Retroceso de la SCJN: criterio de la Primera Sala podría validar condenas basadas en tortura

 

  • Primera Sala publica tesis aislada que pretende limitar supuestos en los que se debe investigar denuncias de la defensa del uso de tortura en el proceso penal
  • SCJN invita a Corte Interamericana a sesionar en nuestro país, pero incumple jurisprudencia de ésta en materia de tortura

23 de agosto de 2016.- Externamos nuestro rechazo ante la tesis aislada CCV/2016 publicada el 19 de agosto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual plantea que no procede reponer procesos penales para investigar actos de tortura denunciados por la defensa, a no ser que exista confesión o “autoincriminación” de la persona acusada.

En otras palabras, si la declaración bajo tortura de la persona acusada no es calificada como confesión; si una persona es torturada para que incrimine a otra; o si la tortura produce cualquier otra prueba distinta a la autoincriminación, podrían quedar intactas las condenas basadas en tales pruebas ilícitas, según la regla aprobada por los Ministros Pardo Rebolledo, Cossío Díaz y Zaldívar Lelo de Larrea.

Por esta razón, la tesis es violatoria de la prohibición absoluta de dar validez a cualquier prueba obtenida mediante tortura, reflejada en la Constitución (“Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula”[1]), el Código Nacional de Procedimientos Penales y numerosos tratados internacionales.

El año pasado, el Relator Especial sobre Tortura de la ONU recordó las obligaciones de las autoridades judiciales bajo diversos tratados ratificados por México, incluyendo la de excluir “cualquier prueba o declaración respecto de la cual existan razones para creer que ha sido obtenida bajo tortura”[2]. La Corte Interamericana, misma que actualmente se encuentra en México a invitación de la propia SCJN, ha reiterado que “la regla de exclusión de pruebas obtenidas mediante la tortura… ostenta un carácter absoluto e inderogable”[3], observando además que “las declaraciones obtenidas mediante coacción no suelen ser veraces”[4].

Recordamos que permitir que las condenas sigan basándose en declaraciones o pruebas fabricadas bajo tortura, significaría frenar desde el inicio el proyecto de transformación que debería representar el nuevo sistema penal. En tal escenario, en vez de mejorar la calidad de las investigaciones penales, el país seguiría en un ciclo vicioso, en el que la poca capacidad para investigar conlleva la falta de esclarecimiento y sanción de la gran mayoría de delitos cometidos, así como la fabricación de culpables mediante la tortura, entre otros, con tal de ocultar el tamaño de la impunidad.

Por todo lo anterior, hacemos un enérgico llamado a la Primera Sala a modificar su criterio, aclarando que ninguna prueba obtenida mediante tortura es válida.

Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL)

Asociadas por lo Justo (JASS)

Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (AFADEM-FEDEFAM)

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas

Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)

Centro de Derechos Humanos Paso del Norte

Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD)

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC)

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI)

Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH)

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)

Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH)

Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social

Equis, Justicia para las Mujeres

Fundación para el Debido Proceso (DPLF)

Fundar, Centro de Análisis e Investigación

I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos

Indignación – Promoción y Defensa de los Derechos Humanos

Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP)

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD)

Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE)

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos Para Todas y Todos (REDTDT)

[1] Artículo 20(A)(9).

[2] Informe sobre México del Relator Especial sobre tortura, A/HRC/28/68/Add.3, párr. 83(d).

[3] Corte IDH, Cabrera García y Montiel Flores v. México, párr. 165.

[4] Ibíd., párr. 167.

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A UN AÑO DE LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN MORELOS, SE REQUIERE REFORZAR LA LUCHA CONTRA EL FEMINICIDIO

La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C. (CIDHM), hemos realizado y publicado investigaciones sobre el Feminicidio en Morelos durante ya casi 16 años, donde hemos confrontado datos, derivados de una revisión pormenorizada de los medios de comunicación y de las denuncias presentadas por las familias de las mujeres asesinadas. Y observamos cómo las autoridades siguen siendo omisas y negligentes. Pues pese a que la Violencia Feminicida crece y se extiende cada vez más allá del dolor de la pérdida individual y se instala en el cuerpo social como una llaga que nos termina afectando a todas y todos, las autoridades intentan disminuir u ocultarla dando cifras erróneas y/o falseadas para señalar que disminuyen los Feminicidios. Esto es lo que explica que no disminuya la Violencia Feminicida. Pues jamás se podrá erradicar el Feminicidio si se trata de minimizar o si se pretende ocultarlo cuando eso tiene un resultado de mayor pérdida de vidas humanas que se pueden y deben proteger.

Ante esto es obvio que en Morelos, quienes tienen la tarea de aplicar las medidas de la AVG, desconocen su objetivo y sus obligaciones, tareas, responsabilidades y el compromiso que tienen con la sociedad y con las mujeres.

Sin embargo, en Morelos se han dado muestras de sensibilidad y preocupación por las graves consecuencias de la Violencia Feminicida, exigiendo además la aplicación efectiva de la AVG, por lo que podemos asegurar que la consciencia social ha crecido. Aun cuando la capacidad de transformar la indignación en consciencia organizada dependerá de que se obligue al Gobierno a tomar todas las Medidas Urgentes y necesarias para que ninguna mujer sufra la Violencia Feminicida que deberá ser erradicada desde la raíz si queremos construir una sociedad donde los Derechos Humanos sean para todas y todos.

Entendiendo que hay medidas extraordinarias que requieren el concurso decidido de todo el aparato del Estado, en sus niveles gubernamentales como de participación social, para enfrentar el flagelo de la violencia feminicida, vemos que a un año de la AVG en Morelos aún se tiene una deuda con las mujeres que han sido privadas de la vida que no se ha podido saldar, justamente para evitar que éstos hechos se continúen realizando sin la sanción correspondiente.

Algo que es real y contundente: la Violencia Feminicida se ha debido a la omisión del Estado en la preservación, la garantía, la tutela y el impulso de los Derechos Humanos de las mujeres, así como a la inexistencia de una política de Estado para impulsar el desarrollo social de las mujeres y la vigencia de sus Derechos Humanos.

La violencia feminicida, cuando no se detiene, se expande hacia otros sectores y termina incrementando los niveles y las formas, como es el número creciente de mujeres desaparecidas con fines de trata de personas, que debe ser atendido por la discriminación y la explotación sexual. Pues de acuerdo a la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC por sus siglas en inglés), alrededor de 1500 mujeres son explotadas sexualmente en la entidad morelense.

