En Morelos urge aplicar todas las medidas de AVG para enfrentar ola feminicida.

En Morelos el feminicidio se puede enfrentar, detener, sancionar y erradicar. Es urgente y necesario que se apliquen todas las medidas de Alerta de Violencia de Género. Es inadmisible que haya omisiones, negligencia, irresponsabilidad y complicidad de autoridades.

El feminicidio de una mujer a manos de su esposo en un bar ubicado en Cuernavaca en este 2017 sigue sumando ésta ola feminicida que durante 2016 siguió creciendo.

La responsabilidad de garantizar la vida, la libertad y la seguridad de las mujeres es del Estado, de acuerdo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, sistematizada en las medidas decretadas en la Alerta de Violencia de Género vigentes en  8 municipios del Estado de Morelos desde el 10 de agosto de 2015, por lo que el 10 de febrero de 2017 se cumplirá un año y medio de su establecimiento.

Muertes que se pudieron evitar mediante políticas públicas. Muertes que ocurren por negligencia e irresponsabilidad de quienes tienen la tarea conferida por la sociedad para que preserven los derechos humanos de todas ellas. Es claro que los responsables directos de estos crímenes se sienten con las facultades para hacerlo porque existe una impunidad en la inmensa mayoría de los casos de muertes violencias de mujeres que es precisamente el significado del feminicidio.

Hemos mantenido la exigencia de que todo caso de muerte violenta de mujer sea investigado acorde con el protocolo de feminicidio y se establezca el Banco de Datos que permita elaborar políticas públicas contra ésta grave situación que se vive en Morelos. Hemos recibido copia del oficio emitido por la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación Federal que envió al Instituto de la Mujer de Morelos, donando el Software para la creación del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM), por lo que éste debe instrumentarse a la brevedad, ya que es sorprendente que ocurra casi 18 meses después de que la propia CONAVIM emitió el decreto de AVG en Morelos.

Esta información se nos ha proporcionado, al igual que otros documentos que previamente habíamos solicitado sin respuesta, durante la primera mesa de trabajo de las instituciones vinculadas a la AVG a petición de nuestra organización como solicitante de la AVG, para aclarar las dudas suscitadas por los informes parciales que se han emitido.

Estas mesas de trabajo iniciaron con el tema de la armonización legislativa y transformación cultural, el 13 de enero de 2017.

Sin embargo, a esta primera mesa de trabajo ningún titular de los 8 Ayuntamientos estuvo presente. Por ello, solicitamos en dicha sesión hacer un llamado para que en las próximas mesas de trabajo, a realizarse el próximo 20 de enero con el objetivo 2 de prevención, asistan los 6 presidentes y 2 presidentas municipales, además de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. Con la Comisión Estatal de Prevención para la Prevención de la Violencia de Género contra las Mujeres en las siguientes fechas: 27 de enero con el Objetivo 3 (Atención), 17 de febrero con el Objetivo 4 (Acceso a la Justicia) y el 24 de febrero con el Objetivo 5 (Coordinación Interinstitucional).

Estas Mesas de Trabajo fueron aprobadas en la sesión del 25 de noviembre de 2016 a petición de nuestra como organismo peticionario de la Alerta de Violencia de Género, con el objetivo de establecer una comunicación directa y obtener respuesta a los cuestionamientos que hemos hecho y que deben ser del conocimiento del conjunto de la sociedad para enfrentar con eficacia ésta ola feminicida que prevalece en la entidad morelense.

Ninguna medida será menor cuando se trata de la vida y la libertad de las mujeres.

¡Ni un feminicidio impune más en Morelos!

Atentamente.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C.

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Demoras, falta de diálogo y propuestas regresivas en combate a la tortura

  Las modificaciones planteadas en la Ley General contra la Tortura desde la Cámara de Diputados tienden a invisibilizar y debilitar investigaciones por tortura 
 La ley que se apruebe debe incorporar los más altos estándares de protección de derechos humanos, conforme el bloque de constitucionalidad vigente 
 
El pasado 5 de enero se cumplió un año de la fecha límite señalada por el Congreso de la Unión para aprobar, dentro de un plazo de 180 días contados a partir del 10 de julio de 2015, las leyes generales para combatir la tortura y la desaparición forzada. Dicha disposición, deviene de la reforma al artículo 73, fracción XXI de la Constitución, en donde se otorgan facultades al Congreso para legislar sobre esas materias. 
 
