Archivo mensual: octubre 2010

Mas de 40 feminicidios en Morelos en 2010

Crecen en Morelos los asesinatos de mujeres: CIDH

 por Maciel Calvo /La Unión de Morelos.

Titulo de la noticia: Crecen en Morelos los asesinatos de mujeres: CIDH.

 Publicada el: Jueves, 28 de Octubre de 2010 05:54.

 En lo que va del año han muerto 40; denuncian que no se investigan a fondo.

 La Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH) de Morelos afirmó que en los últimos cuatro años se duplicó la violencia feminicida y denunció la indiferencia institucional para esclarecer los asesinatos de mujeres. Juliana García Quintanilla, integrante de la organización social, expresó que el aumento generalizado de la violencia en el estado, asociado a la lucha contra la delincuencia organizada y la disputa entre grupos delictivos por el control del territorio morelense, ha dejado un saldo superior a 290 muertes violentas en los últimos 11 meses. Sin embargo, destacó que conforme aumentó el grado de violencia en el actual sexenio, también se incrementó el número de asesinatos de mujeres en Morelos, que en casi cuatro años ya suman 116 casos. Precisó que en el 2006, la Comisión Independiente de Derechos Humanos registró 20 homicidios de mujeres, en el 2007 el número de casos aumentó a 29, en el 2008 la cifra creció a 31 asesinatos violentos, en el 2009 se documentaron 36 casos y en lo que va del 2010 ya se registraron más de 40 asesinatos de mujeres. García Quintanilla afirmó que prevalece la impunidad en el esclarecimiento de los homicidios, pues las instituciones de procuración y administración de justicia no sólo siguen menospreciando sino que han estigmatizado a las víctimas. “Antes las autoridades prejuzgaban, decían que los asesinatos ocurrían porque las mujeres eran prostitutas o andaban en líos amorosos sin realizar una investigación a fondo. Ahora muchos de los asesinatos de mujeres son relacionados al crimen organizado y simplemente no se investiga para esclarecer el móvil real”, dijo. Por ejemplo, explicó, el caso de la mujer que fue asesinada en un hotel fue asociado al narco, sólo porque en el lugar de los hechos se encontró en el espejo marcadas las siglas de un supuesto grupo criminal y sólo por ese hecho la procuraduría no profundizó en la investigación. Criticó también a los legisladores por no cuestionar públicamente al procurador estatal sobre la violencia feminicida. “Los diputados también son negligentes y responsables porque hacen pronunciamiento, pero cuando va el procurador al Congreso la comparecencia es privada, cuando debe ser abierta para que explique porqué hay impunidad y crecimiento de violencia”, dijo. También sostuvo que el resto de las instituciones estatales han sido irresponsable por no aplicar verdaderas y efectivas políticas públicas para combatir la violencia hacia la población femenina, pues ni siquiera se aplica la legislación que previene y sanciona la violencia contra la mujer.

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¡Basta de masacrar a mujeres trabajadoras en Ciudad Juárez!

Hemos recibido con verdadero estupor y rabia la noticia del asesinato de mujeres trabajadoras de las maquiladoras en Ciudad Juárez, lo que significa un nuevo salto en el feminicido que tiene casi dos décadas sin que se haya detenido, y por e, contrario, se ha incrementado y extendido a diversas regiones del país.
Condenamos esta masacre y exigimos alto al feminicidio.
Nuestra solidaridad con el pueblo de Ciudad Juárez y los familiares de las mujeres victimas.
Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

Anexamos el documento recibido a través de la Red Todos los Derechos <contacto@redtdt.org.mx>
Fecha: 28 de octubre de 2010 13:32
Asunto: Masacre contra trabajadoras de maquila en Juarez amenaza la vida de las mujeres y niñas

– Ocultar texto citado –
Masacre contra trabajadoras de maquila en Juarez amenaza la vida de las mujeres y niñas en el Estado: ONG
El día de hoy, por lo menos cinco mujeres que se trasladaban para trabajar en las maquiladoras de Ciudad Juarez fueron masacradas.
Hay varias personas mas gravemente heridas.
Según reportes de periódicos locales, decenas de obreras y obreros fueron atacados cuando se transportaban en autobuses de las maquiladoras. El comando armado disparo indiscriminadamente contra el grupo de mujeres y hombres trabajadores quienes se encontraban totalmente indefensos.
Las organizaciones de mujeres del estado de chihuahua “Centro de Derechos Humanos de las Mujeres” y “Justicia para Nuestras Hijas” quienes han denunciado desde hace años las desapariciones y feminicidios sostienen que nunca antes había sido tan peligroso para las mujeres vivir en el estado de Chihuahua.
El estado presenta índices de violencia que corresponden a las de un conflicto armado, en el que, como en la mayoría de las guerras, las mujeres y niñas se vuelven particularmente vulnerables y se encuentran actualmente en grave peligro, sin que el estado mexicano haya tomado medidas efectivas para proteger a las mujeres y sancionar los abusos de las que son víctimas.
Esta masacre afecta a las decenas de miles de mujeres que laboran en el estado en la industria maquiladora en chihuahua. Sin duda, nos infunde miedo de ser asesinadas cualquier día en el trayecto al trabajo, crea una terrible incertidumbre y angustia de salir a la calle a trabajar y no saber si volveremos vivas con nuestas/os hijas e hijos.
Exigimos a la fiscalía del estado de chihuahua que realice investigaciones inmediatas y eficaces e informe a la ciudadanía sobre los resultados semanalmente.
Estaremos atentas para que no se presenten chivos expiatorios, jóvenes torturados por el ejercito para auto inculparse, como sucedió con el caso de Villas de Salvarcar. Las investigaciones deberán ser realizadas con profesionalismo y con pruebas científicas e indudables que permitan dar certidumbre a la ciudadanía y sancionar a los verdaderos asesinos.
Ambas organizaciones expresamos nuestra solidaridad y acompañamos en su tristeza a las y los familiares de las mujeres trabajadoras de las maquiladoras, víctimas de esta guerra.
Exigimos al gobierno federal, estatal y municipal cumplan con sus obligaciones y garanticen los derechos humanos de las mujeres y sus vidas.
Para mayor informacion: 

