La Alerta de Violencia de Género. El último recurso legal de las mujeres para acceder a la justicia.

Paloma Estrada Muñoz y Juliana G. Quintanilla

Desde el año 2003 se inició la documentación, el análisis y la denuncia pública de los casos. Ante el vacío legal y la violencia institucional a la que se enfrentaban las familias de las mujeres victimizadas, se solicitó a la entonces PGJE la creación de la Unidad de Atención Especializada para Atender los Homicidios contra Mujeres, misma que se creó en 2005. Esta incidencia en los medios de comunicación y en la esfera jurídico-política, hizo que la CIDHMOR fuera tomada en cuenta para participar en la Investigación “Violencia Feminicida en 10 Entidades de la República Mexicana”, auspiciada por el H. Congreso de Unión. La investigación fue encabezada por la Antropóloga y entonces Diputada Dra. Marcela Lagarde y de los Ríos. Los resultados fueron contundentes, la investigación confirmo que: En México y Morelos hay feminicidio. No se respeta el derecho de las niñas y las mujeres a una vida libre de violencia. Los homicidios de niñas y mujeres son un problema grave e inadmisible. Son parte de la violencia feminicida como culminación de la violación de sus derechos humanos y evidencian la ruptura del Estado de derecho en nuestro país.

Sin embargo, autoridades de rangos distintos demeritan los homicidios de mujeres al comparar su número menor al de hombres; los desvalorizan con actitudes misóginas, acusan a las mujeres y no trabajan con profesionalismo en su esclarecimiento.

Ni las desapariciones, ni los asesinatos, ni la impunidad son identificados como un grave problema, tampoco se reconoce la responsabilidad del gobierno en los sucesos, y su erradicación no es un eje prioritario de la política de desarrollo social y de la gobernabilidad.

Los atentados contra la vida de las niñas y las mujeres no se dan en el vacío. Suceden en un entramado social de tolerancia y fomento a la violencia de género cotidiana, misógina y machista, contra niñas y mujeres. Los homicidios son su consecuencia y suceden tras procesos vitales marcados por la inseguridad y por escaladas de violencia, y situaciones extremas que culminan en muertes violentas. La muerte, en muchos casos, no ha sido límite para el daño. Aun después de haber sido asesinadas, sus cuerpos son objeto de agresión. La violencia feminicida se debe a la omisión del Estado en la preservación, la garantía, la tutela y el impulso de los derechos humanos de las mujeres. Se debe, asimismo, a la inexistencia de una política de Estado para impulsar el desarrollo social de las mujeres y la vigencia de sus derechos humanos.

Las mujeres victimizadas reciben un trato discriminatorio, misógino y vejatorio por parte de las instituciones encargadas de procurar justicia, lo que constituye violencia institucional y contribuye a la impunidad: omisión, comisión, negligencia, corrupción y colusión con el agresor. Como la violencia feminicida se conforma por procesos sociales complejos de diversas formas de violencia, se debe investiga cada muerte de una mujer, desde los homicidios dolosos o culposos, los accidentes, hasta los suicidios, en el entendido de que las condiciones que las condujeron a quitarse la vida fueron situaciones previas de privación de sus derechos, violencia o falta de oportunidades. Se incluyen en la violencia feminicida otras muertes evitables de las mujeres, un gran número de ellas resultado de la desatención, el maltrato o la desvalorización de la vida de las mujeres.Después de realizado este arduo trabajo de investigación, ya no había duda de que los feminicidios eran reales y que se tenía que generar acciones tendientes a prevenirlos y erradicarlos, así como un marco legal para la protección de todas las mujeres. Así, se continuó con la gestión legislativa para aprobar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007) y su similar para el Estado de Morelos (2007). En 2011 se reformó el Código Penal de Morelos, en su Artículo 213 Quintus, del Capítulo III sobre el Feminicidio, que establece hasta cinco causales del delito.