Diversos organismos e instituciones internacionales y de la sociedad civil mexicana –como las que firmamos este pronunciamiento–, nos hemos pronunciado en numerosas ocasiones sobre la grave crisis de tortura generalizada que existe en el país. En 2015, el entonces Relator Especial sobre Tortura de la ONU recordó las obligaciones de las autoridades bajo diversos tratados ratificados por México; de la misma manera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros mecanismos de la ONU, han señalado ampliamente la necesidad imperiosa de contar con marcos normativos acordes a los más altos estándares internacionales que conlleven a la erradicación de esta grave práctica. En un primer momento en sede legislativa, el Senado aprobó una minuta sobre la Ley General para Prevenir la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, con avances considerables para cumplir con los más altos estándares de derechos humanos.
 
 La minuta de ley se encuentra actualmente en el seno de la Cámara de Diputados desde mayo de 2016, en donde se frenó el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil y personas expertas que han aportado elementos de discusión y contenidos al debate. Lo anterior, originó que en el último día del período legislativo anterior –el 15 de diciembre de 2016– la Cámara de Diputados pretendiera votar un dictamen sobre la ley, que modificaba regresivamente el dictamen y sin considerar la corrección de algunas expresiones y estipulaciones de la minuta original. 
 
En ese sentido, las Comisiones de Justicia y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados pretendieron: 1) eliminar diversas causales de competencia federal sobre investigaciones por tortura, incluso en casos en que los agentes denunciados por tortura pertenezcan a la misma procuraduría estatal; 2) restringir la facultad actual de las y los jueces de ordenar una investigación cuando personas procesadas denuncien haber sido objeto de tortura, aun cuando esta es no solamente obligación de las autoridades, sino también la única vía por la que muchas víctimas logran iniciar investigación, así como una de las fuentes más relevantes para contar con un diagnóstico del problema; 3) limitar los casos en que proceda la separación de agentes posiblemente implicados en tortura, de las investigaciones correspondientes (medida necesaria para evitar que los agentes implicados se investiguen a sí mismos); y 4) construir el registro de víctimas de tortura únicamente a partir de casos judicializados, dejando fuera a la gran mayoría de víctimas cuyos victimarios nunca enfrentan un proceso penal. Todas las propuestas mencionadas, van encaminadas a un menor acceso a información sobre denuncias de tortura y una menor posibilidad de contar con una investigación imparcial de la misma. 
 
Aunado a lo anterior, dichas comisiones no contemplaron mejorar y elevar los estándares de la ley aprobada por el Senado, que si bien contiene importantes avances en la materia, aún cuenta con algunas deficiencias como: 1) el lenguaje sobre el carácter absoluto de la regla de exclusión de pruebas obtenidas bajo tortura; 2) la tipificación de la tortura en su vertiente de procedimientos médicos o científicos sin consentimiento, práctica que actualmente genera violaciones a los derechos humanos de personas con alguna discapacidad; así como 3) la ausencia de disposiciones claras para establecer responsabilidad de las y los superiores jerárquicos que autoricen, toleren o de otra forma incurran en responsabilidad por actos de tortura. 
 
En diciembre de 2016, el Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) de la ONU visitó nuestro país para hacer una documentación sobre la prevención efectiva de la tortura; al fin de su visita a diversos centros de privación de libertad, así como de entrevistas con autoridades mexicanas y organizaciones de la sociedad civil, concluyeron que “las diversas definiciones del delito de tortura continúan generando lagunas reales o potenciales para la impunidad”1 . 
 
