Segob recibió documentos AVG en Morelos

Juliana G. Quintanilla y Paloma Estrada Muñoz

Sobre el Programa Integra Mujeres Morelos 2013-2018 se establece una falsa premisa, que se cumplieron todas las medidas de emergencia y que sólo se llevarán a cabo acciones secundarias, afirmando, sin demostrar, que se incluyeron todas las conclusiones y propuestas del Grupo de Trabajo que concluyó en la necesidad del establecimiento de la AVG.

Nos percatamos que, lamentablemente, las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre AVG no las conocen los Ayuntamiento, así como tampoco conocen el Sentido de la Alerta y sus acciones, lo que impide contar con indicadores de cumplimiento por las dependencias. Resulta preocupante que se asegure que ya se concluyeron las acciones de emergencia, sin observar resultados positivos en la atención, sanción y erradicación del feminicidio en Morelos que continúa acrecentándose. Se confunden acciones de diagnóstico con resultados. Por eso es que éste programa de largo plazo no responde a las acciones de emergencia que contribuyan precisamente a atender las causas por las que fue emitida la AVG en Morelos: el feminicidio.

Es así que exigimos en la reunión de trabajo que sostuvimos con el Sub Secretario de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, el día 13 de mayo en las oficinas de la SEGOB en la Ciudad de México, que la verificación de cumplimiento de las medidas de Alerta de Violencia de Género deba quedar claramente establecida para dar respuesta a la sociedad en el cumplimiento del derecho a la vida, la libertad, la seguridad, la justicia y la dignidad de las mujeres. Y deben precisarse por parte de la Secretaría de Gobernación y de la CONAVIM en la medida del ámbito de su competencia y responsabilidad en la emisión del Decreto de la Alerta de Violencia de Género para 8 municipios del Estado de Morelos con fecha 10 de agosto de 2015.

 El Gobierno de Morelos tiene el mandato de cumplir las recomendaciones emitidas por la SEGOB y CONAVIM de acuerdo a lo que está normado por la Alerta de Violencia de Género prevista en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como los Tratados y Convenios Internacionales en materia de Protección a los Derechos Humanos de las mujeres. En éste mismo sentido, los 8 Ayuntamientos Municipales que están incluidos en el Decreto de la AVG, como son Cuernavaca, Temixco, Jiutepec, Emiliano Zapata, Xochitepec, Yautepec, Cuautla y Puente de Ixtla, tienen responsabilidades concretas para su implementación.

En el más reciente informe sobre las medidas y avances sobre la AVG en Morelos, presentado durante la Segunda Sesión de la Comisión Estatal para la prevención de la Violencia de Género contra las Mujeres, realizado el 28 de abril de 2016, presidido por el titular de la Secretaría de Gobernación del Estado de Morelos, Matías Quiróz Medina, sin que hasta la fecha se nos haya hecho entrega del Plan Estatal (Programa Integra Mujeres Morelos 2013-2018) que ahí se aprobó con los titulares de las dependencias y ayuntamientos. Las y los integrantes de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C., asistimos en calidad de invitadas/os con derecho a voz por ser la organización peticionaria de la AVG, pero no a voto, ahí expresamos que el gobierno estatal no valora con profundidad el sentido de lo que significan verdaderamente las acciones de emergencia que en la AVG tiene un claro objetivo: prevenir, sancionar y erradicar la Violencia Feminicida en Morelos.

Las acciones de la AVG realizadas de enero a marzo de 2016 en coordinación con UNICEF, con un alcance de 121 mujeres y 29 docentes, que siendo importante muestra limitados alcances numéricos para la entidad. El informe del Centro de Justicia para Mujeres, brindando 635 asesorías, 591 carpetas de investigación, 67 acciones de no ejercicio, 493 órdenes de protección, 55 enviadas al archivo temporal, sin referencia al número total de casos, que en algunos municipios llega al 60% de la población de mujeres, tampoco permite detectar con claridad la eficacia para atender situaciones emergentes como las que estamos padeciendo en la entidad. Si bien se habla de la inversión de 10 millones para el centro de Justicia para Mujeres en Yautepec, no se informa que prácticamente se encuentra en el abandono. En salud se creó una unidad especializada en Yautepec y Centros para rehabilitación para agresores en Cuernavaca, Cuautla y Jojutla, pero no se tiene informe alguno de su funcionamiento.

El Instituto de la Mujer informó de acciones de capacitación en torno a AVG con un alcance de 67 hombres y 160 mujeres durante 2015 y 201 mujeres y 161 hombres en 2016, sin detallar en contenidos y medidas de verificación. Aseguran haber realizado 4 sesiones de capacitación a policías del mando Único sin precisar el número de participantes.

Sobre las Marchas exploratorias de detección de riesgos con perspectiva de género en los 8 municipios, se detalló en qué colonias y polígonos se realizaron recorridos policiacos (40 en Cuernavaca, 69 en Puente de Ixtla, por ejemplo), llamando la atención que tanto en Cuautla como en Yautepec no hubo una sola llamada de auxilio de las mujeres durante tres meses, siendo municipios donde se registraron casos terribles de feminicidio.