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C
Ave. Juárez 4107-B
Chihuahua, Chihuahua
tels.
52 (614) 415-41-52

Justicia para Nuestras Hijas A. C.
Cel: 614 1 64 55 46
Tel y fax: 614 4 13 33 55
Chihuahua, México

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Tortura prevalece en detenciones en Morelos


La Procuraduría general de Justicia del estado de Morelos realizó un foro con la presencia de especialistas donde expresó enfaticamente que en Morelos no existía tortura, dado quese aplica el protocolo de Estambul como un instrumento adoptado por la ONU y vigente en nuestro país. En el mismo tenor se manifestaron autoridades municipales y estatales de Seguridad Pública. No hay tortura en Morelos, es la consigna. En la práctica, la realidad es muy diferente. La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos hemos recibido diversas quejas por detenciones arbitrarias y tortura practicada por elementos de las diversas corporaciones policiacas de ambas dependencias y de la misma autoridad militar, sin que exista una real y seria investigación por parte de la PGJ.
Es el caso de Ivan y  Jorge Raúl Jaimes Jimenez, quienes fueron detenidos y torturados por elementos militares. Presentaron queja ante la CNDH y denuncia ante la PGJ del Estado y de la PGR. Ambas se declararon incompetentes y enviaron el caso a la Procuraduría de Justicia Militar de la 24a Zona Militar, a pesar de que los militares ahi fue donde los torturaron. Los familiares exigieron que el caso fuera asumido por las instancias civiles, basados en lo que establecen los artículos 13 de la Constitución: “los tribunales militares en ningun caso y por ningun motivo, podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército, cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda”, así como el artículo 20 constitucional sobre los derechos de la victima o del ofendido.
El día de ayer 15 de octubre fue publicada la noticia siguiente en los medios: “Fueron detenidos Samuel Abraham Ramírez de 20 años de edad, vecino de la colonia Acatlipa, del municipio de Temixco, e Isaac Emmanuel Andrade Peralta de 18 años con domicilio en calle Teotenango, del poblado de Xochicalco, del municipio de Miacatlán. Los uniformados, al realizar una revisión corporal a estos individuos, les hallaron un arma de fuego calibre 45 marca Stanless con un cargador abastecido con tres cartuchos y uno más en la recámara, listo para ser percutido, así como otro cargador abastecido con cuatro cartuchos. Los agentes procedieron a llevar a estos delincuentes a los separos para después ponerlos a disposición del Ministerio Público por el delito de robo con violencia. El hecho quedó asentado en la averiguación previa TC01/587/2010.” Anexamos la fotografia de estas personas, mismas que muestran el salvajismo con que actuaron los policias que los detuvieron. Aún cuando se les comprueben los cargos que se les imputan, estos no pueden ser tratados mediante prácticas de tortura y exhibirlos publicamente, de acuerdo a lo que establece la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura. Nos preguntamos: Es así como se aplica el protoclo de Estambul en Morelos?
Son dos casos diferentes, pero son unamuestra de muchos otros casos que obran en poder de instancias nacionales e internacionales de derechos humanos.
En este sentido, nos parecen relevantes las conclusiones de la Relatora de la ONU recientemente dado a conocer, que anexamos a continuación
Arraigo, fuero militar, reformas constitucionales en materia de justicia y derechos humanos, la reforma del amparo, autonomía de ministerios públicos, colegiación de jueces y abogados y falta de acceso a la justicia por parte de grupos vulnerables, además de deficiencias estructurales y orgánicas en el sistema de justicia, fueron algunos de los puntos de las apreciaciones preliminares de Gabriela Knaul, Relatora Especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados quién concluyó su visita de 15 días a México.
Sobre la figura de arraigo, que autoriza la detención sin presentación ante un juez (habeas corpus) hasta por 80 días, la relatora fue determinante: “se debe desaparecer”, y en su declaración agrega que “la decisión de constitucionalizar el arraigo se adoptó no obstante las determinaciones de varios organismos internacionales y regionales de derechos humanos que le han recomendado al Estado mexicano su eliminación” y que “es resultado del mal funcionamiento del sistema de investigación y procuración de justicia”.
También dijo sobre la figura de los testigos protegidos “que se debe utilizar con mucho cuidado para que no se genere una situación de inseguridad en la comisión de la prueba” y que la presentación de personas detenidas ante cámaras de televisión “ha sido muy propagada en toda América Latina; esto viola frontalmente el principio de presunción de inocencia y debe ser evitada”.
La reforma al Código de Justicia Militar, en particular al artículo 16 que impide que las violaciones a los derechos humanos de las personas cometidas por elementos del ejército sea juzgada por instancias civiles, “es urgente y debe adecuarse a los estándares internacionales de derechos humanos”, dijo al tiempo que criticó la iniciativa de reforma del presidente Felipe Calderón, la cual contempla la salida de la jurisdicción militar de los delitos de desaparición forzada, tortura y violación: “es un avance pero no quedarían excluidos otros crímenes como las ejecuciones extrajudiciales y resultaría insuficiente”.
Sobre las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y de justicia penal, pidió que se realicen a la brevedad posible.
La primera permitiría que las sentencias de organismos internacionales, como las cuatro emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fueran cumplidas, además de que se fortalecería a los organismos públicos de derechos humanos; mientras que con la reforma en materia de justicia penal “se avanzaría en un modelo de carácter acusatorio y oral” y no el “modelo inquisitivo” que en la actualidad existe.
Sin embargo, agrega, la reforma judicial “esta enfrentando dificultades y obstáculos en su implementación y no parece gozar de la decidida, constante y uniforme voluntad política en todo el país para avanzar de manera adecuada.”
Sin estas reformas y la que también esta congelada en materia de amparo “la justicia continuará siendo especialmente inaccesible para pobres, indígenas, mujeres y migrantes […] La población percibe generalmente al sistema de justicia como algo distante y ve en sus operadores a figuras alejadas a las cuales no puede fácilmente acceder.”
Otras preocupaciones observadas por la relatora son la falta de independencia y autonomía de los ministerios públicos y en general de los sistemas de impartición de justicia en los estados de la República, sobre los que hizo referencia al problema de la designación de jueces directamente por los gobernadores y llamó a asignar al menos el 2% de los presupuestos federal y estatales al poder Judicial al tiempo que este debe transparentarse y eficientar el uso de sus recursos.
Durante su visita, Gabriela Knaul recorrió los estados de Chiapas, México, Nuevo León, San Luis Potosí, Yucatán y el Distrito Federal y obtuvo visiones de los diferentes actores sociales; durante la misma apreció muestras de apertura y compromiso pero advirtió que “es necesario que el compromiso del Estado mexicano se refleje en el cumplimiento de las recomendaciones”, mismas que presentará en el informe por país ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en junio de 2011.