Pero pese a este gran marco legal, a las mujeres las seguían asesinando. Por lo que en 2014 se solicitó de manera oficial la declaratoria de Alerta de Violencia de Género en Morelos. En el entendido de que la Alerta de Violencia de Género es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad. Y tendrá como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos. Ante la violencia feminicida, el Estado mexicano deberá resarcir el daño conforme a los parámetros establecidos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y considerar como reparación: El derecho a la justicia pronta, expedita e imparcial (se deben investigar las violaciones a los derechos de las mujeres y sancionar a los responsables); La rehabilitación (se debe garantizar la prestación de servicios jurídicos, médicos y psicológicos especializados y gratuitos para la recuperación de las víctimas directas o indirectas); La satisfacción (son las medidas que buscan una reparación orientada a la prevención de violaciones). Entre las medidas a adoptar se encuentran “La aceptación del Estado de su responsabilidad ante el daño causado y su compromiso de repararlo; la investigación y sanción de los actos de autoridades omisas o negligentes que llevaron la violación de los derechos humanos de las víctimas a la impunidad; el diseño e instrumentación de políticas públicas que eviten la comisión de delitos contra las mujeres, y la verificación de los hechos y la publicidad de la verdad.”

Por todo ello, la Alerta de Violencia de Género en Morelos se ha vuelto el último recurso jurídico para salvaguardar la Vida, la Libertad, la Dignidad, la Memoria y la Justicia para las mujeres.

cidhmorelos@gmail.com

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Un ya basta a la desaparición forzada y la represión

José Martínez Cruz y Marco Aurelio Palma Apodaca.

Durante la 14 jornada global por Ayotzinapa en Cuernavaca saludamos la aprobación de la Iniciativa de ley sobre Desaparición Forzada para el Estado de Morelos y demandamos que se subsanen los errores y limitaciones de la misma, para que se salde la deuda histórica con familiares y víctimas de este crimen de lesa humanidad. Para esclarecer la verdad histórica y la justicia para los 43 de Ayotzinapa, consideramos importante señalar que en su cuarto informe público, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana para el caso Ayotzinapa hizo un balance sobre las peticiones y diligencias que ha solicitado, el nivel de cumplimiento y lo que aún está pendiente. Entre los puntos mencionados están: las autoridades continúan evaluando la petición de hacer entrevistas directas al 27 batallón y hay un avance completo en 30% y parcial en 24% de las diligencias adicionales solicitadas a las autoridades. El grupo resalta el compromiso de la PGR para dar los pasos necesarios para unificar la investigación, la instalación de una unidad de salud para los padres de familia en la normal de Ayotzinapa y la buena disposición de familiares de los jóvenes y de los normalistas sobrevivientes de colaborar con las autoridades para continuar la investigación y enriquecer el expediente, a pesar del impacto y la movilización emocional que supone para ellos la nueva toma de testimonios.  A 9 meses de los hechos, los familiares de los normalistas desaparecidos siguen esperando respuestas y nuevos esfuerzos para la búsqueda de sus hijos. El Grupo ha avanzado en el análisis del expediente, así como en la toma de testimonios, en el contraste entre las distintas versiones, declaraciones y pruebas recogidas, así como en la elaboración de su futuro informe. Se acordó con la procuradora general realizar una reunión para que el GIEI colabore con sus criterios en la valoración y tipificación de los delitos cometidos en las 6 causas abiertas que corresponden a 15 procesos (Tamaulipas, Morelos, Guerrero), según la información proporcionada por las autoridades. Dicha acción es un paso adelante para que hechos tan graves puedan ser investigados de manera integral y juzgados de acuerdo con los estándares internacionales en este tipo de casos.

Más de tres meses después de haber realizado la petición a las autoridades para entrevistar directamente a los militares del 27 batallón, incluyendo aquellos cuyos testimonios no han sido tomados, el GIEI señala con preocupación el retraso en esta decisión. En opinión del Grupo esta demora limita los esfuerzos por avanzar en la investigación de los hechos y las nuevas acciones y perspectivas en la búsqueda de los desaparecidos. En el mes pasado se hicieron diversas diligencias en lugares relevantes vinculados con la investigación. El grupo visitó establecimientos policiales, el basurero de Cocula, el río San Juan y una casa de seguridad, entre otros lugares del estado de Guerrero. También hizo una nueva inspección de los sitios en donde se cometieron los ataques en la ciudad de Iguala. Dichas acciones se llevaron a cabo junto con peritos del Grupo, expertos en criminalística de campo y planimetría. Desde que comenzó su mandato, el GIEI ha hecho más de cien peticiones de información relevantes o de diligencias significativas para la evaluación y el impulso de la investigación. Dada la complejidad y la amplitud de las mismas, se ha establecido un sistema para verificar el cumplimiento de dichas solicitudes. Hasta ahora se ha cumplido un 30% de forma completa, un 24% de forma parcial y un 47% aún están pendientes, según la revisión conjunta hecha por el GIEI y la PGR. La agilización de la respuesta a estas peticiones es muy importante para cumplir con el mandato del Grupo en el tiempo establecido. En los próximos días el GIEI hará nuevas solicitudes importantes para el caso. Igualmente, el Grupo resalta la relación de colaboración con la CNDH para el intercambio de información relativa a la investigación. Estos son, brevemente, los avances y los pendientes del trabajo del Grupo a casi cuatro meses de que inició el mandato que le fue encomendado por los peticionarios y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Por otra parte, el Informe planteado por la CNDH da cuenta que la PGR se apresuró a construir una verdad oficial sobre los hechos sin contar con los elementos probatorios que sustenten sus afirmaciones y justo por ello solicita el desahogo de pruebas múltiples pruebas periciales, reconstrucciones de hechos, determinar la “ruta de desaparición”, recabar diversos testimonios e incluso la realización de elementos básicos para una búsqueda y localización efectiva de los estudiantes como es elaborar fichas de identificación.