El TSJ creó la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos, su página web y la firma del pacto para introducir la perspectiva de género en la impartición de justicia emitido por la SCJN, dando a conocer que el número de sentencias fueron 16 en 2012, 44 en 2013, 91 en 2014 y 73 en 2015, sin precisar en qué sentido se emitieron y su alcance, mismo que hemos cuestionado debido a las sentencias muy por debajo de lo que establece el Código penal para feminicidio.

 

Resulta fundamental contar con indicadores de cumplimiento de todas y cada una de las medidas. Por todo ello es que específicamente dar respuesta a los casos de feminicidio, se acordó restablecer las mesas de trabajo para homologar las bases de datos y establecer con precisión todas y cada una de las acciones de investigación en las carpetas que cuenta actualmente la Fiscalía general de Justicia, de ahí que se llevará a cabo una sesión de trabajo el día 20 de mayo, ya que no se trata solamente de números sino de vidas que han sido arrancadas con violencia. Deben ser sancionados los perpetradores, eliminar la impunidad y procurar y administrar la justicia que están reclamando las familias y la sociedad  en Morelos.

Se requiere dar pasos certeros y precisos en todas y cada una de las instancias de Morelos para garantizar los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia.

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A 9 MESES DE LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN MORELOS CONTINÚAN LOS FEMINICIDIOS.

El Gobierno del Estado de Morelos tiene el mandato de cumplir las recomendaciones emitidas por la SEGOB y CONAVIM de acuerdo a lo que está normado por la Alerta de Violencia de Género prevista en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como los Tratados y Convenios Internacionales en materia de Protección a los Derechos Humanos de las mujeres. En éste mismo sentido, los 8 Ayuntamientos Municipales que están incluidos en el Decreto de la AVG, como son Cuernavaca, Temixco, Jiutepec, Emiliano Zapata, Xochitepec, Yautepec, Cuautla y Puente de Ixtla, tienen responsabilidades concretas para su implementación.

En éste sentido, el más reciente informe sobre las medidas y avances sobre la AVG en Morelos, fue presentado durante la Segunda Sesión de la Comisión Estatal para la prevención de la Violencia de Género contra las Mujeres, realizado el 28 de abril de 2016, presidido por el titular de la Secretaría de Gobernación del Estado de Morelos, Matías Quiróz Medina, sin que hasta la fecha se nos haya hecho entrega del Plan Estatal (Programa Integra Mujeres Morelos 2013-2018) que ahí se aprobó con los titulares de las dependencias y ayuntamientos. Las y los integrantes de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C., asistimos en calidad de invitadas/os con derecho a voz por ser la organización peticionaria de la AVG, pero no a voto.

Aún sin tener en nuestro poder copia del Plan Estatal, sí contamos con algunas referencias presentadas durante la sesión por parte de la Coordinadora Estatal Iraís Ortega, que nos permite hacer algunas observaciones y apuntes sobre los límites y alcances que tiene dicho programa, sobre todo porque el diagnóstico presentado muestra que no se valora con profundidad el sentido de lo que significan verdaderamente las acciones de emergencia que en la AVG tiene un claro objetivo: prevenir, sancionar y erradicar la Violencia Feminicida en Morelos.

En este sentido, las acciones de la AVG realizadas de enero a marzo de 2016 establece acciones de sensibilización en coordinación con UNICEF con un alcance de 121 mujeres y 29 docentes, que siendo importante muestra limitados alcances numéricos para la entidad. El informe del Centro de Justicia para Mujeres, brindando 635 asesorías, 591 carpetas de investigación, 67 acciones de no ejercicio, 493 órdenes de protección, 55 enviadas al archivo temporal, sin referencia al número total de casos, que en algunos municipios llega al 60% de la población de mujeres, tampoco permite detectar con claridad la eficacia para atender situaciones emergentes como las que estamos padeciendo en la entidad. Si bien se habla de la inversión de 10 millones para el centro de Justicia para Mujeres en Yautepec, no se informa que prácticamente se encuentra en el abandono. Se editaron 400 libros de bolsillo de materiales para atender la violencia de género, cuando mínimo debería tener un ejemplar cada servidor público que atiende casos de esta naturaleza y que se cuenta por miles.

En salud se creó una unidad especializada en Yautepec y Centros para rehabilitación para agresores en Cuernavaca, Cuautla y Jojutla, pero no se tiene informe alguno de su funcionamiento.

El Instituto de la Mujer informó de acciones de capacitación en torno a AVG con un alcance de 67 hombres y 160 mujeres durante 2015 y 201 mujeres y 161 hombres en 2016, sin detallar en contenidos y medidas de verificación. Aseguran haber realizado 4 sesiones de capacitación a policías del mando Único sin precisar el número de participantes. Aseguran que ya fue creado el BANAVIM (Banco de Datos) en Morelos que incluye 450 casos, pero sin que el TSJ y la Coordinación de Seguridad Pública participen ya que se dice que están en proceso de integración.

