Defensoras y defensores bajo amenazas e intimidaciones.

“De todo tipo han sido los ataques a los defensores, han sido desde la calumnia hasta el homicidio, pasando por las amenazas, intimidación, fabricación de delitos, detenciones arbitrarias, espionaje, ataques físicos, tortura, negación de una impartición de justicia imparcial y la presunción de inocencia.
Entre las acciones directas que violan la garantía de ejercicio del derecho de defensa de los derechos humanos se encuentran las siguientes: libertad de asociación, libertad de reunión, derecho de comunicarse, recibir y difundir información, presentar propuestas y críticas, ser protegido por la ley, tener garantías en la ley explícitas para los defensores, acceso a recursos judiciales de protección que consideren las características de los defensores”.

Reporte sobre México para la III consulta latinoamericana sobre

 la situación de los defensores de DD. HH.- 28/8/04

Defender los derechos humanos es un derecho claramente establecido en la Declaración sobre Defensores de la ONU que establece que defensor es aquel que asume un compromiso con esta causa: “Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente a promover y procurar la protección y realización  de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional  e internacional”. (1)

Defender estos derechos en contra de autoridades implica riesgos, debido a que las autoridades en muchas ocasiones no ven con buenos ojos las denuncias y la presentación pública de los abusos de autoridad y la violación de las leyes y procedimientos a los que están obligados. Si sumamos los intereses económicos y políticos que ocultan generalmente quienes violan los derechos humanos tanto individuales como colectivos, tenemos un panorama poco alentador desde el punto de vista institucional para garantizar estos derechos y el respeto pleno a quienes llevan a cabo esta labor.

El 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco entraron miles de policías federales golpeando a pobladores del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, allanando viviendas, deteniendo a activistas y a personas que pasaban por ahí. Torturaron a personas ya sometidas, asesinaron a un niño y a un joven estudiante y violando multitudinariamente a mujeres en el trayecto hacia la cárcel de Almoloya. También en esa jornada represiva fue detenido y encarcelado el compañero Damián Gustavo Camacho Guzmán, abogado del FPDT e integrante de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos.

Damián es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma de Morelos y en ese momento, alumno de la maestría de desarrollo rural. En 2001 fue abogado en el proceso de diálogo ante el conflicto de Atenco. El compañero Damián se encontraba en misión de observación de derechos humanos en el pueblo de San Salvador Atenco, cuando incursionó la PFP y la policía estatal para reprimir al pueblo, con saldo de un muerto, heridos, desaparecidos y cientos de detenidos, y precisamente cuando se encontraba saliendo de un hotel junto con periodistas a las 8 de la mañana del 4 de mayo, fue detenido igual que la demás población atenquense por policías sin permitir que se identificara como abogado y defensor de derechos humanos. Así, permaneció en calidad de desaparecido hasta que fue llevado al penal de Santiaguito, en Almoloya del Río, estado de México, donde sólo se le permitió comunicarse a altas horas de la madrugada del día siguiente. Sólo hasta el día 6 de mayo se permitió la visita de su hermana, ya que el director del penal, en claro abuso de su función, impidió la visita de integrantes de la Comisión Independiente de Derechos Humanos y otras organizaciones civiles de derechos humanos, violando la Declaración sobre Defensores signada por México en el marco de la ONU. El compañero Damián siempre sostuvo su decisión de mantener su actividad de defensor aún privado de su libertad, compartiendo las mismas condiciones que hoy padecen los 217 presos de San Salvador Atenco injustamente detenidos.

Este caso muestra algunos de los avatares por lo que nos hemos enfrentado en Morelos en el desempeño de nuestra actividad de defensa de los derechos humanos.

El 27 de mayo de 2010 se dio una situación parecida. Cerca de las 11 de la mañana llegaron cerca de 400 elementos de la PFP para desalojar a los trabajadores del SME de la subestación Teopanzolco, en Cuernavaca.

Ahí hizo acto de presencia nuestro compañero Roberto Mendoza Delgado, coordinador jurídico de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, para observar los hechos. Aún cuando se identificó plenamente y se le permitió ingresar a las instalaciones que fueron tomadas por la policía federal, una vez que estuvo fuera de las mismas, fue arteramente jaloneado, pateado y golpeado con los escudos y toletes que portaban los elementos de la PFP, al igual que decenas de trabajadores electricistas que se encontraban protestando pacíficamente.

