HACIA EL MANDATO CONSTITUCIONAL DE PROTEGER LOS DERECHOS HUMANOS

Marco A. Palma Apodaca

En las ultimas décadas el movimiento de derechos humanos ha experimentado distintos niveles de avance en cuanto a la lucha por el reconocimiento de los derechos fundamentales, y en el mismo sentido creemos que el derecho internacional en la materia, así como los sistemas constitucionales en materia de protección y salvaguarda de los derechos humanos deben ser adoptados en nuestro sistema constitucional para hacer frente a los rezagos existentes, como lo es la falta de armonización entre el derecho internacional consuetudinario y el derecho interno, y en relación al asunto en los pasados meses la reconocida luchadora social Rosario Ibarra de Piedra, junto con otros miembros del Senado presentaron la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Federal en materia de derechos humanos con el apoyo y participación de distintas organizaciones de la sociedad civil, así como por grupo de académicos especialistas, este debate ocurre en un contexto de violencia y en un momento crítico de terrible descomposición social y política, marcado por la militarización de la sociedad y  las recurrentes violaciones a derechos humanos. Ocurre también con la existencia de instituciones pretendidamente dedicadas a la protección de derechos humanos incapaces de hacerlo y sin real autonomía con respecto al poder al que deberían vigilar. En fin, tampoco se atiende la propuesta de introducir, en lugar de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la figura del Defensor del Pueblo, el cual sería titular de la acción de amparo contra la violación de los derechos humanos económicos, sociales, culturales y ambientales. En un momento en que, como se ha denunciado aquí, se extiende la inhumana práctica de criminalizar la protesta social. Básicamente se propone modificar desde el enunciado del Capítulo I del Título Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para reforzar el criterio universalmente aceptado de que los derechos no son producto de una concesión del Estado ni de un acto legislativo, sino constituyen un ámbito de libertad propio del ser humano que debe ser amparado por el Derecho y por las instituciones estatales. Propone modificar la denominación del Capítulo I del Título Primero de la Carta Magna para quedar “De los Derechos Humanos”; así como los artículos 1°, 3°, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 y 105 de la misma y se eleven a rango constitucional los derechos humanos con lo que se amplía su reconocimiento y protección en nuestro país.

En el artículo 1° constitucional reconoce que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos celebrados por el Estado mexicano. Señala que las garantías para su protección serán las que establezcan la Constitución y las leyes.

Respecto las normas de derechos humanos, establece que se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que México sea parte. En su aplicación se observarán las que sean más favorables a los derechos de las personas, bajo el principio de no contradicción con la Constitución.

Establece que todas las autoridades deberán promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; así como el Estado deberá prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos. La inclusión de estos principios resulta conveniente en el esquema que se propone adoptar; a través de ellos, se señalan criterios claros a seguir tanto para las autoridades judiciales como para  las legislativas y administrativas en la defensa y promoción de los derechos humanos, añadiendo por igual la obligación del Estado de “reparar” las violaciones a los derechos humanos.

    “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.

La reparación es el término genérico que comprende las diferentes formas cómo un Estado puede hacer frente a la responsabilidad en que hubiera incurrido.

En cuanto al tema de la educación la propuesta es en los siguientes términos:

    Artículo 3° (…)
    “La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia”

Pretende incorporar dentro de las atribuciones del Ejecutivo Federal establecidas en la fracción X del artículo 89 constitucional, “el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos”. Respecto a las reformas al artículo 102 constitucional propone que las autoridades que no acepten las recomendaciones emitidas por los organismos para la protección de los derechos humanos, deberán publicar las razones de su negativa.  También propone que las legislaturas de las entidades federativas garanticen que dichos organismos cuenten con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios. Se propone que la elección de los titulares de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de los organismos de protección a los derechos humanos y sus consejos consultivos, sea a través de una consulta pública y la participación social.

Las iniciativas están orientadas a llevar a cabo las siguientes modificaciones constitucionales:

  1. Modificar la denominación del Capítulo I del Título Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de incluir el término de “Derechos Humanos”.
  2. Fortalecer el reconocimiento de los derechos humanos como derechos inherentes al ser humano y por lo tanto hacer manifiesto el deber de protegerlos por parte del Estado.
  3. Hacer efectiva la aplicación de los derechos humanos tutelados en los tratados internacionales.
  4. Revisar la jerarquía constitucional de los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
  5. Establecer los derechos humanos como un contenido fundamental de la educación en México.
  6. Proponer que en caso de suspensión de garantías, sea solamente el Congreso de la Unión quien la apruebe.
  7. Establecer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revise, de oficio, la constitucionalidad de los decretos que emita el Ejecutivo, durante la mencionada suspensión de derechos.
  8. Establecer explícitamente las garantías que no estarían sujetas a suspensión.
  9. Reconocer el deber de respetar la garantía de audiencia en todos los supuestos, incluyendo el de la expulsión de extranjeros.
  10. Establecer la protección de los derechos humanos como uno de los principios rectores de la política exterior mexicana.
  11. Fortalecer los mecanismos judiciales de protección de los derechos humanos, ampliando la competencia en materia de juicio de amparo.
  12. Fortalecer los organismos públicos de protección de los derechos humanos, a través de la garantía al principio de autonomía, del establecimiento de la participación de la sociedad civil en el nombramiento de sus titulares y de la precisión de su régimen de responsabilidades. También se propone ampliar su competencia a la materia laboral.
  13. Adecuar el marco constitucional para que los derechos humanos que se han reconocido internacionalmente a través de los tratados firmados y ratificados por el Senado, cuenten con un mecanismo de control, es decir, las acciones de inconstitucionalidad.