En el caso de las fosas clandestinas, donde se incluye un número significativo de cuerpos de mujeres, el encubrimiento de responsabilidades y la falta de transparencia en la información, lacera gravemente los Derechos Humanos y fomenta la impunidad en los crímenes ocurridos contra mujeres, por lo que nuestra conclusión es contundente al respecto de exigir el castigo a todos los funcionarios que han incurrido en acción u omisión criminal en los casos de desapariciones de mujeres.

El feminicidio en Morelos se puede detener con una mayor voluntad política de todas las instituciones de Gobierno. Este derecho a la vida, la seguridad y la libertad de las mujeres no admite demora alguna.

Si bien las causas estructurales de la violencia feminicida están asociadas al sistema capitalista de injusticia social y desigualdad que estamos padeciendo, no implica que haya que esperar hasta su modificación para ver un cambio en cuanto el respeto a los derechos que como mujeres se debe tener por parte del Estado. Es urgente y necesario que se tomen sin dilación alguna todas las medidas decretadas y que no haya negligencia ni simulación alguna sin que implique sanción legal para quienes tienen la obligación y no la cumplen de prevenir, atender, sancionar y erradicar el feminicidio en Morelos.

Por todo ello es claro que no se ha logrado el objetivo fundamental de garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus Derechos Humanos.

Pues el objetivo de la Alerta de Violencia de Género (AVG) no se ha cumplido en Morelos, por lo que mantenemos la demanda del cumplimiento de todas las medidas para que el Estado mexicano deba realizar la Restitución Integral del Daño conforme a los parámetros establecidos en el Marco Internacional de los Derechos Humanos: El derecho a la justicia pronta, expedita e imparcial (Se deben investigar las violaciones a los derechos de las mujeres y sancionar a los responsables); la rehabilitación (Se debe garantizar la prestación de servicios jurídicos, médicos y psicológicos especializados y gratuitos para la recuperación de las víctimas directas o indirectas); la satisfacción (Son las medidas que buscan una reparación orientada a la prevención de violaciones. Entre las medidas a adoptar se encuentran “La aceptación del Estado de su responsabilidad ante el daño causado y su compromiso de repararlo; la investigación y sanción de los actos de autoridades omisas o negligentes que llevaron la violación de los derechos humanos de las Víctimas a la impunidad; el diseño e instrumentación de políticas públicas que eviten la comisión de delitos contra las mujeres, y la verificación de los hechos y la publicidad de la verdad.”).

Hoy más que nunca consideramos que la AVG es, sin duda, una medida para saldar la deuda histórica con todas las mujeres y la sociedad en su conjunto ante esta Violencia Feminicida que ha resultado imparable y creciente durante estos años. Pues no olvidemos que la Violencia Feminicida proviene de un conjunto de Conductas Misóginas que Perturban la Paz Social, por lo que exigimos se cumplan todas las Medidas Establecidas por el Grupo de Trabajo, así como las Acciones Mandatadas por la Alerta de Violencia de Género en Morelos.

Por todo ello, señalamos que el Gobierno Federal no ha dado seguimiento ni vigilancia al cumplimiento de las medidas, y al NO ESTABLECER TIEMPOS DE CUMPLIMIENTO, abre la posibilidad para la dilación por parte del Estado de Morelos. Asimismo, a un año de la Declaratoria de la AVG, convocamos a toda la sociedad a estar atenta de su implementación y a denunciar cualquier acto de irregularidad, pues entendemos que es el último recurso jurídico para salvaguardar la Vida, la Libertad, la Dignidad, la Memoria y la Justicia para las mujeres.

¡No hay más tiempo! ¡Por la Vida y la Libertad de las Mujeres! ¡Ni una más!

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¡En defensa de la educación pública!

Las organizaciones del Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética convocamos al pueblo trabajador a participar en las movilizaciones en defensa de la educación pública, laica y gratuita.

Las movilizaciones son legítimas ante la cerrazón autoritaria. Cuando se imponen leyes de manera autoritaria el pueblo tiene el derecho a rebelarse y a no obedecer la injusticia, como lo establece el artículo 39 de la Constitución, inclusive nombrar a un gobierno que verdaderamente respete la voluntad popular.  En nuestro país, de 114 millones de habitantes, 74 millones estamos entre los 15 y 64 años. De estos 74 millones, 31.9% se encuentran en rezago educativo. 5.4 millones son analfabetas, la mayoría mujeres e indígenas. 10 millones no terminaron la primaria. 16 millones no terminaron la secundaria. Ambos niveles son obligatorios. La mayoría de los mexicanos no tienen la capacidad para leer y escribir textos amplios. Éstos son básicamente los pobres, quienes no tienen recursos en sus casas. En el último examen de la SEP, 60% de los niños de educación media no saben leer y escribir. No comprenden lo que leen. Son analfabetas funcionales. 44% de las escuelas del país son multigrado e incompletas (hasta 3er. Año). 64% de 109 mil escuelas tienen problemas de mobiliario e infraestructura. 48% sin drenaje, 31% sin agua potable, 13% sin sanitarios y el 11.2% sin luz. Las condiciones de muchas escuelas con precarias: sin techo, sin paredes. Cada año, un millón de alumnos, entre 6 y 17 años, deja la escuela. En 200 días de clase obligatorios, cada día se van 5 mil alumnos. Dejan 33 mil aulas vacías. De este tamaño es el abandono escolar. En este país, lo que alimenta el rezago educativo es el propio sistema educativo, injusto y desigual.  La peor educación se la dan a quien más lo necesita.  Las peores escuelas están en los lugares donde son más necesarias.

Por eso es que rechazamos la criminalización de la protesta social. Muy lejos de las voces de condena del magisterio que buscan generar descalificación para justificar despidos arbitrarios, defendemos el derecho a una educación para todas y todos, que sólo es posible si el Estado asume políticas distintas a las que ordenan las empresas trasnacionales y que imponen los organismos financieros mundiales que en todo ven ganancias privadas y no derechos.

Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética los Derechos de las y los Trabajadores y las Garantías Constitucionales: SME, STRM, SITIMTA, MMB, STUNAM, Sindicato de Cultura, CIDHM, Jubilados del Magisterio y de la UAEM, Constituyente Ciudadana, PCM, OPT, NCT, ANUEE, CNJPAM.

