Dolores y sentimientos de víctimas del sismo del 19 de Septiembre en Morelos

Testimonios en  el Informe sobre el SISMO 19S. A UN AÑO DE LA TRAGEDIA. DIAGNÓSTICO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS AFECTADAS EN EL ESTADO DE MORELOS.

Durante la aplicación de la encuesta a 86 víctimas del sismo del 19S en Jojutla, que realizamos la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, se expresaron las voces de dolor que a un año requieren de acompañamiento psicosocial para superarlo. Respetamos los datos personales, mismos que están plenamente identificados en cada registro que realizamos, en éste ejercicio de recuperar los testimonios personales y colectivos de una tragedia que sólo se podrá superar mediante la solidaridad y el pleno respeto a los derechos humanos de quienes sufrieron en carne propia los efectos devastadores del sismo del 19 de septiembre de 2017.

  • “Iba rumbo a Jicarero para una diligencia cuando comenzó a temblar. Regresé a casa como pude, porque todo era caos. Conforme iba avanzando vi la capilla colapsada. En el segundo piso de mi casa teníamos una bandera que miré doblada, después vi que mi casa se colapsó. En ese momento llamó mi hermana de Estados Unidos, le dije que no sabía dónde estaban mi mamá de 62 años y mi niña, Amor Guadalupe de dos años de edad. Por donde pude comencé a buscarlas. Vi que me robaron mi computadora portátil donde tenía fotografías de mi niña, ya no pude continuar con la búsqueda, llegaron rescatistas quienes hicieron un agujero entre los escombros y las encontraron muertas. Me entregaron a mi niña envuelta en una cortina. Me fui al Hospital Meana. Todo el tiempo la tuve en brazos. Nunca vi su cara. Esperé que llegara mi mamá, pero la llevaron al SEMEFO. Después nos fuimos a la funeraria. A un amigo le pedí que me consiguiera ropa para mi niña y para mi mamá. Me dicen los médicos que no sufrieron tanto porque tuvieron fractura cráneo encefálica. Las velé en la funeraria. Llegaron algunos amigos para acompañarme. Sin embargo me sentía muy sola. Mi hermana volvió a llamar por teléfono. Ya sabía lo que me pasaba. Ella no pudo venir a acompañarme porque está ilegal y tiene dos niños, soy madre soltera, avisé al papá de mi niña y llegó con sus padres al día siguiente. El entierro fue con mariachis porque en el camino vi a uno de ellos y le pedí que fueran. El sacerdote celebró la misa en la funeraria, pues las iglesias sufrieron daños.”

“Estaba en la casa con mi nieta y mi esposo, los tres nos colocamos bajo un arco que estaba entre la sala y el comedor, ahí recordé que estaba la estufa prendida y corrí a la cocina para apagarla. En eso me caí y mi esposo fue a levantarme y en ese momento el temblor fue mayor, los tabiques del arco empezaron a volar por todos lados hasta que ese arco se cayó. Y las paredes se empezaron a caer, eso nos salvó de salir con vida, nos protegimos cerca de la cocina y ya como pudimos salimos de entre los escombros hacia el patio. Parecía un bombardeo. La casa quedó toda de lado. Mi nieto estaba en la escuela fui a buscarlo pero cuando salgo a la calle quedé impactada de ver como estaba todo, era un caos, se veía mucho susto en los rostros de las personas y la escuela estaba toda destruida, los profesores estaban tratando de cuidar a los alumnos. Fui a buscar a mi mamá a su casa, esa noche ahí dormimos pero nos llovió. Ya luego un hermano nos prestó su casa.”

  • “Aún tengo mucho dolor. Perdí todo.”

“Solo puedo decir que la primer semana viví a la intemperie ya luego fui a rentar un localito para dormir ahí con mi hijo. Y ahora sigo viviendo en casa de campaña de las donadas.”

  • “Estaba en la casa cuando tembló y vi que se cayó la casa, quede bajo los escombros pero pude salir y ayude a la vecina que se encontraba aplastada por los escombros. A pesar de estar golpeado salí a ayudar a la vecina.”

“Estaba en mi casa pero afuera por el tanque de agua, escuché como un crujido y le grité a mi hijo que estaba adentro. Mi hija estaba en la escuela. Mi casa de adobe toda se cuarteo. Mi sobrino nos dio alojamiento temporal y luego hice un techo donde está la casa de campaña para mayor protección de la lluvia.”

  • “Vi tanta destrucción, mucho dolor por las personas fallecidas, me bloquee. Días después cuando se demolió la casa, mi madre murió de un infarto.”

“Cuando sentimos el temblor salimos para atrás de la casa, al patio y de ahí luego salimos al callejón que es la entrada para las demás casas y fuimos a ayudar a los vecinos para salir de sus casas. Me asome a mi casa que estaba todo en escombro y como pude saque un canasto de ropa, como la puerta quedo atorada con las paredes fue difícil sacar otras cosas, todo quedó aplastado. Nos fuimos con un familiar por aquí cerca. Fue muy triste ver lo que pasó con el esfuerzo de muchos años y que en un abrir y cerrar de ojos no quedara nada. Quedamos sin nada. Recordé todo lo que sufrimos para tener esa casa, era triste ver como acabaría mi vejez.”

  • “Nos quedamos sin nada, sin casa, sin trabajo, sin escuela. Mi esposo trabajaba en una ruta de chofer, ese día tuvo que dejar la combi y el dueño ya se la dio a otro. Yo no tengo dónde ni cómo hacer mis gelatinas. Mi esposo ahora hace trabajos de electricista en casas particulares y de chalán. Esto cambio toda nuestra vida.”

“Cuando tembló estaba con un cliente cortándole el pelo y se salió justo cuando se desplomó la casa y cayó encima de mi esposa y yo quedé bajo los escombros, ella se acercó a una silla antes de que la golpearan los tabicones en la cabeza. Tres personas me ayudaron a sacar de los escombros a mi esposa y se la llevaron en una patrulla al hospital y ya cuando llegó al Hospital Meana ella ya estaba muerta. Se llamaba Gloria Arcos Carpio, de 63 años originaria de Zicatlacotla, Higuerón. A mi esposa le quitaron el anillo de matrimonio y aretes y se los quedaron. Recibí apoyo de mis vecinos y de policías que me auxiliaron.”

