VICTIMAS CIVILES, AUMENTAN CON PRESENCIA MILITAR

VICTIMAS CIVILES, AUMENTAN CON PRESENCIA MILITAR
GRUPOS DELICTIVOS CUENTAN CON COMPLICIDAD INSTITUCIONAL
SOLO PUEDE HABER SEGURIDAD CIUDADANA CON RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS.

La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C., con domicilio en la calle Guerrero 4 despacho 110, Centro, Cuernavaca, Morelos, que señalamos para recibir cualquier tipo de respuesta.
Este organismo defensor de los derechos humanos y garantías individuales en la entidad ha recabado testimonios de civiles que han sufrido violación de sus derechos humanos durante los operativos llevados a cabo por elementos del Ejército Mexicano de la 24a Zona Militar y de personal de la Armada de México, así como víctimas de la delincuencia y de elementos de la Policía Federal Preventiva y de la Policía Estatal o elementos de la Policía Ministerial, por lo que consideramos necesario hacer un llamado urgente a las autoridades del Estado Mexicano a respetar plenamente la vida humana, a ajustarse a la legalidad constitucional, a modificar su estrategia anticrimen apegándose a los protocolos internacionales sobre la Delincuencia organizada para no centrarse exclusivamente en el uso de la fuerza armada, de tal manera que no sea la población civil la que pague con su vida y la pérdida de sus libertades democráticas y garantías constitucionales el costo de una guerra perdida por el Estado que amenaza con erosionar aún más las instituciones y la cohesión de la vida social en todo el país, por lo que es inaceptable que se combata la ilegalidad con más ilegalidad con la presencia masiva de militares en las calles y ciudades del estado de Morelos tratando a la ciudadanía como presuntos delincuentes, violando la presunción de inocencia de manera reiterada.

En el Estado de Morelos se vive un acelerado proceso de espiral de violencia, donde se alimentan mutuamente el crecimiento de la presencia de grupos delictivos fuertemente armados y una militarización de todos los ámbitos de la vida social en Morelos como lo documentamos en los Anexos I , II y III al final de esta queja.