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¡Exigimos justicia por el artero crimen de nuestro compañero Marco Antonio García Barrera!

El día 12 de julio nuestro compañero Marco Antonio García Barrera fue localizado víctima de un artero crimen en las inmediaciones de la Calera Chica, en el municipio de Zapata cerca de Jiutepec, Morelos.

Este crimen nos llena de indignación por lo que exigimos a las autoridades del gobierno del Estado de Morelos llevar a cabo una investigación a fondo para esclarecer los hechos que llevaron a la privación de la vida de nuestro querido compañero, para que este crimen no quede en la impunidad y se localice a los autores de éste terrible homicidio y haya justicia para los familiares del compañero Toño.

Toda una vida de lucha dedicó nuestro compañero Toño a la causa por los derechos y  la justicia de la clase trabajadora. Su ejemplo de compromiso y dedicación a la causa será recordada por quienes lo conocimos durante todos estos años, en donde no escatimó tiempo ni esfuerzo para asumir las tareas que le demandaba la lucha sindical, social y política de la clase trabajadora. Es por ello que fue reconocido por los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) para elegirlo como integrante del Sub Comité durante varios períodos del 2002 al 2014, por lo que se encontraba como Subsecretario de Trabajo de la División Cuernavaca durante el período en que el criminal gobierno de Calderón ordenó el ilegal cierre de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, despidiendo a mas de 44 mil compañeros trabajadores, lo que significó que se le criminalizara con  juicio penal acusándolo falsamente de secuestro por encabezar la toma de las instalaciones de la CFE en un mitin de protesta, juicio que aún permanece abierto en su contra ante la PGR y el que enfrentó sin doblegarse a pesar de las enfermedades que le aquejaron derivadas de haberse quedado desempleado y sin salario  durante años,  y posteriormente ocupó en 2014 la Subsecretaría General durante estos años de lucha y resistencia.

Su consciencia de clase le mantuvo en pie de lucha hasta el día en que le privaron arteramente de la vida, siendo uno de los impulsores y representantes de la Asamblea Nacional de Usuarias y usuarios en Morelos (ANUEE-Morelos) y como delegado estatal ante el Consejo nacional de la Organización Política del Pueblo y los trabajadores (OPT).

Sabemos que nada ni nadie podrá recuperar la vida de nuestro camarada de lucha, pero su ejemplo de toda la vida nos ratifica en el compromiso de mantener en alto las banderas de justicia y emancipación social que él supo mantener en alto, por lo que rendimos un homenaje a su memoria y no pararemos de exigir que cesen los niveles de violencia que existen en Morelos y en el país que hoy nos golpea directamente, arrancándole la vida a uno de nuestros queridos compañeros.

Con un abrazo solidario para todas y todos los miembros de la familia del compañero Toño García Barrera, a quienes les recordamos que no están solos, nos comprometemos a mantener la lucha hasta lograr que haya justicia.

Nuestras banderas de lucha están de luto querido compañero Toño, sabes que seguiremos en la lucha que tú llevaste: ¡hasta la victoria siempre, venceremos!

Fraternalmente.

Sindicato Mexicano de Electricistas – División Cuernavaca, ANUEE-Morelos, OPT-Morelos. Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética.

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INFORME A 11 MESES DEL DECRETO DE LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO (AVG) EN MORELOS.

Juliana García Quintanilla, Coordinadora General, Paloma Estrada Muñoz, Coordinadora de Investigación, José Martínez Cruz, Coordinador de Comunicación, Marco Aurelio Palma Apodaca, Coordinador Jurídico

4 de Julio 2016

INDICE INTRODUCCIÓN

1 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

2 COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

7 GEOGRAFÍA DEL FEMINICIDIO

12 CONCLUSIONES

 

1 INTRODUCCIÓN

Pese a la Alerta de Violencia de Género en Morelos, continúa la Violencia Institucional. La Alerta de Violencia de Género (AVG) es una herramienta elaborada por Organizaciones Feministas y Defensoras de Derechos Humanos para denunciar y hacer conciencia sobre las graves violencias en contra de los derechos de las mujeres. Y un mandato para las autoridades. La AVG está establecida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y fue Decretada para 8 Municipios del Estado de Morelos el 10 de agosto de 2015. El Objetivo fundamental es garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus Derechos Humanos, mediante una serie de medidas concretas, precisas, medibles y verificables mediante indicadores de cumplimiento que están detallados en el Decreto como conclusiones y recomendaciones derivadas del estudio que llevó a cabo el Grupo Interdisciplinario de Trabajo. La pregunta obligada es ¿por qué el feminicidio en Morelos se mantiene en forma creciente, cuando el objetivo de la AVG es que disminuya? La respuesta no es porque la AVG no sirva, como se ha pretendido descalificarla como herramienta por quienes se oponen a ella. Sino que el Gobierno ha sido omiso en el cumplimiento preciso y riguroso de todas y cada una de las medidas de la AVG en Morelos, lo que repercute negativamente para garantizar la vida, la libertad, la justicia y la seguridad de las mujeres. Mientras no se tomen las medidas adecuadas de prevención y sanción, muy lejos estaremos de lograr abatir los niveles de violencia, cada día más cruel y despiadada, evidenciando la terrible crisis de Derechos Humanos. Cada muerte violenta de mujeres en Morelos debería ser investigada de acuerdo al Protocolo de Feminicidio pero no ocurre así. Por el contrario, se revictimiza y se estigmatiza. Esta Violencia Institucional se agrega a los otros tipos y modalidades de violencia que la precedieron y que permanecen en la impunidad. Por eso es que resulta indignante que en plena AVG se sigan reproduciendo mensajes equivocados de las autoridades que responsabilizan a las mujeres de su propia muerte.

2 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS

RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE TRABAJO

Adoptar todas las medidas que sean necesarias, por parte de las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia del Estado de Morelos, para garantizar que se investiguen y resuelvan con la debida diligencia y en un plazo razonable, los casos de feminicidio, adoptando una perspectiva de género y de derechos humanos y con ello, garantizar a las mujeres víctimas y a sus familiares el acceso a la justicia y a la reparación integral. En aquellos casos en los que no sea posible continuar con las investigaciones, es necesario brindar la justificación correspondiente. En particular, respecto de los casos reportados por el Estado de Morelos en reserva temporal, se propone revisar las posibilidades de reapertura de los mismos haciendo uso de la facultad prevista en el artículo 223 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Morelos, teniendo presente, en todo momento, la obligación de investigar ex officio y con la debida diligencia, la cual tiene alcances adicionales cuando se trata de mujeres que sufren muerte o maltrato, en el marco de un contexto general de violencia.

