Archivo mensual: agosto 2010

Las calles son de quienes las trabajan.

Marco Aurelio Palma Apodaca

Y las calles se inundaron de miles de pasos. Sin temor de exigir sus derechos, una veintena de sindicatos y organizaciones civiles y sociales demostraron el primero de mayo de 2010 en Cuernavaca que las calles son de quienes las trabajan. El 8 de mayo nuevamente se marchó, contra la inseguridad y la militarización. El próximo 15 de mayo el Movimiento Magisterial de Bases saldrá a las calles en defensa de la educación. El 17 de mayo la marcha será contra la discriminación y la homofobia. Las calles hablan. Y dicen más para la ciudadanía que para los gobernantes. El derecho democrático a la manifestación, libertad de expresión, derecho de petición, libertad de circular por las calles sin ser molestados por retenes militares y sin temor de morir por “balas perdidas”, se gana luchando contra el autoritarismo represivo del gobierno, condenado recientemente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que señala el fracaso de las políticas represivas y demanda al gobierno mexicano una política de seguridad ciudadana con derechos humanos. Sigue leyendo

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UNA NUEVA LEY LABORAL QUE NO ELIMINE LAS CONQUISTAS DE LOS TRABAJADORES Y LAS TRABAJADORAS.

Marco Aurelio Palma Apodaca

A principios de la década de los ochenta el gobierno en turno improvisaba en sus distintas áreas y sectores el llamado sistema “neoliberal”, que si bien en un principio caminaba en forma débil, sus prácticas continúan vulnerando la Constitución Federal, desmantelando paulatinamente su carácter social, el mismo fenómeno ocurre con sus leyes secundarias y los distintos Tratados y Convenios Internacionales que ha ratificado. Un rasgo de esta política económica es el proceso de privatización de empresas públicas, hasta el extremo de querer extinguirlas tal como es el reciente caso de la compañía de “Luz y Fuerza del Centro”. Otra variante es la imposición de múltiples métodos de trabajos inhumanos en aras de las ganancias y que tienen que ver con la “flexibilización” de las normas jurídico laborales, es decir la disminución en la práctica de las conquistas de la clase trabajadora expresadas en los diversos instrumentos legales. Hoy en día la palabra “Trabajo” para el gobierno en turno tiene una connotación solo mercantil y no de tipo social, y sin reconocer mucho menos que se trata de un derecho humano, tal como lo refleja la actual propuesta del Partido Acción Nacional de reformar cientos de artículos pertenecientes a la Ley Federal del Trabajo. Habría que recordar que a lo largo de estos últimos dieciocho años hemos tenido cuatro intentos de modificación a la ley laboral; la primera fue en 1989 en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari que proponía tres aspectos básicos; a). Debilitar la estabilidad en el empleo, b). Establecer el salario por hora y c). Restringir diversos derechos sindicales. Al final dicha contrarreforma no se pudo concretar, pero lamentablemente se establecieron “Convenios de Productividad” obligatorios como vía para reducir el salario contractual con el llamado “salario de productividad”, al que no se le integran prestaciones, ni las pensiones o jubilaciones. En 1998 la propuesta de Zedillo, no convenció a nadie y aborto sin pena ni gloria. En el 2001 la tan sonada “Ley Abascal” (que podemos decir que era casi igual a la del PRI),  promovida hasta el cansancio en los cuatro años que se mantuvo en función como Secretario del Trabajo y Previsión Social, Carlos Abascal Carranza; y que dicha iniciativa atacaba otra vez y estratégicamente el derecho a la “estabilidad en el empleo” a partir de la idea patronal de establecer contratos eventuales, cuya consecuencia seria reducir derechos sindicales afectando indirectamente además el valor del salario.  Si bien en el periodo del PRI se abrieron consultas publicas con empresarios, sindicatos, partidos políticos, académicos, etc., en los tiempos de Fox ya no se realizaron, en cambio si hubo negociaciones y nuevamente acuerdos entre ellos el de la UNT-PRD, con los llamados “20 compromisos por la libertad sindical”, pero que lamentablemente la situación no mejoro, pues en la vía de los hechos persiste el desmantelamiento a la Constitución y a la Ley Federal del trabajo en vigor, existiendo un apoyo tácito a los patrones que utilizan a su favor; el empleo eventual, el salario por hora, el servicio de rentadores de trabajo, el “intermediarismo” en las relaciones laborales, ahorrando costos y evadiendo responsabilidades de tipo legal incluso a la vista de las autoridades ¿acaso no representa impunidad institucional?.

Pensamos que la referida contrarreforma hoy representa el mayor cumulo de aspiraciones patronales, por mencionar solo algunos artículos en forma especifica los 15 y 15 A, de la “Ley Lozano” que intentan formalizar ahora la subcontratación y la renta de trabajo humano, que no es otra cosa mas que legalizar el “Outsourcing” cuyos beneficios para el patrón son el reducir sus costos, tratando al trabajador o trabajadora como una mercancía. Otra aberrante novedad del articulo 28-A, B, que es el deseo de que existan “agencias colocadoras” cuyo fin sea exportar personas, ósea enviar mano de obra barata mexicana al extranjero, con la  implementación de contratos por tiempo determinado con empresas o entidades privadas establecidas en los distintos países, convirtiéndose el gobierno en gran expulsor, incumpliendo su obligación constitucional de crear empleos. Con el articulo 39 a, b, c, d y f, se legalizarían ya los contratos eventuales, es decir; a prueba, temporales y de capacitación hasta por 30, 90 y 180 días estos últimos en caso de empleados de confianza, técnicos o profesionistas, además de que en caso de terminación de las relaciones laborales ya no habría ninguna responsabilidad para el patrón, rompiendo con ello el todavía principio básico de “estabilidad en el empleo”. Así mismo se quiere cambiar el dispositivo 47 y en consecuencia se introduciría dos nuevas causales de despido; una es que el empleado podrá ser despedido en caso de realizar actos consistentes en falta de probidad o violencia en contra incluso de la “la clientela del patrón”, y la otra consistiría en que en caso de que el trabajador o trabajadora no contara con todos sus documentos en regla ameritaría de forma inmediata  “un justificado despido” sin responsabilidad para la parte patronal, otra causal (la fracción XVI –BIS) que pretende establecer que el aviso por escrito al empleado o empleada en la cuestión de la rescisión de su contrato, ya no sería obligatorio sino que se puede informar por cualquier otro medio, por lo que pensamos que sienta las bases para facilitar cualquier despido, vulnerando de manera obvia el derecho a la seguridad del empleo y la permanencia en el mismo. Otro de los cambios seria en el numeral 48 y que de manera sustancial consistiría en que en caso de muerte del trabajador o trabajadora en el juicio automáticamente se dejarían de computarse los salarios caídos. Además se quiere modificar el artículo 784 bajo la idea de eliminar cargas probatorias al empleador como en caso de que si el patrón llegara a extraviar los documentos del empleado, tendrá el beneficio procesal de acudir a otros tipos de medios. Otros artículos que se intentan cambiar son el; 387, 388, 395, 459 y 899, relativos a la contratación colectiva y libertad sindical, en donde dicha iniciativa de reforma laboral solo hace más que colocar mayores  obstáculos a estos derechos gremiales haciendo casi imposible el registro formal de un sindicato independiente y/o el estallar una huelga aumentando indiscriminadamente el numero de requisitos legales para ello. De lo anterior podemos decir que en las recientes y numerosas marchas del simbólico 1º de mayo realizadas en todo el país, broto el descontento general de la clase trabajadora por dicha iniciativa elaborada en el seno de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, y en este mismo sentido sectores solidarios promovemos su rechazo. El repudio a la llamada “Ley Lozano” es total, e incluso gran parte de los miembros del sindicalismo corporativo (Congreso del Trabajo, CTM, CROC, etc.), por ahora también la desaíran. Por lo que decimos en sí, que su contenido solo persigue garantizar la “mano de obra barata”, reivindicando con ello su sentido mercantil, sin importar que dichas medidas tiendan a originar y promover la explotación de hombres, mujeres, menores y ancianos que lo único que se les ofrece son fuentes de empleos precarias con bajos salarios y en la mayoría de los casos sin seguridad social, la actual política de los empresarios y del gobierno en turno de la que no existe notable diferencia, apuntan al hecho de eliminar todo lo que signifique “conquistas laborales”.

