A 42 AÑOS DE LA MASACRE: NI PERDÓN NI OLVIDO 2 DE OCTUBRE

Este dos de octubre se cumplen 42 años de la masacre perpetrada por el gobierno priista contra miles de estudiantes; jóvenes universitarios y politécnicos; estudiantes, amas de casa, intelectuales, trabajadores, fueron asesinados impunemente por miembros de la policía y del ejercito mexicano.

Las órdenes giradas por la élite traidora a México, busco acallar para siempre la lucha por justicia y democracia. Las marchas masivas de más de 700 mil u 800 mil estudiantes, trabajadores, amas de casa y empleados de oficina que tardaban más de tres o cuatro horas en llegar al Zócalo a partir del Museo de Antropología, aún están presentes y frescas en la memoria de quienes participaron activamente y de quienes formaron valla en silencio a lo largo del camino para verlos pasar y darles su apoyo.

Algunos estudios señalan que fueron disparados unos 15.000 proyectiles (cifra oficial), 8.000 militares de varios cuerpos destacados en la acción, 300 medios armados entre tanques, medios blindados y jeeps con ametralladoras. Todo esto para reprimir una manifestación pacífica, por el viejo procedimiento de las provocaciones de los militares de paisano infiltrados entre los manifestantes, a las que contestan los militares con uniforme.

El resultado fue de no menos de 700 heridos, un número indeterminado de muertos que algunos dicen fue de 300, muchos de los cuales, probablemente, fueron arrojados al océano desde aviones militares, 5.000 estudiantes detenidos, algunos de ellos sometidos a torturas y falsas fusilaciones y 300 de ellos permanecieron en la cárcel hasta la amnistía de 1971.
Hoy como hace 42 años, la lucha por la democracia y la rebeldía de los jóvenes y del movimiento estudiantil, es un aviso al gobierno de que su sistema está caduco, que los ideales por los que se luchó en la revolución fueron abandonados para acoger los principios de una élite en el poder, dando muestras de que el país se ha vuelto desigual y lleno de contradicciones; es la lucha del gobierno de Díaz Ordaz vendiendo la imagen, como hoy lo hace Calderón, no solo a extranjeros sino a los nacionales, de que el progreso y el desarrollo van cambiando a México, con la censura a toda la crítica, contra la resistencia de los jóvenes estudiantes que empezaban a ver los peligros de un gobierno casi absolutista, siendo la figura presidencial intocable e inamovible.

El dos de octubre de 1968, el movimiento estudiantil despertó a la sociedad de un letargo donde sólo se había ocupado de vivir una realidad fantasma en un país en el que nada pasa, a una realidad combativa, enfrentándose a la violencia del Estado, combatiendo con el arma más importante que poseía la juventud de esa época, su indomable espíritu por lograr un México con justica y democracia para concientizar a la población en general de la opresión en la que se vive.

La sangre de los jóvenes aún está fresca y llena de dolor, reconocemos su imponderable contribución a la lucha por lograr un país más igualitario, con más democracia y justicia.

 

1.       Castigo a los culpables de la masacre del 2 de octubre 10 de junio y la guerra sucia

2.       No queremos esta guerra contra el pueblo. Disolución de los cuerpos represivos

3.       No a la criminalización de la protesta social. Libertad a Víctor Herrera Govea y todos los presos políticos ¡Fuera porros de las Instalaciones! Alto a la para militarización justicia al  municipio de san Juan Cópala

4.       Alto a la privatización. Educación publica, gratuita, critica y para todos. Ningún joven sin educación ni empleo

5.       No a la desaparición de las normales rurales. Alto a la represión contra la FECSM

6.       Alto a los ataques porriles contra los estudiantes de Chapingo. Respeto a la organización estudiantil CGR-CEE

7.       Solidaridad total con todas las luchas obreras, estudiantiles, campesinas, indígenas y populares. Solución a las demandas de los electricistas y mineros

8.       Cambiemos el sistema no el clima. Contra la COP 16

9.       Ningún ser humano es ilegal. Por el respeto a los derechos de loa migrantes

10.   Solidaridad con las luchas estudiantiles en América latina (Chile, Argentina, puerto rico y Guatemala), No al Golpe de Estado en Ecuador!

la marcha conmemorativa a los 42 años de la masacre del 2 de octubre se realizara en diferentes municipios y ciudades del paìs.