Ambos compañeros, Damián Camacho y Roberto Mendoza, en su informe presentado en 2004 ya habían señalado: “En México ningún defensor de derechos humanos puede considerarse libre en el ejercicio de su actividad ya que las condiciones políticas del caso concreto y la afectación a los intereses del poder que se combate produce una reacción en el mismo nivel que su jerarquía garantice el grado de impunidad del victimario… La situación que cualquier defensor de derechos humanos padezca al sufrir un ataque contra el/ella en este momento denotará como lo es actualmente- un grado de vulnerabilidad ante el victimario y encontrará un nivel lamentable de incapacidad y negligencia de la autoridad judicial que conozca el caso, así como muestras de “buena voluntad” y cinismo humillante de parte de la autoridad política a quien se recurra”. Reporte sobre México para la III consulta latinoamericana sobre la situación de los defensores de DDHH.

Para Amnistía Internacional: “Los defensores y las defensoras de derechos humanos son personas que actúan de manera pacífica en la promoción y en la protección de los derechos humanos.  Defienden los derechos humanos en favor de mujeres, niños, niñas, lesbianas, gays, personas indígenas, refugiadas, desplazadas, internas,  minorías nacionales, religiosas y lingüísticas. Supervisan e informan sobre la política y la práctica gubernamental para defender los principios del Estado de derecho, la no discriminación y las normas de derechos humanos recogidas en las legislaciones nacionales e internacionales. Y denuncian los casos de violaciones de estos derechos.  Gracias a la labor que realizan se evita que permanezcan ocultos muchos abusos a los derechos humanos. Y esto les enfrenta a los desafíos de gobiernos, elites políticas, militares y económicas. Los defensores y defensoras de los derechos humanos corren, en algunos casos, el riesgo de ser objeto de homicidios, detención arbitraria, denuncias falsas, amenazas… Muchos se han visto obligados a huir de sus hogares y, en ocasiones, de su país.  La protección y promoción de los derechos fundamentales no es sólo un imperativo moral; es la base de la libertad, la justicia y la paz” (2)

Así como hemos documentado casos graves que han ocurrido en Morelos durante más de 20 años de existencia de nuestra organización y cuando menos desde 1977 cuando formamos el Frente pro Derechos Humanos con unas 30 organizaciones de la entidad, también hemos visto toda clase de acciones de agresión contra defensores, como los que hemos señalado hacia nuestros compañeros Damián y Roberto. Desde las agresiones verbales de quien grita: ¡revoltosos! Y huye en un taxi, hasta el que escribe en grandes titulares en La Voz de Morelos: “!Alborotapueblos! que los expulsen del estado”, hasta agresiones físicas como ocurrió durante la presentación de un “contrainforme” durante el gobierno de Sergio Estrada Cajigal de extracción panista, quien ordenó a un grupo de policías agredir a Juliana G. Quintanilla y José Martínez Cruz, quienes se encontraban con un grupo de trabajadores de la Cooperativa Pascual y fueron golpeados para que se retiraran del lugar público donde se realizaría el mitin informativo para  denunciar la represión contra las obreras despedidas de Confitalia.

También se han recibido diversos mensajes: un escrito en el pizarrón de la oficina, diversos correos electrónicos, cartas selladas y entregadas por el correo ordinario, llamadas telefónicas, todos estos mensajes generalmente con amenazas para dejar de investigar o documentar casos en donde se involucran al Gobernador o funcionarios de primer nivel de la administración estatal o federal. También se utilizan atentados directos en los domicilios particulares, arrojando aceite quemado en las escaleras, pintarrajeando fachadas con lemas intimidantes, forzando chapas de las puertas o abriendo los vehículos sin robarse cosas de valor, llegando al grado de asesinar mascotas como perros o gatos (* es el caso denunciado del envenenamiento del perro en la casa de un compañero de la CIDHM o del gato en nuestro domicilio particular).

Diversas campañas de desprestigio encabezadas por el ex Secretario General de Gobierno, Sergio Álvarez Mata, tratando de establecer falsamente vínculos entre las organizaciones de derechos humanos y sociales con organizaciones armadas y “terroristas” durante el conflicto magisterial de 2008-2009 para justificar la bárbara represión al Movimiento Magisterial de Bases y los pueblos indígenas de Xoxocotla, Tres Marías y Amayuca. Estas campañas, desafortunadamente, fueron también alimentadas por los reiterados ataques sin fundamento lanzados por el entonces presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Fausto Gutiérrez Aragón.

Este panorama en Morelos se ha agudizado ante el clima de violencia institucional y criminal, que ha elevado a niveles terribles la inseguridad para la ciudadanía, afectando en primer lugar el derecho a la información y la libertad de expresión, fortaleciendo una estrategia fallida combate al narcotráfico mediante la militarización y el estado policíaco, lo que aumenta los riesgos para quienes defienden los derechos humanos.

