Alto a las agresiones contra personas defensoras del medio ambiente en Tepoztlán.

La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos denuncia la escalada de agresiones contra pobladores de Tepoztlán que defienden el medio ambiente ante el ecocidio que se ha realizado por las empresas contratistas  de la SCT que llevan a cabo la ampliación de la autopista La Pera a Cuautla.

El día 21 de junio fueron agredidos por golpeadores al servicio de las empresas constructoras, una mujer, su esposo e hijo, integrantes de una familia que tiene su domicilio en la colonia Navidad, en el municipio de Tepoztlán y que se encuentra a la orilla de la autopista. la denuncia ante este organismo defensor de derechos humanos mediante testimonios orales y videograbados del momento de la agresión señala los siguientes. Hechos que ocurrieron cuando la familia se percató que una cuadrilla de trabajadores estaba talando árboles en terrenos comunales donde no se ha dado autorización por parte de la comunidad y se encuentra en litigio mediante varios recursos de amparo que están por resolverse en las instancias legales correspondientes.

Los trabajadores de la Empresa Angular, licitada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la ampliación de la autopista La Pera a Cuautla, cortó varios árboles aledaños al domicilio de la familia, por lo que solicitaron hablar con el responsable de dichas acciones, a quien se le solicitó exhibir los permisos correspondientes, ya que adujeron recibir órdenes de talar los árboles, por lo que la familia se opuso a la tala de los mismos y fue entonces cuando recibieron agresiones a golpes y a una de ellas la atacaron con un bote metálico de gas irritante en la cara y los sometieron a los tres por la fuerza entre varios golpeadores para continuar talando los árboles.

Derivado de éstas agresiones, las tres personas integrantes de la familia interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia con sede en Tepoztlán, quedando asentada con el número TZ01/158/2017 y procedieron a iniciar  una queja por violación a sus derechos humanos ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos  con fecha 21 de junio de 2017.

Por nuestra parte, estaremos pendientes del seguimiento de las acciones que la Fiscalía General de Justicia de Morelos lleve a cabo para garantizar los derechos de ésta familia, para que se integre de manera inmediata la Carpeta de Investigación por parte de la Fiscalía y se sancione a quienes llevan a cabo agresiones de ésta naturaleza y no prevalezca la impunidad, así como de la integración y seguimiento de la queja por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos.

Consideramos que es fundamental que se evite el uso de grupos de golpeadores al servicio de las empresas contratistas, para garantizar el derecho a la protesta, la seguridad e integridad personal y el derecho a la consulta a la comunidad de Tepoztlán ante un megaproyecto de ésta naturaleza.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C.

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Dio inicio la Campaña Defensoras Somos Todas

La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C. (CIDHM), dio inicia a la “Campaña: Defensoras somos Todas, Historias de vida”, en el Auditorio Digna Ochoa de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). Al inicio de la campaña se realizó la presentación de 6 vídeos, de 2 minutos y medio, hasta 5 minutos y medio de 6 defensoras de derechos humanos de diferentes regiones del país, además se incluyen fotografías y banners. las defensoras Emma Villalba De la Cruz, de Servicio Paz y Justicia de Tabasco, Griselda Patraca Taboada despedida de Confitalia-Rivetex de Cuernavaca, Juliana G. Quintanilla, Coordinadora General de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, Concepción Ávila Carrillo del Comité Eureka, Teresa Ulloa de la Coalición contra el Narcotráfico y la Violencia contra las Mujeres de América Latina, se dio inicio a la presentación de los objetivos de la campaña por parte de Paloma Estrada Muñoz, coordinadora de investigaciones de la CIDHM y las palabras de bienvenida a cargo de la Relatora para Defensoras y Defensores de la CDHDF, Claudia Ordoñez.

 Ésta es una campaña que llevaremos a cabo para visibilizar la labor de las Defensoras de Derechos Humanos, los riesgos, amenazas y violencias que enfrentan en el desarrollo de sus actividades.

El objetivo es difundir la labor de las Defensoras de Derechos Humanos en México, qué es lo que defienden y cómo lo hacen, como ejemplo de principios fundamentales (Solidaridad, Respeto, Libertad, Justicia, Equidad, Honestidad, entre otros) que se tienen que difundir en México ante la grave crisis de Derechos Humanos. Así como hacer un llamado a la sociedad para apoyar el trabajo de las Defensoras. Y promover la Solidaridad entre organizacionesLa campaña está centrada en las historias de vida de las Defensoras.

Para lograr este objetivo contamos con la participación de Sara Lovera López, como “Embajadora de Buena Voluntad” de esta campaña, reconocida periodista feminista y directora de la agencia de noticias SEM, quien asumió el compromiso para difundir la situación que viven las defensoras en nuestro país y la importancia de hacerlas visibles para su protección, a través de los medios públicos a su alcance.

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Invitación a la Presentación de la Campaña Defensoras somos todas.

Invitación a la presentación de la “Campaña: Defensoras somos Todas”.

Ésta es una campaña que llevaremos a cabo para visibilizar la labor de las Defensoras de Derechos Humanos y los riesgos, amenazas y violencias que enfrentan en el desarrollo de sus actividades. 

El objetivo es difundir la labor de las Defensoras de Derechos Humanos en México, qué es lo que defienden y cómo lo hacen, como ejemplo de principios fundamentales (Solidaridad, Respeto, Libertad, Justicia, Equidad, Honestidad, entre otros) que se tienen que difundir en México ante la grave crisis de Derechos Humanos. Así como hacer un llamado a la sociedad para apoyar el trabajo de las Defensoras. Y promover la Solidaridad entre organizaciones. La campaña está centrada en las historias de vida de las Defensoras.

