Libertad de expresión bajo ataque pone en riesgo derechos democráticos.

En los últimos años, México ha sido señalado como uno de los países más peligrosos para el ejercicio de la libertad de expresión y esto se debe a la falta de garantías para ejercer dicha labor. En los últimos ocho años se han registrado asesinatos, desapariciones, y una gran cantidad de hostigamiento y amenazas a periodistas, comunicadores, comunicadoras y a medios de comunicación, al igual que a personal administrativo de los mismos. Esto ha sido motivo de preocupación por parte de diferentes instancias de derechos humanos y organizaciones tanto nacionales como internacionales defensoras y promotoras del derecho a la libertad de expresión.
De enero a marzo, el número de agresiones registradas fue de 69 de las cuales 52 están concentradas en 8 estados del país. A saber, Oaxaca y Veracruz con 11, respectivamente, Baja California Norte con 8, Distrito Federal con 5 al igual que Tamaulipas, mientras que Chiapas, Michoacán y Puebla registraron 4. Es necesario mencionar que de las 69 agresiones registradas hasta el momento, 3 son asesinatos, 2 de ellos ocurridos en Guerrero y el restante en Veracruz. De las otras 66 agresiones, 45 fueron físicas/materiales, 9 intimidaciones/presión, 7 detenciones arbitrarias y 5 amenazas, dos de ellas de muerte.
En Morelos se han denunciado una serie de agresiones en contra de mujeres y hombres reporteros, camarógrafos, fotógrafos, sobre todo cuando cubren situaciones de conflicto social y político, siendo agredidos verbal y físicamente por policías, elementos del Ejército o personal de seguridad pública. En ocasiones también han sido insultados por participantes en manifestaciones. Presiones para no publicar opiniones contrarias al gobierno, amenazas con ser despedidos o despidos encubiertos como represalia por mantener una información veraz y objetiva, se han presentado en diversos medios de comunicación, vulnerando los derechos humanos y laborales de las y los trabajadores de la comunicación y violando a la vez el derecho de la sociedad a escuchar la pluralidad de puntos de vista, sobre todo los que resienten las políticas autoritarias y represivas del gobierno.

Defender la libertad de expresión en la práctica, conlleva riesgos laborales y profesionales, además de significar un desafío al
compromiso, a la conciencia y a la calidad ética en el desempeño de esta tarea social. Los cínicos no sirven para este oficio, escribió
uno de los grandes periodistas recién fallecido, pero combatir el cinismo requiere asumir el compromiso de defender la libertad de
expresión aunque no sea del agrado del poder

La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C., tuvo conocimiento de un correo electrónico enviado el 19 de abril de 2010, en donde se vierten amenazas de muerte en contra de 27 periodistas del Estado de Morelos.

Una vez que hemos consultado con varios de los trabajadores y trabajadoras de varios medios de comunicación mencionados en el
escrito anónimo, nos han manifestado estar de acuerdo en enviar esta información a las instancias nacionales e internacionales defensoras de la libertad de expresión, ya que si bien el mencionado escrito mezcla deliberadamente acusaciones dolosas y sin fundamento con amenazas de muerte, estas se dan en un contexto de amenazas e intimidaciones mediante mensajes anónimos que han creado un clima de temor generalizado que ha llegado a acatar un toque de queda oficioso decretado supuestamente por un grupo de narcotraficantes (el Cartel del Pacifico Sur) en el mas completo abandono de responsabilidades legales por parte del Gobierno del Estado quien, sin embargo, ha avanzado en el proceso de militarización de la ciudad y la zona conurbada.
Hay que mencionar que algunos de los periodistas no están desempeñando actualmente una labor cotidiana en los medios, llegando al extremo del caso de una destacada periodista (Linda Fabiola Escobar) que murió por una enfermedad en el año 2008. Las amenazas han continuado e incrementado en contra de Angelina Albarran, por lo que el caso ha sido asumido por diversas instancias defensoras de periodistas.
Consideramos que es obligación del Estado Mexicano cumplir con los instrumentos nacionales e internacionales que garanticen la libertad de expresión y el libre ejercicio de la actividad periodística, por lo que, aun cuando carezca de veracidad dicho comunicado, se deben tomar las medidas pertinentes para impedir que esta amenaza pueda tener algún viso de realidad. En especifico, el Articulo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de
opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
En consonancia, el Art. 6o  de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos dice: “La manifestación de las ideas no será
objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho a la información será garantizado por el Estado.”

Por lo anterior, solicitamos adoptar las medidas cautelares correspondientes y las previsiones del caso por parte de las
autoridades estatales y federales para proteger la libertad de expresión y para evitar que se materialicen dichas amenazas en contra
de periodistas morelenses.
Sobre el correo electrónico enviado a 27 periodistas, tenemos algunos elementos que nos permiten concluir que se trata de una campaña de intimidación, agresión psicologica en contra de algunas y algunos periodistas, aun cuando sea a partir de una broma de mal gusto o de alguien que quiere aprovechar la situación para generar inquietud o angustia.