  • “Me rescataron de los escombros, me encontraba dentro de la casa en mi cuartito, vi cómo se empezaron a caer los pedazos de loza. Pensé en mi hijo y mi mamá que salió a comprar pollo. Quedé atrapada y para sacarme entre 4 personas tuvieron que romper la ventana, un tabicón me golpeo en la cabeza, salí con tierra en mi boca, no podía ver, quedé como ciega. No lloré luego, sino que luego me deprimí, quedé traumada, con nervios cada que recuerdo, tengo miedo. Mi hijo se había ido a la escuela, me reencontré con mi ex esposo porque vivimos separados, vino y me abrazó para fortalecerme.”

“Estaba afuera de la casa terminando de almorzar el día del temblor. Alcanzamos a movernos cuando cae la casa de al lado de la nuestra, sentí mucha frustración de no poder hacer nada. De ahí camine como pude para ir a buscar a la familia, viendo en el camino como todo se caía empecé a ayudar junto con otras personas para sacar de los escombros a quienes estaban atrapados, aprendí que la organización colectiva es muy importante.”

  • “Estábamos aquí justo preparando la comida para los tacos. Asustadas porque tuvimos fuga de gas, salimos y un vecino vino para cerrar el gas. Todo se destruyó, tardamos un poco pero salimos entre polvo y cosas tiradas, mi mamá se cayó y se lastimó una mano creo que el hueso se salió de su lugar. Sus dientes se le cayeron. Las dos quedamos muy asustadas, nos fuimos a vivir con unos familiares y los alimentos los tomábamos en el albergue que se instaló para toda la gente afectada.”

“Me tocó ese día salir a vender así que fue peor la angustia por saber cómo estaba mi hija y mis nietos, ella estaba en la casa, quedó atrapada pues la puerta se atoró con los escombros caídos, de la casa de al lado. El niño chiquito estaba en el kínder y apenas salía, el otro estaba en la escuela. Yo en la angustia porque no teníamos forma de comunicación hasta que por fin entró la llamada de mi hija y me contó que le ayudaron a salir de los escombros para ir en busca de sus hijos. Así que como no había transporte camine y camine, quería volar. Ya cuando estuve aquí vi que ya no teníamos nada. La crisis era generalizada para donde volteara. Me afectó mucho, me quedé sin casa, sin trabajo, mis nietos sin escuela y mi hija sin trabajo, por lo mismo ella se fue para otro Municipio con familiares que le apoyan y yo fui con un familiar aquí en Jojutla, estamos cada quien por otros lados, ahora yo hago limpiezas en casas dos días a la semana, pues no hay trabajo y mis cosas para vender no las tengo y pues tampoco hay dinero acá para salir y saber que voy a vender. Estoy sola acá y mi hija por otro lado.”

  • “Mi hijo iba camino a la secundaria, el temblor le agarró en la calle. Yo estaba en la puerta viendo que se iba y me tocó ver como caían las casas y él quedo bajo una losa y una mujer que iba al lado suyo ahí quedo aplastada por los escombros. Yo quedé sin moverme pues me cubrieron los escombros y quedé enterrada de los pies y no podía salir de ellos hasta que me ayudaron a salir. Vi cómo se abría la calle y seguían cayendo casas, todo se llenó de polvo. Ahí me toco ayudar a una mujer en su parto. En la zona quedamos sin luz.”

“Estaba en mi trabajo y éste se cayó, me tocó ver como quedaron bajo los escombros dos personas que ahí murieron. Como pude salí a buscar a mis hijos a la escuela, llegamos a la casa y vimos que estaba toda caída, estaba yo muy impactada. Al principio dormíamos a la intemperie cerca de la casa y acudíamos a los albergues. Ya después me tocó casa de campaña.”

  • “Ese día estaba en mi casa porque mi hija me pidió cuidar a mi nieta, pedí apoyo a una compañera que cubriera mi turno, así que estaba con mi nieta y vi cómo se caía una pared y luego la otra y después la casa de al lado se fue hacia abajo, de ahí siguieron las demás paredes, yo solo camine hacia afuera y detrás de mi cayó otra parte de la pared, esa fue la que me dejo muy afectada, con mi cuerpo cubrí a mi nieta, ella salió bien. Yo con múltiples heridas y fracturas. Llego mi esposo y me llevaron al Hospital y de ahí me trasladaron en helicóptero al Hospital Rubén Leñero en la Ciudad de México. Desde ese momento mi esposo estuvo ahí conmigo, acá la casa se quedó sola.”
Anuncios

Deja un comentario

Archivado bajo Uncategorized

INFORME DEL SISMO 19S A UN AÑO DE LA TRAGEDIA.

 

DIAGNÓSTICO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS AFECTADAS EN EL ESTADO DE MORELOS.

 

A un año del 19 de septiembre del 2017, cuando a las 13:14 horas se registró un sismo de magnitud 7.1 grados en la escala de Richter y cuyo epicentro se localizó en el límite de los Estados de Puebla y Morelos, vemos con preocupación que continúan sin resolverse las necesidades apremiantes de miles de personas damnificadas que se quedaron sin vivienda y muchas de ellas sin empleo, con el dolor y la tristeza a cuestas por las muertes y las heridas, pero dando muestras de resistencia, de lucha y solidaridad para enfrentar la tragedia encarar a las autoridades que no han cumplido con los beneficios del Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN) ni con los recursos provenientes de la ayuda internacional. Vivir en casas de campaña alivia la necesidad de quien perdió toda su vivienda, pero cuando pasan los meses y cambia el clima, se presentan enfermedades de todo tipo, incluyendo las psicosociales que merecen una atención integral, ya que además de sanar las heridas físicas se requiere sanar los estados de ánimo para seguir luchando con la fortaleza que se requiere. Ante ésta situación, la Comisión Independiente de los Derechos Humanos de Morelos (CIDHM) llevamos a cabo una investigación en la Colonia Emiliano Zapata del Municipio de Jojutla, Morelos, con el objetivo de contar con un Diagnóstico en Materia de Derechos Humanos sobre la Situación de las Personas Afectadas en el Estado de Morelos después del Sismo del 19 de septiembre, que sirva de base para elaborar Protocolos de Prevención y Atención ante desastres de tal magnitud. Es necesario recuperar las historias del subsuelo. Recuperar palmo a palmo, polvo a polvo lo acumulado, los sentimientos y las vivencias de quienes reconstruyen sus vidas. Ésta es una tarea que implica acompañamiento psicosocial, una buena dosis de paciente impaciencia y esas ganas infinitas de que resurjan las esperanzas de abajo de los escombros.

Esta es una investigación que nos permite Documentar, Atender y Visibilizar las denuncias por violaciones a los Derechos Humanos de las personas damnificadas por el sismo del 19 de septiembre del 2017 en el Municipio de Jojutla, Morelos.