 

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CAMBIO DE DIRECCION DE LA CIDHM en CUERNAVACA


Queremos compartirles el cambio de dirección de nuestras oficinas ubicadas actualmente en Privada de las Flores 16, colonia San Antón, en Cuernavaca, Morelos, CP 62020, con el mismo número de teléfono 01777 3185568.
En estas nuevas oficinas mantenemos la atención al público.
Nuestra organización ha cumplido 21 años de haber sido creada con el objetivo de contribuir a forjar una cultura de respeto a los derechos humanos.

La CIDHM tiene sus antecedentes en 1977, con la creación del Frente Pro Defensa de los Derechos Humanos, Garantías Constitucionales y Libertades Democráticas del Estado de Morelos; fue en esta época cuando múltiples organizaciones civiles tomaron forma y se definieron con carácter independiente.

Pero sería hasta 1989 cuando la CIDHM se consolida como tal, debido a dos sucesos principalmente. El primero de ellos fue la desaparición de José Ramón García Gómez, quien fue dirigente de un movimiento en defensa del voto, en diciembre 16 del año 1988 y el segundo, la masacre de jóvenes indígenas en la comunidad de Xoxocotla el 22 de enero de 1989.

A partir de estos dos hechos, se tomó conciencia de la importancia que tiene mantener un organismo independiente, que luche cotidianamente en defensa de los derechos humanos que todos tenemos y que no se respetan por las autoridades.

En 1989 se constituyó como asociación civil, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A.C.

History

In 1977, the Task Force in defense of human rights, constitutional guarantees, and democratic freedoms” was created. At this time, many civil organizations began and were defined as independent groups.

It was not until 1989 when the “Independent Commission on Human Rights of Morelos” (CIDHM) became an official organization, as a result of two serious events.  The first was the disappearance the leader of the ‘Movement in Defense of the Vote,’ José Ramón García Gómez, on December 16, 1988. The second was the massacre of young indigenous people in the town on Xoxocotla on January 22, 1989.

As a result of these occurrences, we’ve realized how important it is to maintain ourselves as an independent organization.  Every day we strive to defend our human rights, which are often not respected by authorities.

In 1989, CIGHM became a civil association.

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DERECHO AL AGUA EN COMUNIDADES INDIGENAS EN OAXACA.

Organismos de derechos humanos documentan violaciones a derechos de las comunidades

DERECHO AL AGUA EN COMUNIDADES INDIGENAS EN OAXACA.

En esta misión participó Alejandra Domingo Portillo, indígena de Cuentepec e integrante de la Comisión Independiente de Derechos Humanos en representación de la Red Nacional de organismos Civiles Todos los derechos para Todas y Todos.

Oaxaca, México.- La Misión Civil de Observación , documentó la serie de violaciones a los derechos, económicos, sociales, culturales y ambientales en comunidades de Oaxaca que por obras públicas gubernamentales, las han despojados de sus recursos naturales, en especial del agua.

 

A continuación el pronunciamiento público:

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES Y ESTATALES

A LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS DE OAXACA

A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS Y DE LA SOCIEDAD CIVIL

A LA SOCIEDAD EN GENERAL

 

misioncivilDurante los días 16, 17 y 18 de agosto del año en curso, organizaciones civiles promotoras y defensoras de Derechos Humanos e indígenas, nacionales e internacionales cuyos nombres aparecen al final de este documento, realizamos una Misión Civil de Observación denominada “EL AGUA ES VIDA, DEFENDAMOS SU EXISTENCIA”, en El Porvenir, San Pedro Mártir, San Pedro Apóstol, La Barda Paso de Piedra, San Felipe Apóstol y San Antonino Castillo Velasco, comunidades que integran la Coordinadora de Pueblos Unidos por la Defensa del Agua.

 

A través de la observación y documentación realizada, constatamos los graves problemas  como es la escasez de agua, contaminación de ríos, arroyos, pozos de agua potable; terrenos de cultivo y la sobreexplotación del agua por parte de empresas transnacionales, problemas que ocasionan la violación de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de las comunidades campesinas e indígenas de los distritos de Ocotlán de Morelos y Zimatlán de Álvarez. También se pudo comprobar la ausencia de atención de autoridades federales, estatales, la falta de recursos económicos destinados a atender estas problemáticas en la región que ayuden a disminuir y resolver la contaminación y escasez del agua.

 

La mayoría de las comunidades no cuenta con recursos económicos específicos encaminados a desarrollar acciones que contribuyan a resolver los problemas ambientales, la falta de apoyos se agrava con las comunidades que tienen la categoría de Agencia de Policía o Agencia Municipal, ya que no reciben ningún recurso económico que vaya dirigido a impulsar estas iniciativas, sin embargo, queremos destacar que esto no ha impedido el desarrollo de iniciativas comunitarias que buscan incidir en el fortalecimiento de los mantos freáticos, lo que es de reconocerse.