En Morelos se vive un proceso de herencias e inercias del sistema de justicia que es el reducto de ese sistema autoritario y del debilitamiento del aparato de justicia, tiene que ver con impunidad. Existe reproducción de condiciones de inequidad, corrupción, sumado a los fenómenos de narcotráfico, donde Morelos deja de ser lugar de tránsito, para convertirse en lugar de destino y consumo, lo que agrava el fenómeno de exposición al riesgo.
Se da el debate en términos de seguridad pública, como respuesta a un escenario peligroso, un contexto donde parece que la gente está dispuesta a renunciar a sus derechos, por buscar seguridad; pérdida de derechos en un contexto de violencia ante la incapacidad de respuesta del Estado. Se observan procesos de militarización de la policía; el estado mexicano privilegia la presencia pública militar, contribuyendo a incrementar la espiral de violencia, así el Estado abdica de su responsabilidad de aplicación de justicia, por aplicación de venganza.
En cuanto a la Seguridad, existe confusión en el uso del término, donde se entiende como seguridad del gobierno, no para la sociedad.
Se debe debatir sobre el concepto de seguridad democrática, pues el gobierno pretende estar utilizando este concepto en el enfrentamiento a la delincuencia organizada y el narcotráfico, violando derechos humanos fundamentales y garantías humanas básicas. La seguridad es un tema que nos fue importado de los Estados Unidos y tiene por objeto la seguridad del Estado refuncionalizado, a favor de los intereses y poderes fácticos.
Es un lugar común que la lucha contra la delincuencia organizada no ha dado los frutos ansiados, por el contrario, ha tenido retrocesos por no abarcar todos los frentes en que se da. Se debe asumir como política de Estado. El narcotráfico y la delincuencia organizada están interrelacionados –en 21 delitos que han penetrado. Este debate se debe abordar desde varios ámbitos: acción del estado sin importar condición económica y representatividad política; investigación y penalización del lavado de dinero y circuitos económicos; políticas públicas, y; participación efectiva de la ciudadanía.
La lucha contra el narcotráfico que ha llevado a cabo el gobierno federal no se ajusta a la resolución de la suprema corte de justicia respecto a la participación de las fuerzas armadas, lo cual es inconstitucional.
En este sentido, la propuesta para desaparecer las policías municipales y crear policías únicas en cada Estado, desnaturaliza al Federalismo mexicano, cuya estructura principal para combatir el centralismo es el Municipio Libre. Dice la exposición de motivos de la reforma al Artículo 115 Constitucional de 1999: “La índole social y natural del municipio como unidad política, administrativa y territorial, de nuestra vida nacional (…)”. Y sigue: “(…) devolviéndole al municipio la función principal del gobierno directo de la comunidad básica, en virtud de que éste es una comunidad social que posee territorio y capacidad política, jurídica y administrativa (…)” (resaltados nuestros).
Las fracciones II y III del Artículo 115 otorgan a los municipios personalidad jurídica propia, facultades para manejar su patrimonio, expedir los bandos de policía, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas, y para tener bajo su cargo las funciones y servicios públicos en los términos del Artículo 21 Constitucional. Los “servicios públicos” incluyen a la Seguridad Pública, que es además un Derecho Humano. El primer contacto del Estado con los ciudadanos es el Ayuntamiento, y el primer contacto del Ayuntamiento con las comunidades es la policía municipal, cuyos integrantes surgen de la misma. Son los Ayuntamientos los que mejor pueden establecer la comunicación comunitaria y proyectar las acciones sociales, de infraestructura, de producción y de servicios requeridas para la reconstrucción del tejido social.
Por ello, la propuesta de la Policía Única atenta contra el Municipio Libre; es regresiva, pragmática y reactiva; responde a una visión punitiva más que de desarrollo económico, social y comunitario. Reproduce las decisiones erróneas del régimen en el combate al crimen. No va al fondo del conflicto generado por el modelo neoliberal, que es el retiro gradual del Estado de sus responsabilidades para satisfacer los derechos económicos y sociales, dejando esas funciones a un mercado lucrativo y voraz. Al privatizarse estos derechos, los espacios públicos abandonados por el Estado son invadidos por la delincuencia al encontrar en las comunidades en descomposición y en los jóvenes sin futuro, el caldo de cultivo ideal.
El narco ha penetrado las comunidades rurales y urbanas porque ofrece trabajo e ingreso, por supuesto ilegales, que el Estado es incapaz de generar. Paralelamente, irrumpe haciéndose de una base social, rompe la unidad e identidad comunitaria y familiar, promueve la cultura de la violencia, abona a la pérdida de los valores y principios democráticos y trastoca la identidad cultural. Pero la delincuencia organizada no actúa sola, ha penetrado también la estructura del poder político y económico, promoviendo la corrupción, la complicidad y la simulación, que no se combaten con policías estatales.
La centralización no es un antídoto contra la corrupción policial, que además no es la más letal aunque sí la más visible. El pasar de un régimen policiaco municipal a uno estatal no cambia esencialmente las cosas, porque la corrupción y la impunidad son más graves en los altos niveles de gobierno y en los grandes negocios, aún a costa del erario público.
El Estado no construye ciudadanía democrática y participativa; no da voz ni escucha al ciudadano y sus demandas, y el voto es alienado. Impone sus políticas punitivas y de fuerza, una gradual y peligrosa militarización de la vida civil y avanza en la suspensión de las garantías con apoyo popular, basado en la desinformación y en una política mediática del miedo como mecanismo de control y aval social.
El Estado podría promover el empleo remunerado, reorientar y reactivar las economías locales y el mercado interno, masificar el deporte, las artes y la cultura; promover la escuela de tiempo completo, el hábito de la lectura, la tolerancia y la paz. En su lugar, el gobierno propone una iniciativa más como la que ha demostrado su fracaso.
En este contexto, no es el negocio de la droga el que fomenta a la delincuencia organizada mexicana ya que los grupos criminales transnacionales mexicanos se dedican a 22 tipos de delitos organizados, en donde las drogas es solo uno de ellos. Aún si los países ricos de Europa y de América del Norte no consumiesen drogas exportadas por los grupos criminales mexicanos, la delincuencia organizada continuaría capturando al Estado Mexicano con el fin de continuar asegurándose los mercados ligados a 21 tipos de delitos organizados no ligados a drogas, como por ejemplo contrabando, piratería, pornografía infantil, fraude electrónico, tráfico de armas, trata/tráfico de seres humanos extorsión, secuestros, etc.

En este contexto, las únicas alternativas para enfrentar a la delincuencia organizada son cuatro:
1.- Atacar a la corrupción política de lleno sin medidas espectaculares, pero efectivas.
2.- Incorporar a las agencias de inteligencia financiera y operativas a contribuir al flujo de material probatorio necesario para que, en un estado de derecho, los fiscales y jueces acusen y procesen a organizaciones criminales y entidades morales vinculadas a políticos;
3.- Establecer un programa nacional de desmantelamiento patrimonial en donde el SAT (Secretaria de Hacienda) trabaje mano a mano con unidades de investigación patrimonial y fiscales especializados para que comiencen coordinadamente a decomisar a las entidades morales que actúan como puentes entre la delincuencia organizada y los políticos para el financiamiento de campañas y precampañas; y
4.- Establecer una red nacional de asociaciones civiles que comiencen a prevenir a la delincuencia organizada a través de un programa de acciones operativas y concretas que eliminen a los factores de riesgo educativo, laboral, de salud, y de infraestructura social.
Sin embargo, el motor de estos cuatro ejes se constituye siempre en un nuevo pacto social que delinee un nuevo modelo de gobernabilidad política para terminar con el vacío institucional que ha permitido que grupos delincuenciales capturen a la sociedad y al estado de Morelos y del país. 
 

