Porque amamos, luchamos por el derecho a la alegría.

José Martínez Cruz/ La Jornada Morelos

Mayo inició con una expresión de lucha y movilización de la clase trabajadora en todo el país contra la continuación de las políticas neoliberales y privatizadoras, por los derechos laborales y contra todo tipo de violencias que impiden vivir con seguridad ciudadana y respeto a los derechos humanos. Así fue la marcha independiente que salió desde el IMSS de Plan de Ayala al zócalo de Cuernavaca con las organizaciones integrantes del Pacto Morelos por la Soberanía. El próximo 9 de mayo se realizará una reunión donde se abordarán las medidas de Alerta de Violencia de Género en Morelos con la Comisión Nacional para Erradicar la Violencia contra las mujeres, planteada desde hace meses por la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos como organización peticionaria de la AVG desde 2015. Un día después, el 10 de mayo, se llevará a cabo una marcha de las madres con hijas desaparecidas para exigir su presentación y localización con vida, en ése día en que merecen la alegría de tener a sus hijas de regreso a casa.

Mayo será un mes donde las altas temperaturas no solo serán debido al clima, sino también al ambiente político y social que se vive en todo el país por los debates, confrontaciones, polarización y exigencia de solución a demandas que durante décadas han sido olvidadas y que deben ser atendidas urgentemente. Así lo plantearon las marchas del primero de mayo. Las mantas y consignas contra las reformas que los gobiernos panistas y priistas fueron expresadas masivamente. Sin embargo, lejos de que durante los primeros cuatro meses del gobierno obradorista se hayan echado atrás esas reformas, se mantiene lo fundamental del contenido de la reforma educativa peñista y en el mismo sentido en la reforma laboral que no permite garantizar verdaderamente la libertad sindical ni los derechos a la contratación colectiva y la estabilidad en el empleo como asegura el gobierno. Al mismo tiempo se expresan señales ominosas de un nuevo corporativismo desde el gobierno de Morena que sustituya o concilie con el del viejo priísmo, representado por los charros. Nuevamente insistimos que es clave en la situación actual mantener la independencia política con respecto al gobierno, como siempre se sostuvo con respecto al gobierno del PRI, y defender la autonomía de los sindicatos y organizaciones populares, oponiéndose a la intervención del gobierno en la vida sindical. Es contradictorio pensar que la democracia e independencia sindicales pueden conquistarse por medio de la intervención del gobierno. Insistimos en la visión marxista que afirma que la liberación de la clase obrera, será obra de la propia clase obrera. Con el pretexto de la lucha contra la corrupción el nuevo gobierno está imponiendo un plan de austeridad como aquel contra el cual el movimiento sindical lucha en Europa con los gobiernos neoliberales de todo tipo. Eso es lo que significan los recortes a Educación (incluso a las universidades en huelga) a Salud, a Cultura, los despidos en diversas dependencias federales y del gobierno de la CDMX. Pero también el discurso neoliberal que con el pretexto de la corrupción pretende hacer a un lado, en realidad destruir, a las organizaciones colectivas y de clase, para comunicarse directamente con la ciudadanía y los usuarios, fundamentando la no necesidad de las organizaciones colectivas para la defensa y lucha de derechos que son individuales pero también son derechos colectivos, sociales, que deben ser defendidos por medio de la organización y lucha y no por medio del individualismo neoliberal. Con el argumento de la libertad sindical, las reformas laborales pueden llevar a que trabajadores tengan que negociar sus contratos de trabajo en forma individual, esto es el extremo del outsourcing.

Por otra parte, finalmente se llevó a cabo mesa de trabajo con la Fiscalía, municipios y CIDHM sobre AVG. Con la participación de 6 instancias de la mujer de municipios con Alerta de Violencia de Género (AVG), el Fiscal General, la titular de la Fiscalía de Feminicidios y la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos como organización peticionaria de la AVG, se llevó a cabo una mesa de trabajo en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, para abordar el informe sobre los casos de feminicidio, el estado que guarda la Unidad de Contexto, la capacitación del personal en materia de perspectiva de género, los presupuesto destinados para implementar las medidas decretadas por la Comisión Nacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) y el funcionamiento de los Centros de Justicia para Mujeres, así como la articulación con los municipios en las medidas de prevención derivadas de un diagnóstico sobre los casos que ocurren en sus territorios. Luego de tres mesas de trabajo en municipios que tienen decretada la AVG desde agosto de 2015, en donde se abordaron medidas que fueron decretadas por la Conavim y que requieren de una adecuada coordinación interinstitucional entre los tres niveles de gobierno y la sociedad civil, se abordaron en ésta mesa con la Fiscalía temas que han quedado pendientes, como el informe sobre los casos de feminicidio que son investigados, los que han sido judicializados y los que aún están en proceso de integración y determinación ministerial. Al respecto se informó que existen acuerdos para actualizar el Banco Nacional de Violencia contra las Mujeres y su versión estatal, por lo que aún no se cuenta con toda la información desagregada, por lo que únicamente se dieron los casos de feminicidio ocurridos durante el primer bimestre de 2019 y los que han sido considerados como homicidios calificados. Ante ello se solicitó formalmente que dicho informe sea presentado en su totalidad en un plazo breve, de tal manera que se pueda hacer una confrontación con los datos con que cuenta la organización peticionaria y se hagan las observaciones pertinentes, de acuerdo al tipo penal establecido en el artículo 231 quintus del Código Penal y valorar el tipo de sanciones que aplican en los juicios orales. Sobre los Centros de Justicia para Mujeres que funcionan en Cuernavaca y Yautepec, se informó que hasta el momento no se ha podido brindar la atención integral a las mujeres que sufren algún tipo de violencia, debido a la falta de recursos presupuestales y a que las diferentes dependencias que deben aportar personal no lo han hecho, ya que además de la Fiscalía, deben participar del DIF, la Secretaría del Trabajo y del Sector Salud.

Porque los derechos laborales y los derechos de las mujeres forman parte fundamental de los derechos humanos, luchamos por una vida libre de violencia, sin feminicidio ni desapariciones, sin opresión ni explotación, desde cualquier trinchera en que nos encontremos.

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Después del Primero de Mayo a fortalecer la lucha independiente.

 

Este Primero de Mayo de 2019 fue una demostración masiva de la clase trabajadora luchando por hacer realidad la libertad y democracia sindical, la recuperación de nuestro salario, la estabilidad en el empleo, el fin de la precariedad laboral y dejar atrás verdaderamente la larga noche neoliberal, por lo tanto, movilizados combativamente sin faltar a la tradición de las luchas históricas de la clase obrera.

La Reforma Laboral promete mayor justicia laboral, libertad y democracia. Recordamos en primer lugar, que si hoy es posible avanzar en la vigencia de estos derechos fundamentales no es por gracia del gobierno, el congreso o presiones externas, sino producto de décadas de lucha de las organizaciones independientes de los trabajadores, y solamente el fortalecimiento de las mismas puede garantizar que se lleve a la realidad. Una cosa es cierta, a mayor democracia en nuestras organizaciones sindicales y cooperativas aseguramos mejores condiciones de vida y trabajo. Los sindicatos con vida democrática donde priva el asambleísmo y la elección democrática de sus dirigentes logran siempre conquistar innegables avances en la contratación colectiva y sus ingresos económicos. Por su parte las prácticas democráticas en las cooperativas han generado una administración transparente, que promueve procesos de rendición de cuentas en beneficio de los socios cooperativistas. La fuerza de trabajo de los mexicanos resultó en el periodo neoliberal la segunda más barata del mundo como estímulo para la inversión extranjera. Durante los últimos 30 años, los ataques a los sindicatos democráticos y su contratación colectiva anticiparon siempre la privatización de decenas de empresas públicas y las principales áreas estratégicas de nuestra economía mediante sucesivas reformas estructurales que terminaron despojando a los mexicanos, trabajadores, cooperativistas, comunidades campesinas y pueblos originarios de sus derechos económicos y sociales.

