Recibimiento de la Caravana por los 43 desaparecidos en Cuernavaca.

El 16 de febrero a las 10 de la mañana recibiremos la Caravana de las madres y padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa en las instalaciones del SME en Cuernavaca.

Colectivamente somos más poderosos que nuestros enemigos que detentan el poder económico y político. Nos debemos a quienes luchan cotidianamente contra la miseria y la explotación, la injusticia y la desigualdad, la violencia y la opresión. Se equivocan si creen que vamos a dejar de luchar por la defensa plena de los derechos humanos para todas y todos, por un mundo de justicia, libertad, igualdad, fraternidad.
El gobierno de Enrique Peña Nieto (EPN) es un gobierno hundido en una profunda crisis de legitimidad que en el 2017,  se volvió una verdadera crisis política de hegemonía, de dominación política, que se expresaría en una nueva irrupción masiva y nacional contra él. Acosado por denuncias de mala administración y corrupción, como la de su “casa blanca”, el gobierno de EPN perdía legitimidad en sectores importantes de la población hasta que ocurrieron los hechos de la noche trágica de Iguala del 26 de septiembre de 2014, en la que 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa fueron desaparecidos. Para algunos, esa fue la gota que derramó el vaso: el repudio nacional contra el gobierno de EPN llevó a las calles a miles de contingentes que gritaban con fuerza y por todos los medios: ¡Fue el Estado! ¡Fuera Peña Nieto! ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!
Si la contra-reforma energética, privatizadora y anti-nacional, no despertó el esperado repudio popular masivo, la mal llamada reforma educativa sí lo hizo. Mientras el gobierno llenaba de policías y militares las calles para aplastar la insurrección magisterial, ésta mantenía y extendía sus protestas con un creciente apoyo popular.
Es claro que el giro proteccionista de Trump daña por completo el frágil, derruido y dependiente país que los neoliberales en el poder configuraron en estos últimos 30 años. Por eso no nos engañamos y decimos claramente: ¡Ni Trump, ni Peña, fuera capitalistas del poder!
Nuestra agónica economía se sostiene débilmente aún con PEMEX (pese a la caída de precios del petróleo y su acelerado agotamiento), la inversión externa en sectores extractivistas y las remesas de los migrantes… Pero con la presidencia de Trump ese México al modo neoliberal se colapsa: PEMEX ha sido desmantelado y privatizado, de modo que, por ejemplo, importamos gasolina que venden particulares para obtener ganancias privadas; las remesas de los mexicanos que trabajan en Estados Unidos van a ser recortadas por la masiva expulsión de migrantes del país del norte; la inversión extranjera ya es frenada y desviada de regreso a Estados Unidos. Cuando Trump dijo: “compra y contrata lo estadounidense”, condenó a muerte a la limitada economía exportadora, levantada con orgullo por los neoliberales, que depende en un 80% de la economía estadounidense.
La incapacidad del bloque hegemónico para buscar una alternativa al neoliberalismo y el derrumbe económico del México neoliberal provocan una crisis económica que retroalimenta la crisis de legitimidad del gobierno hasta poner en las calles a millones de mexicanos reclamando con el grito de ¡Fuera Peña Nieto! que se vayan todos los neoliberales del poder.
Esta protesta masiva en el 2017 podría modificar la relación de fuerzas en la lucha de clases mexicana a favor de un polo independiente, proletario y popular que cobraría tal fuerza que podría incidir para provocar un cambio radical en nuestro país a favor de los intereses de los trabajadores y del pueblo.
Las movilizaciones espontáneas contra el gasolinazo fueron nacionales y de inmediato levantaron una consigna política radical: ¡Fuera Peña Nieto! Si al principio las movilizaciones fueron impulsadas por fuerzas muy heterogéneas (transportistas, clase media, organizaciones campesinas), en estos días los sindicatos y organizaciones campesinas y populares se suman a las movilizaciones contra el gasolinazo. Esperamos que estas fuerzas organizadas de los trabajadores retomen el desafío que supone el reclamo de ¡Fuera Peña! En esa consigna no se pide que los gobernantes compongan lo que descompusieron por años sino que se cambie el régimen político y sus políticas.
Pero 2017 apenas comienza y los efectos del giro proteccionista de Trump todavía no se resienten con toda su intensidad. No es difícil prever que las inversiones se derrumbarán, que miles o millones de migrantes regresarán al país este año, que el desempleo crecerá visiblemente, que mes tras mes el fracaso del México neoliberal será patente para los mexicanos, así como la incapacidad de los neoliberales para levantar un país que ellos mismos derrumbaron. Por eso pensamos que la crisis política va a seguir cobrando fuerza y radicalidad.
Estas luchas contra el gasolinazo deben de seguir impulsándose pero es necesario y urgente promover una política de frente único: sin abandonar la consigna de ¡Fuera Peña Nieto!, es necesario ir constituyendo, sin imposiciones ni protagonismos, una Coordinadora de coordinadoras, ir organizando una verdadera Asamblea popular que conjunte un bloque histórico clasista y popular que permita disputar el poder.
Por eso debemos insistir en el fracaso del México neoliberal y la necesidad de reconstruir otro México verdaderamente democrático que salvaguarde los intereses de la mayoría trabajadora.
Por eso, respondemos positivamente a la convocatoria de las madres y padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa para reunirnos en Cuernavaca y analizar las posibilidades de articular las resistencias en una amplia coordinación de las luchas independientes que defiendan realmente los intereses de la mayoría de la población trabajadora, misma que impulsamos desde las organizaciones del pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética.