Éste Diagnóstico nos permite caracterizar a las personas damnificadas, su sexo; su edad; dónde vivían; dónde trabajaban y qué actividad desempeñaban, y cuál es su actividad económica en la actualidad; y cuáles fueron las afectaciones materiales y emocionales sufridas. En este informe se presentan algunos hallazgos de la investigación diagnóstica.

En cuanto a las violaciones a los Derechos Humanos y sobre las principales Instituciones señaladas de tales violaciones. En él se reúnen tres procesos: la investigación empírica; el análisis de fuentes oficiales (estatales, nacionales e internacionales), y la revisión de documentos internacionales. Asimismo, articula varias aproximaciones analíticas de género.

El hilo conductor de estos procesos y aproximaciones es la afirmación política, sustentada en este informe, de que en Morelos hay una violación a los Derechos Humanos de las personas Damnificadas. Para mostrar esta situación, el informe se organizó en cinco partes. En la primera, los Derechos Humanos, se destaca el Marco Legal Nacional e Internacional que es Responsabilidad del Estado acatar y cumplimentar. La segunda parte tiene que ver con la descripción de las características de las Personas Damnificadas por el Sismo del 19 de Septiembre del 2017, las afectaciones materiales; las defunciones de familiares; la situación económico-laboral; la atención de salud física y emocional; la asesoría jurídicoadministrativa; si han sido o no beneficiadas por el FONDEN; y las quejas o denuncias que quisieron realizar. En la tercera etapa se describen las Reglas Generales y los Lineamientos de Operación del Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN). En la cuarta sección se exponen las Respuestas Institucionales ante la tragedia vivida después del Sismo. Finalmente se presentan los últimos apartados con las Consideraciones Finales y las Recomendaciones. Cabe destacar que se contempla un Anexo que contiene la Encuesta Aplicada y otro Anexo que presenta los Oficios con las Respuestas Institucionales.

Durante los meses de julio y agosto del 2018, se aplicaron y sistematizaron 86 encuestas para contar con información de primera mano sobre la situación psicosocial (afectaciones materiales; defunciones de familiares; situación económico-laboral; atención de salud física y emocional; asesoría jurídico-administrativa; adecuado funcionamiento del FONDEN; así como las quejas o denuncias que quisieron realizar) de las personas damnificadas.

La mayoría de las personas encuestadas fueron mujeres. Su principal ocupación era el comercio y muchas de ellas perdieron su fuente de trabajo después del sismo, algunas aún están desempleadas. Por otro lado, la principal ocupación de los hombres encuestados está en el campo. Las personas adultas y adultas mayores fueron la mayoría. La pérdida de la vivienda fue la más mencionada, pues la inmensa mayoría sigue viviendo en casas de campaña o con familiares, por lo que las condiciones de vida siguen siendo precarias, sin los servicios públicos necesarios ni con una seguridad adecuada. Mientras que la tragedia más sentida fue la pérdida de 6 vidas. Pese a todo lo acontecido, la mayoría de las personas aún no cuentan con un Plan de Seguridad (ni en la casa, empleo o en espacios públicos). Los protocolos de seguridad oficiales quedan reducidos a anuncios de simulacros conmemorativos, lo que de ninguna manera permite fomentar una cultura de prevención. El daño psicosocial postraumático se observa en la mayoría de las personas que siguen sin superar el tremendo choque emocional que significa la destrucción de sus viviendas y en algunos casos la pérdida de la vida de sus familiares. Al mismo tiempo observamos que la mayoría de las personas no contó con Atención Psicosocial: Médica, PsicoEmocional y Jurídico-Administrativa. Y constatamos la ausencia de programas de atención por parte de instituciones públicas. Observamos que hay omisión de responsabilidad por parte de funcionarios de la Fiscalía General de Justicia ante denuncias presentadas en contra de particulares que defraudaron y no construyeron las viviendas como se habían comprometido. Un dato importante nos señala que la principal ayuda provino de las Brigadas de la Sociedad Civil procedentes de toda la República Mexicana y del Extranjero. Finalmente podemos decir que aunque la mayoría dijo haber sido beneficiada por el FONDEN, también, la mayoría de las quejas fueron para FONDEN, Unidos por Morelos y SEDATU. Por otro lado, cuando realizamos la solicitud de información al FONDEN sobre el censo y las características de las personas damnificadas, así como de la reconstrucción de los espacios públicos, se nos dijo que la información relativa a todo lo concerniente al censo era confidencial. Sin embargo, al utilizar recursos públicos y tratarse de una información de trascendencia social para todo el Estado de Morelos y para el País, ésta información debiera entregarse en aras de la transparencia y del principio de máxima publicidad.

Ante la solicitud de la información para conocer la versión oficial de las acciones gubernamentales emprendidas luego del Sismo del 19 de septiembre del 2017, se giraron oficios al Gobernador del Estado, al Órgano Desconcentrado denominado “Unidos por Morelos” y a la Cruz Roja Mexicana. El Gobierno del Estado y la Cruz Roja Mexicana no respondieron, por lo que se giraron oficios al IMIPE para obtener la información solicitada. Al no transparentar la información sobre las acciones realizadas y los recursos utilizados, generan desconfianza de la ciudadanía y violan principios fundamentales del acceso a la información. Además se abre la posibilidad de que los recursos destinados para atención de ésta catástrofe sean desviados para otro fines. La respuesta de “Unidos por Morelos” llego el 31 de julio del mismo año. Al revisar la página de internet referida, observamos que el “Padrón de Beneficiarios de Unidos por Morelos” refiere que son 15,504 los registros existentes, 612 personas reconocidas en el Municipio de Jojutla, de las cuales 48 fueron beneficiadas por el FONDEN.

Mientras que la información presentada en su Diagnóstico y que aparece en su misma página de internet10 es la siguiente: […] Balance de afectaciones: • 74 fallecidos. • Se brindaron 1,944 atenciones médicas y se realizaron 146 hospitalizaciones. Resultados del censo Fonden • De acuerdo a las reglas del Fonden se identificaron 15,801 viviendas con afectaciones: • 5,370 con daño total o reubicación. • 5,881 con daño parcial. • 4,550 con daños menores. Censo estatal de vivienda • Por su parte el Gobierno del estado contabilizó un total de 23,793 viviendas con daños: • 7,410 con daño total. • 16,386 con daño parcial […] Estos datos no coinciden con los arriba presentados, dejando ver una contradicción en la información presentada entre el Censo y el Diagnóstico. Esto deja en claro que el Estado a través del Órgano Desconcentrado denominado “Unidos por Morelos” desconoce la legislación vigente que le dio origen. Generando una mala atención a las personas damnificadas, violando con ello sus Derechos Humanos.