El ciclo neoliberal no está roto. Aún prevalecen los intereses de la oligarquía en la definición de las políticas públicas del nuevo gobierno, con todo y que se están instrumentando una serie de programas sociales asistenciales que más parecen compensar la concentración de la riqueza en pocas manos que desmantelar las estructuras de poder económico y político impuestas por los neoliberales.

Actualmente millones de trabajadores están maniatados por la indefensión al no contar con una organización de lucha que en la práctica responda a sus intereses. Los trabajadores y las trabajadoras solo tenemos como garantía para el respeto de los derechos, nuestra fuerza, unidad y capacidad de movilización.
Antes del comienzo del nuevo gobierno se habían sembrado al seno del pueblo infinitas esperanzas de que las cosas mejorarían para la clase trabajadora. Sin embargo, los recortes al gasto público han significado el despido masivo de miles de trabajadores al servicio del Estado, mientras que al incremento a los salarios contractuales se les sigue aplicando un tope salarial, en particular para las universidades públicas a las que se le impuso un tope del 3.35%, lo que hizo estallar más de media docena de huelgas; la más prolongada es la de los compañeros del SITUAM que concluyó luego de 92 días. Lo mismo ocurrió con la huelga que duró 48 días en el Instituto de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, donde finalmente el SIIINIFAP logró que se firmaran acuerdos que garantizan recursos para la investigación que beneficien el campo para defender la soberanía alimentaria.
Por todo ello, luego del Primero de Mayo, las organizaciones del Pacto Morelos por la Soberanía se manifiesta a favor de la unidad de las distintas expresiones del sindicalismo democrático y llama a la realización de una gran Convención Nacional Democrática de los Trabajadores que bajo un solo programa de acción nos permita protagonizar la verdadera transformación que demanda el país.

Nos manifestamos en contra de la violencia y discriminación de género y por un alto definitivo a la ola de feminicidios que azota al país. Así mismo, expresamos nuestra solidaridad internacional con los pueblos hermanos que resisten la ofensiva imperialista de los Estados Unidos especialmente los pueblos de Venezuela, Brasil y Cuba. Llamamos al boicot de las empresas CEMEX, Driscolls, Andrews y Williamson´s que se niegan a firmar contrato colectivo de trabajo con los jornaleros agrícolas de San Quintín, Baja California. Extendemos nuestra solidaridad incondicional con el movimiento 20/32 de la Ciudad de Matamoros, Tamaulipas; saludamos los triunfos de las huelgas del SITUAM y el SIIINIFAP, y llamamos a todas y todos los trabajadores del país a recuperar, para luchar, a nuestras organizaciones sindicales en manos de los patrones y el charrismo sindical, exigimos la reinstalación de 25 maestras y maestros despedidos en Morelos y justicia para Samir Flores.

Asumimos que una de las prioridades en nuestro país debe ser la búsqueda y localización de todos los y las desaparecidas en el país, por lo que expresamos nuestra solidaridad con la marcha que están convocando las madres con hijas desaparecidas para éste 10 de mayo, así como hemos exigido justicia y verdad para los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y más de 40 mil en todo el país.

Atentamente.

Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética y los Derechos de las y los Trabajadores.

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La dignidad en la vida, la lucha, el amor y la muerte.

 

José Martínez Cruz/ La Jornada Morelos.

Luchamos por la vida, hasta el último aliento. Y ésto nos motiva a no ser indiferentes, a no ser insensibles ante el dolor de los demás. Ante la grave descomposición social y la barbarie instalada en la sociedad capitalista actual es más que nunca necesario fortalecer la conciencia de la lucha por derechos humanos para todas y todos. Porque solo el amor y la consciencia organizada nos permitirán transformar de raíz las causas de la violencia, la explotación, la opresión y la discriminación que se vive por todas partes.

Asumimos que una de las prioridades en nuestro país debe ser la búsqueda y localización de todos los y las desaparecidas en el país, por lo que expresamos nuestra solidaridad con la marcha que llevaron a cabo las madres con hijas desaparecidas éste 10 de mayo, así como hemos exigido justicia y verdad para los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y más de 40 mil en todo el país. Es inadmisible que no se haya instalado el sistema nacional de búsqueda y localización que establece la Ley contra la desaparición forzada, ya que solo prolonga el dolor y sufrimiento de las madres con hijas e hijos desaparecidos. Yessica Ceron, Mireya Montiel, Viridiana Anaid, Yamileth, las queremos vivas a todas.

Nos manifestamos en contra de la violencia y discriminación de género y por un alto definitivo a la ola de feminicidios que azota al país. Así como Mariana, joven deportista, Cecilia Alejandra, custodia del CEFERESO de Michapa y muchas mujeres víctimas de éste sistema machista y misógino podrían haberse evitado su muerte si se hubiesen tomado todas las medidas de Alerta de Violencia de Género que el gobierno se niega a implementar a fondo. Basta de feminicidio, ni una más, es el grito de rabia y dolor ante estos crímenes impunes que enlutan tantos hogares y laceran los más tiernos sentimientos humanos.

La lucha continúa en todos los ámbitos. No vemos una sociedad indiferente y dormida, sino en lucha y resistencia. Por eso es que celebramos que este Primero de Mayo de 2019 haya sido una demostración masiva de la clase trabajadora luchando por hacer realidad la libertad y democracia sindical, la recuperación de nuestro salario, la estabilidad en el empleo, el fin de la precariedad laboral y dejar atrás verdaderamente la larga noche neoliberal, por lo tanto, movilizados combativamente sin faltar a la tradición de las luchas históricas de la clase obrera.

Para avanzar en la justicia laboral, libertad y democracia. será producto de décadas de lucha de las organizaciones independientes de los trabajadores, y solamente el fortalecimiento de las mismas puede garantizar que se lleve a la realidad. Una cosa es cierta, a mayor democracia en las organizaciones sindicales y cooperativas aseguramos mejores condiciones de vida y trabajo. Los sindicatos con vida democrática donde priva el asambleísmo y la elección democrática de sus dirigentes logran siempre conquistar innegables avances en la contratación colectiva y sus ingresos económicos. No hay que olvidar que la fuerza de trabajo de los mexicanos resultó en el periodo neoliberal la segunda más barata del mundo como estímulo para la inversión extranjera. Durante los últimos 30 años, los ataques a los sindicatos democráticos y su contratación colectiva anticiparon siempre la privatización de decenas de empresas públicas y las principales áreas estratégicas de nuestra economía mediante sucesivas reformas estructurales que terminaron despojando a los mexicanos, trabajadores, cooperativistas, comunidades campesinas y pueblos originarios de sus derechos económicos y sociales.

El ciclo neoliberal no está roto. Aún prevalecen los intereses de la oligarquía en la definición de las políticas públicas del nuevo gobierno, con todo y que se están instrumentando una serie de programas sociales asistenciales que más parecen compensar la concentración de la riqueza en pocas manos que desmantelar las estructuras de poder económico y político impuestas por los neoliberales.

