Venció plazo 6 meses del Grupo de Trabajo al Gobierno y urge Alerta de Genero en Morelos

Cuernavaca, Morelos, 23 de marzo de 2015.
El 18 de marzo se cumplieron los 6 meses para el cumplimiento de las 15 recomendaciones emitidas por el grupo de Trabajo creado a partir de la solicitud de Alerta de Violencia de Género para el Estado de Morelos, planteada por la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C. Al gobierno se le termino el tiempo para presentar su informe sobre estas medidas, sin que hasta el momento se haya mostrado en la práctica avance alguno. En Morelos se requiere tomar medidas extraordinarias para impedir que continúe creciendo la violencia feminicida, por ello, ante el incumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Trabajo, debe aplicarse la Alerta de violencia de Género. En los años recientes del 2013 al 2015 se ha ampliado el rango de mujeres victimizadas. Si del 2000 a junio del 2013 documentamos 530 feminicidios, al concluir el mes de febrero de 2015 el total se ha elevado a 633 en 15 años de feminicidio impune. De julio de 2013 a febrero de 2015 se han sumado 103 feminicidios.
Marco normativo: ARTÍCULO 21. De la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia señala que la Violencia Feminicida: Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.
Así mismo el ARTÍCULO 22. Explica que la Alerta de violencia de género: Es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad. Esta tendrá como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos, por lo que se deberá: Establecer un grupo interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva de género que dé el seguimiento respectivo; Implementar las acciones preventivas, de seguridad y justicia, para enfrentar y abatir la violencia feminicida; Elaborar reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los indicadores de la violencia contra las mujeres; Asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia de alerta de violencia de género contra las mujeres, y Hacer del conocimiento público el motivo de la alerta de violencia de género contra las mujeres, y la zona territorial que abarcan las medidas a implementar.
Ampliando el procedimiento el ARTÍCULO 24, apunta que La declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres, se emitirá cuando: Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame; Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, y Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades federativas, los organismos de la sociedad civil y/o los organismos internacionales, así lo soliciten.
El grupo de trabajo en su resumen de conclusiones señala la insistencia en la violencia institucional pero en las recomendaciones no se retoma y por tanto no alguna llamada a investigar y en su caso sancionar a funcionarios que aplican violencia institucional. Sin embargo las recomendaciones son puntuales de las deficiencias que las diversas instancias practican cuando se trata de atender la violencia y el feminicidio en la entidad morelense.
1.-En ninguno de los casos de feminicidios reconocidos por el gobierno se ha otorgado reparación integral del daño. El estado debe crear un sistema para garantizar que se reparará a las víctimas de violencia feminicida.2.-Se debe crear un Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres para tener datos confiables y actualizados. 3.-Garantizar que se investiguen los casos de feminicidio en Morelos, pues la mayoría están inconclusos. Incluso, se recomienda proponer la posibilidad de revisar y reabrir los casos en reserva temporal. 4.-Diseñar mecanismos de coordinación entre las fiscalías que atienden a mujeres víctimas de violencia para que se pueda registrar los tipos de violencia que sufren. Actualmente no hay coordinación entre las instancias encargadas de prevenir, atender, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres. 5.-Se deben dictar órdenes de protección en todos los casos en los que exista un riesgo de daño a mujeres víctimas de violencia. 6.-Realizar acciones para sensibilizar a los medios de comunicación en el tema de violencia de género, derechos humanos y respeto a las víctimas, pues actualmente se usa un lenguaje de estereotipos y discriminación. 7.-Supervisar que el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres cumpla con las obligaciones que le atañe la ley. Actualmente hay fallas en su operación. Corresponde a la secretaría de gobierno. 8.-Destinar presupuesto para atender el problema de la violencia contra las mujeres y la desigualdad de género con políticas públicas y programas permanentes. 9.-Dar capacitaciones en materia de perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres que sean eficientes, planeadas y con mecanismos de seguimiento y evaluación. 10.-Que las autoridades encargadas de procuración de justicia conozcan los protocolos de investigación de delitos cometidos en contra de las mujeres. 11.-Diseñar protocolos de atención a las mujeres víctimas de violencia. 12.-Implementar un programa de prevención de violencia para responder a los datos que indican que el agresor es, en la mayoría de los casos, la pareja o ex pareja sentimental de la víctima. 13.-Crear un programa estatal con perspectiva de género relativo a la atención y re-educación de personas generadoras de violencia contra las mujeres. 14.-Diseñar modelos de comunicación externos (dirigidos a la población en general) e internos (dirigidos a las funcionarias y funcionarios en todos los niveles del sector público) para concientizar en perspectiva de género. 15.-La infraestructura con la que Morelos cuenta actualmente es insuficiente para atender los casos de violencia, se propone fortalecer a las instituciones involucradas en la prevención, atención (incluyendo al sector salud), investigación y sanción de la violencia en contra de las mujeres pero también crear centros de atención especializados que proporcionen asistencia jurídica y psicológica.
Hoy constatamos que el nivel de violencia feminicida se mantiene en los más altos niveles durante la gestión del Gobierno actual encabezado por Graco Ramírez. Lejos de ser un problema heredado del pasado, como argumenta, es una situación actual que lacera cruelmente los derechos de las mujeres. Ante estos crímenes no debemos olvidar que las consecuencias del feminicidio son múltiples y además de privar de la vida a las mujeres, deja secuelas graves en su entorno familiar y en el tejido social. Las mujeres son doblemente victimizadas: son las madres, las hermanas, las hijas, quienes sufren la pérdida y el trauma psicológico y el daño moral que significa el trato que autoridades y algunos medios de comunicación amarillistas dan a los cuerpos de las víctimas, exhibiéndolos y denigrando su dignidad. Las consecuencias sociales son igualmente dañinas, porque van elevando el umbral de violencia permitido y tolerado en el cuerpo ideológico de la sociedad, permitiendo y aceptando el proceso de degradación y crisis de las relaciones en los ámbitos social, familiar y cultural. Es por ello que se hace un enérgico llamado a todas y cada una de las instituciones para que frenen los asesinatos de cientos de mujeres, pues al no aplicar verdaderas y efectivas políticas públicas para combatir la violencia en contra de la población femenina, y mucho menos hacer efectiva la legislación vigente que previene y sanciona la violencia contra las mujeres, se vuelven directamente responsables.
Hacemos un llamado a la sociedad para reclamar justicia para las mujeres. Insistimos que eliminar la violencia feminicida y todas las formas de violencia contra las mujeres morelenses obliga a reorientar el trabajo del Estado. La violencia Feminicida proviene de un conjunto de conductas misóginas que perturban la paz social. Por ello, enfrentar un problema de esta magnitud exige que se emita la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en Morelos.
Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

