UNA NUEVA LEY LABORAL QUE NO ELIMINE LAS CONQUISTAS DE LOS TRABAJADORES Y LAS TRABAJADORAS.

Marco Aurelio Palma Apodaca

A principios de la década de los ochenta el gobierno en turno improvisaba en sus distintas áreas y sectores el llamado sistema “neoliberal”, que si bien en un principio caminaba en forma débil, sus prácticas continúan vulnerando la Constitución Federal, desmantelando paulatinamente su carácter social, el mismo fenómeno ocurre con sus leyes secundarias y los distintos Tratados y Convenios Internacionales que ha ratificado. Un rasgo de esta política económica es el proceso de privatización de empresas públicas, hasta el extremo de querer extinguirlas tal como es el reciente caso de la compañía de “Luz y Fuerza del Centro”. Otra variante es la imposición de múltiples métodos de trabajos inhumanos en aras de las ganancias y que tienen que ver con la “flexibilización” de las normas jurídico laborales, es decir la disminución en la práctica de las conquistas de la clase trabajadora expresadas en los diversos instrumentos legales. Hoy en día la palabra “Trabajo” para el gobierno en turno tiene una connotación solo mercantil y no de tipo social, y sin reconocer mucho menos que se trata de un derecho humano, tal como lo refleja la actual propuesta del Partido Acción Nacional de reformar cientos de artículos pertenecientes a la Ley Federal del Trabajo. Habría que recordar que a lo largo de estos últimos dieciocho años hemos tenido cuatro intentos de modificación a la ley laboral; la primera fue en 1989 en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari que proponía tres aspectos básicos; a). Debilitar la estabilidad en el empleo, b). Establecer el salario por hora y c). Restringir diversos derechos sindicales. Al final dicha contrarreforma no se pudo concretar, pero lamentablemente se establecieron “Convenios de Productividad” obligatorios como vía para reducir el salario contractual con el llamado “salario de productividad”, al que no se le integran prestaciones, ni las pensiones o jubilaciones. En 1998 la propuesta de Zedillo, no convenció a nadie y aborto sin pena ni gloria. En el 2001 la tan sonada “Ley Abascal” (que podemos decir que era casi igual a la del PRI),  promovida hasta el cansancio en los cuatro años que se mantuvo en función como Secretario del Trabajo y Previsión Social, Carlos Abascal Carranza; y que dicha iniciativa atacaba otra vez y estratégicamente el derecho a la “estabilidad en el empleo” a partir de la idea patronal de establecer contratos eventuales, cuya consecuencia seria reducir derechos sindicales afectando indirectamente además el valor del salario.  Si bien en el periodo del PRI se abrieron consultas publicas con empresarios, sindicatos, partidos políticos, académicos, etc., en los tiempos de Fox ya no se realizaron, en cambio si hubo negociaciones y nuevamente acuerdos entre ellos el de la UNT-PRD, con los llamados “20 compromisos por la libertad sindical”, pero que lamentablemente la situación no mejoro, pues en la vía de los hechos persiste el desmantelamiento a la Constitución y a la Ley Federal del trabajo en vigor, existiendo un apoyo tácito a los patrones que utilizan a su favor; el empleo eventual, el salario por hora, el servicio de rentadores de trabajo, el “intermediarismo” en las relaciones laborales, ahorrando costos y evadiendo responsabilidades de tipo legal incluso a la vista de las autoridades ¿acaso no representa impunidad institucional?.

Pensamos que la referida contrarreforma hoy representa el mayor cumulo de aspiraciones patronales, por mencionar solo algunos artículos en forma especifica los 15 y 15 A, de la “Ley Lozano” que intentan formalizar ahora la subcontratación y la renta de trabajo humano, que no es otra cosa mas que legalizar el “Outsourcing” cuyos beneficios para el patrón son el reducir sus costos, tratando al trabajador o trabajadora como una mercancía. Otra aberrante novedad del articulo 28-A, B, que es el deseo de que existan “agencias colocadoras” cuyo fin sea exportar personas, ósea enviar mano de obra barata mexicana al extranjero, con la  implementación de contratos por tiempo determinado con empresas o entidades privadas establecidas en los distintos países, convirtiéndose el gobierno en gran expulsor, incumpliendo su obligación constitucional de crear empleos. Con el articulo 39 a, b, c, d y f, se legalizarían ya los contratos eventuales, es decir; a prueba, temporales y de capacitación hasta por 30, 90 y 180 días estos últimos en caso de empleados de confianza, técnicos o profesionistas, además de que en caso de terminación de las relaciones laborales ya no habría ninguna responsabilidad para el patrón, rompiendo con ello el todavía principio básico de “estabilidad en el empleo”. Así mismo se quiere cambiar el dispositivo 47 y en consecuencia se introduciría dos nuevas causales de despido; una es que el empleado podrá ser despedido en caso de realizar actos consistentes en falta de probidad o violencia en contra incluso de la “la clientela del patrón”, y la otra consistiría en que en caso de que el trabajador o trabajadora no contara con todos sus documentos en regla ameritaría de forma inmediata  “un justificado despido” sin responsabilidad para la parte patronal, otra causal (la fracción XVI –BIS) que pretende establecer que el aviso por escrito al empleado o empleada en la cuestión de la rescisión de su contrato, ya no sería obligatorio sino que se puede informar por cualquier otro medio, por lo que pensamos que sienta las bases para facilitar cualquier despido, vulnerando de manera obvia el derecho a la seguridad del empleo y la permanencia en el mismo. Otro de los cambios seria en el numeral 48 y que de manera sustancial consistiría en que en caso de muerte del trabajador o trabajadora en el juicio automáticamente se dejarían de computarse los salarios caídos. Además se quiere modificar el artículo 784 bajo la idea de eliminar cargas probatorias al empleador como en caso de que si el patrón llegara a extraviar los documentos del empleado, tendrá el beneficio procesal de acudir a otros tipos de medios. Otros artículos que se intentan cambiar son el; 387, 388, 395, 459 y 899, relativos a la contratación colectiva y libertad sindical, en donde dicha iniciativa de reforma laboral solo hace más que colocar mayores  obstáculos a estos derechos gremiales haciendo casi imposible el registro formal de un sindicato independiente y/o el estallar una huelga aumentando indiscriminadamente el numero de requisitos legales para ello. De lo anterior podemos decir que en las recientes y numerosas marchas del simbólico 1º de mayo realizadas en todo el país, broto el descontento general de la clase trabajadora por dicha iniciativa elaborada en el seno de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, y en este mismo sentido sectores solidarios promovemos su rechazo. El repudio a la llamada “Ley Lozano” es total, e incluso gran parte de los miembros del sindicalismo corporativo (Congreso del Trabajo, CTM, CROC, etc.), por ahora también la desaíran. Por lo que decimos en sí, que su contenido solo persigue garantizar la “mano de obra barata”, reivindicando con ello su sentido mercantil, sin importar que dichas medidas tiendan a originar y promover la explotación de hombres, mujeres, menores y ancianos que lo único que se les ofrece son fuentes de empleos precarias con bajos salarios y en la mayoría de los casos sin seguridad social, la actual política de los empresarios y del gobierno en turno de la que no existe notable diferencia, apuntan al hecho de eliminar todo lo que signifique “conquistas laborales”.

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