TIPIFICACION DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS.

En este contexto de violencia delincuencial y violencia institucional, la sociedad se encuentra sometida a una sistemática violación de sus derechos humanos, como los siguientes:

Desaparición forzada de personas.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) fue la primera organización en aplicar un instrumento capaz de dictar sentencias definitivas y obligatorias en casos interestatales y particulares expresamente reconocidas por los Estados Partes interesados, la Corte Interamericana de Derechos Humanos[16] que en 1988 y 1989 pronunció las primeras sentencias condenatorias por casos de desapariciones en contra del Estado de Honduras. La OEA adoptó posteriormente la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas[17] de 1994 con la que asentar el marco jurídico y en la que se considera la desaparición forzada en su preambulo como delito de lesa humanidad imprescriptible:
…CONSIDERANDO que la desaparición forzada de personas constituye una afrenta a la conciencia del Hemisferio y una grave ofensa de naturaleza odiosa a la dignidad intrínseca de la persona humana… REAFIRMANDO que la práctica sistemática de la desaparición forzada de personas constituye un crimen de lesa humanidad
que define del siguiente modo en su artículo II:
Art. II. Para los efectos de la presente Convención, se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.
En el artículo III requiere de los Estados la adaptación de sus códigos penales para la tipificación del delito de desaparición forzada:
Art. III. Los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales, las medidas legislativas que fueren necesarias para tipificar como delito la desaparición forzada de personas, y a imponerle una pena apropiada que tenga en cuenta su extrema gravedad. Dicho delito será considerado como continuado o permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima
Con el precedente regional de la Corte Interamericana, la constitución de la Corte Penal Internacional extendió en el ámbito universal de las Naciones Unidas la disposición de un instrumento internacional unificado y jurídicamente vinculante que estableciera la obligación expresa del Estado de proteger a los ciudadanos frente al crimen de desaparición forzada.[18]
En vigor desde el 1 de julio de 2002, el artículo 7º Párrafo 2,i. del Estatuto de Roma[19] de 1998, establece la siguiente definición:
Por “desaparición forzada de personas” se entenderá la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a admitir tal privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado.
Sin embargo, ese mismo artículo 7 estipula que el delito de desaparición forzada y otros solo constituyen un crimen de lesa humanidad “cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”.

Una ejecución extrajudicial o extralegal es, según el derecho internacional humanitario, un caso de violación a los derechos humanos que consiste en el homicidio de manera deliberada de una persona por parte de un servidor público que se apoya en la potestad de un Estado para justificar el crimen. Pertenece al género de los delitos contra personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario.[1]
Una ejecución por parte de agentes del Estado es extrajudicial cuando no está dentro de los siguientes parámetros:[1]
·     La legítima defensa.
·     En combate dentro de un conflicto armado.
·     El uso racional necesario y proporcionado de la fuerza para hacer cumplir la ley.
·     Por imprudencia, impericia, negligencia o violación del reglamento.
La prevención de las ejecuciones extrajudiciales fue adoptada el 15 de diciembre de 1989 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas bajo Resolución 44/162.[2] En dicha resolución también se establecen las responsabilidades que debe asumir un Estado para prevenir dichos asesinatos que son: el establecer prohibiciones legales a dichas ejecuciones, evitarlas al garantizar un control sobre los funcionarios autorizados por la ley para usar la fuerza y las armas de fuego, garantizar la protección de personas que estén en peligro de sufrir dichas ejecuciones y prohibir a funcionarios superiores la autorización o incitación de las mismas.[1] [2
Detención Arbitraria
Con estos actos, las autoridades señaladas como responsables violentaron lo determinado por los artículos 14, párrafo segundo, y 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala, en lo conducente, que sólo se puede privar de la libertad a una persona, con plena satisfacción de las formalidades esenciales del procedimiento.
Asimismo, la violación al derecho humano de libertad personal derivado de una detención arbitraria, contraría lo establecido en el párrafo sexto del artículo 21 constitucional, que establece que la actuación de las instituciones policiales se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez.
A nivel internacional, este tipo de actos violatorios de derechos humanos transgreden lo establecido en los artículos 9.1. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 7.3. de la Convención americana sobre derechos humanos, que refieren que nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias.

El Ejército no puede realizar labores de seguridad pública.