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Mujeres defensoras

José Martínez Cruz y Juliana G. Quintanilla
En México las defensoras de Derechos Humanos vivimos en un sistema estructural que produce y reproduce formas violentas de opresión, explotación, exclusión y discriminación, existe una discordancia entre legalidad y poder fáctico que favorece al machismo patriarcal. La libertad de expresión, acceso a la información y pluralidad en las ideas y opiniones son derechos bajo ataque de un sistema que pretende imponer su versión oficial por encima de argumentos y razones críticas. Las mujeres defensoras, activistas y periodistas, en todo el país, enfrentan situaciones de violencia que debemos denunciar y frenar. Así como a Carmen Aristegui pretenden censurarla y callarla, muchas otras periodistas han sido amenazadas y despedidas de sus centros de trabajo. Lo hemos documentado y comentado en foros donde se ha presentado el informe “Defensoras somos Todas”, recientemente en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, antes en Guerrero y Oaxaca y en esta semana lo haremos en Ciudad Juárez, Chihuahua. Ahí, en el marco de denuncias presentadas por mujeres víctimas de violencia Institucional integrantes del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) contra el Poder Judicial, El DIF y la Fiscalía especializada de Delitos de Género en el estado de Chihuahua, se ha dado inicio a una campaña de desprestigio contra Irma Villanueva y Lucha Castro, coordinadora jurídica y coordinadora general del CEDEHM.
Chihuahua, que saltó a la fama internacional por los feminicidios y desapariciones de mujeres, que acumula una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y más de 400 recomendaciones de organismos nacionales e internacionales por las violaciones a los derechos de niñas y mujeres, las descalificaciones públicas colocan a las defensoras de derechos humanos en una situación de vulnerabilidad e invita a que otras personas actúen en consecuencia. Ello es aún más preocupante si se toma en cuenta que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) ha señalado que Chihuahua se encuentra dentro de los primeros lugares en denuncias sobre ataques cometidos contra defensoras y defensores de derechos humanos. Más aún, reconocemos que el hecho de que el CEDEHM cuente con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el año de 2008 y que su coordinadora sea beneficiaria de medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) desde 2013, esta es una muestra que los casos conllevan diferentes tipos de riesgos, y uno de ellos tiene que ver con el cuestionamiento de estereotipos y de una cultura patriarcal arraigada en la sociedad y en las instituciones públicas.
La obligación de garantizar libremente la labor de las personas defensoras de derechos humanos sin ningún obstáculo se encuentra prevista en la “Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos” (“Declaración de defensores/as”) así como en diversas sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, en el sur del país, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, denunció la impunidad y discriminación en la que se encuentran los casos de violencia contra mujeres perpetrados por grupos paramilitares. Cientos de mujeres y niñas sufren el desplazamiento forzado. Así en la zona Norte del estado de Chiapas, entre los años 1994 a 2000 fueron registrados 122 casos cometidos por el grupo paramilitar Desarrollo Paz y Justicia: 37 desapariciones forzadas, de las cuales cinco son mujeres y 85 ejecuciones extrajudiciales, entre ellas siete de mujeres. En este contexto, el gobierno mexicano ha incumplido su responsabilidad de investigar efectiva y adecuadamente las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, debido a que sus funcionarios son parte de estos crímenes de lesa humanidad y han protegido a los responsables. En estos casos se han violado los derechos a la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la honra y de la dignidad, a las garantías y protección judicial, a la verdad, además, se ha violado la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belén Do Pará”, Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
La construcción de nuevas relaciones sociales, en donde las mujeres tengan los mismos derechos que todos los seres humanos, tiene un fundamento histórico en la lucha feminista contra todo tipo de opresión, explotación y violencias. Defensoras somos Todas.

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Ser feminista es abrir los ojos ante la desigualdad.

