BOLETIN DE PRENSA

Libertad de expresión bajo ataque pone en riesgo derechos democráticos.

En los últimos años, México ha sido señalado como uno de los países
más peligrosos para el ejercicio de la libertad de expresión y esto se
debe a la falta de garantías para ejercer dicha labor. En los últimos
ocho años se han registrado asesinatos, desapariciones, y una gran
cantidad de hostigamiento y amenazas a periodistas, comunicadores,
comunicadoras y a medios de comunicación, al igual que a personal
administrativo de los mismos. Esto ha sido motivo de preocupación por
parte de diferentes instancias de derechos humanos y organizaciones
tanto nacionales como internacionales defensoras y promotoras del
derecho a la libertad de expresión.
De enero a marzo, el número de agresiones registradas fue de 69 de las
cuales 52 están concentradas en 8 estados del país. A saber, Oaxaca y
Veracruz con 11, respectivamente, Baja California Norte con 8,
Distrito Federal con 5 al igual que Tamaulipas, mientras que Chiapas,
Michoacán y Puebla registraron 4. Es necesario mencionar que de las 69
agresiones registradas hasta el momento, 3 son asesinatos, 2 de ellos
ocurridos en Guerrero y el restante en Veracruz. De las otras 66
agresiones, 45 fueron físicas/materiales, 9 intimidaciones/presión, 7
detenciones arbitrarias y 5 amenazas, dos de ellas de muerte.
En Morelos se han denunciado una serie de agresiones en contra de
mujeres y hombres reporteros, camarógrafos, fotógrafos, sobre todo
cuando cubren situaciones de conflicto social y político, siendo
agredidos verbal y físicamente por policías, elementos del Ejército o
personal de seguridad pública. En ocasiones también han sido
insultados por participantes en manifestaciones. Presiones para no
publicar opiniones contrarias al gobierno, amenazas con ser despedidos
o despidos encubiertos como represalia por mantener una información
veraz y objetiva, se han presentado en diversos medios de
comunicación, vulnerando los derechos humanos y laborales de las y los
trabajadores de la comunicación y violando a la vez el derecho de la
sociedad a escuchar la pluralidad de puntos de vista, sobre todo los
que resienten las políticas autoritarias y represivas del gobierno.

Defender la libertad de expresión en la práctica, conlleva riesgos
laborales y profesionales, además de significar un desafío al
compromiso, a la conciencia y a la calidad ética en el desempeño de
esta tarea social. Los cínicos no sirven para este oficio, escribió
uno de los grandes periodistas recién fallecido, pero combatir el
cinismo requiere asumir el compromiso de defender la libertad de
expresión aunque no sea del agrado del poder

La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C., tuvo
conocimiento de un correo electrónico enviado el 19 de abril de 2010,
en donde se vierten amenazas de muerte en contra de 27 periodistas del
Estado de Morelos.

Una vez que hemos consultado con varios de los trabajadores y
trabajadoras de varios medios de comunicación mencionados en el
escrito anónimo, nos han manifestado estar de acuerdo en enviar esta
información a las instancias nacionales e internacionales defensoras
de la libertad de expresión, ya que si bien el mencionado escrito
mezcla deliberadamente acusaciones dolosas y sin fundamento con
amenazas de muerte, estas se dan en un contexto de amenazas e
intimidaciones mediante mensajes anónimos que han creado un clima de
temor generalizado que ha llegado a acatar un toque de queda oficioso
decretado supuestamente por un grupo de narcotraficantes (el Cartel
del Pacifico Sur) en el mas completo abandono de responsabilidades
legales por parte del Gobierno del Estado quien, sin embargo, ha
avanzado en el proceso de militarización de la ciudad y la zona
conurbada.
Hay que mencionar que algunos de los periodistas no están desempeñando
actualmente una labor cotidiana en los medios, llegando al extremo del
caso de una destacada periodista (Linda Fabiola Escobar) que murió por
una enfermedad en el año 2008. Las amenazas han continuado e
incrementado en contra de Angelina Albarran, por lo que el caso ha
sido asumido por diversas instancias defensoras de periodistas.
Consideramos que es obligación del Estado Mexicano cumplir con los
instrumentos nacionales e internacionales que garanticen la libertad
de expresión y el libre ejercicio de la actividad periodística, por lo
que, aun cuando carezca de veracidad dicho comunicado, se deben tomar
las medidas pertinentes para impedir que esta amenaza pueda tener
algún viso de realidad.
En especifico, el Articulo 19 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos establece: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de
opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a
causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y
opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por
cualquier medio de expresión”.
En consonancia, el Art. 6o  de la Constitución Política de los
Estados Unidos mexicanos dice: “La manifestación de las ideas no será
objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el
caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún
delito, o perturbe el orden público; el derecho a la información será
garantizado por el Estado.”

Por lo anterior, solicitamos adoptar las medidas cautelares
correspondientes y las previsiones del caso por parte de las
autoridades estatales y federales para proteger la libertad de
expresión y para evitar que se materialicen dichas amenazas en contra
de periodistas morelenses.
Sobre el correo electrónico enviado a 27 periodistas, tenemos algunos
elementos que nos permiten concluir que se trata de una campaña de
intimidación, agresión psicologica en contra de algunas y algunos
periodistas, aun cuando sea a partir de una broma de mal gusto o de
alguien que quiere aprovechar la situación para generar inquietud o
angustia.

