjunto” y constituye un nuevo y preocupante agravio. Erick Uriel Sandoval Rodríguez, a quien la Procuraduría General de la República (PGR) presentó como un presunto participante en el caso Ayotzinapa apodado “La Rana” o “El Güereque”, es una persona ajena a los hechos y distinta de quien algunos testigos e indiciados señalan con ese apodo. También señaló que advirtió a la Procuraduría de esta irregularidad, pero ésta decidió seguir adelante con las acusaciones contra el profesor de Educación Física. Señalaron que “es indignante que a estas alturas, pese a que subsiste la atención de la opinión pública sobre el caso e incluso un monitoreo estrecho por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la PGR intente sorprender a las víctimas y a la sociedad. Por ello, las familias de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y las organizaciones integrantes del Pacto Morelos por la Soberanía exigimos el acatamiento de la sentencia en sus términos.

¡Ayotzinapa vive, nos faltan 43 y miles más!

¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!

Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética y los Derechos de las y los Trabajadores.

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¿Quién es quién en los derechos humanos en Morelos? Desaparición Forzada.

De acuerdo a la información proporcionada por la Fiscalía General Región Oriente, Metropolitana y Sur Poniente, a través del IMIPE, las mujeres reportadas como desaparecidas en el Estado son 1742 y 1425 hombres. Aún están en calidad de desaparecidas 207 mujeres y 333 hombres. Es decir, un total de 540 personas.

La Fiscalía Región Oriente reporta datos desde el 2009, la Fiscalía Región Metropolitana desde el 2011 y la Fiscalía Región Sur Poniente desde el 2008. Es así que constatamos que no hay una Base de Datos única para registrar la Desaparición Forzada en el Estado, asimismo, tampoco se cuenta con un registro de todos los casos ocurridos en el Estado, pues aunque solicitamos la información desde el año 2000, sólo nos proporcionaron ésta información.

Así pues, durante los tres últimos sexenios, de Sergio Estrada Cajigal (2000-2006), Marco Adame Castillo (2006-2012) y Graco Ramírez (2012-2018), no se reconoció la problemática de la Desaparición Forzada en la entidad, ni realizó acciones para investigar, prevenir, atender, sancionar y erradicarla. Hasta que el 15 de julio de 2015 se aprobó la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas para el Estado de Morelos (http://marcojuridico.morelos.gob.mx/archivos/leyes/pdf/LDESFORZADAMO.pdf).

En cuanto a las y los titulares de la Fiscalía General Estado, antes Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE),  podemos decir que:

Uriel Carmona Gándara, Fiscal actual (2018). Se comprometió en una reunión con el Sub-Secretario de Derechos Humanos de Gobernación atender el tema. Sin embargo no se han visto resultados todavía. No se ha creado la Comisión de Búsqueda ni se ha nombrado a su Titular que debió iniciar su función el 16 de abril del 2018, como lo establece la Ley General En Materia De Desaparición Forzada De Personas, Desaparición Cometida Por Particulares Y Del Sistema Nacional De Búsqueda De Personas(http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMDFP_171117.pdf)

Javier Pérez Durón (2015-2018). Eximió al Gobernador Graco Ramírez de cualquier responsabilidad en las fosas clandestinas de Tetelcingo y Jojutla. Dejó la Fiscalía sin un solo consignado por ésos hechos.

Rodrigo Dorantes (2013-2015). En su periodo se descubrió la fosa clandestina en Tetelcingo, Cuautla, donde fueron inhumados 150 cadáveres que habían sido depositados de manera irregular por la propia Fiscalía.

Pedro Luis Benítez Vélez (2009-2012) y Mario Vázquez Rojas (2012). Se suscitó el caso de Jethro Ramsses Sánchez Santana, desaparecido, torturado y asesinado en 2011. Fue detenido por Policías Municipales de Cuernavaca  y entregado a la Policía Federal, quienes lo entregaron a elementos del Ejército Mexicano de la 24 Zona Militar. Su caso estuvo en manos de ambos procuradores.

Francisco Coronato Rodríguez (2006-2009). Durante su período, el 25 de abril de 2009, detienen y desaparecen a 4 jóvenes. Se responsabilizó a la Policía Ministerial del Estado.

Los anteriores titulares de la PGJ fueron José Luis Uriostegui Salgado (2000), Guillermo Tenorio (2000-2004), Hugo Bello (2004-2005) y Claudia Aponte Maysse (2005-2006). En sus periodos no hubo ninguna acción encaminada a investigar y erradicar la Desaparición Forzada.

Finalmente podemos decir que los gobernantes están obligados a cumplir y hacer cumplir las leyes  en beneficio de la población y que asumen un cargo público para garantizar los Derechos Humanos, así como rendir cuentas de su actuación al frente de las instituciones.

¡Ni una persona desaparecida más, ya basta de impunidad!

Atentamente.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C.

