Boletín de prensa sobre entrega de informe sobre AVG a la Secretaria de Gobernación.

En el marco del evento denominado “Experiencias, avances, retos y obstáculos para la Solicitud de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM)”, realizado por la CONAVIM en la Secretaría de Gobernación, éste 13 de noviembre de 2019, se hizo entrega a Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación y a la Diputada Wendy Briseño Zuloaga, de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Unión, el Informe sobre la AVG que elaboró la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, haciendo una evaluación de los 4 años de decretada para 8 municipios de Morelos desde el 10 de agosto de 2015.
Este acto se realizó con el objetivo de dialogar estrategias de intervención conjuntas que fortalezcan las capacidades institucionales de las autoridades involucradas en los procedimientos de solicitud e investigación que contempla la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM). La Comisión Independiente de Derechos Humanos fuimos invitadas para exponer nuestra experiencia como solicitante de un procedimiento de este tipo y el acompañamiento que hemos dado al mismo en distintos momentos, con el objetivo de aportar elementos para su fortalecimiento y efectividad.
En este espacio de reflexión y aportaciones, este evento se lleva a cabo éste miércoles 13 de noviembre en un horario de 09:30 a 14:00 horas, en el Salón Revolución de la Secretaría de Gobernación, ubicado en Abraham González 48, colonia Juárez, en la Ciudad de México.
En éste sentido, se pudo llevar a cabo por parte de la compañera Juliana García Quintanilla, coordinadora general de la CIDHM la entrega de este informe directamente a la ex Ministra y actual Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, luego de que habíamos solicitado en su oportunidad tener una audiencia con ella precisamente para que se valore adecuadamente el papel de las organizaciones de la sociedad civil que hemos documentado el feminicidio desde el año 2000 a la fecha y se ha contribuido en la elaboración de la misma Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la tipificación del feminicidio en el Código Penal, por lo que demandamos que se de un puntual seguimiento a todas las medidas decretadas por la CONAVIM para que en Morelos se cumplan todas las acciones de la AVG, en éste mes de noviembre, en que cada 25 de noviembre está dedicado a la lucha contra la violencia a las mujeres, establecido por la ONU a raíz de la lucha feminista de las hermanas Mirabal, cruelmente asesinadas en República Dominicana, y que hoy retomamos para exigir que no haya un sólo feminicidio más en Morelos y en todo el mundo.
Atentamente.
Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C.

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Solidaridad con emplazamientos a huelga y luchas sindicales en Morelos

Boletín del Pacto Morelos por la Soberanía sobre emplazamientos a huelga y luchas sindicales.

En la asamblea semanal del Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética, llevada a cabo en el local sindical del SME se acordó emitir un comunicado que enviamos a continuación.

Primero.
Nuestra solidaridad con el emplazamiento a huelga del SIIINIFAP para el día 13 de noviembre a las 12 horas, por incumplimiento de la demanda de conformar un grupo de investigadores que evalúen proyectos de investigación. Hasta el momento éste documento no se encuentra dentro de la normateca del INIFAP y el compromiso es que debe regularizarse el día 11 de noviembre, para que haya claridad en la asignación de recursos. Si bien desde mayo han habido varios emplazamientos y posposiciones, cuando se llegó a la huelga fue debido a que las autoridades incumplieron acuerdos. Hoy es necesario garantizar los derechos laborales para una verdadera labor de investigación científica que ayude al campo mexicano.

Segundo.
Nuestra solidaridad con el SITIMTA en su emplazamiento a huelga para el 27 de noviembre. El Dr. Adrián Pedrozo Acuña, Director General del IMTA, manifestó que sería respetuoso del Sindicato y de dicho Contrato Colectivo, sin embargo, los hechos demuestran todo lo contrario: – Incumplimiento de la revisión del Sistema Integral de Profesionalización. – Incumplimiento en la revisión y aprobación de los Reglamentos internos para su depósito en la JFCA. – Eliminación de prestaciones, especialmente al personal operativo. – Desinterés en la gestión de los recursos del incremento salarial para los servidores públicos que perciben menores ingresos (Comunicado No. 56 de la SHCP-STPS), cambio de denominación del puesto de Tecnólogo a Investigador, el pago de “ajuste fiscal” a los sueldos de los trabajadores, el convenio de recuperación y protección del ingreso, etc. – Desconocimiento de acuerdos y retrasos de los trabajos en las Comisiones Mixtas. – Contratación directa de personal, presuntos casos de nepotismo y corrupción. – Maltrato del personal a todos los niveles, hostigamiento laboral, etc. Ahora, el Dr. Adrián Pedrozo Acuña argumenta que el CCT es un documento de “buena fe”, contrario a lo expresado por AMLO; el SITIMTA ha privilegiado el dialogo, pero a pesar de diversas reuniones bilaterales, los acuerdos que se toman no se cumplen por las autoridades del IMTA. También, con la entrada del Dr. Adrián Pedrozo se compactó al IMTA de seis a cuatro coordinaciones simulando consultar a los trabajadores, cambió al 90% del personal directivo que por la falta de experiencia y liderazgo se afectó la gestión de proyectos y el ingreso de recursos del Instituto. Estos hechos fueron comunicados a la SEMARNAT, por conducto del Lic. Julio Trujillo Segura, Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental, quien lamentablemente señaló que el IMTA no es un aspecto prioritario para la Secretaria. Si bien es cierto que por otra parte el titular de SEMARNAT, Doctor Victor Toledo, emitió un mensaje destacando la importancia del IMTA y el papel de los investigadores, esperamos que esto se vea concretado en la realidad, ya que el SITIMTA reitera el compromiso con la 4T del sector hídrico, pero las violaciones al CCT por parte de las autoridades del IMTA y el desinterés de la SEMARNAT, provocarán que con base en la Ley, el SITIMTA, tras emplazar a huelga por revision salarial para el 27 de noviembre de 2019, haga un nuevo emplazamiento a huelga por violación al CCT.