Articulo 129. En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer mas funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá comandancias militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del gobierno de la unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de las tropas.  

ALLANAMIENTO DE MORADA.
El allanamiento de morada es un delito cuya comisión viene determinada por el hecho de entrar en el domicilio de una persona sin su consentimiento o permanecer en él contra su voluntad.
El caso más habitual es el del robo con allanamiento de morada. Este delito es habitual que se encuentre en concurso de delitos concurso con otros.
Los requisitos necesarios para poder entrar en el domicilio de una persona sin su consentimiento dependerán de cada ordenamiento jurídico, si bien en los ordenamientos jurídicos democráticos suelen ser rigurosos, buscando con ello la protección del derecho a la intimidad  

TORTURA.
La mayoría de las personas detenidas en operativos han sido torturadas y presentadas públicamente con evidencias de la misma.

La lucha contra la tortura tiene un instrumento internacional específico: la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1984).
Adicionalmente la tortura está  condenada en el artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Otras normas jurídicas de derecho internacional que recogen la tortura son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.
 

POR TODO LO ANTERIOR:

SOLICITAMOS SU INTERVENCION INMEDIATA EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA PARA GARANTIZAR PLENAMENTE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDADANIA MORELENSE, INTEGRAR LAS QUEJAS CORRESPONDIENTES Y CONMINAR A LAS AUTORIDADES DESDE LAS TRIBUNAS LEGISLATIVAS NACIONALES Y DESDE EL AMBITO INTERNACIONAL A TERMINAR CON ESTA ESTRATEGIA POLÍTICA DE UTILIZAR UNA GUERRA CONTRA EL NARCO PARA IMPONER EL TERRORISMO DE ESTADO CONTRA LA SOCIEDAD.
 

Cuernavaca, Morelos, 12 de abril de 2010.
 

Atentamente
Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

Roberto Mendoza Delgado, José Martínez Cruz, Paloma Estrada Muñoz,
Marco A. Palma Apodaca, Juliana García Quintanilla.
Anexo I
CASOS DE DESAPARICIONES, EJECUCIONES, DETENCIONES, TORTURA, QUE PERMANECEN EN LA IMPUNIDAD.

El costo en vidas humanas es alarmante y elevado: 18 personas en dos semanas. La crudeza de los asesinatos no tiene precedente en Morelos: decapitaciones, ahorcamientos en vía publica, descuartizamientos. En lo que va del año 2010 han ocurrido 35 ejecuciones atribuidas a grupos de delincuencia organizada, sin que haya resultados en las investigaciones realizadas por la procuraduría, prevaleciendo un clima de impunidad ante la privación de la vida de personas que, en caso de haber cometido algún delito deberían ser sometidos a proceso y no justificar su muerte con el fútil argumento de que se trata de narcomenudistas que se están disputando la plaza. El mayor número de ejecutados son jóvenes de edad.

En solo tres días de semana santa fueron encontrados 8 decapitados. El asesinato de una pareja de jóvenes, un hombre y una mujer en el pleno zócalo de Cuernavaca ante la vista de los paseantes que visitaban el centro, sin que los asesinos fueran detenidos por un convoy militar-policiaco que transitaba ostentosamente a unas cuadras, demostró fehacientemente que la impunidad corre de la mano de la corrupción y complicidad.
El ataque sufrido por las instalaciones de la PGR en dos oficinas, ubicadas en las colonias Chipitlán y Antonio Barona, significó la muerte de un policía y una mujer herida. Los atacantes se pasearon ostentosamente portando armas largas por avenidas sumamente transitadas antes de atacar las oficinas, sembrando el terror entre las y los transeúntes y conductores. ¿En donde estaban los militares y policías federales y estatales que se desplegaron en retenes por toda la ciudad de acuerdo a la estrategia fallida del gobierno estatal y federal? Nunca hicieron acto de presencia.
Se encontraban haciendo retenes en lugares como La Paloma de la Paz, donde pasó  el vehículo de la Diputada Lilia Ibarra en compañía de su esposo, a quienes amenazaron con sus armas largas y amagaron con ellas a la representante popular ligada al Movimiento Magisterial de Bases. (1)
También hicieron acto de presencia en la colonia El Mirador, del municipio de Tlaltizapán, en el sur de Morelos, donde no detuvieron a ninguno de los sicarios que atacaron las instalaciones, pero en cambio, penetraron a viviendas particulares y arrojaron gases lacrimógenos y dispararon por varios minutos, resultando intoxicada con los gases la menor Alexia Garduño García de 3 meses de edad y al punto del colapso nervioso su abuela Vita Reyes Galvan y familia, así como la señora Guadalupe Popoca una persona octogenaria, que sufrieron la presencia policíaca en sus domicilios particulares que resintieron daños en fachadas, puertas y ventanas por los disparos realizados.
De acuerdo a versiones recabadas en el lugar (publicadas por Hugo Barberi en la versión digital de Maseual) “se desató una balacera entre dos bandas alrededor de las 12:40 horas, pero no se registró aparentemente ningún herido por la refriega, minutos más tarde llegaron elementos de la policía federal, quienes a decir de los vecinos allanaron tres domicilios y en uno de ellos lanzaron al interior gas lacrimógeno. En un cuarto de la vivienda, se encontraba, Vita Reyes Galván, de aproximadamente 45 años de edad, con su hijo de 19 años, su nuera y su nieta, una bebé de tres meses “está por cumplir los cuatro”, precisó la abuela”.
De acuerdo con el reporte enviado por Angelina Albarrán y publicado en El Sol de Cuernavaca, los hechos ocurrieron de la siguiente forma: “Impresionante balacera se registró la mañana de ayer jueves en la colonia El Mirador, municipio de Tlaltizapán, donde, presuntamente, integrantes de una organización criminal se enfrentaron a balazos en contra de las fuerzas federales, dejando como saldo, dos pequeños lesionados, más de una docena de vecinos intoxicados con gas lacrimógeno, así como diversas casas dañadas. Se presume que durante el hecho, se efectuó la detención de una persona. (3).