“El aumento de los problemas de seguridad vinculados al trabajo a favor de los derechos humanos condujo a la creación de unidades de recurso especializadas tanto en el seno de las instituciones nacionales como de organizaciones intergubernamentales regionales e internacionales. Existen también recursos propios de ciertas categorías profesionales como los periodistas y los representantes sindicales. Para denunciar amenazas y agresiones y redactar una comunicación, puede ser muy útil seguir las Directivas concernientes a la presentación al Representante especial, de alegaciones sobre la violación de la Declaración sobre defensores de derechos humanos. En efecto, este documento comporta una lista precisa de información requerida para una comunicación a la Representante Especial del Secretario General de la ONU para los defensores que podemos tomar como modelo, no solamente para transmitir un dossier a la representante especial de la ONU, sino también a las instituciones nacionales y regionales u ONG internacionales.” (3)

Estos instrumentos internacionales se han utilizado en diversos casos, logrando evidenciar el grado de represión, persecución y hostigamiento que los gobiernos llevan a cabo en Morelos, como fue el caso de la detención y encarcelamiento de defensores del medio ambiente que protestaban por la destrucción del Casino de la Selva (4), o por el secuestro-desaparición y tortura que a punto estuvo de quitarle la vida a Cristóbal Martínez Robles, ayudante municipal de San Antón, por su participación en la lucha contra el relleno sanitario de Lomas de Mejia, en abril de 2008.(5). Así también ocurrió el asesinato de Miguel Ángel Pérez Cazales, integrante del Consejo de Pueblos de Morelos y defensor de las tierras comunales en Santa Catarina, Tepoztlán.  

Los casos de periodistas que sufren amenazas por documentar graves violaciones a los derechos humanos han sido igualmente constantes en el estado de Morelos, derivando en intimidaciones, hostigamiento, despidos, persecución, asesinatos. En Morelos se han documentado varios asesinatos de periodistas en las ultimas dos décadas.

Recientemente, en el mes de mayo de 2010, un correo electrónico insultante, dirigido a 27 periodistas de Morelos, amenaza de muerte mencionando los peores métodos utilizados por supuestas bandas de narcotraficantes para realizar cerca de 80 ejecuciones extrajudiciales producto de secuestros y desapariciones, en su mayoría de jóvenes, causando una ola de pánico que ha repercutido seriamente en el tratamiento de temas relacionados con la corrupción y el crimen organizado, sobre todo por las complicidades de autoridades que garantizan impunidad de estos hechos criminales.

En este sentido, el propio Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha realizado una serie de recomendaciones al Estado Mexicano sobre los ataques contra quienes ejercen el periodismo y personas defensoras de derechos humanos: No obstante el innegable patrón de violencia, el Estado mexicano no cuenta con un marco jurídico adecuado para prevenir, investigar y sancionar estos ataques. Existe una urgente necesidad de reformar la legislación y brindar las facultades a las instituciones creadas para atender estos delito, es decir, a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas, a efecto de combatir la impunidad prevaleciente en la gran mayoría de los casos. Más aún, existe la necesidad de adoptar políticas públicas para prevenir estos ataques y proteger a quienes están en riesgo por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Esta tarea resulta de sumo urgente considerando el rol de las autoridades mexicanas en la situación, especialmente porque de acuerdo con el informe anual 2009 sobre libertad de expresión en México “Entre la Violencia y la Indiferencia” recientemente publicado por ARTICLE 19, se establece que por lo menos un 65.5% de las agresiones son cometidas por agentes estatales. (6)

En gran cantidad de casos se ha procedido a denunciar públicamente para llamar la atención de la opinión de la sociedad y generar conciencia y promover mecanismos de solidaridad de la población, que en muchas ocasiones ha probado ser más eficaz que los mecanismos jurídicos atrofiados y faltos de confianza ciudadana.

La responsabilidad del Estado mexicano de brindar las condiciones favorables para el desempeño de las labores de las y los defensores de derechos humanos, acorde con lo establecido en el Comité de Derechos Humanos de la ONU han sido dejadas de lado, cuando no rechazadas o solo se han tomado medidas parciales que se van aplicando a cuentagotas y con esquemas que han mostrado un fracaso completo en otros países, como en Colombia, y solo de manera referencial casos donde se ha tratado de involucrar más a las organizaciones civiles en el diseño, implementación y seguimiento de los esquemas de protección, como es el caso de Brasil.