Tercero
Nuestra solidaridad con el STRM que ante la decisión del Instituto Federal de Telecomunicaciones de llevar a la práctica la división funcional de la empresa, se han empezado a dar cambios administrativos, como en edificios emblemáticos como la Torre San Juan ya se eliminó el nombre de Telmex, reubicándose a personal, por lo que se llevarán a cabo varias acciones de lucha sindical como manifestaciones, portagafetes, lonas informativas exigiendo la NO separación funcional y manteniendo el emplazamiento a huelga para el 23 de enero del 2020.

Cuarto.
En el marco del respeto a la autonomía de las organizaciones y las diversas opiniones que existen en el seno de la clase trabajadora, reivindicamos como un avance mantener la coordinación y la acción unitaria de sindicatos y organizaciones sociales, en la perspectiva de defender plenamente los derechos laborales y mantener la independencia y democracia sindical para ejercer nuestros derechos y, en el caso extremo, llegar a estallar la huelga como un instrumento de lucha histórico que nos he permitido lograr contratos colectivos y derechos laborales que se han conseguido mediante la lucha.

Quinto.
Nuestra solidaridad con las luchas latinoamericanas en contra de las políticas neoliberales y privatizadoras, como las que se han presentado de manera masiva recientemente en Chile, Ecuador, Haití, Panamá, Honduras y otros países, donde se ha rechazado abolutamente la represión brutal que ha elevado el número de personas muertas, heridas, perseguidas, presas a manos de gobiernos represivos y autoritarios.

Sexto.
Rechazamos las agresiones contra las normales rurales y exigimos respeto a los estudiantes normalistas de Mactumatza, Chiapas, que han sufrido brutal represión dentro de sus propias instalaciones.

Atentamente
Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética y los Derechos de las y los Trabajadores.

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Mujeres trabajadoras luchan contra violencia y explotación

José Martínez Cruz/ La Jornada Morelos

El extremo de la violencia es el feminicidio. Previamente las mujeres viven violencias de todo tipo, como lo expresaron compañeras de la Comisión Independiente de Derechos Humanos y del Centro de Apoyo a la Trabajadora y el Trabajador (CAT) en el foro sindical y social sobre las violaciones estructurales y la lucha por los derechos humanos y los derechos laborales. Así se expuso también en la ofrenda instalada en el zócalo de Cuernavaca con un miquiztli a las víctimas de feminicidio. Por  eso es importante saber cómo enfrentan la violencia laboral las y los trabajadores en la industria textil y confección. Si es bien cierto que la reforma laboral del 2019 abre una oportunidad para el tema de libertad sindical y la negociación colectiva, pero por otro lado se necesita echar abajo la reforma del 2012, señaló Blanca Velázquez del CAT en su ponencia, que resumimos a continuación. Muchos de los sindicatos independientes ven con buenos ojos las leyes secundarias que se dieron el 1 de mayo, pero en casi 6 meses en la práctica vemos pocos resultados a favor de la clase trabajadora. Sabemos que esto será un proceso largo, pero también muy salvaje para la mayoría de las y los trabajadores, habrá muchos más despidos, formas de contratación más flexibles, sin inscripción al IMSS, poca posibilidad de organización y la vigencia de los contratos de protección.  De hecho, en el foro participaron varias organizaciones del Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética que las están padeciendo como el SITIMTA por violaciones a su CCT, el INIFAP, el SME, la lucha de las y los compañeros de Rintex, en donde la empresa prefirió cerrar antes de aceptar un sindicato autentico. Hay varios temas aun dentro de esta reforma pendientes que debemos ya de estar discutiendo como el tema de outsourcing, el salario digno, la paridad de género. La industria de la maquila en Morelos tiene más de 50 años, con grandes empresas de Rivetex y Confitalia que ya se cerraron y de los 134 establecimientos que había en el 96 hoy en día quedan menos de 30 maquilas de este ramo, distribuidas en el municipio de Zapata, la Ciudad de la Confección y en Yecapixtla. También hay pequeños talleres ubicados en estos mismos lugares. Los gobiernos de Morelos han ofrecido todas las facilidades para la instancian de estas empresas con la promesa de la generación de empleos, que sabemos hoy en día la creación de empleos es nula.  Las y los trabajadores llegan de las zonas aledañas, a falta de trabajo en un campo en crisis. Muchos de los hombres migraron para lo Estados Unidos y las mujeres tuvieron que concentrarse en estas maquilas. Para entrar a la maquila no se necesitan muchos requisitos, solo que sea joven o madre soltera. La edad en la maquila es de 18 años a los 50 años de edad, pero mayormente son jóvenes. Con niveles básicos de escolaridad y poca experiencia laboral. La mayoría son madres Solteras. Estas trabajadoras/es confeccionan prendas locales, nacionales e internacionales, que exigen la mayor calidad que se pueda para la exigencia de los clientes. Muchas de estas prendas son compradas a muy bajo costo, que van desde los 30 o 40 centavos, vendidas en el exterior de 20 a 60 dólares. Estas prendas o telas están hechas en condiciones de explotación, pero también con un estándar de calidad al 90 %, esa es una de las razones que las maquilas sigan aquí. Los sueldos de las y los trabajadores oscilan de los 180 a 200 pesos diarios, salarios raquíticos. Gran parte de estas empresas, cuenta con un sindicato y un contrato colectivo de trabajo de protección patronal. No hay asambleas, mucho menos hacen rendición de cuentas. Muchas de las veces las y los trabajadores no saben quién es su sindicato. Las condiciones de trabajo siguen siendo de esclavitud moderna, se continúan trabajando más de 12 horas, con metas de trabajo que van de 3,500 a 4 mil prendas por línea con una producción total de casi 40 mil prendas por día. Las y los trabajadores no cuentan con un lugar digno para sus alimentos, y si hay comedor, los alimentos están en mal estado. Los patrones colocan poca agua en los garrafones, para que las y los trabajadores no estén yendo muy seguido al baño, porque esto atrasaría su producción. Las temperaturas en los centros de trabajo están en los 35 a 40 grados de calor y muchas de estas empresas no tienen la ventilación adecuada. Los sanitarios están en condiciones poco higiénicas.