Ante éste panorama podemos decir que los Derechos Humanos de las Personas Damnificadas por el Sismo del 19 de septiembre el 2017, consagrados en el Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad (http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/)), y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), no han sido garantizados por el Estado Mexicano. La terea de reconstrucción no es fácil, pues no debemos verla únicamente en términos materiales, sino en procesos de vidas que ya no volverán a ser las mismas. Es nuestra responsabilidad como sociedad visibilizar ésta situación y exigir al Estado Mexicano garantizar los Derechos Humanos de todas y cada una de las personas damnificadas.

Recomendaciones.

1.- Atender de inmediato las 116 quejas realizadas por las personas damnificadas del sismo del 19 de septiembre del 2017.

2.- Que la Fiscalía General de Justicia del Estado atienda el caso de particulares que defraudaron a personas damnificadas.

3.-Debe haber una rendición de cuentas del Gobierno Federal y del Estado de Morelos sobre los recursos públicos destinados para la reconstrucción a través del FONDEN y de “Unidos por Morelos”.

4.- Las instituciones privadas, como la Cruz Roja, deben igualmente transparentar el uso de recursos destinados a apoyar a damnificados, aun cuando estos fondos sean provenientes de donaciones particulares.

5.- Que las Instituciones del Gobierno del Estado garanticen la asesoría JurídicoAdministrativa para las personas damnificadas que expresaron no contar con ella hasta el momento, para culminar con éxito el proceso jurídico de reclamo de sus Derechos Humanos ante las instancias correspondientes.

6.- El Estado, a través de sus diferentes Niveles de Gobierno, debe implementar un programa de Atención Psicosocial (Médica y Psico-Emocional) para que se garantice el derecho a la salud de todas las personas damnificadas.

7.- Desarrollar a través de las autoridades de protección Civil del Ayuntamiento y del Gobierno del Estado, un Plan de Seguridad y Prevención, que implique capacitar y difundir los Protocolos ante Riesgos para crear una Cultura de la Prevención.

8.- Para garantizar el derecho al empleo se requiere de un Programa Estatal y Municipal de Empleo temporal con recursos de FONDEN, con especial énfasis para las mujeres, ya que la inmensa mayoría de ellas se dedicaban al comercio y con el sismo se perdieron las condiciones para efectuar ésta actividad económica, lo que redunda en incremento del desempleo, la pobreza y la imposibilidad de contar con recursos propios para el proceso de reconstrucción.

9.- Se deben incorporar diferentes instituciones encargadas de velar por los Derechos de las Personas Afectadas, como la Comisión de Derechos Humanos del Estado y la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C.

Deja un comentario

Archivado bajo Uncategorized

Convocatoria a la marcha del 26 de septiembre 4:30 p.m, del Calvario al zócalo de Cuernavaca.

A 4 años de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa.

                     Solidaridad con el movimiento estudiantil universitario.

                      Solución a damnificados del sismo del 19 de Septiembre.

                     Por las diferentes luchas sindicales y sociales en Morelos.

           En el marco del 50 aniversario del movimiento estudiantil y popular de 1968.

Acción colectiva organizada y consciente para luchar en defensa de la vida y la libertad en los campus universitarios, contra el feminicidio y el porrismo, contra estado policiaco y militarismo, en defensa de la educación pública autónoma, gratuita, laica y para todas y todos, un grito que crece en escuelas, facultades y plazas públicas de Cuernavaca y del país, recuperando formas de organización concejistas y democráticas, con elección de delegaciones y comisiones, como es el acuerdo de estudiantes universitarios en Morelos. Exigimos alto a la violencia contra estudiantes y los feminicidios, seguridad en la UNAM y centros educativos, democracia en universidades, escuela gratuita, rendición de cuentas y permanencia de asambleas. Estos son los ejes de la asamblea estudiantil, lo que muestra una radicalización del movimiento estudiantil, defendiendo la educación pública y la exigencia de que los porros sean castigados, mediante la movilización y la protesta, así como en 1968, hasta construir formas de auto organización como el Consejo Nacional de Huelga, no es solo un paralelismo histórico, sino la necesidad de articular las luchas.

Jornadas de lucha del 19 y 26 de septiembre y 2 de octubre. El Estado mexicano ha agraviado desde hace largo tiempo a nuestro pueblo. En este 2018 conmemoramos tres fechas unidas por el dolor y la lucha por la justicia. Este 19 de septiembre se cumplirá 1 año de que miles de personas damnificadas viven en las calles. Porque un sismo dañó las viviendas pero, sobre todo, porque durante este tiempo el Estado se ha negado a asumir su responsabilidad en la reconstrucción, usando la tragedia para lucrar y para asegurar grandes negocios al capital inmobiliario. También, se cumplirán 4 años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, tiempo en que la Procuraduría General de la República se ha dedicado a justificar una versión ridícula y perversa de los hechos —ya desmontada por científicos expertos internacionales— para hacernos olvidar que fue el Ejército quien tuvo bajo su custodia a los estudiantes. Además, el 2 de octubre se cumplirán 50 años del genocidio perpetrado por el Estado en la Plaza de las Tres Culturas contra las y los estudiantes. Un crimen de lesa humanidad cuyo proceso jurídico admitió solo un muerto —un militar— negando toda posibilidad de justicia y que, por si fuera poco, puso en libertad al ex presidente Luis Echeverría, responsable del ataque.

Apoyamos a las víctimas y los agraviados de estas tres fechas para movilizarnos
conjuntamente en una gran jornada de lucha 19 de septiembre – 26 de septiembre – 2 de
octubre.  Porque nuestra exigencia de justicia sigue en pie, no permitiremos que la ignominia de estos tres momentos sea olvidada y nuestras luchas sean invisibilizadas. Tampoco olvidaremos las deudas históricas como el Jueves de Corpus, Acteal, Aguas Blancas, El Charco, la guardería ABC, Atenco, Villas de Salvárcar, San Fernando y muchos otros episodios de agravio incesante en que nos han quedado a deber la justicia.
Por todo ello, hacemos un llamado a todas las organizaciones fraternas, a los colectivos en
lucha, a las y los individuos que se organizan y a la sociedad civil en general a que nos
acompañen a coordinar esfuerzos para que éstas jornadas de lucha sean amplias y unitarias.
¡19-S Fue el Estado: quien nos tiene viviendo en la calle a un año del sismo!
¡26-S Fue el Estado: quien participó con el Ejército en la desaparición de los 43!
¡2-O Fue el Estado: quien nos masacró en Tlatelolco!