Finalmente, el 19 de julio la represión militar en contra de la Comunidad Indígena de Santa María Ostula Michoacán donde las autoridades y militares pretenden justificar su violenta e ilegal agresión, condenamos los hechos ocurridos en los que murió el niño Idilberto Reyes García, y exigimos que se haga justicia y se esclarezca la verdad de lo ocurrido, que no existan más agresiones, hostigamiento o detenciones en contra de integrantes de la Comunidad Indígena de Santa María Ostula, Aquila, Chinicuila, Coalcomán y Coahuayana. Así mismo exigimos: Que se garantice la integridad de la comunidad, lo que incluye el respeto a su Policía Comunitaria. La inmediata libertad de Cemeí Verdía Zepeda (Primer Comandante de la Policía Comunitaria y Coordinador General de las Autodefensas). Justicia inmediata y castigo a los culpables de la muerte del niño Idilberto Reyes García, y de las agresiones a la población del domingo pasado.

cidhmorelos@gmail.com

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Desaparición Forzada: foro sobre la Ley e historias de dolor.

El Congreso del Estado de Morelos tiene la oportunidad de legislar sobre la Desaparición Forzada y contribuir a que se atienda, prevenga, investigue, sancione y erradique esta terrible práctica de fuerzas del Estado que laceran gravemente la dignidad humana.

