Alzar la voz contra feminicidio y desaparición forzada.

Juliana G. Quintanilla y Paloma Estrada Muñoz

Alzar la voz. Y actuar en consecuencia. Levantarse del suelo, y caminar. Es un proceso de toma de conciencia que, en ocasiones, lleva un largo tiempo en la historia. Un desafío para no aceptar la cotidianidad de explotación, opresión y violencia impuesta por los dueños del dinero y el poder. Días y noches de amor y guerra en los que vamos anudando solidaridades. Dignidad expresada en una jornada de lucha por derechos laborales y contra La violencia feminicida. Y salimos a la calle miles de trabajadoras y trabajadores del Estado de Morelos. Este primero de mayo 2015 ha sido una verdadera jornada de lucha proletaria. No es un día de fiesta, es de lucha y de protesta. Así quedó demostrado en los gritos, en las consignas y en las mantas de los contingentes. Se hace historia cotidianamente cuando la gente defiende sus derechos de manera organizada. Saludamos el entusiasmo y compromiso de quienes producen toda la riqueza con su esfuerzo en el campo y la ciudad y salen a exigir que se tiene derecho a una vida digna, para todas y todos, no para unos cuantos que explotan y oprimen al pueblo cada vez más con las reformas en materia laboral que afectan las históricas conquistas de la clase trabajadora. Desde la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos nos congratulamos al ver como la conciencia avanza entre sindicatos y organizaciones sociales. No es fácil salir a luchar. De nueva cuenta se ha demostrado que se puede. Hoy es claro que desde abajo se puede fortalecer la exigencia de la Alerta de Violencia de Género para Prevenir, Atender, Investigar, Sancionar y Erradicar el Feminicidio, porque no estamos todas, nos faltan más de 633 víctimas de feminicidio, así como no estamos todos, nos faltan 43 y miles de personas desaparecidas.
En este primero de mayo, iniciamos una nueva fase de lucha para defender la vida y la libertad de las mujeres en Morelos. Convocamos desde la tribuna de ese mitin a llevar a cabo asambleas donde se tomen resolutivos para exigir al Secretario de Gobernación, Osorio Chong, emita la Alerta de Violencia de Género. Esta demanda la llevaremos a las calles y plazas, a las paredes y bardas donde aparezcan estas demandas y se hagan visibles las cruces rosas por cada una mujer o niña asesinada. La campaña por la Alerta de Violencia de Género es para apropiarnos de los espacios públicos y hacer visible lo que el gobierno quiere borrar, negar y ocultar. No podemos a acostumbrarnos a lo inaceptable ni ver como natural que se prive de la vida a quienes tienen un mundo por vivir.
También decimos que no hay democracia con feminicidio y desaparición forzada, con tortura y militarización. Por eso exigimos al Congreso del Estado apruebe la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar, Investigar y Erradicar la Desaparición Forzada para Morelos que desde hace ya más de un mes ha sido turnado a comisiones para su análisis y aprobación, sin embargo, aún no se turna al pleno para discutir y aprobarla. Como sociedad ya no podemos ni debemos seguir esperando. Por tanto hoy levantamos nuestra voz para que haga eco en la sociedad y exijamos al unisonó todo mundo: “Vivos y vivas se las llevaron, Vivos y vivas las queremos”. El fenómeno de la desaparición de personas en México en los últimos años ha tomado dimensiones que la sociedad aún no logra comprender en su magnitud y profundidad humana y sistémica. En informe reciente, el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas señala: “La información recibida por el Comité ilustra un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del Estado parte, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas”. Quienes viven este drama, saben en carne propia lo que significa la Desaparición; desde el primer día que les arrancaron de manera violenta a sus hijos e hijas no han dejado de buscar, de gritar sus nombres en las calles y en el silencio amoroso de su corazón; no han dejado de pedir a quienes se los llevaron que los regresen y de exigir justicia a quienes tuvieron que haber evitado esta tragedia y no hicieron nada. El manejo perverso de cifras oficiales no logra simular la tragedia humanitaria que estamos viviendo; la demanda de búsqueda-localización, Verdad y Justicia de las familias de las más de 26 mil personas desaparecidas en México y de los más de 10 mil migrantes desaparecidos en tránsito por nuestro país, sigue siendo nuestra principal e irrenunciable demanda y no pararemos de recorrer calles, dependencias, cuarteles y cárceles; montañas y desiertos hasta saber qué pasó con ellos y ellas.
Así como en la marcha del día Primero de Mayo, este 10 de mayo, día en que se celebra a la Madre en México, miles de madres saldrán nuevamente a la Marcha por la Dignidad Nacional: Madres buscando a sus hijos e hijas, buscando la Justicia y la Verdad. Va nuestra solidaridad y compromiso de levantar la voz: ni un feminicidio más, basta de desaparición forzada. Por la vida y la libertad de las mujeres. Súmate a la campaña por la Alerta de Violencia de Género en Morelos y por la aprobación de la Ley para Prevenir, sancionar y erradicar la desaparición forzada.