En cuanto a campañas de comunicación se mencionaron 18 entrevistas, spots y cápsulas, mientras se asegura, sin comprobación alguna, que la Campaña Rompe el Círculo llega a las 988 mil 905 mujeres de la entidad (462 impactos televisivos, 1707 de radio, 86 espectaculares, 3 e-cards, un cover y un video, con un costo de 2 millones, 645 mil pesos). Cabe destacar que el contenido de las campañas será revisado por la CONAVIM, ya que uno de los videos se refiere a la violencia de una madre contra su hija, muy alejado de las causas del feminicidio ya que revictimiza a las mujeres.

El DIF informó que brindó capacitación a 27 delegados, 27 presidentas y 27 directoras, sin mostrar los resultados de la misma.

El Refugio casa de las mujeres atiende 19 mujeres con sus hijos y ha brindado 226 asesorías jurídicas. No se especifica el total y el porcentaje de mujeres víctimas de violencia que han solicitado el apoyo y cuantas han sido aceptadas y cuantas rechazadas, no se sabe cuáles han sido los beneficios para las mujeres o las dificultades, no se menciona cuál es el alcance y los resultados de las asesorías jurídicas.

El Fideicomiso Fondo de Ayuda a Victimas informó que realizó un pago a familiares de una víctima de feminicidio, ocurrido antes de la tipificación penal del mismo. Y de acuerdo a los 686 feminicidios que tenemos registrados, sus resultados no alcanzaría ni el 1%, estarían por debajo del 0.15%. Además no se informó el número de casos de feminicidio que atiende ni el destino de los 27 millones no ejercidos.

La Consejería Jurídica informó sobre la demanda de Controversia Constitucional ante la SCJN el 5 de febrero ante la negativa del Congreso de legislar en materia de aborto y presentó el paquete legislativo de equidad y género aprobado por la LIII Legislatura, donde están pendientes de aprobar la homologación de los Códigos en materia de feminicidio.

Sobre las Marchas exploratorias de detección de riesgos con perspectiva de género en los 8 municipios, se detalló en qué colonias y polígonos se realizaron recorridos policiacos (40 en Cuernavaca, 69 en Puente de Ixtla, por ejemplo), llamando la atención que tanto en Cuautla como en Yautepec no hubo una sola llamada de auxilio de las mujeres durante tres meses, siendo municipios donde se registraron casos terribles de feminicidio.

El TSJ creó la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos, su página web y la firma del pacto para introducir la perspectiva de género en la impartición de justicia emitido por la SCJN, dando a conocer que el número de sentencias fueron 16 en 2012, 44 en 2013, 91 en 2014 y 73 en 2015, sin precisar en qué sentido se emitieron y su alcance, mismo que hemos cuestionado debido a las sentencias muy por debajo de lo que establece el Código penal para feminicidio.

Sobre el Programa Integra Mujeres Morelos 2013-2018 se establece una falsa premisa, que se cumplieron todas las medidas de emergencia y que sólo se llevarán a cabo acciones secundarias, afirmando, sin demostrar, que se incluyeron todas las conclusiones y propuestas del Grupo de Trabajo que concluyó en la necesidad del establecimiento de la AVG, por lo que establecen acciones denominadas complementarias, partiendo de un diagnóstico de cuantificación de la violencia contra las mujeres y el número de delitos, en una población de 914 mil hombres y 988 mil mujeres, donde el 52% de mujeres vive en pareja, en tanto que sólo el 9.7% presenta denuncia y de los cuales solo la mitad lo hace ante el MP.

Ante ello, se informa que se cuenta ya con semáforo de violencia (violencia familiar, lesiones, amenazas) y los factores de riesgo son analizados por el Centro estatal de Análisis de la Seguridad Pública, que es quien define los polígonos y brinda el auxilio a través de las llamadas que se reciben en el 066, detectando colonias con alta, mediana y baja incidencia, concluyendo sin mostrar dato alguno que hay una reducción del 50% de violencia en las colonias. Se habla del establecimiento de las Unidades Municipales para la prevención de la Violencia en torno a lo que se define como el eje generador de la violencia, las acciones emergentes primarias y los tipos y modalidades, definiendo los objetivos de armonización, prevención integral, acceso a servicios, acceso a la justicia y el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional, mediante una transparencia y publicidad a través de la web www.integramujeres.morelos.gob.mx, misma que aún no está disponible.

Nos percatamos que, lamentablemente, las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre AVG no las conocen los Ayuntamiento, así como tampoco conocen el Sentido de la Alerta y sus acciones, lo que impide contar con indicadores de cumplimiento por las dependencias. Resulta preocupante que se asegure que ya se concluyeron las acciones de emergencia, sin observar resultados positivos en la atención, sanción y erradicación del feminicidio en Morelos que continúa acrecentándose. Se confunden acciones de diagnóstico con resultados. Por eso es que éste programa de largo plazo no responde a las acciones de emergencia que contribuyan precisamente a atender las causas por las que fue emitida la AVG en Morelos: el feminicidio.