Hemos revisado la situación en otras partes del país (ver Proceso del
11 de abril 2010) y tiene prácticamente los mismos elementos de lo que
ocurre en Morelos: correos electrónicos anónimos decretando toque de
queda, cierre de establecimientos, miedo generalizado, caravanas de
vehículos de uno y otro cartel, amenazas a periodistas, silencio de
los medios masivos de comunicación, complicidad de policías con
delincuentes, gobierno infiltrado, militarización, por señalar algunos
de ellos.
Hemos señalado recientemente sobre esta campaña: que el miedo no nos paralice!
Sin embargo, entendemos que este asunto no se trata de algo meramente
individual, sino colectivo, como sociedad, si somos capaces de
reaccionar solidariamente y no permitir que inclusive las “bromas”
sean en función de amenazas de asesinatos de la peor especie.
Además de Cencos, también se han comunicado de la Asociación Civil
Articulo 19 y del Comité para la Protección de Periodistas (con sede
en Nueva York y representación en el DF) para dar seguimiento a este
caso.

PERIODISTAS ASESINADOS Y DESAPARECIDO EN MORELOS:

CAMPOS MORENO, ALEJANDRO Medio de Comunicación: DIARIO DE MORELOS
Muerto en 1991.Reportero del Diario de Morelos, México

DORANTES, JORGE MARTÍN. medio de comunicación: EL CRUCERO. Muerto en
1994. El 6 de junio le dispararon unos asaltantes no identificados en
Cuernavaca. Dirigía un semanario y era crítico con los funcionarios
del gobierno local.

PERALTA TORRES, ENRIQUE medio de comunicación: LA UNIÓN DE MORELOS.
Muerto en 1994. El 6 de julio murió en Cuernavaca de múltiples heridas
de bala. Era reportero.

ROJAS, JOSÉ LUIS medio de comunicación: LA UNIÓN DE MORELOS. Muerto en
1994. El 12 de julio fue hallado estrangulado y golpeado cerca de
Chamilpa, al sur de la Ciudad de México. Su cuerpo fue envuelto con
una sábana y bolsas de plástico. Tenía 46 años, era director de su
periódico de Cuernavaca y un crítico tenaz de los miembros del
gobierno estatal.

ALFREDO IBARRA BOBADILLA, decano del periodismo morelense, permanece
desaparecido hasta la fecha desde hace ya casi 20 años.

AGRESIONES A PERIODISTAS:

Diversos periodistas de Morelos han sufrido agresiones verbales o
físicas durante operativos policíacos y militares, en el desempeño de
su trabajo. En el caso de la agresión verbal con amenazas del General
en retiro Manuel Farfán, Secretario de Seguridad Publica del
Ayuntamiento de Cuernavaca, en contra del reportero Guillermo Hinojosa
del noticiero de radio Línea Caliente, desató una fuerte denuncia de
esta clase de abusos cometidos por este militar que pretendió acallar
cualquier voz critica a las acciones autoritarias y abusos de poder,
pero aún cuando este fue destituido de su cargo y existe una serie de
denuncias ante la PGJ ninguna de ellas ha concluido en una sanción
penal contra el militar.
Eolo Pacheco Rodríguez, director del diario El Regional del Sur y
titular del programa MVS Noticias, fue privado de su libertad y
agredido por dos desconocidos. En tanto, la procuraduría estatal
estableció que además de la agresión, el comunicador padeció robo y
despojo.

Efectivos de la Policía de Cuernavaca golpearon y privaron de su
libertad a los periodistas Oscar López y Ariel Ramírez Arrieta, de la
revista cultural “El perro azul”. López terminó con lesiones en las
costillas, brazos, piernas, espalda y manos.

También el periodista Helios Magaña Vázquez, camarógrafo del noticiero
Radio Fórmula, recibió a corta distancia el disparo de un petardo de
gas lacrimógeno que le impactó y estalló en el abdomen, por lo que
tuvo que ser atendido en un hospital, debido a las lesiones
provocadas. el 27 de mayo 2010.