La jornada de lucha también recordará a los mártires de Tlatelolco mediante un

 

 

Mitin y Festival político cultural que se llevará a cabo el 2 de octubre a partir de las 5 de la tarde en el zócalo de Cuernavaca,

 

 

La defensa de la educación pública gratuita para todos los niveles y acceso a la educación superior para los miles de jóvenes que están excluidos de la misma ante el proceso de privatización que se vive en el sector, es una de las demandas que se tienen en esta jornada de lucha.

 

Sábado 2 de octubre
MARCHA DE TLATELOLCO AL ZÓCALO

2:00 PM

¡MARCHA CON EL PRT!

1 : 30 EJE CENTRAL A LA ALTURA DE LA ANTIGUA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.

OTRA IZQUIERDA ES NECESARIA, SOCIALISTA, FEMINISTA, ECOSOCIALISTA, INTERNACIONALISTA..

PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES, SECCIÓN MEXICANA DE LA IV INTERNACIONAL.

Invitación

Colectivo El Zurdo

Una vez más, TODAS Y TODOS a las calles,

A manifestar que no estamos conformes

Con este modo de vida que nos están imponiendo.

Para hacer visible nuestra conciencia y participación,

Para decir qué Cuautla queremos,

Qué México queremos,

Qué Mundo queremos. ¡Sin duda posible, y mas aún… Necesario!

Este sábado 2 de OCTUBRE

A las 3:30 pm. En el Jacalón de Cuautlixco, Cuautla.

Sobre insurgentes hasta llegar al zócalo.

 

Terminaremos en el Zócalo, con el ruido de:

Akapulke – Rock&Roll desde Cuernavaca

Malos Tiempos – Ska desde el DF

Ska Soul – Ska desde el DF

360° – Punk Rock desde el DF

Mistic Metal – Metal desde Cuernavaca

Barrikada de la Muerte – Punk Revolucionario, Cuautla.

MC-Garcia Garcia – Rap Cuautla

MC-Moises Tercero – Rap Cuautla

MC-Justicia – Rap Cuautla

MC-Lac – Rap Cuautla

Tinta Enferma – Rap Cuautla

A 42 años de la masacre de Tlatelolco, el balance de la realidad sigue siendo desalentador: Comité 68

Manifiesto Nacional
Comité 68

Las referencias más dramáticas de la situación que vive el país en 2010, a 42 años de los acontecimientos del 2 de Octubre de 1968 en Tlatelolco son: más de 28 mil muertos en los últimos tres años de la llamada “Guerra contra el narco”, ahora renombrada como “Lucha por la seguridad pública”; los cientos de miles de jóvenes rechazados de los sistemas de enseñanza media y superior, y los 7 millones de jóvenes sin empleo –cerca del 30 por ciento de la población en edad de trabajar—.A esta visión fotográfica de lo que sucede en México, debe añadirse la perspectiva agobiante de la crisis económica mundial en sus múltiples manifestaciones, y los anuncios ominosos de las políticas públicas antipopulares, represivas, violentas y de control opresivo con las que se pretende sofocar el descontento social.

Las actividades y marchas conmemorativas de los sucesos de Tlatelolco que se han venido realizando año con año, con la divisa de “2 de Octubre No se Olvida” han sido verdaderas jornadas de lucha popular en las que no sólo se refrendan las reclamaciones históricas y los asuntos pendientes, sino también los temas y casos de actualidad referidos a las prácticas de violencia política ejercida por el sistema en sus modalidades de fuerza militar o policíaca con sus complementos judiciales y mediáticos. Se trata de las mismas situaciones vividas con especial gravedad en el movimiento estudiantil de 1968, ahora restablecidas en sus contenidos, aunque con nuevas maneras o disfraces en la situación actual, obligando al pueblo a responder puntualmente y en cada ocasión a las formas violentas que se ejercen en su contra, con la notable y ejemplar característica de que se trata de movimientos de resistencia pacífica que hacen uso de los recursos legales de los que se puede disponer.

