Urgente coordinar investigaciones sobre desapariciones en Morelos

En Morelos es urgente que haya coordinación interinstitucional para la búsqueda y localización de todas las personas desaparecidas. Ante el creciente número de desapariciones se requiere que todas las acciones se lleven a cabo dentro de un plan estatal de búsqueda que priorice acciones tendientes a localizar y recuperar con vida a todas las mujeres, niñas y jóvenes que son quienes desaparecen en mayor medida. Ningún esfuerzo es menor para combatir ésta terrible práctica de la desaparición forzada cometida por el Estado o por particulares que cuentan con la omisión o aquiescencia de las autoridades.

Garantizar la vida y la seguridad de las víctimas que padecen éste terrible flagelo con una investigación científica, sistemática y objetiva sobre las causas de las desapariciones, acorde con lo establecido en la Ley para Prevenir, Atender y Sancionar la Desaparición Forzada y la Cometida por Particulares y el Protocolo Homologado de Búsqueda de Personas Desaparecidas,

El  9 de octubre del presente 2019, integrantes de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, sostuvimos una reunión de trabajo con la Fiscalía General del Estado, estando presentes Danae Velázquez Luna quien actualmente se desempeña como Secretaria Ejecutiva de la Fiscalía General del Estado de Morelos y Zayra Lulo Juan en su carácter de titular de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada. Recibimos un informe sobre las actividades de investigación que se están realizando en la búsqueda y localización de personas en las diferentes regiones del Estado de Morelos y en coordinación con otros estados del país. En el transcurso de dicha reunión realizamos diversos cuestionamientos y observaciones, como el hecho de que no estaban familiares de personas desaparecidas a pesar de que el oficio de invitación a la reunión las mencionaba, y sobre todo que se cuenta con muy poco personal para atender la magnitud del problema de la desaparición de personas en todo el Estado. Actualmente solo se cuenta con cinco Ministerios Públicos para cubrir toda la Zona Metropolitana y tan solo un Ministerio Publico para la Zona Oriente y otro para la Sur Poniente.

Consideramos que es necesario redoblar los esfuerzos y acciones, ya que no se ha creado una estrategia efectiva en cuanto a la implementación del Protocolo “Alba”, que es un instrumento legal que se aplica en casos de mujeres adultas quienes se encuentran desaparecidas. Al respecto de éste protocolo, la Fiscal Zayra Lulo reconoció que todavía les hace falta trabajarlo para aplicarlo a las condiciones del Estado de Morelos, ya que actualmente depende de la Fiscalía General de la República; y en el Estado no existe por ahora suficiente  personal especializado en dicha temática que apoye en la capacitación periódica del  personal de dicha Fiscalía de Desaparición.

En el mismo sentido expresamos que se debe aplicar de manera rigurosa la Alerta “Amber” sobre las niñas y niños desaparecidos, que incluye a todos los menores de 17 años, quienes se encuentran en mayor riesgo de desaparición, de acuerdo a las denuncias presentadas ante la Fiscalía y sobre todo los testimonios obtenidos por las organizaciones civiles y que se dan a conocer mediante las redes sociales ante la desconfianza que prevalece para que las autoridades den una respuesta inmediata.

Aun cuando la Fiscalía asegura contar con una base de datos actualizada, es urgente contar con un estudio profundo sobre las desapariciones, ello implica hacer investigaciones con la participación de especialistas en antropología, medicina forense, peritos en estudios genómicos, así como contar con instrumentos de búsqueda y geolocalización, así como una base de datos que permita cruzar la información con todas las dependencias estatales y nacionales para agilizar la respuesta que debe ser inmediata y acorde con el protocolo homologado utilizada de manera tal que sirva tanto a las autoridades como a los familiares de víctimas y a la sociedad en su conjunto para tener conciencia de la magnitud y las consecuencias tan graves que tiene cada desaparición para quienes la viven directamente y para sus familiares y conocidos, así como para fortalecer acciones que impidan que la mayoría de casos permanezcan en la impunidad.  Por esa razón es que durante la sesión de trabajo solicitamos tener acceso a la misma, para que sea un instrumento útil para la Fiscalía y para familiares y sociedad en su conjunto.

De lo anterior consideramos que en el próximo periodo va a ser indispensable la implementación de todo tipo de medidas que ayuden a concretar mayores acciones de coordinación con el “Mecanismo Nacional de Búsqueda” mediante la instalación de la Comisión Estatal de Búsqueda, donde participaremos como parte del Consejo Ciudadano con familiares de víctimas de desaparición. De nuestra parte como Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, siempre hemos insistido que debe ser prioritaria la búsqueda en vida de las personas desaparecidas y que a través de planes de acción y de metodologías bien estructurada se debe de buscar a las y los desaparecidos en: Hospitales Psiquiátricos, clínicas, centros para el combate a las adicciones, cárceles clandestinas, cuarteles militares, prisiones de alta seguridad, asilos, bares y centros nocturnos donde se presuma trata de personas. En dicho contexto pensamos que no se debe bajar la guardia en cuanto al seguimiento legal de los distintos casos históricos y emblemáticos por desaparición en Morelos y que jurídicamente aun continúan abiertos tal como es el caso del compañero Jose Ramón García Gómez desaparecido por agentes del Estado en el año de 1988.

   Atentamente.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C.

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Tipificar la violencia institucional para combatir el feminicidio

Ponencia de la CIDHM en el Foro sobre los alcances de la AVG.

Convocado por la CNDH, la CDHDF, UNAM, Museo de la Mujer y la Federación de Mujeres Universitarias.

