AUTODETERMINACIÓN O CENSURA SOBRE DERECHO A DECIDIR

¿Quién debe decidir sobre los cuerpos de las mujeres?

Paloma Estrada Muñoz (Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos)

 

Temas como el de la autodeterminación de las mujeres sobre su propio cuerpo o el aborto, innegablemente traen a la mente interrogantes que van más allá de las cuestiones demográficas o de salud, en donde las mujeres se convierten en números, sinónimos de objetos económicamente cuantificables. Sin embargo, hay una línea delgada y divisoria que existe entre las mujeres como sujetas con derechos y las mujeres como objetos carentes de los mismos.

¿Quién debe decidir sobre los cuerpos de las mujeres? Cuando hacemos referencia a la implicación del Estado a través de políticas públicas, abrimos la puerta a otra discusión. Es decir, el papel del derecho en las sociedades ¿debe servir solamente para lograr la convivencia pacifica de una comunidad ó puede ser utilizado también para modelar a esa misma sociedad según los nuevos ideales de justicia? Para los que piensan que si de deben emplear las medidas jurídicas para revertir estas situaciones de desventajas, nos dicen también que de no hacerlo, se estaría negando el sentido mismo de la igualdad sustancia o real, entendida esta como “tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Es decir, no sería justo tratar como iguales a quienes no lo son y no lo pueden ser porque carecen de las posibilidades para alcanzar una situación igualitaria” (Carbonell, 2005: 69).

Pero cómo conseguir esa igualdad si partimos de la premisa que no todas las personas somos iguales, y qué desigualdades tenemos que tomar en cuenta para que a través de las normas jurídicas podamos obtener esa igualdad social, es decir, a caso debemos utilizar el criterio de sexo, la religión, la etnia ó algún otro, para construir una ley que haga más igual a quienes no lo son, y en este caso que haga más iguales a las mujeres. Y si esos rasgos son aceptados como válidos para dar un tratamiento normativo diferenciado, podemos también aceptar el criterio de las preferencias sexuales.

Las posiciones que se suman a esta idea, critican la defensa de una normatividad que trate jurídicamente igual a todas las personas, porque es probable que quienes posean más recursos (económicos, de relaciones sociales, políticas, familiares, entre otras) acaben disfrutando de un trato igual y, quienes tengan menos acaben sufriendo profundas discriminaciones.

Por otro lado, si se reconoce que la norma de igualdad puede o debe requerir medidas especiales para corregir las desigualdades existentes, se tienen que diseñar proyectos que permitan avanzar hacia una mayor igualdad sin generar nuevas discriminaciones.

Con la idea de igualdad sustancial, se intenta que las personas sean tan iguales como sea posible, partiendo de la base de que de hecho son socialmente desiguales (Ferrajolí, 2004: 907).

Sin embargo, en el contexto de hoy en día, en donde la conquista de las libertades formales es un proceso político en el que las y los sujetos individuales afirman y amplían su autonomía personal frente al Estado, tratarán de afirmar también su autonomía frente a su máxima privacidad (que paradójicamente es la que recibe el grado más fuerte de presión colectiva), la relación con su propio cuerpo. Pero, cada vez será más fuerte la demanda de un conocimiento científico y de una organización social que satisfaga los deseos de controlar la propia reproducción y asumir las decisiones en lo que al dejar de ser se refiere (Duran, 2000). Estas reflexiones nos conducen a nuevas discusiones sobre la vida, la muerte y la reproducción, ¿dónde empieza y acaba lo que hasta ahora llamamos vida?, ¿a quien corresponde ahora este poder de decidir?, ¿a la o el sujeto individual?, ¿al Estado?, ¿a las entidades?, ¿quién debe ser la o él sujeto y quién el subsidiario?, ¿a quién corresponden los derechos y a quién las obligaciones?

De acuerdo con Ferrajolí (2005), la autodeterminación de la maternidad (derecho sexuado), se trata de un derecho que es al mismo tiempo fundamental y exclusivo de las mujeres porque forma un todo con su libertad personal y con su autodeterminación de ser ó no madre. Porque cualquier decisión justificada por intereses extraños a los de las mujeres, significaría una lesión, ya que ninguna persona puede ser tratada como medio o instrumento –aunque sea de procreación- para fines no propios, sino sólo como fin en sí misma; y, según él mismo autor, a diferencia de cualquier otra prohibición penal, la del aborto equivale a una obligación –la de convertirse en madre, soportar un embarazo, parir y criar a un hijo- en contraste con todos los principios liberales del derecho penal.

Y lo más interesante de su planteamiento es que no se trata sólo de un derecho de libertad, sino también de lo que él define como un “derecho-pretensión”, al que deben corresponder obligaciones públicas, concretamente exigibles, de asistencia y de cuidado, tanto en el momento de la maternidad como en el del aborto (Ferrajolí, 2005).

De esta manera, el derecho a la maternidad voluntaria como autodeterminación de las mujeres sobre su propio cuerpo, les pertenece de manera exclusiva porque en materia de gestación los hombres no son iguales a las mujeres. Por ende, es sólo desvalorizándolas como personas y reduciéndolas a meros instrumentos de procreación, es como los hombres y el Estado han podido expropiarlas de ese derecho, sometiéndolo al control penal. En otro caso, si la decisión de traer o no un/a hijo/a al mundo a través de un cuerpo femenino estuviera subordinada también al acuerdo de los potenciales padres, la decisión de éstos sería sobre el cuerpo de las mujeres, significando así, la utilización de un poder de los hombres sobre las mujeres. Tal acción, violaría al mismo tiempo, la libertad de las mujeres y el igual valor de las personas.

El valor de la igualdad se confirma y reafirma a la luz del análisis de la diferencia y de las implicaciones que de ella se desprenden para una real consideración de las diversas identidades. Entendiendo que somos iguales precisamente porque lo somos en todos los derechos que tienen que ver con nuestras diferentes identidades, que no son otra cosa que los derechos fundamentales, incluyendo el derecho de las mujeres a la maternidad voluntaria, referida a la identidad y diferencia femenina. Conscientes de que entre la igualdad y la diferencia no existe contradicción sino una implicación recíproca (Ferrajolí, 2005).

 

Finalmente y pese a ello, podemos decir que en el Estado de Morelos lejos de permitir la autodeterminación de las mujeres sobre su propio cuerpo se les violenta y criminaliza a la sombra de una religión  mal entendida.

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