La violencia a la que se enfrentan las y los trabadores es de todos los días, cabe decir que la violencia de género está más marcada para las compañeras mujeres. En el estudio realizado por el CAT han encontrado todo tipo de violencia: que va desde la psicológica hasta el acoso sexual. En varias empresas hay compañeras que viven un infierno por parte de sus supervisores y compañeros de trabajo, donde les hacen todo tipo de insinuaciones físicas, siempre en un sentido sexual. Ante estas violencias las mujeres trabajadoras presentan problemas de miedo, de salud, de soledad, de culpa, de deficiencia, pero sobre todo afectando en lo físico y lo psicológico, trastocando también a sus hijas e hijos. Todo ello limita a su vez el desarrollo integral de las compañeras mujeres. Ya que se ve afectada no solamente su vida laboral, si no todos los ámbitos en que se desenvuelvan. Estos son los impactos diferenciados por el simple hecho de ser mujeres y por toda una estructura capitalista, machista patriarcal que hace abuso de su poder para violentar. En México el 80% de las trabajadoras mexicanas han padecido algún tipo de violencia psicológica, maltrato, humillación, insultos o gritos. Y esto debemos de pararlo con la organización independiente. El estudio concluye denunciando que  mientras siga existiendo esta discriminación, este control en los centros de trabajo, nada va a cambiar a favor de los derechos laborales de miles y miles de trabajadoras, por eso es de suma importancia que se discutan estos temas, que los compañeros no se resistan  a tener paridad de género en los puestos de decisiones y haya protocolos internos  de cero abuso o violencia contra las mujeres en sus centros de trabajo o instituciones. Por todo ello es importante seguir impulsando la capacitación de trabajadoras y trabajadores para que identifiquen las violaciones, hagan propios sus derechos laborales y los hagan valer. Es de suma importancia unirnos a favor de leyes y políticas publicas donde no se violente nunca más a las mujeres, donde haya espacios de trabajos libres de explotación, con salarios dignos, libertad sindical autentica, contrato colectivo de trabajo y el derecho a la huelga como un derecho humano que nos lleve a la participación y la resistencia. Por todo ello le apostamos a la organización libre, directa y justa, la solidaridad de sindicatos y organizaciones independientes para continuar avanzando a favor de los derechos de las y los trabajadores de este país, para tener mejoras en sus centros de trabajo y de vida para un mundo más justo y libre de violencia.

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Violencias estructurales y la lucha por los derechos laborales

José Martínez Cruz

Las organizaciones del Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética y los Derechos de las y los Trabajadores llevaron a cabo un foro-conversatorio sobre las violencias estructurales y la lucha por los derechos laborales en las instalaciones del Sindicato de Telefonistas, el día sábado 26 de octubre de 2019, en el marco de la 61 acción global por Ayotzinapa.

Estamos viviendo las consecuencias de las políticas neoliberales y privatizadoras del sistema capitalista que genera toda una serie de violencias estructurales que lastiman severamente la dignidad humana y rompe las mejores relaciones sociales, ya que generaliza la explotación, la opresión, la discriminación. La violencia económica en contra de la mayoría de la población trabajadora se pretende hacer pasar como si fuera una ley natural donde prevalece la ley del más fuerte, cuando históricamente ha sido posible debido a la ilegítima forma de dominación de la clase capitalista mediante el uso de la fuerza y las leyes creadas por el Estado para hacer legal lo ilegítimo.

Por tal razón es que consideramos necesario reflexionar profundamente sobre las alternativas que podemos impulsar desde la clase trabajadora para construir una realidad diferente, donde prevalezcan verdaderamente los derechos humanos de la inmensa mayoría de la población frente al poder de los ricos y los dueños de los medios de producción que utilizan al Estado para sus propios fines.

Para avanzar en este camino es que se  abordaron las violencias económicas y la lucha por la defensa de los derechos laborales. La violencia institucional, las desapariciones forzadas y las políticas militaristas frente a las luchas por seguridad ciudadana. La violencia patriarcal misógina y las luchas feministas por una vida libre de violencia. Las violencias estructurales y las alternativas sindicales y sociales.