Actualmente se están llevando a cabo una serie de reuniones convocadas por la Oficina en México de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU para establecer los mecanismos de protección a defensoras y defensores así como a periodistas, por lo que es importante destacar las propuestas que desde 2006 viene realizando la REDTDT, a la que pertenecemos, en la agenda pendiente aún de realizarse, en donde se destacan las siguientes propuestas:

Propuestas sobre Defensores de Derechos Humanos:

 ·         Apropiarse del concepto amplio y comprensivo de defensoras y defensores de derechos humanos, propuesto en la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos de Naciones Unidas (Declaración de Defensores).

·         Exigir que el Estado Mexicano cumpla la Declaración de Defensores, sobre todo los relativo a la promoción de la labor de los defensores (art. 2), su protección y los mecanismos para la defensa de los derechos humanos (art. 14).

·         Demandar que el Estado Mexicano reconozca el trabajo de las defensoras y los defensores de derechos humanos, en el sentido amplio en el que se plantea en la Declaración de Defensores, reconociendo la eficacia en el trabajo de las organizaciones de derechos humanos.

·         Exigir que el Estado Mexicano garantice la integridad física, la integridad psicológica y la vida de las defensoras y defensores en el trabajo que realizan.

·          Demandar que el Estado Mexicano inicie campañas de información y sensibilización sobre el trabajo que las defensoras y los defensores de derechos humanos realizan. Es pertinente la democratización de los medios electrónicos.

·         Armonizar el marco nacional de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos, garantizando la labor que realizan defensoras y defensores, eliminando trabas administrativas o de cualquier tipo, que limiten la acción que realizan.

·         Garantizar el acceso a la justicia y el derecho a la verdad en los casos donde defensoras y defensores han enfrentado amenazas, hostigamiento, agresiones, lesiones, tratos crueles e incluso han sido asesinadas o asesinados, bajo la óptica de los estándares de justicia más altos, que contengan sanción a los responsables, medidas de no repetición y reparación integral del daño.

·         Exigir el cumplimiento de las recomendaciones, diagnósticos y demás productos que organismos internacionales de protección y defensa de los derechos humanos hayan hecho ante la realidad de las defensoras y los defensores.

·         Exigir al Estado Mexicano la creación de una instancia expresamente encargada de implementar las medidas necesarias de protección de defensoras y defensores en caso de cualquier tipo de agresión y hostigamiento. Deberá contar con facultades amplias, incluido el presupuesto público suficiente.

·         Conocer plataformas y experiencias de otros países con características y necesidades similares a la nacional, para aprender de su acción y de la implementación de programas de protección que puedan ser aplicados en México.

·         Exigir que el Gobierno establezca mecanismos adecuados de rendición de cuentas en las acciones que establezca para promover y proteger el trabajo de las defensoras y los defensores de derechos humanos.

·         Reformar el sistema público de protección a los derechos humanos, para que sea independiente, eficaz y un verdadero mecanismo de protección ante las violaciones a derechos humanos que enfrentas defensoras y defensores.

·         Elaborar informes periódicos sobre la situación de los defensoras y los defensores de derechos humanos, tanto a nivel nacional, como a nivel estatal, que sean de difusión amplia y enfaticen las acciones tomadas para cumplir los compromisos internacionales en la materia. (7)

La mayoría de estas propuestas son perfectamente viables, válidas y legítimas, impulsadas por quienes cotidianamente enfrentan los riesgos de defender los derechos humanos. Sin embargo, durante los últimos tiempos los riesgos no solo no se han eliminado sino que, en ocasiones, se han incrementado. La lista es larga, ya que el día 6 de agosto, fue asesinada la abogada y defensora de derechos indígenas, Griselda Teresa Tirado Evangelio, integrante de la Organización Independiente Totonaca (OIT), en el municipio de Huehuetla, estado de Puebla. El primer asesinato de un defensor de derechos humanos durante el gobierno de Calderón fue el de Ricardo Murillo Monge, integrante del Frente Cívico Sinaloense y defensor de derechos humanos, fue ejecutado en Culiacán, el 15 de noviembre de 2008. Los recientes asesinatos de Betty Cariño y Jiry Jaakola en San Juan Copala, el de la compañera Josefina Reyes asesinada por pistoleros en Ciudad Juárez, así como el emblemático asesinato de Digna Ochoa, todos ellos impunes, habla del nivel de riesgo que se enfrenta en esta lucha por hacer plenamente vigentes los derechos humanos de todas y todos.

Aún recordamos que uno de las agravios a la sociedad que motivaron la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue el asesinato de Norma Corona Sapien, defensora de Derechos Humanos en Sinaloa. Ahora, dos décadas después, los asesinatos de defensoras y defensores no ha suscitado el menor comentario de la presidencia de la república, mucho menos una acción real encaminada a garantizar estos derechos.

