Mujeres y aborto: prisión y soledad.

Juliana G. Quintanilla y Paloma Estrada Muñoz
 
Mujeres presas por abortar han sido sentenciadas a 27 años de prisión en Guanajuato. Son mujeres jóvenes, trabajadoras, pobres. No han tenido para pagar clínicas de lujo ni abogados para hacer valer la ley. Son como miles de mujeres del pueblo que ante la decisión de abortar han tenido que enfrentar todos los prejuicios sociales, el estigma ideológico, el temor de la persecución criminal, la angustia de desafiar el poder establecido de los curas de la iglesia que las van a satanizar, las incomprensiones de su pareja o el abandono en momentos difíciles. Todo ello es poco,  cuando vemos uno de los testimonios: “Me hicieron un legrado sin anestesia, mientras en el quirófano gritaban continuamente… ¡aguántate puta!…¡te vas a arrepentir por lo que hiciste!… ¡de eso nos encargamos nosotros!;… luego llegó el Ministerio Público, levantó un acta, y días después hombres de una camioneta café me sacaron de mi casa a punta de pistola para llevarme esposada a la cárcel de Guanajuato. Mis padres pagaron una fianza de 10 mil pesos, recibí una condena de 9 meses, más servicios comunitarios, y tres años de antecedentes penales que hasta hoy, me impiden obtener un trabajo con un buen sueldo, pues donde quiera que voy piden cartas de no antecedentes penales”. Este ambiente de intolerancia, represión y adoctrinamiento hacia los jóvenes, sobre todo hacia las mujeres, en la entidad, con el afán de reforzar los principios católicos, es porque en Guanajuato se trata de imponer una religión de estado.
Datos del Instituto de Salud Pública del estado de Guanajuato revelan que el número de embarazos entre adolescentes se ha incrementado de tal forma que en 2007 se registraron 81 mil103 y para 2009 el número ascendió a 97 mil 700. Entre el año 2000 y el 2009, 190 mujeres fueron denunciadas por el delito de aborto y nueve están actualmente en prisión sentenciadas por homicidio en razón de parentesco.
En Guanajuato se vive un proceso peligroso de derechización del estado toda vez que se impulsa una política familista en la cual las mujeres no existimos como individuos sino como parte de una familia heterosexual y con hijos; en lo legislativo ha habido una negativa desde hace tres años de emitir una ley que reconozca a la mujer como víctima de violencia, como han denunciado las organizaciones feministas y defensoras de los derechos humanos de la entidad. “Tomé una decisión, y fui criminalizada un año y medio y hasta la fecha por ello, y no será hasta el 2012 que pueda volver a trabajar con un salario digno”, continúa Rosario, quien hoy se define como una mujer fuerte, valiente y decidida que considera hizo lo que debía: “pues tenía y tengo derecho a decidir sobre mi cuerpo”, como reportó Cristina Pérez en El Universal.
Contrariamente a lo que sucede actualmente en nuestro paìs, por primera vez en la historia de las Conferencias Regionales sobre la Mujer de la CEPAL, durante la Conferencia realizada en julio en Brasilia queda una referencia concreta al aborto en los acuerdos para la acción; en el punto 6.f) se establece la necesidad de revisar las leyes que prevén medidas punitivas contra las mujeres que se hayan sometido a abortos y garantizar la realización del aborto en condiciones seguras en los casos autorizados por la ley.
A pesar de la oposición de Costa Rica, Perú y Chile que anunciaron “reservas” generales a los derechos sexuales y derechos reproductivos y al aborto, la comunidad de países de América Latina y El Caribe ha aprobado un acuerdo específico demandado la revisión de las leyes que criminalizan el aborto impidiendo a las mujeres la libertad de tomar decisiones autónomas sobre su salud y su vida. La Declaración reconoce la contribución del movimiento de mujeres y feministas en la profundización de la democracia, la construcción de la igualdad real y del desarrollo de la institucionalidad y políticas públicas de género y el Consenso adopto importantes acuerdos para la acción en lo relacionado a derechos y justicia destacan:
Revisar las leyes que prevén medidas punitivas contra las mujeres que se hayan sometido a aborto y garantizar la realización del aborto en condiciones seguras en los casos autorizados por la ley, es la primera referencia concreta al aborto en los acuerdos para la acción dentro de las Conferencias Regionales de la Mujer.
La maternidad continúa representando para muchas mujeres un riesgo de vida. El aborto en condiciones clandestinas e inseguras, su criminalización y penalización, son una realidad que afecta la vida y la salud de las mujeres, adolescentes y jóvenes.
Hoy las mujeres que en Guanajuato defienden su derecho a decidir no están solas, cuentan con el apoyo de muchas organizaciones que están concientes de que es necesario frenar la ofensiva reaccionaria de la derecha que quiere controlar también los cuerpos y las mentes de las mujeres.

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