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Muertes que debieron evitarse

Durante el año 2016 el feminicidio en Morelos no cesa por incumplimiento de todas las medidas establecidas en la Alerta de Violencia de Género. Muertes que debieron evitarse. No dejaremos de denunciar la omisión, negligencia, simulación, en las medidas de prevención, atención, investigación, sanción y erradicación del feminicidio.

Compartimos la liga al documento completo publicado en el sitio de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos:

http://redtdt.org.mx/?p=7917

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A un año y medio de AVG en Morelos muertes que debieron evitarse.

 Boletín de prensa 30 de enero de 2017.

 Una vez que se han cumplido prácticamente un año y medio de la Alerta de Violencia de Género para 8 municipios del Estado de Morelos, estamos presentando un balance negativo de las medidas que deberían haber sido aplicadas por las distintas instancias de gobierno. El único indicador que debería ser contundente y sin duda de interpretación es si se logra preservar la vida, la seguridad y la libertad de las mujeres, por lo que más allá de los indicadores de cumplimiento de las medidas, vemos como el número de feminicidios es creciente.

Hemos realizado una serie de informes sombra porque la sociedad requiere información precisa y porque hay inconsistencias evidentes en los datos que se han proporcionado por las autoridades, además de incumplimiento en las medidas concretas que están establecidas en el Decreto de Alerta de Violencia de Género.

Durante el año 2016 el feminicidio en Morelos no cesa por incumplimiento de todas las medidas establecidas en la Alerta de Violencia de Género. Muertes que debieron evitarse. No dejaremos de denunciar la omisión, negligencia, simulación, en las medidas de prevención, atención, investigación, sanción y erradicación del feminicidio.

De Enero a Diciembre del 2016, hemos documentado un total de 97 feminicidios. En Diciembre se documentó la cifra más alta de los últimos meses con 16 casos. De Agosto del 2015 a Diciembre del 2016, hemos documentado un total de 124 feminicidios. En Agosto del 2015 se reportaron 3. En Septiembre y Octubre del mismo año se reportaron 6, en Noviembre 5 y en Diciembre fueron 7 casos. Para Enero del 2016 se sumaron otros 10 feminicidios; mientras que en Febrero fueron 5; en Marzo 10; en Abril 6; en Mayo 7; en Junio 13, en Julio se contabilizaron 8 feminicidios al igual que en Agosto; en Septiembre 7; en Octubre la cifra bajo a 3; en Noviembre Sólo 4; y en Diciembre 16, con lo que se documentó la cifra más alta de los últimos meses.

Del 10 de Agosto del 2015 al 31 de Diciembre del 2016, los feminicidios sucedieron en por lo menos 24 Municipios diferentes, incluyendo los 8 Municipios donde se decretó la Alerta de Violencia de Género. El Municipio con mayor número de feminicidios es Cuernavaca con 31; le siguen Jiutepec y Temixco con 10 casos; con 8 destaca Cuautla y con 7 Yautepec. Algo alarmante ha ocurrido en Ayala que se posiciona en el lugar seis con 6 casos de feminicidios, así como Jojutla y a Tepoztlan con 5 casos respectivamente que los colocaría en los lugares siete y ocho. En los lugares nueve, diez, once y doce estarían los Municipios de Coatlán del Río, Huitzilac, Tlaltizapan y Zacatepec con 4 casos cada uno.