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Historias de vida en el campamento del SME

José Martínez Cruz/ CIDHM

Cuando una veintena de trabajadores del SME estaban sentados resistiendo el embate de la Policia Federal Preventiva en la
subestación Teopanzolco, estos arrojaron gases lacrimógenos y con los escudos golpearon y los patearon en el suelo, jalando con lujo de violencia a nuestro compañero Roberto Mendoza Delgado, coordinador jurídico de la CIDHM, a quien atacaron con particular saña a pesar de estar claramente identificado como defensor de derechos humanos.
Decenas de heridos, un compañero atropellado y un centenar de vehículos sacados ilegalmente, fue el saldo de una estrategia
represiva del gobierno donde utiliza a la PFP con el apoyo de los militares y policías estatales, en una lógica autoritaria y
dictatorial creciente. A pesar de todo, la resistencia se mantiene y los ejemplos de vida y lucha están presentes.
“De un día a otro tu trabajo desaparece, se altera tu forma de vida, se va por la borda lo que has construido” dice Benjamín Toledo
Salazar, tesorero del SME en Cuernavaca al iniciar su ayuno solidario de 24 horas en el zócalo de Cuernavaca. Al referirse al Decreto de liquidación de Luz y Fuerza. “Fue impactante saber que la PFP estaba tomando las instalaciones de la subestación Teopanzolco. Nuestra reacción fue inmediata, nos reunimos e iniciamos la protesta, hasta la fecha” nos dice cuando se llevaban 170 días y noches de resistencia.
Ahora, al recibir las balas de goma y de gases lacrimógenos en plena cara, Benjamín muestra los ojos enrojecidos y trata de auxiliar a aquellos obreros que son arrastrados y pateados con salvajismo por elementos de la PFP. No ha sido fácil sostener la lucha, nos recuerda Benjamín, quien, hace 20 años entró a trabajar en la compañía de luz y fuerza del centro en el campamento ubicado a un costado del río y el santuario de Chalma, para hacer cepas de postes, auxiliando a los linieros para tender el cableado primero y después, ya en Cuernavaca, checando tarjetas, formatos, pagos de nóminas, ayudando al pagador, siendo 4 años sub secretario de educación y propaganda y luego 3 años en Economía y Estadística.
Trabajo, democracia y solidaridad, son las líneas estratégicas que el SME defiende desde 1914, se escucha en el sonido del plantón en voz de un trabajador jubilado, después de escuchar “La Internacional” y el himno del SME, los 10 ayunantes solidarios se refrescan con electrolitos orales ante el intenso calor del zócalo, mientras 82 trabajadores y 10 trabajadoras electricistas sostienen la huelga de hambre en el zócalo de la ciudad de México.
Escuchamos mensajes solidarios y también la noticia de la muerte del papá de la trabajadora Patricia Franco, jubilado que se desempeñó en labores de alto riesgo sabiendo que su trabajo era un compromiso social. “Duele la muerte ajena, porque la propia es inasible. Vivió luchando, conciente de que su paso por el mundo seria al lado de su pueblo” comentamos a la familia electricista, y ahí está el poema que el jubilado Carlos Ortiz dedicara a quienes son capaces de trabajar en condiciones de riesgo sin que los dueños del dinero y del poder valoren como seres humanos sino como fuente de explotación.
“Nuestra hambre es de justicia, no de limosnas”, escuchan los estudiantes del Conalep que pasan por el campamento y depositan unas monedas en el bote, saludan con una sonrisa en los ojos al leer la manta de la CIDHM que dice: “Nada humano me es ajeno”.
Miguel Bonilla experimenta un ligero trastorno cuando consume miel y se levanta de su catre cuando llegan los periodistas a entrevistar.
Entró a laborar a Luz y Fuerza en agosto de 2007 luego de esperar 18 años haciendo solicitud, ya que toda su familia es electricista: “soy sindicalista de hueso colorado, que el asalariado tenga una mejor vida, es injusto lo que hace el gobierno con sueldos de lujo, cuando el salario es miserable y el que se chinga es el obrero”.
Ismael trabajó 13 años en el área de la sub-gerencia comercial y estaba en contacto con los ingenieros para ver las cuestiones técnicas del suministro de energía: “la vida del sindicato es democrática y justa, nos da la oportunidad de defendernos dentro y fuera. El beneficio ha sido colectivo, para tener una vejez digna por el trabajo realizado. Soy smeista de corazón”, nos dice, mientras se escucha la música de Oscar Chávez y los Leones de la Sierra del Xichú que se transmite desde RadioSME. Mientras Miguel Angel Hernández se sienta ante la mesa donde revolotean las abejas que liban la miel de los ayunantes, recuerda que su trabajo era vigilar el acceso de material en las subestaciones: “me gusta llegar a tiempo. Salía de mi casa a las 4 de la mañana cuando trabajaba en Belem de las Flores. Soy sindicalista al igual que mi abuelo y papá jubilados. Cuando cerraron Luz y Fuerza apenas me había casado y ya viene en camino el primer hijo, lo que nos hace felices a pesar de las circunstancias, por eso seguiré en lucha por el respeto a nuestro derecho al trabajo, en pie de lucha hasta las últimas consecuencias” Sandi, hija de Julieta Tapia, no es aún trabajadora del SME, pero como si lo fuera, porque su mamá se encargaba del área de limpieza en la sucursal La Selva desde hace 7 años, por lo que ella hace guardia con su mamá, quien sufrió un accidente durante la marcha del Primero de Mayo: “Le entré al ayuno solidario porque el gobierno debe saber que el SME no está solo ni derrotado. Nos hemos fletado mucho. Nos merecemos ganar. Hay que estar al pie del cañón. Hasta el fin” dice mientras sonrie con frescura. “Ella sonrie y lucha/ ella resiste/ ella tiene una mirada cargada de futuro”.
El encargado de Radiosme, Rafael Díaz Pita, tiene la experiencia de transmitir a través de Radioamlo un programa llamado “Resistencia eléctrica Cuernavaca” y ha editado varios programas. Trabajaba en mantenimiento mecánico, recorriendo el escalafón desde peón y ayudante: “he aprendido que nada es para siempre, hay que luchar por lo que uno siente y no rendirse a la primera. Mi educación se debe al sindicato haciendo realidad el lema por el derecho y la justicia del trabajador. Me gusta marchar, salir a las calles a protestar, a exigir nuestros derechos. He notado un cambio favorable en la gente que antes hasta nos insultaba y ahora nos apoya. Nos asiste la razón, ya basta de que el gobierno quiera vender el país, vamos a seguir en la lucha social por un México mejor”.
Por su parte, Emilio Martínez Bahena, trabajaba en el deportivo de Texcaltepec en Ocotepec como socio comisionado en el mantenimiento del jardín y es familia electricista: “Me gusta pintar mantas y toda la vida sindical que nos permitia tener planta, un futuro asegurado, el golpe fue muy fuerte para mi esposa y mi hija. Me sostengo con el apoyo de mi familia porque 7 meses sin salario ya estamos endeudados y se resiente, pero lograremos el triunfo”.
Omar  Santillán López, trabajador de Agencias Foráneas por 11 años y 4 meses, lecturista, tiene buenos recuerdos de su relación con los usuarios a quienes hacia las aclaraciones de su consumo de energía eléctrica: “Fue un área difícil pero interesante porque tengo la convicción de que a ellos, los usuarios, nos debemos.” Sobrevive con el apoyo de su familia y lo que más le duele es la situación de Daniela Naomi, Yoshua y Atzel, sus hijas e hijo que han resentido las consecuencias económicas por la falta de salario. “No me han presionado para que acepte la liquidación, siento el respaldo para seguir luchando incluso de mi mamá María de Lourdes, la primera socia comisionada en ser jubilada en la División Cuernavaca, siempre muy positiva para luchar al igual que mi papá jubilado”.
Uno de los jubilados con más conocimiento de la historia del SME, de sus procedimientos electorales internos, de su contrato, es Felipe Guadarrama Baheza, quien asegura: “me motiva mi aprendizaje en este sindicato, la lucha, la democracia, la injusticia de este gobierno que metió un pie en el sindicato para desconocer a Martín Esparza, cuando él ganó las elecciones internas, lo se de primera mano porque fui escrutador. Se contaron cerca de 2 millones de papeletas, 44 mil votos por 13 carteras, se contaron y recontaron a la luz de todos. No hay manera de decir que hubo fraude. Ahora hay inseguridad hasta de seguir cobrando las pensiones vitalicias, cuando la materia de trabajo, a la hora de encender un foco, está ahí presente”.
Y si, nos hemos sumado al ayuno y al apoyo en la defensa de los derechos laborales del SME, porque es la cusa de la clase trabajadora en México y el mundo, contra la privatización de la industria  eléctrica, por el derecho a un empleo digno y una contratación colectiva, la sindicalización democrática e independiente, contra la explotación y porque la conciencia organizada es la que permitirá construir las utopías concretas de otro mundo posible, es decir, fraterno, justo, socialista en una palabra.