Estos temas fueron abordados en este conversatorio con ponencias de las diferentes organizaciones como el Centro de Apoyo a las y los Trabajadores (CAT), Comité Democrático del Magisterio (CEND-SNTE), Abogados Democráticos (ANAD), SME, STRM, Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDHM), OPT, PRT, PCM. También se contó con la participación del compañero Tanis, padre de uno de los estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa.

A través del análisis de cada organización del Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética y los Derechos de las y los Trabajadores, se puede tener una aproximación colectiva a la realidad que se está viviendo por parte de la mayoría de la población trabajadora, que padecen diversas violencias derivadas del sistema capitalista de explotación y que ha aplicado políticas neoliberales en las últimas tres décadas. Las consecuencias han sido el crecimiento de la desigualdad e injusticia social, pobreza y desempleo, pérdida del 70% en el poder adquisitivo del salario, jubilaciones y pensiones privatizadas que implican ganancias para unos cuantos y pérdidas para la mayoría, regímenes de exclusión laboral (apartado B de la Ley Federal del Trabajo) y reformas laborales que pueden concluir en depauperar las condiciones de vida de la clase obrera, por lo que es necesario mantener y fortalecer la lucha contra las políticas neoliberales y recuperar el sentido colectivo y solidario en los derechos sociales como en el sistema de salud, vivienda, seguridad social.

La reforma laboral de 2019 es más regresiva que la de 2012, por lo que hay que preparar la reforma de la reforma, ya que la libertad sindical puede ser un simple eufemismo si se transforma en pulverización sindical y ataque a los principales sindicatos independientes, ya que las supuestas ventajas y virtudes de la reforma se contradicen entre la exposición de motivos y el articulado de la misma, por las lagunas procedimentales en aspectos tan básicos como para acreditar la legalidad de las revisiones de contrato, la obligatoriedad de la conciliación ante los despidos antes de las demandas por reinstalación, lo que retrasa la justicia laboral. El combate al charrismo sindical no es un asunto solo de legislación, sino ante todo un proceso social y político de conciencia de clase y de organización colectiva.

Un ejemplo de injusticia laboral son las condiciones de superexplotación de la mano de obra en la industria maquiladora textil y de la confección, dominada por el trabajo precario y el outsourcing, donde a pesar de los altos controles de calidad y mano de obra calificada tiene bajos salarios, adolece de falta de contratos colectivos, con jornadas diarias de hasta 12 y 14 horas, lo que significa una esclavitud laboral moderna, con altos niveles de violencia de género y hostigamiento laboral y sexual contra la mayoría de mujeres jóvenes y madres solteras, por lo que es necesario construir sindicatos democráticos e independientes, que tengan libertad sindical, espacios libres de violencia, protocolos de cero abuso y garantía del derecho de huelga.

Estas violencias estructurales permanecen ocultas para la mayoría de la sociedad que las percibe como si fueran normalizadas y sin alternativa, sobre todo cuando no se logra alcanzar una conciencia de clase que reivindique una opción antineoliberal y anticapitalista que se requiere construir colectivamente.

Más aún, cuando las violencias se expresan en privación de la vida y de la libertad, es necesario ir a las causas estructurales, para no permitir que continúen creciendo impunemente.

De ahí que el creciente número de desapariciones y feminicidios, están ligados a políticas criminales que llevan a cabo tanto la industria del crimen como instituciones del Estado que han aplicado políticas autoritarias y antidemocráticas, que buscan mantener un estado de terror y parálisis de la sociedad ante los privilegios que detentan las clases dominantes.

La explotación, opresión, discriminación y violencias se retroalimentan mutuamente y están en el fondo de la ruptura del tejido social, que lleva al hartazgo social y a explosiones de inconformidad, como los que hemos visto en otros países y que en México precedieron el rechazo electoral de los partidos neoliberales y privatizadores que ensangrentaron el país durante décadas.

Por eso, la lucha contra las desapariciones tiene a los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa como un referente de dignidad y resistencia hasta lograr que haya verdad y justicia, tanto como el ejemplo de congruencia y honestidad en la exigencia que sostienen las Doñas del Comité Eureka durante más de 40 años y que expresó Rosario Ibarra de Piedra en el discurso en la ceremonia de la entrega de la medalla Belisario Domínguez, quien la entregó en custodia al mismo López Obrador hasta que haya respuesta sobre el paradero de sus hijos.

En esta lucha contra el feminicidio es vital contar con la participación de las organizaciones feministas, de derechos humanos y sindicatos, de tal manera que se puede exigir el pleno cumplimiento de las medidas decretadas en las Alertas de Violencia de Género y se termine con la impunidad y sobre todo se sancione a quienes cometen violencia institucional, ya que se debe garantizar el  acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. La mayoría de las víctimas de feminicidio están ligadas a las mujeres trabajadoras que sufren todo tipo de violencias y hostigamiento laboral y sexual en fábricas y centros de trabajo o de estudio y en las mismas familias, por lo que combatir esta violencia patriarcal y machista va de la mano con la lucha anticapitalista que desde la clase trabajadora debemos fortalecer hoy más que nunca.