16 de octubre de 2019.

Tipificar la violencia institucional para combatir el feminicidio.

El orígen de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se encuentra en los aportes históricos realizados por el movimiento feminista y de organismos de defensa de los derechos de las mujeres, quienes mediante un estudio realizado en 10 entidades del país, logramos que el Congreso de la Unión la aprobara en el año 2007. Esta ley es la que permite solicitar la alerta de violencia de genero que, insistimos, es un último recurso jurídico para erradicar la violencia feminicida, y sobre todo para garantizar justicia para las mujeres.

En Morelos hay Feminicidio y existe una violencia sistemática contra las mujeres. No se respeta el derecho de las niñas y las mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Los homicidios de niñas y mujeres son un problema grave e inadmisible. Son parte de la Violencia Feminicida como culminación de la violación de sus Derechos Humanos y evidencian la ruptura del Estado de Derecho en Morelos y en todo el País.

Cada vez con mayor frecuencia se conocen crímenes atroces contra niñas y mujeres de todas las edades en diversos Municipios de nuestro Estado, a pesar de ello, el Gobierno Federal, Estatal y Municipal no ha diseñado una política integral para enfrentarlos y para abatir la impunidad que los caracteriza. Autoridades de rangos distintos han demeritado los homicidios de mujeres, los desvalorizan con actitudes misóginas, acusan a las víctimas y no trabajan con profesionalismo en su esclarecimiento. Ni las desapariciones ni los asesinatos ni la impunidad son identificados como un grave problema, tampoco se reconoce la responsabilidad del Gobierno en los sucesos y su erradicación no es un eje prioritario de la política de desarrollo social y de la gobernabilidad. Los atentados contra la vida de las niñas y las mujeres no se dan en el vacío. Suceden en un entramado social de tolerancia y fomento a la violencia de género cotidiana, misógina y machista, contra niñas y mujeres. Dicha violencia se traduce en delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad jurídica de las mujeres y existe un contexto de impunidad o permisibilidad social. Y los homicidios son su consecuencia y suceden tras procesos vitales marcados por la inseguridad y por escaladas de violencia, y situaciones extremas que culminan en muertes violentas.

La muerte, en muchos casos, no ha sido límite para el daño. Aun después de haber sido asesinadas, sus cuerpos son objeto de agresión. La violencia no termina ahí, las sobrevivientes y las familias de las mujeres asesinadas son objeto de violencia institucional en el ámbito del acceso a la justicia. Así como incontables mujeres victimizadas habían denunciado violencia en su contra ante autoridades que no la consideraron un riesgo para la vida y no asumieron su responsabilidad para evitarla, un número alarmante de casos no son esclarecidos, no se llega a la verdad, los agresores no son sancionados y no hay justicia. Por el contrario, la falta de profesionalismo de los funcionarios, el trato discriminatorio, incluso el encubrimiento a los agresores o la complicidad con ellos, prevalecen en la procuración de justicia. La corrupción hace inconfiables a las instituciones en general para la ciudadanía. Eliminar la violencia feminicida y todas las formas de violencia contra las mujeres morelenses obliga a reorientar el trabajo del Estado. En síntesis podemos decir que la violencia feminicida proviene de un conjunto de conductas misóginas que perturban la paz social y representan la materialización de la violencia institucional.

Hay dos tipos de responsables: 1) quien lo comete materialmente 2) quien desde su posición en el aparato de impartición de justicia-definición de leyes refuerza inequidades estructurales que hicieron permisible el delito.

El primer causante es quien con su violencia consumó el acto de muerte. El más visible, aunque no por ello menos exonerado en esta cultura machista que permite que los hombres posean todo, incluso la vida y destino de las mujeres. Además del hecho comisivo de la muerte violenta, está en algunos casos, la desaparición del cadáver y su exposición en un lugar público, con las consecuencias de agravio a la dignidad de las personas.

El segundo es menos visible, normalmente un ministerio público, juez, policía, perito, legislador, que con su acción deliberada, omisión y desdén incurrieron en violencia institucional. Esta violencia se hace evidente en las fallas para atender debidamente los procesos judiciales, atender los protocolos de investigación y aplicar las leyes en materia de derechos humanos de las mujeres. Por todo lo anterior, se hace evidente la deuda histórica del Estado Mexicano con las mujeres, para salvaguardar su derecho a una Vida Libre de Violencia.

La violencia institucional comprende las acciones, prácticas u omisiones de las y los servidores públicos del Estado y Municipios que dilaten, obstaculicen o impidan que las mujeres accedan a los medios o mecanismos para el goce y ejercicio pleno de sus derechos fundamentales o políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia contra las mujeres, o aquellas necesarias para su desarrollo de conformidad a lo dispuesto en la CEDAW. (Art. 18. Cap. IV. Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia).

En este sentido, los servidores públicos que presten su servicios para el Estado (en cualquiera de sus áreas) y los Municipios, deberán abstenerse de cualquier práctica discriminatoria o tolerancia de la violencia contra las mujeres, en el ejercicio de su cargo o comisión, pudiendo incurrir en los supuestos que señala la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, independientemente de los procedimientos de queja o reclamación que se les pudiera instaurar con motivo de dicha discriminación por la autoridad competente (Art. 19. Cap. IV. Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos, 2007). Este es el marco de la cotidianidad de las mujeres en México. Cuando se concentran o aumentan las formas de opresión y violencia las mujeres quedan en vulnerabilidad y en riesgo de ser asesinadas.