Estos hechos muestran que la estrategia adoptada por el gobierno estatal y federal, de incrementar la presencia policíaca y militar en la entidad, lejos de garantizar la tranquilidad, la seguridad y la paz para la ciudadanía, han colocado a Morelos al mismo nivel que los lugares del país donde impera la violencia delincuencial y la violencia institucional en un proceso incontenible de daño a los derechos humanos de la ciudadanía, a la par del incremento de delitos y de descomposición del tejido social.

ANEXO II: LOS ANTECEDENTES.

En Morelos el número de victimas civiles por la presencia militar y de la PFP se ha venido incrementando de manera sistemática. Tenemos casos documentados ante la CNDH y otras instancias, que muestran como ha habido detenciones arbitrarias, allanamientos, torturas y ejecuciones cometidas por militares sin que se hayan realizado las investigaciones correspondientes. En el caso de la familia Zamora Gómez existe el Expediente de Queja CNDH/2/2009/3978/Q y en el caso de los primos Silverio Ivan Jaimes Filio y Jorge Raúl Jaimes Jiménez el Expediente CNDH/2/2009/3799/Q. (4)
El 11 de diciembre de 2009 en el Fraccionamiento Los Limoneros de Ahuatepec fue acribillada por militares la señora Patricia Terroba de Partida. Días después ocurrió lo mismo con el señor Ignacio Aguilar, acribillado a balazos por soldados de la Marina. El 19 de diciembre, militares allanaron el domicilio de la señora Rosario Montejo y Nayeli Lugo de Guzmán y detuvieron arbitrariamente a  Emilio Guzmán Montejo (5).
Antes, el 20 de septiembre de 2009 el campesino Oswaldo Sánchez Cabrera fue asesinado por elementos del Ejército en un reten instalado en Alpuyeca. (6)
Previamente, el 22 de marzo de 2009, elementos militares de la 24ª. Zona, tomaron por asalto las instalaciones de la Ayudantía Municipal de Ocotepec y detuvieron arbitrariamente y torturaron a los policías comunitarios, al comandante de la ronda de vigilancia, Gerardo Estrada Rosas y a su cabo de cuarto Francisco Javier Ragil Rangel. (7)

Destacamos el hecho de la violencia feminicida, que en Morelos se ha elevado de manera alarmante año tras año. Varios casos de mujeres asesinadas se cuentan en estos operativos militares (Patricia Terroba en Los Limoneros es uno de ellos) o ejecuciones en pleno centro de la ciudad (Karen Dorantes Escobar de 18 años de edad (8), con lo que la cantidad de mujeres asesinadas en 2010 en Morelos supera los 12 casos (9)

En su momento, nuestra organización también denunció el homicidio del joven ALEJANDRO ROSALES CASTAÑEDA, y las desapariciones de los jóvenes JOSE ALFREDO ARROYO JUAREZ, SAMUEL TEROBA RODRIGUEZ Y DANIEL RUEDA BECERRIL, además del caso de PABLO DOMINGUEZ. En el caso del joven ALEJANDRO ROSALES CASTAÑEDA, fue asesinado a balazos en la cabeza por el agente ministerial Jesús Torres Díaz, adscrito al Grupo de Delitos Sexuales de la PGJ, desde el día 21 de marzo de 2009 en Santa María Ahuacatitlán. (10)

Aunado a lo anterior, vemos como la presencia de la PFP en Morelos, con el auxilio de la Policía Estatal y de elementos del Ejército Mexicano, también  han sido utilizados en contra de movimientos sindicales y sociales, como ha ocurrido recientemente en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), (11) como quedo asentada nuestra queja en el expediente Q/21/2010-R remitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos ante la CNDH con el oficio 648 del 24 de marzo de 2010. Así ocurrió con el Movimiento Magisterial de Bases (Xoxocotla, Amayuca y Tres Marías en 2008.