Actualmente millones de trabajadores están maniatados por la indefensión al no contar con una organización de lucha que en la práctica responda a sus intereses. Los trabajadores y las trabajadoras solo tenemos como garantía para el respeto de los derechos, nuestra fuerza, unidad y capacidad de movilización.
Antes del comienzo del nuevo gobierno se habían sembrado al seno del pueblo infinitas esperanzas de que las cosas mejorarían para la clase trabajadora. Sin embargo, los recortes al gasto público han significado el despido masivo de miles de trabajadores al servicio del Estado, mientras que al incremento a los salarios contractuales se les sigue aplicando un tope salarial, en particular para las universidades públicas a las que se le impuso un tope del 3.35%, lo que hizo estallar más de media docena de huelgas; la más prolongada es la de los compañeros del SITUAM que concluyó luego de 92 días. Lo mismo ocurrió con la huelga que duró 48 días en el Instituto de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, donde finalmente el SIIINIFAP logró que se firmaran acuerdos que garantizan recursos para la investigación que beneficien el campo para defender la soberanía alimentaria.
Por todo ello, luego del Primero de Mayo, las organizaciones del Pacto Morelos por la Soberanía se manifestaron a favor de la unidad de las distintas expresiones del sindicalismo democrático y llamaron a la realización de una gran Convención Nacional Democrática de los Trabajadores que bajo un solo programa de acción nos permita protagonizar la verdadera transformación que demanda el país.

Así mismo, no olvidamos expresar nuestra solidaridad internacional con los pueblos hermanos que resisten la ofensiva imperialista de los Estados Unidos especialmente los pueblos de Venezuela, Brasil y Cuba. Llamamos al boicot de las empresas CEMEX, Driscolls, Andrews y Williamson´s que se niegan a firmar contrato colectivo de trabajo con los jornaleros agrícolas de San Quintín, Baja California. Extendemos nuestra solidaridad incondicional con el movimiento 20/32 de la Ciudad de Matamoros, Tamaulipas; saludamos los triunfos de las huelgas del SITUAM y el SIIINIFAP, y llamamos a todas y todos los trabajadores del país a recuperar, para luchar, a nuestras organizaciones sindicales en manos de los patrones y el charrismo sindical, exigimos la reinstalación de 25 maestras y maestros despedidos en Morelos y justicia para Samir Flores.

Por ello es que hacemos una Invitación a la charla foro sobre la Reforma de la Reforma Educativa en la 4a Transformacion, avances, limites, retrocesos y contradicciones. Lunes 13 de mayo, 11 am, en la Librería La Rana de la Casona, ubicada en la calle Comonfort esquina con Hidalgo, frente a Catedral, centro de Cuernavaca. Con la participación del Profr. Gonzalo King, Miembro del Comité Nacional Democrático del S.N.T.E. Jubilados. Invitan maestros jubilados miembros de la OPT y PRT, integrantes del Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energetica.

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Las violencias que desgarran vidas en Morelos.

José Martínez Cruz/ La Jornada Morelos.

Las violencias cotidianas que desgarran vidas en Morelos pueden ser erradicadas con políticas integrales y estructurales que sean capaces de atender, prevenir y sancionarlas. Contrariamente a la idea de que así ha sido siempre, la historia demuestra que la violencia es una construcción social y política, muy lejana de la naturaleza de los seres humanos. En un artículo publicado en Rebelión, Michael Lowy dice: “La palabra “bárbaro” es de origen griego. Ella designaba, en la Antigüedad, a las naciones no griegas, consideradas primitivas, incultas, atrasadas y violentas. La oposición entre civilización y barbarie es, entonces, antigua. La misma encuentra una nueva legitimidad en la filosofía de los iluministas y será heredada por la izquierda. El término “barbarie” tiene, según el diccionario, dos significados distintos, pero relacionados: “falta de civilización” y “crueldad del bárbaro”. La historia del siglo XX nos obliga a disociar esas dos acepciones y a reflexionar sobre el concepto -aparentemente contradictorio, más de hecho perfectamente coherente- de “barbarie civilizada”. Si nos referimos al segundo sentido de la palabra “bárbaro” -actos crueles, inhumanos, la producción deliberada de sufrimiento y de muerte deliberada de no combatientes (en particular,
niños)-, ningún siglo de la historia conoce manifestaciones de barbarie tan extensas, tan masivas y tan sistemáticas como el siglo XX. Ciertamente, la historia humana es rica en actos de barbarie, cometidos tanto por las naciones “civilizadas” como por las tribus “salvajes”. La historia moderna, después de la conquista de América, parece una sucesión de actos de ese género: la masacre de indígenas americanos, el tráfico de negros, las guerras coloniales. Se trata de una barbarie “civilizada”, esto es, conducida por los imperios coloniales económicamente más avanzados, acumulación del capital.”
La barbarie cotidiana que estamos viviendo, en este sentido, tiene antecedentes que no podemos olvidar, como los que señala Lowy: “Las cuatro masacres que encarnan de manera más acabada la modernidad de la barbarie son el genocidio nazi contra los judíos y los gitanos, la bomba atómica en Hiroshima, el Gulag estalinista y la guerra norteamericana en Vietnam. Los dos primeros son probablemente los más integralmente modernos: la cámara de gas de los nazis y la muerte atómica norteamericana contienen prácticamente todos los ingredientes de la barbarie tecnoburocrática moderna.”
Tampoco se trata de reducir la historia del siglo XX a sus momentos de barbarie: esa historia conoce también la esperanza, las sublevaciones de los oprimidos, las solidaridades internacionales, los combates revolucionarios… Ellos constituyen preciosos puntos de apoyo para la lucha de las generaciones futuras por una sociedad humana y solidaria.
En México, los niveles de violencia crecieron precisamente a partir de las políticas de terrorismo de Estado en contra de grandes movilizaciones sociales y políticas, como el 2 de octubre de 1968, el 10 de junio de 1971, las desapariciones forzadas de los años 70s, la guerra de Calderón por el control monopólico de las ganancias del narcotráfico, entre otras.
Es en éste contexto histórico que nos encontramos ante los niveles de violencia cotidiana que permean a nuestra sociedad y que terminan por estallar en el centro de la vida de tantas personas, lo mismo en los lugares más apartados de los reflectores públicos, que en medio de la ciudad y ante todos los medios de comunicación presentes.
Las desapariciones de los años 70s se hacían en la clandestinidad, tratando de ocultar la identidad de víctimas y victimarios. Sin embargo, ahí están los archivos secretos que deben abrirse para lograr la verdad y la justicia. Los 43 desaparecidos de Ayotzinapa fueron desaparecidos y en unas horas ya se conocía en todo el mundo el hecho. Para lograr justicia y verdad se debe desmontar todo el aparato político y jurídico que lo trata de mantener oculto. En ocasiones, la violencia que estalla ante la vista de todo mundo, oculta las causas, niega las intenciones, deforma sus orígenes. Es el caso de Samir Flores Soberanes, a tres meses de su asesinato, sin resultado alguno en las investigaciones, sin detenidos ni culpables.
Una expresión terrible de la crisis de derechos humanos que se vive en el país y la otra expresión de la barbarie que a nivel mundial se vive como crisis civilizatoria es el feminicidio como la práctica extrema de todas las violencias contra las mujeres.
Crear una conciencia de respeto a los derechos humanos y el avance de las luchas por los derechos de las mujeres y la mayor conciencia de su condición, ha llevado décadas de lucha de feministas y organizaciones defensoras de derechos humanos, por lo que es inaceptable que ahora resulte que se haya desatado exponencialmente la violencia contra las mujeres y su extremo, el feminicidio.
Ciertamente detrás de ello está el peso de la estructura y la ideología patriarcal que sostiene al sistema capitalista. Pero esta condición no es nueva ni reciente; por el contrario. Los efectos del neoliberalismo estas décadas, sin embargo, sí han contribuido a fortalecer el sexismo y la violencia contra las mujeres. Pero con la descomposición social iniciada con la militarización y la guerra contra el narcotráfico, la violencia se ha extendido por todo el país, adquiriendo niveles de barbarie extremos que incluye todas las formas de violencia contra mujeres y niñas, así como contra toda forma de diversidad sexual.
En la lucha contra el feminicidio, desapariciones y todo tipo de violencias, debemos concluir que estamos enfrentando una construcción política históricamente determinada que debe y puede derrotarse para así defender y recuperar todos los derechos humanos para todas y todos.