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Hacia la Manifestación del Primero de Mayo 2015 en Morelos

Marco Aurelio Palma Apodaca y José Martínez Cruz

Consideramos que esta movilización tiene un importante significado en la protesta de miles de trabajadores y trabajadoras en contra de las políticas neoliberales de la clase capitalista dominante. Hay que salir a las calles a demostrar que no estamos de acuerdo en que sigan causando pobreza, desempleo, bajos salarios y terribles consecuencias sociales y enarbolar nuestras principales demandas.

Ratificamos que esta marcha partirá a las 9 de la mañana del Seguro Social de Plan de Ayala y culminará en el zócalo de la ciudad de Cuernavaca. El recorrido implica tomar las medidas de prevención como llevar suficiente agua y la protección ante el intenso calor del que somos víctimas debido a la catástrofe ambiental que estamos padeciendo. Este día de lucha y de protesta debemos demostrar que avanzamos en conciencia y organización. El recorrido se realizará por la Avenida Plan de Ayala hasta el Vergel y por el Boulevard López Mateos, bajando por el lado poniente del Mercado ALM hasta la calle de Gutemberg para llegar al Zapatita en el zócalo.
Las organizaciones sindicales y sociales del Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética han acordado levantar las demandas de lucha que nos dieron origen a instancias unitarias que se han forjado al calor de las luchas, como es la protesta contra las reformas estructurales neoliberales que se han venido imponiendo por parte de los gobiernos que representan los intereses de la oligarquía dominante. No tenemos duda de que la situación de las y los trabajadores en nuestro país empeorará si no somos capaces de detener a los de arriba y derrotar sus nefastas políticas antidemocráticas que ahora quieren legitimar a través de elecciones fraudulentas donde ninguno de los 10 partidos registrados representa los intereses de la clase trabajadora y el pueblo.
Es urgente ahora construir una unidad con solidez y visión de largo plazo. Asimismo la reivindicación de las demandas históricas que nos legaron los Mártires de Chicago, Cananea y Río Blanco, hoy concretadas en la defensa de nuestros derechos laborales y derechos humanos como son el empleo y salario digno, contratación colectiva, seguridad social, estabilidad en el empleo, jubilaciones y pensiones, vida digna, llamamos a todos los sindicatos y organizaciones de la clase trabajadora, a sumar nuestras fuerzas para que sea una verdadera demostración de conciencia organizada que nos permita defender verdaderamente nuestros derechos y recupere la memoria histórica de lucha independiente, democrática, sin manipulación política de ninguno de los partidos que han estado aprobando todas las reformas neoliberales y que hoy pretenden seguir defendiendo un sistema capitalista que nos hunde en la miseria, el desempleo y la violencia sistemática.
Para lograr que este Primero de Mayo 2015 sea una verdadera jornada de lucha, estamos convocando a fortalecer las luchas que se llevan a cabo en todo el país, destacadamente la huelga de miles de jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín que hoy demandan un salario mínimo de 300 pesos y denuncian la superexplotación de que están siendo objeto por parte de las trasnacionales y de los capitalistas que dominan cada vez más el país. Incorporar la lucha por la defensa del agua, la tierra y el aire, que cada vez más amplios sectores, pueblos y comunidades llevan a cabo para oponerse a los mega proyectos de desarrollo capitalista profundamente ecocida. Por el respeto a la vida y la libertad de las mujeres y contra el feminicidio, por lo que se requiere implementar todas las medidas de protección establecidas en la Alerta de Violencia de Género. Por la seguridad ciudadana frente a la violencia estructural y la militarización, ya que el Mando Unico lo único que garantiza es la toma de decisiones centralizadas en manos de autoridades represivas a la vez que aumentan las detenciones arbitrarias y la tortura sin que disminuyan los índices de asesinatos, secuestros, desapariciones, tortura.
En contra de la criminalización de los movimientos y protestas sociales que se extienden por todas las ciudades y comunidades del país. Por la presentación con vida de los 43 de Ayotzinapa y los miles más desaparecidos en el país, por lo que se requiere sancionar y erradicar la desaparición forzada. Por justicia y verdad para quienes han sido asesinados por su participación en las luchas, por la libertad de las y los presos políticos, en defensa de la libertad de expresión y de periodistas, defensoras y defensores, pueblos indígenas y sindicalistas.
Estas demandas de lucha serán elevadas por miles de voces en las calles este Primero de Mayo, una verdadera jornada de lucha proletaria, donde se hará presente la memoria histórica de los Mártires de Chicago, Cananea y Río Blanco y una demostración de protesta contra los que se sienten dueños del poder, a quienes no daremos un solo voto para legitimarlos en sus tropelías y abusos, ya que el único sitio en donde merecen estar es en el basurero de la historia. No hay democracia con desaparecidos, feminicidio y militarización. Sumemos fuerzas en este Primero de Mayo de lucha de la clase trabajadora.