Contaremos con la participación de Elena Poniatowska y Sara Lovera como Embajadoras de Buena Voluntad de ésta campaña, que también será acompañada por la Cátedra UNESCO de la UNAM.

Se realizará en la Sala 1 del Auditorio Digna Ochoa de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). Ubicada en la Avenida Universidad 1449, Colonia Pueblo Axotla, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México. Cerca del Metro Viveros.

Día: 20 de Junio, a las 5 de la tarde. Se recomienda legar con 15 minutos de anticipación. 

Sin más por el momento quedamos a sus órdenes a través del correo electrónico cidhmorelos@gmail.com, del teléfono 017773185568 (lunes a viernes de 11:00 am- 5:00 pm) o por éste mismo medio.

Atentamente,

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

Juliana G. Quintanilla, Coordinadora General

Paloma Estrada Muñoz, Coordinadora de Investigación

José Martínez Cruz, Coordinador de Comunicación

Marco Aurelio Palma Apodaca, Coordinador Jurídico

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Ante el ecocidio en Tepoztlán, es necesario respetar el derecho a un medio ambiente sano como derecho humano 

A través de un comunicado enviado a la Presidencia de la República, a la SCJN, al Gobierno del Estado de Morelos y al gobierno municipal de Tepoztlán, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos denunció que ante el ecocidio ocurrido en territorio del área de reserva ecológica protegida por dos decretos, uno federal y otro estatal, emitidos en 1937 y 1989, es necesario respetar plenamente el derecho al medio ambiente sano como un derecho humano.

Ante la destrucción de cerca de 2800 árboles de diversas especies en el tramo de la autopista que atraviesa el territorio de Tepoztlán a la altura del poblado de Santiago Tepetlapa, llevado a cabo por la SCT para la ampliación a 4 carriles de la autopista La Pera-Cuautla, la CIDHM considera que se realizó sin respetar las mínimas normas ambientales ni se consultó a la población de manera previa y documentada, como lo establece la normatividad, con transparencia y publicidad, misma que se requiere para someter a consideración de la población afectada por la ampliación de la autopista que se está ejecutando por el Gobierno Estatal y Federal en el área de reserva ecológica antes mencionada.

Presentamos documentación que indica que una fracción significativa del Parque Nacional El Tepozteco, incluyendo miles de valiosos árboles, así como la rica biodiversidad asociada a éstos, fue arrasada en Tepoztlán por una empresa contratista que trabaja para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el proyecto de ampliación de la autopista Siglo XXI, en el trayecto que cruza por el Parque Nacional El Tepozteco.

En el amplio documento que fundamenta el derecho a un medio ambiente sano como un derecho humano en las normas internacionales vigentes en México, como la Declaración de Estocolmo, la Declaración de Río, la  Convención sobre el Patrimonio Mundial, el Convenio sobre la Diversidad Biológica (PNUMA), el Artículo 4º. de la Constitución y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Comisión Independiente de Derechos Humanos considera importante adoptar todas las medidas necesarias para aplicar de manera efectiva la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales (Núm. 169) de la OIT.

Exigimos asimismo a las autoridades federales y estatales cumplir con la obligación de consultar a los pueblos indígenas y obtener su consentimiento libre, previo e informado antes de emprender acciones y proyectos que puedan afectar a sus derechos.

En el marco del ejercicio de la diligencia debida, mejorar la vigilancia e incluir el respeto de los derechos de los pueblos indígenas en las evaluaciones ordinarias de los proyectos. Velar por que la información obtenida mediante la vigilancia y la presentación de informes sea transparente y accesible.

Destacamos que el binomio naturaleza-humanidad es indivisible, ya que negarlo significa pensar que no existe posibilidad de congeniar la vida humana con la naturaleza, denuncia que ante éste grave ecocidio en el territorio de Tepoztlán, ubicado en zona protegida del Estado de Morelos,  se requiere que todas las autoridades respeten de manera íntegra los Derechos Humanos a disfrutar de un ambiente sano y equilibrado, por lo que se debe respetar el derecho a la consulta libre, informada y con veracidad de toda la población afectada.

 También llamamos a que se revise el proyecto de comunicación y transporte en Tepoztlán, para reducir el impacto ambiental y solucionar el problema de movilidad humana. Sin duda el transporte es una necesidad, pero la búsqueda de soluciones sustentables que no destrocen el ambiente, que no violen los derechos de las comunidades y que no enfrenten a la sociedad, es una obligación de las autoridades respectivas.

 Finalmente señalamos que el Estado mexicano debe garantizar la protección ambiental y los Derechos Humanos, establecidas en nuestra Constitución, por lo que tanto el Gobierno Federal como el Estatal, deben respetar la normatividad  establecida en el Decreto presidencial de 1937 que crea el Parque Nacional El Tepozteco, así como el de 1989 que crea el Corredor Biológico de Flora y fauna del Ajusco al Chichinautzin.

 Atentamente

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C.

 

(Anexamos el documento integro para su consulta)

 A la Presidencia de la República

A la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Al Gobierno del Estado de Morelos.