ANEXO III: Notas.

1.- Diputada local denuncia violación a sus derechos humanos por parte de militares. José Luis Garcitapia, publicada en La Jornada Morelos, 9 de abril de 2010.
Los hechos fueron los siguientes: “La diputada Lilia Ibarra Campos se convirtió en la primera víctima de los operativos de las fuerzas federales solicitadas por los coordinadores parlamentarios de la 51 Legislatura del Congreso del Estado de Morelos y el jefe del Poder Ejecutivo, Marco Antonio Adame Castillo, para contener la ola de ejecuciones y ajustes de cuentas del crimen organizado.
Minutos después del ataque que el crimen organizado perpetró -el pasado miércoles por la noche- en contra de las instalaciones de la delegación de la PGR y la UMAN, que arrojó como saldo un policía muerto, la diputada fue detenida por media hora en la Paloma de la Paz por elementos del Ejército mexicano durante el operativo de cierre de la ciudad.
Por último, anunció que presentará una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos”. (1)

2.- Otra balacera en el sur de Morelos. Hugo Barberi, publicada en Maseual, 8 de abril de 2010.
 “En entrevista, denunció que enseguida de los balazos escuchó que ingresaron a su casa, “… nos repegamos hacia mi recámara, como seguía el tiroteo nos pusimos atrás del ropero, empezamos a escuchar mucho ruido dentro del patio de la casa; abrieron la puerta con violencia y entraron todos…; de momento yo pensé que los delincuentes, porque pensaba que se trataba de una persecución a delincuentes, habían atravesado el patio de la casa, pero de momento escuchamos cada vez más fuerte las amenazas con insultos y golpeando y rompiendo vidrios. Empezamos a escuchar bombazos”.
Añadió  que su hijo la convenció de salir “porque estaban tirando bombas” y avisaban que eran “gente de la casa”, pero al momento de abrir la puerta de la recámara donde se habían refugiado se dieron cuenta de que la casa “estaba llena de humo, después salió mi hijo y lo tiraron al piso, lo empezaron a encañonar con palabras groseras, insultos” y les preguntaron quién más estaba adentro; en el momento, la bebé “se empezó a asfixiar” y uno de los uniformados les dijo que afuera tenían una ambulancia y fueron las únicas que en el instante las dejaron salir.
La dueña de la casa mostró los destrozos, vidrios rotos de la ventana, paredes con impactos de bala, destrucción de escalones y algunas partes del piso y un olor penetrante del gas lacrimógeno”. (2)

3.- Se enfrenan presuntos sicarios contra las fuerzas federales. Se intoxican personas con gas lacrimógeno y resultan casas dañadas. El Sol de Cuernavaca. 9 de abril de 2010.Angelina Albarrán. 
Alrededor las 11:00 de la mañana, en la colonia El Mirador, se registró una intensa persecución a balazos que se concentró entre la calle Josefa Ortiz de Domínguez esquina con la calle Jacarandas.
Sobre citada arteria, un vehículo de los involucrados fue proyectado contra un muro de piedra, ocasionando daños materiales a dos expendios de elotes y gorditas, donde las personas apenas alcanzaron a levantarse para refugiarse en el inmueble.
En tanto, sobre la calle fueron abandonados tres vehículos, un Bora blanco sin polacas, con evidentes muestras de haber sido revisado, un Mazda 3 blanco placas HAE-99-63 del estado de Guerrero, una X-TRAIL de Nissan blanca GY-14-510 del estado de Guerrero. Para los vecinos la persecución la realizaron elementos de la PGR, quienes irrumpieron en uno de los domicilios de la calle Jacarandas donde se presume pretendieron esconderse los maleantes, ahí arrojaron varias bombas de gas lacrimógeno, y en el interior se escucharon varias detonaciones de armas de fuego. Adentro en una recamara se refugió una mujer con dos menores, quienes manifestaron severos problemas de intoxicación. Mientras en la calle Josefa Ortíz de Domínguez, los vecinos manifestaron su enojo y temor por lo que está pasando, reconocieron que en la colonia se han asentado personas que están rompiendo con la tranquilidad de estas comunidades, dijeron al advertir del tránsito de múltiples vehículos que se adueñan de las calles y amedrentan y hostigan a las jovencitas. Sin embargo se negaron a citar si hubo detenidos.
Guadalupe Popoca una septuagenaria con problemas de invalides, manifestó que ante la balacera cerró con llave su casa, sin embargo con un disparo rompieron y abrieron, eran elementos de vestidos de negro quienes le dijeron “no pasa nada abuelita, no se espante sólo enciérrese y no salga”, sin embargo el susto ya se lo habían dado, dijo entre sollozos y molesta con el incidente.
La familia Pérez Popoca reconoció que andaban buscando gente entre las casas, en algunos domicilios pidieron permiso, pero en otros entraron a la brava, dijeron los vecinos de la calles Jacarandas y Josefa Ortiz de Domínguez, que no reconocieron los vehículos como de sus vecinos. En el inmueble donde se estampó una de las camionetas, un grupo de mujeres lloraba amargamente sin reponerse del susto, dijeron al advertir, “aquí corre peligro toda la gente, no sabemos cómo empezó ni quiénes fueron, dijeron ante la carrera de autos y camionetas”, al advertir que se salvaron de milagro, ya que estaban sentadas justo a fuera del local donde las sillas quedaron destrozadas. Si bien reconocieron que: “las cosas materiales pasan, advirtieron de la grave situación que enfrentó una mujer que transitaba, quien quedó en medio de los dos fuegos. Pero también advirtieron de la inseguridad que impera, del acoso contra jovencitas entre otros problemas de vehículos que se adueñan de las calles”.

