Violencia en Morelos y seguridad ciudadana con derechos humanos

Ante la violencia en Morelos se requiere estrategia integral

de seguridad ciudadana con derechos humanos.

Juliana G. Quintanilla y Paloma Estrada Muñoz.

El Estado de Morelos  está viviendo un proceso de espiral de violencia creciente, donde la pérdida de vidas humanas se ha llegado a contar por decenas como las ocurridas el 30 de marzo de 2010. La explicación oficial es confusa y contradictoria. Se trata de presentar la idea de que hay una disputa por la plaza, lo cual no explica todas las 10 muertes, por lo que es necesaria una información precisa y clara de estos graves hechos. Como hemos documentado, el feminicidio es creciente, pero se oculta ante otras violencias, institucionales y no, que pretenden sembrar el terror entre la población.

En Morelos se vive un proceso de herencias e inercias del sistema de justicia que es el reducto de ese sistema autoritario y del debilitamiento del aparato de justicia, tiene que ver con impunidad.  Existe reproducción de condiciones de inequidad, corrupción, sumado a los fenómenos de narcotráfico, donde Morelos deja de ser lugar de tránsito, para convertirse en lugar de destino y consumo, lo que agrava el fenómeno de exposición al riesgo.

Se da el debate en términos de seguridad pública, como respuesta a un escenario peligroso, un contexto donde parece que la gente está dispuesta a renunciar a sus derechos, por buscar seguridad; pérdida de derechos en un contexto de violencia ante la incapacidad de respuesta del Estado.  Se observan procesos de militarización de la policía; el estado mexicano privilegia la presencia pública militar, contribuyendo a incrementar la espiral de violencia, así el Estado abdica de su responsabilidad de aplicación de justicia, por aplicación de venganza.

En cuanto a la Seguridad, existe confusión en el uso del  término, donde se entiende como seguridad del gobierno, no para la sociedad.

Se debe debatir sobre el concepto de seguridad democrática, pues el gobierno pretende estar utilizando este concepto en el enfrentamiento a la delincuencia organizada y el narcotráfico, violando derechos humanos fundamentales y garantías humanas básicas. La seguridad es un tema que nos fue importado de los Estados Unidos y tiene por objeto la seguridad del Estado refuncionalizado, a favor de los intereses y poderes fácticos.

Es un lugar común que la lucha contra la delincuencia organizada no ha dado los frutos ansiados, por el contrario, ha tenido retrocesos por no abarcar todos los frentes en que se da. Se debe asumir como política de Estado. El narcotráfico y la delincuencia organizada están interrelacionados –en 21 delitos que han penetrado.  Este debate se debe abordar desde varios ámbitos: acción del estado sin importar condición económica y representatividad política; investigación y penalización del lavado de dinero y circuitos económicos; políticas públicas, y; participación efectiva de la ciudadanía.

La lucha contra el narcotráfico que ha llevado a cabo el gobierno federal no se ajusta a la resolución de la suprema corte de justicia respecto a la participación de las fuerzas armadas, lo cual es inconstitucional.

En este sentido, la propuesta para desaparecer las policías municipales y crear policías únicas en cada Estado, desnaturaliza al Federalismo mexicano, cuya estructura principal para combatir el centralismo es el Municipio Libre. Dice la exposición de motivos de la reforma al Artículo 115 Constitucional de 1999: “La índole social y natural del municipio como unidad política, administrativa y territorial, de nuestra vida nacional (…)”. Y sigue: “(…) devolviéndole al municipio la función principal del gobierno directo de la comunidad básica, en virtud de que éste es una comunidad social que posee territorio y capacidad política, jurídica y administrativa (…)” (resaltados nuestros).

Las fracciones II y III del Artículo 115 otorgan a los municipios personalidad jurídica propia, facultades para manejar su patrimonio, expedir los bandos de policía, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas, y para tener bajo su cargo las funciones y servicios públicos en los términos del Artículo 21 Constitucional. Los “servicios públicos” incluyen a la Seguridad Pública, que es además un Derecho Humano. El primer contacto del Estado con los ciudadanos es el Ayuntamiento, y el primer contacto del Ayuntamiento con las comunidades es la policía municipal, cuyos integrantes surgen de la misma. Son los Ayuntamientos los que mejor pueden establecer la comunicación comunitaria y proyectar las acciones sociales, de infraestructura, de producción y de servicios requeridas para la reconstrucción del tejido social.