Hay que tomar en cuenta que, pese a las múltiples reformas de que ha sido objeto para su actualización, nuestra actual Constitución fue expedida a principios del siglo XX, es decir, antes de que se hubiera dado la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y los demás instrumentos internacionales que han supuesto una transformación en la concepción y entendimiento de los derechos humanos por lo que existe la necesidad de armonizarla bajo los más altos estándares del derecho internacional de protección a la dignidad de la persona humana. Otra consideración se refiere a que la homologación en cuestión, debe abarcar también los mecanismos de protección. Los derechos humanos tienen, como todo derecho, un carácter exigible y corresponde a la Constitución establecer estos mecanismos y garantizar permanentemente su eficacia; cabe señalar que frecuentemente surge la discusión acerca de la diferencia que hay entre derechos humanos y garantías individuales. Y esto pareciera una discusión estéril, ya que en la teoría constitucional, todas las garantías individuales son derechos humanos, pero no todos los derechos humanos son garantías, es decir, los derechos consagrados en los primeros 29 artículos constitucionales son considerados garantías individuales. Mantener sólo la denominación del capítulo relativo a las “Garantías Individuales” en nuestra Carta Magna pareciera no ser lo más adecuado, más aún cuando este capítulo ha tenido múltiples reformas, como ya se mencionó se trata de un cambio conceptual en el sistema jurídico y un reforzamiento del carácter protector y garantista de la Constitución. Así pues dicha propuesta consiste en hacer un amplio reconocimiento de los derechos humanos, dándoles carácter constitucional a todos, con lo que deben considerarse incluidos, tanto los que se encuentran expresamente reconocidos en el texto constitucional, como los consagrados en los tratados internacionales de los que México sea parte.

    “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado mexicano, los cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que la misma Constitución establece. Las garantías para su protección serán las que establezcan la Constitución y las leyes que de ella emanen”.

Consecuentemente, con este reconocimiento se evita crear derechos de primera y segunda categoría según estén o no en la Constitución, como actualmente ocurre.  Los derechos que se contienen en las garantías individuales gozan de una protección más amplia y directa que aquéllos que se encuentran consagrados en los tratados internacionales. Es evidente que una de las consecuencias de hacer esta modificación al primer párrafo del artículo 1° constitucional es que las normas de derechos humanos establecidas en los tratados internacionales adquirirían reconocimiento y protección constitucional, siendo tarea del legislador constituyente resolver el mecanismo conforme el que se resolverán los posibles conflictos de normas y en general, el sistema de aplicación. Por ello, se propone adoptar el principio de “interpretación conforme” que se ha establecido y aplicado en otros sistemas garantistas, según el cual se pretende dejar en manos del Poder Judicial de la Federación para que haga efectivos y aplicables los tratados y convenios de derecho internacional suscritos por México. La propuesta del segundo párrafo del artículo 1° constitucional es lo siguiente:

    “Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales sobre derechos humanos antes señalados.

A modo de referencia se pueden citar las siguientes disposiciones de algunos instrumentos internacionales cuyo objetivo esencial es reconocer el carácter universal de los derechos:

  • Artículo 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
  • Artículo 23 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
  • Artículo 41 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
  • Artículo 1.2 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
  • Artículo 21 de la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.
  • Artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
  • Artículo XV de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
  • Artículo VII de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.

Por otro lado, la evolución del derecho internacional de los derechos humanos, en el que se inscribe México, ha traído aparejada una relativización de la soberanía y la aceptación voluntaria de la existencia de una jurisdicción internacional consuetudinaria, por tanto, si bien la Constitución no lo establece expresamente, a partir del derecho internacional de los derechos humanos, puede concluirse que en México no puede restringirse o suspenderse el ejercicio de todos los derechos, dado que ambos instrumentos han sido firmados y ratificados por el Estado mexicano, por lo que forman parte de la Ley Suprema de toda la Unión, como se define por el artículo 133 constitucional, por lo que el Estado se debería de emplear a fondo para poder cumplir con sus esenciales funciones sociales.

Como conclusión podemos decir que los avances de la reforma son insuficientes ante la gravedad de los atropellos del poder público desde hace ya varios años; más bien resultan como propaganda para pretender ocultar esa realidad represiva y autoritaria, propia de un estado policiaco que se va imponiendo en la realidad. Un estado policiaco en vez de un Estado garantista de derecho, con cara lavada por una reforma que nombra al primer capítulo de su Constitución como el de los derechos humanos y ¿cómo enfrenta esta reforma las masacres de personas inocentes víctimas de la presencia militar en las calles haciendo lo que la propia constitución les prohíbe? ¿cómo atiende impunidad que provoca el fuero de militar? ¿Qué les responde a las miles de personas que víctimas de un abuso del poder encuentran un órgano ineficaz para lograr un respeto pleno a los derechos humanos, pero que en cambio resulta sumamente oneroso para las finanzas nacionales?, existe el autoritarismo como la falta de control en el ejercicio del poder, por lo que consideramos que dichas propuestas de reformas a la Constitucional son de cierto modo aun incompletas, es decir están acotadas en relación al tamaño de la crisis y la actual descomposición social en nuestro país, en mayor medida no reflejan de manera integral el conjunto de exigencias y demandas de los principales sectores de nuestra población, así mismo no se generan condiciones objetivas para obtener mejores condiciones de vida, necesarias sin duda para el logro de la transformación social; el reconocimiento y respeto a los derechos fundamentales.

* Coordinador Laboral de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos

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