 

La escasez del agua ha generado de manera directa la disminución de la producción agrícola, y de manera indirecta la migración de los campesinos al norte del país y a los Estados Unidos. Todo esto ha provocado que la población vaya envejeciendo de manera considerable; existen comunidades sin población preescolar, así como la ausencia de población joven. Lo que antes era una fuente de supervivencia, hoy en día está en crisis la vida de los campesinos, por la falta de atención y abandono por parte de las autoridades estatales y federales.

 

Los problemas de contaminación del ambiente, la escasez de agua, la migración, la falta de proyectos adecuados y de recursos económicos; es consecuencia  de la ausencia de políticas públicas idóneas por parte de las autoridades Federales y Estatales, en el presente caso de manera directa se ha documentado como autoridades involucradas a la Comisión Nacional del Agua (C.N.A), de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y de la Comisión Federal de Electricidad (C.F.E), quienes no han mostrado sensibilidad frente a esta problemática, y han privilegiado trámites engorrosos y burocráticos que en nada benefician a los campesinos del Valle de Ocotlán y Zimatlán.

 

En cambio, existe una política del gobierno federal de beneficiar a las grandes empresas trasnacionales, otorgándoles concesiones para el aprovechamiento de los recursos naturales, citando como ejemplo el otorgamiento de concesión para la explotación de oro y plata por parte de la empresa Cuzcatlan de origen canadiense. Otro ejemplo es la construcción de supercarreteras, que no beneficiaran de manera directa a los pequeños productores, es decir, el desarrollo es para las grandes expresas extranjeras y no para los productores que solo cuenta con pequeñas parcelas de surcos o melgas.

 

Frente a estos grandes problemas, las comunidades indígenas, no se han quedado con los brazos cruzados; durante la Misión Civil de Observación EL AGUA ES VIDA, DEFENDAMOS SU EXISTENCIA”, alcanzamos a constatar que las comunidades que integran la Coordinadora de Pueblos Unidos por la Defensa del Agua están desarrollando acciones determinantes para recargar los mantos acuíferos; construyendo pozos de infiltración, bordos de captación, ollas de filtración, represas, limpieza de los caminos, arroyos, ríos; además, se pudo conocer el manejo adecuado de desechos a través de la clasificación y reciclado de la basura, tecnificación en el campo, reforestación, campañas de captación y cuidado del agua. Todas estas acciones han significado resultados tangibles que han permitido la recarga de agua al subsuelo, lo que ha significado que los niveles del agua en los pozos suba a  gran escala.

 

 

misionconfe4Los trabajos que han desarrollado las campesinas y campesinos productores, tienen un gran valor y significado ya que se busca cuidar el agua para las futuras generaciones, ellos afirman que nosotros de alguna manera ya estamos más para allá que acá”, es decir, la conciencia  y relación del cuidado y respeto al medio ambiente, ya que para ellos el agua es vida, sin agua no hay vida.

 

La Misión Civil, también pudo constatar la existencia de una serie de violaciones a los derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de los campesinos e indígenas de las comunidades, desde la aplicación de normas y leyes que no contempla ninguna garantía y reconocimiento de los trabajos ambientales que están realizando; una violación flagrante  a los derechos colectivos, ya que se han aplicado proyectos sin realizar una consulta previa,  libre e informada, así como el no reconocimiento a los derechos como pueblo originarios, la imposición de un desarrollo, el cual únicamente beneficia a las grandes empresas y utilizan a las comunidades indígenas para lograr sus fines. Así como la falta de tratamiento del afluente del Rio Atoyac, que conduce las aguas negras de la ciudad de Oaxaca, que actualmente  es un foco de contaminación para todas las comunidades que viven por todo el trayecto del Río.

 

La ausencia de voluntad política de atender y modificar el Decreto de Veda del año de 1967, para el alumbramiento del agua del subsuelo, impide y limita el reconocimiento y trato diferenciado para las comunidades que están realizando este tipo de obras que de manera directa e indirecta fortalecen el acuífero de los Valles Centrales.

 

La implementación de proyectos de supuesto desarrollo ajenos a las comunidades han significado la violación a los derechos, económicos, sociales, culturales y ambientales. La imposición de proyectos como el de la minera Cuzcatlán, inclusive han traído consigo la represión  por parte del Gobierno del Estado de Oaxaca frente a las justas demandas de los campesinos indígenas que protestan por el foco de contaminación que significan los trabajos de la minera.

 

Frente a esta situación las organizaciones participantes en coordinación con las 12 comunidades que integran la Coordinadora de Pueblos Unidos por la Defensa del Agua,  exigimos lo siguiente:

 

 

  • El respeto a los derechos  económicos, sociales, culturales y ambientales de las comunidades indígenas del Valle de Ocotlán de Morelos y Zimatlán de Álvarez.
  • El reconocimiento del trabajo de cuidado integral del ambiente y del fortalecimiento del acuífero que realizan las comunidades indígenas del Valle e Ocotlán y Zimatlán.
  • El reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos originarios sobre los recursos naturales, tierra y territorio; como depositarios y guardianes de los recursos naturales.
  • La inmediata implementación de un proyecto de saneamiento del Rio Atoyac.
  • El reconocimiento y estricto respeto al derecho a la consulta previa, libre e informada, la libre determinación, que tienen las y los campesinos de Valles Centrales de Oaxaca.
  • La inmediata modificación del decreto de veda de fecha 14 de julio de 1967, que ha sido planteado por las comunidades integrantes de la Coordinadora de Pueblos Unidos por la defensa del Agua.

 

Hace del conocimiento, que los resultados de la Misión Civil de Observación”EL AGUA ES VIDA, DEFENDAMOS SU EXISTENCIA”, junto con el Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C. serán entregados a las instancias gubernamentales correspondientes, y a los organismos internacionales de Derechos Humanos.