La desaparición forzada es un crimen de Lesa Humanidad. La Convención sobre Desaparición Forzada lo describe así: “se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.” (Artículo II) y “constituye una afrenta a la conciencia del Hemisferio y una grave ofensa de naturaleza odiosa a la dignidad intrínseca de la persona humana”. En el gobierno de Calderón y el actual de Peña Nieto, se dispararon las cifras de personas desaparecidas en todo el país, bajo la estrategia política de una guerra supuestamente contra el narcotráfico, confiriendo poderes extraordinarios a las corporaciones policiacas y de las fuerzas armadas, sin detenerse en el argumento que establece claramente que “En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales, tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública, como justificación de la desaparición forzada de personas. En tales casos, el derecho a procedimientos o recursos judiciales rápidos eficaces se conservará como medio para determinar el paradero de las personas privadas de libertad o su estado de salud o para individualizar a la autoridad que ordenó la privación de libertad o la hizo efectiva. En la tramitación de dichos procedimientos o recursos y conforme al derecho interno respectivo, las autoridades judiciales competentes tendrán libre e inmediato acceso a todo centro de detención y a cada una de sus dependencias, así como a todo lugar donde haya motivos para creer que se puede encontrar a las personas desaparecidas, incluso lugares sujetos a la jurisdicción militar.” Abrir los cuarteles militares, las cárceles clandestinas, los sitios ocultos del poder, las cloacas del sistema, deviene en una demanda de familiares que  buscan por todos los medios posibles. Ejemplo de ello ha sido la lucha desde hace 40 años de las doñas del Comité Eureka y las madres y padres de los 43 de Ayotzinapa, así como quienes integran las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM) y muchas otras organizaciones, como Familiares y Ofendidos del Estado de Morelos. Por ello, la lucha por la presentación con vida de todas y todos los desaparecidos sigue siendo fundamental en la hora actual. Analizar, reflexionar y actuar para evitar que continúe esta terrible práctica del Estado en contra de personas que quedan en la indefensión total, es el objetivo de la iniciativa de Ley para Prevenir, Atender, Investigar, Sancionar y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas para el Estado de Morelos. Ya fue presentada en el Congreso del Estado y sabemos que está siendo analizada en Comisiones, por lo que consideramos fundamental que la Comisión de Puntos Constitucionales y la Junta Política del Congreso puedan resolver y considerar la urgencia de su discusión y resolución, porque es claro que no se debe esperar los 6 meses para que la Legislación Federal realice una Ley en temas de gran importancia como lo es la Desaparición Forzada, cuando se puede establecer un ordenamiento Estatal que esté en armonía con los más altos estándares internacionales en materia de protección de los derechos de las personas que sufren desaparición, y esa es una razón para que la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos realizamos este Foro contra la Desaparición Forzada en Morelos, este día 9 de julio de 2015 a las 10 de la mañana, en el lobby del Congreso del Estado, donde contamos con la participación de familiares de desaparecidas en la entidad, el Diputado Héctor Salazar Porcayo, el investigador y autor del libro “La Historia de la Desaparición en México” Roberto González Villarreal, quien señala “Lo que está diciendo la sociedad es que ya está cansada de un régimen político que permite las desapariciones; y que no sólo las permite, las realiza. El régimen está en duda. Ya no es sólo la lucha por los desaparecidos. Se trata de un régimen en el que ya no distinguimos quiénes son las autoridades”,  y precisa que: “El secreto, la negativa, la ignorancia, el olvido, la tachadura, la rasgadura, las contradicciones, las confusiones, todas son técnicas para desaparecer a las personas, para difuminar su memoria, desconocer los conflictos, callar las batallas. La tecnología de la desaparición opera en el límite de la existencia política y jurídica de los sujetos, transita siempre entre la desaparición radical y los recuerdos apenas manifiestos. En Historia de la desaparición. Nacimiento de una tecnología represiva los desaparecidos vuelven a estar aquí, tienen nombre, participan en nuevos combates porque cada vez que se les evoca es una jornada política: han abierto una lucha sin cuartel y sin descanso. Su memoria es un arma, su recuerdo anima la exigencia de que regresen, de saber dónde están. Así lo han dicho sus madres, hijos, esposos, hermanos: Vivos los llevaron. Vivos los queremos”. Igualmente, escucharemos los testimonios de familiares de personas desaparecidas en Morelos que estremecen la conciencia y nos conminan a no cejar en nuestra exigencia de tomar todas las medidas para que se esclarezca la verdad y se logre la justicia en todos y cada unos de los casos.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos

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Desaparición Forzada: No al Olvido.

Juliana G. Quintanilla y Marco Aurelio Palma Apodaca.