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

El grupo de trabajo considera como indicadores de cumplimiento: i) la relación de acciones de investigación emprendidas para cada uno de los casos registrados; ii) el diagnóstico de casos a reabrirse en términos del artículo 223 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Morelos; iii) el número de casos reabiertos; iv) el número de casos consignados o judicializados; iv) el número de casos concluidos; v) el número de casos que continúan en investigación y vi) el número de casos que se encuentran en reserva o archivo temporal. ANÁLISIS: Con respecto a i) la relación de acciones de investigación emprendidas para cada uno de los casos registrados, no se ha dado un informe detallado al respecto de los 271 casos referidos por el Gobierno del Estado, ni mucho menos de los 530 feminicidios registrados por la CIDHM hasta el momento de la solicitud de la AVGM. Por lo que se refiere a ii) el diagnóstico de casos a reabrirse en términos del artículo 223 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Morelos, no ha sido presentado dicho diagnóstico. En cuanto a iii) el número de casos reabiertos, la Fiscalía General señala, en el Segundo Informe de Gobierno del Estado de Morelos sobre la AVG, dice haber 3 reabierto todos los casos. Sin embargo, este señalamiento solo se refiere a los 271 casos registrados por la Fiscalía, y no así, de los 530 feminicidios registrados por la CIDHM al momento de la Solicitud de AVGM. Sobre iv) el número de casos consignados o judicializados, iv) el número de casos concluidos, v) el número de casos que continúan en investigación, y vi) el número de casos que se encuentran en reserva o archivo temporal, se ha dado información con respecto a los 271 casos referidos por el Gobierno del Estado, pero no así de los 530 feminicidios registrados por la CIDHM al momento de la Solicitud de AVGM. Cabe señalar que la Base de Datos de la FGE con los 271 casos se entregó hasta el 27 de Mayo del 2016, por lo que hasta ahora hacemos un análisis comparativo entre los casos señalados por la FGE y los registrados por la CIDHM. Iniciaremos señalando que la información se entregó en tres secciones, la primera correspondiente a la Región Metropolitana, la segunda correspondiente a Región Oriente, y la tercera al Región Sur. El número total de casos no corresponde a 271, pues aunque la Región Oriente señala contar con 63 Carpetas de Investigación y/o Averiguación Previa, sólo son 62 y cuentan con al menos 2 repetidas. La Región Sur refiere tener 57 Carpetas de Investigación y/o Averiguación Previa, pero son 56 y cuenta con al menos 1 repetida. En relación a los 271 (269) casos de la FGE y los 530 señalados por la CIDHM, se observa que hay una coincidencia en 180 casos. Y 89 de los reportados por la FGE no fueron encontrados en la Base de Datos de la CIDHM. Al integrar los no contabilizados en el registro original de 530, el total de casos serían 619 (a reserva de los registros que involucren a más de una mujer). Por lo que estaríamos diciendo que de 619 feminicidios, la fiscalía sólo presenta información de 271 (269) casos. En cuanto al acceso a la Justicia y a la Reparación Integral, podemos decir que mientras no se conozca y reconozca el número total de feminicidios en Morelos, lejos estaremos de la verdad, como Derecho Humano, y lejos también de la Justicia. En cuanto a la Reparación Integral, se dijo el 9 de marzo del 2016 que “la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos realizó la primera reparación económica por Compensación Subsidiaria de un homicidio cometido en el año 2010, el cual reúne las características de un Feminicidio”. Es sólo 1 caso de los 530 feminicidios registrados por la CIDHM (hasta junio del 2013) y de los 271 registrados por la FGE, que representa el 0.18 y 0.36 respectivamente. Pero mientras la Reparación Integral o Restitución Integral del Daño, sea vista únicamente como una compensación económica, lejos estaremos de su objetivo y de garantizar los Derechos Humanos a las mujeres, a sus familias y a la sociedad. Nota: Cabe destacar que los feminicidios en el Estado de Morelos se han incrementado, por lo que de 530 casos que tenía registrados la CIDHM del 2000 a 4 Junio del 2013, ahora son 156 feminicidios más, ocurridos de julio del 2013 al 10 de febrero del 2016. Aunados a los 89 registros tomados de la Base de Datos de FGE. Para dar un total de 775 feminicidios.

ACCIONES MANDATADAS POR LA AVGM

Con base en el artículo 26, fracción I de la Ley General de Acceso, se deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho al acceso a la justicia y que se investiguen y resuelvan con la debida diligencia y exhaustividad todos los casos de violencia contra las mujeres y feminicidio. La efectividad en el cumplimiento de esta medida se encuentra plenamente relacionada al fortalecimiento de la Fiscalía General –particularmente de las Fiscalías Especializadas en Homicidios de Mujeres-, a la diligente ejecución de medidas como la elaboración de protocolos de investigación, cadena de custodia y servicios periciales con base en estándares internacionales, así como a la efectividad de la estrategia de capacitación a servidoras y servidores públicos. Para ello, se deberá crear una unidad de análisis y evaluación de las labores de investigación y proceso de los delitos de género que se denuncien. Esta medida deberá contemplar la celebración de mesas de trabajo entre víctimas, sus representantes y autoridades de alto nivel para el análisis de los casos. Entre las funciones que deberá ejecutar esta Unidad se encuentra el diagnóstico de los expedientes en archivo o reserva y la identificación de las posibles deficiencias en las investigaciones con el propósito de sugerir las diligencias que podrían llevarse a cabo para el esclarecimiento de los hechos. Asimismo, se sugiere crear una Unidad de Contexto para la investigación de feminicidios que, mediante la elaboración de análisis antropológicos, sociológicos y psicosociales, permita identificar, entre otros, las dinámicas delictivas y de violencia contra las mujeres en la entidad. Asignar recursos para conformar la Unidad Especializada encargada exclusivamente de dar trámite a las carpetas de investigación, relacionadas con los feminicidios u homicidios dolosos de mujeres a que se refiere la solicitud de AVGM.