Hemos revisado la situación en otras partes del país (ver Proceso del 11 de abril 2010) y tiene prácticamente los mismos elementos de lo que ocurre en Morelos: correos electrónicos anónimos decretando toque de queda, cierre de establecimientos, miedo generalizado, caravanas de vehículos de uno y otro cartel, amenazas a periodistas, silencio de los medios masivos de comunicación, complicidad de policías con delincuentes, gobierno infiltrado, militarización, por señalar algunos de ellos.
Hemos señalado recientemente sobre esta campaña: que el miedo no nos paralice!
Sin embargo, entendemos que este asunto no se trata de algo meramente individual, sino colectivo, como sociedad, si somos capaces de reaccionar solidariamente y no permitir que inclusive las “bromas” sean en función de amenazas de asesinatos de la peor especie.
Además de Cencos, también se han comunicado de la Asociación Civil Articulo 19 y del Comité para la Protección de Periodistas (con sede en Nueva York y representación en el DF) para dar seguimiento a este caso.

PERIODISTAS ASESINADOS Y DESAPARECIDO EN MORELOS:

CAMPOS MORENO, ALEJANDRO Medio de Comunicación: DIARIO DE MORELOS
Muerto en 1991.Reportero del Diario de Morelos, México

DORANTES, JORGE MARTÍN. medio de comunicación: EL CRUCERO. Muerto en
1994. El 6 de junio le dispararon unos asaltantes no identificados en
Cuernavaca. Dirigía un semanario y era crítico con los funcionarios
del gobierno local.

PERALTA TORRES, ENRIQUE medio de comunicación: LA UNIÓN DE MORELOS.
Muerto en 1994. El 6 de julio murió en Cuernavaca de múltiples heridas
de bala. Era reportero.

ROJAS, JOSÉ LUIS medio de comunicación: LA UNIÓN DE MORELOS. Muerto en
1994. El 12 de julio fue hallado estrangulado y golpeado cerca de
Chamilpa, al sur de la Ciudad de México. Su cuerpo fue envuelto con
una sábana y bolsas de plástico. Tenía 46 años, era director de su
periódico de Cuernavaca y un crítico tenaz de los miembros del
gobierno estatal.

ALFREDO IBARRA BOBADILLA, decano del periodismo morelense, permanece
desaparecido hasta la fecha desde hace ya casi 20 años.

AGRESIONES A PERIODISTAS:

Diversos periodistas de Morelos han sufrido agresiones verbales o físicas durante operativos policíacos y militares, en el desempeño de su trabajo. En el caso de la agresión verbal con amenazas del General en retiro Manuel Farfán, Secretario de Seguridad Publica del
Ayuntamiento de Cuernavaca, en contra del reportero Guillermo Hinojosa del noticiero de radio Línea Caliente, desató una fuerte denuncia de esta clase de abusos cometidos por este militar que pretendió acallar cualquier voz critica a las acciones autoritarias y abusos de poder, pero aún cuando este fue destituido de su cargo y existe una serie de denuncias ante la PGJ ninguna de ellas ha concluido en una sanción penal contra el militar.
Eolo Pacheco Rodríguez, director del diario El Regional del Sur y titular del programa MVS Noticias, fue privado de su libertad y
agredido por dos desconocidos. En tanto, la procuraduría estatal estableció que además de la agresión, el comunicador padeció robo y despojo.

Efectivos de la Policía de Cuernavaca golpearon y privaron de su libertad a los periodistas Oscar López y Ariel Ramírez Arrieta, de la
revista cultural “El perro azul”. López terminó con lesiones en las costillas, brazos, piernas, espalda y manos.

También el periodista Helios Magaña Vázquez, camarógrafo del noticiero Radio Fórmula, recibió a corta distancia el disparo de un petardo de gas lacrimógeno que le impactó y estalló en el abdomen, por lo que tuvo que ser atendido en un hospital, debido a las lesiones provocadas. el 27 de mayo 2010.