Del año 2000 al 2005 documentamos 122 feminicidios en Morelos. En el año 2000 los diarios locales se reportaron 21, en el 2001 sumaron 28, en el 2002 reportan 18 casos, en el 2003 fueron 10 casos, en el 2004 sumaron 15, y del 2005 fueron 30 casos, con lo que se documentó la cifra más alta de estos primeros años. Para el año 2006 se contabilizaron 37 feminicidios; en el 2007 el número de casos aumento a 54; en el 2008 la cifra quedo en 36; durante el 2009 se documentaron 37; el 2010 reportó 47; mientras que en el 2011 la cifra aumento a 70 y en el 2012 creció aún más para quedar en 92. En el 2013 se contabilizaron 70. Durante el 2014 fueron 54 los feminicidios y en el 2015 concluimos con 57. De Enero al 31 de Diciembre del 2016 se han registrado 97. Dando un total de 773 feminicidios en 16 años. Cabe destacar que el 2016 se convierte en el año más violento para las mujeres.

La violencia Feminicida y en particular los Feminicidios en el Estado de Morelos, es ya una situación de extrema violencia que se ha ido acrecentando a lo largo de los años. Son 31 los municipios de la entidad morelense que forman parte del mapa del feminicidio. Los únicos Municipios que no figuran en nuestro registro son: Mazatepec y Zacualpan. Los 10 Municipios con mayor número de feminicidios son: Cuernavaca con 152, Jiutepec con 75, Temixco con 51, Cuautla con 48, Yautepec con 42, Xochitepec con 36, Puente de Ixtla con 31, Emiliano Zapata con 30, Tepoztlan con 28 y Jojutla con 26.

La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C. (CIDHM), hemos realizado y publicado investigaciones sobre el Feminicidio en Morelos durante ya 16 años, donde hemos confrontado datos, derivados de una revisión pormenorizada de los medios de comunicación y de las denuncias presentadas por las familias de las mujeres asesinadas. Y observamos cómo las autoridades siguen siendo omisas y negligentes. No disminuye la Violencia Feminicida. Ante esto es obvio que en Morelos, quienes tienen la tarea de aplicar las medidas de la AVG, desconocen su objetivo y sus obligaciones, tareas, responsabilidades y el compromiso que tienen con la sociedad y con las mujeres.

Entendiendo que hay medidas extraordinarias que requieren el empeño decidido de todo el aparato del Estado, en sus niveles gubernamentales como de participación social, para enfrentar el flagelo de la violencia feminicida, vemos que a casi un año y medio de la AVG en Morelos aún se tiene una deuda con las mujeres que han sido privadas de la vida, que no se ha podido saldar, justamente para evitar que éstos hechos se continúen realizando sin la sanción correspondiente. Algo que es real y contundente: la Violencia Feminicida se ha debido a la omisión del Estado en la preservación, la garantía, la tutela y el impulso de los Derechos Humanos de las mujeres, así como a la inexistencia de una política de Estado para impulsar el desarrollo social de las mujeres y la vigencia de sus Derechos Humanos. La violencia feminicida, cuando no se detiene, se expande hacia otros sectores y termina incrementando los niveles y las formas, como es el número creciente de mujeres desaparecidas con fines de trata de personas, que debe ser atendido por la discriminación y la explotación sexual.