La base de los crímenes contra las mujeres radica en estas condiciones de vida, en las que el género opresivo sobre determina tanto a las mujeres, como a los hombres. De ella dan cuenta los medios masivos de comunicación y son denunciados por organizaciones civiles con indignación y con impotencia por los familiares muestra la realidad de violencia, que viven las mujeres en el país. Feminicidios, Trata de Personas, Tortura, Violencia Sexual, Económica, Patrimonial, Psicológica, entre otras.

Estos hechos conllevan la ruptura del Estado de Derecho y visibilizan la incapacidad del Gobierno Estatal para garantizar la Vida de las Mujeres. Por tanto, el feminicidio representa una Violencia Institucional al violar lo estipulado en los Artículos 18 (“Violencia Institucional: Son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia”), 19 (“Los tres órdenes de gobierno, a través de los cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, tienen la obligación de organizar el aparato gubernamental de manera tal que sean capaces de asegurar, en el ejercicio de sus funciones, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”) y 20 (“Para cumplir con su obligación de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, los tres órdenes de gobierno deben prevenir, atender, investigar, sancionar y reparar el daño que les inflige”) de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Convirtiéndose así en un crimen de Estado.

Al respecto la Comisión Nacional de Derechos Humanos publicó una cartilla sobre el tema señalando el principio pro persona, y entre sus observaciones, señala que se puede acudir con una queja cuando se omite brindar protección a la integridad física, psíquica y social de las mujeres. Esto se puede considerar como una prerrogativa legal de las víctimas. Pero no es suficiente.

A su vez el Código Nacional Penal, en su párrafo final, artículo 109, garantiza en el numeral XXIX, que para los delitos que impliquen violencia contra las mujeres, se deberán observar todos los derechos que en su favor establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y demás disposiciones aplicables.

Por ello es necesario incluir en éste Código un artículo 109 Bis que establezca la tipificacion y las sanciones de tipo penal a quienes en el ejercicio de sus funciones cometan violencia institucional y con ello transgredan las disposiciones contenidas en la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Hasta el momento, solamente se establecen responsabilidades administrativas pero no penales, lo que limita las sanciones correspondientes que sirven como manto de la impunidad.

Consideramos que tipificar y sancionar la violencia institucional, fortalece el derecho de las mujeres y puede poner un freno a la involucion juridica que conlleva a un retroceso legal de los derechos de las mujeres, ya que consideramos que las recientes declaraciones de la Secretaria de Gobernación, en el sentido de que si las AVG no sirven hay que eliminarlas o sustituirlas, sería incurrir en una involuciòn sobre las conquistas históricas alcanzadas, por lo que no podemos permitirlo, toda vez que eliminar derechos y avances en esta materia ha sido severamente cuestionado por la misma CEDAW, quien ha concluido que se están incumpliendo las recomendaciones emitidas en materia de violencia contra las mujeres.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C.

Notas.

CAPÍTULO IV DE LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL

ARTÍCULO 18.- Violencia Institucional: Son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia.

ARTÍCULO 19.- Los tres órdenes de gobierno, a través de los cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, tienen la obligación de organizar el aparato gubernamental de manera tal que sean capaces de asegurar, en el ejercicio de sus funciones, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

ARTÍCULO 20.- Para cumplir con su obligación de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, los tres órdenes de gobierno deben prevenir, atender, investigar, sancionar y reparar el daño que les inflige.

ARTÍCULO 23.- La alerta de violencia de género contra las mujeres tendrá como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos, por lo que se deberá:

Privada de las Flores # 16, Colonia San Anton . Página web: cidhmorelos.com.mx,

Correo: cidhmorelos@gmail.com San Antón, Cuernavaca, Morelos. Teléfono: 01777 31855 68

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A cinco años seguimos exigiendo verdad y justicia para los 43 de Ayotzinapa.

El 26 de septiembre de 2014 se llevó a cabo una de las más brutales acciones de las fuerzas del Estado para desaparecer a los 43 jóvenes estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en aquella trágica noche de Iguala que  está por cumplir cinco años, este 26 de septiembre de 2019, sin que se logre esclarecer la verdad sobre su paradero y aún con la creación de la Comisión creada por el gobierno de López Obrador, continuamos presenciando estupefactos como liberan a 24 detenidos ligados al caso, producto del desaseo con que actuó el gobierno peñista al arrancar declaraciones bajo tortura para forjar su enorme patraña que resultó la supuesta verdad histórica.

La noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, tuvo lugar uno de los más emblemáticos episodios de violación a los derechos humanos en la historia reciente de nuestro país. Los hechos sucedieron cuando un grupo de estudiantes de entre 17 y 25 años de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, acudió a la ciudad de Iguala, Guerrero, ubicada en ese mismo estado, con la finalidad de “tomar” autobuses que requerían para participar en la conmemoración del 2 de octubre, que cada año mantiene viva en México la memoria de esa represión contra estudiantes acaecida en 1968. Aunque la retención y el uso temporal de autobuses por los estudiantes para realizar sus actividades había sido habitual en Guerrero y contaba incluso con el aval tácito de empresas y autoridades, el 26 de septiembre la respuesta de las autoridades no fue la ordinaria: Policías Municipales de Iguala abrieron fuego contra los estudiantes para impedir que salieran de la ciudad con los autobuses. De esta manera, auxiliados por otras corporaciones y por civiles, los policías lograron cerrar el paso a cinco autobuses -tres que transitaban por una calle céntrica y dos que lo hacían por una calle periférica-. En esos dos escenarios fueron detenidos 43 estudiantes que habrían de ser desaparecidos. Más tarde esa misma noche, continuaron las agresiones contra los estudiantes y contra la población en general, ya no sólo por parte de agentes estatales sino también por civiles que, como después se demostró, eran parte de la estructura de una organización criminal fuertemente imbricada con las instancias estatales presentes en esa zona de Guerrero, denominada Guerreros Unidos.