 

 

COORDINADORA DE PUEBLOS UNIDOS POR LA DEFENSA DEL AGUA, CENTRO DE DERECHOS INDIGENAS FLOR Y CANTO A.C., CAMPO AC., SER A.C., EDUCA A.C., PRODH A.C., UNOSJO S.C.,  COMISION INDEPENDIENTE DE DERECHOS HUMANOS DE MORELOS A.C.,  RED NACIONAL DE ORGANISMOS CIVILES TODOS LOS DERECHOS PARA TODAS Y TODOS

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De resistencia indigena y dignidad

Autonomia y libredeterminaciòn de los pueblos indìgenas para que se respete la pluriculturalidad y el derecho colectivo a la tierra y el territorio, es lo que ha estado en el centro del debate nacional desde hace dècadas pero sobre todo a partir de los 500 años de la conquista y el alzamiento zapatista de 1994 con su corolario de los Acuerdos de San Andrès producto de la suma de fuerzas de los 62 pueblos indìgenas de nuestro paìs y el respaldo activo de millones de personas de todo el pueblo que literalmente se volcò a las calles, plazas y lugares pùblicos para aportar ideas-fuerza, experiencia y pràctica para exigir que no haya màs discriminaciòn, explotaciòn, miseria, hambre, enfermedades, en una palabra construida colectivamente: Nunca màs un Mèxico sin nosotros los pueblos indìgenas!.

En Morelos el Consejo 500 años de Resistencia Indigena Negra y Popular, dio el inicio de aportaciones que se cristalizaron en la iniciativa de las Regiones Autònomas Plurietnicas y en la constituciòn de la Asamblea Nacional por la Autonomìa, que tuvo en los pueblos indìgenas de Guerrero su bastiòn principal en la zona del Alto Balsas que logrò frenar la destruciòn de las comunidades nahuas por el proyecto de la Presa de San Juan Tetelcingo que Salinas nunca pudo construir, asì como se habìa impedido la destrucciòn de las tierras comunales de Xoxocotla y Tetelcingo en Morelos cuando el gobierno populista-autoritario de Lauro Ortega tratò de imponer la construcciòn de un aeropuerto que terminò arrasando con las tierras de Tetlama bajo el engaño de un progreso que nunca se ha visto para los pueblos. Atenco conociò de viva voz de indìgenas de Morelos esta experiencia cuando lograron derrotar el megaproyecto del gobierno de Fox en 2002 de quitarles 5 mil Hectàreas para un aeropuerto y fraccionamientos de lujo en la zona lacustre del lago de Texcoco.
Los derechos humanos de los pueblos indígenas en Morelos son sistematicamente violados por las políticas neoliberales predominantes. no se les reconoce por la via legal ni por la via de los hechos. Son negados y atacados. Se les persigue y reprime cuando luchan por el agua, la tierra, el aire. Inclusive a las artesanas indigenas se les discrimina cuando se emiten decretos de reordenamiento del comrcio ambulante, sin diferenciar el significado cultural que tienen sus artesanias, tal como lo define el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas. Un destacado papel lo han tenido las mujeres indígenas, que sufren persecusión y violencia no solo en sus comunidades sino en manos de policias y militares, como lo ha condenado recientemente la CIDH en los casos de Teresa y Valentina, y sobre todo, en el dramático caso de mujeres y hombres en San Juan Copala que hoy requiere más que nunca nuestra solidaridad para detener lo que ya algunos consideran un verdadero genocidio en su tipificación de etnocidio.
Las mujeres artesanas que trabajan aqui en Cuernavaca resistiendo las acciones represivas de los representantes municipales que dia con dia salen en busca de ellas para tratar de intimidarlas agredirlas buscando con ello un clima de violencia contra las formas diversas de resistencia y combate a la pobreza que viven cotidianamente.
Simulaciones de consultas y foros indígenas, hoy capitalizados por organizaciones que están sometidas a los gobernantes en turno, tratan de impedir el verdadero debate y participación de pueblos y comunidades, como historicamente lo han demostrado. Pero las luchas de los pueblos indígenas en Morelos cuentan precisamente con una raíz poderosa en sus formas de organización colectiva, que tarde o temprano termina por determinar el rumbo de sus propios destinos.
Este 12 de octubre, lejos de las visiones racistas, será sin duda una oportunidad para reclamar derechos colectivos de los pueblos indígenas que lucha en Morelos y en todo el país.

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A 42 AÑOS DE LA MASACRE: NI PERDÓN NI OLVIDO 2 DE OCTUBRE

Este dos de octubre se cumplen 42 años de la masacre perpetrada por el gobierno priista contra miles de estudiantes; jóvenes universitarios y politécnicos; estudiantes, amas de casa, intelectuales, trabajadores, fueron asesinados impunemente por miembros de la policía y del ejercito mexicano.

Las órdenes giradas por la élite traidora a México, busco acallar para siempre la lucha por justicia y democracia. Las marchas masivas de más de 700 mil u 800 mil estudiantes, trabajadores, amas de casa y empleados de oficina que tardaban más de tres o cuatro horas en llegar al Zócalo a partir del Museo de Antropología, aún están presentes y frescas en la memoria de quienes participaron activamente y de quienes formaron valla en silencio a lo largo del camino para verlos pasar y darles su apoyo.

Algunos estudios señalan que fueron disparados unos 15.000 proyectiles (cifra oficial), 8.000 militares de varios cuerpos destacados en la acción, 300 medios armados entre tanques, medios blindados y jeeps con ametralladoras. Todo esto para reprimir una manifestación pacífica, por el viejo procedimiento de las provocaciones de los militares de paisano infiltrados entre los manifestantes, a las que contestan los militares con uniforme.