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HUELGA DE HAMBRE, REPRESION, PERSECUCION AL SME

Roberto Mendoza Delgado y Josè Martinez Cruz /CIDHM
 
Nuestra solidaridad con el compañero Cuauhtemoc y un reconocimiento por todos los 34 dias que permaneció en huelga de hambre junto a los demas compañeros y compañeras del SME. Sabemos que significa un compromiso de clase con la lucha de uno de los sindicatos historicos y mas combativos de nuestro país. Hoy se requiere fortalecer la lucha del SME, acompañando el campamento instalado en las instalaciones sindicales en la colonia Amatitlán, Cuernavaca.Adelante Cuauhtemoc!La lucha continua!Viva el SME! Son ellos o somos nosotros!
Conocemos la lucha del SME desde hace muchos años. Tenemos familiares que han trabajado durante toda su vida en la introducciòn de las lìneas de energia. No somos neutrales en esta lucha. Nos ponemos sin duda alguna del lado de la clase trabajadora. El gobierno ilegítimo de Felipe Calderón, desde su fraudulenta llegada a la presidencia, ha implantado una política que refleja y representa los intereses del gran capital. Así, para preservar el negocio del triple play, desaparece la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, llevando a cabo una brutal agresión contra el SME, de esta manera pretende eliminar a una organización que ha estado en la primera línea de combate frente a la política privatizadora de este gobierno usurpador.

Frente a esta acción anticonstitucional y al margen de toda legalidad, la solidaridad con el SME se desarrolló, pasando por la Constitución de la Asamblea Nacional de la Resistencia Popular. La resistencia creció, extendiéndose más allá de la zona de trabajo del SME. Sin embargo, la resistencia no ha llegado al grado de hacer retroceder al gobierno en esta agresión.
Hoy el gobierno se prepara para dar un paso más en su camino con la Reforma Laboral Panista. Como el golpe al SME, se trata de una agresión al conjunto del movimiento obrero. Se trata de una iniciativa que pretende impedir derechos como la contratación colectiva, la titularidad contractual, la libre sindicalización, la defensa legal de los trabajadores, entorpecer nuevos registros sindicales, impulsa el trabajo precario y la terciarización laboral u outsourcing, es decir la contratación de trabajadores en una empresa para emplearlos en otra; medida con la que se ha buscado evitar la existencia de una relación laboral entre patrones y trabajadores, así como impedir el acceso a derechos laborales básicos como la seguridad social.

Esta situación se combina con la incapacidad del gobierno para garantizar la seguridad de los ciudadanos, cuya política, con el uso creciente del ejército, lejos de resolverse, se incrementa la inseguridad, el número de muertos se eleva a niveles de escándalo y todo por una operación para legitimar su gobierno. Esta política está llevando a una criminalización de la lucha social, un incremento de la violación de los derechos humanos y generando un clima que lleva a una restricción de las libertades democráticas.
 
La necesidad de impulsar la solidaridad con la lucha del SME; que desde el 25 de abril inició, con 80 hombres y 13 mujeres sindicalistas una huelga de hambre en el Zócalo de la Ciudad de México, misma que si bien se ha venido reduciendo en su nùmero por la salida de quienes han sido llevados al hospital luego de màs de 40 dìas de no ingerir alimentos, expresa la urgente necesidad de extender la política del Frente Único mas allá de la Asamblea Nacional de la Resistencia Popular, para hacer frente a la escalada que se expresa en la iniciativa de imponer la Reforma Laboral Panista que afecta al movimiento sindical y al conjunto de los trabajadores, la dimensión de la ofensiva, la gravedad de la situación, la necesidad de la unidad, del combate y de discutir y analizar la mejor forma de expresar la solidaridad de clase.
 