El feminicidio en Morelos se puede detener con una mayor voluntad política de todas las instituciones de Gobierno. Este derecho a la vida, la seguridad y la libertad de las mujeres no admite demora alguna. Si bien las causas estructurales de la violencia feminicida están asociadas al sistema patriarcal y capitalista de injusticia social y desigualdad que estamos padeciendo, no implica que haya que esperar hasta su modificación para ver un cambio en cuanto el respeto a los derechos que como mujeres se debe tener por parte del Estado. Por todo ello es claro que no se ha logrado el objetivo fundamental de garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas, cultural y políticamente que agravia sus Derechos Humanos. Por la Vida y la Libertad de las Mujeres.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

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Invitación a Conferencia de Prensa 30 de enero 2017 sobre AVG en Morelos

A un año y medio de la Alerta de Violencia de Género en Morelos, presentaremos un informe con gráficas y estadísticas sobre las muertes que debieron evitarse, con los datos actualizados que muestran los altos niveles de violencia feminicida, así como un análisis de los casos, los lugares donde ocurrieron, quiénes eran ellas y la exigencia de justicia y cumplimiento del principal indicador de cumplimiento de las medidas de la AVG que es la preservación de la vida y la libertad de las mujeres.
Lunes 30 de enero de 2017 a las 10 de la mañana en restaurante El Pastis, calle Hidalgo 20, Centro, Cuernavaca, cerca de la Escuela Benito Juárez y la Catedral, casi frente a donde desemboca la calle Netzahualcoyotl.
Atentamente
Comisión Independiente deDerechos Humanos de Morelos A. C.

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Condenamos la violencia e impunidad contra personas defensoras de DDHH; es deber del Estado garantizar derechos  

  • Exigimos atacar las causas estructurales para proteger a las personas defensoras de la corrupción e impunidad.
  • Instamos al Estado mexicano a cumplir las recomendaciones del Relator Especial de la ONU sobre la situación de las y los defensores de DDHH.
  • Deploramos el asesinato de Isidro Baldenegro que sucedió al inicio de la visita del Relator, el cual resulta un caso emblemático.

 

Ciudad de México, 25 de enero de 2017. En el contexto de la visita oficial del Sr. Michel Forst, Relator Especial de la ONU para la situación de defensores y defensoras de derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil expresamos un enérgico ¡Ya Basta! de violencia cometida contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, por parte de actores estatales y de otro tipo. Especialmente grave resulta el asesinato del defensor Isidro Baldenegro, -Premio Goldman- justo cuando la visita oficial daba inicio.

Desde la Sociedad Civil saludamos esta importante visita, así como la disposición del Relator Forst para reunirse con una amplia diversidad de personas defensoras, tanto en la Ciudad de México como en Chihuahua, Guerrero, Oaxaca y el Estado de México. Recordamos que, en el contexto de la Declaración sobre las personas defensoras de derechos humanos de la ONU, es responsabilidad estatal garantizar el derecho a defender derechos humanos.

Cabe destacar que ante el Relator, expresamos las dificultades y los obstáculos que enfrentamos personas, organizaciones y periodistas para desarrollar nuestra labor. Ante ello, resulta indispensable que el Estado mexicano se comprometa a cumplir las recomendaciones del relator Forst, de las cuales destacamos los siguientes aspectos:

  • Investigar y castigar las violaciones a los derechos humanos, violencia y amenazas cometidas contra personas defensoras de derechos humanos, en el sentido de que policías de todos los niveles, militares y marinos forman parte de quienes les agreden. Es imprescindible garantizar medidas de reparación y no repetición.
  • Fortalecer el Estado de Derecho en el país, combatiendo la corrupción e impunidad que involucra tanto a agentes del Estado, empresas, grupos religiosos hegemónicos y miembros del crimen organizado, mismas que derivan en la violencia contra personas defensoras.
  • Cumplir las recomendaciones de las instancias de DH internacionales para retirar al Ejército de las funciones de seguridad pública y evitar con ello las graves violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en los últimos años
  • Emprender una política de reconocimiento a las personas defensoras, a la labor de defensa de los derechos humanos y a la libertad de opinión y expresión, evitando y condenando su desacreditación pública,
  • Cumplir plenamente con las recomendaciones de los organismos internacionales en materia de derechos humanos.
  • Garantizar la inclusión de las personas defensoras en los proyectos legislativos relacionados con tortura, desaparición y seguridad interior.
  • Evitar la presentación y aprobación de leyes restrictivas de los derechos, especialmente de la libertad de expresión y de asociación sindical, así como el uso de definiciones ambiguas que criminalizan, como “ataques a la paz pública”.
  • Demostrar su voluntad política mejorando el funcionamiento, fortaleciendo la solidez institucional e incrementando la participación de la sociedad civil en el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.
  • Integrar un enfoque multicultural y colectivo para el Mecanismo en términos de la atención y protección que ofrece, así como de los análisis de riesgo para comunidades indígenas, ya que los enfoques rurales y remotos requieren un enfoque diferente al urbano.
  • Adoptar políticas específicas de protección a personas y colectividades defensoras indígenas, mujeres, desplazadas y LGBTI.
  • Mejorar el trabajo de los Organismos Públicos de Derechos Humanos y su participación en la protección de las personas defensoras.
  • Incorporar en el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos un sólido componente sobre la responsabilidad de las empresas; sobre la consulta y decisión de las comunidades; así como que se incluya a las y los defensores en las decisiones y el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de los proyectos.
  • Asegurar procesos de consulta significativos sobre aquellos proyectos que puedan afectar los derechos de los pueblos indígenas.
  • Asegurar que las y los inversionistas y las empresas cumplen con sus responsabilidades en materia de derechos humanos y que se sancionan a las empresas asociadas con violaciones contra los defensores, tanto en el país como en el extranjero.