Invitamos a participar en la marcha del 26 de septiembre a las 4:30 p.m, del Calvario al zócalo de Cuernavaca.

Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de las y los Trabajadores y las Garantías Constitucionales.

Deja un comentario

Archivado bajo Derecho a la educación, desaparecidos, jovenes

Proteger a personas defensoras y periodistas es un derecho y una obligación del Estado.

 

La defensa de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas ante riesgos es una obligación por parte de las autoridades del Estado. Por ello es necesario contar con instrumentos legales que obliguen al Estado a actuar en la protección de la labor que se realiza en ambos sectores. Ante las amenazas, campañas de desprestigio, agresiones físicas, detenciones arbitrarias, desapariciones y asesinatos, entre otras de las muchas agresiones que diariamente enfrentan personas defensoras de derechos humanos y periodistas, también se requieren mecanismos de protección civil y capacitación en materia de seguridad para reducir los riesgos mediante protocolos de seguridad teniendo en cuenta la exposición física, psicosocial y política de los riesgos en cada uno de éstos niveles.

México sigue siendo el país más peligroso para ejercer el periodismo y la defensa de los derechos humanos en América Latina y los niveles de violencia a los que se enfrentan quienes buscan informar son solo comparables con aquellos países en situación de guerra declarada, como Siria. Así, en 2017 documentamos 507 agresiones contra periodistas y 12 asesinatos. A lo largo del sexenio de Enrique Peña Nieto se han registrado 1,986 agresiones, como documentó Artículo 19. La CNDH a su vez ha señalado que: Entre el año 2000 y el 31 de marzo de 2018 se han registrado 133 periodistas asesinados, 14 de ellos mujeres. Las agresiones a Periodistas deben ser investigadas con perspectiva de Género para garantizar el acceso a la justicia. Actualmente más de 700 periodistas y defensores de Derechos Humanos quedarán inermes ante la insolvencia económica en que quedará el programa de protección donde se encuentran. La amenaza de retirar medidas a las actuales personas beneficiarias de medidas de protección, constituye una forma de vulneración directa a su integridad y seguridad personales por parte del Gobierno federal. La situación del Mecanismo, da cuenta del desdén (9) hacia la protección, respeto, garantía y promoción de los derechos humanos que caracteriza a la presente administración, y en particular, la poca importancia que se ha brindado a las poblaciones en riesgo. Asimismo, coloca a México como uno de los países más peligrosos para ejercer la defensa y promoción de los derechos humanos y el periodismo y demuestra su falta de compromiso por implementar una política pública integral sobre el derecho a defender los derechos humanos, incluyendo un enfoque más preventivo y estructural (10).

En el informe de Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos (ACUDDHE)  constata que la estrategia de represión política, con el uso de todas las  modalidades,  está  dirigida  con  mayor  insistencia  en  contra  de  quienes  denuncian  que  las  reformas  estructurales  neoliberales  violan  legalmente  los  derechos humanos de grandes capas de la población: el primer lugar lo ocupan, con 224 actos de Violaciones a Derechos Humanos, quienes denuncian la reforma educativa de corte neoliberal aprobada en este sexenio; en segundo lugar, con 219 actos de VDH, están aquellos que ejerciendo el derecho humanos a la protesta son reprimidos; el tercer lugar, con 74 actos de VDH, corresponde a los  defensores  que  de  manera  general  defienden  la  tierra  y  el  territorio,  indígenas  y  no  indígenas,  e  incluso  comunidades  urbanas  que  resisten  a  las  políticas  extractivistas  o  privatizadoras del territorio; siguen los ambientalistas, con 72 actos de VDH; en el séptimo lugar, con 38 actos de VDH, agrupamos a las organizaciones sociales nacionales o grandes a  nivel  territorial  que  defienden  una  variedad  grande  de  derechos  humanos  y  que  son  reprimidos no necesariamente por la defensa exclusiva de algún derecho humano, sino por la  labor  que  realizan  en  general  por  una  vida  digna,  como  sinónimo  de  los  derechos  humanos.

Tanto periodistas como personas defensoras de derechos humanos corren riesgos que deben ser atendidos por autoridades para proteger sus derechos y la sociedad responder solidariamente con quienes sufren ésta clase de agresiones.

En Morelos se ha publicado recientemente la Ley de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, que reconoce los principios del ejercicio de la promoción y defensa de los derechos humanos y del periodismo como actividades de interés público, teniendo como función el Estado, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos vinculados a ello. Así mismo, establece la necesidad de generar condiciones de vida digna para continuar ejerciendo su labor, a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas que se encuentren fuera de su lugar de origen a consecuencia de la violencia de la que fueron o podrían ser potenciales víctimas. El ordenamiento indica que se deben implementar y operar Medidas de Prevención, Medidas Preventivas y Medidas Urgentes de Protección, que garanticen la vida, integridad, libertad y la seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa y promoción de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo, con la finalidad de garantizar las condiciones para continuar ejerciéndola, salvaguardar los mismos derechos y bienes de los familiares o personas vinculadas a los periodistas y/o defensores de derechos humanos.

De igual manera indica que se deben establecer las obligaciones y responsabilidades de los entes públicos del Estado, en cuanto a la implementación y operación de las Medidas Preventivas, Medidas de Protección y Medidas Urgentes de Protección en el ámbito de su competencia, las cuales deberán desarrollarse con la debida diligencia y perspectiva de género, garantizando una acción libre de discriminación y violencia, en el marco del respeto de los Derechos Humanos.

Esta ley es aplicable a periodistas, cuyo trabajo consiste en recabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información, a través de cualquier medio de difusión y comunicación que puede ser impreso, radioléctrico, digital o imagen, así como a personas defensoras de derechos humanos que actúen individual o grupalmente como organización o movimiento social cuya finalidad sea la promoción o defensa de los derechos humanos estatal, nacional o internacionalmente.

Al incorporar el principio pro persona, como criterio de aplicación de la norma más avanzada del derecho en beneficio de quien sufre una violación a sus derechos humanos acorde con los tratados internacionales en la materia, obliga a las autoridades a proteger los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, por lo que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, quedando prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

A diferencia del decreto que instituyó el mecanismo, en ésta ley se incorporan elementos para brindar una protección integral que parta de un análisis de las agresiones y amenazas, el grado de riesgo y las medidas de atención psicosocial que tome en cuenta factores que permitan restablecer el equilibrio emocional de las personas que han sido sometidas a éste tipo de agresiones.

