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INFORME 2009
A 61 años de la Declaración Universal los Derechos Humanos se violan cotidianamente en Morelos
Como parte del balance sobre la situación de los derechos humanos en Morelos en el año 2009, cuando se celebra el 61 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada por la ONU en 1948 y ratificada por México ese mismo año, presentamos un informe sobre la situación que prevalece en el Estado de Morelos.
Durante los 20 años existencia de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, hemos procurado contribuir en la defensa, atención, denuncia y en la cultura de los derechos humanos.

Violación de derechos en todos los sectores de la población.
En el camino hemos encontrado muchas personas que han sido afectadas en sus derechos humanos y denunciado la constante agresión que se vive en pueblos y comunidades indígenas, hemos acompañado la lucha por la tierra y la defensa del medio ambiente, la autonomía y el derecho a decidir de las mujeres en sus cuerpos y sus vidas, hemos documentado la militarización con sus agresiones físicas y allanamiento de domicilios particulares, detenciones arbitrarias, ejecuciones y tortura. Hemos documentado ampliamente la criminalización de los movimientos sociales, retomado en el reciente informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas que da cuenta de varios casos, entre los que se documenta la agresión vivida por Cristóbal Martínez, ayudante municipal de San Antón en Cuernavaca y la represión contra el magisterio y el pueblo de Xoxocotla.
Violencia feminicida creciente.
La violencia feminicida ha marcado a Morelos como un estado donde la vida de las mujeres esta en grave riesgo. Hay un incremento en la violencia sexual contra las mujeres y contra defensoras de los derechos humanos como resultado de la militarización que el Estado mexicano está promoviendo en distintas partes del país en la lucha contra el narcotráfico, lo que indica que el Estado simula que hace algo para recibir recursos de la UE, pero en realidad no hay la voluntad de combatir el problema de violencia de género de manera efectiva, como quedó documentado en el Informe presentado por Amnistía Internacional.
Ejecuciones extrajudiciales encubiertas.
Los casos de jóvenes detenidos, desaparecidos y ejecutados se ha incrementado de forma grave y se ha encubierto con supuestos enfrentamientos entre bandas criminales, cuando en más de 7 de esos 38 casos documentados en 2009 se ha comprobado la participación de elementos policiacos y militares.
El caso de la ejecución extrajudicial de uno de los principales dirigentes del Concejo de Pueblos de Morelos indica el grave riesgo en que se encuentran quienes participan en los movimientos sociales en Morelos.
Miguel Angel Pérez Casales, indígena de la comunidad nahuatl de Santa Catarina, del municipio de Tepoztlán, Morelos, fue asesinado el 31 de octubre de 2009 y seguimos exigiendo una investigación a fondo y de manera imparcial para establecer con claridad los móviles del atentado y localizar a los responsables de privarle la vida, ya que hasta el momento permanece en la impunidad este crimen.
Esta demanda de justicia hoy la presentamos ante todo el pueblo de Morelos porque, lejos de presentar información verídica y confiable, las autoridades han actuado con toda la mala fe que significa dar a conocer el hecho como si se tratara del asesinato de una persona dedicada a la venta de tierras, además de incumplir claramente con lo establecido en las leyes para integrar una investigación seria y profesional, apegada a derecho, para determinar con toda veracidad cómo ocurrieron los hechos y los móviles que tuvieron quienes le asesinaron. (Anexo 1)
2009 sin respeto a los derechos laborales
En relación a la situación de los derechos humanos de las y los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro y del Sindicato Mexicano de Electricistas, a raíz del decreto de extinción de la empresa pública emitida por el Gobierno de Felipe Calderón y de la ocupación de las instalaciones de la empresa por la Policía Federal.
La constitución de Luz y Fuerza del Centro fue ordenada, por el poder Legislativo, mediante la modificación a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, y sólo entonces el Ejecutivo decretó sus bases de operación (DOF, 9 de febrero, 1994). De modo que su disolución debería seguir el mismo procedimiento realizado para su creación, conforme al artículo 15 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; primero modificarse la Ley por el legislativo y posteriormente emitirse un decreto con las bases para la liquidación. El Decreto presidencial violenta el marco constitucional y de la Ley Federal del Trabajo en lo que se refiere a la terminación colectiva de relaciones laborales; al pretender evitar el seguir los procedimientos correspondientes ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. (Anexo 2)
La “crisis económica” se convierte en una palabra trillada que no sorprende en lo mas mínimo a las y los trabajadores que observan por momentos como las débiles políticas que se emprenden en materia del trabajo solo traen la desaparición diaria de cientos de empleos en el país, cuyo resultando este año fue la perdida de 425 mil, este dato significando la violación masiva al principio constitucional de ESTABILIDAD EN EL EMPLEO, esta realidad se refleja en la mayoría de las fuentes de trabajo donde actualmente persiste la PRECARIZACIÓN; es decir la falta de seguridad social, instalaciones inseguras, falta de herramientas, imponer como obligatorias las llamadas horas extras y principalmente el otorgamiento de bajos salarios que nunca corresponden a los periodos de tiempo y a la fuerza física e intelectual que se llega a implementar. En todo ello consiste la llamada “FLEXIBILIZACIÓN” DE LAS RELACIONES LABORALES que se inscribe en la lógica de que las y los trabajadores que laboran en las distintas instituciones del Estado y esencialmente en la iniciativa privada (empresas nacionales y transnacionales) cubran el objetivo inmediato de ser más productivos en beneficio de sus empleadores y en el mismo sentido las autoridades ponen en practica todo tipo de mecanismos para que los empresarios inviertan su capital en aras de mayores ganancias sin importar el respeto sus derechos laborales, es por eso que Insistimos que hoy en día existe un aumento en las cargas de trabajo, se hacen obligatorios los turnos continuos, y la movilidad de cualquier puesto; además se pierde el poder adquisitivo del salario, se flexibilizan los Contratos Colectivos de Trabajo, por lo que dicha situación es preocupante ya el gobierno afirma que se cumplen leyes y se respetan los derechos humanos pero estos se están violando de tal manera que son más las y los trabajadores que se encuentran sin empleo estable y sin protección legal alguna. Como es el caso de los y las trabajadoras despedidas injustificadamente a mediados de este año por la tienda de autoservicio Walmart, S.A de C.V., transnacional acusada mundialmente de utilizar métodos como los antes referidos, y que algunas de sus practicas son el hecho de atemorizar a su personal e inhibir así la plena defensa de sus derechos, lo que significa que el conjunto de estas grandes empresas y demás consorcios desmantelan día a día la Ley Federal del Trabajo, nuestra Carta Magna y la serie de Tratados Internacionales en la materia. En el mismo sentido se continúan implementando políticas laborales cuyo objetivo es debilitar a las organizaciones sindicales, atacando derechos fundamentales como es el caso de la acción desplegada el pasado 10 de octubre, por parte del Ejecutivo Federal al atentar contra los puesto de trabajo de las y los 44 mil trabajadores de la compañía de Luz y Fuerza del Centro. Luego entonces persiste la actuación irregular de la autoridades del Trabajo, por ejemplo el retardar la resolución de los procesos por mas de ocho años de las obreras de la empresa Confitalia implica no solo una dilación de la justicia sino en los hechos, su negación. La principal responsabilidad de que los derechos laborales sean cumplidos la tiene el gobierno. Debemos exigir a los funcionarios que cumplan con la ley y respeten el derecho humano y laboral; ya que actualmente la autoridad ha adoptado una aptitud pasiva frente a la ofensiva patronal, aunado a la negligencia e irresponsabilidad de los funcionarios públicos que no hacen su función en el plazo debido, con ello hacen ineficaces las leyes o colaboran con la parte patronal, sin dar oportunidad a los y las trabajadoras de tener un verdadero acceso a la justicia laboral, reflejando la escasa voluntad de los Gobiernos Locales y Federales de transformar las condiciones de vida de dicho sector.
La militarización en Morelos ha cobrado vidas de manera creciente
Oswaldo Sánchez Cabrera, quien falleció a consecuencia de las heridas de bala de calibre 7.62 de uso exclusivo del Ejército, por lo que presentó denuncia y el agente del Ministerio Público inició la carpeta de investigación SC01/7513/0 contra elementos de la 24ª. Zona Militar del Ejército Federal Mexicano. 20 de septiembre de 2009 en un reten instalado en el poblado de Alpuyeca, municipio de Xochitepec, Morelos.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) aceptó integrar las quejas por presuntas violaciones cometidas por elementos del Ejército Federal Mexicano pertenecientes a la 24a. Zona Militar, denunciadas por las familias Zamora Gómez y Jaimes por los allanamientos, detenciones arbitrarias, tortura, privación ilegal de la libertad, robo, entre otras violaciones a sus derechos humanos cometidas en los municipios de Cuernavaca y Jiutepec, del estado de Morelos.
En sendos oficios recibidos por la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, la CNDH notificó que ambas quejas quedaron integradas con número de expediente CNDH/2/2009/3978/Q en el caso de la familia Zamora Gómez, y con el número CNDH/2/2009/3799/Q en el caso de los primos Silverio Iván Jaimes Filio y Jorge Raúl Jaimes Jiménez, por hechos ocurridos en el mes de agosto de 2009, sin embargo, se sigue utilizando la via de la justicia militar para investigar estos casos, lo que ha significado la garantía de impunidad en la mayoría de estos casos. (Anexo3)