Al Gobierno Municipal de Tepoztlán

  La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C., con domicilio en Privada de las Flores 16, colonia san Antón, Cuernavaca, CP 62020, con teléfono 52-01-777-3185568 y correo electrónico cidhmorelos@gmail.com,  hemos recibido solicitud de intervención por parte de una comisión de habitantes de Tepoztlán con fecha de 22 de mayo de 2017 firmada por Javier Riera Mora, Karina Vara Rodríguez y Paula Ayala Ferrara, documentando violaciones graves a los Derechos Humanos, a los derechos colectivos de la comunidad indígena y habitantes del territorio del Municipio de Tepoztlán, por el ecocidio cometido en el área natural protegida por decretos presidenciales, el corredor biológico de flora y fauna Ajusco-Chichinautzin y Parque Nacional El Tepozteco, ocurrido durante los días del 15 al 20 de mayo de 2017, señalando la responsabilidad de las autoridades, por acción o por omisión de las atribuciones y facultades en materia de protección al ambiente, que poseen las autoridades, de acuerdo a los siguientes

 HECHOS.

La destrucción de cerca de 2800 árboles de diversas especies en el tramo de la autopista que atraviesa el territorio de Tepoztlán a la altura del poblado de Santiago Tepetlapa, llevado a cabo por la SCT para la ampliación a 4 carriles de la autopista La Pera-Cuautla, se realizó sin respetar las mínimas normas ambientales ni se consultó a la población de manera previa y documentada, como lo establece la normatividad, con transparencia y publicidad, misma que se requiere para someter a consideración de la población afectada por la ampliación de la autopista que se está ejecutando por el Gobierno Estatal y Federal en el área de reserva ecológica antes mencionada.

Una fracción significativa del Parque Nacional El Tepozteco, incluyendo miles de valiosos árboles, así como la rica biodiversidad asociada a éstos, fue arrasada en Tepoztlán el pasado fin de semana por una empresa contratista que trabaja para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el proyecto de ampliación de la autopista Siglo XXI, en el trayecto que cruza por el Parque Nacional El Tepozteco.

El territorio pertenece al núcleo agrario de Tepoztlán, considerado como comunidad indígena, y éste no ha otorgado un consentimiento o permiso a las autoridades para construir en su territorio. La SCT argumenta que los trabajos se realizan en terrenos federales que fueron expropiados al pueblo hace décadas, pero los pobladores consideran que ese proceso fue un despojo y que el territorio es parte de las tierras comunales de Tepoztlán.

Las autoridades municipales a través de sesión de cabildo pública, acordaron interponer una demanda de hechos ante la Procuraduría Especializada en Delitos Ambientales, sobre tierras del Parque Nacional El Tepozteco y el Corredor Biológico Ajusco-Chichinautzin que son Áreas Naturales Protegidas donde, por decreto, se prohíbe la construcción de este tipo de infraestructura.

CONSIDERACIONES: 

El Tepoztlán existe un territorio indígena que forma parte de un área protegida por Decreto Presidencial que a la letra dice:

[…] 22-01-1937 DECRETO QUE DECLARA PARQUE NACIONAL “EL TEPOZTECO”, LOS TERRENOS QUE RODEAN AL PUEBLO DE TEPOZTLÁN, MORELOS Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República. LAZARO CARDENAS, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed: Que en uso de las facultades que me otorgan los artículos 22 y 41 de la Ley Forestal, de 5 de abril de 1926, y atendiendo a lo dispuesto por los artículos 39, 47 y 48 del Reglamento de dicha Ley, y CONSIDERANDO, que la Sierra de Tepoztlán, en el Estado de Morelos, constituye una región de excepcional belleza, que por su propia conformación dio origen al precioso valle donde tiene su asiento el pueblo de Tepoztlán, lugar de gran interés no sólo por los panoramas que allí se dominan, así como desde las partes más elevadas de dicha serranía, sino también por haber constituido en la antigüedad, la sede de una de las civilizaciones más asombrosas de su tiempo, que las leyendas atribuyen a la sabiduría de Tepoztecatl u Ometochtli, personaje fabuloso que dio a los tepoztecos la primacía sobre grandes señoríos y llevó la fama de su pueblo hasta las regiones apartadas de Chiapas y Guatemala, y los llevó a la realización de obras asombrosas, entre las que aún se conserva la pirámide de Tepoztlán, situada en la cumbre más elevada del cerro del Tepozteco; CONSIDERANDO, que las regiones de mayor interés en la historia antigua de nuestro pueblo merecen una atención especial, conservando sus bellezas naturales, para lo cual deben protegerse los bosques fomentando el desarrollo de la vegetación arbórea en los lugares deforestados, para constituir así un centro de atracción donde el turista encuentre un amplio campo de estudio y de observación en la historia de nuestro pueblo antiguo, de la que nuestra civilización actual no desconoce sus méritos y ha logrado conservar sus joyas arqueológicas de mayor interés; CONSIDERANDO, que aparte de la conservación de las bellezas naturales, es necesario dar una atención especial a la protección de los terrenos que por la acción de los agentes naturales han quedado expuestos a la degradación de sus suelos con peligro de la buena calidad de las tierras de las llanuras situadas en las partes bajas, y cuya acción pone en peligro también el régimen hidráulico de las corrientes de agua, todo lo cual adquiere una importancia especial en la región de Tepoztlán; he tenido a bien expedir el siguiente DECRETO: ARTICULO PRIMERO.- Se declara Parque Nacional, con el nombre de “El Tepozteco” los terrenos que rodean al pueblo de Tepoztlán, Estado de Morelos, destinándolos a la conservación perpetua de la fauna y flora silvestres, así como para la protección de las joyas arqueológicas de la comarca. ARTICULO SEGUNDO.- El Parque Nacional a que se refiere el artículo anterior, comprenderá los terrenos situados dentro de los límites siguientes: Partiendo de la cumbre del cerro de Chichinautzin, hacia el Este, hasta llegar a la cumbre del cerro de Chihuacuilot o Zoanquillo; de este lugar, hacia el Sur, hasta la cumbre del cerro de La Mina, de donde con dirección general al Suroeste, se tocan los puntos conocidos con los nombres de cerro del Ahorcado, Ojuelos, cerro de Los Gañanes, cerro Barrica de Plata y Mojonera de Acolapa; de ese lugar, con dirección al Noroeste y pasando por la mojonera de Los Balderas, se llega al cerro de La Herradura, de cuyo lugar, en dirección al Noreste se toca la mojonera de La Paz y Metusco, terminando los linderos en la cumbre del cerro de Chichinautzin, que se tomó como punto de partida. ARTICULO TERCERO.- El Departamento Forestal y de Caza y Pesca tendrá a su cuidado la administración del Parque y la conservación de los terrenos forestales comprendidos en el mismo, ya sean de particulares, comunales o ejidales, proporcionando las facilidades de explotación dentro de las normas que garanticen la perpetua conservación de su vegetación forestal y la restauración artificial en casos necesarios, manteniendo la actual belleza de los paisajes y proporcionando a los vecinos de los poblados las ventajas y compensaciones consiguientes al desarrollo del turismo; con esos fines, el mismo Departamento Forestal y de Caza y Pesca, con la cooperación de las autoridades municipales de Tepoztlán y representantes de las comunidades indígenas de la región, constituirá el Comité de Mejoras del Parque Nacional a que se refiere el presente Decreto. TRANSITORIO: ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor tres días después de su publicación en el “Diario Oficial” de la Federación. En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, promulgo el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los trece días del mes de enero de mil novecientos treinta y siete.- L. Cárdenas.- Rúbrica.- El Jefe del Departamento Forestal y de Caza y Pesca, Miguel A. de Quevedo.- Rúbrica.- Al C. Lic. Silvestre Guerrero, Secretario de Gobernación.- Presente. […] (*)