MILITARES VS PERIODISTAS
Temixco, Morelos. Un grupo de militares que realizaban operativos y
cateos en el Fraccionamiento Burgos de este Municipio retuvieron
momentáneamente a periodistas y les ordenaron borrar fotografías y
videos de los soldados. Alrededor de las 11:45 horas periodistas
tuvieron un reporte de que en el Fraccionamiento Burgos, ubicado a un
costado de la autopista Cuernavaca-Acapulco, soldados habían asegurado
dos residencias de la Calle Capri. Cerca de esa vialidad un grupo de
aproximadamente 30 soldados, que viajaba a bordo de un camión de
transporte de tropas militar y una patrulla de la Policía municipal de
Temixco, se retiraba del lugar con dirección a la entrada del
Fraccionamiento. Reporteros (de Grupo REFORMA y Notimex, primero)
realizaron un recorrido para ubicar las dos viviendas aseguradas, sin
embargo no las encontraron. Luego los periodistas se dirigieron a la
salida del Fraccionamiento con el fin de tomar la autopista y regresar
a Cuernavaca. Frente a una tienda Oxxo se encontraban los militares
tomando bebidas, ahí los periodistas, dentro de los automóviles,
tomaron fotografías de registro del convoy. Al pasar junto al camión
militar de transporte de tropas uno de los soldados gritó “ése es, ése
es”. Antes de llegar a la intersección de la Autopista los reporteros
de REFORMA y Notimex se encontraron con colegas de medios nacionales y
locales que viajaban a bordo de un automóvil de Cablenoticias de
Morelos, balizado con la leyenda “Prensa” y con el nombre de la
empresa. Sin tomar aún la Cuernavaca-Acapulco los reporteros se
orillaron para comentar sobre el operativo. En ese momento una
camioneta de la Policía local, en la que viajaban militares y policías
preventivos municipales frenó intempestivamente juntó al automóvil del
reportero de REFORMA y cortando cartuchos y apuntando hacia el
vehículo particular los soldados ordenaron que sus ocupantes
descendieran de él. Los elementos de las fuerzas federales ordenaron
la identificación de los reporteros y cuestionaron el trabajo
informativo al momento en que ordenaban la eliminación de las
fotografías en las que aparecían los soldados. En ese momento el
vehículo de Cablenoticias de Morelos se estacionó frente a la patrulla
y los reporteros gráficos comenzaron a videograbar y tomar fotografías
del diálogo entre militares y reporteros de Reforma y Notimex. Los
soldados les ordenaron bajar y apagar sus cámaras. Luego inició una
discusión con el comandante de los militares quien cuestionaba el fin
de las fotografías tomadas. “¿Cómo sé que no son para la mafia o con
qué fin van a ocupar esas fotografías? ¿Nosotros venimos de Ciudad
Juárez y allá han levantado a muchos de nuestros compañeros por las
fotografías de los periodistas que están involucrados”, dijo el
comandante del grupo. Ante las explicaciones y argumentos de los
reporteros sobre la libertad de expresión el soldado que dirigía el
operativo dijo que ya no se borraran las fotos, pero pidió los nombres
e identificaciones de los periodistas a quienes luego amago con
fotografiar. “Entonces les voy a tomar fotografías y a sus vehículos y
si le pasa algo a uno de mis elementos voy contra ustedes”, expresó.
En medio de la discusión los militares ordenaron a los periodistas
retirarse del lugar sin aparentemente fotografiarlos. Al terminar el
incidente el grupo de periodistas se retiró y se introdujo en el
Fraccionamiento para ubicar las dos viviendas aseguradas.
4 de mayo 2010. En el Vergel, durante el levantamiento del cadáver de
la mujer policía, elementos de la Policía Metropolitana agredieron
verbal y físicamente despojando de su cámara fotográfica al reportero
José Luis Rojas del diario de Morelos.
Los pueblos indígenas tienen derecho a contar con sus propios medios
de comunicación.
En junio del 2007, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al
pronunciarse en torno a la denominada “Ley Televisa”, comentó que el
legislativo tiene adeudos pendientes con los pueblos indígenas, en el
sentido de que éstos carecen de condiciones normativas para fundar y
administrar sus propios medios de comunicación. El 14 de junio del
mismo año, las Comisiones de Asuntos Indígenas, Radio Televisión y
Cinematografía, así como la de Cultura de la LX Legislatura del
congreso de la Unión, coincidieron en que la “declaratoria de
inconstitucionalidad de varios de los artículos de la Ley de Radio
Televisión y de Telecomunicaciones, abre las puertas al debate y
compromete a los legisladores para formular reformas con el fin de que
la legislación de medios de comunicación atienda principios de
democracia y equidad”. De esta manera, promovieron el primero y
segundo Congreso Nacional de Comunicación Indígena (CNCI). El CNCI,
planteó  entre otras cosas al H. Congreso de La Unión, el
reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas a la
comunicación e información. De manera concreta, frenar el
desmantelamiento de las radios indígenas y la agresión a los
periodistas.  También que en la nueva enmienda de reforma a la ley de
radio y televisión, se incluya el apartado especifico para pueblos
indígenas. En este marco, se pidió  a la Cámara de Diputados, que el 1
por ciento del presupuesto de Comunicación Social de la presidencia de
la República, se destine para el fortalecimiento y apoyo a las
iniciativas de comunicación indígena. De igual manera que el 30 por
ciento del espacio radioeléctrico, se reserve para los pueblos
indígenas. En ambos congresos, se reafirmó el importante papel de los
medios indígenas en el fortalecimiento del intercambio informativo
entre los pueblos que representa un contrapeso importante ante la
falta de información y la falsa imagen pública sobre lo que ocurre en
las zonas indígenas. La comunicación indígena es el ejercicio de un
derecho entre los pueblos el cual no ha sido reconocido plenamente por
el Estado Mexicano, pero que día a día se fortalece y se constituye en
una demanda central de la población originaria.
Atentamente,
Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

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