Ningún mecanismo de defensa y protección de defensoras y defensores de derechos humanos tendrá visos de realidad si no hay una política integral de respeto a los derechos humanos de toda la población, por lo que la lucha actual de hacer prevalecer las vidas por encima de las ganancias, es más importante que nunca llevarla a todos los ámbitos de la vida social, política, cultural, económica de la población en México y en todas las regiones del mundo.

Notas:  (*) Epígrafe de Damián Gustavo Camacho Guzmán en Informe presentado en Sao Paulo, Brasil en 2004 con Roberto Mendoza. Reporte sobre México para la III consulta latinoamericana sobre la situación de
los defensores de DD HH Damián Gustavo Camacho Ruiz Roberto Mendoza Delgado.
http://www.paginadigital.com.ar/articulos/2004/2004terc/noticias9/notic527-8Dch.asp – 81k

(1)     Declaración de la ONU sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos (1998).

(2)     Amnistia Internacional.

(3)     Protectionline. Proyecto de Protection International. Tácticas y Herramientas para la Protección de Defensores de Derechos Humanos. Sitio web.

(4)     “Para ejemplificar con caso de la lucha que emprendieron ciudadanos del estado de Morelos para defender el patrimonio cultural y ecológico del ex hotel “Casino de la Selva” ya que además de encontrarse más de 900 árboles de diferentes especies, se encuentra una extensa colección de murales. El 21 de agosto de 2001, en la ciudad de Cuernavaca, Estado de Morelos, fueron aprehendidos arbitrariamente  27 miembros del Frente Cívico Pro Defensa Casino de la Selva, manifestantes opositores a la construcción de un centro comercial en el ex Casino de la Selva. Los manifestantes fueron desalojados por alrededor de 500 agentes de las policías metropolitana, estatal y ministerial.” Informe sobre Detenciones arbitrarias, Centro Prodh, 2002.

(5)     Amnistía Internacional: AMR 41/027/2008. AU 168/08 Temor por la seguridad
MÉXICO Cristóbal Martínez Ortega y Otras personas que protestan contra la construcción de un vertedero en Lomas de Mejía, municipio de Cuernavaca: Cristóbal Martínez Ortega, funcionario municipal del pueblo de San Antón, municipio de Cuernavaca, estado de Morelos, fue secuestrado por cuatro hombres que se identificaron como agentes de policía y que lo golpearon con brutalidad. Cristóbal Martínez es uno de los líderes de un grupo de ciudadanos y ciudadanas que se opone a la construcción de un vertedero en la zona. Otros miembros de este grupo pueden correr peligro de sufrir ataques similares. El 11 de junio, poco después de participar en una conferencia de prensa en la que se informó de las actividades programadas por el grupo para protestar contra la construcción del vertedero, y cuando viajaba en su automóvil con un amigo, Cristóbal Martínez fue interceptado por cuatro hombres que viajaban en una gran furgoneta blanca sin placas de matrícula. Los hombres, que iban armados y se identificaron como agentes de la policía federal, le dijeron: “a ti te andábamos buscando”, y luego lo obligaron a entrar en su furgoneta. Una hora después, Cristóbal Martínez fue hallado en una cuneta de la carretera, atado y amordazado, tras haber sido abandonado por sus atacantes. Sangraba con profusión por una herida en la cara y estaba inconsciente.

(6)     Artícle 19 informó que: Las recomendaciones emitidas por el CDH al Estado mexicano incluyen: – Tomar medidas inmediatas para proporcionar protección eficaz a los periodistas y los defensores de los derechos humanos, cuyas vidas y seguridad corren peligro a causa de sus actividades profesionales, en particular mediante la aprobación oportuna del proyecto de ley sobre los delitos cometidos contra la libertad de expresión ejercida a través de la práctica del periodismo; – Velar por la investigación inmediata, efectiva e imparcial de las amenazas, ataques violentos y asesinatos de periodistas y defensores de los derechos humanos y, cuando proceda, enjuiciar a los autores de tales actos; – Proporcionar al Comité información detallada sobre todos los procesos penales relativos a amenazas, ataques violentos y asesinatos de periodistas y defensores de los derechos humanos en el Estado parte en su próximo informe periódico. CDH de la ONU. 26 de marzo de 2010.

(7)     Agenda de la Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos. 2006.

    Reporte sobre México para la III consulta latinoamericana sobre la situación de
los defensores de DD HH Damián Gustavo Camacho Ruiz Roberto Mendoza Delgado.
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