Por lo anterior, quienes aquí suscribimos exhortamos a la Cámara de Diputados a revertir las demoras y propuestas regresivas que caracterizaron el último periodo legislativo y de aprobar una Ley General en la materia que tienda realmente a la erradicación de la práctica de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, que fortalezca los controles de prevención y sanción de la misma y elimine cualquier posibilidad de utilizar pruebas obtenidas bajo tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, todo esto, con la convicción de no retroceder en el marco jurídico e interpretaciones ya implementadas en nuestro país, y armonizar el mismo con los estándares más altos para la protección de los derechos humanos. 
 
Firman más de un centenar de organizaciones: 
 
Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL), Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos, Asociadas por lo Justo (JASS), Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH), Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM), Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH), Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social; Equis, Justicia para las Mujeres, Fundación para el Debido Proceso (DPLF) Fundar, Centro de Análisis e Investigación Humanos en México (AFADEM-FEDEFAM) I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos Indignación – Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, s.j., Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP), Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE), Instituto Superior Intercultural Ayuuk (ISIA), Programa de Derechos Humanos y Educación para la Paz, Universidad Iberoamericana, Torreón. Programa de Derechos Humanos, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México y Tijuana.
 
 Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República mexicana): Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREALDF) (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).

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La militarización no garantiza seguridad sino represión.

La militarización del país ha ido de la mano de la grave crisis de derechos humanos. En lugar de mantener a los militares en las calles, deben regresar a sus cuarteles. A nadie escapa que a diez años de la guerra contra el narcotráfico el país es hoy más violento que hace una década. Militarizar no es el camino adecuado normalizar lo que hoy es irregular, ni dar un barniz de legalidad a lo que hoy es ilegal.

Frente a la posibilidad de que se imponga una Ley de Seguridad Interior de forma apresurada y opaca, organizaciones de derechos humanos han llamado a ampliar el debate incorporando todas las perspectivas, enfatizando que: “El diseño de una política de seguridad compatible con los derechos humanos es urgente y necesaria. Pero esto sólo ocurrirá mediante la adopción de leyes que incluyan cambios de fondo en el paradigma de seguridad que ha imperado en la última década.”

Este importante conglomerado de ONGs de derechos humanos emitieron un comunicado donde señalan que una Ley de Seguridad Interior plantea un debate excluyente de las perspectivas de derechos humanos cuyo desenlace anunciado sería la adopción de una legislación que -sin solucionar la crisis de inseguridad y de corrupción que vive el país- constituirá una amenaza para los derechos humanos. Actualmente, el Congreso de la Unión no cuenta con facultad expresa para legislar sobre seguridad interior, en términos del artículo 73 de la Constitución. Pero además, el artículo 21 de esa misma norma establece que la seguridad pública estará a cargo de autoridades civiles, lo que soslayaría una Ley de Seguridad Interior como la que en este día se anunció. Por otro lado, la adopción de una Ley a partir de este concepto rector, incumpliría también con los tratados internacionales que México se ha obligado a respetar y garantizar. En ese sentido, vale la pena recordar de nuevo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló, ya desde su informe temático de 2009, que el concepto de seguridad interior propicia la confusión entre seguridad nacional y seguridad pública, acarreando funestas consecuencias para los derechos humanos.

Bajo esta lógica, es latente el peligro de que se apruebe una regulación que no sólo no incentive el fortalecimiento de las policías civiles, sino que incluso profundice el protagonismo de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública sin que se generen adecuados mecanismos, contrapesos y rendición de cuentas. Esto es especialmente preocupante dada la impunidad crónica que prevalece en México respecto de violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército, en lo que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos denominó “impunidad institucional castrense”.

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¿Qué se va y qué se queda en la lucha por los derechos humanos en Morelos durante 2016?