Consideramos que para que dichas recomendaciones sean cumplidas, se requiere una participación activa de la Sociedad. En un contexto de violencia, impunidad y corrupción generalizada, en donde las respuestas por parte de los actores estatales resultan ineficaces e insuficientes, y sólo incorporando a las y los agraviados se logrará conseguir avances.

Finalmente, exigimos al Estado mexicano que renueve la invitación al relator, ya que él mismo solicitó dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones.

Atentamente

Organizaciones

  1. Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (ACUDDEH)
  2. Agenda LGBT
  3. Albergue Tochan
  4. Article 19
  5. Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL)
  6. Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas (AJAGI)
  7. Cauce Ciudadano
  8. Centro de Apoyo a las Identidades Trans A.C.
  9. Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
  10. Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. (CEDEHM)
  11. Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa
  12. Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba)
  13. Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria
  14. Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova
  15. Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi
  16. Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh)
  17. Centro de Derechos Humanos Paso del Norte
  18. Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo
  19. Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local
  20. Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón.
  21. CIC-Propuesta Cívica
  22. Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC)
  23. Coalición Indígena de Migrantes de Chiapas (CIMICH)
  24. Colectiva de Mujeres de la CIudad de México
  25. Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad
  26. Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos
  27. Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
  28. Comité Cerezo México
  29. Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha
  30. Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha
  31. Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”
  32. Comite de Solidaridad y DH Monseñor Romero
  33. Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC)
  34. Comunidad Magdala
  35. Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho
  36. i(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos
  37. Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos
  38. Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia
  39. Letra S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana
  40. Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia
  41. Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C. (ProDESC)
  42. Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER)
  43. Red Retoño para la prevención social de la delincuencia
  44. Resonar
  45. Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ)
  46. SMR; Scalabrinianas Misión con Migrantes y Refugiados
  47. Tequio Jurídico

 

Redes

Espacio OSC Para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas

Las organizaciones del Espacio_OSC que firman el comunicado son: Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (ACUDDEH); ARTICLE 19; Asociación Mundial de Radios Comunitarias, México (AMARC­Mx); Casa de los Derechos de Periodistas A.C.; Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A.C. (CIC-PC); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comité Cerezo México; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Instituto Mexicano Derechos Humanos y Democracia (IMDHD); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT); Reporteros sin Fronteras; SMR: Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). Acompañado por las Brigadas Internacionales de Paz (PBI).

 

Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social:

ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD, A.C., Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA, Espacio Libre e Independiente Marabunta A.C., Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C., Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C., Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, A.C., Servicios y Asesoría para la Paz, A.C., Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”, A.C., Resonar.

 

 

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos para Todas y Todos”
(conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República mexicana):

Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).

 

 

Personas

Carolina Pimentel

Consuelo Morales E.

Nestora Salgado

 

 

 

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En Morelos urge aplicar todas las medidas de AVG para enfrentar ola feminicida.

En Morelos el feminicidio se puede enfrentar, detener, sancionar y erradicar. Es urgente y necesario que se apliquen todas las medidas de Alerta de Violencia de Género. Es inadmisible que haya omisiones, negligencia, irresponsabilidad y complicidad de autoridades.

El feminicidio de una mujer a manos de su esposo en un bar ubicado en Cuernavaca en este 2017 sigue sumando ésta ola feminicida que durante 2016 siguió creciendo.