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Jóvenes en contextos de violencia: entre el espanto y la ternura.

 

José Martínez Cruz/ La Jornada Morelos.

Ningún joven debe morir, ningún joven debe matar. Ni ser víctima de la violencia, ni ser portador de la misma. Ni estigmatizarlos, ni criminalizarlos. La situación actual es de altos niveles de violencia que están viviendo, enfrentando y padeciendo la mayoría de las y los jóvenes, por lo que valoramos mucho la iniciativa de maestras y estudiantes de la licenciatura de Comunicación y Gestión Interculturales de la UAEM como espacio de reflexión y rechazo ante las diferentes formas de violencia que afectan tanto a mujeres como a jóvenes, quienes invitaron a la Comisión Independiente de Derechos Humanos a inaugurar el foro realizado el 31 de mayo en la Casona Spenser. Ahí destacamos los recientes casos de feminicidio de jóvenes estudiantes como Mariana y Fernanda, el incremento de las ejecuciones de jóvenes y el involucramiento de adolescentes y jóvenes en prácticas criminales. Ir a las causas y no solo en los efectos es fundamental. El sistema capitalista profundamente dividido en clases sociales, generador de injusticia social, pobreza, desempleo, individualismo y competencia, explotación, discriminación, genera violencias de todo tipo, acabando con los más nobles sentimientos humanos. En México la violencia de Estado desatada desde 1968 y 1971 que inició con crímenes, desapariciones y presos políticos, elevó la militarización de la seguridad pública desde Calderón hasta la fecha, con miles de víctimas, hasta llegar a los 43 estudiantes de Ayotzinapa y más de 40 mil desaparecidos en todo el país.
En recientes documentos de Data Cívica y el CIDE, así como de ONU Mujeres, sobre la violencia contra las mujeres y niñas se destacan las causas que explican su crecimiento exponencial, como desde la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos hemos documentado sobre la violencia feminicida durante los años del 2000 al 2018 y las medidas de Alerta de Violencia de Género que tiene la obligación el gobierno de llevar a cabo.
En 10 años se cuadruplicaron asesinatos de mujeres en el espacio público. El homicidio de mujeres ha pasado de la vivienda al espacio público de manera desproporcional y a la par del incremento en la violencia armada y la militarización de la seguridad pública. El incremento de la violencia armada y la militarización de la seguridad pública ha afectado desproporcionadamente a las mujeres jóvenes, quienes ahora son asesinadas mayoritariamente en el espacio público y con armas de fuego, reporta el informe Claves para entender y prevenir los asesinatos de mujeres en México.
Con base en los registros de mortalidad del Inegi, el informe indica que de 2007 a 2017 el homicidio de mujeres se cuadruplicó en el espacio público, al pasar de 0.7 por cada 100 mil habitantes a 2.5, mientras que casi se duplicó en la vivienda, al pasar de 0.8 en 2007 a 1.5 en 2017. Esto significa que el asesinato de mujeres pasó de su punto más bajo en 2007, asesinadas principalmente en la vivienda, a su punto más alto en 2017, asesinadas principalmente en el espacio público. En ese periodo (2007-2017) se registró un total de 25 mil 800 mujeres asesinadas.
De acuerdo con el estudio, el incremento en los asesinatos de mujeres está asociado a la violencia en la vía pública. Aunque la abrumadora mayoría de las víctimas asesinadas en el país son hombres (213 mil 608 en 2017), el estudio se centra en los homicidios de mujeres ante la evidencia de que las matan de manera sistemáticamente distinta y por ello ambos fenómenos requieren un tratamiento diferenciado y soluciones específicas. El informe enfatiza que entre las principales víctimas por el incremento de esta violencia se encuentran mujeres entre los 20 y 35 años.
De acuerdo con el informe, el primer hecho que impacta en el homicidio de las mujeres es el incremento de la violencia a nivel nacional tras la militarización de la seguridad pública en el sexenio de Felipe Calderón.
La crisis de seguridad en México es innegable. El estudio refiere que los picos de violencia se deben al aumento desproporcionado de asesinatos cometidos con arma de fuego en el espacio público en contra de jóvenes.
En el estudio de ONU Mujeres sobre las defunciones femeninas con presunción de homicidio (DFPH) de niñas y adolescentes, se establece que el medio más utilizado, tanto en la vía pública como en el hogar, es el arma de fuego: una de cada dos de las DFPH ocurre en la vía pública y una de cada cuatro en el hogar. Asimismo, en el hogar, el segundo medio más utilizado fue el ahorcamiento, estrangulamiento, sofocación, ahogamiento e inmersión, utilizados en una de cada cuatro DFPH. Estas cifras son alarmantes por la brutalidad con la que niñas y adolescentes son asesinadas. Finalmente, en lo que se refiere a las víctimas de delitos, se observó que en el periodo de 2015 a 2018 hubo un total de 194 feminicidios de niñas y adolescentes, 3,044 casos de corrupción de menores, 671 homicidios dolosos, 12,545 lesiones dolosas, 201 casos de tráfico de menores y 427 casos de trata de personas.
La realidad es que, al mismo tiempo que la violencia pública y armada ha ido en aumento, los asesinatos en la vivienda, mismos que siguen desproporcionadamente afectando a mujeres, tampoco se han reducido. La lección más importante que se deriva de los datos es que además de exigir políticas para atender, castigar y prevenir la violencia en la pareja o para erradicar la discriminación por género que persiste en distintos espacios, también se tienen que exigir políticas que hagan frente a la crisis de seguridad más amplia. Entre ellas, políticas que garanticen un control efectivo de armas; que impulsen la desmilitarización de la seguridad pública, y que fortalezcan a las instituciones civiles “para que realmente sean capaces de responder a la violencia de manera inteligente, focalizada, transparente y justa, desde lo local y de la mano de la comunidad”. Es necesario asegurar que las medidas de prevención de asesinatos de niñas y adolescentes se basen en un enfoque de derechos humanos y tengan perspectiva de género y atender las recomendaciones que diversos organismos internacionales o regionales han emitido sobre el derecho de las niñas y las mujeres a una vida libre de violencia, así como las recomendaciones generales 19 y 35 del Comité de la CEDAW y las recientes observaciones finales al Estado mexicano. Hoy más que nunca es necesario luchar porque, en lugar del espanto cotidiano, todas las y los jóvenes puedan disfrutar de la ternura.

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A 56 meses de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, desde Morelos no olvidamos!

Las organizaciones del Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética mantenemos la exigencia de la presentación con vida de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desde hace 56 meses, en septiembre de 2014, por lo que este 25 de mayo a las 4 de la tarde llevaremos a cabo un acto informativo en el zócalo de Cuernavaca.

Hasta la fecha no se ha nombrado al Fiscal Especial de la Fiscalía General de la República para investigar su paradero, aún cuando es importante que el mecanismo de seguimiento para el caso Ayotzinapa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dará continuidad a las investigaciones durante un año para ayudar al esclarecimiento de la desaparición de los 43 normalistas. Este grupo y este mecanismo podrá acceder en forma oportuna y sin restricciones a toda la información documental vinculada con el caso. Dicho mecanismo podrá emitir informes, comunicados de prensa y recomendaciones que abonen a la investigación y gozará de inmunidad para que ejerza en plena libertad sus funciones. Tendrá un año de mandato y podrá ser renovable por acuerdo de las partes. El Mecanismo Especial, además de ser el resultado colaborativo de todas las partes, muestra una disposición diferente del nuevo gobierno de México para dar con la verdad del paradero de los 43 estudiantes desaparecidos y castigar a los culpables. La responsable de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Esmeralda Arozamena, entregó a la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, el último informe del grupo interdisciplinario de expertos independientes, punto de partida para las nuevas indagatorias. Para empezar, dijo, hay que investigar a ex funcionarios, elementos policiacos y del ejército mexicano.