Estamos concluyendo un año 2016 complicado y difícil para mantener vigentes los derechos humanos en Morelos. Una violación sistemática de los derechos fundamentales por un gobierno en crisis, muestra que mientras no haya autoridades que representen verdaderamente los intereses de las mayorías, se impondrán políticas autoritarias, represivas, neoliberales y privatizadoras que son contrarias a la mayoría de la población. Nuestro mensaje de solidaridad y compromiso con quienes luchan por una sociedad diferente, parte de constatar una realidad inocultable, para fomentar las posibilidades de construir la memoria y la esperanza organizada.
Algunos elementos que aportamos sobre dos temas fundamentales, como son la desaparición forzada y el feminicidio son los siguientes (Primera parte):
Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas para el Estado de Morelos. Falta crear el mecanismo de búsqueda y localización.
La CIDHM elaboró, promovió y logró, en conjunto con otras organizaciones de familiares y sociales, que se aprobara por el Congreso del Estado la Ley. Por lo que es reconocido por primera vez en las leyes morelenses este delito y su connotación social.
A partir del jueves 2 de septiembre del 2015, entra en vigor la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas para el Estado de Morelos, que fue impulsada por la Comisión Independiente de Derechos Humanos, familiares de víctimas y ofendidos, así como organizaciones sociales, Aprobada por la recién extinta LII legislatura.
Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, cobra vigencia esta ley que durante mucho tiempo fue reclamada por organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos que alertaron sobre el creciente fenómeno delictivo y la tragedia de decenas de familias morelenses que hasta hoy no saben el paradero de hijos, padres, madres y hermanos.
En esta ley la desaparición forzada está tipificada como un delito imprescriptible y se prohíbe tajantemente a los servidores públicos, denegar el acceso a personal de organizaciones internacionales de derechos humanos a edificios o instalaciones en donde se presuma se pudo cometer este ilícito.
También se permite coadyuvar a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos con el Ministerio Público en la investigación del delito de desaparición forzada; establecer medidas cautelares para la búsqueda y localización de las víctimas; y conformar un grupo interinstitucional y multidisciplinario entre servidores públicos de los poderes Ejecutivo y Judicial, instituciones educativas y grupos de la sociedad civil organizada en materia de derechos humanos, así como expertos en materia de desaparición forzada.
De acuerdo con los artículos transitorios, en tanto no se expida la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, permanecerá vigente la legislación estatal en su respectivo ámbito de aplicación.
Para efecto de instaurar el Mecanismo Estatal para la Localización de las Personas Desaparecidas y el Comité Consultivo, el Ejecutivo estatal deberá emitir a la brevedad la convocatoria respectiva dirigida a la sociedad en general para que la integración de ambos órganos se concrete en un plazo máximo de 60 días hábiles. Al respecto consideramos importante no esperar todo este tiempo y que ésta convocatoria se emita a la brevedad posible para sentar precedente nacional, ahora que se está discutiendo la Ley General.
El Mecanismo y su consejo consultivo conocerá de los casos de desaparición forzada de personas a través del Ministerio Público una vez que sea presentada la denuncia ante la Fiscalía estatal, y estará integrado por cinco representantes de instituciones y dos representantes de organizaciones civiles.
Su función será dictaminar las medidas necesarias para garantizar la integridad de cualquier persona que como consecuencia de la desaparición forzada se encuentre en riesgo, y ordenar las medidas cautelares que amerite cada caso.
Además, prevé la figura de Alerta de Violencia por Desaparición Forzada de Personas, la cual consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia que tendrá como objetivo fundamental, recuperar la memoria histórica de los hechos y conocer la verdad jurídica de los hechos.
El estado a través de la Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, creará una Base de Datos con los registros de las personas fallecidas y que se encuentran en calidad de desconocidas en el Servicio Médico Forense o en las fosas comunes designadas para la Fiscalía General del Estado, con el fin de obtener su registro morfológico y dental, así como muestras para estudios genéticos, extraídas por personal altamente especializado en el tema.
Esta información generada a partir de la Base de Datos servirá para compararlos con los registros morfológicos y dentales de la o las personas desaparecidas, así como las muestras genéticas de sus familiares.
Monitoreo y vigilancia de Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género en Morelos. Exigencia de cumplimiento de todas las medidas contra la violencia feminicida.
Morelos se convirtió en el Primer Estado de la República Mexicana que con el Reglamento Vigente de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, logra la declartoria de Alerta de Violencia de Género.
En 2014 se solicitó de manera oficial la declaratoria de Alerta de Violencia de Género en Morelos. El 10 de Agosto del 2015 se decretó. En 2016 se cumplió un año de la AVG y exigimos cumplimiento de todas las medidas para proteger la vida y la libertad de las mujeres en Morelos.
En nuestra solicitud de aplicación de la Alerta de Violencia de Género, documentamos 530 casos en 13 años. Hoy constatamos que el nivel de violencia feminicida se mantiene en los más altos niveles durante la gestión del Gobierno actual encabezado por Graco Ramírez. 891 casos de feminicido se han documentado una vez cruzando la información con los datos de la Fiscalía y la CEDH.
Lejos de ser un problema heredado del pasado, como argumenta, es una situación actual que lacera cruelmente los derechos de las mujeres. Ante estos crímenes no debemos olvidar que las consecuencias del feminicidio son múltiples y además de privar de la vida a las mujeres, deja secuelas graves en su entorno familiar y en el tejido social. Las mujeres son doblemente victimizadas: son las madres, las hermanas, las hijas, quienes sufren la pérdida y el trauma psicológico y el daño moral que significa el trato que autoridades y algunos medios de comunicación amarillistas dan a los cuerpos de las víctimas, exhibiéndolos y Las consecuencias sociales son igualmente dañinas, porque van elevando el umbral de violencia permitido y tolerado en el cuerpo ideológico de la sociedad, permitiendo y aceptando el proceso de degradación y crisis de las relaciones en los ámbitos social, familiar y cultural.
Es por ello que se hace un enérgico llamado a todas y cada una de las instituciones para que frenen los asesinatos de cientos de mujeres, pues al no aplicar verdaderas y efectivas políticas públicas para combatir la violencia en contra de la población femenina, y mucho menos hacer efectiva la legislación vigente que previene y sanciona la violencia contra las mujeres, se vuelven directamente responsables. Ante este panorama, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C. emprendió una serie de acciones para difundir los Derechos Humanos de las Mujeres y sumar voces a la petición de la Alerta de Violencia de Género en el Estado.
Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos.