ANÁLISIS:

1. La celebración de mesas de trabajo entre víctimas, sus representantes y autoridades de alto nivel para el análisis de los casos, se agendaron a partir del Acuerdo establecido en la Reunión con el Gobierno del Estado de fecha 12 de Febrero del 2016. La Primera Reunión de Trabajo se realizó el 26 de Febrero del 2016 a las 10:00 horas en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado. La segunda Reunión se efectuó el 11 de Marzo del 2016 en las mismas instalaciones. La tercera Reunión se llevaría a cabo el 31 de Marzo del 2016, sin embargo, se suspendió de manera unilateral por parte de la Fiscalía General del Estado. La cuarta reunión se acordó para el 20 de Mayo del 2016, previa al envío de la 5 información relacionada con los 271 feminicidios registrados por la Fiscalía General del Estado (FGE), sin embargo, no se envió ninguna información al respecto, por lo que la CIDHM no asistió. La finalidad de las reuniones es homologar la información sobre los feminicidios, por lo que se debería poder confrontar la base de datos proporcionadas por la FGE y la de la CIDHM, así como de otras Instancias, Dependencias u Organizaciones. Sin embargo al no contar con la información de la FGE no se había podido realizar esta tarea.

2. Fortalecimiento de la FGE –particularmente de las Fiscalías Especializadas en Homicidios de Mujeres-, está relacionada con la elaboración de protocolos de investigación, cadena de custodia y servicios periciales con base en estándares internacionales, así como a la efectividad de la estrategia de capacitación a servidoras y servidores públicos. En cuanto al Protocolo para atender y dar seguimiento a los Feminicidios, cabe señalar que existe desde el 2012, sin embargo, su última modificación fue en 2014 (file:///C:/Users/saul/Downloads/protocolofem.pdf), cuando se creó uno nuevo y se derogo el del 2012. Consideramos que este instrumento es uno de los más avanzados en la materia, sin embargo, la FGE no tiene uno sólo de manera física. No se nos ha dicho si las y los fiscales han sido capacitados para aplicar el dicho protocolo, es decir, no sabemos cuándo, quién impartió el curso, a cuántas personas, y los resultados. Asimismo, tampoco sabemos si el equipo MédicoForense y quien realiza los peritajes, conoce y ha sido capacitado para aplicar el protocolo (cuándo, quién impartió el curso, a cuántas personas, y los resultados). Tampoco nos han referido si cuentan con la Base de Datos de la revisión del Protocolo. Por otro lado, no sabemos cómo se garantiza el acceso a la información a la parte ofendida (familias de mujeres victimadas, mujeres sobrevivientes, asesoras/es jurídicos y organismos de derechos humanos), ni cuál es el mecanismo interno de quejas ante la no información.

3. En cuanto a la creación por parte de la FGE de la Unidad de Análisis y Evaluación de las labores de investigación y proceso de los delitos de género que se denuncien, se deberá ejecutar el diagnóstico de los expedientes en archivo o reserva y la identificación de las posibles deficiencias en las investigaciones con el propósito de sugerir las diligencias que podrían llevarse a cabo para el esclarecimiento de los hechos. El 18 de noviembre de 2015, se inauguró la Unidad de Atención a Mujeres Víctimas de Delito, aunque no se presentó el Presupuesto General con el que contaría la Unidad, tampoco se presentaron los Presupuestos con perspectiva de género que se utilizarían dentro de la misma Unidad; No se mencionó si aumentaron el presupuesto encaminado a suprimir las desigualdades de género o si aumentaron el presupuesto destinado a la prevención, atención, sanción y 6 erradicación de la violencia contra las mujeres en la entidad. Asimismo, tampoco se dijo con qué personal de base cuenta la unidad; cuál es el perfil del personal, es decir, si tiene experiencia en derechos humanos, estudios de género o feminismo, o bien, si el personal tiene o no antecedentes de violencia contra las mujeres, y si hay una manera de corroborar dicho perfil, y si se corroboró. Tampoco se sabe si existió el principio de equidad de género en la integración de la unidad. En cuanto a su infraestructura, no se nos ha informado si la Unidad cuenta con una página web con información de los servicios que brinda (lugar, horario, servicios, personal, protocolo de atención, manual, etc.), un número telefónico fijo, un correo electrónico específico, una base de datos sobre los casos que lleva la Unidad, y si hay informes pormenorizados de cada caso. 4. Creación de una Unidad de Contexto para la investigación de feminicidios que, mediante la elaboración de análisis antropológicos, sociológicos y psicosociales, permita identificar, entre otros, las dinámicas delictivas y de violencia contra las mujeres en la entidad. No existe.

CONCLUSIONES

Con base en el artículo 26, fracción I de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho al acceso a la justicia y que se investiguen y resuelvan con la debida diligencia y exhaustividad todos los casos de violencia contra las mujeres y feminicidio. En este sentido, el Estado de Morelos está fallando. Pues mientras no se conozca y reconozca el número total de feminicidios en Morelos, lejos estaremos de la verdad, como Derecho Humano, y lejos también de la Justicia.

7 COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

ACCIONES MANDATADAS POR LA AVGM

Diseñar y ejecutar inmediatamente una estrategia para la recuperación de espacios públicos y la prevención de la violencia, mediante la implementación de medidas de seguridad especificas en zonas de riesgo o de alto índice de violencia contra las mujeres. Entre otras acciones se solicita: -Reforzar los patrullajes preventivos; -Efectuar operativos en lugares donde se tenga conocimiento fundado de la comisión de conductas violentas o delitos en contra de la mujer y aplicar las sanciones correspondientes. Se deberá priorizar el combate a la trata de personas; -Instalar alumbrado público y mejorar el existente; -Implementar mecanismos de vigilancia y seguridad pública, como la instalación de cámaras de video y postes de emergencia en puntos estratégicos. Se sugiere que la estrategia de vigilancia sea efectuada primordialmente por mujeres. -Incrementar la vigilancia y seguridad en el transporte público, como el rastreo por georreferenciación; -Difundir información sobre líneas de apoyo a víctimas de violencia y crear los protocolos necesarios para su efectivo funcionamiento; -Crear una aplicación para teléfonos inteligentes que permita a las mujeres víctimas de violencia el acceso inmediato a los servicios de atención y seguridad.