Juliana G. Quintanilla y Paloma Estrada Muñoz
Mujeres defensoras, trabajadoras, periodistas, activistas, estudiantes, indígenas, campesinas, profesionistas, juntas y revueltas, analizando y compartiendo saberes, debatiendo propuestas, planteando alternativas, luchando y transformando una sociedad para terminar con la opresión y explotación, por el derecho a una vida libre de violencia. Ser feminista es abrir los ojos ante la desigualdad para erradicarla.
Historia:
El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de las Mujeres, una fecha en la que se celebran los logros alcanzados en la lucha por la igualdad de la mujer, tanto a nivel político, como económico y social. Es también un día reivindicativo en la agenda feminista. Trabajar en los retos pendientes: desde conseguir la igualdad salarial a erradicar la violencia contra la mujer, pasando por derribar los obstáculos de muchas niñas para acceder a la escuela o incrementar la presencia femenina en órganos políticos, legislativos y directivos. Esta fecha histórica para el movimiento feminista tiene su origen institucional en agosto de 1910, en la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, que tuvo lugar en Copenhague, Dinamarca. En este encuentro se adoptó una resolución por la cual se señalaba un día al año. Escoger el mes de marzo no fue una decisión al azar. Se trataba de una fecha emblemática en la lucha por los derechos de la mujer en EE.UU, en concreto en Nueva York. En marzo de 1908, más de 15.000 personas exigieron en las calles de la Gran Manzana mejoras salariales, derecho al voto, reducción de jornada y condiciones laborales dignas. Eran las herederas de las obreras del textil neoyorquino que ya en 1857, también en marzo, comenzaron a movilizarse por sus derechos laborales hasta crear sus propios sindicatos dos años más tarde. Las protestas de marzo de 1911 se vieron respaldadas por el trágico incendio de la fábrica Triangle Shirtwais de Nueva York, en el que el 25 de ese mes murieron 146 trabajadores, la mayoría mujeres, debido a la falta de medidas de seguridad. Este suceso fue el germen del Sindicato de Trabajadoras de la Confección, uno de los más influyentes en EE.UU.
Internacional:
En América Latina, el 8 de marzo ha tenido relevancia desde la década de los ochenta, de fuerte agitación política y social. Los derechos de la mujer africana, la pobreza femenina, los feminicidios en México y Centroamérica, la pérdida de derechos sociales y laborales como consecuencia de la crisis económica, la ablación o la situación de la mujer en el Islam son algunos de los retos, su primer centenario en 2011se celebró con la creación de un nuevo organismo oficial: ONU Mujeres.
Pendientes: Temas de preocupación que no han sido atendidos con políticas públicas y que se han agudizado, afectando los derechos de las mujeres, tales como la concentración de la riqueza en ciertos sectores, el incremento de la explotación de la mano de obra femenil, la feminización de la pobreza, la militarización y el crecimiento del narcotráfico, la trata de personas, la explotación sexual y comercial, la impunidad y el feminicidio.
Desigualdad: Los programas de combate a la pobreza no han generado cambios positivos, y al contrario los índices de marginación y las brechas de desigualdad “se han profundizado”. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en México existen 53.3 millones de personas en situación de pobreza. En México las mujeres son mayoría entre las personas desempleadas, o tienen trabajos sin contrato laboral y prestaciones. Las condiciones de salud de las mujeres se han deteriorado y crecen enfermedades que podrían atenderse con campañas de prevención y políticas adecuadas para evitar muertes maternas o enfermedades crónicas degenerativas.
Violencias: La violencia machista, patriarcal y misógina crece al amparo de la violencia institucional llegando a su expresión extrema en las víctimas de feminicidio. Estamos ante la incapacidad institucional de dar las respuestas adecuadas a través del cumplimiento de la ley general de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia y la implementación de la Alerta de Violencia de Género. Y en el terreno político, lejos de garantizar la paridad en la representación en los cargos públicos, sólo se pone énfasis en las candidaturas, las cuales inclusive son cuestionadas por las dirigencias partidarias que mantienen el control machista y misógino de las esferas de poder como su coto exclusivo.
Recuperar la herencia histórica feminista del 8 de marzo es fundamental para no bajar la guardia en la lucha plena por el respeto a los derechos de las mujeres, mismos que no han sido ni serán obtenidos como una concesión del poder, sino producto de la lucha organizada de las propias mujeres, con el apoyo de todas las personas que tengan la sensibilidad y conciencia de que este mundo requiere también ser visto con ojos de mujer.

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8 de marzo Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

Historia: Clara Zetkin, feminista y compañera de Rosa Luxemburgo, propuso en 1910 que cada año se dedicase un día para recordar a la sociedad las demandas pendientes del feminismo. Y recordarnos nuestro poder como colectivo. El 8 de marzo conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha en la que se celebran los logros alcanzados en la lucha por la igualdad de la mujer, tanto a nivel político, como económico y social. Es también un día reivindicativo en la agenda feminista en el que se recuerdan los hitos alcanzados y los retos pendientes: desde conseguir la igualdad salarial a erradicar la violencia contra la mujer, pasando por derribar los obstáculos de muchas niñas para acceder a la escuela o incrementar la presencia femenina en órganos políticos, legislativos y directivos. Tiene su origen institucional en agosto de 1910, en la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, que tuvo lugar en Copenhague, Dinamarca. En este encuentro “se adoptó una resolución por la cual se señalaba un día al año como Día Internacional de la Mujer, y este sería un día para hacer campaña por el derecho de la mujer al voto y por la emancipación política de la mujer”. Escoger el mes de marzo no fue una decisión al azar. Se trataba de una fecha emblemática en la lucha por los derechos de la mujer en EE.UU, en concreto en Nueva York. En marzo de 1908, más de 15.000 personas exigieron en las calles de la Gran Manzana mejoras salariales, derecho al voto, reducción de jornada y condiciones laborales dignas. Eran las herederas de las obreras del textil neoyorquino que ya en 1857, también en marzo, comenzaron a movilizarse por sus derechos laborales hasta crear sus propios sindicatos dos años más tarde. Las protestas de marzo de 1911 se vieron respaldadas por el trágico incendio de la fábrica Triangle Shirtwais de Nueva York, en el que el 25 de ese mes murieron 146 trabajadores, la mayoría mujeres, debido a la falta de medidas de seguridad. Este suceso fue el germen del Sindicato de Trabajadoras de la Confección, uno de los más influyentes en EE.UU.