El saldo de la cruenta noche de Iguala fue brutal: 43 jóvenes estudiantes que siguen desaparecidos; 6 personas ejecutadas, entre ellas 3 normalistas, incluyendo el caso de un joven cuyo cuerpo apareció al día siguiente en un paraje inhabitado con claras muestras de tortura; al menos 40 personas fueron lesionadas, contando a dos estudiantes que resultaron con afectaciones graves y permanentes a su salud. En total, más de 180 personas fueron víctimas directas de violaciones a derechos humanos esa noche y alrededor de 700 personas resultaron víctimas indirectas, considerando a los familiares de los agraviados.

A pesar del proceso de búsqueda de verdad y justicia que iniciaron las y los familiares de los desaparecidos y de las víctimas de ejecución, la obstrucción de la investigación por parte de las Autoridades ha impedido que la verdad de los hechos ocurridos a los normalistas de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre de 2014 sea conocido por las familias y por toda la sociedad; y por ende, tampoco se ha investigado, procesado y sancionado a todos los responsables de dichos sucesos.

Por eso es necesario destacar los planteamientos de las familias durante el encuentro con el Presidente López Obrador

  • Que no todas las instituciones –destacadamente, la FGR, Sedena y la Policía Federal- están haciendo los esfuerzos al parejo de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, encabezada por Alejandro Encinas.
  • Solicitaron que el Presidente interceda frente al Fiscal General para que reitere su compromiso en la investigación, incluyendo en las investigaciones de los responsables de las irregularidades. A la vez solicitaron que coadyuve con una reunión con el Fiscal General.
  • Que se profundizara la ayuda internacional que ha llegado en destiempo.
  • Que el titular del Ejecutivo no deje de verlos, que no los deje solos.

Ahí se obtuvieron los siguientes compromisos: La Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa iniciarán de cero las averiguaciones sobre el paradero de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala. El fiscal del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, deberá partir de las líneas de investigación aportadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y abrir otras aristas para fincar responsabilidades por las irregularidades en el proceso. Hay una larga lista de funcionarios, como José Murillo Karam, ex Procurador General de la República, y el extitular de la Unidad de Investigación Criminal, Tomás Zerón.

Hacer una investigación independiente, objetiva, clara, que rompa con esa narrativa que se ha venido creando en los años pasados, empezar desde una base sólida, limpia, en donde se quiten todas estas irregularidades y delitos de lo que significa el delito de la desaparición forzada. Como afirmó la compañera Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio, tienen “fe y esperanza” en que las autoridades entreguen avances en el mes de diciembre, pese a los cinco años perdidos, pero la confianza la tendrán en el transcurso de la investigación. Es claro que hicieron mal las investigaciones, por lo que el fiscal especial del caso Ayotzinapa debe garantizar que se abran las puertas de nuevo, dar un paso adelante para seguir con las investigaciones. Para el mes de diciembre, cuando menos, la FGR debe determinar quiénes fueron los responsables de las irregularidades en las investigaciones.

Además,  como afirmó Vidulfo Rosales, el abogado defensor, que la búsqueda de los normalistas se está realizando en vida, hasta que no encuentren pruebas científicas que digan lo contrario. En diciembre debemos tener avances claros en las líneas de investigación que hemos apuntado, en diciembre debe haber ya responsables por las irregularidades de la investigación. Mientras no tengamos evidencia científica irrefutable de otra cosa, los seguiremos buscando vivos.

El fiscal Omar Gómez Trejo debe ir a fondo en las nueve acciones de búsqueda, las cuales indican que los estudiantes están en Guerrero, como ya había informado el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas. Además, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) deberá cumplir con su obligación de poner a disposición de las autoridades a los militares que estuvieron involucrados directa o indirectamente.

Por todo lo anterior es que a 5 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, En Cuernavaca llevaremos a cabo una Marcha este jueves 26 de septiembre de 2019, a las 4 de la tarde, partiendo del Calvario al zócalo de esta ciudad. Al término de la marcha se llevará a cabo un Foro abierto por la memoria, justicia y verdad, en las escalinatas del zócalo de Cuernavaca. Se concluirá con el encendido de 43 veladoras para iluminar el camino de los desaparecidos a las 7 de la noche.

¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!

Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética y los Derechos de las y los Trabajadores. SME, STRM, STUNAM, SITIMTA, SIIINIFAP, MMB, CIDHM, CAT,  M17Mayo, MOPIM, Yanga, Jubilados, OPT, PCM, PRT, Sindicato Libre del IMSS, Sindicato de Trabajadores Manuales Técnicos y Profesionistas del INAH.

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Feminicidio alerta nacional

José Martínez Cruz/ La Jornada Morelos

 El feminicidio crece a nivel nacional y Morelos ocupa el segundo lugar. A cuatro años de haberse decretado la Alerta de Violencia de Género en Morelos, el Gobierno del Estado no ha cumplido con las medidas decretadas para atender, investigar, sancionar y erradicar el feminicidio, señaló la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos al presentar un amplio informe, donde concluye que esto es sumamente grave y preocupante, toda vez que no se ha eliminado el feminicidio en Morelos y esta realidad lastima profundamente los derechos de las mujeres y vulnera su derecho a una vida libre de violencia.