De igual manera existe el “DECRETO por el que se declara el área de protección de la Flora y Fauna silvestres, ubicada en los municipios de Huitzilac, Cuernavaca, Tepoztlán, Jiutepec, Tlalnepantla, Yautepec, Tlayacapan y Totolapan, Morelos.” (**)

[…] ARTICULO PRIMERO.- Por causa de orden e interés públicos, se declara el área de protección de la flora y fauna de 37,302-40-62.5 hectáreas, (TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DOS HECTAREAS, CUARENTA AREAS, SESENTA Y DOS PUNTO CINCO CENTIAREAS), ubicadas en los Municipios de Huitzilac, Cuernavaca, Tepoztlán, Jiutepec, Tlalnepantla, Yautepec, Tlayacapan y Totolapan, en el Estado de Morelos, cuya descripción topográfica-analítica se especifica en el penúltimo considerando de este mandamiento. […]

Ahí se establece: Que los propósitos principales del “Corredor Biológico” y de las áreas de protección de la Flora y la Fauna son la preservación de la diversidad genética de las especies florísticas y faunísticas, repoblación, propagación, aclimatación, refugio e investigación de las especies mencionadas, así como las relativas a educación y difusión en la materia. Asimismo podrá autorizarse el aprovechamiento de los recursos naturales a las comunidades que ahí habiten en el momento de la expedición de la declaratoria de protección del área, aprovechamiento que deberá sujetarse a las normas técnicas ecológicas y usos del suelo que al efecto se establezcan en el Programa de Manejo del Área, conforme a la presente Declaratoria o las resoluciones que la modificaren.

“Que es necesario prohibir cualquier actividad que interfiera con la preservación de las especies de flora y fauna o con los procesos naturales del área considerada.”

Esta normatividad debe ser respetada y valorada.

El papel que juegan los pueblos indígenas en la preservación de algunos de los últimos grandes espacios territoriales que guardan lo más importante de nuestra naturaleza, ha sido valorada en el 71° Período de Sesiones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en donde la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas presentó un informe titulado: “Conservación y derechos de los pueblos indígenas. Informe a la Asamblea General ONU, 2016” (1)

La investigación realizada por la Filipina Victoria Tauli-Corpuz, resalta algunos datos sobre el papel de los pueblos indígenas, ya que son ellos y sus territorios los depositarios de 80% de la diversidad biológica mundial. Sin embargo, su principal llamado de atención es sobre políticas de conservación que convierten a sus territorios en posesión del Estado y luego de terceros, quitando a estos pueblos sus derechos de autogobierno y uso sostenido de su patrimonio ancestral.

En éste sentido, subraya posiciones de conservación como las que nacen a partir del Plan de Acción de Durban (2) que indica que todas las zonas protegidas, presentes y futuras, se gestionarán y establecerán respetando plenamente los derechos de los pueblos indígenas, y la Visión de Sídney (3), en que se prometió que se trataría de rectificar y remediar las injusticias pasadas y presentes en cumplimiento de los acuerdos internacionales, para hacer efectivo el paradigma de la conservación basado en los derechos humanos.

Se hace mención especial a la expropiación de tierras, el desplazamiento forzoso, la negación del autogobierno, la falta de acceso a medios de subsistencia y la pérdida de la cultura y de lugares de significación espiritual, la falta de reconocimiento de sus propias autoridades y la negación del acceso a la reparación en justicia, incluidas la restitución y la indemnización.