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No hay democracia con desaparecidos

Marco Aurelio Palma Apodaca y José Martínez Cruz
El derecho al voto fue conquistado como una libertad democrática. Conseguir que el pueblo ejerza el voto se ha demostrado a través de la historia que es producto de luchas desde abajo en contra del privilegio de las clases dominantes de imponer los gobiernos que sólo les conviene a sus propios intereses. Una vez que se consiguió el voto para el pueblo, pasaron décadas antes de que las mujeres y los jóvenes tuvieran el mismo derecho.
La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos surgió en 1989, en el momento en que hubo una verdadera insurrección civil contra el fraude electoral de 1988 por ello desaparecieron a nuestro compañero José Ramón García Gómez en Cuautla. Defendimos el voto contra el fraude. No tenemos duda de que el pueblo debe elegir el gobierno que responda a sus intereses, como lo establece el artículo 39 constitucional, los derechos se conquistan mediante la lucha.
El voto es un derecho, pero ese derecho es violado sistemáticamente por los dueños del poder. El voto es necesario, pero es insuficiente para transformar la realidad. Luchamos por una democracia participativa, en donde la mayoría decida, y no unos cuantos de los dirigentes de la burocracia partidaria. Este sistema electoral excluyente impide que sea la mayoría de la población trabajadora del país quien ejerza un verdadero poder del pueblo y para el pueblo.
Reivindicamos en ese sentido las luchas históricas del pueblo por el sufragio efectivo y la no reelección que estuvieron en el inicio de la revolución de 1910-19, las luchas sufragistas de las feministas que lograron establecer el derecho a votar de las mujeres en 1952 y de los jóvenes que lograron reducir de 21 a 18 la edad mínima para votar.
Durante décadas, sin embargo, el sistema de dominación priísta pervirtió este derecho mediante mecanismos de corporativismo antidemocrático que permitió establecer una verdadera dictadura de un solo partido que provocó crisis recurrentes que resolvió con represión, autoritarismo, mano dura y violencia antidemocrática. El desfondamiento del sistema priista fue capitalizado por la derecha panista que utilizó el voto útil para favorecer a la clase dominante. La vuelta del priismo llegó en medio del neoliberalismo conservador y represivo.
El sometimiento a la lógica institucional de un aparato de dominación capitalista ha llevado a los partidos registrados legalmente a adoptar las políticas contrarias a los derechos humanos, sociales, económicos, culturales y políticos de la mayoría de la población.
La crisis viene de lejos. 1968 es el parteaguas. 1994 la ruptura. Ayotzinapa es la etapa actual que marca una nueva situación. No puede haber democracia con desaparecidos. No puede haber democracia con feminicidio. No puede haber democracia con militarización y violación a los derechos humanos. No puede haber democracia con hambre, miseria y desempleo. Por eso hay que dar la lucha en defensa de los derechos humanos de todas y todos. Esto es lo que implica luchar por la presentación con vida de los 43 normalistas, de José Ramón. Como en la lucha de Eureka exigiendo que si vivos se los llevaron, vivos los queremos, hoy replicada por miles en las calles, señalando que fue el Estado. Por ello es fundamental la organización consciente, organizada de manera colectiva, democrática, independiente y de lucha, es como se pueden defender los derechos humanos que hoy son violados desde el poder. En este contexto, las elecciones de 2015 en curso buscan legitimar al sistema antidemocrático para salir de la crisis en que se encuentra. De ahí la importancia de cuestionar severamente a quienes están lucrando con el poder para favorecer todos los procesos de privatización y eliminación de las conquistas sociales. Por eso es que nuestra definición es clara: llamamos a no dar un solo voto a los 10 partidos registrados que han aprobado las reformas neoliberales y a quienes no han hecho nada para oponerse a ello. No promovemos la abstención y la no participación política. La política va más allá de las elecciones y los partidos. Es la lucha por una democracia participativa con pleno respeto a los derechos humanos. Porque hoy ninguno de los partidos, mucho menos el que tiene el gobierno federal, priista, y el estatal, perredista, representan los intereses de la población trabajadora. En muchos pueblos y comunidades se ha avanzado en el proceso de elección directa de autoridades, mediante la creación de Consejos Populares. Exigimos que se respete ese derecho y se avance en otros lugares donde aún no se ha logrado arrancar el control y sometimiento corporativo de partidos antidemocráticos.
Con organización social en las calles este Primero de Mayo se puede lograr cambiar la conciencia de la gente y conjuntar fuerzas para enfrentar al sistema con mayores posibilidades de éxito. Una campaña por la Alerta de Violencia de Género ante el feminicidio, por seguridad ciudadana sin militarización, contra la violencia estructural y la explotación capitalista, implica reconocer y valorar, apoyar y defender el derecho a la protesta social. que se expresa en el llamado al boicot que realizan las madres y padres de familia de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, y otras formas de protesta para quienes asistan a las urnas tachar las boletas con un lema como: Vivos los queremos, Alto al Feminicidio, Fuera Militares y Mando Único, exigimos seguridad ciudadana, no hay democracia con desaparecidos.
Sabemos que el gobierno está tratando de criminalizar toda clase de protesta social. No olvidemos que tras ese poder político se encuentra el poder económico del capitalismo que sólo reconoce un derecho por encima de todos: el derecho a la propiedad privada de los medios de producción. Desde donde nos encontremos debemos impulsar el respeto a los derechos humanos y la libertad de expresión de la población. Asumimos un compromiso por la vida, la libertad, la justicia social, la democracia participativa, la autoorganización, la autonomía y la libre determinación, por los derechos laborales, por una vida digna y la igualdad de derechos entre las mujeres y los hombres.