ANÁLISIS:

1.- En cuanto a Reforzar los Patrullajes Preventivos; La Coordinación Estatal de Seguridad Pública informó que las Marchas Exploratorias de Detección de Riesgos con Perspectiva de Género se han realizado en: • Cuautla: 6 Marchas Exploratorias • Cuernavaca: 8 Marchas Exploratorias • Emiliano Zapata: 10 Marchas Exploratorias • Puente de Ixtla: 7 Marchas Exploratorias • Temixco: 4 Marchas Exploratorias • Xochitepec: 4 Marchas Exploratorias • Yautepec: 3 Marchas Exploratorias Se señala que las marchas se realizan con el acompañamiento de vecinos y vecinas de las colonias en las que son realizadas: • Cuautla: 267 personas han participado. • Cuernavaca: 380 personas han participado. • Emiliano Zapata: 583 personas han participado. • Puente de Ixtla: 345 personas han participado. • Temixco: 215 personas han participado. 8 • Xochitepec: 210 personas han participado. • Yautepec: 111 personas han participado. Sin embargo, no explica ni los alcances ni la forma de medición que tiene para determinar el impacto social en la prevención del feminicidio. Además, observamos que no son sistemáticas, son escasas, y no hay un contenido temático exclusivo para atender la AVGM.

2.- Efectuar operativos en lugares donde se tenga conocimiento fundado de la comisión de conductas violentas o delitos en contra de la mujer y aplicar las sanciones correspondientes. Se deberá priorizar el combate a la trata de personas. Se informó de la implementación del Semáforo de Violencia y patrones de incidencia del delito en los Municipios con Declaratoria de AVG, y que a partir de dicha información se hacen operativos de seguridad pública. Sin embargo, vemos preocupante que para la elaboración de dicho semáforo, existe la falta de información con respecto a los feminicidios, pues los homicidios no están desagregados por sexo, lo que impide conocer el nivel de violencia feminicida, así mismo, tampoco muestra los diferentes tipos de violencia, ni las modalidades de la misma, enunciadas en la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos. Pues los Semáforos de Violencia de Género que se establecieron en los Municipios reportan únicamente casos de violencia familiar, asimismo, no se indica el cómo se genera la información para alimentar el semáforo, ni cómo se atiende, registra, y da seguimiento a los casos, así como tampoco se señalan los resultados de las acciones. No vemos que existan estudios o investigaciones de análisis de contexto que permitan verdaderamente elaborar estrategias y diseñar políticas de prevención de esos tipos y modalidades de las violencias contra las mujeres. En cuanto a recorridos de seguridad y vigilancia, se señala que durante el periodo comprendido de Diciembre 2015 – Mayo 2016 ocurrió lo siguiente: • Cuautla: 10 servicios realizados • Cuernavaca: 352 servicios realizados • Emiliano Zapata: 85 servicios realizados • Jiutepec: 181 servicios realizados • Puente de Ixtla: 27 servicios realizados • Temixco: 125 servicios realizados • Xochitepec: 132 servicios realizados • Yautepec: 11 servicios realizados. Sin embargo, no explica en qué consisten los servicios realizados, no están desagregado por sexo, no indica cómo se atendieron, cómo se canalizaron y cómo se resolvieron o cuál fue su seguimiento. Además, observamos que no indicaron las rutas, colonias, horarios, ni las proyecciones para los próximos recorridos. También se refiere que se han conformado un total de 28 Comités de Vigilancia 9 Escolar en 6 de 8 Municipios con declaratoria de AVG, cabe señalar que algunas de las actas de instalación de los COMVIVE, no cuentan con algunas firmas de secretarios ejecutivos del consejo municipal de seguridad pública y secretarios generales de los ayuntamientos pero se encuentra en proceso de recabarlas. Aunado a lo anterior, no se dio a conocer el diseño, temario, bibliografía básica utilizada para que estos comités de vigilancia conozcan los derechos humanos de las mujeres, así como la declaratoria de la AVG (su origen, mandato, obligaciones del Estado y las acciones encaminadas a su implementación). En cuanto al combate a la Trata de Personas, es preocupante que no se informó de alguna acción que se esté llevando a cabo para tal fin. Hay información que se refiere a un Municipio, pero no se señala nada en cuestión al combate a la Trata de Personas, sino para regular el funcionamiento de giros rojos y negros.

3.- Instalar alumbrado público y mejorar el existente. Sólo se menciona que 3 de los 8 Municipios con declaratoria de AVG han realizado acciones para cumplimentar esta indicación, sin embargo, a nivel Estatal no se ha dado respuesta puntual a tal requerimiento.

4.- Implementar mecanismos de vigilancia y seguridad pública, como la instalación de cámaras de video y postes de emergencia en puntos estratégicos. Se sugiere que la estrategia de vigilancia sea efectuada primordialmente por mujeres. Por parte de la Comisión Estatal de Seguridad Pública se anunció la creación de la Unidad Especializada de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia Doméstica (30 de Mayo del 2016) como grupo enfocado a la prevención y atención de la violencia de género en contra de niñas y mujeres. Se compone de 19 elementos, evaluados y capacitados. Cabe destacar que son 19 de un total de 5250 elementos (información referida por el Comisionado Alberto Capella Ibarra), representando tan sólo el 0.36%. Además, no se dio a conocer el diseño, temario, bibliografía básica utilizada en los cursos; no se integró, en la generación de datos, la manera en que se determinó el número, el perfil y la unidad de procedencia del personal capacitado; Y hasta el momento no se tiene información sobre su acción, el lugar donde trabajaran, su protocolo de atención y seguimiento, así como tampoco del horario de dicha atención. Informó que el C5 cuenta con la instalación de Alarmas Vecinales y Cámaras de Video Vigilancia en puntos de mayor incidencia dentro de los municipios que cuentan con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, esto con la finalidad de eficientar las acciones encaminadas a la prevención y atención de la violencia en contra de las mujeres y niñas. • Cuernavaca: 33 cámaras instaladas • Emiliano Zapata: 14 cámaras instaladas • Jiutepec: 3 cámaras instaladas • Temixco: 12 cámaras instaladas 10 • Xochitepec: 9 cámaras instaladas • Cuautla: 13 cámaras de video instalas • Yautepec: 7 cámaras instaladas • Puente de Ixtla: 8 cámaras instaladas Respecto a las alarmas vecinales que se han instalado en los municipios que cuentan con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres, se informa lo siguiente: • Cuernavaca: 14 Alarmas vecinales • Emiliano Zapata: 4 Alarmas vecinales • Jiutepec: 4 Alarmas vecinales • Temixco: 4 Alarmas vecinales • Xochitepec: 2 Alarmas vecinales • Yautepec: 45 Alarmas vecinales • Puente de Ixtla: 5 Alarmas vecinales Además, se informó que se cuenta adicionalmente con 99 cámaras de video vigilancia y 78 alarmas vecinales instaladas en zonas indicadas en el Semáforo de Violencia contra las Mujeres. Sin embargo, en los casos donde los feminicidios han ocurrido en lugares públicos, o donde los cuerpos han sido encontrado en lugares públicos, no se emitió ninguna información en cómo las cámaras de video vigilancia han contribuido con información relevante para la detención de los feminicidas o para evitar que se cometieran esos delitos.