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Urgente coordinar investigaciones sobre desapariciones en Morelos

En Morelos es urgente que haya coordinación interinstitucional para la búsqueda y localización de todas las personas desaparecidas. Ante el creciente número de desapariciones se requiere que todas las acciones se lleven a cabo dentro de un plan estatal de búsqueda que priorice acciones tendientes a localizar y recuperar con vida a todas las mujeres, niñas y jóvenes que son quienes desaparecen en mayor medida. Ningún esfuerzo es menor para combatir ésta terrible práctica de la desaparición forzada cometida por el Estado o por particulares que cuentan con la omisión o aquiescencia de las autoridades.

Garantizar la vida y la seguridad de las víctimas que padecen éste terrible flagelo con una investigación científica, sistemática y objetiva sobre las causas de las desapariciones, acorde con lo establecido en la Ley para Prevenir, Atender y Sancionar la Desaparición Forzada y la Cometida por Particulares y el Protocolo Homologado de Búsqueda de Personas Desaparecidas,

El  9 de octubre del presente 2019, integrantes de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, sostuvimos una reunión de trabajo con la Fiscalía General del Estado, estando presentes Danae Velázquez Luna quien actualmente se desempeña como Secretaria Ejecutiva de la Fiscalía General del Estado de Morelos y Zayra Lulo Juan en su carácter de titular de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada. Recibimos un informe sobre las actividades de investigación que se están realizando en la búsqueda y localización de personas en las diferentes regiones del Estado de Morelos y en coordinación con otros estados del país. En el transcurso de dicha reunión realizamos diversos cuestionamientos y observaciones, como el hecho de que no estaban familiares de personas desaparecidas a pesar de que el oficio de invitación a la reunión las mencionaba, y sobre todo que se cuenta con muy poco personal para atender la magnitud del problema de la desaparición de personas en todo el Estado. Actualmente solo se cuenta con cinco Ministerios Públicos para cubrir toda la Zona Metropolitana y tan solo un Ministerio Publico para la Zona Oriente y otro para la Sur Poniente.

Consideramos que es necesario redoblar los esfuerzos y acciones, ya que no se ha creado una estrategia efectiva en cuanto a la implementación del Protocolo “Alba”, que es un instrumento legal que se aplica en casos de mujeres adultas quienes se encuentran desaparecidas. Al respecto de éste protocolo, la Fiscal Zayra Lulo reconoció que todavía les hace falta trabajarlo para aplicarlo a las condiciones del Estado de Morelos, ya que actualmente depende de la Fiscalía General de la República; y en el Estado no existe por ahora suficiente  personal especializado en dicha temática que apoye en la capacitación periódica del  personal de dicha Fiscalía de Desaparición.

En el mismo sentido expresamos que se debe aplicar de manera rigurosa la Alerta “Amber” sobre las niñas y niños desaparecidos, que incluye a todos los menores de 17 años, quienes se encuentran en mayor riesgo de desaparición, de acuerdo a las denuncias presentadas ante la Fiscalía y sobre todo los testimonios obtenidos por las organizaciones civiles y que se dan a conocer mediante las redes sociales ante la desconfianza que prevalece para que las autoridades den una respuesta inmediata.

Aun cuando la Fiscalía asegura contar con una base de datos actualizada, es urgente contar con un estudio profundo sobre las desapariciones, ello implica hacer investigaciones con la participación de especialistas en antropología, medicina forense, peritos en estudios genómicos, así como contar con instrumentos de búsqueda y geolocalización, así como una base de datos que permita cruzar la información con todas las dependencias estatales y nacionales para agilizar la respuesta que debe ser inmediata y acorde con el protocolo homologado utilizada de manera tal que sirva tanto a las autoridades como a los familiares de víctimas y a la sociedad en su conjunto para tener conciencia de la magnitud y las consecuencias tan graves que tiene cada desaparición para quienes la viven directamente y para sus familiares y conocidos, así como para fortalecer acciones que impidan que la mayoría de casos permanezcan en la impunidad.  Por esa razón es que durante la sesión de trabajo solicitamos tener acceso a la misma, para que sea un instrumento útil para la Fiscalía y para familiares y sociedad en su conjunto.

De lo anterior consideramos que en el próximo periodo va a ser indispensable la implementación de todo tipo de medidas que ayuden a concretar mayores acciones de coordinación con el “Mecanismo Nacional de Búsqueda” mediante la instalación de la Comisión Estatal de Búsqueda, donde participaremos como parte del Consejo Ciudadano con familiares de víctimas de desaparición. De nuestra parte como Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, siempre hemos insistido que debe ser prioritaria la búsqueda en vida de las personas desaparecidas y que a través de planes de acción y de metodologías bien estructurada se debe de buscar a las y los desaparecidos en: Hospitales Psiquiátricos, clínicas, centros para el combate a las adicciones, cárceles clandestinas, cuarteles militares, prisiones de alta seguridad, asilos, bares y centros nocturnos donde se presuma trata de personas. En dicho contexto pensamos que no se debe bajar la guardia en cuanto al seguimiento legal de los distintos casos históricos y emblemáticos por desaparición en Morelos y que jurídicamente aun continúan abiertos tal como es el caso del compañero Jose Ramón García Gómez desaparecido por agentes del Estado en el año de 1988.

   Atentamente.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C.

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Tipificar la violencia institucional para combatir el feminicidio

Ponencia de la CIDHM en el Foro sobre los alcances de la AVG.