Este instrumento legal fue aprobado por la LIII Legislatura. En el caso de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, presentamos una propuesta de Protocolo de Protección a Periodistas al mecanismo local que surgió como decreto del gobierno de Marco Adame y se ratificó por el gobierno de Graco en acuerdo con el Foro de Periodistas. Luego de una serie de reuniones donde se discutió y analizó la propuesta de Protocolo, se incorporaron aportaciones que sentaron las bases para que el Congreso del Estado elaborara una iniciativa de ley que presentaron el conjunto de fracciones parlamentarias y que finalmente fue aprobada. Será la LIV Legislatura actual la que deberá precisar los alcances en la aplicación de ésta ley, ya que por primera vez incorpora a personas defensoras y no sólo a periodistas, acorde con la legislación nacional e internacional.

En nuestro país la ley se aprobó el 24 de abril de 2012 en la Cámara de Senadores y el 30 de abril en la Cámara de Diputados y se publicó el 23 de junio de 2012. De ahí se creó el mecanismo para la protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que atendió a un total de 353 solicitudes del 2012 al 2015 y en el año 2018 atiende a más de 700 en todo el país. Ante éste mecanismo legal, desde la sociedad civil se han creado diversas instancias, como el Espacio OSC para la protección de Personas Defensoras y Periodistas, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos y se cuenta con respaldo de Brigadas Internacionales de Paz, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y otras instancias.

Actualmente en Morelos no existe en funcionamiento el Mecanismo de Protección a Periodistas. Será tarea del gobierno entrante la aplicación de ésta ley y la puesta en marcha del mecanismo de protección para periodistas y personas defensoras de derechos humanos, como una obligación del Estado y un derecho que se tiene a llevar a cabo las actividades en defensa de la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos que se tiene sin por ello sufrir amenazas y agresiones que pongan en riesgo la vida y la integridad de quienes llevamos a cabo éstas actividades en Morelos.

Atentamente

Cuernavaca, Morelos, septiembre de 2018.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C.

Deja un comentario

Archivado bajo defensoras, periodistas

A 3 años de la AVG en Morelos.

Al cumplirse tres años de la Alerta de Violencia de Género en Morelos éste 10 de agosto de 2018, es necesario realizar un balance de su significado a la luz de su principal objetivo de atender, prevenir, investigar, sancionar y erradicar el feminicidio, así como las aportaciones en la lucha por la defensa jurídica y en el ámbito de las políticas públicas en materia de Derechos de las Mujeres, establecer los límites y contradicciones que se han expresado en el nivel de las Instituciones del Estado, sin dejar de lado lo que ha significado para que diversos sectores de la sociedad tomen conciencia de las causas estructurales que llevan a estos graves niveles de violencia feminicida, fuertemente anclada en una sociedad capitalista donde predomina la dominación patriarcal, machista, misógina y discriminatoria.

Ningún esfuerzo es menor cuando se trata de garantizar el acceso de las mujeres a una Vida Libre de Violencia. Muy lejos de quienes pretenden minimizar o descalificar la AVG como un mecanismo inútil, consideramos que éste ha sido una aportación desde el Movimiento Feminista y de Defensa de los Derechos Humanos que se inscribe en la lucha progresiva e integral de éstos derechos. Por ello es que revisamos puntualmente todas y cada una de las acciones y medidas decretadas y las contrastamos con los datos de la realidad, para tener un diagnóstico preciso sobre lo que se ha hecho y lo que falta por hacer para garantizar que no haya un solo feminicidio impune. Sin una crítica fundada y motivada no hay posibilidad de ir a las causas de las violencias, por lo que se requiere el compromiso y la dedicación de todos los sectores de la sociedad, para que se logre erradicar la simulación, las omisiones y complicidades que perpetúan la violencia institucional y la impunidad generalizada que es precisamente lo que impide que se detenga el feminicidio y se ponga un alto, como lo ha expresado el grito de indignación de una sociedad que clama fuertemente por un ya basta, ni un feminicidio más.

No permitir que sigan ocurriendo muertes violentas es parte de la lucha por construir una sociedad distinta, donde no se normalice el horror y el dolor de ver y sentir como se utilizan los peores métodos para cortar de tajo vidas de mujeres que aún tienen un mundo por vivir. Estar en alerta permanente puede llevar a normalizar lo que debería ser una situación extraordinaria o inusual.

Por eso consideramos que si no se toman medidas a la altura de la situación de gravedad, en lugar de disminuir los hechos violentos tenderán a incrementarse. Hemos constatado que los niveles de información y respuesta organizada de la sociedad, acompañando a familiares de víctimas, fortaleciendo la solidaridad y la exigencia de justicia, son más fuertes hoy que hace años, previamente al establecimiento de la Alerta de Violencia de Género, por lo que podemos asegurar que en Morelos se ha pasado de la indiferencia y la negación a tomar conciencia de que es grave el feminicidio y que es obligación del Estado tomar medidas para erradicarlo y que la responsabilidad de la sociedad es actuar organizadamente para denunciar la violencia contra las mujeres. Actualmente estamos en un período de transición política en el Gobierno del Estado y en los 8 Municipios que en Morelos tienen AVG. Por ello, nos hemos dirigido a las y los representantes del Nuevo Gobierno que entrará en funciones para que se tomen las medidas adecuadas para que el feminicidio y la AVG estén dentro de sus prioridades en la agenda de entrega y recepción de un Gobierno a otro. Que no haya pretexto de desconocimiento alguno para asumir desde el primer día las tareas y actividades que les corresponde, pues se requiere un cambio profundo en las políticas públicas que garanticen los Derechos Humanos de todas las Mujeres.

La investigación para éste informe permite acercarse a los Feminicidios ocurridos en el Estado de Morelos durante los últimos 17 años (Del 2000 al 31 de Julio del 2018). El informe se organizó en tres grandes secciones, en la primera se realizó el recuento de los Feminicidios en Morelos, en la segunda el Informe Sombra para la CEDAW y en la tercera se presenta una Propuesta para la Construcción de un Protocolo de Entrega Recepción para la AVG. Finalmente se exponen las Conclusiones, las Recomendaciones y se agrega un Anexo con las Infografías de la AVG.