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A un año de la aprobación de la Ley General contra la Tortura, instituciones del más alto nivel incumplen y violan la norma

Este 26 de junio, Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, se cumple un año de la publicación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Ley General). A pesar de los avances en la materia, instituciones de alto nivel como la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia han tomado acciones regresivas o abiertamente violatorias de la nueva norma que obstaculizan la erradicación de la tortura en el país.

En ese sentido, resulta sumamente preocupante la adopción por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de una tesis de jurisprudencia que contradice la regla absoluta de considerar inadmisible cualquier prueba obtenida bajo tortura, la cual es una obligación reconocida en la Ley General, pero también un deber preexistente del Estado mexicano de acuerdo al Derecho Internacional. La tesis, que representa una regresión frente a la jurisprudencia previa del Máximo Tribunal, dispone que no es necesario reponer un proceso penal donde la persona sentenciada afirma que su condena se basó en evidencias fabricadas bajo tortura, salvo que exista autoincriminación (normalmente una confesión)[1]. Este lenguaje deja abierta la posibilidad de utilizar declaraciones obtenidas bajo tortura distintas a una confesión, por ejemplo, cuando se detiene y tortura a un grupo de personas para que se inculpen mutuamente, como ha ocurrido en un sinnúmero de casos conocidos por las organizaciones firmantes.

Por otra parte, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia anunció en febrero de 2018 que había adoptado – mediante un proceso opaco – un nuevo Protocolo Homologado para la investigación de la tortura. Mientras la Ley establece que la denuncia de tortura llevará a una investigación realizada por la Fiscalía Especializada competente, el Protocolo dispone que el o la agente del Ministerio Público que reciba la noticia de tortura realizará una suerte de pre-investigación sin fundamento en norma alguna, y sólo en caso de considerar que existe una presunción de tortura, enviará el caso a la Fiscalía Especializada para que esta lo investigue y lo registre con fines estadísticos[2]. Así, el Protocolo crea una nueva categoría discriminatoria aplicable solamente a víctimas de tortura, al inventar nuevos procedimientos a agotarse antes de abrir una investigación. El Protocolo es actualmente objeto de un juicio de amparo que señala su incompatibilidad con la Ley General, con el nuevo sistema de justicia penal y con el derecho internacional.

En relación a otras acciones requeridas por la nueva Ley General, recordamos que este año se instaló el Comité Técnico del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, cuyos resultados dependerán del apoyo que reciba del presidente del Comité, que a la vez es presidente de la CNDH, y de la articulación de su aparato ejecutivo con otros actores, incluyendo a las defensorías públicas, que deben coadyuvar en la prevención de la tortura, y las fiscalías, que deben actuar para proteger la integridad de las personas privadas de la libertad en términos de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

Por otra parte, resulta cuestionable la falta de avances y de transparencia en el diseño del Programa Nacional contra la tortura previsto en la Ley General contra la tortura.

En conclusión, las organizaciones firmantes consideramos alarmante que diversas instituciones que deberían ser las primeras en comprometerse con el nuevo modelo contra la tortura lo desconozcan en sus acciones. Cumplir la Ley General y erradicar la tortura como estrategia de fabricación de pruebas, represión o con cualquier otro fin debería ser un elemento prioritario y fundamental de la agenda de justicia y seguridad ciudadana de todas aquellas personas que busquen ocupar cargos de elección popular el próximo 1º de julio, especialmente en el caso de los candidatos presidenciales.

Es por ello que, en este Día de Apoyo a las Víctimas de Tortura, hacemos un enérgico llamado a los candidatos y candidatas a cargos de elección popular a comprometerse con el cumplimiento de la Ley General contra la Tortura, así como la Ley Nacional de Ejecución Penal, y exigimos a las autoridades estatales y federales adoptar inmediatamente acciones encaminadas a erradicar la tortura, tal como lo mandata la legislación aplicable.

 

Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT-Francia)

Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL)

Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (AFADEM-FEDEFAM)

Asociadas por lo Justo (JASS)

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas

Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)

Centro de Derechos Humanos Paso del Norte

Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD)

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC)

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI)

Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH)

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)

Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH)

Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social

Equis, Justicia para las Mujeres

Fundación para el Debido Proceso (DPLF)

Fundar, Centro de Análisis e Investigación

I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos

Indignación – Promoción y Defensa de los Derechos Humanos

Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, s.j.

Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP)

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD)

Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE)

Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)

Programa de Derechos Humanos, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México y Tijuana

Red Nacional de Peritos y Expertos Independientes

 

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República mexicana):

Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).

 

[1] TORTURA. ES INNECESARIO REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO NO EXISTA CONFESIÓN DE LOS HECHOS IMPUTADOS O CUALQUIER ACTO QUE CONLLEVE AUTOINCRIMINACIÓN DEL INCULPADO. Tesis: 1a./J. 101/2017 (10a.) Registro: 2015603.

[2] https://aplicaciones.pgr.gob.mx/normatecasustantiva/Normateca%20Sustantiva/Prot_Inv_Tortura.pdf, p. 28-30.

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