En Morelos llevamos años trabajando en la coordinaciòn de las luchas obreras y sindicales con otros movimientos sociales, desde una perspectiva de izquierda socialista y revolucionaria, internacionalista, feminista, para desarrollar una polìtica de igualdad, fraternidad y solidaridad, con conciencia de clase. Hay quienes pretenden imponernos su visiòn supuestamente apolitica de la lucha por los derechos humanos y nos critican nuestra falta de imparcialidad, como si la forma de resolver las violaciones a los derechos humanos fuera a travès de mediar entre torturados y torturadores, entre golpeados y golpeadores. Nosotros decimos que no. Que para defender los derechos laborales hay que estar claramente del lado de las y los trabajadores. O son ellos, o somos nosotros, como dicen los trabajadores del SME. Desde que fundamos el Frente pro Derechos Humanos en 1977, hemos tratado de mantener esta perspectiva de lucha unitaria. Hoy somos impulsores de esta coordinaciòn a travès del Pacto por la Soberania, como lo hicimos al impulsar la Convergencia Sindical y Social durante años.
 
Hoy que se recrudece la ofensiva represiva contra el SME no hay que bajar la guardia, por el contrario, se requiere fortalecer la lucha en defensa de los derechos humanos de todas y todos los trabajadores de nuestro paìs, tanto sindicalizados como informales, ya que a los unicos que beneficia la divisiòn de la clase trabajadora es a los dueños del capital para seguir manteniendo su poder.

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Defensoras y defensores bajo amenazas e intimidaciones.

“De todo tipo han sido los ataques a los defensores, han sido desde la calumnia hasta el homicidio, pasando por las amenazas, intimidación, fabricación de delitos, detenciones arbitrarias, espionaje, ataques físicos, tortura, negación de una impartición de justicia imparcial y la presunción de inocencia.
Entre las acciones directas que violan la garantía de ejercicio del derecho de defensa de los derechos humanos se encuentran las siguientes: libertad de asociación, libertad de reunión, derecho de comunicarse, recibir y difundir información, presentar propuestas y críticas, ser protegido por la ley, tener garantías en la ley explícitas para los defensores, acceso a recursos judiciales de protección que consideren las características de los defensores”.

Reporte sobre México para la III consulta latinoamericana sobre

 la situación de los defensores de DD. HH.- 28/8/04

Defender los derechos humanos es un derecho claramente establecido en la Declaración sobre Defensores de la ONU que establece que defensor es aquel que asume un compromiso con esta causa: “Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente a promover y procurar la protección y realización  de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional  e internacional”. (1)

Defender estos derechos en contra de autoridades implica riesgos, debido a que las autoridades en muchas ocasiones no ven con buenos ojos las denuncias y la presentación pública de los abusos de autoridad y la violación de las leyes y procedimientos a los que están obligados. Si sumamos los intereses económicos y políticos que ocultan generalmente quienes violan los derechos humanos tanto individuales como colectivos, tenemos un panorama poco alentador desde el punto de vista institucional para garantizar estos derechos y el respeto pleno a quienes llevan a cabo esta labor.

El 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco entraron miles de policías federales golpeando a pobladores del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, allanando viviendas, deteniendo a activistas y a personas que pasaban por ahí. Torturaron a personas ya sometidas, asesinaron a un niño y a un joven estudiante y violando multitudinariamente a mujeres en el trayecto hacia la cárcel de Almoloya. También en esa jornada represiva fue detenido y encarcelado el compañero Damián Gustavo Camacho Guzmán, abogado del FPDT e integrante de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos.

Damián es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma de Morelos y en ese momento, alumno de la maestría de desarrollo rural. En 2001 fue abogado en el proceso de diálogo ante el conflicto de Atenco. El compañero Damián se encontraba en misión de observación de derechos humanos en el pueblo de San Salvador Atenco, cuando incursionó la PFP y la policía estatal para reprimir al pueblo, con saldo de un muerto, heridos, desaparecidos y cientos de detenidos, y precisamente cuando se encontraba saliendo de un hotel junto con periodistas a las 8 de la mañana del 4 de mayo, fue detenido igual que la demás población atenquense por policías sin permitir que se identificara como abogado y defensor de derechos humanos. Así, permaneció en calidad de desaparecido hasta que fue llevado al penal de Santiaguito, en Almoloya del Río, estado de México, donde sólo se le permitió comunicarse a altas horas de la madrugada del día siguiente. Sólo hasta el día 6 de mayo se permitió la visita de su hermana, ya que el director del penal, en claro abuso de su función, impidió la visita de integrantes de la Comisión Independiente de Derechos Humanos y otras organizaciones civiles de derechos humanos, violando la Declaración sobre Defensores signada por México en el marco de la ONU. El compañero Damián siempre sostuvo su decisión de mantener su actividad de defensor aún privado de su libertad, compartiendo las mismas condiciones que hoy padecen los 217 presos de San Salvador Atenco injustamente detenidos.

Este caso muestra algunos de los avatares por lo que nos hemos enfrentado en Morelos en el desempeño de nuestra actividad de defensa de los derechos humanos.

El 27 de mayo de 2010 se dio una situación parecida. Cerca de las 11 de la mañana llegaron cerca de 400 elementos de la PFP para desalojar a los trabajadores del SME de la subestación Teopanzolco, en Cuernavaca.

Ahí hizo acto de presencia nuestro compañero Roberto Mendoza Delgado, coordinador jurídico de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, para observar los hechos. Aún cuando se identificó plenamente y se le permitió ingresar a las instalaciones que fueron tomadas por la policía federal, una vez que estuvo fuera de las mismas, fue arteramente jaloneado, pateado y golpeado con los escudos y toletes que portaban los elementos de la PFP, al igual que decenas de trabajadores electricistas que se encontraban protestando pacíficamente.

Ambos compañeros, Damián Camacho y Roberto Mendoza, en su informe presentado en 2004 ya habían señalado: “En México ningún defensor de derechos humanos puede considerarse libre en el ejercicio de su actividad ya que las condiciones políticas del caso concreto y la afectación a los intereses del poder que se combate produce una reacción en el mismo nivel que su jerarquía garantice el grado de impunidad del victimario… La situación que cualquier defensor de derechos humanos padezca al sufrir un ataque contra el/ella en este momento denotará como lo es actualmente- un grado de vulnerabilidad ante el victimario y encontrará un nivel lamentable de incapacidad y negligencia de la autoridad judicial que conozca el caso, así como muestras de “buena voluntad” y cinismo humillante de parte de la autoridad política a quien se recurra”. Reporte sobre México para la III consulta latinoamericana sobre la situación de los defensores de DDHH.