La Relatora nos da a entender la importancia del diálogo y la relación entre los derechos de los pueblos indígenas, la conservación y las políticas de inversión responsable. Al respecto se indica como una visión que no respeta los derechos humanos, ha terminado afectando la conservación de nuestra biodiversidad y los derechos fundamentales de los pueblos indígenas del mundo.

FUNDAMENTOS:

EL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO COMO DERECHO HUMANO

Normas Internacionales

La Conferencia de Estocolmo se considera un punto de partida importante en el desarrollo del derecho ambiental en el ámbito mundial y nacional. El Principio 1 de la Declaración de Estocolmo estableció una relación entre la protección ambiental y las normas de derechos humanos, al afirmar:

El hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, igualdad y condiciones adecuadas de vida, en un ambiente con una calidad que le permita vivir con dignidad y bienestar; y, tiene la responsabilidad de mejorar y proteger el medio ambiente para las presentes y futuras generaciones.

La Declaración de Rio en su principio 1 afirma que:

Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida sana y productiva en armonía con la naturaleza.

Los años transcurridos desde la Conferencia de Río se han caracterizado por la globalización. Pese a que el crecimiento económico –fortalecido por la globalización- ha permitido a algunos países reducir la proporción de personas que viven en la pobreza, para otros, la pobreza y la marginalización en realidad han aumentado. Demasiados países han sufrido un empeoramiento de sus condiciones económicas y un deterioro de los servicios públicos. También ha aumentado la desigualdad en los ingresos dentro de los países y entre ellos, y ha crecido el desempleo. Durante el mismo periodo, como se advirtiera en el Panorama Ambiental del Mundo PNUMA, el estado del medio ambiente en el mundo se ha seguido deteriorando. Las emisiones toxicas y los gases se efecto invernadero están aumentando, el índice de deforestación no se ha reducido y continua la pérdida de diversidad biológica.

En el mismo sentido señalamos que:

– La Convención sobre el Patrimonio Mundial, tiene como fin crear una lista de sitios naturales y culturales cuyo valor irremplazable debe preservarse para las futuras generaciones y asegurar la protección de esos sitios mediante la cooperación internacional.

– El Convenio sobre la Diversidad Biologica (PNUMA) cuyos objetivos son la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. Obliga a las partes a elaborar estrategias, planes y programas nacionales para conservar la diversidad biológica y a integrar la conservación de la diversidad biológica en la planificación económica nacional. También obliga a las partes a adoptar medidas especificas, incluyendo la creación de un sistema de áreas protegidas, el establecimiento de mecanismos para manejar organismos modificados y prevenir o controlar las especies exóticas. Reconoce la importancia de los sistemas de vida tradicionales de las comunidades indígenas y sus conocimientos sobre la conservación de la diversidad biológica.

 Leyes y Constitución Federal

Muchas leyes así como nuestra Carta Magna reconocen el derecho a un medio ambiente sano, derivado de las obligaciones de los estados de adoptar los principios reflejados en las declaraciones de Estocolmo y de Rio. En ese sentido nuestra Constitución Federal estipula lo siguiente:

Articulo 4.- (…)

Párrafo Cuarto

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

Y de la misma forma en nuestro país se ha reconocido el derecho a un medio ambiente sano en su legislación. El primer objetivo de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente enmendada en 2013, es el siguiente: “Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar”. Así mismo en su contenido general reitera este derecho y ordena a las autoridades competentes adoptar medidas para garantizar su ejercicio.

Indivisibilidad e interdependencia

El deterioro del medio ambiente afecta el derecho a la salud, al trabajo, y a la educación, entre otros derechos. Existen pruebas suficientes de los problemas de salud provocados por la contaminación del aire y del agua a causa de los efluentes de fábricas cercanas (o distantes). Se ha demostrado que la intoxicación por el plomo, la nafta y otras fuentes – afecta la capacidad de aprendizaje de las y los niños. Sobran ejemplos.

Así mismo, la degradación ambiental causada por actividades económicas suele estar relacionada con violaciones de los derechos civiles y políticos, incluyendo la falta de acceso público a la información, la falta de participación ciudadana, de libertad de palabra y asociación. Es indudable que tengan un cierto imparto sobre las comunidades, las y los que cuestionan los efectos negativos son acosados o reprimidos por las autoridades de los proyectos o del gobierno. El Informe Brundtland al que se hace referencia hizo recomendación a los gobiernos reconocer:

El derecho de toda persona a conocer y tener acceso a la información vigente sobre el estado del medio ambiente y los recursos naturales, el derecho de ser consultado y a participar en la toma de decisiones sobre actividades que probablemente tengan un efecto significativo sobre el medio ambiente, y el derecho a interponer recursos u obtener reparación jurídica para toda persona cuya salud o medio ambiente haya sido o pueda ser seriamente afectado.

Asimismo, en diversos contextos se ha establecido una conexión entre la degradación ambiental y cuestiones de identidad étnica, lo cual demuestra que existe una relación estrecha y completa entre las cuestiones de igualdad y no discriminación y las de derechos ambientales.

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Consideramos importante adoptar todas las medidas necesarias para aplicar de manera efectiva la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales (Núm. 169) de la OIT.

Cumplir con la obligación de consultar a los pueblos indígenas y obtener su consentimiento libre, previo e informado antes de emprender acciones y proyectos que puedan afectar a sus derechos.

En el marco del ejercicio de la diligencia debida, mejorar la vigilancia e incluir el respeto de los derechos de los pueblos indígenas en las evaluaciones ordinarias de los proyectos. Velar por que la información obtenida mediante la vigilancia y la presentación de informes sea transparente y accesible.