Resulta fundamental contar con indicadores de cumplimiento de todas y cada una de las medidas. Por todo ello es que específicamente dar respuesta a los casos de feminicidio, se acordó restablecer las mesas de trabajo para homologar las bases de datos y establecer con precisión todas y cada una de las acciones de investigación en las carpetas que cuenta actualmente la Fiscalía general de Justicia, de ahí que se llevará a cabo una sesión de trabajo el día 20 de mayo, ya que no se trata solamente de números sino de vidas que han sido arrancadas con violencia. Deben ser sancionados los perpetradores, eliminar la impunidad y procurar y administrar la justicia que están reclamando las familias y la sociedad  en Morelos.

Se requiere dar pasos certeros y precisos en todas y cada una de las instancias de Morelos para garantizar los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia.

Es así que exigimos que la verificación de cumplimiento de las medidas de Alerta de Violencia de Género deba quedar claramente establecida para dar respuesta a la sociedad en el cumplimiento del derecho a la vida, la libertad, la seguridad, la justicia y la dignidad de las mujeres. Y deben precisarse por parte de la Secretaría de Gobernación y de la CONAVIM en la medida del ámbito de su competencia y responsabilidad en la emisión del Decreto de la Alerta de Violencia de Género para 8 municipios del Estado de Morelos con fecha 10 de agosto de 2015, por lo que llevaremos a cabo una reunión de trabajo con el Sub Secretario de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, el día 13 de mayo en las oficinas de la SEGOB en la Ciudad de México.

¡Por la Vida y la Libertad de las Mujeres!

Atentamente.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

 

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Las Madres en marcha por la dignidad

 

Madres que nada tienen que celebrar este 10 de mayo. En medio de la propaganda consumista y de la idealización del estereotipo, las mujeres deberían tener garantizado el derecho a decidir la maternidad. Y no ser privadas del amor por la injusta desaparición de sus hijas e hijos. Hay que evitar la naturalización de la violencia; aceptarla como normal, acostumbrarse a vivir en la barbarie sanguinaria implica, callarnos por el contrario cada día se hace necesaria, la lucha social, jurídica y política contra este sistema. Sin lucha política, ganan la batalla el miedo y la ruptura de los lazos de solidaridad entre las y  los trabajadores y  la ciudadanía, con lo que se produce el que todos sospechemos de todos.

A esa violencia desmedida, es necesario sumar otra particularmente inaceptable: la oleada de violencia contra las mujeres, una violencia diversa (la familiar, laboral, sexual) pero sobre todo la culminación de muchas violencias hasta llegar al feminicidio. De hecho, la imposición del neoliberalismo se pudo dar por medio de la alianza entre las fuerzas liberales y las más conservadoras, en la defensa abierta de un capitalismo que tenía como tarea desmantelar los derechos y libertades conquistadas a lo largo del siglo XX (la educación pública y la herencia del Estado laico, por ejemplo) para que el capital circulara más libremente aumentando sus ganancias. Como reacción a las luchas y victorias de las mujeres impulsadas por el feminismo, en los sexenios neoliberales del PRI y del PAN (y ahora del Pacto por México) se ha reforzado una sociedad patriarcal y misógina que alimenta una terrible ola de violencia contra las mujeres de nuestro país.

Nuevamente tenemos que sumarnos a la lucha contra el feminicidio y por la declaratoria de alerta de violencia de género prácticamente ya en todo el país. El apoyo también al movimiento organizado de las propias mujeres en forma autónoma contra esta violencia. La desaparición forzada es un fenómeno real y vigente en el país, crimen de lesa humanidad consumada por los cuerpos represivos del Estado mexicano y sus instituciones. No hay estructura gubernamental que no sea cuestionada por el pueblo, organizaciones populares, familiares, defensores de los derechos humanos, que exigen la presentación de sus seres queridos más juicio y castigo a los autores materiales e intelectuales de este crimen tan aberrante. Es un fenómeno tangible que no se puede evadir con simples argumentos efímeros de que son producto de la violencia delincuencial. La realidad no hace más que confirmar en cada hecho y en cada momento que la responsabilidad de cometer estos crímenes tiene patente en las estructuras mismas del Estado mexicano, independientemente de la corporación policiaca o mando que las ejecute.

Mayo es una fecha conmemorativa para todas las víctimas de la desaparición forzada, porque con base en la lucha que emprendieron familiares y organizaciones se logra establecer la última semana como la semana internacional del detenido desaparecido, no sólo para recordar a las víctimas sino para exigir su presentación con vida y la erradicación de este crimen de lesa humanidad.  La respuesta del Estado mexicano ante la exigencia de familiares, organizaciones y  personas defensoras de derechos humanos es y ha sido la impunidad, el burocratismo, la dilación, difamación, demagogia y la negación de ser el responsable en el cometido de la desaparición forzada, además, de negar y proteger la participación del ejército, la marina, policía federal, estatal, municipal y grupos paramilitares en la comisión de este crimen.