Para Amnistía Internacional: “Los defensores y las defensoras de derechos humanos son personas que actúan de manera pacífica en la promoción y en la protección de los derechos humanos.  Defienden los derechos humanos en favor de mujeres, niños, niñas, lesbianas, gays, personas indígenas, refugiadas, desplazadas, internas,  minorías nacionales, religiosas y lingüísticas. Supervisan e informan sobre la política y la práctica gubernamental para defender los principios del Estado de derecho, la no discriminación y las normas de derechos humanos recogidas en las legislaciones nacionales e internacionales. Y denuncian los casos de violaciones de estos derechos.  Gracias a la labor que realizan se evita que permanezcan ocultos muchos abusos a los derechos humanos. Y esto les enfrenta a los desafíos de gobiernos, elites políticas, militares y económicas. Los defensores y defensoras de los derechos humanos corren, en algunos casos, el riesgo de ser objeto de homicidios, detención arbitraria, denuncias falsas, amenazas… Muchos se han visto obligados a huir de sus hogares y, en ocasiones, de su país.  La protección y promoción de los derechos fundamentales no es sólo un imperativo moral; es la base de la libertad, la justicia y la paz” (2)

Así como hemos documentado casos graves que han ocurrido en Morelos durante más de 20 años de existencia de nuestra organización y cuando menos desde 1977 cuando formamos el Frente pro Derechos Humanos con unas 30 organizaciones de la entidad, también hemos visto toda clase de acciones de agresión contra defensores, como los que hemos señalado hacia nuestros compañeros Damián y Roberto. Desde las agresiones verbales de quien grita: ¡revoltosos! Y huye en un taxi, hasta el que escribe en grandes titulares en La Voz de Morelos: “!Alborotapueblos! que los expulsen del estado”, hasta agresiones físicas como ocurrió durante la presentación de un “contrainforme” durante el gobierno de Sergio Estrada Cajigal de extracción panista, quien ordenó a un grupo de policías agredir a Juliana G. Quintanilla y José Martínez Cruz, quienes se encontraban con un grupo de trabajadores de la Cooperativa Pascual y fueron golpeados para que se retiraran del lugar público donde se realizaría el mitin informativo para  denunciar la represión contra las obreras despedidas de Confitalia.

También se han recibido diversos mensajes: un escrito en el pizarrón de la oficina, diversos correos electrónicos, cartas selladas y entregadas por el correo ordinario, llamadas telefónicas, todos estos mensajes generalmente con amenazas para dejar de investigar o documentar casos en donde se involucran al Gobernador o funcionarios de primer nivel de la administración estatal o federal. También se utilizan atentados directos en los domicilios particulares, arrojando aceite quemado en las escaleras, pintarrajeando fachadas con lemas intimidantes, forzando chapas de las puertas o abriendo los vehículos sin robarse cosas de valor, llegando al grado de asesinar mascotas como perros o gatos (* es el caso denunciado del envenenamiento del perro en la casa de un compañero de la CIDHM o del gato en nuestro domicilio particular).

Diversas campañas de desprestigio encabezadas por el ex Secretario General de Gobierno, Sergio Álvarez Mata, tratando de establecer falsamente vínculos entre las organizaciones de derechos humanos y sociales con organizaciones armadas y “terroristas” durante el conflicto magisterial de 2008-2009 para justificar la bárbara represión al Movimiento Magisterial de Bases y los pueblos indígenas de Xoxocotla, Tres Marías y Amayuca. Estas campañas, desafortunadamente, fueron también alimentadas por los reiterados ataques sin fundamento lanzados por el entonces presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Fausto Gutiérrez Aragón.

Este panorama en Morelos se ha agudizado ante el clima de violencia institucional y criminal, que ha elevado a niveles terribles la inseguridad para la ciudadanía, afectando en primer lugar el derecho a la información y la libertad de expresión, fortaleciendo una estrategia fallida combate al narcotráfico mediante la militarización y el estado policíaco, lo que aumenta los riesgos para quienes defienden los derechos humanos.

“El aumento de los problemas de seguridad vinculados al trabajo a favor de los derechos humanos condujo a la creación de unidades de recurso especializadas tanto en el seno de las instituciones nacionales como de organizaciones intergubernamentales regionales e internacionales. Existen también recursos propios de ciertas categorías profesionales como los periodistas y los representantes sindicales. Para denunciar amenazas y agresiones y redactar una comunicación, puede ser muy útil seguir las Directivas concernientes a la presentación al Representante especial, de alegaciones sobre la violación de la Declaración sobre defensores de derechos humanos. En efecto, este documento comporta una lista precisa de información requerida para una comunicación a la Representante Especial del Secretario General de la ONU para los defensores que podemos tomar como modelo, no solamente para transmitir un dossier a la representante especial de la ONU, sino también a las instituciones nacionales y regionales u ONG internacionales.” (3)

Estos instrumentos internacionales se han utilizado en diversos casos, logrando evidenciar el grado de represión, persecución y hostigamiento que los gobiernos llevan a cabo en Morelos, como fue el caso de la detención y encarcelamiento de defensores del medio ambiente que protestaban por la destrucción del Casino de la Selva (4), o por el secuestro-desaparición y tortura que a punto estuvo de quitarle la vida a Cristóbal Martínez Robles, ayudante municipal de San Antón, por su participación en la lucha contra el relleno sanitario de Lomas de Mejia, en abril de 2008.(5). Así también ocurrió el asesinato de Miguel Ángel Pérez Cazales, integrante del Consejo de Pueblos de Morelos y defensor de las tierras comunales en Santa Catarina, Tepoztlán.  

Los casos de periodistas que sufren amenazas por documentar graves violaciones a los derechos humanos han sido igualmente constantes en el estado de Morelos, derivando en intimidaciones, hostigamiento, despidos, persecución, asesinatos. En Morelos se han documentado varios asesinatos de periodistas en las ultimas dos décadas.

Recientemente, en el mes de mayo de 2010, un correo electrónico insultante, dirigido a 27 periodistas de Morelos, amenaza de muerte mencionando los peores métodos utilizados por supuestas bandas de narcotraficantes para realizar cerca de 80 ejecuciones extrajudiciales producto de secuestros y desapariciones, en su mayoría de jóvenes, causando una ola de pánico que ha repercutido seriamente en el tratamiento de temas relacionados con la corrupción y el crimen organizado, sobre todo por las complicidades de autoridades que garantizan impunidad de estos hechos criminales.

En este sentido, el propio Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha realizado una serie de recomendaciones al Estado Mexicano sobre los ataques contra quienes ejercen el periodismo y personas defensoras de derechos humanos: No obstante el innegable patrón de violencia, el Estado mexicano no cuenta con un marco jurídico adecuado para prevenir, investigar y sancionar estos ataques. Existe una urgente necesidad de reformar la legislación y brindar las facultades a las instituciones creadas para atender estos delito, es decir, a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas, a efecto de combatir la impunidad prevaleciente en la gran mayoría de los casos. Más aún, existe la necesidad de adoptar políticas públicas para prevenir estos ataques y proteger a quienes están en riesgo por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Esta tarea resulta de sumo urgente considerando el rol de las autoridades mexicanas en la situación, especialmente porque de acuerdo con el informe anual 2009 sobre libertad de expresión en México “Entre la Violencia y la Indiferencia” recientemente publicado por ARTICLE 19, se establece que por lo menos un 65.5% de las agresiones son cometidas por agentes estatales. (6)

En gran cantidad de casos se ha procedido a denunciar públicamente para llamar la atención de la opinión de la sociedad y generar conciencia y promover mecanismos de solidaridad de la población, que en muchas ocasiones ha probado ser más eficaz que los mecanismos jurídicos atrofiados y faltos de confianza ciudadana.

La responsabilidad del Estado mexicano de brindar las condiciones favorables para el desempeño de las labores de las y los defensores de derechos humanos, acorde con lo establecido en el Comité de Derechos Humanos de la ONU han sido dejadas de lado, cuando no rechazadas o solo se han tomado medidas parciales que se van aplicando a cuentagotas y con esquemas que han mostrado un fracaso completo en otros países, como en Colombia, y solo de manera referencial casos donde se ha tratado de involucrar más a las organizaciones civiles en el diseño, implementación y seguimiento de los esquemas de protección, como es el caso de Brasil.