El binomio naturaleza-humanidad es indivisible, negarlo significa pensar que no existe posibilidad de congeniar la vida humana con la naturaleza.

Ante éste grave ecocidio en el territorio de Tepoztlán, ubicado en zona protegida del Estado de Morelos,  se requiere que todas las autoridades respeten de manera íntegra los Derechos Humanos a disfrutar de un ambiente sano y equilibrado, por lo que se debe respetar el derecho a la consulta libre, informada y con veracidad de toda la población afectada.

Se requiere que se revise el proyecto de comunicación y transporte en Tepoztlán, para reducir el impacto ambiental y solucionar el problema de movilidad humana. Sin duda el transporte es una necesidad, pero la búsqueda de soluciones sustentables que no destrocen el ambiente, que no violen los derechos de las comunidades y que no enfrenten a la sociedad, es una obligación de las autoridades respectivas.

El Gobierno Federal y Estatal debe respetar la normatividad  establecida en el Decreto presidencial de 1937 que crea el Parque Nacional El Tepozteco, así como el de 1989 que crea el Corredor Biológico de Flora y fauna del Ajusco al Chichinautzin.

Finalmente señalamos que el Estado mexicano debe garantizar la protección ambiental y los Derechos Humanos, establecidas en nuestra Constitución.

 Atentamente.

Cuernavaca, Morelos, 8 de junio de 2017.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C.

 Notas

(*) http://www.conanp.gob.mx/sig/decretos/parques/Tepozteco.pdf

(**) http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4793772&fecha=30/11/1988

Leer el informe completo en: http://unsr.vtaulicorpuz.org/site/index.php/es/documentos/informes-anuales/149-report-ga-2016

http://www.un.org/es/durbanreview2009/ddpa.shtml

Congreso Mundial de Parques 2014 de la UICN:

http://worldparkscongress.org/about/promise_of_sydney_vision_es.html

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Mantenemos nuestro irrenunciable derecho a defender los Derechos Humanos de Periodistas y de personas Defensoras de Derechos Humanos.

Ante la grave escalada de violencia en contra de periodistas se requieren medidas extraordinarias para garantizar la vida, la integridad, la dignidad y el desempeño de las labores de defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información.

Durante casi tres décadas la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C., ha documentado, denunciado y exigido que se respeten los derechos de todas y todos los periodistas que sufren amenazas, agresiones, atentados y cualquier tipo o modalidad de violencia.

Hace casi cuatro años fue publicada la Ley para la protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y periodistas (26 de junio de 2012) y 5 meses después el Mecanismo de Protección empezó a funcionar (12 de noviembre de 2012). Desafortunadamente muy pronto afloraron las deficiencias en su trabajo por casos no sometidos a evaluación de riesgo, medidas no efectivas, falta de recursos, descoordinación interinstitucional además de inadecuada capacitación a funcionarios.

En Morelos no existe una Ley para la protección de Periodistas y de personas Defensoras de Derechos Humanos. Existe un mecanismo de protección a periodistas, derivado de un Decreto emitido por el gobierno del entonces Gobernador Marco Adame Castillo, en 2012, y ratificado por el gobierno del actual Gobernador Graco Ramírez Abreu. El 26 de septiembre de 2012  se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Morelos “Tierra y Libertad”, la creación del Mecanismo de Protección para los Periodistas del Estado de Morelos, como parte de las acciones comprometidas en el  Convenio de Coordinación Interinstitucional para la implementación de acciones de prevención y protección para periodistas en el Estado de Morelos que celebraron el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, así como el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística y el Foro de periodistas del Estado de Morelos.

En ese mismo año, 2012, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C., se integró al Mecanismo como parte del Comité y a la fecha ha realizado las funciones que se han acordado dentro de dicho órgano.

Nuestras opiniones y acciones en éste Mecanismo han sido dadas a conocer públicamente a través de diversos informes, en el marco del compromiso y responsabilidad que atañe a nuestra organización de manera autónoma.

Durante éstos 5 años de existencia del Mecanismo, nuestra participación en todas las reuniones, actividades, tareas, responsabilidades y compromisos, lo hemos realizado de manera enteramente gratuita, sin recibir remuneración alguna por nuestro tiempo y servicios prestados, mucho menos hemos solicitado ni llegado a convenio económico alguno con autoridades que tienen la obligación constitucional de garantizar los derechos de las y los periodistas para lo que fue creado éste Mecanismo.

A raíz de un análisis crítico de las deficiencias, omisiones, errores y limitaciones con que opera éste mecanismo, hemos trabajado y elaborado una propuesta de reglamentación de su operatividad, que se desprende de nuestros informes públicos sobre las violencias y riesgos que sufren las defensoras y que hemos dado a conocer en sendos informes “Defensoras Somos Todas” y “Defensoras Somos Todas 2” que dimos a conocer en los años 2015 y 2016. Es de ésta experiencia que hicimos la propuesta de “Protocolo Interno de Operación del Mecanismo de Protección para Periodistas del Estado de Morelos”, para integrar los “Principios de Camden” sobre Libertad de expresión e igualdad, que implican acciones claras para la erradicación de la discriminación y acciones precisas que afirmen positivamente los derechos y garantías de los sujetos que se encuentran o han estado en situaciones de discriminación y/o vulnerabilidad.

A nivel Nacional y en Morelos se ha expresado la necesidad de comprender que la violencia generalizada, en éste caso a profesionales del periodismo, tiene un impacto desproporcionado y a veces causado directamente por la condición de género de sus integrantes.