Cuando los familiares se organizan y deciden exigir vía jurídica y política la presentación con vida de sus seres queridos, la respuesta del Estado ha sido la ejecución de más crímenes: desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, para que se deje de denunciar y señalar a los cuerpos represivos como los responsables. Ante el extranjero el gobierno de Peña Nieto se jacta ser respetuoso de los derechos humanos y que México es un país “democrático”, cuando la realidad es otra; en el caso del GIEI se ha encargado de difamar a los expertos y señalar como inverosímiles las conclusiones que presentan, esto refleja la política de desgaste y difamación ante organismos internacionales de derechos humanos con tal de no evidenciar la verdad oculta y evitar una sentencia internacional por el cometido de crímenes de lesa humanidad. Asimismo, a pesar del compromiso asumido, de contar con una Ley General sobre Desaparición Forzada de Personas, hasta el momento, esta no ha sido aprobada en el Congreso de la Unión, esto debido a la falta de voluntad política por parte del Estado de contar con una ley general de acuerdo a los tratados internacionales en la materia que no permita diluir más su responsabilidad en la comisión de este crimen.

Por eso apoyamos la convocatoria a la V MARCHA POR LA DIGNIDAD NACIONAL “MADRES BUSCANDO A SUS HIJOS, HIJAS, VERDAD Y JUSTICIA”.  Decimos Sí: las y los desaparecidos siguen siendo una afrenta al poder. Cada vez que se les evoca es una jornada política, una lucha sin cuartel y sin descanso. (Historia de la Desaparición. Roberto González Villarreal). Por quinto año consecutivo las madres y familiares saldrán a las calles para gritar no sólo el dolor, la angustia, sino también la rabia; para denunciar la simulación de las autoridades que en su discurso dice pero en la realidad no busca a quienes tanto se quiere. Esta lucha no se detendrá. Es necesario seguir desde todos los espacios clamando y reclamando, exigiendo que hagan su trabajo a quienes nos mal gobiernan. Esta búsqueda no terminará jamás hasta que regresen a casa todos y todas. En el norte, en el sur, en el centro del país continúan las desapariciones. Queremos que en esta acción se sumen muchos y muchas más. Esta marcha se llevará a cabo el 10 de mayo. Será una marcha nacional. En Cuernavaca, Morelos, familiares de desaparecidos y desaparecidas convocan a las 10 de la mañana frente a la Fiscalía General (antes Procuraduría) para concluir en el zócalo. “Queremos que nos acompañen, que caminen con nosotras, que se solidaricen con nuestra lucha de búsqueda de Ellas, Ellos, la Verdad y la Justicia. Porque seguiremos caminando ¡HASTA ENCONTRARLAS!, ¡Porque vivas y vivos los llevaron, vivos los queremos! ¡Las madres ya no lloramos, ahora luchamos! Por una búsqueda incansable”

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Primero de Mayo 2016, 9 a.m. del IMSS Plan de Ayala al Zócalo de Cuernavaca.

Fortalecer la solidaridad.
Avanzar en la organización Independiente

Porque la conciencia histórica de la clase obrera y del pueblo trabajador solamente se forja en medio de las luchas y de la solidaridad, es que mantenemos en alto las banderas de la dignidad y la resistencia para poder construir una alternativa frente al capitalismo depredador y excluyente que nos hunde en la barbarie, la miseria, la violencia, el desempleo, el hambre, la pobreza, y trata de eliminar nuestras conquistas laborales y derechos humanos que han sido producto de las luchas de los pueblos y no concesiones de los de arriba.

Este Primero de Mayo de 2016 será un ejemplo de participación consciente y organizada desde nuestros centros de trabajo y pueblos y comunidades para salir a las calles hermanados codo a codo con quienes vivimos de nuestro propio trabajo y no explotamos a los demás para enriquecernos como lo hacen los dueños del gran capital en México y en el mundo, donde el 99% de indignados protestamos contra el 1% de los que concentran la riqueza que todos producimos.

Esta convocatoria la estamos haciendo para todas las organizaciones sindicales y sociales independientes, para salir en marcha a partir de las 9 de la mañana desde el IMSS de Plan de Ayala hasta el zócalo de Cuernavaca, donde culminaremos con un mitin. Desde ahora expresamos nuestra solidaridad con la lucha de muchos años que sostienen las obreras de la costura de Confitalia que exigen el pago justo de sus liquidaciones, el apoyo a las caravanas indígenas y campesinas que han bajado desde las montañas a levantar su digna voz, el apoyo a trabajadores del transporte que exigen respeto a sus condiciones de trabajo, así como expresamos el apoyo a la huelga que hicieron en días pasados casi 4 mil obreros del Sindicato Independiente de Nissan, y el apoyo al magisterio de bases que ha sufrido la retención de salarios a 23 maestras y maestros que están amenazados de sufrir despido laboral por oponerse a la evaluación punitiva.