El resultado fue de no menos de 700 heridos, un número indeterminado de muertos que algunos dicen fue de 300, muchos de los cuales, probablemente, fueron arrojados al océano desde aviones militares, 5.000 estudiantes detenidos, algunos de ellos sometidos a torturas y falsas fusilaciones y 300 de ellos permanecieron en la cárcel hasta la amnistía de 1971.
Hoy como hace 42 años, la lucha por la democracia y la rebeldía de los jóvenes y del movimiento estudiantil, es un aviso al gobierno de que su sistema está caduco, que los ideales por los que se luchó en la revolución fueron abandonados para acoger los principios de una élite en el poder, dando muestras de que el país se ha vuelto desigual y lleno de contradicciones; es la lucha del gobierno de Díaz Ordaz vendiendo la imagen, como hoy lo hace Calderón, no solo a extranjeros sino a los nacionales, de que el progreso y el desarrollo van cambiando a México, con la censura a toda la crítica, contra la resistencia de los jóvenes estudiantes que empezaban a ver los peligros de un gobierno casi absolutista, siendo la figura presidencial intocable e inamovible.

El dos de octubre de 1968, el movimiento estudiantil despertó a la sociedad de un letargo donde sólo se había ocupado de vivir una realidad fantasma en un país en el que nada pasa, a una realidad combativa, enfrentándose a la violencia del Estado, combatiendo con el arma más importante que poseía la juventud de esa época, su indomable espíritu por lograr un México con justica y democracia para concientizar a la población en general de la opresión en la que se vive.

La sangre de los jóvenes aún está fresca y llena de dolor, reconocemos su imponderable contribución a la lucha por lograr un país más igualitario, con más democracia y justicia.

 

1.       Castigo a los culpables de la masacre del 2 de octubre 10 de junio y la guerra sucia

2.       No queremos esta guerra contra el pueblo. Disolución de los cuerpos represivos

3.       No a la criminalización de la protesta social. Libertad a Víctor Herrera Govea y todos los presos políticos ¡Fuera porros de las Instalaciones! Alto a la para militarización justicia al  municipio de san Juan Cópala

4.       Alto a la privatización. Educación publica, gratuita, critica y para todos. Ningún joven sin educación ni empleo

5.       No a la desaparición de las normales rurales. Alto a la represión contra la FECSM

6.       Alto a los ataques porriles contra los estudiantes de Chapingo. Respeto a la organización estudiantil CGR-CEE

7.       Solidaridad total con todas las luchas obreras, estudiantiles, campesinas, indígenas y populares. Solución a las demandas de los electricistas y mineros

8.       Cambiemos el sistema no el clima. Contra la COP 16

9.       Ningún ser humano es ilegal. Por el respeto a los derechos de loa migrantes

10.   Solidaridad con las luchas estudiantiles en América latina (Chile, Argentina, puerto rico y Guatemala), No al Golpe de Estado en Ecuador!

la marcha conmemorativa a los 42 años de la masacre del 2 de octubre se realizara en diferentes municipios y ciudades del paìs.

La jornada de lucha también recordará a los mártires de Tlatelolco mediante un

 

 

Mitin y Festival político cultural que se llevará a cabo el 2 de octubre a partir de las 5 de la tarde en el zócalo de Cuernavaca,

 

 

La defensa de la educación pública gratuita para todos los niveles y acceso a la educación superior para los miles de jóvenes que están excluidos de la misma ante el proceso de privatización que se vive en el sector, es una de las demandas que se tienen en esta jornada de lucha.

 

Sábado 2 de octubre
MARCHA DE TLATELOLCO AL ZÓCALO

2:00 PM

¡MARCHA CON EL PRT!

1 : 30 EJE CENTRAL A LA ALTURA DE LA ANTIGUA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.

OTRA IZQUIERDA ES NECESARIA, SOCIALISTA, FEMINISTA, ECOSOCIALISTA, INTERNACIONALISTA..

PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES, SECCIÓN MEXICANA DE LA IV INTERNACIONAL.

Invitación

Colectivo El Zurdo

Una vez más, TODAS Y TODOS a las calles,

A manifestar que no estamos conformes

Con este modo de vida que nos están imponiendo.

Para hacer visible nuestra conciencia y participación,

Para decir qué Cuautla queremos,

Qué México queremos,

Qué Mundo queremos. ¡Sin duda posible, y mas aún… Necesario!

Este sábado 2 de OCTUBRE

A las 3:30 pm. En el Jacalón de Cuautlixco, Cuautla.

Sobre insurgentes hasta llegar al zócalo.

 

Terminaremos en el Zócalo, con el ruido de:

Akapulke – Rock&Roll desde Cuernavaca

Malos Tiempos – Ska desde el DF

Ska Soul – Ska desde el DF

360° – Punk Rock desde el DF

Mistic Metal – Metal desde Cuernavaca

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A 42 años de la masacre de Tlatelolco, el balance de la realidad sigue siendo desalentador: Comité 68

Manifiesto Nacional
Comité 68

Las referencias más dramáticas de la situación que vive el país en 2010, a 42 años de los acontecimientos del 2 de Octubre de 1968 en Tlatelolco son: más de 28 mil muertos en los últimos tres años de la llamada “Guerra contra el narco”, ahora renombrada como “Lucha por la seguridad pública”; los cientos de miles de jóvenes rechazados de los sistemas de enseñanza media y superior, y los 7 millones de jóvenes sin empleo –cerca del 30 por ciento de la población en edad de trabajar—.A esta visión fotográfica de lo que sucede en México, debe añadirse la perspectiva agobiante de la crisis económica mundial en sus múltiples manifestaciones, y los anuncios ominosos de las políticas públicas antipopulares, represivas, violentas y de control opresivo con las que se pretende sofocar el descontento social.

Las actividades y marchas conmemorativas de los sucesos de Tlatelolco que se han venido realizando año con año, con la divisa de “2 de Octubre No se Olvida” han sido verdaderas jornadas de lucha popular en las que no sólo se refrendan las reclamaciones históricas y los asuntos pendientes, sino también los temas y casos de actualidad referidos a las prácticas de violencia política ejercida por el sistema en sus modalidades de fuerza militar o policíaca con sus complementos judiciales y mediáticos. Se trata de las mismas situaciones vividas con especial gravedad en el movimiento estudiantil de 1968, ahora restablecidas en sus contenidos, aunque con nuevas maneras o disfraces en la situación actual, obligando al pueblo a responder puntualmente y en cada ocasión a las formas violentas que se ejercen en su contra, con la notable y ejemplar característica de que se trata de movimientos de resistencia pacífica que hacen uso de los recursos legales de los que se puede disponer.