Estos planteamientos los hemos presentado en reuniones de periodistas y lo entregamos a través de oficio de fecha 6 de abril de 2016 al Mecanismo para su análisis, discusión y aprobación en su caso, por lo que se han llevado a cabo una serie de reuniones con la participación de las instituciones iniciales y otras que se han incorporado, como la Secretaría de Salud, para abordar la perspectiva de Atención Psicosocial y precisar los alcances del Protocolo para su eficacia.

En relación al funcionamiento del mecanismo es necesario tomar en consideración los siguientes antecedentes: El 19 enero de 2016, a raíz de la decisión de la representación del Foro de Periodistas de levantarse de la mesa, planteando una serie de condiciones para reintegrarse al Mecanismo, acompañamos y nos sumamos a su decisión y a sus denuncias en sendas conferencias de prensa realizadas en Cuernavaca y la Ciudad de México. Sin embargo, ante nuevos casos de agresión a periodistas, como la ocurrida a Estrella Pedroza el 8 de junio de 2016, integrantes de la representación del Foro como Estrella Pedroza y varios periodistas más como Oswald Alonso entre otros, decidieron reunirse en el mes de junio con el Secretario de Gobierno y titular del Mecanismo, Matías Quiróz y con el Comisionado de Seguridad Pública, Alberto Capella, para abordarlos personalmente y obtener una disculpa pública por las agresiones sufridas.

No obstante, durante prácticamente todo 2016 la representación del Foro de Periodistas no asistió formalmente a las sesiones del Mecanismo hasta la Reunión de la 28ª Sesión Ordinaria del Comité de Protección para Periodistas, con fecha de 5 de octubre de 2016, en el Salón Matamoros de Casa Morelos, cuando verbalmente presentaron su renuncia 3 de 4 integrantes (Jesús Castillo, Claudia Marino y Estrella Pedroza), uno había renunciado antes (Máximo Cerdio) y uno señaló que no renunciaría (Tony Rivera).

Nuestra organización llevó a cabo entrevistas con la representación del Foro en el despacho de Jesús Castillo y solicitó reunión con el pleno del Foro de periodistas durante todo 2016, y el 19 de mayo del 2017,  volvimos a solicitar por escrito una reunión, una vez que recibimos una petición firmada por 18 periodistas solicitando nuestra salida del Mecanismo. Hasta el momento no tenemos respuesta formal sobre nuestra petición de reunión con el Foro de Periodistas para discutir, analizar y valorar las diferentes estrategias y posturas al respecto de la participación en el Mecanismo de Protección a Periodistas. Por tal motivo, mantenemos nuestra solicitud, ahora pública, de reunión con el Foro de Periodistas.

A la vez, hemos leído el comunicado público donde el Foro de Periodistas decidió integrar una nueva representación ante el Mecanismo de Protección, con 5 titulares y 5 suplentes, y que solicitan reunirse con el Gobernador del Estado.

Ante ésta situación, y derivado de nuestro análisis de la gravedad de la situación nacional donde han sido privados de la vida 6 periodistas en 2017 y 36 durante lo que va del sexenio de Peña Nieto, así como la existencia de cuando menos 26 activaciones de solicitudes de protección para periodistas en Morelos que están en el Mecanismo, más los casos de amenazas que no han sido denunciados, consideramos que hoy más que nunca es urgente y necesario exigir que se tomen todas las medidas de protección.

Finalmente, señalamos que mantenemos nuestro irrenunciable derecho a defender los Derechos Humanos de Periodistas y de personas Defensoras de Derechos Humanos, asimismo, valoramos que no existen las condiciones para seguir participando en el Mecanismo de Protección hasta en tanto no haya una participación real, efectiva, responsable y congruente de la representación de las y los integrantes del Foro de Periodistas, por lo que hacemos pública nuestra salida del Mecanismo hasta que se den todas las condiciones de funcionamiento como lo planteamos en nuestra propuesta de Protocolo.

Atentamente.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C.

 

 

 

 

 

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CIDH Morelos | Informe Sombra AVG Morelos

En éste Informe Sombra destacamos lo siguiente:

La investigación permite acercarse a los Feminicidios y a la Desaparición Forzada de las Mujeres, el contexto institucional en el que ocurren y las características del proceso legal.

Para mostrar esta situación, el informe se organizó en cuatro grandes secciones, la primera se refiere a la “Violencia Institucional”.

En la segunda sección se presenta un “Análisis del cumplimiento de la AVG por dependencia y las solicitudes de información a través del IMIPE”.

La tercera sección se denominó “Feminicidios”, y se dividió en 3 partes, en la primera se señala el “Número de Feminicidios” en la Entidad; en la segunda se presenta las “Edades de las mujeres asesinadas”; la tercera se refiere a la “Geografía de los Feminicidios”.

En la cuarta sección se exponen la información sobre la “Desaparición Forzada  de Mujeres en el Estado”.

Finalmente se exponen las Conclusiones y se emiten algunas Recomendaciones.

http://redtdt.org.mx/?p=8586

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VIOLENCIA INSTITUCIONAL: ENTRE LA DILACIÓN, LA OMISIÓN Y LA IGNORANCIA. INFORME SOMBRA.

ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN MORELOS. VIOLENCIA INSTITUCIONAL: ENTRE LA DILACIÓN, LA OMISIÓN Y LA IGNORANCIA. INFORME SOMBRA.

A UN AÑO Y 9 MESES DE LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

Mientras exista feminicidio impune no puede concluir la Alerta de Violencia de Género.