Actualmente se están llevando a cabo una serie de reuniones convocadas por la Oficina en México de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU para establecer los mecanismos de protección a defensoras y defensores así como a periodistas, por lo que es importante destacar las propuestas que desde 2006 viene realizando la REDTDT, a la que pertenecemos, en la agenda pendiente aún de realizarse, en donde se destacan las siguientes propuestas:

Propuestas sobre Defensores de Derechos Humanos:

 ·         Apropiarse del concepto amplio y comprensivo de defensoras y defensores de derechos humanos, propuesto en la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos de Naciones Unidas (Declaración de Defensores).

·         Exigir que el Estado Mexicano cumpla la Declaración de Defensores, sobre todo los relativo a la promoción de la labor de los defensores (art. 2), su protección y los mecanismos para la defensa de los derechos humanos (art. 14).

·         Demandar que el Estado Mexicano reconozca el trabajo de las defensoras y los defensores de derechos humanos, en el sentido amplio en el que se plantea en la Declaración de Defensores, reconociendo la eficacia en el trabajo de las organizaciones de derechos humanos.

·         Exigir que el Estado Mexicano garantice la integridad física, la integridad psicológica y la vida de las defensoras y defensores en el trabajo que realizan.

·          Demandar que el Estado Mexicano inicie campañas de información y sensibilización sobre el trabajo que las defensoras y los defensores de derechos humanos realizan. Es pertinente la democratización de los medios electrónicos.

·         Armonizar el marco nacional de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos, garantizando la labor que realizan defensoras y defensores, eliminando trabas administrativas o de cualquier tipo, que limiten la acción que realizan.

·         Garantizar el acceso a la justicia y el derecho a la verdad en los casos donde defensoras y defensores han enfrentado amenazas, hostigamiento, agresiones, lesiones, tratos crueles e incluso han sido asesinadas o asesinados, bajo la óptica de los estándares de justicia más altos, que contengan sanción a los responsables, medidas de no repetición y reparación integral del daño.

·         Exigir el cumplimiento de las recomendaciones, diagnósticos y demás productos que organismos internacionales de protección y defensa de los derechos humanos hayan hecho ante la realidad de las defensoras y los defensores.

·         Exigir al Estado Mexicano la creación de una instancia expresamente encargada de implementar las medidas necesarias de protección de defensoras y defensores en caso de cualquier tipo de agresión y hostigamiento. Deberá contar con facultades amplias, incluido el presupuesto público suficiente.

·         Conocer plataformas y experiencias de otros países con características y necesidades similares a la nacional, para aprender de su acción y de la implementación de programas de protección que puedan ser aplicados en México.

·         Exigir que el Gobierno establezca mecanismos adecuados de rendición de cuentas en las acciones que establezca para promover y proteger el trabajo de las defensoras y los defensores de derechos humanos.

·         Reformar el sistema público de protección a los derechos humanos, para que sea independiente, eficaz y un verdadero mecanismo de protección ante las violaciones a derechos humanos que enfrentas defensoras y defensores.

·         Elaborar informes periódicos sobre la situación de los defensoras y los defensores de derechos humanos, tanto a nivel nacional, como a nivel estatal, que sean de difusión amplia y enfaticen las acciones tomadas para cumplir los compromisos internacionales en la materia. (7)

La mayoría de estas propuestas son perfectamente viables, válidas y legítimas, impulsadas por quienes cotidianamente enfrentan los riesgos de defender los derechos humanos. Sin embargo, durante los últimos tiempos los riesgos no solo no se han eliminado sino que, en ocasiones, se han incrementado. La lista es larga, ya que el día 6 de agosto, fue asesinada la abogada y defensora de derechos indígenas, Griselda Teresa Tirado Evangelio, integrante de la Organización Independiente Totonaca (OIT), en el municipio de Huehuetla, estado de Puebla. El primer asesinato de un defensor de derechos humanos durante el gobierno de Calderón fue el de Ricardo Murillo Monge, integrante del Frente Cívico Sinaloense y defensor de derechos humanos, fue ejecutado en Culiacán, el 15 de noviembre de 2008. Los recientes asesinatos de Betty Cariño y Jiry Jaakola en San Juan Copala, el de la compañera Josefina Reyes asesinada por pistoleros en Ciudad Juárez, así como el emblemático asesinato de Digna Ochoa, todos ellos impunes, habla del nivel de riesgo que se enfrenta en esta lucha por hacer plenamente vigentes los derechos humanos de todas y todos.

Aún recordamos que uno de las agravios a la sociedad que motivaron la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue el asesinato de Norma Corona Sapien, defensora de Derechos Humanos en Sinaloa. Ahora, dos décadas después, los asesinatos de defensoras y defensores no ha suscitado el menor comentario de la presidencia de la república, mucho menos una acción real encaminada a garantizar estos derechos.

Ningún mecanismo de defensa y protección de defensoras y defensores de derechos humanos tendrá visos de realidad si no hay una política integral de respeto a los derechos humanos de toda la población, por lo que la lucha actual de hacer prevalecer las vidas por encima de las ganancias, es más importante que nunca llevarla a todos los ámbitos de la vida social, política, cultural, económica de la población en México y en todas las regiones del mundo.

Notas:  (*) Epígrafe de Damián Gustavo Camacho Guzmán en Informe presentado en Sao Paulo, Brasil en 2004 con Roberto Mendoza. Reporte sobre México para la III consulta latinoamericana sobre la situación de
los defensores de DD HH Damián Gustavo Camacho Ruiz Roberto Mendoza Delgado.
http://www.paginadigital.com.ar/articulos/2004/2004terc/noticias9/notic527-8Dch.asp – 81k

(1)     Declaración de la ONU sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos (1998).

(2)     Amnistia Internacional.

(3)     Protectionline. Proyecto de Protection International. Tácticas y Herramientas para la Protección de Defensores de Derechos Humanos. Sitio web.

(4)     “Para ejemplificar con caso de la lucha que emprendieron ciudadanos del estado de Morelos para defender el patrimonio cultural y ecológico del ex hotel “Casino de la Selva” ya que además de encontrarse más de 900 árboles de diferentes especies, se encuentra una extensa colección de murales. El 21 de agosto de 2001, en la ciudad de Cuernavaca, Estado de Morelos, fueron aprehendidos arbitrariamente  27 miembros del Frente Cívico Pro Defensa Casino de la Selva, manifestantes opositores a la construcción de un centro comercial en el ex Casino de la Selva. Los manifestantes fueron desalojados por alrededor de 500 agentes de las policías metropolitana, estatal y ministerial.” Informe sobre Detenciones arbitrarias, Centro Prodh, 2002.