El 22 de marzo cerca de media noche tanquetas y vehiculos artillados del Ejército Méxicano de la 24a. zona militar tomaron por asalto el centro del pueblo de Ocotepec, comunidad indígena ubicada al norte de Cuernavaca, Morelos, en donde impusieron un férreo control mediante el emplazamiento de metralletas y armas de grueso calibre, deteniendo y sometiendo a 15 elementos de la Ronda de Vigilancia de Ocotepec, tomando a punta de pistola las instalaciones de la Ayudantía Municipal. (Anexo 4)
Crisis del sistema de justicia.
El sistema de justicia está en crisis. Los datos son devastadores, sólo se denuncia uno de cada cuatro delitos y de los denunciados el 97% quedan en la impunidad. (Anexo 5)
No permanecer indiferentes. Acción ahora! Es la consigna.
Es por todo lo anterior que ahora más que nunca le toca a la sociedad civil responder al discurso oficial con la verdad: con los hechos, la documentación de casos, los testimonios de las víctimas y con las estadísticas recabadas a partir de los hechos al nivel nacional y estatal que dan cuenta del panorama de los abusos cometidos en el marco de los operativos de seguridad pública. Hasta que el Estado se muestre capaz de reconocer la gravedad de la situación y responder poniendo fin a la impunidad, serán necesarias iniciativas civiles como la presente, acciones conjuntas para fortalecer la capacidad de la sociedad para demandar un país de respeto por las garantías fundamentales, del estado de derecho conforme a las obligaciones libremente contraídas por el Estado en materia de derechos humanos. Por un país de no más abusos.
Atentamente.
Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

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