 El recuento de feminicidios en el Estado de Morelos es de 1000 casos en casi 19 años. En nuestra solicitud de la Alerta de Violencia de Género documentamos 530 casos en 13 años. Hoy constatamos que el nivel de violencia feminicida se mantiene en los más altos niveles. Los feminicidios del 2000 al 31 de Julio del 2019 se han registrado en 32 de los 33 Municipios que conforman el Estado de Morelos, incluyendo los 8 Municipios donde se decretó la Alerta de Violencia de Género. Los 10 Municipios con mayor número de feminicidios son: Cuernavaca con 197, Jiutepec con 90, Temixco con 74, Yautepec con 59, Cuautla con 58, Xochitepec con 46, Puente de Ixtla y Emiliano Zapata con 41 cada uno, Jojutla con 36 y Tepoztlán con 32 casos. Del 10 de Agosto del 2015 al 31 de Julio del 2019, durante el período de la AVGM, hemos documentado un total de 351 feminicidios. De Enero al 31 de Julio del 2019 se han documentado 65 casos, 22 más que los registrados en el 2018 para el mismo periodo, es decir, aumentaron alrededor de un 51%.

 Ante estos crímenes no debemos olvidar que las consecuencias del feminicidio son múltiples y además de privar de la vida a las mujeres, deja secuelas graves en su entorno familiar y en el tejido social. Las mujeres son doblemente victimizadas: son las madres, las hermanas, las hijas, quienes sufren la pérdida y el trauma psicológico y el daño moral que significa el trato que autoridades y algunos medios de comunicación amarillistas dan a los cuerpos de las víctimas, exhibiéndolos y denigrando su dignidad. Las consecuencias sociales son igualmente dañinas, porque van elevando el umbral de violencia permitido y tolerado en el cuerpo ideológico de la sociedad, permitiendo y aceptando el proceso de degradación y crisis de las relaciones en los ámbitos social, familiar y cultural. Es por ello que se hizo y se sigue haciendo un enérgico llamado a todas y cada una de las instituciones para que frenen los asesinatos de cientos de mujeres, pues al no aplicar verdaderas y efectivas políticas públicas para combatir la violencia en contra de la población femenina, y mucho menos hacer efectiva la legislación vigente que previene y sanciona la violencia contra las mujeres, se vuelven directamente responsables.

 Uno de los primeros objetivos de esta Alerta de Violencia de Género (AVG) ha sido que se analice la violencia feminicida y que se preste la atención social y política que se requiere para que las medidas de prevención, atención, sanción, justicia y restitución integral del daño, sean una política pública asumida por el Estado para garantizar que estos derechos de las mujeres estén vigentes en los hechos y no solo en las declaraciones. Es así que el procedimiento de Alerta de Violencia de Género es un buen mecanismo para examinar de cerca al Estado y detectar el procedimiento o la instancia donde se está reproduciendo la violencia feminicida y determinar las medidas a subsanar. Pero es necesario que las Organizaciones Solicitantes del Mecanismo estén incluidas en todo el proceso, con voz y voto. Si no es así, se abre la posibilidad de que el Estado simule los cambios que tiene que realizar.

 Se requiere un mecanismo público, veraz y confiable para recopilar sistemáticamente los datos desglosados sobre las violencias cometidas contra las mujeres (niñas, adultas y adultas mayores), y no uno discrecional al amparo de decisiones gubernamentales o personales incluso, como los existentes hoy en día. Vemos como los recursos públicos para investigar el feminicidio no se usan como debieran y hoy en día existe una opacidad en el manejo de los recursos para ello. Por lo que exigimos una vigilancia minuciosa en la asignación y gasto de los recursos públicos para atender la AVG en el Estado. Así como auditorias en todas las instancias a las que se les asignaron dichos recursos, y si hubiera malos manejos, que se finquen los cargos correspondientes. Transparencia y Cero Impunidad.

 Es necesario que la Fiscalía General de Justicia del Estado subsane la inexistencia de la Unidad de Contexto, ya que es una grave omisión por el hecho de que ya se destinaron recursos económicos para su creación sin resultado alguno, cuando es urgente realizar un análisis especial sobre violencia feminicida en la entidad, para identificar todas las causales y formas en que se presentan los casos, de tal manera que todo el personal de la dependencia cuente con éste diagnóstico al momento de integrar las carpetas de investigación, pues es urgente identificar factores de riesgo, conocer el contexto socio cultural en el que se desarrolla la violencia, así como las diferentes manifestaciones de la violencia en contra del género femenino, pues el feminicidio se debe combatir a fondo atendiendo las condiciones que favorecen su perpetración. Esta Unidad de Contexto deberá analizar especialmente el tema de acceso pleno a la justicia, pues prevalece la impunidad en la mayoría de los casos de feminicidio. La falta de justicia en estos casos no es sólo un asunto que afecte a las mujeres, sino que tiene como consecuencia un gran daño social.

 Se requiere que los despachos o agencias consultoras a las que recurra el Estado para elaboración de Protocolos, Diagnósticos, Capacitaciones, Campañas, etc., obligadamente deben ser elegidas mediante una convocatoria pública y amplia, donde se contraten las mejores trayectorias con trabajo acreditado.

 La profesionalización y especialización en Derechos Humanos y Perspectiva de Género, debe ser obligatoria y permanente para la Secretaria de Salud, Secretaria de Educación, a la Fiscalía General, a la Comisión Estatal de Seguridad Pública, así como al Tribunal Superior de Justicia.

 La Restitución Integral del Daño debe incluir apoyos inmediatos para las familias que han sufrido de violencia de género, especialmente a las de feminicidio, desaparición forzada y trata de personas.