(5)     Amnistía Internacional: AMR 41/027/2008. AU 168/08 Temor por la seguridad
MÉXICO Cristóbal Martínez Ortega y Otras personas que protestan contra la construcción de un vertedero en Lomas de Mejía, municipio de Cuernavaca: Cristóbal Martínez Ortega, funcionario municipal del pueblo de San Antón, municipio de Cuernavaca, estado de Morelos, fue secuestrado por cuatro hombres que se identificaron como agentes de policía y que lo golpearon con brutalidad. Cristóbal Martínez es uno de los líderes de un grupo de ciudadanos y ciudadanas que se opone a la construcción de un vertedero en la zona. Otros miembros de este grupo pueden correr peligro de sufrir ataques similares. El 11 de junio, poco después de participar en una conferencia de prensa en la que se informó de las actividades programadas por el grupo para protestar contra la construcción del vertedero, y cuando viajaba en su automóvil con un amigo, Cristóbal Martínez fue interceptado por cuatro hombres que viajaban en una gran furgoneta blanca sin placas de matrícula. Los hombres, que iban armados y se identificaron como agentes de la policía federal, le dijeron: “a ti te andábamos buscando”, y luego lo obligaron a entrar en su furgoneta. Una hora después, Cristóbal Martínez fue hallado en una cuneta de la carretera, atado y amordazado, tras haber sido abandonado por sus atacantes. Sangraba con profusión por una herida en la cara y estaba inconsciente.

(6)     Artícle 19 informó que: Las recomendaciones emitidas por el CDH al Estado mexicano incluyen: – Tomar medidas inmediatas para proporcionar protección eficaz a los periodistas y los defensores de los derechos humanos, cuyas vidas y seguridad corren peligro a causa de sus actividades profesionales, en particular mediante la aprobación oportuna del proyecto de ley sobre los delitos cometidos contra la libertad de expresión ejercida a través de la práctica del periodismo; – Velar por la investigación inmediata, efectiva e imparcial de las amenazas, ataques violentos y asesinatos de periodistas y defensores de los derechos humanos y, cuando proceda, enjuiciar a los autores de tales actos; – Proporcionar al Comité información detallada sobre todos los procesos penales relativos a amenazas, ataques violentos y asesinatos de periodistas y defensores de los derechos humanos en el Estado parte en su próximo informe periódico. CDH de la ONU. 26 de marzo de 2010.

(7)     Agenda de la Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos. 2006.

    Reporte sobre México para la III consulta latinoamericana sobre la situación de
los defensores de DD HH Damián Gustavo Camacho Ruiz Roberto Mendoza Delgado.
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Atenco, periodistas, derechos humanos.

José Martínez Cruz y Juliana G. Quintanilla.
Nosotras, nosotros, conocemos las graves violaciones a los derechos humanos que el 3 y 4 de mayo de 2006 el Estado mexicano cometió en San Salvador Atenco. A raíz de dichos acontecimientos 12 personas siguen presas. Nos preocupa que el proceso que se les siguió estuvo plagado de irregularidades, no fue respetado el principio de presunción de inocencia ni las garantías de debido proceso y que las pruebas en que se fundó su condena fueron recabadas de manera ilegal. Consideramos que estas irregularidades implican que no tuvieron derecho a un juicio justo. Es un signo de alarma que el delito de “Secuestro Equiparado” el cual estimamos es inconstitucional,  pueda ser empleado para criminalizar demandas sociales  y que el sistema de procuración y administración de justicia fue utilizado de manera facciosa para convertir en delincuentes a  integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Sabemos además que existe un precedente jurídico emitido por un órgano del Poder Judicial de la Federación, que consideró que  los hechos por los cuales fueron sentenciados Ignacio Del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, no son constitutivos del delito de secuestro equiparado; este antecedente, aún y cuando normativamente no es vinculatorio para los Ministros, consideramos que
por cuestiones de seguridad y congruencia jurídica así como por la trascendencia del caso no puede ser soslayado.  Por todo ello,
llamamos a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia a liberar a los 12 presos del caso Atenco.
El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra reúne a una serie de pueblos y comunidades campesinas a las afueras de la Ciudad de México, entre ellas a San Salvador Atenco. Antes de que termine el mes de junio la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidirá sobre la libertad de estos 12 presos. Es su último recurso jurídico. Es un momento decisivo. De perder esta batalla legal, tendrán que purgar condenas que van de 31 y hasta 112 años de prisión.  Los defensores de derechos humanos Damian Camacho Guzmán y Roberto Mendoza delgado integrantes del frente de pueblos y de la comisión independiente de derechos humanos de Morelos han sido agredidos en situaciones similares al documentar casos en Atenco y en defensa de la fuente de empleo del SME en Cuernavaca, por lo que la libertad de expresión bajo ataque pone en riesgo derechos democráticos.
En los últimos años, México ha sido señalado como uno de los países más peligrosos para el ejercicio de la libertad de expresión y esto se debe a la falta de garantías para ejercer dicha labor. En los últimos ocho años se han registrado asesinatos, desapariciones, y una gran cantidad de hostigamiento y amenazas a periodistas, comunicadores, comunicadoras y a medios de comunicación, al igual que a personal administrativo de los mismos. Esto ha sido motivo de preocupación por parte de diferentes instancias de derechos humanos y organizaciones tanto nacionales como internacionales defensoras y promotoras del derecho a la libertad de expresión.
La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C., tuvo conocimiento de un correo electrónico enviado el 19 de abril de 2010, en donde se vierten amenazas de muerte en contra de 27 periodistas del Estado de Morelos.
Una vez que hemos consultado con varios de los trabajadores y trabajadoras de varios medios de comunicación mencionados en el
escrito anónimo, nos han manifestado estar de acuerdo en enviar esta información a las instancias nacionales e internacionales defensoras de la libertad de expresión, ya que si bien el mencionado escrito mezcla deliberadamente acusaciones dolosas y sin fundamento con amenazas de muerte, estas se dan en un contexto de amenazas e intimidaciones mediante mensajes anónimos que han creado un clima de temor generalizado que ha llegado a acatar un toque de queda oficioso decretado supuestamente por un grupo de narcotraficantes (el Cartel del Pacifico Sur) en el mas completo abandono de responsabilidades legales por parte del Gobierno del Estado quien, sin embargo, ha avanzado en el proceso de militarización de la ciudad y la zona conurbana.
Las amenazas han continuado e incrementado en contra de Angelina Albarrán, por lo que el caso ha sido asumido por diversas instancias defensoras de periodistas.
Consideramos que es obligación del Estado Mexicano cumplir con los instrumentos nacionales e internacionales que garanticen la libertad de expresión y el libre ejercicio de la actividad periodística, por lo que, aun cuando carezca de veracidad dicho comunicado, se deben tomar las medidas pertinentes para impedir que esta amenaza pueda tener algún viso de realidad.
Hemos revisado la situación en otras partes del país y tiene prácticamente los mismos elementos de lo que ocurre en Morelos:
correos electrónicos anónimos decretando toque de queda, cierre de establecimientos, miedo generalizado, caravanas de vehículos de uno y otro cartel, amenazas a periodistas, silencio de los medios masivos de comunicación, complicidad de policías con delincuentes, gobierno infiltrado, militarización, por señalar algunos de ellos.
Hemos señalado recientemente sobre esta campaña: que el miedo no nos paralice! Sin embargo, entendemos que este asunto no se trata de algo meramente individual, sino colectivo, como sociedad, si somos capaces de reaccionar.
Diversos periodistas de Morelos han sufrido agresiones verbales o físicas durante operativos policíacos y militares, en el  desempeño de su trabajo. En el caso de la agresión verbal con amenazas del General en retiro Manuel Farfán, Secretario de Seguridad Publica del Ayuntamiento de Cuernavaca, en contra del reportero Guillermo Hinojosa del noticiero de radio Línea Caliente, también el periodista Helios Magaña Vázquez, camarógrafo del noticiero Radio Fórmula, recibió a corta distancia el disparo de un petardo de gas lacrimógeno que le impactó y estalló en el abdomen, por lo que tuvo que ser atendido en
un hospital, debido a las lesiones provocadas el 27 de mayo de 2010.
En Temixco, Morelos, un grupo de militares que realizaban operativos y cateos en el Fraccionamiento Burgos de este Municipio retuvieron momentáneamente a periodistas y les ordenaron borrar fotografías y videos de los soldados. Una camioneta de la Policía local, en la que viajaban militares y policías preventivos municipales frenó intempestivamente juntó al automóvil del reportero de Reforma y el corresponsal de Notimex, cortando cartuchos y apuntando hacia el vehículo particular los soldados ordenaron que sus ocupantes descendieran de él. Los elementos de las fuerzas federales ordenaron la identificación de los reporteros y cuestionaron el trabajo informativo al momento en que ordenaban la eliminación de las fotografías en las que aparecían los soldados.
4 de mayo 2010. En el Vergel, durante el levantamiento del cadáver de la mujer policía, elementos de la Policía Metropolitana agredieron verbal y físicamente despojando de su cámara fotográfica al reportero José Luis Rojas del Sol de Cuernavaca.
Así pues, defender la libertad de expresión en la práctica, conlleva riesgos laborales y profesionales, además de significar un desafío al compromiso, a la conciencia y a la calidad ética en el desempeño de esta tarea social. Los cínicos no sirven para este oficio, escribió uno de los grandes periodistas recién fallecido, pero combatir el cinismo requiere asumir el compromiso de defender la libertad de expresión aunque no sea del agrado del poder.
Corre la voz: Este viernes 18 de junio doble invitación, a las 19 horas la presentación en el Cine Morelos de “Nin Tecuani”, el corazón
del cerro o la historia de un pueblo que se negó a morir, de Ángel Álvarez, y al terminar, nos vemos en La Comuna para celebrar el
derecho a la libertad de expresión.