Defender a quienes defienden los derechos humanos, exigir cumplimiento de la Alerta de Violencia de Género contra los feminicidios, respeto al derecho humano de usuarias y usuarios de energía, solidaridad con el SITIMTA que ha sufrido despidos por exigir contratación colectiva, apoyo a la reinserción laboral de los trabajadores del SME, apoyo a los sindicatos telefonista y del STUNAM en sus procesos democráticos internos para fortalecer la lucha en defensa de sus derechos laborales y la democracia sindical, apoyo a comerciantes del ALM contra proyectos de remodelación privatizadora y respaldo a las cooperativas independientes frente a instituciones financieras que lucran con los ahorros de jubilados y pensionados. Hemos mantenido las demandas unitarias frente a las reformas neoliberales y privatizadoras y sus efectos devastadores, con el incremento en las detenciones arbitrarias a quienes se oponen y se les criminaliza con leyes como la llamada Ley Atenco y la legislación que faculta declaración de suspensión de garantías en manos del Ejecutivo, que muestran la represión de un Estado que utiliza el Mando Único y los militares para violar sistemáticamente los derechos humanos, incrementar las desapariciones como los de los 43 y más de 27 mil en todo el país, y generaliza la inseguridad.

Por un primero de Mayo Independiente y de lucha en Morelos.

Atentamente.
Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética los Derechos de las y los Trabajadores y las Garantías Constitucionales.

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TRABAJADORAS DE CONFITALIA Y PRIMERO DE MAYO

La historia del Primero de Mayo en Morelos no puede dejar de lado a las obreras de la confección, como a los textileros, automotrices, electricistas, telefonistas, universitarios, magisterio. Un retrato está en el libro “La Izquierda y los movimientos sociales en Morelos. Desde Abajo”.  Cuatro décadas de lucha desde los años 70s, que hoy están vigentes, retomadas por el Pacto Morelos por la Soberanía que está convocando a la marcha del primero de mayo a las 9 de la mañana del IMSS Plan de Ayala al zócalo.

En el caso de las trabajadoras de la empresa en quiebra Confitalia, se continúan violentando sistemáticamente los derechos humanos laborales por parte del Poder Judicial de la Federación. El 19 de abril se tuvo una reunión con el Síndico de la quiebra en la oficina de la Jueza Cuarto de Distrito, Griselda Sáenz Horta, la misma nuevamente se mostró con una actitud intimidante y discriminatoria, ya que ahora trasgredió las garantías constitucionales de audiencia de diversas trabajadoras que deseaban ingresar civil y pacíficamente a la comparecencia del síndico Miguel Arroyo, también le impidió el acceso al abogado Marco Aurelio Palma Apodaca, integrante de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos quien es representante legal de un grupo de trabajadoras y al momento de visibilizar tal atropello exigió una explicación formal y por escrito, lo que provocó que la Jueza Federal le respondiera en forma autoritaria: ¡usted no me va a dar órdenes” (sic) y que no quería ningún litigante. Dicha reunión fue importante ya que todas las trabajadoras en forma directa podían haber analizado y cuestionado los dichos de la sindicatura y no un grupo reducido que ese día solo escuchó, sin la debida asistencia de algún asesor profesional, los argumentos del Síndico y su equipo de auxiliares, los cuales según el testimonios de algunas de las obreras no convencieron, pues dichos especialistas como el auxiliar José Luis Yescas se concretó a decir que las cantidades de dinero que todavía existen en las cuentas bancarias de las empresas fallidas y que fueron obtenidas a partir de la venta de los diversos bienes de las quebradas, ya son pocos, que por ejemplo Confitalia solo cuenta con poco más de tres millones de pesos. El equipo de la sindicatura se concretó a dar una explicación rebuscada y legalista y que solo trataba de justificar las mínimas e indignantes cantidades económicas que ahora se pretende pagar a las trabajadoras. ¿Por qué los salarios y honorarios del síndico cuantificados en UDIS, son tan elevados? cerca de un millón de pesos y que se tendrán que descontar de las cuentas bancarias de las empresas fallidas. Esto significa un injusto detrimento en el pago de las liquidaciones de las trabajadoras, por ejemplo a muchas de las obreras se les pretende pagar solo dos mil seiscientos pesos, mil pesos y hasta ciento cuarenta pesos, etc., cantidades que hoy se encuentran asentadas en las injustas listas de pago que en meses recientes fueron exhibidas por la sindicatura y ahora pretende avalar a como dé lugar la Jueza Cuarto de Distrito, sin tener una segunda opinión de tipo profesional en la materia, que bien podrían realizar otros distintos expertos sobre los dineros de la quiebra, de tal manera de que si se llegara a concretar una respectiva y prudente revisión financiera y en el supuesto de que en el transcurso de la misma se llegara a detectar alguna fuga o desfalco de tipo económico por parte de algún funcionario, empresario o demás personas responsables, bien se podría proceder en forma legal e inmediata a dar vista a las autoridades correspondientes, sin pasar por alto la posible reparación de daño a favor de las trabajadoras de Confitalia. Así también se dé a conocer a las trabajadoras y a la opinión pública en forma transparente todo lo que ha vendido y todo lo que ha gastado la referida sindicatura en relación a las empresas quebradas. Se debe concretar un informe de tipo general completo, independiente, pormenorizado y transparente para que dicho juicio de Concurso Mercantil no termine así con dudas, en forma precipitada y sin un considerable nivel de transparencia. ¡Necesitamos que no haya dudas de nada! No se deben pasar por alto todos los principios básicos en materia de derechos humanos contenidos en nuestra Constitución Federal, así como en los diversos  Convenios y Tratados Internacionales en materia laboral firmados y ratificados por el Gobierno Mexicano. Podemos señalar que con la serie de hechos anteriormente descritos se confirma ampliamente la violencia institucional recurrente y directa que a más de quince años siguen padeciendo las obreras de la confección, al estarles negando por todo este tiempo su derecho básico de acceso a la justicia laboral.