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Desafíos hacia el Primero de Mayo 2015 en Morelos

Marco Aurelio Palma Apodaca y José Martínez Cruz

El mundo al revés. Quienes luchan son perseguidos como delincuentes. Los que explotan a los demás se indignan cuando se les exhibe y piden respeto a su privacidad. Los que nunca protestan exigen que ya no haya marchas. Los que viajan en helicóptero insultan a quienes viajan a pie cuando les exigen rendición de cuentas. Los que anuncian crisis porque no hay suficientes fondos para las pensiones de la clase trabajadora se otorgan jubilaciones millonarias. Los privilegiados de siempre atacan a los sindicatos por contar con prestaciones sociales arrancadas mediante largos años de lucha. Este es el mundo al revés que quieren mantener los que quieren hacernos olvidar que hay largos años de lucha de clases que existirán mientras haya pocos que tienen mucho e incontables que tienen poco. Los derechos laborales han sido pisoteados por la clase capitalista que domina en nuestro país y en el mundo actual. El régimen entra en una crisis política expresada en crisis de legitimidad de las instituciones, particularmente las instituciones políticas y electorales y el sistema de justicia. Esta crisis es parte de la crisis que el neoliberalismo ha impuesto al propio Estado al abandonar compromisos sociales y “adelgazar” al Estado, al mismo tiempo que su entreguismo al imperialismo, lo que ahora lleva a algunos analistas a hablar de un semi Estado, de un Estado fallido o ahora un narco Estado. En este contexto la descomposición social, política y de las instituciones abona la crisis mayor que el neoliberalismo ha empujado como crisis civilizatoria. Por ello, no puede ser menor la convocatoria a la Marcha del Primero de Mayo 2015 en Morelos, levantando las demandas de lucha que nos dieron origen a instancias unitarias que se han forjado al calor de las luchas, como es la protesta contra las reformas estructurales neoliberales que se han venido imponiendo por parte de los gobiernos que representan los intereses de la oligarquía dominante. No tenemos duda de que la situación de las y los trabajadores en nuestro país empeorará, al mismo tiempo de que el Gobierno Mexicano incurrirá en responsabilidad internacional por violación de al menos 28 tratados internacionales. Así mismo viola el principio de progresividad en materia de derechos humanos y de garantías laborales previstas en el artículo primero y 123 de nuestra Constitución Federal y diversas Jurisprudencias de la SCJN, así como la Carta de la OEA, la Convención Americana sobre derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así mismo el Convenio 87 de la OIT relativo a la Libertad Sindical. Esta ley Laboral aprobada solo beneficia al capital y no al respeto de los derechos humanos, por lo que necesitamos abrir ahora un debate público y amplio en todo el país sobre sus implicaciones para generar una propuesta que realmente atienda a la clase trabajadora y no al poder económico. Es urgente ahora construir una unidad con solidez y visión de largo plazo. Asimismo la reivindicación de las demandas históricas que nos legaron los Mártires de Chicago, Cananea y Río Blanco, hoy concretadas en la defensa de nuestros derechos laborales y derechos humanos como son el empleo y salario digno, contratación colectiva, seguridad social, estabilidad en el empleo, jubilaciones y pensiones, vida digna, están en el llamado a esta gran movilización del Primero de Mayo que iniciará en la Clínica Uno del IMSS de Plan de Ayala y culminará en un gran mitin en el zócalo de la Ciudad de Cuernavaca, por lo que desde ahora llamamos a todos los sindicatos y organizaciones de la clase trabajadora, a llevar a cabo todas las tareas de preparación, organización y coordinación de nuestras fuerzas para que sea una verdadera demostración de conciencia organizada que nos permita defender verdaderamente nuestros derechos y recupere la memoria histórica de lucha independiente, democrática, sin manipulación política de ninguno de los partidos que han estado aprobando todas las reformas neoliberales y que hoy pretenden seguir defendiendo un sistema capitalista que nos hunde en la miseria, el desempleo y la violencia sistemática.
Para lograr que este Primero de Mayo 2015 sea una verdadera jornada de lucha, estamos convocando a fortalecer las luchas que se llevan a cabo en todo el país, destacadamente la huelga de miles de jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín que hoy demandan un salario mínimo de 300 pesos y denuncian la superexplotación de que están siendo objeto por parte de las trasnacionales y de los capitalistas que dominan cada vez más el país. Incorporar la lucha por la defensa del agua, la tierra y el aire, respeto a la vida y la libertad de las mujeres, contra el feminicidio, por la seguridad ciudadana frente a la violencia estructural y la militarización, contra la criminalización de los movimientos y protestas sociales, por la presentación de los 43 y miles más desaparecidos, por justicia y verdad para quienes han sido asesinados por su participación en las luchas, por la libertad de las y los presos políticos, en defensa de la libertad de expresión y de periodistas, defensoras y defensores, pueblos indígenas y sindicalistas.
¿De qué color es tu realidad? Por la alegría luchamos, con ojos de esperanza, no arrancaran nuestra piel a latigazos, si somos capaces de aprender, que el color de la sangre jamás se olvida, que el vuelo de las mariposas sólo será posible si estás tú, con aroma de los tiempos revueltos, con las ganas de amar, porque luchar es lograr que el corazón florezca en las generaciones futuras.