Esto ha conducido a una creciente conciencia popular de las políticas, procedimientos de gobernabilidad, control de los movimientos sociales y de oposición diseñados y aplicados por el sistema político prevaleciente, a partir de la estructura institucional de los poderes de la República, pero también de los llamados poderes fácticos, consistente en una práctica de violencia sistemática e incluso extrema que no ha dudado en transgredir su propia legalidad para hacer prevalecer sus privilegios económicos y políticos.

La contraparte de la práctica abusiva y desviada de ejercicio del poder ha sido la conciencia creciente de que los movimientos sociales se han venido constituyendo también en un poder fáctico, que dentro de la legalidad puede determinar también decisiones trascendentes. Desde el movimiento social hemos reclamado reformas legislativas para abrir mecanismos legales y democráticos de revocación de mandatos para todos los niveles de gobierno, medios eficaces para recurrir a juicio político de funcionarios coludidos con los criminales de todo tipo, incluyendo jueces cómplices de narcotraficantes, de secuestradores, etc.

Por esta razón se hace necesario ejercer organizadamente el poder fáctico que potencialmente se ha constituido con una participación sistemática y organizada programáticamente con las demandas que hemos enarbolado desde la perspectiva de los intereses de los movimientos sociales. Para ello habremos de acrecentar la disposición a ejercer nuestra capacidad de orientación del voto ciudadano en campañas de diverso tipo, que pueden ir desde la abstención generalizada hasta campañas de veto y objeción a partidos y candidatos que actúen como cómplices o encubridores de ex gobernantes genocidas y de políticas represivas potencialmente semejantes.

En los planteamientos y declaraciones del Comité 68 hemos tenido especial cuidado en no partidizar nuestras reclamaciones específicas de castigo a los ex gobernantes responsables de los crímenes de genocidio y a sus cómplices actuales, y en esta línea de actuación seguiremos en consonancia con la caracterización como “Crimen de Estado” que hemos sostenido respecto a esos hechos. Ahora que nuestros litigios se han empezado a dirimir en tribunales internacionales y que ya se cuenta con sentencias condenatorias al Estado Mexicano (la primera fue la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Rosendo Radilla de noviembre de 2009), se han establecido de manera puntual resoluciones que obligan a corregir la denegación de justicia y la impunidad, con el valor adicional de que en las sentencias mismas se obliga al gobierno a hacer público el proceso de corrección requerido, lo que en consecuencia resalta el deslinde de las responsabilidades personales y de cada uno de los poderes.

En el caso del legislativo, al que le corresponden prácticamente todas las acciones de remediación, se deben registrar con todo detalle, las posiciones, iniciativas y el comportamiento de cada legislador y de su partido, porque hoy en México no se vive un régimen de partido único, sino que se encuentra una distribución del poder entre diversos partidos con intereses y propósitos formalmente diferentes, pero que operan con turbias prácticas de negociación entre ellos y al margen de los intereses populares, incluso cuando han sido explícitamente advertidos de las implicaciones negativas de decisiones que están en curso, como ocurrió en el Senado con la aprobación de la minuta de la Ley de Seguridad. En la agenda de temas de seguridad y justicia destacan numerosas cuestiones que han sido expuestas por el movimiento social, ante los cuales los legisladores y los funcionarios gubernamentales aparentan no conocer los diagnósticos y reclamos de solución reivindicados por el pueblo. Hace apenas unos años se recolectaron y entregaron a la Cámara de Diputados más de dos millones de firmas de ciudadanos opuestos a la privatización de la industria eléctrica que fueron ignoradas. Lo mismo ocurrió con los cientos de miles de amparos solicitados a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por los trabajadores del Estado en contra de las modificaciones regresivas de la ley del ISSSTE.