 A las y los servidores públicos que por acción u omisión hagan un mal trabajo que impida a las victimas alcanzar justicia, debe aplicarse penas que contemplen una multa, prisión e inhabilitación para ocupar cargos en la administración pública y de elección popular. Por lo que se requiere modificar el código penal para incluir el Delito de Violencia Institucional donde se señale el no cumplimiento de las medidas de la AVG dentro de dicho delito. La investigación del feminicidio ha sido labor fundamentalmente de las organizaciones de la sociedad civil. Por eso, mientras exista un feminicidio impune, no habrá justificación legal, política y ética por parte de las autoridades para no tomar todas las medidas decretadas en la Alerta de Violencia de Género. El Gobierno Federal, Estatal y Municipal debe dar continuidad en las políticas y acciones de las instituciones para atender la AVG, pues la improvisación y el poco compromiso no permiten combatir este flagelo que priva de la vida a centenares de mujeres y niñas en Morelos.

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Defender a los defensores de la tierra y el territorio en Morelos

Se solicitó al mecanismo nacional de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos que se tomaran medidas para salvaguardar la vida y la seguridad de los integrantes de bienes comunales. Este mecanismo ha otorgado las medidas solicitadas, lo que obliga al gobierno estatal a coordinarse con su homólogo federal con el fin de llevar a la práctica dichas medidas.

La lucha por la tierra y el territorio debe ser respetada y protegida por el Estado y garantizar los derechos humanos de las personas que las defienden.

En Morelos se ha dado una lucha por parte de la comunidad indígena de Santa Catarina para defender el área de reserva ecológica de El Texcal y el Parque Nacional El Tepozteco, por lo que sus autoridades de bienes comunales han sufrido ataques y agresiones que han puesto en riesgo su vida.

Es importante destacar que recientemente la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en México, emitió un diagnóstico sobre éste Mecanismo Nacional de protección a periodista y personas defensoras, donde destaca que: “La actuación libre de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas resulta esencial para la verdadera realización de un Estado democrático de derecho. Su exigencia por la verdad y la justicia puede resultar inconveniente para quienes, a pesar de detentar el poder político o económico, no tienen interés en cambios al status quo. En la medida en que afecten los intereses de estos actores, las personas defensoras y periodistas enfrentan riesgos específicos derivados de sus actividades. La responsabilidad internacional del Estado de proteger a los defensores y las defensoras de las agresiones que puedan sufrir se deriva del deber fundamental de todo Estado de proteger todos los derechos humanos, tal y como está consagrado en el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este deber de protección no se limita a que los Estados se abstengan de vulnerar los derechos humanos de las personas defensoras y periodistas, sino que también incluye el deber de respetar, prevenir y proteger frente a situaciones de riesgo, así como de investigar, juzgar y sancionar a quienes resulten responsables por las agresiones sufridas por las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

En 2012, el Estado mexicano adoptó una Ley que creó el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Mecanismo) “para que el Estado atienda su responsabilidad fundamental de proteger, promover y garantizar los derechos humanos.” Tras los primeros seis años de su operación, las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, la sociedad civil, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y diversos organismos internacionales de derechos humanos coinciden en la necesidad de fortalecer el Mecanismo ante la ausencia de un ambiente propicio y seguro para defender los derechos humanos y ejercer el periodismo en México. La importancia de reforzar el Mecanismo, que al 30 de abril de 2019 protegía a 903 personas, también es objeto de gran interés por parte de la comunidad internacional. De hecho, la protección de la labor de defensa de los derechos humanos fue el tema que generó el mayor número de recomendaciones por parte de los países que analizaron México en el marco del Examen Periódico Universal de noviembre de 2018, con un total de 21 de ellas referidas directamente al Mecanismo

Por todo ello, coincidimos con la ONU-DH en el exhorto de promover un cambio de paradigma hacia un enfoque de prevención combinado con la actuación dirigida a anular las causas del riesgo, que incluya criterios de actuación en los casos de agresiones por parte de servidores públicos y enviar un mensaje de cero tolerancia en relación a estas conductas.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C.

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El Informe a 4 años de AVG en medios

ONG: imparable, ola de feminicidios en Morelos, pese a la alerta de género/ La Jornada El Centro Independiente de Derechos Humanos de Morelos (Cidhm) presentó ayer su más reciente informe sobre la violencia contra las mujeres en esa entidad. Indicó que de 2000 al 31 de julio de 2019 se han presentado en el estado mil casos de feminicidio; Cuernavaca ocupa el primer lugar, con 197.

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INFORME A 4 AÑOS DE LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN MORELOS. AVGM EMERGENCIA NACIONAL

La investigación permite acercarse a los Feminicidios ocurridos en el Estado de Morelos durante los últimos casi 19 años (Del 2000 al 31 de Julio del 2019). El informe se organizó en dos grandes secciones, en la primera se realizó el recuento de los Feminicidios en Morelos y en la segunda, la Revisión del Cumplimiento de las Medidas Decretadas por el Grupo de Trabajo y las decretadas por la Alerta de Violencia de Género (AVG). Finalmente se exponen las Conclusiones, las Recomendaciones y los Anexos.

A cuatro años de haberse decretado la Alerta de Violencia de Género en Morelos, el Gobierno del Estado no entregó su Informe de acciones sobre su cumplimiento.

Esto es sumamente grave y preocupante, toda vez que no se ha eliminado el feminicidio en Morelos.