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Entregó CIDHM informe y oficio AVG a Osorio Chong

La Comisión Independiente de Derechos  Humanos de Morelos hizo entrega en mano al Secretario de Gobernación del Informe sombra sobre Alerta de Violencia de Género (AVG) en Morelos y un oficio solicitando de nueva cuenta una reunión para revisar la verificación de la implementación de todas las medidas establecidas en el Decreto sobre AVG en Morelos desde el 10 de agosto de 2015, cuando se han cumplido 8 meses sin que disminuya la violencia feminicida en la entidad.

Esta entrega de documentos y oficios a nombre la cidhmorelos, lo realizó Juliana G. Quintanilla a Osorio Chong en la ceremonia de presentación del estudio “La Violencia Feminicida en México, Aproximaciones y Tendencias 1985-2014, publicada por Gobernación, el Instituto Nacional de las Mujeres y ONU Mujeres.

Durante ésta sesión el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, recomendó a los gobernadores, jueces, funcionarios y sociedad a trabajar juntos para erradicar este oprobio; a cumplir con la ley, y asumir sus responsabilidades para acabar con la impunidad.

En su calidad de presidente del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, hizo notar que las más altas cifras de feminicidio han vuelto a los hogares, lo que requiere de medidas urgentes de sensibilización y toma de conciencia en la sociedad que consciente y permite la violencia contra las mujeres.

Anunció que está en marcha el banco de datos (de ley desde 2007), refirió que el llamado oficial es trabajar juntos “en todos los frentes”, que urgen ciudades seguras, una buena coordinación y efectividad de las alertas de género, y realizar campañas en los medios de comunicación.

En esta reunión asistieron representados los tres niveles de gobierno, empresariado y mujeres de organizaciones de todo el país, como la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos.

Al inaugurarla la Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), Lorena Cruz Sánchez, dijo que el asesinato de mujeres es la más grande deuda que  tiene el Estado mexicano con la población femenina y destacó la importancia de la colaboración de la sociedad civil, la academia y el funcionariado para acabar con la violencia de género.

Agregó que es una realidad la falta de acceso a la justicia, la impunidad que prevalece por la nula, omisa y deficiente investigación de los casos de feminicidio y de cada uno de los delitos que se cometen contra las mujeres.

La presentación del estudio, realizado conjuntamente por Gobernación, Inmujeres y ONUMujeres, estuvo a cargo de Ana Güezmez García, quien destacó que todas las muertes violentas de mujeres deben investigarse como presunción de feminicidio, con perspectiva de género, y en el plano judicial tomar como base la sentencia  de la Suprema Corte de Justicia (25/03/2015), sobre el caso de Mariana Lima Buendía, cuya madre se encontraba en el auditorio.

María de la Luz Estrada, responsable del OCNF, afirmó que la violencia contra las mujeres persiste, que es  grave y aunque el estudio habla de disminución (en 25 por ciento)  el reto a enfrentar es el asesinato de 6.3 mujeres todos los días. Luego puntualizó que se ha identificado que la desaparición de niñas y adolescentes de entre 11 y 18 años, como tránsito a su asesinato, por lo que demandó a Osorio Chong, acordar con la Conferencia Nacional de Gobernadores los mecanismos para  la búsqueda inmediata de las desparecidas. Hizo recomendaciones a Gobernación, a la Secretaría de Salud, a la Procuraduría General de la República y al Poder Judicial, pero destacó la importante tarea de gobernación para que existan efectivos y eficaces mecanismos para la sanción  de  autoridades que por acción u omisión violentan la debida diligencia y no aplican la perspectiva de género en la atención y sanción de la violencia feminicida.

Por su parte  Edgar Elías Azar, presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, se comprometió a iniciar una cruzada donde desaparezca la impunidad, ir al fondo de cada asunto y sensibilizar a todos los operadores de justicia.

Igualmente  Julio Alfonso Santaella Castell, Presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, anunció una encuesta profunda este mismo año donde se incluya no sólo el número sino los detalles de los casos de feminicidio, que actualmente no están en los archivos administrativos que hagan visible las condiciones del feminicidio. Eso también, dijo Osorio Chong serán vigilados. (Con información de SEM México).