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Tortura e impunidad

Marco Aurelio Palma Apodaca y José Martínez Cruz

Alejandro Avila Ortega fue torturado por policías federales para que se confesara culpable de secuestro en Morelos. Su caso fue documentado por el Relator Especial sobre Tortura de la ONU, y fue incluido en el Informe dado a conocer el 9 de marzo en Ginebra. Este informe fue rechazado por el gobierno de manera cínica, sin aportar datos porque no los tiene, sigue negando que en México la tortura es un método generalizado que utilizan policías y militares. Desde 2006 y bajo la denominada “guerra contra el narcotráfico”, se han implementado medidas para regular la detención, investigación y combate de la delincuencia organizada, incluyendo el despliegue de fuerzas armadas que cumplen funciones de seguridad pública, llegando a 50.000 efectivos en 2012. La CNDH registró un aumento de quejas por tortura y malos tratos desde 2007 y reportó un máximo de 2.020 quejas en 2011 y 2.113 en 2012, comparadas con un promedio de 320 en los seis años anteriores a 2007. Entre diciembre de 2012 y julio de 2014, la CNDH recibió 1.148 quejas por violaciones atribuibles solo a las fuerzas armadas. La militarización de la seguridad pública se mantiene como estrategia, ya que más de 32.000 militares aún cumplen tareas propias de corporaciones civiles. También se incorporaron militares retirados o en licencia a corporaciones civiles de seguridad y se creó una Gendarmería con entrenamiento militar, lo que compromete los principios que deben regir la fuerza pública y las garantías de los detenidos. La tortura y los malos tratos son generalizados en México. El Relator Especial recibió numerosas denuncias verosímiles de víctimas, familiares, sus representantes y personas privadas de libertad y conoció varios casos ya documentados que demuestran la frecuente utilización de torturas y malos tratos en diversas partes del país por parte de policías municipales, estatales y federales, agentes ministeriales estatales y federales, y las fuerzas armadas. La mayoría de las víctimas son detenidas por presunta relación con la delincuencia organizada. Esto se potencia con el régimen de excepción constitucional y legal que afecta a estos detenidos, que incluye el arraigo, la prisión preventiva oficiosa y la posibilidad del Ministerio Público de ampliar el plazo de detención (“retención”) previo a la presentación judicial. Es dificultoso conocer un número real de casos de torturas. No existe actualmente un registro nacional de casos y cada entidad tiene datos propios. Asimismo, muchos casos no se denuncian por temor a represalias o desconfianza y existe una tendencia a calificar actos de tortura o malos tratos como delitos de menor gravedad. Igualmente el número de denuncias y quejas es muy alto. La CNDH informó de 11.608 quejas por torturas y malos tratos entre 2006 y abril de 2014. La Comisión de Derechos Humanos del D.F. recibió 386 quejas de tortura entre 2011 y febrero de 2014. La sociedad civil informó de más de 500 casos documentados entre 2006 y 2014. Aunque puede haber casos repetidos, la cantidad es preocupante. La tortura se utiliza predominantemente desde la detención y hasta la puesta a disposición de la persona detenida ante la autoridad judicial, y con motivo de castigar y extraer confesiones o información incriminatoria. En 2012, según una encuesta del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el 57,2% de los detenidos en centros federales dijo haber sido golpeado durante la detención y el 34,6% declaró haber sido forzado a firmar o modificar una confesión. Consistentemente, un alarmante número de los detenidos entrevistados alegó haber sido víctimas de torturas luego de su detención. En el Centro de Investigaciones Federales, donde están los arraigados, prácticamente todas las personas entrevistadas alegaron haber sufrido torturas y malos tratos previo al ingreso. El Relator Especial observó inquietantes coincidencias entre los testimonios. Las personas denuncian, generalmente, haber sido detenidas por personas vestidas de civil, a veces encapuchadas, que conducen autos no identificados y no cuentan con una orden judicial ni informan de los motivos de la detención. Cuando se detiene en un domicilio, el ingreso suele practicarse sin orden judicial y se producen daños a la propiedad y robos. La detención va acompañada de golpes, insultos y amenazas. Las personas son conducidas con los ojos vendados a sitios que desconocen, incluyendo bases militares, donde continúan las torturas, que combinan: golpes con puños, pies y palos; “toques” con dispositivos eléctricos (“chicharra”), generalmente en los genitales; asfixia con bolsa de plástico; introducción de agua con un trapo en la boca (waterboarding); desnudez forzada; suspensión; amenazas e insultos. En oportunidades transcurren días sin que se informe del paradero de la persona o se la presente ante la autoridad ministerial o judicial. Repetidamente, las víctimas fueron presentadas ante medios de comunicación como delincuentes, sin que exista sentencia condenatoria, lo que constituye en sí trato degradante. El Relator Especial Juan Méndez, conoció casos donde las víctimas fallecieron a causa de las torturas padecidas, y casos donde la tortura acompaña ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Recibió preocupantes testimonios relativos a las excesivas demoras, errores, falta de información, estigmatización y hostigamiento que reciben los familiares de las personas desaparecidas en los procesos de búsqueda e identificación de restos, lo que también puede constituir malos tratos. Esto abarca delitos cometidos tanto por agentes estatales como por particulares.
Desconocer los reportes de organismos internacionales de Derechos Humanos se está convirtiendo una práctica sistemática del Estado Mexicano, por lo que exigimos debe modificar esta posición, realizar una autocrítica, asumir y reconocer la magnitud del problema respecto de violaciones graves a los derechos humanos, tal como lo han solicitado los Relatores y Comités especializados de las Naciones Unidas, ello como un paso crucial para construir acciones efectivas que permitan erradicar estas prácticas, garantizando el derecho de las víctimas a la justicia, la reparación, el castigo a los responsables y la impunidad generalizada en la que permanecen miles de casos, entre ellos, la tortura.

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Venció plazo 6 meses del Grupo de Trabajo al Gobierno y urge Alerta de Genero en Morelos