Esta realidad lastima profundamente los derechos de las mujeres y vulnera su derecho a una vida libre de violencia. Y lamentablemente vemos como a medidas emergentes, las reacciones lentas y discontinuas han sido la respuesta institucional.

De los 8 Municipios con Declaratoria de AVG en Morelos, 7 entregaron informes de cumplimiento a la CIDHM. Y sólo Cuautla no cumplió con dicha medida. Al evaluar las 11 recomendaciones concernientes a Municipios vemos que Xochitepec y Puente de Ixtla presentan el mayor avance. Xochitepec con 3 cumplidas, 5 en proceso de cumplimiento y 3 No cumplidas; y Puente de Ixtla con 2 cumplidas, 4 en proceso de cumplimiento y 5 No cumplidas. En tercer lugar, tenemos a Temixco con 1 cumplida, 5 en proceso de cumplimiento y 5 No cumplidas; seguidos de Jiutepec con 2 en proceso de cumplimiento y 9 No cumplidas; Emiliano Zapata con 1 en proceso de cumplimiento y 10 No cumplidas; finalmente tenemos a Cuernavaca y Yautepec con mayor retraso al tener las 11 medidas No cumplidas.

El Gobierno Federal a través de la Secretaría de Gobernación, de la CONAVIM y del Instituto Nacional de las Mujeres, hasta el momento no ha cumplido a cabalidad sus múltiples tareas y compromisos en el sentido de dar un serio seguimiento al tema de la AVG en Morelos y ante ello podemos advertir un considerable nivel de violencia institucional ante los múltiples y recurrentes actos de omisión y falta de inmediatez del personal de las respectivas autoridades y dependencias gubernamentales en cuanto a la ausencia del cumplimiento total y debido de las distintas recomendaciones y medidas que mandata hoy el decreto de la AVG en Morelos.

El recuento de feminicidios en el Estado de Morelos es de 1000 casos en casi 19 años. En nuestra solicitud de la Alerta de Violencia de Género documentamos 530 casos en 13 años. El Gobierno de Morelos reporta 1455 muertes violentas de mujeres (suicidio, aborto, homicidio culposo, homicidio calificado y feminicidio) del 2000 al 2016.

Hoy constatamos que el nivel de violencia feminicida se mantiene en los más altos niveles.

Los feminicidios del 2000 al 31 de Julio del 2019 se han registrado en 32 de los 33 Municipios que conforman el Estado de Morelos, incluyendo los 8 Municipios donde se decretó la Alerta de Violencia de Género. Los 10 Municipios con mayor número de feminicidios son: Cuernavaca con 197, Jiutepec con 90, Temixco con 74, Yautepec con 59, Cuautla con 58, Xochitepec con 46, Puente de Ixtla y Emiliano Zapata con 41 cada uno, Jojutla con 36 y Tepoztlán con 32 casos.

Del 10 de Agosto del 2015 al 31 de Julio del 2019, durante el período de la AVGM, hemos documentado un total de 351 feminicidios. De Agosto a Diciembre del 2015 se reportaron 27. Durante el 2016 se registraron 97, mientras que en el 2017 ocurrieron 74 feminicidios y para el 2018 fueron 88. Finalmente tenemos que de Enero al 31 de Julio del 2019 se han documentado 65 casos, 22 más que los registrados en el 2018 para el mismo periodo, es decir, aumentaron alrededor de un 51%.

De acuerdo con el seguimiento de prensa realizado del 2000 al 31 de Julio del 2019 por la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C., el Rango de Edad de las mujeres asesinadas fluctuó entre algunas horas de nacida y los 94 años. Se hizo un análisis más fino por rangos de edad de las mujeres asesinadas y se observó que el mayor número (excluyendo la categoría de sin especificar, que fue la más alta por falta de información) se encuentra entre los 21 y 30 años, con 218 casos; seguida de la categoría de entre 31 y 40 años, con 151 feminicidios; y en tercer lugar tenemos el rango de entre 11 y 20 años, con 104 registros.

Ante estos crímenes no debemos olvidar que las consecuencias del feminicidio son múltiples y además de privar de la vida a las mujeres, deja secuelas graves en su entorno familiar y en el tejido social. Las mujeres son doblemente victimizadas: son las madres, las hermanas, las hijas, quienes sufren la pérdida y el trauma psicológico y el daño moral que significa el trato que autoridades y algunos medios de comunicación amarillistas dan a los cuerpos de las víctimas, exhibiéndolos y denigrando su dignidad. Las consecuencias sociales son igualmente dañinas, porque van elevando el umbral de violencia permitido y tolerado en el cuerpo ideológico de la sociedad, permitiendo y aceptando el proceso de degradación y crisis de las relaciones en los ámbitos social, familiar y cultural. Es por ello que se hizo y se sigue haciendo un enérgico llamado a todas y cada una de las instituciones para que frenen los asesinatos de cientos de mujeres, pues al no aplicar verdaderas y efectivas políticas públicas para combatir la violencia en contra de la población femenina, y mucho menos hacer efectiva la legislación vigente que previene y sanciona la violencia contra las mujeres, se vuelven directamente responsables.

CONCLUSIÓN 1. Uno de los primeros objetivos de esta Alerta de Violencia de Género (AVG) ha sido que se analice la violencia feminicida y que se preste la atención social y política que se requiere para que las medidas de prevención, atención, sanción, justicia y restitución integral del daño, sean una política pública asumida por el Estado para garantizar que estos derechos de las mujeres estén vigentes en los hechos y no solo en las declaraciones. Es así que el procedimiento de Alerta de Violencia de Género es un buen mecanismo para examinar de cerca al Estado y detectar el procedimiento o la instancia donde se está reproduciendo la violencia feminicida y determinar las medidas a subsanar. Pero es necesario que las Organizaciones Solicitantes del Mecanismo estén incluidas en todo el proceso, con voz y voto. Si no es así, se abre la posibilidad de que el Estado simule los cambios que tiene que realizar.