(4)ACEPTA CNDH 2 QUEJAS DE ABUSOS MILITARES EN MORELOS.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) aceptó integrar las quejas por presuntas violaciones cometidas por elementos del Ejército Federal Mexicano pertenecientes a la 24a. Zona Militar, denunciadas por las familias Zamora Gómez y Jaimes por los allanamientos, detenciones arbitrarias, tortura, privación ilegal de la libertad, robo, entre otras violaciones a sus derechos humanos cometidas en los municipios de Cuernavaca y Jiutepec, del estado de Morelos.
En sendos oficios recibidos por la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, la CNDH notificó que ambas quejas quedaron integradas con número de expediente CNDH/2/2009/3978/Q en el caso de la familia Zamora Gómez, y con el número CNDH/2/2009/3799/Q en el caso de los primos Silverio Iván Jaimes Filio y Jorge Raúl Jaimes Jiménez, por hechos ocurridos en el mes de agosto de 2009.

(5) BAJAS CIVILES Y DETENCIONES ARBITRARIAS POR OPERATIVOS DEL EJERCITO Y MARINA EN MORELOS. 
Durante los operativos llevados a cabo el 11 de diciembre de 2009 en el Fraccionamiento los Limoneros en Ahuatepec, perdió la vida una mujer, vecina del lugar ajena a la refriega, que llevó en vida el nombre de Patricia Terroba de Partida, prima política del exdirigente nacional del PRI y excandidato a la Presidencia de la República, Roberto Madrazo Pintado, así como decenas de detenidos, entre ellos el cantante Ramón Ayala.
En el operativo realizado por la Marina en los edificios Altitud, en la colonia Lomas de la Selva, en Cuernavaca, Morelos, donde murieron seis personas, fueron detenidas dos mujeres, Catalina Castro López de 44 años de edad y Gabriela Vega Pérez de 18 años, dedicadas al servicio de masaje, quienes fueron exhibidas como parte de la banda delictiva y posteriormente puestas en libertad sin cargos por parte de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR. Durante este operativo murió acribillado a balazos el señor Ignacio Aguilar, quien viajaba en una camioneta pic k up color blanca con placas NV-16014, quien circulaba por la Calle Cinco de Mayo cerca de su domicilio, cuando los militares le dispararon sin que este fuese advertido del operativo. El desaseo de la Procuraduría al informar sobre un supuesto peritaje en el sentido de que había disparado una arma fue desmentido por sus familiares. Hasta el momento se desconoce si la PGJ integró una investigación para deslindar responsabilidades y determinar quienes fueron los autores de estas dos muertes de civiles.
En días posteriores a estos hechos, el sábado 19 de diciembre a las 20:00 horas, refiere la señora Rosario Montejo ante nuestra organización defensora de derechos humanos, se encontraba en compañía de su nuera Nayeli Lugo de Guzmán en el interior de su domicilio ubicado en la calle San Francisco número 14 de la colonia Amatitlán, en Cuernavaca, cuando unas personas que huían perseguidos por militares intentaron entrar a su domicilio y ella se los impidió, por lo que llamó telefónicamente a su hijo Emilio Guzmán Montejo, quien trabaja en la Policía Industrial Bancaria, quien llegó acompañado de su escolta Crispín Bahena, y fue sometido con lujo de violencia y detenido por los militares que realizaban un operativo en el domicilio ubicado en la privada Piñanona 32, misma que colinda con su domicilio, se lo llevaron detenido y lo presentaron públicamente como si fuera autor del tráfico y acopio de armas que fueron localizadas en la casa vecina y no en su domicilio como falsamente se hizo aparecer, por lo que su madre y familiares, así como vecinos, han realizado protestas públicas y han solicitado a las autoridades estatales y federales la libertad inmediata de Emilio Guzmán Montejo.