Internacional: En América Latina, el 8 de marzo ha tenido relevancia desde la década de los ochenta, de fuerte agitación política y social. Los derechos de la mujer africana, la pobreza femenina, los feminicidios en México y Centroamérica, la pérdida de derechos sociales y laborales como consecuencia de la crisis económica, la ablación o la situación de la mujer en el Islam son algunos de los retos para el próximo 8 de marzo, que celebró su primer centenario en 2011 con la creación de un nuevo organismo oficial: ONU Mujeres.

Pendientes: Temas de preocupación que no han sido atendidos con políticas públicas y que se han agudizado, afectando los derechos de las mujeres, tales como la concentración de la riqueza en ciertos sectores, el incremento de la explotación de la mano de obra femenil, la feminización de la pobreza, la militarización y el crecimiento del narcotráfico, la trata de personas, la explotación sexual y comercial, la impunidad y el feminicidio.

Desigualdad: Los programas de combate a la pobreza no han generado cambios positivos, y al contrario los índices de marginación y las brechas de desigualdad “se han profundizado”. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en México existen 53.3 millones de personas en situación de pobreza. En México las mujeres son mayoría entre las personas desempleadas, o tienen trabajos sin contrato laboral y prestaciones. Las condiciones de salud de las mujeres se han deteriorado y crecen enfermedades que podrían atenderse con campañas de prevención y políticas adecuadas para evitar muertes maternas o enfermedades crónicas degenerativas.

Violencias: La violencia machista y misógina crece al amparo de la violencia institucional llegando a su expresión extrema en las víctimas de feminicidio. Estamos ante la incapacidad institucional de dar las respuestas adecuadas a través del cumplimiento de la ley general de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia y la implementación de la Alerta de Violencia de Género. Y en el terreno político, lejos de garantizar la paridad en la representación en los cargos públicos, sólo se pone énfasis en las candidaturas, las cuales inclusive son cuestionadas por las dirigencias partidarias que mantienen el control machista y misógino de las esferas de poder como su coto exclusivo.

Recuperar la herencia histórica feminista del 8 de marzo es fundamental para no bajar la guardia en la lucha plena por el respeto a los derechos de las mujeres, mismos que no han sido ni serán obtenidos como una concesión del poder, sino producto de la lucha organizada de las propias mujeres, con el apoyo de todas las personas que tengan la sensibilidad y conciencia de que este mundo requiere también ser visto con ojos de mujer.

Atentamente.
Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.
Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A.C.

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Tiempo vital contra desaparición forzada.

Juliana G. Quintanilla y Marco Aurelio Palma Apodaca.

El tiempo es vital para evitar la desaparición forzada. Y la lucha por preservar la vida y la libertad. Erradicar la desaparición es un objetivo que nos planteamos cuando defendemos los derechos humanos de todas y todos. Nadie debe ser privado de la vida y la libertad de manera arbitraria como ocurre en este crimen de lesa humanidad. Se trata de una tecnología política que utiliza el poder para desaparecer a quienes protestan, a quienes luchan, a quienes resisten o se oponen a sus políticas dominantes. Lo que ha venido ocurriendo desde los años 70s en nuestro país. Por eso presentamos la iniciativa de ley para prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar la desaparición forzada de personas para el estado de Morelos. La respuesta social ha sido muy importante, no así la de los que se sienten dueños del poder. No es un fenómeno nuevo. Pero si más grave. Si en 1988 ocurrieron varias desapariciones, entre ellas la de José Ramón García Gómez, que permanece sin resolverse hasta el momento, de alguna manera las múltiples protestas sociales y políticas impidieron que crecieran en mayor cantidad hasta que, luego de la fallida experiencia de la Femospp, creada en el gobierno panista de Fox, se ratificó la impunidad de los gobernantes que habían incurrido en estas prácticas lesivas a los derechos humanos. Si en los 70s y 80s fueron más de 600 desaparecidos políticos, en la actualidad la cifra se eleva a miles de desaparecidos. 43 es un número que, en éste momento, tiene un significado de que a cualquiera puede ocurrir, por lo que debemos y podemos ser capaces de detener y acabar con ésta política represiva de terrorismo de Estado. A cinco meses de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en Guerrero, desaparición que es responsabilidad del Estado mexicano, diversas voces en el mundo, como la IV Internacional, manifiesta su completa solidaridad con las familias y compañeros de los estudiantes mexicanos, así como con las decenas de miles que con sus movilizaciones en todo el país han evitado que se cierre el caso bajo una supuesta “verdad histórica”, en realidad la versión oficial que ocultando el crimen de Estado pretende convencer que los estudiantes supuestamente fueron asesinados. Como desde el 26 de septiembre de 2014, el reclamo sigue siendo el mismo: ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! Denunciamos la clara participación del Estado, en todos sus niveles y, en particular, al 27 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano, de tener responsabilidad en la desaparición de los compañeros normalistas. El gobierno de Peña Nieto no ha dado respuesta a la exigencia del movimiento social en México, por el contrario ha tratado de tapar la profunda crisis social que vive el país, dentro de la cual Ayotzinapa se inscribe, no como un hecho aislado sino como consecuencia de una deliberada estrategia del Estado que ha militarizado el país y desencadenado una vorágine de violencia que no podría sino desembocar en éste tipo de tragedias que aunado al incremento de los feminicidios y la violencia contra las mujeres en general o las decenas de periodistas que han sido asesinados en los últimos años o la creciente violencia de grupos armados criminales contra las y los migrantes, tanto nacionales como centroamericanos, completan el cuadro de descomposición social del país. Al mismo tiempo, éste gobierno ha liquidado las últimas conquistas sociales que la revolución mexicana de 1910 había plasmado en una Constitución Política hoy muerta; simultáneamente Peña Nieto y otros importantes funcionarios de su gobierno se están viendo envueltos en escándalos de corrupción y conflictos de intereses. Es por lo anterior que el movimiento social solidario con los estudiantes de Ayotzinapa no acepta la versión del gobierno que pretende explicar todo como un problema local, ni acepta volver a un camino institucional, como es la realización de elecciones intermedias en junio, en medio de una crisis de legitimidad de las instituciones político electorales del país, agregando ahora la consigna de “fue el Estado” y el reclamo de “Fuera Peña Nieto” como expresión de la desconfianza hacia todos los partidos e instituciones político electorales.