CONCLUSIÓN 2. Se requiere un mecanismo público, veraz y confiable para recopilar sistemáticamente los datos desglosados sobre las violencias cometidas contra las mujeres (niñas, adultas y adultas mayores), y no uno discrecional al amparo de decisiones gubernamentales o personales incluso, como los existentes hoy en día.

CONCLUSION 3. Vemos como los recursos públicos para investigar el feminicidio no se usan como debieran y hoy en día existe una opacidad en el manejo de los recursos para ello. Por lo que exigimos una vigilancia minuciosa en la asignación y gasto de los recursos públicos para atender la AVG en el Estado. Así como auditorias en todas las instancias a las que se les asignaron dichos recursos, y si hubiera malos manejos, que se finquen los cargos correspondientes. Transparencia y Cero Impunidad.

CONCLUSIÓN 4. Es necesario que la Fiscalía General de Justicia del Estado subsane la inexistencia de la Unidad de Contexto, ya que es una grave omisión por el hecho de que ya se destinaron recursos económicos para su creación sin resultado alguno, cuando es urgente realizar un análisis especial sobre violencia feminicida en la entidad, para identificar todas las causales y formas en que se presentan los casos, de tal manera que todo el personal de la dependencia cuente con éste diagnóstico al momento de integrar las carpetas de investigación, pues es urgente identificar factores de riesgo, conocer el contexto socio cultural en el que se desarrolla la violencia, así como las diferentes manifestaciones de la violencia en contra del género femenino, pues el feminicidio se debe combatir a fondo atendiendo las condiciones que favorecen su perpetración. Esta Unidad de Contexto deberá 149 analizar especialmente el tema de acceso pleno a la justicia, pues prevalece la impunidad en la mayoría de los casos de feminicidio. La falta de justicia en estos casos no es sólo un asunto que afecte a las mujeres, sino que tiene como consecuencia un gran daño social.

CONCLUSIÓN 5. Se requiere que los despachos o agencias consultoras a las que recurra el Estado para elaboración de Protocolos, Diagnósticos, Capacitaciones, Campañas Etc., obligadamente deben ser elegidas mediante una convocatoria pública y amplia, donde se contraten las mejores trayectorias con trabajo acreditado.

CONCLUSIÓN 6. La profesionalización y especialización en Derechos Humanos y Perspectiva de Género, debe ser obligatoria y permanente para la Secretaria de Salud, Secretaria de Educación, a la Fiscalía General, a la Comisión Estatal de Seguridad Pública, así como al Tribunal Superior de Justicia.

CONCLUSIÓN 7. La Restitución Integral del Daño debe incluir apoyos inmediatos para las familias que han sufrido de violencia de género, especialmente a las de feminicidio, desaparición forzada y trata de personas.

CONCLUSIÓN 8. A las y los servidores públicos que por acción u omisión hagan un mal trabajo que impida a las victimas alcanzar justicia, debe aplicarse penas que contemplen una multa, prisión e inhabilitación para ocupar cargos en la administración pública y de elección popular. Por lo que se requiere modificar el código penal para incluir el Delito de Violencia Institucional donde se señale el no cumplimiento de las medidas de la AVG dentro de dicho delito.

CONCLUSIÓN 9. La investigación del feminicidio ha sido labor fundamentalmente de las organizaciones de la sociedad civil para revisar la información, escuchar las voces de familiares de las víctimas, analizar los contenidos de los medios de comunicación y hacer una amplia revisión hemerográfica, abrir expedientes de casos, y prácticamente obligar a las dependencias a rendir cuentas de la información oficial que se tiene. Pues mientras exista un feminicidio impune no habrá justificación legal, política y ética por parte de las autoridades para no tomar todas las medidas decretadas en la Alerta de Violencia de Género. Es así que hemos expresado en diversos foros la necesidad de que el Gobierno Federal, Estatal y Municipal den continuidad en las políticas y acciones de las instituciones emprendidas con anterioridad para atender la AVG. Pues la rotación y cambios de personal de las áreas de atención estratégicas solo muestran improvisación y el poco compromiso que se debería asumir desde el ámbito gubernamental y el académico para combatir este flagelo que priva de vidas a tantas mujeres y niñas en nuestro Estado.

Y EN ESTE SENTIDO, OBSERVAMOS QUE LAS CONTROVERSIAS POLÍTICAS Y/O PERSONALES DENTRO DEL GOBIERNO MUNICIPAL, ESTATAL Y FEDERAL ÚNICAMENTE CONTRIBUYEN A UNA INACCIÓN DE LAS INSTITUCIONES Y POR ENDE, UNA DESATENCIÓN EN LA OBLIGACIÓN DE GARANTIZAR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES Y EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DECRETADAS POR LA AVG. POR LO QUE HACEMOS UN ENÉRGICO LLAMADO A TODOS LOS PODERES DEL ESTADO Y A TODOS SUS NIVELES DE GOBIERNO PARA QUE CUMPLAN Y HAGAN CUMPLIR LA LEY, PUES EL PUEBLO SE LOS DEMANDA.

Atentamente.

Cuernavaca, Morelos, a 5 de septiembre de 2019.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C.

Pueden consultar el informe completo en

http://cidhmorelos.com.mx/lo-nuevo.html

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