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José Ramón 28 años desaparecido en Morelos.

El 16 de diciembre de 1988 a José Ramón García Gómez  lo detuvieron en Cuautla unos policías. Los agentes policiacos que lo detuvieron formaban parte del Grupo de Investigaciones Políticas de la Policía Judicial, dirigido por Antonio Nogueda y al mando del Comandante Apolo Bernabé Ríos García, creado por mandato del entonces Gobernador Antonio Riva Palacio López, y quien fuera asesor de este gobierno. Los tres ya fallecidos sin que se hubiese cumplido la justicia. Durante la investigación de la Fiscalía Especial creada para el caso José Ramón, se logró encontrar una tumba clandestina en el panteón de Amilcingo, en Temoac, donde se encontraron 17 cuerpos de desaparecidos reclamados por esposas que se identificaron como «Las Viudas de Amilcingo» y que aún siguen esperando que haya verdad y justicia. Similitudes con la situación actual en 2016 por la práctica política de utilizar la desaparición forzada como una biopolítica del poder en contra de luchadores sociales, ahora extendida a miles de personas mediante la acción, omisión o aquiescencia del Estado. Aún a pesar de que haya significativos avances en el instrumental jurídico para investigar, sancionar, prevenir y erradicar la desaparición forzada, que no existía tres décadas atrás, y que ahora existe en el marco internacional con la Convención sobre Desaparición forzada, el Comité ad hoc de la ONU y con la Ley en la materia vigente en Morelos desde el 2 de septiembre de 2015 y las iniciativas de ley que se encuentran en el Senado de la República presentadas por organizaciones de familiares y defensoras de derechos humanos, que deberán dictaminarse próximamente y estaremos exigiendo que incluyan las aportaciones enviadas desde la sociedad.