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Ley para Prevenir, Atender, Investigar, Sancionar y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas para el Estado de Morelos

Ley para Prevenir, Atender, Investigar, Sancionar y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas para el Estado de Morelos

La “Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas” fue aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1992, precisa que esta se da cuando se arresta, detiene o traslada contra su voluntad a las personas, o que éstas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así de la protección de la ley.
Esta Declaración ha sido la herramienta siempre invocada en casos de Desaparición Forzada para exigir frente al Estado Mexicano el cumplimiento estricto de sus obligaciones internacionales, bajo el entendido que todo acto de Desaparición Forzada constituye un atentado a la dignidad humana y su comisión afecta los valores más profundos de toda sociedad respetuosa de la primacía del Derecho, de las libertades fundamentales y de los Derechos Humanos. Las recomendaciones formuladas al Estado Mexicano por los Organismos Internacionales de Derechos Humanos, así como la propia sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Rosendo Radilla Pacheco incluye: emitir una Ley General e Integral en la materia; el reconocimiento nacional de la figura de Declaración de Ausencia por Desaparición; el combate efectivo a la impunidad; el fortalecimiento de Servicios Forenses Independientes; la instauración de un Mecanismo Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas; la instauración de Bancos Genéticos; la protección de las personas victimizadas; la regulación apropiada del uso de la fuerza; el registro de personas detenidas y el reconocimiento de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir y examinar casos.
La Desaparición Forzada en México es una práctica sistemática de Estado que se ha implementado en todo el país desde los años sesenta y setenta, tal como señaló el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias en su informe de visita al país en 2011. Su profundización y sofisticación se debe, entre otras cosas, a la impunidad que prevalece en todos los casos y al contexto de violencia que vive hoy el país que ha permitido encubrir esta práctica, con lo cual el Estado Mexicano se deslinda de su responsabilidad de investigar y sancionar a las y los responsables. Las desapariciones de estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, ocurridas en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre del 2014, es un acontecimiento que se configura como un crimen de lesa humanidad, que muestra la gravedad de la práctica de la detención-desaparición en nuestro país. Pues históricamente, han sido los altos mandos militares los que han ordenado las Desapariciones Forzadas, como documentó la Comisión de la Verdad de Guerrero. Lamentablemente, todos esos crímenes están en la impunidad. Desde Atoyac hasta Ayotzinapa, un largo camino de represión: ¡fue el Estado!
La falta de legislación en esta materia ha permitido que las Desapariciones Forzadas se hayan extendido y ampliado en todo el país, haciendo uso indebido de instalaciones al servicio del Estado para mantener a personas desaparecidas por motivos políticos y sociales.
El caso de la Desaparición Forzada de José Ramón García Gómez en 1988 (sigue hoy en día sin resolverse), que dio origen al surgimiento de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, a evidenciado la inexistencia de un marco normativo interno que garantice la Prevención, Atención, Investigación, Sanción y Erradicación de la práctica de la Desaparición Forzada de Personas; que ha sido tipificada en el Código Penal como un delito sin definir los alcances del mismo, por ello afirmamos la imperiosa necesidad de la promulgación de una Ley Estatal para Prevenir, Atender, Investigar, Sancionar y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas para el Estado de Morelos, que incluya la implementación del marco normativo existente a la luz de las obligaciones internacionales. Consideramos que esta Iniciativa de Ley, tiene tal sustento jurídico-legal y legitimidad social y política, que Morelos puede sentar un precedente importante en el país, ya que sería el tercer Estado en tener una Ley de Desaparición Forzada, ya que el Estado de Coahuila y el Distrito Federal son los únicos que cuentan con una legislación en la materia. En este momento de trascendental importancia por la gravedad de las violaciones a los Derechos Humanos, sería una herramienta eficaz en la lucha por la Vida, la Justicia y la Verdad.
El Congreso del Estado de Morelos deberá analizar en este mismo periodo ordinario de sesiones esta propuesta de Ley, que será presentada por el diputado Héctor Salazar Porcayo, con base en el trabajo de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos. Entre los elementos destacados que contiene la propuesta se encuentra el Rescate de la Memoria de la Desaparición Forzada en Morelos, además de conceptos como el de Justicia, Restitución Integral, Garantías Efectivas de la No Repetición, Respeto a la Dignidad, la No Discriminación y la definición de cada una de las consideraciones. Además de que está enriquecida con parámetros de Instrumentos Internacionales, Disposiciones Complementarias, Modelos de Prevención, Atención, Investigación, Sanción y Erradicación, así como la Declaración por Ausencia de Personas Desaparecidas y Mecanismos Garantes. Además de un capítulo sobre responsabilidades y sanciones, entre otros.
Por qué no estamos todas, no estamos todos, por qué nos faltan más de 43.