Hace nueve meses se abrió una vez más un episodio indignante en la historia de México. La “verdad histórica” sobre el caso Ayotzinapa, del actual régimen, cada vez está más tambaleante, por donde se examine carece de veracidad. No aceptamos la versión oficial. Exigimos la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos por el Estado, castigo a los culpables de las graves violaciones a derechos humanos y refrendamos nuestra solidaridad y respaldo a las familias de los jóvenes desaparecidos forzadamente, ejecutados, torturados y heridos, así como a los estudiantes de las normales rurales de nuestro país. Estamos en pie de lucha. “Ayotzinapa/ Mordemos la sombra/ Y en la sombra/ Aparecen los muertos/ Como luces y frutos/ Como vasos de sangre/ Como piedras de abismo/ Como ramas y frondas/ De dulces vísceras/ Los muertos tienen manos/ Empapadas de angustia/ Y gestos inclinados/ En el sudario del viento/ Los muertos llevan consigo/ Un dolor insaciable/ Esto es el país de las fosas/ Señoras y señores/ Este es el país de los aullidos/ Este es el país de los niños en llamas/ Este es el país de las mujeres martirizadas/ Este es el país que ayer apenas existía/ Y ahora no se sabe dónde quedó/ Estamos perdidos entre bocanadas/ De azufre maldito/ Y fogatas arrasadoras/ Estamos con los ojos abiertos/ Y los ojos los tenemos llenos/ De cristales punzantes/ Estamos tratando de dar/ Nuestras manos de vivos/ A los muertos y a los desaparecidos/ Pero se alejan y nos abandonan/ Con un gesto de infinita lejanía/ El pan se quema/ Los rostros se queman arrancados/ De la vida y no hay manos/ Ni hay rostros/ Ni hay país/ Solamente hay una vibración/ Tupida de lágrimas/ Un largo grito/ Donde nos hemos confundido/ Los vivos y los muertos/ Quien esto lea debe saber/ Que fue lanzado al mar de humo/ De las ciudades/ Como una señal del espíritu roto/ Quien esto lea debe saber también/ Que a pesar de todo/ Los muertos no se han ido/ Ni los han hecho desaparecer/ Que la magia de los muertos/ Está en el amanecer y en la cuchara/ En el pie y en los maizales/ En los dibujos y en el río/ Demos a esta magia/ La plata templada/ De la brisa/ Entreguemos a los muertos/ A nuestros muertos jóvenes/ El pan del cielo/ La espiga de las aguas/ El esplendor de toda tristeza/ La blancura de nuestra condena/ El olvido del mundo/ Y la memoria quebrantada/ De todos los vivos/ Ahora mejor callarse/ Hermanos/ Y abrir las manos y la mente/ Para poder recoger del suelo maldito/ Los corazones despedazados/ De todos los que son/ Y de todos/ Los que han sido.” (Ayotzinapa. Poema de David Huerta. 2 de noviembre de 2014. Oaxaca. Leído en Cuernavaca, Morelos, 26 de junio de 2015). Hoy sostenemos que no cesaremos en la exigencia de presentación con vida de los 43 compañeros normalistas, la investigación amplia y efectiva en los casos de tortura y ejecución extrajudicial, así como el esclarecimiento de cómo se han llevado las investigaciones correspondientes: toda información que haya sido usada para sostener su “verdad” debe ser puesta al escrutinio de la sociedad, en especial a la comunidad científica, para examinar los detalles y elementos relevantes en el caso. Ayotzinapa no puede ser una tragedia más en la lista de masacres y violencia que tenemos en el país, es como lo venimos diciendo desde meses atrás, un punto de inflexión, un punto de no retorno, porque nos muestran la impunidad que impera en nuestro país y las constantes desapariciones que no cesan. La justicia y la verdad están pendientes. Pero sobre todo porque las familias fortalecen cada día su exigencia de presentación con vida de sus hijos, hermanos y no aceptarán mentiras. La verdad oficial no satisface los mínimos criterios de razonabilidad y veracidad, por tanto, la sociedad mexicana tampoco acepta que esta historia haya llegado a su fin. A 9 meses de indignación y búsqueda inagotable de verdad y justicia, llamamos a mantener la solidaridad con las familias de los jóvenes normalistas. Estamos frente a un crimen de Estado, ante un crimen que configura delitos de lesa humanidad, es decir, que agravian a toda persona en nuestro país y el mundo, y que debe ser juzgado como tal, sin evasiones ni distracciones. Contra el olvido, Justicia, Verdad y Memoria. En Morelos presentamos una iniciativa de Ley para Prevenir, Investigar, Sancionar y Erradicar la Desaparición Forzada en el Congreso local, que está en comisiones y que debe ser aprobada antes de que concluya esta legislatura, que nadie se llame a engaño sobre la falta de propuestas para que la historia no se repita. La sociedad mexicana no debe permitir un Ayotzinapa más, ni una, ni un desaparecido más. No olvidamos!

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Cuando la conciencia levanta del suelo.

José Martínez Cruz y Paloma Estrada Muñoz

 

Defensoras somos todas. Es un llamado y una definición. No es sencillo asumirse como una persona que defiende los derechos humanos. Requiere tomar conciencia de la posibilidad de hacerlo. Desde cualquier lugar y circunstancia en donde haya necesidad. En ocasiones ocurre que el despertar es violento. Y destruye. Superar el dolor es posible cuando existe un brazo solidario y un corazón sensible, que permite aminorar el peso de la carga. Estuvimos en Saltillo, Coahuila, y a la luz de su Historia, con la gente del norte que mira la frontera, y sabe que aún en el desierto llueve, que la migración existe, que los desaparecidos hay que buscarlos, porque nada puede impedir que la vida sea como la queremos para todas y todos, compartimos el Informe “Defensoras somos Todas”, con familias de FUNDEM (Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de México), con el Centro Fray Juan de Larios y el Centro Juan Gerardi. Ahí pudimos constatar la enorme capacidad de organización y lucha en medio de la violencia estructural que ocasiona un verdadero horror por la acumulación de procesos de crisis que destruyen las mejores relaciones humanas ante el uso y el abuso del poder.