Cuernavaca, Morelos, 23 de marzo de 2015.
El 18 de marzo se cumplieron los 6 meses para el cumplimiento de las 15 recomendaciones emitidas por el grupo de Trabajo creado a partir de la solicitud de Alerta de Violencia de Género para el Estado de Morelos, planteada por la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C. Al gobierno se le termino el tiempo para presentar su informe sobre estas medidas, sin que hasta el momento se haya mostrado en la práctica avance alguno. En Morelos se requiere tomar medidas extraordinarias para impedir que continúe creciendo la violencia feminicida, por ello, ante el incumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Trabajo, debe aplicarse la Alerta de violencia de Género. En los años recientes del 2013 al 2015 se ha ampliado el rango de mujeres victimizadas. Si del 2000 a junio del 2013 documentamos 530 feminicidios, al concluir el mes de febrero de 2015 el total se ha elevado a 633 en 15 años de feminicidio impune. De julio de 2013 a febrero de 2015 se han sumado 103 feminicidios.
Marco normativo: ARTÍCULO 21. De la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia señala que la Violencia Feminicida: Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.
Así mismo el ARTÍCULO 22. Explica que la Alerta de violencia de género: Es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad. Esta tendrá como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos, por lo que se deberá: Establecer un grupo interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva de género que dé el seguimiento respectivo; Implementar las acciones preventivas, de seguridad y justicia, para enfrentar y abatir la violencia feminicida; Elaborar reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los indicadores de la violencia contra las mujeres; Asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia de alerta de violencia de género contra las mujeres, y Hacer del conocimiento público el motivo de la alerta de violencia de género contra las mujeres, y la zona territorial que abarcan las medidas a implementar.
Ampliando el procedimiento el ARTÍCULO 24, apunta que La declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres, se emitirá cuando: Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame; Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, y Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades federativas, los organismos de la sociedad civil y/o los organismos internacionales, así lo soliciten.
El grupo de trabajo en su resumen de conclusiones señala la insistencia en la violencia institucional pero en las recomendaciones no se retoma y por tanto no alguna llamada a investigar y en su caso sancionar a funcionarios que aplican violencia institucional. Sin embargo las recomendaciones son puntuales de las deficiencias que las diversas instancias practican cuando se trata de atender la violencia y el feminicidio en la entidad morelense.
1.-En ninguno de los casos de feminicidios reconocidos por el gobierno se ha otorgado reparación integral del daño. El estado debe crear un sistema para garantizar que se reparará a las víctimas de violencia feminicida.2.-Se debe crear un Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres para tener datos confiables y actualizados. 3.-Garantizar que se investiguen los casos de feminicidio en Morelos, pues la mayoría están inconclusos. Incluso, se recomienda proponer la posibilidad de revisar y reabrir los casos en reserva temporal. 4.-Diseñar mecanismos de coordinación entre las fiscalías que atienden a mujeres víctimas de violencia para que se pueda registrar los tipos de violencia que sufren. Actualmente no hay coordinación entre las instancias encargadas de prevenir, atender, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres. 5.-Se deben dictar órdenes de protección en todos los casos en los que exista un riesgo de daño a mujeres víctimas de violencia. 6.