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Presentación en Chilpancingo, Guerrero del Informe “Defensoras somos Todas”

El 16 de febrero se presentó en el CIPES (Centro de Investigación Política Económica y Social) de la Universidad Autónoma del estado de Guerrero (UAG), en Chilpancingo, Guerrero, el Informe de la Investigación “Defensoras somos Todas”, con la participación de Alejandra Cárdenas, María Luisa Garfías, Isabel Rosales, Paloma Estrada Muñoz y Juliana G. Quintanilla, ante activistas, académicas y defensoras.
Este es un Diagnóstico que forma parte de la primera etapa de un Modelo de Atención a la Violencia Contra las Mujeres Defensoras de Derechos Humanos en la República Mexicana en el ámbito de su activismo social. La investigación permite acercarse a la violencia de las Defensoras de Derechos Humanos, caracterizarla, donde se describe las organizaciones donde trabajan, los puestos que ocupaban y el tipo de trabajo que realizan, su edad, los temas que documentan, trabajaban o difundían cuando fueron violentadas. Es evidente que ninguno de estos hechos es aislado.
En este informe se presentan algunos hallazgos de la investigación diagnóstica. En cuanto a las amenazas recibidas anteriores y/o posteriores al hecho violento, el tipo de violencia y su ámbito, si el hecho violento involucró a más de una activista y finalmente, tener información sobre la o las personas agresoras. Así como la entidad federativa en donde sucedieron los hechos.
En él se reúnen tres procesos: la investigación empírica; el análisis de fuentes oficiales (nacionales e internacionales), y la revisión de documentos internacionales dirigidos a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Asimismo, articula varias aproximaciones analíticas de género sobre la condición de las mujeres en México y las causas de la violencia de género contra las mujeres. El hilo conductor de estos procesos y aproximaciones es la afirmación política, sustentada en este informe, de que en México hay violencia contra las Defensoras de Derechos Humanos debido a que existe todo un sistema estructural que produce y reproduce formas violentas de opresión, explotación, exclusión y discriminación, debido a que hay una discordancia entre legalidad y poder fáctico que favorece al machismo patriarcal.

Para mostrar esta situación, el informe se organizó en cinco partes. En la primera parte, Los Derechos Humanos de las Mujeres y Defensoras, se destaca el Marco Legal Nacional e Internacional que es Responsabilidad del Estado acatar y cumplimentar. La segunda tiene que ver con la Descripción de las Características de las Defensoras: Edad, organizaciones donde trabajan, puestos que ocupan y su tipo de trabajo, temas que documentan, trabajan y/o difunden. En la tercera etapa se visibiliza la Violencia contra las Defensoras de los Derechos Humanos: los Tipos de Violencia, Modalidades, Agresores y la descripción del Contexto. En la cuarta se exponen las Consideraciones finales y las Recomendaciones. Y finalmente, se presentan en el apartado quinto Historias de Vida de diversas Defensoras de Derechos Humanos de México. Cabe destacar que se contempla un Anexo que contiene la Encuesta aplicada.

Palabras de Doña Rosario Ibarra: ¿Quién es defensora de derechos humanos? ¡Cualquier persona que sienta en lo más profundo de su ser las injusticias que se cometen por los dueños del poder.
A las “Doñas”, como cariñosamente nos bautizaron hombres y mujeres solidarios con la lucha por justicia para nuestros hijos desaparecidos, en la intimidad del Comité ¡Eureka todas erguidas y llenas de esperanza, luchando por sus hijos y por los hijos de las que murieron y les dejaron la tarea ineludible de buscarlos como si fueran suyos. Y mi mente se va hasta Guerrero donde vive mi querida amiga Celia, que conmigo fue fundadora del Comité de familiares y la imagino junto a doña Telma Jardón, Margarita Cabañas, Angelina, Salustia Alcocer y tantas que desagraciadamente acabaron sus días sin volver a ver a los suyos pero que dejaron un gran ejemplo en muchas generaciones, sobre la lucha contra la desaparición forzada. El más terrible de los crímenes de lesa humanidad: que se inició en 1969 en Coyuca de Catalán, Guerrero, con el secuestro y la desaparición del profesor Epifanio Avilés Rojas por órdenes del general del Ejército mexicano, Miguel Bracamontes y el mayor Antonio López Rivera;

Palabras de Rupert Knox de Amnistía Internacional: Ya es hora de acabar con los ataques contra todas las personas defensores de derechos humanos y la impunidad. Asimismo, es tiempo de garantizar que los mecanismos de protección e investigación oficial integren las medidas que reflejan la realidad de las mujeres defensoras derechos humanos. El gobierno de México no puede posponer más esta urgente necesidad. Hay un contexto de agresiones y ataques contra las personas defensores de derechos humanos en México, documentado por varias organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos. Es imprescindible enfocar atención pública sobre la ineficacia de los mecanismos de protección e investigación para prevenir y sancionar tales ataques. Sin embargo, también es necesario destacar las particularidades de la experiencia de las defensoras de derechos humanos.