Mujeres defensoras que tomaron conciencia a partir de su propia tragedia al perder a un hijo o una hija a manos de policías, militares o grupos privados ligados al crimen que cuentan con la anuencia o aquiescencia del Estado para llevar a cabo sus actividades criminales en la impunidad. Transmitimos conclusiones de un Informe que busca visibilizar las violencias para poder denunciarlas y combatirlas, para que se tome conciencia de que es posible transformar esta realidad mediante la organización y lucha colectiva. Recibimos testimonios y aportaciones desde quienes se sobreponen al dolor individual mediante la lucha por la justicia y la verdad, con perseverancia y compromiso por cambar la realidad. La mayoría de quienes participan en este movimiento son mujeres. Algunas jóvenes y la inmensa mayoría de edad avanzada, cuando las fuerzas flaquean la esperanza las fortalece ante la enorme necesidad de encontrar a sus familiares.

Como ríos que fluyen desde diversos lugares, las mujeres se han ido encontrando en la misma búsqueda. Y muchas de ellas viven la tragedia personal que las va destruyendo cotidianamente, hasta que han encontrado a quienes padecen la misma situación y se atreven a actuar colectivamente. Y a construir su propia organización. En este mundo globalizado, defender la esperanza de otro mundo posible, implica cuestionar tanto los fundamentos económicos, sociales y políticos, como las relaciones mismas entre las personas, como lo ha hecho el movimiento feminista y el movimiento de derechos humanos que crece por todas partes. No ha sido fácil que se logre abrir una perspectiva de esta naturaleza. Las defensoras de derechos humanos asumen un alto riesgo al cuestionar precisamente las causas estructurales de esta violencia.

A través de esta investigación concluimos que la violencia estructural termina afectando a todos los niveles de las vidas de las personas y sobre todo de quienes se atreven a luchar para impedir que continúe dañando vidas humanas y por condiciones de existencia dignas. Asumir estos riesgos no implica, por ello, quedar desprotegidas y expuestas a sus propias fuerzas y recursos. Si bien es cierto, estas mujeres no se intimidan ante las dificultades que enfrentan, no es suficiente reconocer y valorar su trabajo social y políticamente, sino que deben dotarse de instrumentos y herramientas que les garanticen contar con la solidaridad inmediata y el apoyo de todo tipo para disminuir el riesgo, superarlo cuando ocurre, recuperar la esperanza y seguir viviendo, no sucumbir en la soledad y en el aislamiento en el que los perpetradores quisieran mantenerlas para disminuirlas, invisibilizarlas y hasta desaparecerlas.

Bien señala Doña Rosario Ibarra “Nosotras hemos sufrido la peor de las violencias, fuimos sometidas al dolor que no cesa por la incertidumbre de no saber el paradero de nuestros hijos, hermanos y familiares nod volvimos sin proponérnoslo en acérrimas defensoras de los derechos humanos”.

Si vivir es resistir, luchar es transformar. Como nos lo muestran las defensoras que nos brindaron su confianza para documentar sus casos y quienes contestaron la encuesta, transmitiendo experiencias, reflexiones, inquietudes y propuestas innovadoras.

Hay mucho por enfrentar de manera colectiva y existe un conocimiento acumulado por el intercambio a través de redes, articulaciones, vínculos afectivos y de trabajo, en espacios de encuentro y dialogo, de compartir los caminos de la vida para dotar de estos instrumentos vitales de acompañamiento y de respuesta inmediata y urgente, para proteger la vida y garantizar que se continúe realizando la actividad que se lleva a cabo por la libertad, la justicia y la igualdad, por el acceso de todas las mujeres a una vida libre de violencia.

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Ataques a periodistas y a libertad de expresión en el proceso electoral