FEMINICIDIOS EN EL ESTADO DE MORELOS

2000 – 31 JULIO 2018 TOTAL= 890

Del año 2000 al 2005 documentamos 122 feminicidios en Morelos. En el año 2000 los diarios locales se reportaron 21, en el 2001 sumaron 28, en el 2002 reportan 18 casos, en el 2003 fueron 10 casos, en el 2004 sumaron 15, y del 2005 fueron 30 casos, con lo que se documentó la cifra más alta de estos primeros años. Para el año 2006 se contabilizaron 37 feminicidios; en el 2007 el número de casos aumento a 54; en el 2008 la cifra quedo en 36; durante el 2009 se documentaron 37; el 2010 reportó 47; mientras que en el 2011 la cifra aumento a 70 y en el 2012 creció aún más para quedar en 92. En el 2013 se contabilizaron 70. Durante el 2014 fueron 54 los feminicidios y en el 2015 concluimos con 57. El 2016 se contabilizaron 97 y el 2017 fueron 74 los feminicidios registrados. Durante el 2018 se han contabilizado 43. Dando un total de 890 feminicidios del 2000 al 31 de Julio del 2018. Cabe destacar que el 2016 sigue siendo el año más violento para las mujeres con 97 feminicidios.

FEMINICIDIOS DURANTE LA AVGM Total= 241

Del 10 de Agosto del 2015 al 31 de Julio del 2018, hemos documentado un total de 241 feminicidios. De Agosto a Diciembre del 2015 se reportaron 27. Durante el 2016 se registraron 97, mientras que en el 2017 ocurrieron 74 feminicidios. Finalmente tenemos que de Enero al 31 de Julio del 2018 se han documentado 43 casos.

Los feminicidios del 2000 al 31 de Julio del 2018 se han registrado en 32 de los 33 Municipios que conforman el Estado de Morelos, incluyendo los 8 Municipios donde se decretó la Alerta de Violencia de Género. Los 10 Municipios con mayor número de feminicidios son: Cuernavaca con 176, Jiutepec con 86, Temixco con 65, Cuautla con 53, Yautepec con 48, Xochitepec con 39, Puente de Ixtla con 34, Emiliano Zapata con 33, y Jojutla y Tepoztlán con 31 casos cada uno.

Durante la AVGM los 8 Municipios con mayor número de feminicidios son: Cuernavaca con 55, Temixco con 24, Jiutepec con 21, Cuautla y Yautepec con 13 cada uno, Jojutla con 10, y Tlaltizapan y Ayala con 10 cada uno.

PROPUESTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PROTOCOLO

DE ENTREGA -RECEPCIÓN PARA LA AVG

Ante el panorama anteriormente descrito, es importante comprender que si no hay continuidad en las políticas y acciones de las Instituciones encargadas de atender la Alerta de Violencia de Género en Morelos, más lejos quedan los objetivos trazados. La rotación y cambios de personal de las áreas de atención estratégicas, sin notificación alguna a las Organizaciones Peticionarias de la AVG, sólo muestran improvisación y el poco compromiso que se debería asumir desde el ámbito Federal, el Estatal y el Municipal para combatir éste flagelo que priva de la vida a tantas mujeres y niñas.

La CIDHM hemos documentado a lo largo de 36 meses como se dificulta la interlocución con las y los funcionarios y responsables de rendir informes sobre el Cumplimiento de la AVG en Morelos, máxime en tiempos electorales, por lo que proponemos la creación de un Protocolo de EntregaRecepción de la Información derivada de la Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género en el Estado de Morelos para que en los cambios de poderes y administraciones de la Federación, el Estado y los Municipios, se garantice la continuidad en las acciones, planes y programas emprendidos a partir de la AVG.

Es importante señalar que la AVG continúa vigente en Morelos hasta cumplir al 100% todas y cada una de las recomendaciones emitidas por el Decreto de creación de la AVG el 10 de agosto de 2015.

Atentamente.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C.

Deja un comentario

Archivado bajo Uncategorized

La transición gubernamental y la Alerta de Violencia de Género contra el feminicidio.

Organizaciones defensoras de derechos humanos y feministas solicitantes de las Alertas de Violencia de Género en diversos estados de la república mexicana, estamos solicitando a los gobiernos, saliente de Peña Nieto y entrante de López Obrador, que prioricen en sus agendas de entrega recepción los casos de feminicidio y las medidas decretadas para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.

Por tal motivo, hemos dirigido oficios a ambos mandatarios, en funciones y virtualmente electo, para que reciban en sus oficinas a integrantes de organizaciones el próximo lunes 6 de agosto, para hacer entrega de documentos e informes sobre éste grave flagelo que priva de la vida a miles de mujeres y lastima severamente al conjunto de la sociedad.

Nos dirigimos al actual mandatario del país porque tiene que asumir su responsabilidad hasta el último día de su mandato y al Presidente virtualmente electo para el período 2018-2024 en nuestro país, para solicitarle una reunión de trabajo en donde podamos hacer de su conocimiento  y de su equipo de gobierno nuestros planteamientos y propuestas sobre la entrega recepción de gobierno sobre los temas vinculados a los derechos de las mujeres y la violencia feminicida que se padecen ante omisiones, simulación, negligencia o irresponsabilidad en la aplicación de las medidas decretadas por la CONAVIM.

El año pasado 2,212 mujeres privadas de la vida de forma violenta y de estos casos 1,831 se consideran feminicidios; los otros 381, asesinatos violentos. Si cada día mueren violentamente 7 mujeres, víctimas de la violencia feminicida, es fundamental tomar todas las medidas extraordinarias como las establecidas en los decretos de Alerta de Violencia de Género, para atender, sancionar y erradicar el feminicidio en nuestro país.

En el recuento histórico en Morelos del año 2000 al 2018 fueron 861 casos de feminicidio, la inmensa mayoría impunes, a pesar de que existe la Alerta de Violencia de Género en 8 municipios de Morelos.

El procedimiento de Alerta de Género es un buen mecanismo para examinar de cerca al estado y detectar el procedimiento o la instancia donde se está reproduciendo la violencia feminicida, y determinar las medidas a subsanar.  Sin embargo, es necesario que las organizaciones solicitantes del mecanismo, estén incluidas en todo el proceso, con voz y voto.

En el municipio de Torreón hay varios feminicidas libres, por un mal trabajo al integrar las carpetas de investigación.  Aborto, por esta causal, Coahuila es el segundo lugar en embarazo de niñas y adolescentes. La fiscalía especializada en el delito de desaparición de personas no tiene los recursos para investigar las desapariciones, a pesar de que este delito tiene más prevalencia que el feminicidio en este municipio.

En el estado de Michoacán se decretó la AVGM en el 2016 en 14 municipios siendo el mayor número de ellos a nivel nacional; a la fecha han asesinado 400 mujeres, un promedio de 13 mujeres por mes, ni la CONAVIM, INMUJERES y Gobierno del estado han destinado recurso alguno para hacer efectiva la prevención, atención, sanción y erradicación de la misma.