5.- Incrementar la vigilancia y seguridad en el transporte público, como el rastreo por georreferenciación; De acuerdo al Segundo Informe de acciones para dar cumplimiento de las medidas establecidas en la declaratoria de procedencia respecto a la solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el Estado de Morelos (2016) del Gobierno, “el estado de Morelos no cuenta con estudio alguno que dé evidencia de la violencia de género que sufren las niñas y las mujeres usuarias del servicio público de transporte, que permita impulsar mecanismos de vigilancia e implementar políticas públicas tendientes a la prevención dicho acto. Por lo que, por conducto del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, en coordinación con la Secretaría de Movilidad y Transporte y la Comisión de Erradicación del Sistema PASE, se realizará el estudio correspondiente y posterior a ello, se implementarán los mecanismos que resulten.” Además, el Municipio de Emiliano Zapata hace una mención de realizar operativos a las unidades del transporte público, en el periodo de enero a abril de 2016, que transitan en las 6 colonias de mayor incidencia que marca el Semáforo de Violencia contra las Mujeres, sin embargo, no menciona el protocolo de 11 actuación, quiénes lo llevaron a cabo, cuál fue su resultado y cuál ha sido el seguimiento.

6.- En relación al Protocolo de Actuación Policial en materia de Violencia de Género, publicado el 27 de enero del 2016, en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, desconocemos cuántos/as elementos han sido capacitados para aplicar dicho protocolo, cuántas veces se ha aplicado, cuáles ha sido los resultados concretos y cuál ha sido la valoración interna del mismo protocolo.

7.- Creación de la aplicación para celulares 066. Es de señalar que la aplicación para celulares 066 para reportar diferentes tipos de violencia contra las mujeres es una acción positiva pero lamentablemente no se le ha dado la máxima publicidad, por lo que muy pocas mujeres la conocen. Por otro lado, se señala que durante el periodo de Diciembre 2015 a Abril 2016, fecha en la que se agregó el icono del Programa Integra Mujeres Morelos, ha tenido 2 mil 783 descargas, que representa el mismo número de beneficiadas. Pero para saber su utilización e impacto real, necesitamos conocer cuántas mujeres la han utilizado, cuál ha sido su canalización y seguimiento, y cuáles han sido los resultados. Finalmente podemos decir que el mismo Comisionado Alberto Capella Ibarra ha reconocido que “No han hecho todo, pues el trabajo no se ha podido concretar de manera inmediata”. Por lo que recomendamos a la Comisión Estatal de Seguridad Pública redoblar esfuerzos para que la AVG en Morelos se cumpla de manera efectiva en todos sus términos.

12 CONCLUSIONES

La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C. (CIDHM), hemos realizado y publicado investigaciones sobre el Feminicidio en Morelos durante ya casi 16 años, donde hemos confrontado datos, derivados de una revisión pormenorizada de los medios de comunicación y de las denuncias presentadas por las familias de las mujeres asesinadas. Y observamos cómo las autoridades siguen siendo omisas y negligentes. Pues pese a que la Violencia Feminicida crece y se extiende cada vez más allá del dolor de la pérdida individual y se instala en el cuerpo social como una llaga que nos termina afectando a todas y todos, las autoridades intentan disminuir u ocultarla dando cifras erróneas y/o falseadas para señalar que disminuyen los Feminicidios. Esto es lo que explica que no disminuya la Violencia Feminicida. Pues jamás se podrá erradicar el Feminicidio si se trata de minimizar o si se pretende ocultarlo cuando eso tiene un resultado de mayor pérdida de vidas humanas que se pueden y deben proteger.

Ante esto es obvio que en Morelos, quienes tienen la tarea de aplicar las medidas de la AVG, desconocen su objetivo y sus obligaciones, tareas, responsabilidades y el compromiso que tienen con la sociedad y con las mujeres. Sin embargo, en Morelos se han dado muestras de sensibilidad y preocupación por las graves consecuencias de la Violencia Feminicida, exigiendo además la aplicación efectiva de la AVG, por lo que podemos asegurar que la consciencia social ha crecido. Aun cuando la capacidad de transformar la indignación en consciencia organizada dependerá de que se obligue al Gobierno a tomar todas las Medidas Urgentes y necesarias para que ninguna mujer sufra la Violencia Feminicida que deberá ser erradicada desde la raíz si queremos construir una sociedad donde los Derechos Humanos sean para todas y todos. Por la Vida y la Libertad de las Mujeres, ¡Ni Una Menos!

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Pese a la Alerta de Violencia de Género en Morelos, continúa la Violencia Institucional.

La Alerta de Violencia de Género (AVG) es una herramienta elaborada por Organizaciones Feministas y Defensoras de Derechos Humanos para denunciar y hacer conciencia sobre las graves violencias en contra de los derechos de las mujeres. Y un mandato para las autoridades. La AVG está establecida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y fue Decretada para 8 Municipios del Estado de Morelos el 10 de agosto de 2015.

El Objetivo fundamental es garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus Derechos Humanos, mediante una serie de medidas concretas, precisas, medibles y verificables mediante indicadores de cumplimiento que están detallados en el Decreto como conclusiones y recomendaciones derivadas del estudio que llevó a cabo el Grupo Interdisciplinario de Trabajo.

La pregunta obligada es ¿por qué el feminicidio en Morelos se mantiene en forma creciente, cuando el objetivo de la AVG es que disminuya? La respuesta no es porque la AVG no sirva, como se ha pretendido descalificarla como herramienta por quienes se oponen a ella. Sino que el Gobierno ha sido omiso en el cumplimiento preciso y riguroso de todas y cada una de las medidas de la AVG en Morelos, lo que repercute negativamente para garantizar la vida, la libertad, la justicia y la seguridad de las mujeres. Mientras no se tomen las medidas adecuadas de prevención y sanción, muy lejos estaremos de lograr abatir los niveles de violencia, cada día más cruel y despiadada, evidenciando la terrible crisis de Derechos Humanos.