Convocado por la CNDH, la CDHDF, UNAM, Museo de la Mujer y la Federación de Mujeres Universitarias.

16 de octubre de 2019.

Tipificar la violencia institucional para combatir el feminicidio.

El orígen de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se encuentra en los aportes históricos realizados por el movimiento feminista y de organismos de defensa de los derechos de las mujeres, quienes mediante un estudio realizado en 10 entidades del país, logramos que el Congreso de la Unión la aprobara en el año 2007. Esta ley es la que permite solicitar la alerta de violencia de genero que, insistimos, es un último recurso jurídico para erradicar la violencia feminicida, y sobre todo para garantizar justicia para las mujeres.

En Morelos hay Feminicidio y existe una violencia sistemática contra las mujeres. No se respeta el derecho de las niñas y las mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Los homicidios de niñas y mujeres son un problema grave e inadmisible. Son parte de la Violencia Feminicida como culminación de la violación de sus Derechos Humanos y evidencian la ruptura del Estado de Derecho en Morelos y en todo el País.

Cada vez con mayor frecuencia se conocen crímenes atroces contra niñas y mujeres de todas las edades en diversos Municipios de nuestro Estado, a pesar de ello, el Gobierno Federal, Estatal y Municipal no ha diseñado una política integral para enfrentarlos y para abatir la impunidad que los caracteriza. Autoridades de rangos distintos han demeritado los homicidios de mujeres, los desvalorizan con actitudes misóginas, acusan a las víctimas y no trabajan con profesionalismo en su esclarecimiento. Ni las desapariciones ni los asesinatos ni la impunidad son identificados como un grave problema, tampoco se reconoce la responsabilidad del Gobierno en los sucesos y su erradicación no es un eje prioritario de la política de desarrollo social y de la gobernabilidad. Los atentados contra la vida de las niñas y las mujeres no se dan en el vacío. Suceden en un entramado social de tolerancia y fomento a la violencia de género cotidiana, misógina y machista, contra niñas y mujeres. Dicha violencia se traduce en delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad jurídica de las mujeres y existe un contexto de impunidad o permisibilidad social. Y los homicidios son su consecuencia y suceden tras procesos vitales marcados por la inseguridad y por escaladas de violencia, y situaciones extremas que culminan en muertes violentas.

La muerte, en muchos casos, no ha sido límite para el daño. Aun después de haber sido asesinadas, sus cuerpos son objeto de agresión. La violencia no termina ahí, las sobrevivientes y las familias de las mujeres asesinadas son objeto de violencia institucional en el ámbito del acceso a la justicia. Así como incontables mujeres victimizadas habían denunciado violencia en su contra ante autoridades que no la consideraron un riesgo para la vida y no asumieron su responsabilidad para evitarla, un número alarmante de casos no son esclarecidos, no se llega a la verdad, los agresores no son sancionados y no hay justicia. Por el contrario, la falta de profesionalismo de los funcionarios, el trato discriminatorio, incluso el encubrimiento a los agresores o la complicidad con ellos, prevalecen en la procuración de justicia. La corrupción hace inconfiables a las instituciones en general para la ciudadanía. Eliminar la violencia feminicida y todas las formas de violencia contra las mujeres morelenses obliga a reorientar el trabajo del Estado. En síntesis podemos decir que la violencia feminicida proviene de un conjunto de conductas misóginas que perturban la paz social y representan la materialización de la violencia institucional.

Hay dos tipos de responsables: 1) quien lo comete materialmente 2) quien desde su posición en el aparato de impartición de justicia-definición de leyes refuerza inequidades estructurales que hicieron permisible el delito.

El primer causante es quien con su violencia consumó el acto de muerte. El más visible, aunque no por ello menos exonerado en esta cultura machista que permite que los hombres posean todo, incluso la vida y destino de las mujeres. Además del hecho comisivo de la muerte violenta, está en algunos casos, la desaparición del cadáver y su exposición en un lugar público, con las consecuencias de agravio a la dignidad de las personas.

El segundo es menos visible, normalmente un ministerio público, juez, policía, perito, legislador, que con su acción deliberada, omisión y desdén incurrieron en violencia institucional. Esta violencia se hace evidente en las fallas para atender debidamente los procesos judiciales, atender los protocolos de investigación y aplicar las leyes en materia de derechos humanos de las mujeres. Por todo lo anterior, se hace evidente la deuda histórica del Estado Mexicano con las mujeres, para salvaguardar su derecho a una Vida Libre de Violencia.

La violencia institucional comprende las acciones, prácticas u omisiones de las y los servidores públicos del Estado y Municipios que dilaten, obstaculicen o impidan que las mujeres accedan a los medios o mecanismos para el goce y ejercicio pleno de sus derechos fundamentales o políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia contra las mujeres, o aquellas necesarias para su desarrollo de conformidad a lo dispuesto en la CEDAW. (Art. 18. Cap. IV. Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia).

En este sentido, los servidores públicos que presten su servicios para el Estado (en cualquiera de sus áreas) y los Municipios, deberán abstenerse de cualquier práctica discriminatoria o tolerancia de la violencia contra las mujeres, en el ejercicio de su cargo o comisión, pudiendo incurrir en los supuestos que señala la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, independientemente de los procedimientos de queja o reclamación que se les pudiera instaurar con motivo de dicha discriminación por la autoridad competente (Art. 19. Cap. IV. Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos, 2007). Este es el marco de la cotidianidad de las mujeres en México. Cuando se concentran o aumentan las formas de opresión y violencia las mujeres quedan en vulnerabilidad y en riesgo de ser asesinadas.