Palabras del Centro Frayba, de Chiapas: Donde hay una protesta, el Estado verá un delito consumado o en vías de consumación, y caracterizará a las personas como delincuentes. y a su organización como una asociación ilícita o enemiga, desestabilizadora de la paz social y del estado de derecho. Es criminalizar, despolitizar, des-historiar, sacar de contexto a los conflictos sociales y políticos; llevarlos al campo jurídico apostando al desgaste de los actores sociales. Es en este contexto, en donde el trabajo de las y los defensores de derechos humanos se vuelve incomodo, molesto y el poder utiliza sus herramientas para agredir, asesinar, detener, deslegitimar el trabajo y criminalizar el trabajo de estos hombres y mujeres que desde diferentes espacios trabajan por la defensa de los derechos humanos. Las acciones locales de defensa de derechos humanos no se pueden entender sin el aporte de las y los promotores comunitarios de derechos humanos. Ellas y ellos juegan un papel primordial en sus comunidades para generar espacios de transformación positiva, de crear espacios más justos entre hombres y mujeres y la madre tierra. Su trabajo es muchas veces callado, discreto como defensoras y defensores de derechos humanos.
Por ello, como defensoras de derechos humanos, creemos que la paz será posible cuando todas podamos exigir el disfrute de nuestros derechos y libertades sin temor a la violencia, cuando la labor de mujeres y hombres en defensa de la dignidad humana sea reconocida como un aporte sustancial y necesario para la maduración de nuestras democracias, la concreción de nuestros anhelos de libertad que hagan universal, lo que ya es posible, un mundo justo y digno.

Los estados de Oaxaca, Chihuahua y Guerrero continúan dentro de las cinco entidades federativas con el mayor número de reportes de agresiones en contra de defensoras y defensores en los dos informes temáticos publicados por la Oficina del ACNUDH en México.

María Elvira Hernández Galeana (Guerrero). Periodista con sólo 36 años de edad, fue asesinada el 28 de junio del año 2010, en la comunidad de las Lomas, municipio de Coyuca de Benítez, a 35 kilómetros del turístico puerto de Acapulco Guerrero.
Isabel Ayala Nava y Reyna Ayala Nava (Guerrero). El 3 de julio de 2011, fueron ultimadas a balazos cuando salían de la iglesia del poblado de Xaltianguis, Guerrero, a unos cuantos minutos del centro de Acapulco. Ellas eran integrantes de la “Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero”, reconocida por su compromiso en la lucha social.
María Edy Fabiola Osorio Bernáldez y Layby Esther García Ruiz (Guerrero). Asesinadas el 31 de mayo de 2012, en Guerrero. Ellas eran integrantes de la asociación ambientalista “Guerreros Verdes”.
Juventina Villa Mojica (Guerrero). Ella junto a su hijo Reynaldo Santana, de 17 años de edad, fueron asesinados el 28 de noviembre de 2012, en la comunidad La Laguna del municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero. La dirigente de la “Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán” (Ocespcc) y su hijo fueron emboscados en la sierra de Guerrero por un grupo de entre 30 y 40 hombres armados. Ella tenía medidas de protección por parte del Gobierno del Estado, sin embargo, “los elementos de policía estatal que la escoltaban ´no pudieron repeler la agresión´, por lo que se escondieron, aseguró un funcionario público estatal”.
Rocío Mesino Mesino. La dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), fue asesinada a balazos el sábado 19 de octubre del 2013 en las inmediaciones de la comunidad de Mexcaltepec, municipio de Atoyac de Álvarez, en la región de la Costa Grande del Estado de Guerrero. Ella recibió al menos cuatro impactos de bala, al parecer de un rifle AK-47, el agresor huyó en una cuatrimoto, conducida por otro sujeto; efectivos del Ejército Mexicano y la policía municipal se dedicaron a la búsqueda de los agresores, pero no tuvieron éxito[1]. Rocío Mesino fue regidora en el municipio de Atoyac (2009- 2012). Su padre Hilario es fundador de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) en 1994 junto con Benigno Guzmán. Cuando apareció el EPR en 1996 en el vado de Aguas Blancas (donde un año antes fueron asesinados 17 campesinos), el Estado mexicano de inmediato relacionó a la organización campesina con la guerrillera y dio paso a la persecución de sus integrantes.
Ana Lilia Gatica Rómulo (Guerrero). Asesinada el 10 de Noviembre del 2013. Ella era integrante de la “Organización Popular de Productores de la Costa Grande” (OPPCG), en Coyuca de Benítez, región de Costa Grande de Guerrero. Ese día, entre las 8 y las 8:30 de la mañana, Ana Lilia Gatica Rómulo y Luis Olivares Enríquez, fueron asaltados en su vivienda situada en la colonia Fuerte Emiliano Zapata de Coyuca de Benítez y asesinados por un hombre no identificado. Ana Lilia Gatica Rómulo recibió un disparo en la cabeza provocando una gran herida y tras una hora y media en la que estuvo agonizando murió sin que acudieran los cuerpos de auxilio y de seguridad quienes habían sido avisados por los colonos. Unos días antes de su muerte, Luis Olivares Enríquez solicitó medidas cautelares a la Comisión de Defensa de Derechos Humanos del estado de Guerrero (CODDEHUM), debido a que había recibido amenazas de muerte. Una semana antes, Luis Olivares Enríquez denunció ante el CODDEHUM, violaciones de derechos humanos cometidas, el 29 de octubre de 2013, por un operativo mixto de la Policía Ministerial y del Ejército Mexicano cuando detuvo a un grupo de jóvenes.

De los 34 feminicidios de Defensoras de Derechos Humanos acá señalados, el Estado con mayor cantidad de casos es Guerrero con 8, seguido por Chihuahua con 7 y el Distrito federal con 5.

La investigación señala que los agresores son, en su mayoría, agentes del Estado con 15.1%. Mientras que el 23.3% dijo haber sufrido otro tipo de violencia o varios.
En México las Defensoras viven y han vivido la violencia de diferente manera, de acuerdo a su contexto individual o familiar, y el contexto propio de su Pueblo, Ciudad y Estado.