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Declaración de OSC contra la tortura

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL SE PRONUNCIAN POR EL VIDEO DIFUNDO EN EL QUE SE OBSERVA A MILITARES Y POLICIAS REALIZANDO INTERROGATORIOS BAJO TORTURA 
En un video difundido en redes sociales se observa como elementos del ejército y policía federales torturan a una joven mujer como para obtener información. 
La Secretaría de la Defensa Nacional abrió la investigación en la jurisdicción militar por el delito de “desobediencia”. 
Estos hechos ameritan una profunda investigación y demuestran la necesidad de contar en México con un marco normativo adecuado que reconozca la grave problemática de la tortura y ésta se investigue, se castigue y se repare conforme a los estándares internacionales de derechos humanos. Este jueves 14 de abril, circuló por redes sociales un video en el que un grupo de militares y policías torturan a una joven con el empleo de bolsas para provocar ahogamiento y con la simulación de ser ejecutada. Según la información de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), los hechos ocurrieron el 4 de febrero de 2015, en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, pero fueron hechos públicos hasta el día de hoy mediante la difusión de un video en redes sociales. Destacamos que en su comunicado, la propia SEDENA reconoció la autenticidad del video y los hechos que se documentan. De acuerdo con la información proporcionada, las autoridades militares tuvieron conocimiento de los actos hasta el 10 de diciembre de 2015 por lo que la SEDENA dio “vista inmediata al Ministerio Público Militar” y el 4 de enero del 2016, a un año de los hechos, informó a la Procuraduría General de la República para que “determine la responsabilidad en cuanto a “las afectaciones civiles”. Las autoridades militares, señalan también, que fue hasta el 11 de enero que se dictó auto de formal prisión a la policía militar y el elemento de tropa, “quienes están a disposición del Juez Quinto Militar como probables responsables de los hechos y sujetos a proceso penal por el delito de encubrimiento.”.
Los firmantes rechazamos que los militares involucrados estén sujetos a un proceso penal en el fuero de guerra, ante un juez militar, y no ante un juez ordinario, pues los actos de tortura de acuerdo a la legislación nacional deben ser competencia de la PGR y los involucrados deben ser procesados ante los jueces civiles. Al respecto, la SEDENA argumentó que el proceso se desarrollará en los “dos fueros”; en el militar, por “desobediencia”, únicamente, y en el ordinario, por el delito que la PGR considere.
Estos hechos, incluyendo la conducta pública de los mandos militares minimizando la gravedad de los hechos, explican la institucionalidad de la tortura en nuestro país y demuestran la necesidad que el marco normativo se modifique para que todo acto de tortura se prevenga, investigue, castigue y repare conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.
Por ello, los hechos que exhibe el video, y otros muchos casos más de tortura, deben ser considerados para acelerar y profundizar la discusión que actualmente se llevan a cabo en el Senado sobre los contenidos de la Ley General de la materia.
Exigimos de la Procuraduría General de la República, como una instancia civil, investigue y acuse ante jueces ordinarios a los responsables de estos hechos sucedidos en 2015, e informe de los avances sobre las investigaciones. De la misma forma exigimos a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que realice el contacto con la persona, que se observa en el video siendo torturada, para verificar su situación legal y su afectación psicológica, ya que como señalan los medios de comunicación, esta persona actualmente se encuentra detenida.
Consideramos, que Comisión Nacional de los Derechos Humanos, debe intervenir e integrar de oficio una queja por violaciones graves a los derechos humanos e investigar: la cadena de mando la conducta de las autoridades superiores que ordenaron estas conductas y el alcance de la autoría intelectual de estos hechos.
A la Comisión Nacional de Seguridad, exigimos también, informe sobre la situación legal de los elementos que intervinieron en esta tortura, de su posición sobre los hechos e informe sobre el seguimiento de los casos, las sanciones disciplinarias y penales a los Policías Federales involucrados.
Firmantes
ASILEGAL A.C Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos, AFADEM Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. A.C. Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de Vitoria O.P., A.C. Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, CADHAC A.C Colectivo contra la Tortura y la Impunidad CCTI Comisión Ciudadana de Derechos Humanos, CCDH. Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C. Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. Documenta A.C. Fundación para el Debido Proceso Legal A.C Fundar, Centro de Análisis e Investigación. A.C IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos. A.C. México, Derechos Humanos. Presunción de Inocencia A.C. Programa de Derechos Humanos, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Miguel Sarre, Maestro en Derechos Humanos y actual académico del ITAM. Carlos Ríos, Consultor en Derechos Humanos.
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”(conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República mexicana): Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa,A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de los Derechos del Migrante (Distrito Federal); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Distrito Federal); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Distrito Federal); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Distrito Federal); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Distrito Federal); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C.(COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C.(CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); El Caracol, A.C (Distrito Federal); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Distrito Federal); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (INICIA) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad IberoamericanaPuebla (Puebla, Pue.); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C.(CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Distrito Federal), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales yCulturales (ProDESC) (Distrito Federal); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Distrito Federal); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C.(SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.)

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