Juliana G. Quintanilla y José Martínez Cruz

Los ataques a periodistas y personas defensoras de derechos humanos durante el proceso electoral muestran el grado de deterioro de las libertades en nuestro país y en Morelos. Artículo 19 documentó 27 casos de violencia contra la prensa durante la cobertura de la jornada electoral en 10 entidades del país. Según esta lista preliminar de quejas de las que Artículo 19 tuvo reporte, se registró “una detención arbitraria, 10 agresiones físicas, 5 bloqueos informativos (se entiende por bloqueo informativo a todo acto de obstrucción de búsqueda u obtención de información), 4 robos de equipo, 3 ataques cibernéticos y 3 falsificaciones a perfiles de redes sociales de medios. Cuando un funcionario/a o servidor público amenaza, ataca, intimida y agrede verbal y en ocasiones físicamente a quien realiza su trabajo de comunicación, está poniendo en riesgo el derecho de la sociedad a estar informada con veracidad de lo que está ocurriendo en momentos de fuerte polarización social y política. La libertad de expresión es un derecho del conjunto de la población y no es una concesión gratuita por parte del gobierno.  Cuando el interés de quienes tienen el poder se sobrepone a los derechos de la población, se crea una situación de crisis en la relación entre las autoridades y la ciudadanía, donde generalmente termina perdiendo la verdad y el derecho a estar bien informada. Controlar la información es fundamental para ejercer un poder autoritario. Las recientes amenazas a periodistas como Jaime Luis Brito y  Angelina Albarrán, realizadas por funcionarios se ubican en este contexto de intolerancia y abuso de poder, donde no se puede considerar que sean casos menores cuando se termina dañando el derecho de la sociedad a contar con medios de comunicación capaces de mostrar una realidad distinta a la que quieren mostrar los que se sienten dueños del poder.  Exigimos al gobierno de Morelos garantice a los trabajadores de los medio de comunicación el ejercicio de la libertad de expresión consagrada en el artículo 7 de la Constitución mexicana y del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; así como el cumplimiento del derecho a la información dispuesta en el artículo 6 de la Carta Magna. Asimismo, exigimos al gobernador del Estado ordene a todos los funcionarios que laboran en el poder Ejecutivo y que dependen de éste, que respeten estos derechos y, en caso de que  funcionarios incurran en dichos actos se les aplique el peso de la ley administrativa y penal de los servidores públicos, esto de alguna manera será garantía de no repetición. Señalamos que no lograrán acallar la verdad con ocultarla o descalificarla, no lograrán impedir la libertad de expresión si la defendemos en la práctica. Sin libertad de expresión se impone el autoritarismo y la antidemocracia. Por ello, los medios de comunicación abiertos, plurales e independientes del poder, deben ser instrumentos indispensables para que se refleje la diversidad de opiniones y hechos de una sociedad, que aspira a que mediante la democracia y el respeto a los derechos humanos de todas y todos se resuelvan los graves problemas que se viven cotidianamente. Todo lo anterior está contemplado en la Ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas publicada en 2012, y aun cuando en Morelos solamente existe un Decreto, es necesario vigilar su cumplimiento, como lo señala en su artículo 1 “la presente ley es de orden público, interés social y de observancia general en toda la república… para implementar y operar las medidas de prevención, preventivas y urgentes, de protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo”. Esta situación no es privativa de Morelos, sino a nivel nacional. El 26 de junio de 2012 fue publicada esta Ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas y el 12 de noviembre del mismo año el Mecanismo empezó a funcionar. A partir de ahí, en sólo 14 meses el Mecanismo entró en crisis fundamentalmente porque crecía de forma constante el número de casos cuyo riesgo no era evaluado y además las contadas medidas de protección que se otorgaban no se cumplían. En Morelos el Mecanismo emitió pronunciamientos públicos para proteger a periodistas en situación de riesgo. En todos los casos las autoridades deben investigar de forma diligente, exhaustiva, imparcial y objetiva. Consideramos de suma importancia que los hechos ocurridos a periodistas, se investiguen documenten y determinen las responsabilidades legales correspondientes de los funcionarios señalados y, en su momento, se sancione efectivamente a los posibles responsables. Las agresiones contra periodistas y comunicadores –aún más durante elecciones– constituyen violaciones a derechos humanos, en particular a las libertades de expresión e información. El ejercicio de estos derechos resulta vital en todo proceso electoral, por lo que su afectación no sólo agravia a los periodistas, sino también a la sociedad al privarla de recibir información y generar sus criterios u opiniones, sobre todo cuando nos enfrentamos a una profunda crisis institucional que se aleja cada vez más de las necesidades reales de la población. Hoy defender estos derechos es vital para impedir que la lógica autoritaria siga causando un grave daño al derecho  a la información y a la libertad de expresión.

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Después de las elecciones un paisaje de guerra

Juliana G. Quintanilla y Paloma Estrada Muñoz.