MILITARES VS PERIODISTAS
Temixco, Morelos. Un grupo de militares que realizaban operativos y cateos en el Fraccionamiento Burgos de este Municipio retuvieron momentáneamente a periodistas y les ordenaron borrar fotografías y videos de los soldados. Alrededor de las 11:45 horas periodistas tuvieron un reporte de que en el Fraccionamiento Burgos, ubicado a un costado de la autopista Cuernavaca-Acapulco, soldados habían asegurado dos residencias de la Calle Capri. Cerca de esa vialidad un grupo de aproximadamente 30 soldados, que viajaba a bordo de un camión de transporte de tropas militar y una patrulla de la Policía municipal de
Temixco, se retiraba del lugar con dirección a la entrada del Fraccionamiento. Reporteros (de Grupo REFORMA y Notimex, primero)
realizaron un recorrido para ubicar las dos viviendas aseguradas, sin embargo no las encontraron. Luego los periodistas se dirigieron a la salida del Fraccionamiento con el fin de tomar la autopista y regresar a Cuernavaca. Frente a una tienda Oxxo se encontraban los militares tomando bebidas, ahí los periodistas, dentro de los automóviles, tomaron fotografías de registro del convoy. Al pasar junto al camión militar de transporte de tropas uno de los soldados gritó “ése es, ése es”. Antes de llegar a la intersección de la Autopista los reporteros de REFORMA y Notimex se encontraron con colegas de medios nacionales y
locales que viajaban a bordo de un automóvil de Cablenoticias de Morelos, balizado con la leyenda “Prensa” y con el nombre de la
empresa. Sin tomar aún la Cuernavaca-Acapulco los reporteros se orillaron para comentar sobre el operativo. En ese momento una
camioneta de la Policía local, en la que viajaban militares y policías preventivos municipales frenó intempestivamente juntó al automóvil del reportero de REFORMA y cortando cartuchos y apuntando hacia el vehículo particular los soldados ordenaron que sus ocupantes descendieran de él. Los elementos de las fuerzas federales ordenaron la identificación de los reporteros y cuestionaron el trabajo informativo al momento en que ordenaban la eliminación de las fotografías en las que aparecían los soldados. En ese momento el vehículo de Cablenoticias de Morelos se estacionó frente a la patrulla y los reporteros gráficos comenzaron a videograbar y tomar fotografías del diálogo entre militares y reporteros de Reforma y Notimex. Los
soldados les ordenaron bajar y apagar sus cámaras. Luego inició una discusión con el comandante de los militares quien cuestionaba el fin de las fotografías tomadas. “¿Cómo sé que no son para la mafia o con qué fin van a ocupar esas fotografías? ¿Nosotros venimos de Ciudad Juárez y allá han levantado a muchos de nuestros compañeros por las fotografías de los periodistas que están involucrados”, dijo el comandante del grupo. Ante las explicaciones y argumentos de los reporteros sobre la libertad de expresión el soldado que dirigía el operativo dijo que ya no se borraran las fotos, pero pidió los nombres e identificaciones de los periodistas a quienes luego amago con fotografiar. “Entonces les voy a tomar fotografías y a sus vehículos y si le pasa algo a uno de mis elementos voy contra ustedes”, expresó. En medio de la discusión los militares ordenaron a los periodistas retirarse del lugar sin aparentemente fotografiarlos. Al terminar el incidente el grupo de periodistas se retiró y se introdujo en el Fraccionamiento para ubicar las dos viviendas aseguradas.
4 de mayo 2010. En el Vergel, durante el levantamiento del cadáver de la mujer policía, elementos de la Policía Metropolitana agredieron verbal y físicamente despojando de su cámara fotográfica al reportero José Luis Rojas del diario de Morelos.
Los pueblos indígenas tienen derecho a contar con sus propios medios de comunicación.
En junio del 2007, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al pronunciarse en torno a la denominada “Ley Televisa”, comentó que el legislativo tiene adeudos pendientes con los pueblos indígenas, en el sentido de que éstos carecen de condiciones normativas para fundar y administrar sus propios medios de comunicación. El 14 de junio del mismo año, las Comisiones de Asuntos Indígenas, Radio Televisión y Cinematografía, así como la de Cultura de la LX Legislatura del congreso de la Unión, coincidieron en que la “declaratoria de inconstitucionalidad de varios de los artículos de la Ley de Radio Televisión y de Telecomunicaciones, abre las puertas al debate y compromete a los legisladores para formular reformas con el fin de que la legislación de medios de comunicación atienda principios de democracia y equidad”. De esta manera, promovieron el primero y segundo Congreso Nacional de Comunicación Indígena (CNCI). El CNCI, planteó  entre otras cosas al H. Congreso de La Unión, el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas a la comunicación e información. De manera concreta, frenar el desmantelamiento de las radios indígenas y la agresión a los periodistas.  También que en la nueva enmienda de reforma a la ley de radio y televisión, se incluya el apartado especifico para pueblos indígenas. En este marco, se pidió  a la Cámara de Diputados, que el 1 por ciento del presupuesto de Comunicación Social de la presidencia de la República, se destine para el fortalecimiento y apoyo a las iniciativas de comunicación indígena. De igual manera que el 30 por ciento del espacio radioeléctrico, se reserve para los pueblos indígenas. En ambos congresos, se reafirmó el importante papel de los medios indígenas en el fortalecimiento del intercambio informativo
entre los pueblos que representa un contrapeso importante ante la falta de información y la falsa imagen pública sobre lo que ocurre en las zonas indígenas. La comunicación indígena es el ejercicio de un derecho entre los pueblos el cual no ha sido reconocido plenamente por el Estado Mexicano, pero que día a día se fortalece y se constituye en una demanda central de la población originaria.
Atentamente,
Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

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