Entre el periodo de 1978 a 2014, estas organizaciones consideran que los años con mayor violencia fueron el 2011 y el 2013 con un 7%.
El mayor porcentaje corresponde a la Violencia Psicológica con 40.7%, Hostigamiento 34.9%, Difamación 33.7%, Persecución 23.3% y la Intimidación Gubernamental 22.1%.

Una de las Modalidades de Violencia que han sufrido otras personas que integran la organización es la Institucional y representa el 17.4%.

De la muestra, quienes responden que han sufrido violencia o conocen de algún caso de violencia relacionado con la organización el 13.5% considera que entre el 2009 y 2011 fue un periodo con mayor violencia a partir del año 2000, también el 4.7% menciona que 2013 ha sido un año con violencia.

También la muestra percibe que los años con mayor incidencia de violencia hacia otras personas ajenas a la organización son de 2009 a 2011 y 2013. El 56% dijo que estos casos de violencia se han documentado y el 16.3% que no.

En el periodo de 2000 a 2012, este último fue el que la muestra refiere como el año de mayor violencia hacia personas que no están relacionadas con la organización, es decir a la población en general.

Por lo que respecta a la Violencia en la Organización el 17.4% señaló que SI existe y el 53% que no. Del porcentaje que respondió afirmativamente el 9.4% señala que en un rango de entre 1 a 4 mujeres han sido violentadas y el 9.3% considera que entre 1 y 2 hombres. En el tipo de violencia que se presenta en las organizaciones es la Psicológica (11.6%), el Hostigamiento (5.8%), la Difamación y Amenazas (7%) y el Robo en General 3.5%. Por los datos, se podría decir que la Violencia Psicológica en un malestar en la sociedad ya que se replica también en estas organizaciones, por lo que se debe de trabajar más en erradicar este patrón. El año con mayor violencia interna también fue el 2012.
La violencia contra las Defensoras tiene su origen y fundamento en un sistema de dominación jerárquico patriarcal y misógino que se debe modificar estructuralmente, por lo que es necesario fortalecer una perspectiva feminista de reivindicación de derechos de las mujeres Defensoras, fortaleciendo los lazos de solidaridad y sororidad ante cualquier tipo de agresión que ponga en riesgo la vida, la libertad y la actividad de las defensoras en el ámbito público y privado. La construcción de nuevas relaciones sociales, en donde las mujeres tengan los mismos derechos que todos los seres humanos, tiene un fundamento histórico en la lucha feminista contra todo tipo de opresión, explotación y violencias.
En este sentido, la defensa de las mujeres Defensoras debe ser asumida como parte de la lucha por la transformación del sistema basado en la dominación y opresión de las mujeres, a uno en donde se respeten plenamente los Derechos Humanos de las Mujeres.
Hace casi dos años fue publicada la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (26 de junio de 2012) y 5 meses después el Mecanismo de protección empezó a funcionar (12 de noviembre de 2012). Desafortunadamente muy pronto afloraron las deficiencias en su trabajo al grado que para mediados de 2013 ya era evidente que se acumulaban los casos presentados al Mecanismo y no eran sometidos a evaluación de riesgo; las medidas que debían salvaguardar la integridad de las defensoras, defensores y periodistas en riesgo, no se hacían efectivas por falta de recursos y los gobiernos locales no realizaban esfuerzos para proteger a estos grupos.
Además, persisten deficiencias en la coordinación interinstitucional así como entre el gobierno federal y los gobiernos locales. No ha habido una adecuada capacitación y sensibilización de los funcionarios que operan el Mecanismo.
Las recomendaciones al Estado Mexicano para garantizar el reconocimiento y el derecho de las y los Defensores de Derechos Humanos que enfrentan situaciones de agresiones y violencia, han tenido un alcance internacional, dada la preocupación generada por las condiciones de grave deterioro de la situación política y social en México. Sin embargo, aun cuando muchas de estas recomendaciones son muy importantes, son muy pocas las que se refieren específicamente a las mujeres Defensoras, por lo que consideramos necesario destacar algunas de ellas.
Al Estado mexicano se le ha exigido en las instancias internacionales establecer una protección eficaz de las Defensoras que incluya la investigación rápida y eficaz y el levantamiento de cargos por todas las amenazas y ataques dirigidos contra ellas. Garantizarles un entorno seguro, libre e independiente y garantizar que todos los casos de amenazas, violencia, ataques y asesinatos contra ellas sea investigado por organismos independientes e imparciales.
Sin embargo, como hemos visto en el análisis, las Defensoras siguen sufriendo diversos Tipos de Violencia e incluso feminicidios. Es preocupante que la impunidad existente perpetúa una situación en la que estas ejecuciones pueden repetirse, pero lo más alarmante es que el principal agresor es el Estado mexicano.
Por otro lado, vemos que los mecanismos de protección a mujeres reconocidos en la LGAMVLV no funcionan adecuadamente. La Declaratoria de Alerta de Violencia de Género a la fecha se solicitó en Guanajuato, Morelos, Chiapas, Estado de México, Monterrey e Hidalgo, negando la emisión debido a que la estructura legal de este mecanismo y acreditación de las pruebas hace imposible su emisión, aun cuando existen recursos para la misma. Las Órdenes de Protección son deficientes e inaplicables primordialmente al exigirle a la mujer victimizada por violencia doméstica denuncie penalmente al agresor para obtener protección por tan sólo 72 horas, poniéndola en un mayor estado de riesgo o vulnerabilidad.
Por todo lo anterior, consideramos que el Estado tiene la obligación de proteger a las Defensoras de Derechos Humanos, pero para ello se requiere de voluntad política y de efectividad operativa.

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