Consideramos que el próximo gobierno debe atender de manera integral la defensa de los derechos de las mujeres y ponga un alto a los feminicidios que de manera creciente se han presentado en nuestro país, ante los altos niveles de impunidad y falta de medidas para atender, sancionar y erradicar la violencia feminicida.

Por lo anterior, solicitamos al Presidente Virtualmente Electo, Andrés Manuel López Obrador, que se incluya en su agenda de trabajo una reunión para el día 6 de agosto de 2018, en donde podamos expresarle directamente nuestras propuestas y entregar materiales y documentos sobre feminicidio y la situación de las medidas de la Alerta de Violencia de Género.

Atentamente.

Juliana G. Quintanilla, Coordinadora General de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C.

Verónica Cruz Sánchez, Directora del Centro Las Libres de Información en Salud Sexual Región Centro AC peticionaria de la AVGM en el estado de Guanajuato, Zacatecas y Coahuila,

 

Lucero Circe López Riofrio, Directora de Humanas sin Violencia, A.C. solicitante de la AVGM Michoacán

 

Red de Mujeres de la Laguna, Torreón Coahuila. Solicitantes de la AVGM Torreón

 

Merixtell Calderón, Directora de la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos AC, y solicitante de la AVG en el estado de Baja California.

Deja un comentario

Archivado bajo derechos de las mujeres, Feminicidio, Feminismo, violencia contra mujeres

Mujeres defensoras de derechos humanos

En el Informe Anual de Brigadas Internacionales de Paz (PBI por sus siglas en inglés) 2017, se destaca que: “El acompañamiento de PBI en 2017 benefició a al menos 48 organizaciones de la sociedad civil y a 542 personas defensoras, de las cuales más del 60% son mujeres. El trabajo de estas personas beneficia al menos a 75,000 personas y promueve los derechos humanos en todo el país.”

En éste informe existe un apartado sobre mujeres defensoras de derechos humanos que nos interesa destacar, ya que en Morelos existe una Alerta de Violencia de Género que debe mantenerse en los 8 municipios aún cuando la administración estatal esté ya por concluir su mandato gubernamental y entren nuevos gobiernos en pocos meses más. Como hemos documentado desde la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, los niveles de riesgo para las defensoras crece en todo el país, de acuerdo a los informes que hemos publicado en “Defensoras Somos Todas, en dos tomos. Hoy saludamos el informe de PBI y compartimos los datos que están disponibles en su sitio web en el siguiente enlace

https://pbi-mexico.org/es/themes/mujeres-defensoras-de-derechos-humanos

Según el Informe 2016/2017 de Amnistía Internacional, la violencia contra mujeres y niñas en México sigue siendo “endémica”. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México muestran que más del 62% de las mujeres mexicanas sufren violencia durante sus vidas. Ante la gravedad de la violencia contra mujeres, Alertas de Género han sido activadas en 13 estados mexicanos, cubriendo más de 110 municipios.

El caso más extremo de violencia contra mujeres es el feminicidio. En México, el caso conocido como Campo Algodonero ganó notoriedad por la sentencia del 2009 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenando al Estado mexicano por fallar en investigar los asesinatos de varias mujeres en Ciudad Juárez. Con casi 10 mil asesinatos de mujeres entre 2012 y 2016, México ha sido clasificado como uno de los 25 países más peligrosos del mundo para las mujeres.

Aunque el feminicidio haya sido tipificado en México a nivel federal y en todas las entidades federativas del país, salvo Chihuahua y Nayarit, organizaciones de la sociedad civil así como instancias internacionales han identificado graves fallos en el manejo de los casos de feminicidio en diferentes estados. Entre las más graves están la falta de consideración de aspectos importantes como la relación entre la víctima y el victimario, antecedentes de violencia, amenazas o el trato del cuerpo de la víctima como elementos a ser tomados en cuenta.

Eso contribuye a que menos de un quinto de los asesinatos de mujeres sean investigados como feminicidios y la impunidad puede llegar hasta los 95%. Entre 2011 y 2015, hubo apenas 169 sentencias de feminicidio en nueve estados del país – en los otros 23 no hubo ninguna. Familias de mujeres asesinadas a menudo experimentan revictimización, criminalización y falta de perspectiva de género en sus búsquedas por justicia.

Ante este contexto, las mujeres defensoras de derechos humanos en México enfrentan un doble riesgo al realizar su trabajo: por defender los derechos humanos y por ser mujeres. A los altos niveles de violencia, que inhiben su participación en la vida pública, se suman estereotipos y normas culturales que cuestionan la actuación política y social de las mujeres.

El acoso y la difamación pública contra mujeres defensoras suelen ser el inicio de una serie de violencias psicológicas, físicas y sexuales. Además, varias mujeres defensoras han recibido amenazas contra sus hijos e hijas, lo que demuestra la dimensión de género del hostigamiento que sufren.

De fines de 2012 a mitad de 2017, se registraron 280 agresiones contra mujeres defensoras, 15 ejecuciones extrajudiciales y al menos cuatro víctimas de desaparición forzada. De 1.037 personas defensoras afectadas por violaciones en este periodo, el 27% fueron mujeres. La detención arbitraria y el hostigamiento fueron las violaciones más comunes, seguidas de amenazas de muerte y actos de vigilancia.

Mujeres que defienden el derecho de sus comunidades a sus tierras, territorios y un medio ambiente sano han denunciado sufrir estigmatización, obstáculos para su participación en procesos de toma de decisiones y marginación dentro de sus propios movimientos y comunidades. Un informe de la AWID ha identificado una tendencia general de represión y violencia de género contra defensoras ambientales perpetradas por empresas, autoridades gubernamentales, servicios de seguridad privados y también por parte de integrantes de sus propias familias, comunidades y movimientos sociales.

Defensoras en México han desempeñado un papel fundamental en la promoción de la justicia social, la paz y los derechos de las mujeres, de las comunidades indígenas, de la población LGBTI, de las víctimas de tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, de las y los migrantes. Por ello, su potencial de promover cambios sociales positivos merece todo el apoyo que la comunidad internacional les pueda brindar.

Marco Legal: En el 2015, un amparo histórico de la Suprema Corte de Justicia por el asesinato de Mariana Lima estableció que la muerte violenta de una mujer debe ser investigada con perspectiva de género para determinar si fue o no un feminicidio. Además, México tiene obligaciones internacionales en la materia, siendo parte de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará) y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW).

Deja un comentario

Archivado bajo defensoras