Se debe investigar con mayor profundidad a los agentes castrenses que estuvieron involucrados en la trágica Noche de Iguala”, comentó.

Por su parte, el vocero de las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, Melitón Ortega García, urgió a la Fiscalía General de la República (FGR) a nombrar al fiscal especial para el caso Iguala y a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a entregar las pruebas e información que tienen en su poder sobre la agresión a los estudiantes. Lo anterior, para retomar las líneas de investigación desarrolladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GERI), pues consideró que en cinco meses del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el caso Ayotzinapa sigue estancado porque la FGR y la Sedena no tienen interés en resolverlo.

Entrevistado este sábado 11 de mayo en el noticiario de Radio Universidad en Chilpancingo, Melitón Ortega recordó que los padres han tenido dos reuniones con López Obrador, una de ellas fue la del 3 de diciembre del 2018, cuando el presidente firmó el decreto para la creación de una Comisión de la Verdad, cuyo objetivo es resolver la desaparición de 43 normalistas.Lo anterior, dijo, fue una muestra de voluntad y de interés del gobierno federal para resolver el caso, pero la FGR y la Sedena no caminan juntos, “porque a 100 días de la creación de esta Comisión, no se han nombrado al Fiscal especial para el caso Iguala y la Sedena tampoco ha aportado información de los hechos”.

Es importante señalar que el pasado 14 de mayo se realizó la primera jornada de búsqueda de información en Iguala, con una marcha. En el centro de esa ciudad se instalaron buzones para que la gente aporte información. Los días 15 y 16 de mayo se hicieron recorridos en colonias de Iguala y el 17 de mayo se clausuró la jornada. Por eso, desde Morelos seguiremos apoyando esta digna lucha de las madres y padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa hasta encontrarlos, porque vivos se los llevaron y vivos los queremos.

Atentamente

Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética y los Derechos de las y los Trabajadores.

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Datos sobre violencia contra mujeres y niñas en el contexto de inseguridad,

En recientes documentos de Data Cívica y el CIDE, así como de ONU Mujeres, sobre la violencia contra las mujeres y niñas se destacan las causas que explican su crecimiento exponencial, como desde la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos hemos documentado sobre la violencia feminicida durante los años del 2000 al 2018 y las medidas de Alerta de Violencia de Género que tiene la obligación el gobierno de llevar a cabo.
En 10 años se cuadruplicaron asesinatos de mujeres en el espacio público, alerta estudio
El homicidio de mujeres ha pasado de la vivienda al espacio público de manera desproporcional y a la par del incremento en la violencia armada y la militarización de la seguridad pública, indica un informe de Data Cívica y el Área de Derechos Sexuales y Reproductivos del CIDE.

El incremento de la violencia armada y la militarización de la seguridad pública ha afectado desproporcionadamente a las mujeres jóvenes, quienes ahora son asesinadas mayoritariamente en el espacio público y con armas de fuego, reporta el informe Claves para entender y prevenir los asesinatos de mujeres en México, de Data Cívica y el Área de Derechos Sexuales y Reproductivos del Programa de Derecho a la Salud del CIDE.
Crece tasa de feminicidios y violaciones en CDMX; Tlalpan e Iztapalapa, las alcaldías con más casos
Con base en los registros de mortalidad del Inegi, el informe indica que de 2007 a 2017 el homicidio de mujeres se cuadruplicó en el espacio público, al pasar de 0.7 por cada 100 mil habitantes a 2.5, mientras que casi se duplicó en la vivienda, al pasar de 0.8 en 2007 a 1.5 en 2017. Esto significa que el asesinato de mujeres pasó de su punto más bajo en 2007, asesinadas principalmente en la vivienda, a su punto más alto en 2017, asesinadas principalmente en el espacio público. En ese periodo (2007-2017) se registró un total de 25 mil 800 mujeres asesinadas.
De acuerdo con el estudio, el incremento en los asesinatos de mujeres está asociado a la violencia en la via pública. “Donde ha habido un repunte en la violencia, no solo se han disparado los asesinatos que ocurren en la vía pública, sino también los que ocurren en la vivienda. Sin embargo, los homicidios en la vivienda son distintos desde que la tasa de homicidios aumentó: se cometen en mayor proporción con arma de fuego. Esto es muy importante porque sugiere que el aumento en la tasa de asesinatos en la vivienda también está
“Desde nuestra perspectiva, esto nos revela que tenemos prácticamente tres fenómenos que atender –si bien dos de ellos están íntimamente relacionados–. El primero es la violencia armada en público, que es la que más ha aumentado, afectando desproporcionadamente a las mujeres jóvenes. El segundo es la violencia en casa, con arma de fuego, que se ha disparado ahí donde también incrementaron los homicidios en público. Y el tercero es la violencia en casa que ha permanecido casi inalterada en este periodo, afectando desproporcionadamente a niñas y a adultas mayores y siendo insistentemente cruel”.

Aunque la abrumadora mayoría de las víctimas asesinadas en el país son hombres (213 mil 608 en 2017), el estudio se centra en los homicidios de mujeres ante la evidencia de que las matan de manera sistemáticamente distintay por ello ambos fenómenos requieren un tratamiento diferenciado y soluciones específicas. Es decir, lo que puede funcionar para reducir los homicidios de hombres no necesariamente va a funcionar para reducir los homicidios de mujeres y viceversa.
En ese sentido, el informe enfatiza en la necesidad de atender dos fenómenos distintos si se quiere prevenir los asesinatos de mujeres en México. Por un lado, entender lo que ha cambiado (la violencia armada en público y el contexto más amplio de inseguridad y militarización), y lo que ha permanecido igual (la violencia en casa).
Por ello entre las propuestas para reducir los homicidios de mujeres en el país, el estudio plantea un control efectivo de armas y la desmilitarización de la seguridad pública, además de enfrentar adecuadamente la violencia en casa y remediar la falta de datos.
El estudio aclara que no se utilizó el término “feminicidio” para referirse a los homicidios de mujeres ante las variaciones que hay sobre las definiciones del término entre la academia, los espacios de activismo y el ordenamiento jurídico mexicano.
“Con los datos disponibles sobre cómo y dónde matan a las mujeres, cuáles son considerados feminicidios dependerá, por lo tanto, de la definición de feminicidio que se adopte. Por esta variabilidad, tanto legal como conceptual, es que hemos optado por usar ‘asesinato’ u ‘homicidio’ en su lugar. La pregunta que queremos responder es dónde y cómo matan a más mujeres y cómo es que este fenómeno cambia en el tiempo. La intención que tenemos es arrojar luz a cuáles serían las políticas que, según los datos, podrían ser más fructíferas para reducir los asesinatos de mujeres, encajen o no en las definiciones penales de feminicidio”.
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De la casa a la calle
De acuerdo con el informe, el primer hecho que impacta en el homicidio de las mujeres es el incremento de la violencia a nivel nacional tras la militarización de la seguridad pública en el sexenio de Felipe Calderón.
“Con base en los Registros de Mortalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), es posible concluir que, a nivel nacional, los asesinatos de mujeres, como los de los hombres, han aumentado en años recientes en México. Ambos tuvieron las tasas más bajas de las últimas cuatro décadas en el 2007, solo para dispararse desde entonces hasta alcanzar, en el 2017, las tasas más altas de las últimas cuatro décadas en el país. En total, solo en este periodo, estamos hablando de poco más de 213,000 hombres y de 25,800 mujeres que fueron privadas de sus vidas.
“La crisis de seguridad en México es, en otras palabras, innegable. Lo que los datos revelan, sin embargo, es que este aumento de los asesinatos no ha sido homogéneo. No ha impactado a todas las mujeres –ni hombres– por igual. Hay variaciones importantes, particularmente cuando la edad y localidad de las víctimas se toman en cuenta. Más aún: ha habido un cambio dramático en el tipo de asesinatos que más afecta a las mujeres, en cuanto al lugar y al modo de ocurrencia se refiere”.
El estudio refiere que los picos de violencia se deben al aumento desproporcionado de asesinatos cometidos con arma de fuego en el espacio público en contra de jóvenes. “Asesinatos que –todo indica– están asociados no solo a la ‘delincuencia’, sino también a la militarización de la seguridad pública en el país, misma que se ha intensificado desde que a finales de 2006 se lanzó la llamada ‘Guerra contra las drogas’ por el entonces presidente Felipe Calderón”.
Si bien mucho del aumento en los asesinatos en México está asociado a este fenómeno concreto, este tampoco agota todo lo que está ocurriendo.