-Realizar acciones para sensibilizar a los medios de comunicación en el tema de violencia de género, derechos humanos y respeto a las víctimas, pues actualmente se usa un lenguaje de estereotipos y discriminación. 7.-Supervisar que el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres cumpla con las obligaciones que le atañe la ley. Actualmente hay fallas en su operación. Corresponde a la secretaría de gobierno. 8.-Destinar presupuesto para atender el problema de la violencia contra las mujeres y la desigualdad de género con políticas públicas y programas permanentes. 9.-Dar capacitaciones en materia de perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres que sean eficientes, planeadas y con mecanismos de seguimiento y evaluación. 10.-Que las autoridades encargadas de procuración de justicia conozcan los protocolos de investigación de delitos cometidos en contra de las mujeres. 11.-Diseñar protocolos de atención a las mujeres víctimas de violencia. 12.-Implementar un programa de prevención de violencia para responder a los datos que indican que el agresor es, en la mayoría de los casos, la pareja o ex pareja sentimental de la víctima. 13.-Crear un programa estatal con perspectiva de género relativo a la atención y re-educación de personas generadoras de violencia contra las mujeres. 14.-Diseñar modelos de comunicación externos (dirigidos a la población en general) e internos (dirigidos a las funcionarias y funcionarios en todos los niveles del sector público) para concientizar en perspectiva de género. 15.-La infraestructura con la que Morelos cuenta actualmente es insuficiente para atender los casos de violencia, se propone fortalecer a las instituciones involucradas en la prevención, atención (incluyendo al sector salud), investigación y sanción de la violencia en contra de las mujeres pero también crear centros de atención especializados que proporcionen asistencia jurídica y psicológica.
Hoy constatamos que el nivel de violencia feminicida se mantiene en los más altos niveles durante la gestión del Gobierno actual encabezado por Graco Ramírez. Lejos de ser un problema heredado del pasado, como argumenta, es una situación actual que lacera cruelmente los derechos de las mujeres. Ante estos crímenes no debemos olvidar que las consecuencias del feminicidio son múltiples y además de privar de la vida a las mujeres, deja secuelas graves en su entorno familiar y en el tejido social. Las mujeres son doblemente victimizadas: son las madres, las hermanas, las hijas, quienes sufren la pérdida y el trauma psicológico y el daño moral que significa el trato que autoridades y algunos medios de comunicación amarillistas dan a los cuerpos de las víctimas, exhibiéndolos y denigrando su dignidad. Las consecuencias sociales son igualmente dañinas, porque van elevando el umbral de violencia permitido y tolerado en el cuerpo ideológico de la sociedad, permitiendo y aceptando el proceso de degradación y crisis de las relaciones en los ámbitos social, familiar y cultural. Es por ello que se hace un enérgico llamado a todas y cada una de las instituciones para que frenen los asesinatos de cientos de mujeres, pues al no aplicar verdaderas y efectivas políticas públicas para combatir la violencia en contra de la población femenina, y mucho menos hacer efectiva la legislación vigente que previene y sanciona la violencia contra las mujeres, se vuelven directamente responsables.
Hacemos un llamado a la sociedad para reclamar justicia para las mujeres. Insistimos que eliminar la violencia feminicida y todas las formas de violencia contra las mujeres morelenses obliga a reorientar el trabajo del Estado. La violencia Feminicida proviene de un conjunto de conductas misóginas que perturban la paz social. Por ello, enfrentar un problema de esta magnitud exige que se emita la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en Morelos.
Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