Por ello, la propuesta de la Policía Única atenta contra el Municipio Libre; es regresiva, pragmática y reactiva; responde a una visión punitiva más que de desarrollo económico, social y comunitario. Reproduce las decisiones erróneas del régimen en el combate al crimen. No va al fondo del conflicto generado por el modelo neoliberal, que es el retiro gradual del Estado de sus responsabilidades para satisfacer los derechos económicos y sociales, dejando esas funciones a un mercado lucrativo y voraz. Al privatizarse estos derechos, los espacios públicos abandonados por el Estado son invadidos por la delincuencia al encontrar en las comunidades en descomposición y en los jóvenes sin futuro, el caldo de cultivo ideal.

El narco ha penetrado las comunidades rurales y urbanas porque ofrece trabajo e ingreso, por supuesto ilegales, que el Estado es incapaz de generar. Paralelamente, irrumpe haciéndose de una base social, rompe la unidad e identidad comunitaria y familiar, promueve la cultura de la violencia, abona a la pérdida de los valores y principios democráticos y trastoca la identidad cultural. Pero la delincuencia organizada no actúa sola, ha penetrado también la estructura del poder político y económico, promoviendo la corrupción, la complicidad y la simulación, que no se combaten con policías estatales.

La centralización no es un antídoto contra la corrupción policial, que además no es la más letal aunque sí la más visible. El pasar de un régimen policiaco municipal a uno estatal no cambia esencialmente las cosas, porque la corrupción y la impunidad son más graves en los altos niveles de gobierno y en los grandes negocios, aún a costa del erario público.

El Estado no construye ciudadanía democrática y participativa; no da voz ni escucha al ciudadano y sus demandas, y el voto es alienado. Impone sus políticas punitivas y de fuerza, una gradual y peligrosa militarización de la vida civil y avanza en la suspensión de las garantías con apoyo popular, basado en la desinformación y en una política mediática del miedo como mecanismo de control y aval social.

El Estado podría promover el empleo remunerado, reorientar y reactivar las economías locales y el mercado interno, masificar el deporte, las artes y la cultura; promover la escuela de tiempo completo, el hábito de la lectura, la tolerancia y la paz. En su lugar, el gobierno propone una iniciativa más como la que ha demostrado su fracaso.

En este contexto, no es el negocio de la droga el que fomenta a la delincuencia organizada mexicana ya que los grupos criminales transnacionales mexicanos se dedican a 22 tipos de delitos organizados, en donde las drogas es solo uno de ellos.  Aún si los países ricos de Europa y de América del Norte no consumiesen drogas exportadas por los grupos criminales mexicanos, la delincuencia organizada continuaría capturando al Estado Mexicano con el fin de continuar asegurándose los mercados ligados a 21 tipos de delitos organizados no ligados a drogas, como por ejemplo contrabando, piratería, pornografía infantil, fraude electrónico, tráfico de armas, trata/tráfico de seres humanos extorsión, secuestros, etc.

En este contexto, las únicas alternativas para enfrentar a la delincuencia organizada son cuatro:

1.- Atacar a la corrupción política de lleno y sin shows.

2.- Incorporar a las agencias de inteligencia financiera y operativas a contribuir al flujo de material probatorio necesario para que, en un estado de derecho, los fiscales y jueces acusen y procesen a organizaciones criminales y entidades morales vinculadas a políticos;

3.- Establecer un programa nacional de desmantelamiento patrimonial en donde el SAT (Secretaria de Hacienda) trabaje mano a mano con unidades de investigación patrimonial y fiscales especializados para que comiencen coordinadamente a decomisar a las entidades morales que actúan como puentes entre la delincuencia organizada y los políticos para el financiamiento de campañas y precampañas; y

4.- Establecer una red nacional de asociaciones civiles que comiencen a prevenir a la delincuencia organizada a través de un programa de acciones operativas y concretas que eliminen a los factores de riesgo educativo, laboral, de salud, y de infraestructura social.

Sin embargo, el motor de estos cuatro ejes se constituye siempre en un nuevo pacto social que delinee un nuevo modelo de gobernabilidad política para terminar con el vacío institucional que ha permitido que grupos delincuenciales capturen a la sociedad y al estado de Morelos y del país.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C. cidhmorelos@gmail.com

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