En el presente, los casos más graves son la represión anti obrera (destacadamente contra electricistas y mineros) encaminada a imponer un nuevo marco de relaciones laborales; las medidas de violencia tanto abierta como encubierta con la que se pretende contener el flujo migratorio de la población, ahora complejizadas por acciones coordinadas en ambos lados de la frontera, y la ominosa amenaza que se cierne sobre los jóvenes estigmatizados con el nada gracioso y sí peyorativo apelativo de “Ninis”, que conlleva la intención, de señalarlos como una de las fuentes principales de delincuencia, o sea criminalizar su condición social de la que no son responsables, sino en todo caso víctimas de las políticas neoliberales instrumentadas en los últimos 30 años.

No podemos dejar de mencionar una serie de asuntos pendientes y de acciones políticas y legislativas en curso que si se abren y se dan las bases para que se empiecen a resolver positivamente pueden ser indicativas de una disposición a abrir las vías de una verdadera procuración e impartición de justicia en el país.

1.- En el caso de los procesos penales en contra de Luis Echeverría y las cincuenta y dos averiguaciones previas concluidas en 2005 que no se han consignado, se requiere que se suspenda el estado de inacción de la PGR y se reactive con toda intensidad la disposición punitiva del Estado respecto a crímenes que se le imputan. Esta nueva disposición debe iniciarse con la aclaración pública de la situación de “libertad bajo las reservas de ley” con la que se le suspendió la prisión domiciliaria a que Echeverría estuvo sujeto durante 2 años por el delito de genocidio. Aunque la libertad bajo reservas de ley, no significa que Luis Echeverría haya sido exonerado, es evidente que se trata de otorgarle impunidad. La complicidad de la propia PGR en esa maniobra, está acreditada por la inacción del Ministerio Publico para presentar como agravios ante el Tribunal de amparo, la supuesta falta de pruebas que incriminaran directamente a Echeverría.

En la lógica particular del litigio han tomado relevancia y actualidad los elementos y pruebas supervinientes de la responsabilidad de Luis Echeverría en delitos contra la salud, en la modalidad de promoción de las drogas para modelar y controlar el comportamiento de los jóvenes, con las evidencias registradas en el llamado “Festival de Avándaro” de septiembre de 1971, apenas tres meses después de la masacre de estudiantes del 10 de junio.

Desde el punto de vista metodológico y doctrinal, resaltan dos promociones judiciales que no han tenido respuesta explícita: El embargo precautorio de todos los bienes de Luis Echeverría para cubrir las indemnizaciones correspondientes a las víctimas de sus acciones criminales, en concordancia con las medidas de la nueva estrategia de combate al crimen organizado, mediante acciones de extinción de dominio y la reapertura del juicio al expresidente, incluyendo en la nueva consignación los cargos por delitos contra la salud, con el reconocimiento del hecho de que si bien es cierto que el narco ha infiltrado las estructuras del Estado, también es cierto que antes el gobierno promovió al narco con el interés político de desmovilizar a la juventud para controlarla.

2.- Desde noviembre del año pasado, conocimos y celebramos la resolución categórica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenando al Estado Mexicano por el caso del desaparecido Rosendo Radilla la cual, incluye una serie de puntos de amplia trascendencia e interés jurídico para los siguientes casos que se están examinando en las mismas instancias internacionales: 10 de Junio de 1971, 2 de Octubre de 1968. Sin embargo, como conocedores de las malas artes de las autoridades mexicanas, antes que festejar anticipadamente y relajarnos por lo logrado en las resoluciones, constituimos junto con otras ocho organizaciones de familiares y víctimas de crímenes de lesa humanidad, el Comité de Seguimiento y Vigilancia de las Resoluciones de la Corte. Nos alienta la advertencia contenida en la resolución de que el Estado Mexicano cuenta con el plazo de un año para informar puntualmente a la Corte los alcances logrados en todos y cada uno de los puntos de la resolución. Pero lamentamos que a tres meses de que se cumpla el plazo establecido, prácticamente no hay nada sustancial de las medidas requeridas para remediar el estado de denegación de justicia prevaleciente. En los tres meses restantes antes de que se cumpla el plazo señalado, la carga de los asuntos pendientes se deberá centrar en el poder legislativo, como espacio idóneo para abordar todo lo conducente, y romper de tajo, hipotéticamente, con el perverso juego de cada uno de los poderes de no asumir las responsabilidades propias.