“La realidad es que, al mismo tiempo que la violencia pública y armada ha ido en aumento, los asesinatos en la vivienda, mismos que siguen desproporcionadamente afectando a mujeres, tampoco se han reducido. A pesar de las políticas que, desde hace décadas, se han implementado para combatir la violencia en casa, los asesinatos que ahí ocurren persisten”.
De acuerdo con los datos del Inegi, cuando se desagregan los asesinatos con base en si ocurrieron en la vivienda o en la calle, lo primero que sobresale es que el porcentaje de homicidios de mujeres que ocurrieron en la vía pública aumentaron en los últimos años, al punto en el que sobrepasaron a los que ocurrieron en la vivienda. “Este es el primer cambio notable que encontramos: antes del 2009, la mayoría de las mujeres eran asesinadas en casa; a partir de entonces, sin embargo, la mayoría fueron privadas de sus vidas en la vía pública”.
Al analizar los datos usando tasas por 100 mil mujeres, las autoras del estudio encontraron que si bien los asesinatos en la vivienda también aumentaron, los que ocurrieron en la vía pública crecieron aún más, y que estos coinciden con el aumento generalizado de los asesinatos. “En dos de los tres años más violentos a nivel nacional, la proporción de los asesinatos en la vía pública alcanzaron sus puntos más altos, tanto para hombres –64.8%, en el 2011 y 64.7 %, en el 2017–, como para mujeres –49.2 % y 47.7 %, respectivamente–. Si 2017 fue el año más violento en décadas, solo seguido de 2011, se debe principalmente al aumento de los asesinatos de mujeres y de hombres en el espacio público”, explica el documento.
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El disparo de la violencia armada
Otro de los hallazgos del estudio es que gran parte del incremento en el número de asesinatos tanto en hombres como en mujeres se explica por la violencia armada.
“En hombres, la tasa de asesinato por arma de fuego pasó de ser de 8.9 por cada 100,000 en el 2007 a 32.7 en el 2017. En mujeres, la tasa pasó de ser de 0.7 por cada 100,000 en el 2007 a 2.7 en el 2017. Para los primeros, la tasa aumentó, en este periodo, en un 267.4 %. Para las segundas, el aumento fue del 285.7 %. En los mismos once años, la tasa de asesinatos por asfixia o de aquellos perpetrados con un arma blanca sí aumentaron –tanto para hombres, como para mujeres–, pero el aumento de ninguna forma es similar en magnitud al de las armas de fuego.
“Si se desagregan los datos según el lugar de ocurrencia del asesinato, puede verse que el aumento en la tasa total de homicidios, de nuevo, se debe principalmente a la violencia armada en el espacio público, tanto para hombres, como para mujeres, si bien el cambio ha sido mayor en ellas. Mientras que entre el 2007 y el 2017 la tasa de asesinatos de hombres en el espacio público con arma de fuego se volvió 4.6 veces más grande, en mujeres la cifra se quintuplicó. Desde nuestra perspectiva, esta discrepancia solo remarca, una vez más, lo novedoso que resulta este fenómeno particularmente para las mujeres: cómo cambió radicalmente la manera en la que más han sido asesinadas”.
El informe enfatiza que entre las principales víctimas por el incremento de esta violencia se encuentran mujeres entre los 20 y 35 años, al pasar de
2.5 mujeres de 20 a 27 años por cada 100 mil y 2.7 mujeres de 28 a 35 años en 2007 a 8.9 y 8.2 por cada 100 mil respectivamente en 2017. Las tasas de estos dos grupos de edad para mujeres se triplicaron en tan solo 11 años.
La violencia que persiste
Entre los datos que destaca el estudio se encuentra la persistencia en la forma en que son asesinadas las mujeres en comparación con los hombres, de acuerdo el Inegi.
Entre el 2000 y el 2017, el 32.6 % de las mujeres fueron asesinadas en la vivienda, en comparación con el 12.3 % de los hombres. Sigue siendo más común para las mujeres que para los hombres ser asesinadas en casa, mientras que los homicidios en casa afectan desproporcionadamente a niñas, adolescentes y mujeres adultas.
En ese mismo periodo también fue más común para las mujeres que para los hombres ser asesinadas por asfixia (17.4 % vs 6.2 %), con un arma blanca o contundente (18.3 % vs. 15 %), como resultado de una “agresión con fuerza corporal” (1.0 % vs. 0.8 %) y de un envenenamiento (0.8 % vs. 0.2 %). De los “poquísimos” casos registrados de muertes que fueron el resultado “de una agresión sexual con fuerza corporal”, la mayoría de las víctimas fueron mujeres (el 86 %). Este tipo de violencia es más intensa en la vivienda.
En cuanto a violencia familiar, del total de asesinatos ocurridos entre 2003 y 2017, en el 5.1 % de asesinatos de mujeres se registró por esta modalidad, en contraste con el 0.8 % de los hombres, mientras que del 2012 al 2017 el 3.6 % de los homicidios de mujeres registró un parentesco con el presunto agresor, en contraste con el 0.6 % de los hombres. En pocos casos, para las mujeres la pareja aparece en el 48.95 % de los registros, mientras que en los hombres la pareja ni figura.
¿Qué hacer para prevenir los asesinatos de mujeres?
Para las autoras del estudio, la lección más importante que se deriva de los datos es que además de exigir políticas para atender, castigar y prevenir la violencia en la pareja o para erradicar la discriminación por género que persiste en distintos espacios, también se tienen que exigir políticas que hagan frente a la crisis de seguridad más amplia.
Entre ellas, políticas que garanticen un control efectivo de armas; que impulsen la desmilitarización de la seguridad pública, y que fortalezcan a las instituciones civiles “para que realmente sean capaces de responder a la violencia de manera inteligente, focalizada, transparente y justa, desde lo local y de la mano de la comunidad”.
“La realidad cambió y se complejizó y nuestras estrategias tienen que dar cuenta de ello si queremos que ni una mujer más sea privada de su vida”, concluyen.