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Testimonios de vida y dignidad en el SME.

José Martínez Cruz
 
Una huelga de hambre es un método de lucha extremo. Pone en riesgo la vida de quienes la llevan a cabo. Es el caso de Cayetano, que esta cumpliendo 60 días en el campamento del SME en el zócalo de la Ciudad de México. El impacto social del dolor es difícil medirlo, sobre todo cuando no hay estadística que pueda calcular los sentimientos. Pero hay otras formas de saberlo. La forma en que responden los diferentes sectores de la población. El coraje, la indignación, la rabia, cuando se expresan de manera colectiva, cuestionan seriamente el poder establecido de los inconmovibles funcionarios gubernamentales. Es un llamado moral a la conciencia de la población y una denuncia ética del abuso de poder. Es un testimonio de la lucha por la dignidad humana y de los limites de la resistencia física humana. La muerte, tantas veces presente en la sociedad mexicana no es un proceso natural como debiera ser desde el punto de vista fisiológico, sobre todo cuando se arranca sin conmiseración por policías y militares, por sicarios y paramilitares, por quienes terminan arrastrados en la espiral de violencia que destruye tejido social, vínculos afectivos, sensibilidades humanas. Esta huelga de hambre ronda en los limites de la resistencia. Y quienes la han llevado a cabo saben de que se trata.
– Ocultar texto citado –
Cuauhtemoc Serrato Salinas, duró 35 días en huelga de hambre del 27 de abril al 31 de mayo: “Entré con la idea de expresarme con claridad sobre la realidad de lo que pasó a miles de electricistas al quedarnos sin empleo de un día para otro. Molesto por los ataques mediáticos, para exigirles que digan la verdad, es un derecho. Me angustie por la represión a mis compañeros a manos de la PFP. Lloramos de rabia. Grité lo que pude. Me tuvieron que calmar. Es terrible  ver  las agresiones policíacas con saña a trabajadores pacíficos. Impotencia que solo se supera por la solidaridad. No nos han quebrado.”
Omar Bahena Ortega, con 40 días en huelga de hambre, del 27 de abril al 5 de junio: “Tuve entusiasmo al principio por lograr una solución rápida, para superar la incertidumbre de la falta de empleo. Es una angustia. Al paso de los días se ve que no tienen voluntad para solucionar. La SCJN está dando los fallos en contra de la justicia. A los Ministros no les importa la huelga de hambre. Hemos sufrido toda clase de agresiones. Al grado de ofrecernos pizzas en oferta provocándonos para desacreditar nuestro sacrificio. Nos arrojan canicas “bombachas” los guardias presidenciales en las noches. Bajé 14 kilos. Llega el momento en que todo te duele, hasta las encías”.
Dicen que el compañero Cayetano está en peligro. ¿Quieren muertos? Caerá como maldición contra este gobierno corrupto, autista, dictatorial, rey de los impuestos, enemigo del pueblo.
“Fui a la SCJN a una audiencia en silla de ruedas. Me desmayé. No nos dejaban entrar. Recibieron a Martín Esparza. Tienen la oportunidad de reivindicarse, lo harán? No hay confianza en el gobierno. Los casos de la guardería ABC y mineros lo muestra. Atenco está a la puerta. Si la SCJN cierra la puerta, vendrá una época muy mala para el país” dice Cuauhtemoc y recuerda que otros compañeros del SME División Cuernavaca también soportaron este ayuno prolongado: Omar Mora Cortéz, 50 días, Arnulfo Cisneros Reza, 39 días, Pedro Campos Ramírez, 19 días, Erasto Neri Quiróz, 30 días, Gerardo del Canto Pérez, 45 días.
“Además de los 44 mil trabajadores, son 2 mil socios comisionados del sindicato quienes han sido afectados. Miles de familias dependían del consumo de los trabajadores del SME. Han cerrado negocios, cambiado de actividad los que vendían jugos, tacos, zapatos, ropa, y eso muestra la fragilidad de los changarros que nos ofrecen a cambio de aceptar la liquidación” dicen con tristeza quienes laboraron 24 años en agencias foráneas y 8 años en el sub comité sindical, como Cuauhtemoc y 4 años en el taller mecánico automotriz, como Omar.
“Engañaron a muchos de los liquidados. CFE no contrata despedidos de Luz y Fuerza. Calderón miente. Ahora nos quieren quitar nuestras casas adquiridas a crédito por 15 años. Nos hostigan, persiguen, como si fuéramos criminales: somos trabajadores, no narcos!”.
Mencionan a las mujeres embarazadas que quedaron sin asistencia médica al ser despedidas, a los que les amputaron un brazo por el estallido de un transformador, la falta de reconocimiento al trabajo especializado de alto riesgo, como el de los linieros de línea viva: “y así nos quieren quitar pensiones y jubilaciones que devengamos con el trabajo de alto riesgo para nuestras vida!”, señalan al comparar salarios de 5 mil pesos contra los 260 mil de los funcionarios.
Es verdad, concluyen, “necesitamos un gobierno del pueblo para el pueblo”.

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