Esto ha conducido a una creciente conciencia popular de las políticas, procedimientos de gobernabilidad, control de los movimientos sociales y de oposición diseñados y aplicados por el sistema político prevaleciente, a partir de la estructura institucional de los poderes de la República, pero también de los llamados poderes fácticos, consistente en una práctica de violencia sistemática e incluso extrema que no ha dudado en transgredir su propia legalidad para hacer prevalecer sus privilegios económicos y políticos.

La contraparte de la práctica abusiva y desviada de ejercicio del poder ha sido la conciencia creciente de que los movimientos sociales se han venido constituyendo también en un poder fáctico, que dentro de la legalidad puede determinar también decisiones trascendentes. Desde el movimiento social hemos reclamado reformas legislativas para abrir mecanismos legales y democráticos de revocación de mandatos para todos los niveles de gobierno, medios eficaces para recurrir a juicio político de funcionarios coludidos con los criminales de todo tipo, incluyendo jueces cómplices de narcotraficantes, de secuestradores, etc.

Por esta razón se hace necesario ejercer organizadamente el poder fáctico que potencialmente se ha constituido con una participación sistemática y organizada programáticamente con las demandas que hemos enarbolado desde la perspectiva de los intereses de los movimientos sociales. Para ello habremos de acrecentar la disposición a ejercer nuestra capacidad de orientación del voto ciudadano en campañas de diverso tipo, que pueden ir desde la abstención generalizada hasta campañas de veto y objeción a partidos y candidatos que actúen como cómplices o encubridores de ex gobernantes genocidas y de políticas represivas potencialmente semejantes.

En los planteamientos y declaraciones del Comité 68 hemos tenido especial cuidado en no partidizar nuestras reclamaciones específicas de castigo a los ex gobernantes responsables de los crímenes de genocidio y a sus cómplices actuales, y en esta línea de actuación seguiremos en consonancia con la caracterización como “Crimen de Estado” que hemos sostenido respecto a esos hechos. Ahora que nuestros litigios se han empezado a dirimir en tribunales internacionales y que ya se cuenta con sentencias condenatorias al Estado Mexicano (la primera fue la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Rosendo Radilla de noviembre de 2009), se han establecido de manera puntual resoluciones que obligan a corregir la denegación de justicia y la impunidad, con el valor adicional de que en las sentencias mismas se obliga al gobierno a hacer público el proceso de corrección requerido, lo que en consecuencia resalta el deslinde de las responsabilidades personales y de cada uno de los poderes.

En el caso del legislativo, al que le corresponden prácticamente todas las acciones de remediación, se deben registrar con todo detalle, las posiciones, iniciativas y el comportamiento de cada legislador y de su partido, porque hoy en México no se vive un régimen de partido único, sino que se encuentra una distribución del poder entre diversos partidos con intereses y propósitos formalmente diferentes, pero que operan con turbias prácticas de negociación entre ellos y al margen de los intereses populares, incluso cuando han sido explícitamente advertidos de las implicaciones negativas de decisiones que están en curso, como ocurrió en el Senado con la aprobación de la minuta de la Ley de Seguridad. En la agenda de temas de seguridad y justicia destacan numerosas cuestiones que han sido expuestas por el movimiento social, ante los cuales los legisladores y los funcionarios gubernamentales aparentan no conocer los diagnósticos y reclamos de solución reivindicados por el pueblo. Hace apenas unos años se recolectaron y entregaron a la Cámara de Diputados más de dos millones de firmas de ciudadanos opuestos a la privatización de la industria eléctrica que fueron ignoradas. Lo mismo ocurrió con los cientos de miles de amparos solicitados a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por los trabajadores del Estado en contra de las modificaciones regresivas de la ley del ISSSTE.

En el presente, los casos más graves son la represión anti obrera (destacadamente contra electricistas y mineros) encaminada a imponer un nuevo marco de relaciones laborales; las medidas de violencia tanto abierta como encubierta con la que se pretende contener el flujo migratorio de la población, ahora complejizadas por acciones coordinadas en ambos lados de la frontera, y la ominosa amenaza que se cierne sobre los jóvenes estigmatizados con el nada gracioso y sí peyorativo apelativo de “Ninis”, que conlleva la intención, de señalarlos como una de las fuentes principales de delincuencia, o sea criminalizar su condición social de la que no son responsables, sino en todo caso víctimas de las políticas neoliberales instrumentadas en los últimos 30 años.

No podemos dejar de mencionar una serie de asuntos pendientes y de acciones políticas y legislativas en curso que si se abren y se dan las bases para que se empiecen a resolver positivamente pueden ser indicativas de una disposición a abrir las vías de una verdadera procuración e impartición de justicia en el país.

1.- En el caso de los procesos penales en contra de Luis Echeverría y las cincuenta y dos averiguaciones previas concluidas en 2005 que no se han consignado, se requiere que se suspenda el estado de inacción de la PGR y se reactive con toda intensidad la disposición punitiva del Estado respecto a crímenes que se le imputan. Esta nueva disposición debe iniciarse con la aclaración pública de la situación de “libertad bajo las reservas de ley” con la que se le suspendió la prisión domiciliaria a que Echeverría estuvo sujeto durante 2 años por el delito de genocidio. Aunque la libertad bajo reservas de ley, no significa que Luis Echeverría haya sido exonerado, es evidente que se trata de otorgarle impunidad. La complicidad de la propia PGR en esa maniobra, está acreditada por la inacción del Ministerio Publico para presentar como agravios ante el Tribunal de amparo, la supuesta falta de pruebas que incriminaran directamente a Echeverría.