Informe ONU Mujeres sobre violencia contra niñas.
VIOLENCIA Y FEMINICIDIO
DE NIÑAS Y ADOLESCENTES
EN MÉXICO

2.2.3. Consentimiento en la primera relación sexual La ENDIREH 2016 también incluyó una pregunta sobre la edad en que se tuvo la primera relación sexual y si existió consentimiento para esta. Al analizar por grupos de edad a las mujeres menores de 18 años que no dieron su consentimiento para tener relaciones sexuales, se observa que el grupo de edad de 60 años y más presenta un comportamiento distinto al de los otros grandes grupos (15-24, 25-39 y 40-59 años), lo cual 37 Violencia y femicidio de niñas y adolescentes en México puede estar relacionado con los años que han pasado desde la ocurrencia de su primera relación sexual. Como se muestra en la Gráfica 6, los datos de la ENDIREH señalan que hay mujeres cuya primera relación sexual fue durante su niñez y, a pesar de que la Encuesta indica que un porcentaje de ellas reportó haberlo hecho de manera consensuada, es fundamental precisar que, debido a la etapa de desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez en que se encuentran las niñas, no es posible hablar de consentimiento durante la niñez para mantener relaciones sexuales. Por el contrario, se trata de una situación de violencia y, tal como se consigna en distintas disposiciones legales mexicanas, como el Código Penal Federal y la mayoría de los códigos penales estatales, toda relación sexual con personas menores de 15 años es equiparable a una violación. El hecho de que la ENDIREH señale que un porcentaje de mujeres tuvo su primera relación sexual de manera consensuada durante la niñez no debería entenderse, en ningún momento y bajo ninguna circunstancia, como que las niñas consienten en hacerlo de manera libre. Considerando lo anterior, los datos muestran que el porcentaje de mujeres que afirman no haber dado su consentimiento aumenta con la edad de las informantes. Esto podría deberse a que, a medida que pasan los años, las mujeres tienen más claridad sobre lo que significa dar su consentimiento en la primera relación sexual. Asimismo, 3% de las mujeres de 40 años y más quienes tuvieron su primera relación sexual a los 17 años aseguran que esta no fue consensuada.

2.2.4. Lesiones y causas de violencia atendidas en el Sector Salud
La Dirección General de Información en Salud (DGIS) desarrolló el Subsistema Automatizado de Lesiones y Causas de violencia atendidas por la Secretaría de Salud con la finalidad de generar información sobre la atención por lesiones y violencia, brindada por las unidades médicas, que permita evaluar la situación de la salud y la demanda de atención por causas externas a la luz de lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención. El tipo de violencia con el mayor número de atenciones en los niños y adolescentes es la física: 23,926 entre 2010 y 2015, mientras que para las niñas y las adolescentes es el segundo más alto: 15,280 atenciones en el mismo periodo (Cuadro 15). El tipo de violencia con el mayor número de casos en niñas y adolescentes es la violencia psicológica con 19,586 atenciones, mientras que para los varones esta forma de violencia está en segundo lugar con 3,892, seguida por violencia sexual con 1,064 en varones y 8,821 en las niñas y adolescentes. Los tipos de violencia con el menor registro son el abandono y/o negligencia (764 atenciones de niños y adolescentes y 1,413 de niñas) y la violencia económica y patrimonial (161 casos de niños y 845 de niñas y adolescentes). El porcentaje de atenciones por violencia sexual registrada por la Secretaría de Salud es cinco veces mayor en las niñas que en los varones menores de 18 años.

La NOM-046 establece la obligación del personal de salud de dar aviso al Ministerio Público (MP) de los casos por lesiones que presuntamente son el resultado de actos de violencia contra las mujeres. El nivel de cumplimiento de la norma se obtiene de la base de datos del Subsistema Automatizado de Lesiones y Causas de Violencia en 2016 (Cuadro 16). Así, el porcentaje de aviso al MP por abandono y/o negligencia en los pacientes varones menores de 18 años fue 36, mientras que en las niñas y adolescentes fue ligeramente mayor: 38.6. El porcentaje por violencia física en niños y adolescentes varones fue 39 y 45.1 para niñas y adolescentes; por violencia sexual, 64.7 y 62.3, respectivamente (los porcentajes más altos registrados en ambos sexos); por violencia psicológica, 34.4 y 38.9, respectivamente, y por violencia económica/patrimonial, 35.4 y 39.2, respectivamente. El porcentaje de aviso al MP más alto se registró por violencia sexual, tanto en niñas como en niños, con 62.3 y 64.7, respectivamente.

En el Cuadro 17 se presenta la proporción de niñas y adolescentes que se atendieron por algún tipo de violencia del total de menores de 18 años (de ambos sexos) atendidos por cada tipo de violencia para el periodo 2010-2015. El promedio nacional muestra que 69.4% de las mujeres padecieron abandono y/o negligencia; 89.2%, violencia sexual; 83.4%, violencia psicológica, y 84%, violencia patrimonial. Así, solamente en el caso de violencia física es donde los hombres padecieron más que las mujeres (61 y 39%, respectivamente). Al analizar la información por entidad federativa se observa que por abandono y/o negligencia las niñas y adolescentes atendidas representan la totalidad de casos en cuatro entidades federativas: Aguascalientes, Campeche, Durango y Tamaulipas; las entidades con menor porcentaje de niñas y adolescentes atendidas son Sonora con 38.1 y Morelos con 36.4. Respecto a la violencia física, las entidades con mayor porcentaje de mujeres víctimas son Colima (82.2), Nuevo León (78.5) y Tlaxcala (60.1). Por otro lado, las entidades con los porcentajes más bajos de niñas y adolescentes respecto del total de víctimas menores de 18 años son Guanajuato (28.7), San Luis Potosí (28.1) y Aguascalientes (24.4). Los porcentajes de las niñas y las adolescentes atendidas por violencia sexual son los más altos en los estados de Baja California, Nayarit, San Luis Potosí, Chiapas y Chihuahua, pues van de 93.2 a 97.3. Las entidades con el menor porcentaje de niñas y adolescentes respecto del total de menores de 18 años atendidos por violencia sexual son Sonora (77.5), Sinaloa (73.3) y Aguascalientes (68.4). Respecto a la violencia psicológica, se identifica que también las niñas y las adolescentes representan la mayoría de la población menor de 18 años atendida por este tipo de violencia. Las entidades federativas que según los datos ostentan los mayores porcentajes de atención de niñas y adolescentes por violencia psicológica son Campeche (100), Guerrero (97.8), Coahuila (97.5) y Zacatecas (97.1), y las entidades con los porcentajes más bajos son Chihuahua (70.6), Ciudad de México (70.4), Oaxaca (69.3) e Hidalgo (60.8). En el caso de violencia económica/patrimonial, las entidades con el mayor número de niñas y adolescentes atendidas son Campeche, Colima, Morelos, Yucatán, Durango y Sinaloa con 100% de las atenciones. En contraste, en Aguascalientes y Sonora no se reporta ningún caso de niñas y adolescentes atendidas por esta forma de violencia.

2.3. Defunciones femeninas con presunción de homicidio (DFPH) El análisis de las DFPH de menores de 18 años entre 1990 y 2016 muestra que en el país la tasa de DFPH por 100 mil niñas y adolescentes ha fluctuado entre 1 y 1.9 a lo largo del periodo (Gráfica 7). En 2007 se registró la tasa más baja del periodo, con valor de uno, y en 2012 alcanzó su nivel máximo: 1.9. En esos cinco años del periodo, se transita del mínimo al máximo nivel de la tasa por cada 100 mil niñas y adolescentes. De manera similar, en los últimos cuatro años del periodo la tasa disminuye de nuevo, aunque solo baja a 1.4 en 2015 y se mantiene en el mismo nivel en 2016; sin embargo, en 2017 repunta y alcanza el nivel de 2011, la segunda tasa más alta del periodo: 1.7.