¿Quién tiene la certeza de lo que puede haber ocurrido a un desaparecido hace 28 años? Nadie. Interrogantes que se acumulan y muestran la sinrazón de la barbarie. Las razones de Estado por encima de la racionalidad humanitaria. A 28 años de la desaparición de José Ramón decimos que no olvidamos, porque una sociedad que olvida los crímenes de lesa humanidad está irremediablemente condenada a repetirlos una y otra vez. Y no debemos acostumbrarnos al horror cotidiano. No lo aceptamos como si fuera la única alternativa impuesta desde el poder. Se ha mantenido la lucha histórica de las doñas del Comité Eureka y las madres y padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, entre otros cientos de organizaciones, para buscar y localizar a las y los desaparecidos, en cárceles clandestinas y campos militares, no solo en tumbas clandestinas. Como asegura Rosario Ibarra: “Durante 40 años hemos buscado la verdad y hemos encontrado muchos rastros, pero mientras no tengamos la certeza, para nosotros, su familia y para todos los que luchan por encontrar a los suyos detenidos-desaparecidos en las cárceles clandestinas del mal gobierno, los seguimos reclamando “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, es mucho más que una consigna, representa una esperanza de que tarde o temprano se esclarecerá el destino y paradero de todos y todas las personas desaparecidas”, miles en todo el país y en Morelos el caso de José Ramón que no olvidamos.

Comisión Independiente de Derechos humanos de Morelos A.C        

Partido Revolucionario de las y los Trabajadores – Morelos

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Red TDT llama a la sociedad a articularse en favor de los derechos humanos ante tentaciones autoritarias.

Procesos democráticos sobre Ley de desaparecidos, Fiscalía General de la Republica y Fiscalía Anticorrupción serán indicadores clave.
Las pretensiones de militarización de la llamada Seguridad Interior y los procedimientos para suspender y restringir los derechos y garantías en México son claras señales de alerta para la Sociedad Civil Organizada.
Esto se suma a los casos y procesos que de por sí acompañan las 80 organizaciones que forman parte de la Red TDT.
La unidad nacional no puede imponerse ni debe justificar más violaciones a los derechos humanos.  Los recientes llamados desde el Poder Ejecutivo no son creíbles porque no incorporan una evaluación autocrítica sobre la vigencia de los derechos humanos en México. En el contexto de una realidad global marcada por la hostilidad y el cuestionamiento de los derechos más básicos por políticos, corporaciones y Estados en todo el mundo, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) hace un llamado a la Sociedad Civil organizada a estar alertas y articularnos para denunciar y detener el despojo de nuestras conquistas como pueblos, colectividades y personas.
La conmemoración por la Declaración Universal de los Derechos Humanos hoy no es un acto nostálgico, sino de reivindicación. Hoy presenciamos peligrosamente como de manera paralela al discurso oficial de respeto a los derechos, se pretende construir un andamiaje autoritario que neutraliza precisamente las endebles señales de un compromiso real por la justicia. La articulación de distintas modificaciones legislativas recientes en torno a temas de justicia, corrupción y militarización, así como la falta de concreción de los compromisos oficiales en los temas de desaparición y tortura deben llamar la atención de la sociedad civil organizada.
Como Red Nacional nos acompañamos en la defensa y promoción de situaciones que involucran los derechos de personas y colectivos. Distintas organizaciones que forman parte de la Red TDT y otros espacios que respetamos y saludamos, han realizado articulaciones desde su capacidad técnica en materia de derechos humanos, para llamar la atención y generar procesos de monitoreo civil que respondan a estas amenazas que pretenden ser impuestas argumentando lo mismo que nos están arrebatando: El cumplimiento irrestricto de nuestros derechos, de manera integral e interdependiente.
Uno de los temas estructurales de mayor importancia en la actualidad es el de la Fiscalía General de la República (FGR). Sólo la movilización decidida de la sociedad civil en torno al proceso #FiscalíaQueSirva ha logrado contener los intentos por neutralizar su efectividad, como en su momento se hizo con la Secretaría de la Función Pública. Estamos convencidos que las aportaciones que desde el campo ciudadano hemos realizado favorecen una discusión al respecto basada en estándares técnicos que garanticen el debido proceso para las víctimas y las personas que les defienden y acompañan. La legitimidad de la FGR es la única medida posible de su éxito. Sabemos que no estaremos solos para impedir una simulación que pretenda garantizar la impunidad. Las leyes sobre desaparición forzada y a manos de particulares y la tortura siguen siendo una asignatura pendiente de éste gobierno. Familiares y organizaciones hemos documentado la grave crisis humanitaria que significan miles de desapariciones y el uso sistemático y generalizado de la tortura a manos de policías, militares y servidores públicos
Por la estrecha vinculación que tiene con el tema de legitimidad, la Fiscalía Anticorrupción también es objeto de acompañamiento desde otros espacios de sociedad civil. Es fundamental fortalecer el ejercicio de la función pública en uno de sus peores momentos. No sólo porque el ejercicio ilegitimo del poder nos afecta directamente en nuestra calidad de vida, sino porque el tamaño del reto que como Nación enfrentamos es un desafío histórico. ¿Será nuestra sociedad capaz de superar este cúmulo de adversidades?
Lo que resulta absolutamente claro es que si lo vamos a superar no será permitiendo el ejercicio de la violencia institucional que sólo vulnera el Estado de Derecho y el Debido Proceso. Consideramos que es necesaria una justicia que responda a los derechos de las víctimas, a los más altos estándares de investigación policial y que favorezca una funcionalidad real del sistema de justicia, entre otros criterios orientados a una gobernabilidad democrática. La tentación de militarizar la justicia sólo ha evidenciado el fracaso de las reformas y políticas de seguridad y generado un inaceptable incremento de graves violaciones a los derechos humanos. Claramente la militarización no es el camino de la justicia.  Tampoco la flexibilización para suspender garantías individuales.
Las 80 organizaciones que conformamos esta Red tenemos un trabajo concreto y cotidiano que documenta el tamaño de nuestros rezagos. En este 10 de diciembre queremos reiterar nuestro llamado a la sociedad a articularse para salvaguardar nuestras garantías básicas. Nosotras y nosotros hemos hecho de los derechos humanos nuestro camino de vida y por eso hoy reiteramos que no permitiremos una regresión autoritaria. Como parte de una sociedad civil, vigorosa, activa y comprometida con los principios descritos en este texto y en nuestra Agenda Política 2015-2020 estamos alertas.
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos para Todas y Todos”
(conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República mexicana)