La base de los crímenes contra las mujeres radica en estas condiciones de vida, en las que el género opresivo sobre determina tanto a las mujeres, como a los hombres. De ella dan cuenta los medios masivos de comunicación y son denunciados por organizaciones civiles con indignación y con impotencia por los familiares muestra la realidad de violencia, que viven las mujeres en el país. Feminicidios, Trata de Personas, Tortura, Violencia Sexual, Económica, Patrimonial, Psicológica, entre otras.

Estos hechos conllevan la ruptura del Estado de Derecho y visibilizan la incapacidad del Gobierno Estatal para garantizar la Vida de las Mujeres. Por tanto, el feminicidio representa una Violencia Institucional al violar lo estipulado en los Artículos 18 (“Violencia Institucional: Son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia”), 19 (“Los tres órdenes de gobierno, a través de los cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, tienen la obligación de organizar el aparato gubernamental de manera tal que sean capaces de asegurar, en el ejercicio de sus funciones, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”) y 20 (“Para cumplir con su obligación de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, los tres órdenes de gobierno deben prevenir, atender, investigar, sancionar y reparar el daño que les inflige”) de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Convirtiéndose así en un crimen de Estado.

Al respecto la Comisión Nacional de Derechos Humanos publicó una cartilla sobre el tema señalando el principio pro persona, y entre sus observaciones, señala que se puede acudir con una queja cuando se omite brindar protección a la integridad física, psíquica y social de las mujeres. Esto se puede considerar como una prerrogativa legal de las víctimas. Pero no es suficiente.

A su vez el Código Nacional Penal, en su párrafo final, artículo 109, garantiza en el numeral XXIX, que para los delitos que impliquen violencia contra las mujeres, se deberán observar todos los derechos que en su favor establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y demás disposiciones aplicables.

Por ello es necesario incluir en éste Código un artículo 109 Bis que establezca la tipificacion y las sanciones de tipo penal a quienes en el ejercicio de sus funciones cometan violencia institucional y con ello transgredan las disposiciones contenidas en la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Hasta el momento, solamente se establecen responsabilidades administrativas pero no penales, lo que limita las sanciones correspondientes que sirven como manto de la impunidad.

Consideramos que tipificar y sancionar la violencia institucional, fortalece el derecho de las mujeres y puede poner un freno a la involucion juridica que conlleva a un retroceso legal de los derechos de las mujeres, ya que consideramos que las recientes declaraciones de la Secretaria de Gobernación, en el sentido de que si las AVG no sirven hay que eliminarlas o sustituirlas, sería incurrir en una involuciòn sobre las conquistas históricas alcanzadas, por lo que no podemos permitirlo, toda vez que eliminar derechos y avances en esta materia ha sido severamente cuestionado por la misma CEDAW, quien ha concluido que se están incumpliendo las recomendaciones emitidas en materia de violencia contra las mujeres.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C.

Notas.

CAPÍTULO IV DE LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL

ARTÍCULO 18.- Violencia Institucional: Son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia.

ARTÍCULO 19.- Los tres órdenes de gobierno, a través de los cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, tienen la obligación de organizar el aparato gubernamental de manera tal que sean capaces de asegurar, en el ejercicio de sus funciones, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

ARTÍCULO 20.- Para cumplir con su obligación de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, los tres órdenes de gobierno deben prevenir, atender, investigar, sancionar y reparar el daño que les inflige.

ARTÍCULO 23.- La alerta de violencia de género contra las mujeres tendrá como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos, por lo que se deberá:

Privada de las Flores # 16, Colonia San Anton . Página web: cidhmorelos.com.mx,

Correo: cidhmorelos@gmail.com San Antón, Cuernavaca, Morelos. Teléfono: 01777 31855 68

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A cinco años seguimos exigiendo verdad y justicia para los 43 de Ayotzinapa.

El 26 de septiembre de 2014 se llevó a cabo una de las más brutales acciones de las fuerzas del Estado para desaparecer a los 43 jóvenes estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en aquella trágica noche de Iguala que  está por cumplir cinco años, este 26 de septiembre de 2019, sin que se logre esclarecer la verdad sobre su paradero y aún con la creación de la Comisión creada por el gobierno de López Obrador, continuamos presenciando estupefactos como liberan a 24 detenidos ligados al caso, producto del desaseo con que actuó el gobierno peñista al arrancar declaraciones bajo tortura para forjar su enorme patraña que resultó la supuesta verdad histórica.

La noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, tuvo lugar uno de los más emblemáticos episodios de violación a los derechos humanos en la historia reciente de nuestro país. Los hechos sucedieron cuando un grupo de estudiantes de entre 17 y 25 años de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, acudió a la ciudad de Iguala, Guerrero, ubicada en ese mismo estado, con la finalidad de “tomar” autobuses que requerían para participar en la conmemoración del 2 de octubre, que cada año mantiene viva en México la memoria de esa represión contra estudiantes acaecida en 1968. Aunque la retención y el uso temporal de autobuses por los estudiantes para realizar sus actividades había sido habitual en Guerrero y contaba incluso con el aval tácito de empresas y autoridades, el 26 de septiembre la respuesta de las autoridades no fue la ordinaria: Policías Municipales de Iguala abrieron fuego contra los estudiantes para impedir que salieran de la ciudad con los autobuses. De esta manera, auxiliados por otras corporaciones y por civiles, los policías lograron cerrar el paso a cinco autobuses -tres que transitaban por una calle céntrica y dos que lo hacían por una calle periférica-. En esos dos escenarios fueron detenidos 43 estudiantes que habrían de ser desaparecidos. Más tarde esa misma noche, continuaron las agresiones contra los estudiantes y contra la población en general, ya no sólo por parte de agentes estatales sino también por civiles que, como después se demostró, eran parte de la estructura de una organización criminal fuertemente imbricada con las instancias estatales presentes en esa zona de Guerrero, denominada Guerreros Unidos.

El saldo de la cruenta noche de Iguala fue brutal: 43 jóvenes estudiantes que siguen desaparecidos; 6 personas ejecutadas, entre ellas 3 normalistas, incluyendo el caso de un joven cuyo cuerpo apareció al día siguiente en un paraje inhabitado con claras muestras de tortura; al menos 40 personas fueron lesionadas, contando a dos estudiantes que resultaron con afectaciones graves y permanentes a su salud. En total, más de 180 personas fueron víctimas directas de violaciones a derechos humanos esa noche y alrededor de 700 personas resultaron víctimas indirectas, considerando a los familiares de los agraviados.

A pesar del proceso de búsqueda de verdad y justicia que iniciaron las y los familiares de los desaparecidos y de las víctimas de ejecución, la obstrucción de la investigación por parte de las Autoridades ha impedido que la verdad de los hechos ocurridos a los normalistas de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre de 2014 sea conocido por las familias y por toda la sociedad; y por ende, tampoco se ha investigado, procesado y sancionado a todos los responsables de dichos sucesos.

Por eso es necesario destacar los planteamientos de las familias durante el encuentro con el Presidente López Obrador

  • Que no todas las instituciones –destacadamente, la FGR, Sedena y la Policía Federal- están haciendo los esfuerzos al parejo de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, encabezada por Alejandro Encinas.
  • Solicitaron que el Presidente interceda frente al Fiscal General para que reitere su compromiso en la investigación, incluyendo en las investigaciones de los responsables de las irregularidades. A la vez solicitaron que coadyuve con una reunión con el Fiscal General.
  • Que se profundizara la ayuda internacional que ha llegado en destiempo.
  • Que el titular del Ejecutivo no deje de verlos, que no los deje solos.

Ahí se obtuvieron los siguientes compromisos: La Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa iniciarán de cero las averiguaciones sobre el paradero de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala. El fiscal del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, deberá partir de las líneas de investigación aportadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y abrir otras aristas para fincar responsabilidades por las irregularidades en el proceso. Hay una larga lista de funcionarios, como José Murillo Karam, ex Procurador General de la República, y el extitular de la Unidad de Investigación Criminal, Tomás Zerón.

Hacer una investigación independiente, objetiva, clara, que rompa con esa narrativa que se ha venido creando en los años pasados, empezar desde una base sólida, limpia, en donde se quiten todas estas irregularidades y delitos de lo que significa el delito de la desaparición forzada. Como afirmó la compañera Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio, tienen “fe y esperanza” en que las autoridades entreguen avances en el mes de diciembre, pese a los cinco años perdidos, pero la confianza la tendrán en el transcurso de la investigación. Es claro que hicieron mal las investigaciones, por lo que el fiscal especial del caso Ayotzinapa debe garantizar que se abran las puertas de nuevo, dar un paso adelante para seguir con las investigaciones. Para el mes de diciembre, cuando menos, la FGR debe determinar quiénes fueron los responsables de las irregularidades en las investigaciones.

Además,  como afirmó Vidulfo Rosales, el abogado defensor, que la búsqueda de los normalistas se está realizando en vida, hasta que no encuentren pruebas científicas que digan lo contrario. En diciembre debemos tener avances claros en las líneas de investigación que hemos apuntado, en diciembre debe haber ya responsables por las irregularidades de la investigación. Mientras no tengamos evidencia científica irrefutable de otra cosa, los seguiremos buscando vivos.

El fiscal Omar Gómez Trejo debe ir a fondo en las nueve acciones de búsqueda, las cuales indican que los estudiantes están en Guerrero, como ya había informado el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas. Además, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) deberá cumplir con su obligación de poner a disposición de las autoridades a los militares que estuvieron involucrados directa o indirectamente.

Por todo lo anterior es que a 5 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, En Cuernavaca llevaremos a cabo una Marcha este jueves 26 de septiembre de 2019, a las 4 de la tarde, partiendo del Calvario al zócalo de esta ciudad. Al término de la marcha se llevará a cabo un Foro abierto por la memoria, justicia y verdad, en las escalinatas del zócalo de Cuernavaca. Se concluirá con el encendido de 43 veladoras para iluminar el camino de los desaparecidos a las 7 de la noche.

¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!

Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética y los Derechos de las y los Trabajadores. SME, STRM, STUNAM, SITIMTA, SIIINIFAP, MMB, CIDHM, CAT,  M17Mayo, MOPIM, Yanga, Jubilados, OPT, PCM, PRT, Sindicato Libre del IMSS, Sindicato de Trabajadores Manuales Técnicos y Profesionistas del INAH.

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