Las niñas menores de cinco años son las que presentan los niveles más altos de violencia familiar en el periodo de 2011 a 2017, con excepción de 2016. 2.3.2. DFPH con necropsia practicada por un médico legista En las DFPH de niñas, niños y adolescentes, se esperaría que se efectuaran necropsias por médicos legistas en la totalidad de los casos, ya que el Estado debe adoptar todas las medidas apropiadas para proteger a las personas menores de 18 años, entre las cuales debe estar la identificación y la investigación de los casos de malos tratos a la niñez4 . Sin embargo, la Gráfica 9 muestra que no es así. Llama la atención que, en este periodo, en cuatro de los seis años los porcentajes más bajos de DFPH con necropsia practicada por un médico 4 Artículo 19 de la Convención de los Derechos del Niño. legista se observan en el grupo de 0 a 4 años (entre 69 y 83). Se esperaría que por tratarse de bebés al cuidado de los padres o tutores, la necropsia fuera considerada primordial para la certificación de la muerte con presunción de homicidio para la investigación de ésta. Por algún motivo se observa que, en 2012, 2014 y 2016 los mayores porcentajes de necropsias practicadas por un médico se dieron en el grupo de niñas de 5 a 9 años: 96.2, 93.8 y 89.7, respectivamente. En 2017, los porcentajes de necropsias en los grupos de 0-4, 5-9 y 10-14 son más homogéneos; el del grupo 15-17 es el más alto observado en el periodo para ese grupo de edad: 95.1. Es preocupante que, de 2011 a 2016, el porcentaje de necropsias practicadas a niñas menores de cinco años sea el más bajo en el país, considerando que el Estado tiene la obligación de proteger a los niños y las niñas.

En el periodo de 2011 a 2016, la mayoría de los asesinatos de las menores de 18 años ocurridos en el hogar ocurrió por ahorcamiento, estrangulamiento, sofocamiento, ahogamiento (25.4%) y por armas de fuego (24%). 2.4. Delitos donde las víctimas son mujeres menores de 18 años La información que proveen las Procuradurías y las Fiscalías Generales de los estados al Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre las víctimas femeninas menores de 18 años permiten tener un acercamiento a los niveles de la incidencia delictiva que sufren las niñas y las adolescentes en el país. De los delitos violentos disponibles, se seleccionaron los delitos registrados por el SESNSP: corrupción de menores, feminicidio, homicidio doloso y culposo, lesiones culposas y dolosas, tráfico de menores y de personas (Cuadro 19). Las tasas más altas se observan en primer lugar en las lesiones dolosas, en las culposas en segundo término, seguidas por la corrupción de menores y los homicidios culposos. Las tasas más bajas se registraron en el tráfico de menores, el feminicidio y la trata de personas. Esto se puede deber a la dificultad de probar la ocurrencia de estos delitos. La tasa resumen de 2015 a 2018 muestra al homicidio doloso por debajo del observado en la tasa de DFPH en 2016 (0.9 y 1.4, respectivamente). Aunque las tasas referidas pueden ser muy bajas en el caso del feminicidio, resulta alarmante que haya alrededor de 194 feminicidios de niñas y adolescentes en el país en ese periodo.

Atenciones a lesiones y violencia Según los datos de la Secretaría de Salud, son las niñas y las adolescentes quienes reciben el mayor número de atenciones por violencia, salvo por la física. Es decir, se atiende en mayor proporción a ellas que a los varones. Asimismo, menos de la mitad de los casos de violencia en los que las víctimas son personas menores de 18 años son reportados al MP, con la excepción de la violencia sexual (64.7% para varones y 62.3% para niñas y mujeres adolescentes). Esto es preocupante pues, 47 Violencia y femicidio de niñas y adolescentes en México a diferencia de las personas mayores de edad, quienes son las responsables de hacer las denuncias porque se persiguen por querella (cuando no son lesiones graves), en el caso de las mujeres menores de 18 años el Estado es responsable de perseguir de oficio los casos, por lo que los médicos encargados de informar al MP no pueden excusarse de hacerlo. Defunciones Femeninas con Presunción de Homicidio También se observa una clara disminución de los porcentajes de las DFPH donde se presume que hubo violencia familiar a medida que las niñas y adolescentes pertenecen a un grupo de edad mayor, algo que resulta razonable, pues a medida que las niñas crecen, sus factores de riesgo aumentan fuera de la familia. No obstante, dada la responsabilidad del Estado de salvaguardar los derechos de las niñas y las adolescentes, no es posible justificar los bajos promedios de necropsias practicadas por un médico legista en las DFPH de menores de edad, que en algunos casos representan siete de cada diez defunciones, las cuales deberían contar con una necropsia para investigar estas muertes, ya que el Estado es el responsable de adoptar todas las medidas de protección necesarias. En las DFPH de niñas y adolescentes, el medio más utilizado, tanto en la vía pública como en el hogar, es el arma de fuego: una de cada dos de las DFPH ocurre en la vía pública y una de cada cuatro en el hogar. Asimismo, en el hogar, el segundo medio más utilizado fue el ahorcamiento, estrangulamiento, sofocación, ahogamiento e inmersión, utilizados en una de cada cuatro DFPH. Estas cifras son alarmantes por la brutalidad con la que niñas y adolescentes son asesinadas. Finalmente, en lo que se refiere a las víctimas de delitos, se observó que en el periodo de 2015 a 2018 hubo un total de 194 feminicidios de niñas y adolescentes, 3,044 casos de corrupción de menores, 671 homicidios dolosos, 12,545 lesiones dolosas, 201 casos de tráfico de menores y 427 casos de trata de personas5 . Con lo anterior queda claro que en el país falta mucho por hacer para garantizar la vida y la seguridad de las niñas y las adolescentes. Acciones del Estado para prevenir y erradicar la violencia contra las niñas y las adolescentes Poner fin a la violencia contra las niñas y las adolescentes requiere una política integral de Estado, que lleve a cabo acciones para: • Colocar los derechos de las niñas y las adolescentes en el centro de la agenda pública, en los tres poderes y niveles de gobierno. • Fortalecer la capacidad de las instituciones para prevenir, investigar y castigar el asesinato de niñas y adolescentes por razones de género y ofrecer reparaciones al respecto. • Proporcionar recursos humanos, técnicos y financieros suficientes para la aplicación de leyes, políticas, procedimientos y prácticas encaminados a prevenir el asesinato de niñas y adolescentes por razones de género.. • Asegurar que todas las formas de violencia contra las niñas y adolescentes estén penalizadas y sean objeto de investigaciones, enjuiciamiento y sanciones adecuadas. • Mejorar la coordinación entre las instituciones encargadas de prevenir, investigar y castigar el asesinato de niñas y adolescentes y ofrecer reparaciones al respecto, así como la coordinación con otros sectores, como los servicios de educación, sociales y de salud. • Realizar y coordinar nuevas investigaciones empíricas sobre el contexto, las causas fundamentales, los 5 Véase: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2018) Incidencia Delictiva. Disponible en https:// www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-87005?idiom=es 48 Violencia y femicidio de niñas y adolescentes en México factores de riesgo y las consecuencias del asesinato de niñas y adolescentes por razones de género. • Mejorar la reunión, el análisis y la difusión de datos sobre el asesinato de niñas y adolescentes por razones de género, utilizando variables pertinentes como la edad, el origen racial y étnico, el historial judicial, la relación entre la víctima y el autor del delito, el modus operandi, el contexto y el móvil, con especial cuidado de incluir informes sobre la violencia en zonas rurales y marginadas y la situación de grupos específicos de mujeres y niñas. • Asegurar que las medidas de prevención de asesinatos de niñas y adolescentes se basen en un enfoque de derechos humanos y tengan perspectiva de género. • Atender las recomendaciones que diversos organismos internacionales o regionales han emitido sobre el derecho de las niñas y las mujeres a una vida libre de violencia, así como las recomendaciones generales 19 y 35 del Comité de la CEDAW y las recientes observaciones finales al Estado mexicano.

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