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Derecho a defender los Derechos Humanos

Invitación 9 de diciembre a las 11 de la mañana en zócalo de Cuernavaca, Morelos, con motivo del “Derecho a Defender los Derechos Humanos”.
 
DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS CREeMOS Y CREaMOS
 
¡Defiende hoy los derechos de las y los demás!
La conmemoración por la Declaración Universal de los Derechos Humanos hoy no es un acto nostálgico, sino de reivindicación. Hoy presenciamos peligrosamente como de manera paralela al discurso oficial de respeto a los derechos, se pretende construir un andamiaje autoritario que neutraliza precisamente las endebles señales de un compromiso real por la justicia. La articulación de distintas modificaciones legislativas recientes en torno a temas de justicia, corrupción y militarización, así como la falta de concreción de los compromisos oficiales en los temas de desaparición y tortura deben llamar la atención de la sociedad civil organizada. 
El Día de los Derechos Humanos se celebra todos los años el 10 de diciembre. Se conmemora el día en que, en 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En 1950, la Asamblea adoptó la resolución 423 (V), invitando a todo los Estados y organizaciones interesadas a que observen el 10 de diciembre de cada año como Día de los Derechos Humanos.
Este año, el Día de los Derechos Humanos es una llamada a todos para defender los derechos del otro. Es responsabilidad de todos defender los derechos humanos. Cada uno de nosotros debe tomar una posición. Un paso adelante y defender los derechos de un refugiado o migrante, una persona con discapacidad, una persona LGBT, una mujer, un indígena, un niño, un afrodescendiente, o cualquier otra persona en riesgo de ser discriminada o sufrir algún acto violento.
Por eso es que impulsamos la campaña DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS CREeMOS Y CREaMOS, en el marco de los 16 Días de activismo contra la violencia de género: jornada internacional, de acciones para poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas en todo el mundo.
Atentamente
Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C.

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