Paisaje después de la guerra y no después de un proceso electoral es lo que observamos en nuestro desangrado país. Una vez que concluyó la farsa electoral mediante la cual el gobierno, nacido del fraude, ilegítimo e ilegal, busca seguir imponiendo las políticas neoliberales y privatizadoras, represivas y antidemocráticas que tanto daño han causado a la mayoría de la población. Violencia institucional en un país militarizado, con masacres terribles, con presas políticas como la comandanta Nestora Salgado, con los 43 más cientos de desaparecidos, la asociación entre altos funcionarios y criminales como en Iguala y con un aparato judicial lleno de corrupción y cómplices de delincuentes, el gobierno y los partidos llevaron a cabo sus elecciones viciadas, porque no se realizaron en un Estado de derecho o en elementales condiciones de legalidad. Eso dará la tónica al proceso inmediatamente posterior a las elecciones. Las violentas luchas de los mineros en Sonora, el corte durante siete horas de una autopista por los habitantes de Atenco, la ocupación del aeropuerto de Oaxaca por la CNTE, los choques en Chilpancingo entre estudiantes que boicotean los comicios y la policía y otros conflictos sociales similares serán alimentados por el triunfo de la falta de confianza en el Estado, de la inconformidad, de la protesta social. En este contexto la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos hemos solicitado la Alerta de Violencia de Género ante la violencia feminicida impune e imparable contra las mujeres. Hemos cumplido puntualmente todos los requisitos y procedimientos establecidos en la Ley general de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a su reglamento, documentando todos y cada uno de los 633 feminicidios ocurridos entre el año 2000 y febrero de 2015. La respuesta de las autoridades ha sido negligente, contradictoria, omisa y confusa. Una vez que se han cumplido los plazos legales establecidos en estas leyes tenemos el siguiente panorama: Primero: La violencia feminicida sigue creciendo en Morelos. Segundo: El Grupo de Trabajo creado por la CONAVIM debe entregar los resultados del análisis de la información que el gobierno de Morelos se vio obligado a realizar ante las 15 recomendaciones emitidas. Estamos en la espera de que este sea entregado a la brevedad posible. Tercero: Esta información debe ser del conocimiento público porque tiene implicaciones en la vida social y daña gravemente los derechos de las mujeres. Al respecto, transcribimos la resolución del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE): “Por lo expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto, Resuelve, Primero. Se confirma el principio de positiva ficta a favor de Juliana García Quintanilla, en su calidad de representante de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos” ante la negativa del gobierno a proporcionar la información solicitada y se requiere a la Secretaría de Gobernación de Morelos para que remita a este instituto a título gratuito, en medio electrónico o copia simple la información sobre las 15 recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo sobre la AVG. Cuarto: La Secretaría de Gobernación tiene conocimiento del interés social de que se emita esta Alerta de Violencia de Género. Ante las cartas firmadas por la Red Nacional de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” que aglutina a 75 ONGs en 21 estados del país, la carta firmada por el Obispo Raúl Vera, la que presentaron 14 organizaciones integrantes de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México y la signada por una veintena de organizaciones sindicales y sociales integrantes del Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética, la respuesta ha sido que: “Al respecto, por instrucciones del Secretario de Gobernación, Lic. Miguel Angel Osorio Chong, me permito informarle que, con fundamento en los párrafos séptimo, octavo y noveno del artículo 38 del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, actualmente el grupo de trabajo se encuentra analizando la información emitida por el estado, a fin de integrar su dictamen sobre la implementación de las propuestas contenidas en las conclusiones de su informe. Una vez que dicho dictamen sea remitido a la Secretaría de Gobernación, se determinará si el gobierno del estado de Morelos implementó las propuestas del grupo. En caso de que se considere que no se implementaron las propuestas, la Secretaría de Gobernación, en términos del artículo 25 de la Ley general de Acceso, emitirá la declaratoria de alerta de violencia de género, EN UN PLAZO NO MAYOR A DIEZ DÍAS NATURALES contados a partir de la fecha en que se reciba la notificación del dictamen”. Quinto: Con fecha 14 de mayo de 2015 una comisión representativa de 54 organizaciones feministas y de derechos humanos, hicimos acto de presencia ante la Secretaría de Gobernación para entregar escrito solicitando una audiencia con el titular Miguel Angel Osorio Chong, para dialogar sobre las solicitudes de Alerta de Violencia de Género en diversas entidades del país. Lejos de una respuesta a nuestro derecho de petición, nos enfrentamos a un operativo policiaco que impidió la libre manifestación de las ideas ante este edificio público. Aún esperamos la respuesta por escrito. Este panorama puede ser peor si no respondemos de manera organizada una vez que han concluido las elecciones más cuestionadas en la historia reciente en el país. La lucha continúa.

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