Al cumplirse un año y 9 meses de que se aprobara el Decreto de la Alerta de Violencia de Género para 8 municipios del Estado de Morelos por parte de la CONAVIM, estamos presentando un Informe Sombra como organismo peticionario, con nuestras observaciones críticas y un análisis pormenorizado de los informes que el gobierno del Estado de Morelos ha emitido, haciendo énfasis en que no puede levantarse la AVG en tanto se mantiene, y aún más grave cuando crece, el feminicidio al amparo de la impunidad. Por tal motivo, estamos solicitando una reunión con el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para hacerle entrega directa de éste informe sombra, mismo estamos haciendo llegar al gobierno del Estado de Morelos.

Aún cuando el Secretario de Gobierno de Morelos, Matías Quiroz Medina, hizo una declaración señalando el levantamiento de las medidas de la AVG, en ninguna de las conclusiones del Grupo de Trabajo Interinstitucional se afirma tal situación. Por el contrario, dicho documento de 51 páginas establece claramente que:

“CONCLUSIÓN GENERAL SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS EN LA DECLARATORIA DE A.V.G.

A partir del análisis en su conjunto de todas las acciones realizadas por el estado de Morelos, se observa que en algunas de éstas ha habido un avance suficiente para determinar un cumplimiento óptimo y en las cuales el grupo debe dar sólo acompañamiento para dar seguimiento a su implementación a largo plazo. Sin embargo, existen otras medidas en que la mayoría del grupo considera que las evidencias presentadas no son suficientes para concluir que el estado implementó las propuestas realizadas por el grupo en su informe ni en las medidas declaradas en la AVGM.”

De todo lo anterior no se puede concluir que la Alerta de Violencia de Género se levante. Si bien es cierto que en Cuernavaca se ha incumplido en mayor proporción las medidas establecidas en la AVG, eso no excluye ni a las dependencias del Gobierno del Estado ni a los 7 municipios restantes incluidos en el Decreto, sobre todo cuando también se han dado casos de feminicidio impune en varios municipios que no están dentro de la AVG.

Como hemos señalado y en eso coincidimos en el Grupo de Trabajo en su documento inicial, lo verdaderamente grave ante el crecimiento de la violencia feminicida, es que si no se toman las medidas adecuadas de políticas públicas defensoras de los derechos de las mujeres, éste tipo de violencia feminicida tiende a incrementarse ante la violencia institucional que se genera cuando hay omisión, simulación o encubrimiento por parte de las autoridades. El año 2016 documentamos 97 feminicidios y en lo que va de enero a abril de 2017 se ha registrado 26 casos de feminicidio.

Mientras la sociedad ha dado muestras de tener una mayor conciencia frente a los crímenes cometidos contra mujeres en la entidad, realizando toda clase de protestas y acciones que muestran la creciente toma de conciencia del respeto a los derechos de las mujeres, las autoridades no asumen de manera firme y consecuente las tareas que legalmente les corresponde y tienden a utilizar datos aislados de la realidad para justificar el desempeño de sus tareas con pobres o mínimos resultados en el combate a la impunidad.

Recientemente la ONU Mujeres ha publicado un extenso documento sobre feminicidio, donde “considera indispensable dar continuidad a los esfuerzos emprendidos por el Estado Mexicano e implementar, sobre la base de la nueva legislación, una política integral de Estado para eliminar la violencia contra las mujeres que: convoque a todas las fuerzas políticas y de gobierno; homologue, a nivel local, todos los tipos de violencia contra las mujeres —incluidos el feminicidio y la violencia feminicida— contemplados tanto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como en el Código Penal Federal; estandarice los protocolos de actuación de las instituciones de procuración e impartición de justica para reducir la impunidad; mejore la prestación de servicios y atención para mujeres y niñas víctimas de violencia; y, en particular, atienda satisfactoriamente las recomendaciones que diversos organismos internacionales o regionales han dirigido al Estado Mexicano, especialmente las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y las recientes emitidas por el Comité de la CEDAW.”

“En este contexto, fortalecer las instituciones para garantizar el derecho de las mujeres al acceso a la justicia y a la reparación del daño a las víctimas y sus familiares, así como para desplegar acciones más eficaces para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, especialmente el feminicidio, redunda en la reducción de la impunidad.”

Es fundamental por ello comprender que la violencia hacia las mujeres es también al mismo tiempo una variante de la violencia estructural que divide a los grupos humanos en favorecidos y desfavorecidos, porque está basada en una estructura social que segrega o diferencia las actividades que realizan los hombres y las mujeres, otorgándoles valoraciones desiguales en la jerarquía de puestos, poder, recursos y decisiones. El resultado de esta desigualdad de género es la discriminación sistemática de las mujeres.

En éste Informe Sombra destacamos lo siguiente:

La investigación permite acercarse a los Feminicidios y a la Desaparición Forzada de las Mujeres, el contexto institucional en el que ocurren y las características del proceso legal.

Para mostrar esta situación, el informe se organizó en cuatro grandes secciones, la primera se refiere a la “Violencia Institucional”.

En la segunda sección se presenta un “Análisis del cumplimiento de la AVG por dependencia y las solicitudes de información a través del IMIPE”.

La tercera sección se denominó “Feminicidios”, y se dividió en 3 partes, en la primera se señala el “Número de Feminicidios” en la Entidad; en la segunda se presenta las “Edades de las mujeres asesinadas”; la tercera se refiere a la “Geografía de los Feminicidios”.

En la cuarta sección se exponen la información sobre la “Desaparición Forzada  de Mujeres en el Estado”.

Finalmente se exponen las Conclusiones y se emiten algunas Recomendaciones.

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