Por todo lo anterior, nuestra organización solicita una acción urgente para lograr que las autoridades estatales y federales respeten la vida, la libertad, las garantías individuales y los derechos humanos de la ciudadanía morelense, quien está padeciendo las consecuencias de una espiral de violencia y la falta de tranquilidad ante operativos que implican el uso de la fuerza de manera indiscriminada, sin tomar las medidas adecuadas para garantizar la tranquilidad y la seguridad ciudadana, ya que la militarización de la acción del Estado contra la delincuencia organizada no ha resultado positiva en la disminución del consumo y del tráfico de drogas pero si ha incrementado el número de víctimas mortales a más de 16,500 personas en todo el país y cada vez más víctimas inocentes.

(6) La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C., con sede en la calle Guerrero 4 despacho 110, colonia Centro, Cuernavaca, Morelos, tuvo conocimiento a través de los medios de comunicación y documentos emitidos por las autoridades del estado de Morelos, que elementos de la 24ª. Zona Militar del Ejército Federal Mexicano están denunciados penalmente por el campesino Cristian Sánchez de haberles disparado con arma de fuego a él y a su primo Oswaldo Sánchez Cabrera, quien falleció a consecuencia de las heridas de bala de calibre 7.62 de uso exclusivo del Ejército, por lo que presentó denuncia y el agente del Ministerio Público inició la carpeta de investigación SC01/7513/09. Estos hechos ocurrieron el domingo 20 de septiembre de 2009 poco antes de las 22:00 horas, en un reten instalado en el poblado de Alpuyeca, municipio de Xochitepec, Morelos.

(7) El día de ayer domingo 22 de marzo cerca de media noche tanquetas y vehículos artillados del Ejército Mexicano de la 24a. zona militar tomaron por asalto el centro del pueblo de Ocotepec, comunidad indígena ubicada al norte de Cuernavaca, Morelos, en donde impusieron un férreo control mediante el emplazamiento de metralletas y armas de grueso calibre, deteniendo y sometiendo a 15 elementos de la Ronda de Vigilancia de Ocotepec, tomando a punta de pistola las instalaciones de la Ayudantía Municipal donde rompieron los candados de las puertas de la cárcel del pueblo y pusieron en libertad a dos personas que habían sido detenidas por la ronda de vigilancia por encontrarse ebrios en una calle donde se han cometido diversos robos, mismos sujetos que prepotentes amenazaron a los ronderos con que se los iba a llevar la fregada si se atrevían a detenerlos ya que ellos eran muy influyentes, lo que al parecer resultó cierto, ya que poco menos de media hora después de haber sido detenidos fueron liberados por medio centenar de militares, según trascendió porque uno de ellos era militar y el otro hijo de un alto oficial del Ejército.

(8) Policiaca. Identifican mujer asesinada en el Centro Histórico.*Murió junto a su acompañante Antonio Cruz Ramírez. El Sol de Cuernavaca.4 de abril de 2010. La Redacción . Cuernavaca, Morelos.- “Karen Dorantes Escobar, de 18 años, es el nombre de la joven asesinada con ráfagas de metralleta en el centro histórico de Cuernavaca quien murió junto con su acompañante Antonio Cruz Ramírez de 34 años, a bordo de un automóvil de la línea Bora. Lo anterior fue dado a conocer por las autoridades Ministeriales, luego de que acudiera al servicio médico forense una persona buscando a su hija, quien laboraba como mesera y no había regresado a su vivienda ubicada en la colonia ” Cerro de Acatlipa” municipio de Temixco”. 

(9) y (10) blog de la Comisión Independiente de Derechos Humanos: https://cidhmorelos.wordpress.com

(11) Cuernavaca. Inicia CDHEM queja a favor de electricistas. El Sol de Cuernavaca 26 de marzo de 2010. Andrés Lagunas. Cuernavaca, Morelos.- Con una queja por presuntas violaciones graves a las garantías individuales de trabajadores electricistas, activistas sociales pusieron a prueba a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), Lucero Benítez Villaseñor. Integrantes de la Comisión Independiente de los Derechos Humanos (CIDH) emitieron una queja a la CDHEM presidida por Lucero Benítez Villaseñor, por considerar que los actos cometidos por la Policía Federal Preventiva en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas violaron los derechos de los ex trabajadores.

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