La responsabilidad de garantizar la vida, la libertad y la seguridad de las mujeres es del Estado, de acuerdo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, sistematizada en las medidas decretadas en la Alerta de Violencia de Género vigentes en  8 municipios del Estado de Morelos desde el 10 de agosto de 2015, por lo que el 10 de febrero de 2017 se cumplirá un año y medio de su establecimiento.

Muertes que se pudieron evitar mediante políticas públicas. Muertes que ocurren por negligencia e irresponsabilidad de quienes tienen la tarea conferida por la sociedad para que preserven los derechos humanos de todas ellas. Es claro que los responsables directos de estos crímenes se sienten con las facultades para hacerlo porque existe una impunidad en la inmensa mayoría de los casos de muertes violencias de mujeres que es precisamente el significado del feminicidio.

Hemos mantenido la exigencia de que todo caso de muerte violenta de mujer sea investigado acorde con el protocolo de feminicidio y se establezca el Banco de Datos que permita elaborar políticas públicas contra ésta grave situación que se vive en Morelos. Hemos recibido copia del oficio emitido por la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación Federal que envió al Instituto de la Mujer de Morelos, donando el Software para la creación del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM), por lo que éste debe instrumentarse a la brevedad, ya que es sorprendente que ocurra casi 18 meses después de que la propia CONAVIM emitió el decreto de AVG en Morelos.

Esta información se nos ha proporcionado, al igual que otros documentos que previamente habíamos solicitado sin respuesta, durante la primera mesa de trabajo de las instituciones vinculadas a la AVG a petición de nuestra organización como solicitante de la AVG, para aclarar las dudas suscitadas por los informes parciales que se han emitido.

Estas mesas de trabajo iniciaron con el tema de la armonización legislativa y transformación cultural, el 13 de enero de 2017.

Sin embargo, a esta primera mesa de trabajo ningún titular de los 8 Ayuntamientos estuvo presente. Por ello, solicitamos en dicha sesión hacer un llamado para que en las próximas mesas de trabajo, a realizarse el próximo 20 de enero con el objetivo 2 de prevención, asistan los 6 presidentes y 2 presidentas municipales, además de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. Con la Comisión Estatal de Prevención para la Prevención de la Violencia de Género contra las Mujeres en las siguientes fechas: 27 de enero con el Objetivo 3 (Atención), 17 de febrero con el Objetivo 4 (Acceso a la Justicia) y el 24 de febrero con el Objetivo 5 (Coordinación Interinstitucional).

Estas Mesas de Trabajo fueron aprobadas en la sesión del 25 de noviembre de 2016 a petición de nuestra como organismo peticionario de la Alerta de Violencia de Género, con el objetivo de establecer una comunicación directa y obtener respuesta a los cuestionamientos que hemos hecho y que deben ser del conocimiento del conjunto de la sociedad para enfrentar con eficacia ésta ola feminicida que prevalece en la entidad morelense.

Ninguna medida será menor cuando se trata de la vida y la libertad de las mujeres.

¡Ni un feminicidio impune más en Morelos!

Atentamente.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C.

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Demoras, falta de diálogo y propuestas regresivas en combate a la tortura

  Las modificaciones planteadas en la Ley General contra la Tortura desde la Cámara de Diputados tienden a invisibilizar y debilitar investigaciones por tortura 
 La ley que se apruebe debe incorporar los más altos estándares de protección de derechos humanos, conforme el bloque de constitucionalidad vigente 
 
El pasado 5 de enero se cumplió un año de la fecha límite señalada por el Congreso de la Unión para aprobar, dentro de un plazo de 180 días contados a partir del 10 de julio de 2015, las leyes generales para combatir la tortura y la desaparición forzada. Dicha disposición, deviene de la reforma al artículo 73, fracción XXI de la Constitución, en donde se otorgan facultades al Congreso para legislar sobre esas materias. 
 
Diversos organismos e instituciones internacionales y de la sociedad civil mexicana –como las que firmamos este pronunciamiento–, nos hemos pronunciado en numerosas ocasiones sobre la grave crisis de tortura generalizada que existe en el país. En 2015, el entonces Relator Especial sobre Tortura de la ONU recordó las obligaciones de las autoridades bajo diversos tratados ratificados por México; de la misma manera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros mecanismos de la ONU, han señalado ampliamente la necesidad imperiosa de contar con marcos normativos acordes a los más altos estándares internacionales que conlleven a la erradicación de esta grave práctica. En un primer momento en sede legislativa, el Senado aprobó una minuta sobre la Ley General para Prevenir la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, con avances considerables para cumplir con los más altos estándares de derechos humanos.
 