Cada muerte violenta de mujeres en Morelos debería ser investigada de acuerdo al Protocolo de Feminicidio pero no ocurre así. Por el contrario, se revictimiza y se estigmatiza. Esta Violencia Institucional se agrega a los otros tipos y modalidades de violencia que la precedieron y que permanecen en la impunidad. Por eso es que resulta indignante que en plena AVG se sigan reproduciendo mensajes equivocados de las autoridades que responsabilizan a las mujeres de su propia muerte.

La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C. (CIDHM), hemos realizado y publicado investigaciones sobre el Feminicidio en Morelos durante ya casi 16 años, donde hemos confrontado datos, derivados de una revisión pormenorizada de los medios de comunicación y de las denuncias presentadas por las familias de las mujeres asesinadas. Y observamos cómo las autoridades siguen siendo omisas y negligentes. Pues pese a que la Violencia Feminicida crece y se extiende cada vez más allá del dolor de la pérdida individual y se instala en el cuerpo social como una llaga que nos termina afectando a todas y todos, las autoridades intentan disminuir u ocultarla dando cifras erróneas y/o falseadas para señalar que disminuyen los Feminicidios. Esto es lo que explica que no disminuya la Violencia Feminicida. Pues jamás se podrá erradicar el Feminicidio si se trata de minimizar o si se pretende ocultarlo cuando eso tiene un resultado de mayor pérdida de vidas humanas que se pueden y deben proteger.

Ante esto es obvio que en Morelos, quienes tienen la tarea de aplicar las medidas de la AVG, desconocen su objetivo y sus obligaciones, tareas, responsabilidades y el compromiso que tienen con la sociedad y con las mujeres.

Sin embargo, en Morelos se han dado muestras de sensibilidad y preocupación por las graves consecuencias de la Violencia Feminicida, exigiendo además la aplicación efectiva de la AVG, por lo que podemos asegurar que la consciencia social ha crecido. Aun cuando la capacidad de transformar la indignación en consciencia organizada dependerá de que se obligue al Gobierno a tomar todas las Medidas Urgentes y necesarias para que ninguna mujer sufra la Violencia Feminicida que deberá ser erradicada desde la raíz si queremos construir una sociedad donde los Derechos Humanos sean para todas y todos.

Por la Vida y la Libertad de las Mujeres, ¡Ni Una Menos!

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Eliminar el uso de la tortura obligación pendiente

  • Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura
  • Imprescindible que la Ley General anti-tortura cumpla obligaciones del Estado para que funcione nuevo sistema penal y se atienda a víctimas

 

26 de junio de 2016.- Hoy, en el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, las organizaciones e instituciones académicas firmantes, quienes durante los últimos diez meses hemos aportado insumos técnicos para la Ley General anti-tortura, hacemos un llamado por que el Estado garantice los derechos de las víctimas y el funcionamiento del nuevo sistema penal eliminando el uso de la tortura como método para la fabricación de pruebas. Al mismo tiempo, reprobamos la desinformación que todavía existe sobre la tortura y las víctimas de este grave delito.

El Estado mexicano anunció su compromiso de erradicar la tortura cuando se reformó la Constitución para contemplar una Ley General contra esta práctica. No obstante, ese compromiso con las víctimas de tortura y con la sociedad se materializará en la medida en que el Congreso apruebe una Ley acorde a la Constitución y las obligaciones internacionales del Estado.

En ese contexto, diversos expertos y expertas, incluyendo en días pasados al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han resaltado la centralidad de la obligación de eliminar el uso en procesos penales de pruebas producidas mediante tortura. Sólo así el Estado brindará justicia mediante investigaciones reales, evitando la fabricación de culpables.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ha reiterado que “la regla de exclusión de pruebas obtenidas mediante la tortura o tratos crueles e inhumanos… ostenta un carácter absoluto e inderogable”[1].

De la misma manera, el Relator Especial sobre Tortura de la ONU recordó al Estado sus obligaciones bajo diversos tratados de Naciones Unidas ratificados por México, al señalar que se debe excluir “cualquier prueba o declaración respecto de la cual existan razones para creer que ha sido obtenida bajo tortura o malos tratos o en violación de garantías fundamentales”[2].

En efecto, nuestra Constitución establece que “Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula”[3], estándar también adoptado en jurisprudencia de la SCJN[4].

En este sentido, cualquier propuesta de permitir la admisibilidad de pruebas obtenidas mediante tales violaciones, o de limitar la regla de exclusión solamente a cierto tipo de prueba, demuestra un desconocimiento del derecho nacional e internacional aplicable. Más grave, es que tales propuestas fomentarían la repetición en el nuevo sistema penal de los mismos vicios que siempre han generado arbitrariedad, errores e injusticias en el sistema tradicional.

A la luz de la larga serie de casos documentados en años recientes de tortura a personas inocentes, vale la pena recordar que en los casos de liberación de sobrevivientes de tortura -mismos que suelen ser ampliamente mediatizados aunque no representen la mayoría de casos- esta procede porque al excluir las pruebas ilícitas y no confiables, resulta que no hay pruebas para acusar o condenar a una persona. Es decir que procede liberar, por la ausencia de pruebas sólidas y confiables ofrecidas por el Ministerio Público.

Las víctimas de tortura, como toda víctima del delito y de violaciones a derechos humanos, tienen derecho a la justicia y a la reparación del daño. No menos urgente es garantizar la no repetición de este crimen en el contexto de la justicia penal, de privación de la libertad, de represión de la protesta social y en cualquier otro. La Ley General pendiente en la Cámara de Diputados debe reflejar esta obligación en cada uno de sus artículos, en congruencia con su objeto de combatir y erradicar la tortura.

Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL)

Asociadas por lo Justo (JASS)

Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (AFADEM-FEDEFAM)

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas

Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)

Centro de Derechos Humanos Paso del Norte

Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD)

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC)

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI)

Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH)

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)

Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH)

Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social

Equis, Justicia para las Mujeres

Fundación para el Debido Proceso (DPLF)

Fundar, Centro de Análisis e Investigación

I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos

Indignación – Promoción y Defensa de los Derechos Humanos

Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, S.J., 

Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP)

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD)

Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE)

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos Para Todas y Todos (REDTDT)

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