3.- Leyes de exoneración. De especial significación es el trámite legislativo de la nueva Ley de Seguridad Nacional congelada en la Cámara de Diputados por las numerosas objeciones levantadas en el mismo momento en que en la Cámara de Senadores aprobaban el dictamen correspondiente. La maniobra política de hacer prácticamente una exoneración del ejército por los sucesos del 68 y años posteriores, también se explica por el interés de buscar una exoneración del poder ejecutivo actual, por la utilización del ejército con graves violaciones a la Constitución, –sin marco jurídico explícito en la guerra contra las drogas. Violaciones tales como el dotar de capacidad de decisión y de mando a civiles para la utilización discrecional del ejército y de la Policía Federal por encima del Ejército mismo ­han estallado haciendo prácticamente imposible restablecer las condiciones para la aprobación de ésta Ley, pero no por ello vamos a dejar de estar atentos del curso de esos propósitos legislativos.

4.- Los puntos anteriores ilustran la enorme complejidad que se tiene para reordenar la vida política del país en un ambiente civilizado, sin la utilización de la violencia como elemento abierto o encubierto para dirimir las diferencias y dar cauce a las demandas populares. En numerosos asuntos de la vida nacional la violencia física, jurídica y procesal, e incluso mediática, está adquiriendo niveles alarmantes. La responsabilidad política general recae en las más altas autoridades. Hoy se mantiene la apariencia de una supuesta vida institucional que sólo se usa para encubrir los crímenes del pasado y preparar las mejores condiciones para favorecerse de los mecanismos de fuerza en las coyunturas presentes y en las luchas políticas que se están librando con especial ferocidad en la perspectiva de las elecciones federales del 2012.

En fin, es enorme la lista de los nuevos agravios de la autoridad y los poderes en contra de la población y sus organizaciones. Habrá que hacer el balance de los casos de las represiones en contra de los pueblos movilizados en torno de la APPO; los agravios en contra del pueblo de Atenco; las familias afectadas en Pasta de Conchos; los niños de la Guardería ABC del IMSS en Hermosillo, Sonora; la agresión y persecución perpetua en contra de las Comunidades Zapatistas; la represión en contra de los Triquis en Copala, Oaxaca; la infinidad de mexicanos inocentes afectados por las acciones militares y de las diversas policías en el transcurso de este fenómeno conocido con el eufemismo “Lucha por la seguridad pública y contra la delincuencia”, donde hay que destacar a los pobladores de Reynosa; los jóvenes acribillados en Ciudad Juárez y en el Tecnológico de Monterrey; niños y familias enteras asesinadas en los retenes militares, etc., ante cuyos casos y los reclamos de justicia de sus familiares y de la población, los poderes de la unión permanecen impávidos, cínicos e irresponsables.

Por todo lo anterior, explicitamos estas consideraciones de balance de la situación política general en los temas que nos conciernen; anunciamos nuestra disposición a ejercer los derechos y obligaciones políticas y morales que tenemos ante la sociedad y nuestro pueblo, y llamamos a todos nuestros compañeros y amigos, a los movimientos sociales actuales a redoblar todos los esfuerzos necesarios para sentar un precedente imperecedero de que los crímenes contra el pueblo se deben castigar con todo rigor para alejar en definitiva el riesgo y la tentación de que esos métodos de gobierno se repitan.

Alto a las políticas económicas genocidas neoliberales

Educación y empleo para los jóvenes

¡2 de Octubre No se Olvida!

Anuncios

Deja un comentario

Archivado bajo represión

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s