En la lógica particular del litigio han tomado relevancia y actualidad los elementos y pruebas supervinientes de la responsabilidad de Luis Echeverría en delitos contra la salud, en la modalidad de promoción de las drogas para modelar y controlar el comportamiento de los jóvenes, con las evidencias registradas en el llamado “Festival de Avándaro” de septiembre de 1971, apenas tres meses después de la masacre de estudiantes del 10 de junio.

Desde el punto de vista metodológico y doctrinal, resaltan dos promociones judiciales que no han tenido respuesta explícita: El embargo precautorio de todos los bienes de Luis Echeverría para cubrir las indemnizaciones correspondientes a las víctimas de sus acciones criminales, en concordancia con las medidas de la nueva estrategia de combate al crimen organizado, mediante acciones de extinción de dominio y la reapertura del juicio al expresidente, incluyendo en la nueva consignación los cargos por delitos contra la salud, con el reconocimiento del hecho de que si bien es cierto que el narco ha infiltrado las estructuras del Estado, también es cierto que antes el gobierno promovió al narco con el interés político de desmovilizar a la juventud para controlarla.

2.- Desde noviembre del año pasado, conocimos y celebramos la resolución categórica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenando al Estado Mexicano por el caso del desaparecido Rosendo Radilla la cual, incluye una serie de puntos de amplia trascendencia e interés jurídico para los siguientes casos que se están examinando en las mismas instancias internacionales: 10 de Junio de 1971, 2 de Octubre de 1968. Sin embargo, como conocedores de las malas artes de las autoridades mexicanas, antes que festejar anticipadamente y relajarnos por lo logrado en las resoluciones, constituimos junto con otras ocho organizaciones de familiares y víctimas de crímenes de lesa humanidad, el Comité de Seguimiento y Vigilancia de las Resoluciones de la Corte. Nos alienta la advertencia contenida en la resolución de que el Estado Mexicano cuenta con el plazo de un año para informar puntualmente a la Corte los alcances logrados en todos y cada uno de los puntos de la resolución. Pero lamentamos que a tres meses de que se cumpla el plazo establecido, prácticamente no hay nada sustancial de las medidas requeridas para remediar el estado de denegación de justicia prevaleciente. En los tres meses restantes antes de que se cumpla el plazo señalado, la carga de los asuntos pendientes se deberá centrar en el poder legislativo, como espacio idóneo para abordar todo lo conducente, y romper de tajo, hipotéticamente, con el perverso juego de cada uno de los poderes de no asumir las responsabilidades propias.

3.- Leyes de exoneración. De especial significación es el trámite legislativo de la nueva Ley de Seguridad Nacional congelada en la Cámara de Diputados por las numerosas objeciones levantadas en el mismo momento en que en la Cámara de Senadores aprobaban el dictamen correspondiente. La maniobra política de hacer prácticamente una exoneración del ejército por los sucesos del 68 y años posteriores, también se explica por el interés de buscar una exoneración del poder ejecutivo actual, por la utilización del ejército con graves violaciones a la Constitución, –sin marco jurídico explícito en la guerra contra las drogas. Violaciones tales como el dotar de capacidad de decisión y de mando a civiles para la utilización discrecional del ejército y de la Policía Federal por encima del Ejército mismo ­han estallado haciendo prácticamente imposible restablecer las condiciones para la aprobación de ésta Ley, pero no por ello vamos a dejar de estar atentos del curso de esos propósitos legislativos.

4.- Los puntos anteriores ilustran la enorme complejidad que se tiene para reordenar la vida política del país en un ambiente civilizado, sin la utilización de la violencia como elemento abierto o encubierto para dirimir las diferencias y dar cauce a las demandas populares. En numerosos asuntos de la vida nacional la violencia física, jurídica y procesal, e incluso mediática, está adquiriendo niveles alarmantes. La responsabilidad política general recae en las más altas autoridades. Hoy se mantiene la apariencia de una supuesta vida institucional que sólo se usa para encubrir los crímenes del pasado y preparar las mejores condiciones para favorecerse de los mecanismos de fuerza en las coyunturas presentes y en las luchas políticas que se están librando con especial ferocidad en la perspectiva de las elecciones federales del 2012.

En fin, es enorme la lista de los nuevos agravios de la autoridad y los poderes en contra de la población y sus organizaciones. Habrá que hacer el balance de los casos de las represiones en contra de los pueblos movilizados en torno de la APPO; los agravios en contra del pueblo de Atenco; las familias afectadas en Pasta de Conchos; los niños de la Guardería ABC del IMSS en Hermosillo, Sonora; la agresión y persecución perpetua en contra de las Comunidades Zapatistas; la represión en contra de los Triquis en Copala, Oaxaca; la infinidad de mexicanos inocentes afectados por las acciones militares y de las diversas policías en el transcurso de este fenómeno conocido con el eufemismo “Lucha por la seguridad pública y contra la delincuencia”, donde hay que destacar a los pobladores de Reynosa; los jóvenes acribillados en Ciudad Juárez y en el Tecnológico de Monterrey; niños y familias enteras asesinadas en los retenes militares, etc., ante cuyos casos y los reclamos de justicia de sus familiares y de la población, los poderes de la unión permanecen impávidos, cínicos e irresponsables.

Por todo lo anterior, explicitamos estas consideraciones de balance de la situación política general en los temas que nos conciernen; anunciamos nuestra disposición a ejercer los derechos y obligaciones políticas y morales que tenemos ante la sociedad y nuestro pueblo, y llamamos a todos nuestros compañeros y amigos, a los movimientos sociales actuales a redoblar todos los esfuerzos necesarios para sentar un precedente imperecedero de que los crímenes contra el pueblo se deben castigar con todo rigor para alejar en definitiva el riesgo y la tentación de que esos métodos de gobierno se repitan.

Alto a las políticas económicas genocidas neoliberales

Educación y empleo para los jóvenes

¡2 de Octubre No se Olvida!

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