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Mujeres defensoras

José Martínez Cruz y Juliana G. Quintanilla
En México las defensoras de Derechos Humanos vivimos en un sistema estructural que produce y reproduce formas violentas de opresión, explotación, exclusión y discriminación, existe una discordancia entre legalidad y poder fáctico que favorece al machismo patriarcal. La libertad de expresión, acceso a la información y pluralidad en las ideas y opiniones son derechos bajo ataque de un sistema que pretende imponer su versión oficial por encima de argumentos y razones críticas. Las mujeres defensoras, activistas y periodistas, en todo el país, enfrentan situaciones de violencia que debemos denunciar y frenar. Así como a Carmen Aristegui pretenden censurarla y callarla, muchas otras periodistas han sido amenazadas y despedidas de sus centros de trabajo. Lo hemos documentado y comentado en foros donde se ha presentado el informe “Defensoras somos Todas”, recientemente en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, antes en Guerrero y Oaxaca y en esta semana lo haremos en Ciudad Juárez, Chihuahua. Ahí, en el marco de denuncias presentadas por mujeres víctimas de violencia Institucional integrantes del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) contra el Poder Judicial, El DIF y la Fiscalía especializada de Delitos de Género en el estado de Chihuahua, se ha dado inicio a una campaña de desprestigio contra Irma Villanueva y Lucha Castro, coordinadora jurídica y coordinadora general del CEDEHM.
Chihuahua, que saltó a la fama internacional por los feminicidios y desapariciones de mujeres, que acumula una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y más de 400 recomendaciones de organismos nacionales e internacionales por las violaciones a los derechos de niñas y mujeres, las descalificaciones públicas colocan a las defensoras de derechos humanos en una situación de vulnerabilidad e invita a que otras personas actúen en consecuencia. Ello es aún más preocupante si se toma en cuenta que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) ha señalado que Chihuahua se encuentra dentro de los primeros lugares en denuncias sobre ataques cometidos contra defensoras y defensores de derechos humanos. Más aún, reconocemos que el hecho de que el CEDEHM cuente con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el año de 2008 y que su coordinadora sea beneficiaria de medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) desde 2013, esta es una muestra que los casos conllevan diferentes tipos de riesgos, y uno de ellos tiene que ver con el cuestionamiento de estereotipos y de una cultura patriarcal arraigada en la sociedad y en las instituciones públicas.
La obligación de garantizar libremente la labor de las personas defensoras de derechos humanos sin ningún obstáculo se encuentra prevista en la “Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos” (“Declaración de defensores/as”) así como en diversas sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, en el sur del país, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, denunció la impunidad y discriminación en la que se encuentran los casos de violencia contra mujeres perpetrados por grupos paramilitares. Cientos de mujeres y niñas sufren el desplazamiento forzado. Así en la zona Norte del estado de Chiapas, entre los años 1994 a 2000 fueron registrados 122 casos cometidos por el grupo paramilitar Desarrollo Paz y Justicia: 37 desapariciones forzadas, de las cuales cinco son mujeres y 85 ejecuciones extrajudiciales, entre ellas siete de mujeres. En este contexto, el gobierno mexicano ha incumplido su responsabilidad de investigar efectiva y adecuadamente las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, debido a que sus funcionarios son parte de estos crímenes de lesa humanidad y han protegido a los responsables. En estos casos se han violado los derechos a la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la honra y de la dignidad, a las garantías y protección judicial, a la verdad, además, se ha violado la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belén Do Pará”, Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
La construcción de nuevas relaciones sociales, en donde las mujeres tengan los mismos derechos que todos los seres humanos, tiene un fundamento histórico en la lucha feminista contra todo tipo de opresión, explotación y violencias. Defensoras somos Todas.

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