Mujeres: Informar para prevenir, abortar para no morir

Juliana G. Quintanilla y Paloma Estrada Muñoz

La información como arma de defensa de los derechos de las mujeres adquiere una relevancia mayor cuando se trata de salvar vidas, como es el caso del aborto. Una sociedad desinformada contribuye brutalmente a incrementar los riesgos del embarazo, de la maternidad, de la salud sexual, del aborto. A mayor obscurantismo crece la inseguridad de las mujeres. La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés) ha recomendado a México reducir el número de embarazos no deseados, no planeados o de alto riesgo, como una forma de  contribuir la prevención del aborto, y a la disminución de la morbilidad y mortalidad materna y perinatal. En los casos de las mujeres presas en Guanajuato por abortar, los trabajadores del sector salud de ese Estado optaron por denunciar a las mujeres que vivieron un aborto espontáneo, en lugar de tomar las acciones necesarias para atender la salud reproductiva de ellas, y de quienes viven en las localidades con mayor rezago en la entidad.
Otras de las recomendaciones de la Cedaw hacia los Estados son fortalecer la estructura familiar, propiciando una actitud responsable hacia la sexualidad y la reproducción y además proporcionar información y servicios de alta calidad para las adolescentes embarazadas con énfasis en consejería y anticoncepción.
Hasta ahora información actualizada por CIMAC  indica que en Guanajuato 166 mujeres han sido denunciadas por médicos de hospitales públicos, otras 14 ya tienen un proceso penal en su contra, nueve han sido sentenciadas y 30 más fueron consignadas y están en espera de entrar a la cárcel.
 
Las legislaciones que penalizan el aborto limitan la salud y los derechos de las mujeres, señaló Kyung-wha Kan, alta comisionada adjunta de Naciones Unidas, dijo que la penalización que se está dando en varios estados del país a las mujeres que interrumpen su embarazo es una de las preocupaciones de la ONU. Comentó que se deben revisar con cuidado las legislaciones que penalizan la interrupción del embarazo, porque se pueden estar violando derechos humanos de las mujeres.
La alta comisionada adjunta de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Kyung-wha Kang, expresó que: “el hecho de que en 18 entidades de México se aprobaran leyes que castigan penalmente la interrupción del embarazo, constituye una grave preocupación para este organismo”. La representación de la ONU en México señala que estas normas limitan los derechos de las mujeres y su salud al negarles los servicios para que realicen interrupciones seguras del embarazo; “hemos seguido estos casos muy de cerca. Si bien se trata de una decisión que debe tomar cada país y sus autoridades estatales, los gobernantes a revisar el tema”. También externo su preocupación por la falta de políticas en reproducción femenina y acceso a los servicios de salud.
Mujeres del pacto por la vida y la libertad de las mujeres han enviado una carta al gobierno de Guanajuato, señalando claramente que: En abierta contradicción a los múltiples tratados internacionales que el Estado mexicano ha firmado para proteger los derechos y la dignidad de las mujeres, tales como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,  la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer,  Belém Do Pará, por mencionar algunos, en esa entidad se vive un lamentable y evidente clima de persecución contra las mujeres.
 
Una de las evidencias más reveladoras y preocupantes de esta grave realidad social de Guanajuato es la criminalización que sufren más de 150 mujeres. 30 privadas de su libertad y sujetas a procesos aberrantes por parte de las instituciones de procuración de justicia en el estado. La mayoría de estas mujeres es de clase humilde y está en condiciones de alta vulnerabilidad y marginación social.
 
El emblemático caso de Alma Yareli Salazar Saldaña, quien fue sentenciada a 27 años 6 meses de prisión acusada del delito de homicidio en razón de parentesco, cuando en realidad había padecido un aborto involuntario, este es un ejemplo nítido del infierno que sufren muchas mujeres de Guanajuato. De manera afortunada, gracias a la denuncia ciudadana pública y al ejercicio responsable del magistrado de la Décima Sala Penal del Supremo Tribunal del Estado, Miguel Valadez Reyes, la sentencia fue revocada el 9 de junio pasado debido a que no existió el delito del que se le inculpaba. Sin embargo, el clima persecutorio y misógino de la procuración de justicia en esa entidad le quitó a Alma Yareli tres  años de su vida y libertad.
 
Hay más de 150 casos similares a los de Alma Yareli en el estado, situación que resulta grave y es motivo de gran preocupación, pues coloca a ese estado en la lista de los lugares del mundo donde la mujer es perseguida y tratada bajo parámetros discriminatorios,  en contra de su dignidad y derechos fundamentales.
 
La justicia y la democracia deben estar al servicio de la ciudadanía, en plena concordancia con nuestra Carta Magna y los compromisos de México ante el mundo en materia de respeto a los derechos humanos, más allá de cualquier postura religiosa particular. Por todas estas importantes y trascendentes razones, se le ha exigido: Libertad inmediata a todas las mujeres encarceladas de manera injusta por interrumpir su embarazo.
 
Respeto irrestricto al carácter  laico del Estado mexicano.  Acciones inmediatas y efectivas de educación sexual con bases científicas, sobre todo en los sectores poblacionales de mayor vulnerabilidad y marginación social, para evitar embarazos no deseados y por ende la necesidad de abortos. Facilitar el acceso y disponibilidad de toda la gama de métodos anticonceptivos a las mujeres de Guanajuato, sobre todo a las de mayor vulnerabilidad y marginación social.
 
Respeto irrestricto a la libertad y el derecho que tienen las mujeres a decidir de manera libre y voluntaria sobre su vida reproductiva  y su maternidad. Por todo ello, insistimos en que decidir no es un delito, decidir es un derecho.
cidhmorelos@gmail.com

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