 La minuta de ley se encuentra actualmente en el seno de la Cámara de Diputados desde mayo de 2016, en donde se frenó el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil y personas expertas que han aportado elementos de discusión y contenidos al debate. Lo anterior, originó que en el último día del período legislativo anterior –el 15 de diciembre de 2016– la Cámara de Diputados pretendiera votar un dictamen sobre la ley, que modificaba regresivamente el dictamen y sin considerar la corrección de algunas expresiones y estipulaciones de la minuta original. 
 
En ese sentido, las Comisiones de Justicia y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados pretendieron: 1) eliminar diversas causales de competencia federal sobre investigaciones por tortura, incluso en casos en que los agentes denunciados por tortura pertenezcan a la misma procuraduría estatal; 2) restringir la facultad actual de las y los jueces de ordenar una investigación cuando personas procesadas denuncien haber sido objeto de tortura, aun cuando esta es no solamente obligación de las autoridades, sino también la única vía por la que muchas víctimas logran iniciar investigación, así como una de las fuentes más relevantes para contar con un diagnóstico del problema; 3) limitar los casos en que proceda la separación de agentes posiblemente implicados en tortura, de las investigaciones correspondientes (medida necesaria para evitar que los agentes implicados se investiguen a sí mismos); y 4) construir el registro de víctimas de tortura únicamente a partir de casos judicializados, dejando fuera a la gran mayoría de víctimas cuyos victimarios nunca enfrentan un proceso penal. Todas las propuestas mencionadas, van encaminadas a un menor acceso a información sobre denuncias de tortura y una menor posibilidad de contar con una investigación imparcial de la misma. 
 
Aunado a lo anterior, dichas comisiones no contemplaron mejorar y elevar los estándares de la ley aprobada por el Senado, que si bien contiene importantes avances en la materia, aún cuenta con algunas deficiencias como: 1) el lenguaje sobre el carácter absoluto de la regla de exclusión de pruebas obtenidas bajo tortura; 2) la tipificación de la tortura en su vertiente de procedimientos médicos o científicos sin consentimiento, práctica que actualmente genera violaciones a los derechos humanos de personas con alguna discapacidad; así como 3) la ausencia de disposiciones claras para establecer responsabilidad de las y los superiores jerárquicos que autoricen, toleren o de otra forma incurran en responsabilidad por actos de tortura. 
 
En diciembre de 2016, el Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) de la ONU visitó nuestro país para hacer una documentación sobre la prevención efectiva de la tortura; al fin de su visita a diversos centros de privación de libertad, así como de entrevistas con autoridades mexicanas y organizaciones de la sociedad civil, concluyeron que “las diversas definiciones del delito de tortura continúan generando lagunas reales o potenciales para la impunidad”1 . 
 
Por lo anterior, quienes aquí suscribimos exhortamos a la Cámara de Diputados a revertir las demoras y propuestas regresivas que caracterizaron el último periodo legislativo y de aprobar una Ley General en la materia que tienda realmente a la erradicación de la práctica de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, que fortalezca los controles de prevención y sanción de la misma y elimine cualquier posibilidad de utilizar pruebas obtenidas bajo tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, todo esto, con la convicción de no retroceder en el marco jurídico e interpretaciones ya implementadas en nuestro país, y armonizar el mismo con los estándares más altos para la protección de los derechos humanos. 
 
Firman más de un centenar de organizaciones: 
 
Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL), Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos, Asociadas por lo Justo (JASS), Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH), Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM), Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH), Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social; Equis, Justicia para las Mujeres, Fundación para el Debido Proceso (DPLF) Fundar, Centro de Análisis e Investigación Humanos en México (AFADEM-FEDEFAM) I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos Indignación – Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, s.j., Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP), Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE), Instituto Superior Intercultural Ayuuk (ISIA), Programa de Derechos Humanos y Educación para la Paz, Universidad Iberoamericana, Torreón. Programa de Derechos Humanos, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México y Tijuana.
 
 Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República mexicana): Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREALDF) (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).

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