Tortura prevalece en detenciones en Morelos


La Procuraduría general de Justicia del estado de Morelos realizó un foro con la presencia de especialistas donde expresó enfaticamente que en Morelos no existía tortura, dado quese aplica el protocolo de Estambul como un instrumento adoptado por la ONU y vigente en nuestro país. En el mismo tenor se manifestaron autoridades municipales y estatales de Seguridad Pública. No hay tortura en Morelos, es la consigna. En la práctica, la realidad es muy diferente. La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos hemos recibido diversas quejas por detenciones arbitrarias y tortura practicada por elementos de las diversas corporaciones policiacas de ambas dependencias y de la misma autoridad militar, sin que exista una real y seria investigación por parte de la PGJ.
Es el caso de Ivan y  Jorge Raúl Jaimes Jimenez, quienes fueron detenidos y torturados por elementos militares. Presentaron queja ante la CNDH y denuncia ante la PGJ del Estado y de la PGR. Ambas se declararon incompetentes y enviaron el caso a la Procuraduría de Justicia Militar de la 24a Zona Militar, a pesar de que los militares ahi fue donde los torturaron. Los familiares exigieron que el caso fuera asumido por las instancias civiles, basados en lo que establecen los artículos 13 de la Constitución: “los tribunales militares en ningun caso y por ningun motivo, podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército, cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda”, así como el artículo 20 constitucional sobre los derechos de la victima o del ofendido.
El día de ayer 15 de octubre fue publicada la noticia siguiente en los medios: “Fueron detenidos Samuel Abraham Ramírez de 20 años de edad, vecino de la colonia Acatlipa, del municipio de Temixco, e Isaac Emmanuel Andrade Peralta de 18 años con domicilio en calle Teotenango, del poblado de Xochicalco, del municipio de Miacatlán. Los uniformados, al realizar una revisión corporal a estos individuos, les hallaron un arma de fuego calibre 45 marca Stanless con un cargador abastecido con tres cartuchos y uno más en la recámara, listo para ser percutido, así como otro cargador abastecido con cuatro cartuchos. Los agentes procedieron a llevar a estos delincuentes a los separos para después ponerlos a disposición del Ministerio Público por el delito de robo con violencia. El hecho quedó asentado en la averiguación previa TC01/587/2010.” Anexamos la fotografia de estas personas, mismas que muestran el salvajismo con que actuaron los policias que los detuvieron. Aún cuando se les comprueben los cargos que se les imputan, estos no pueden ser tratados mediante prácticas de tortura y exhibirlos publicamente, de acuerdo a lo que establece la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura. Nos preguntamos: Es así como se aplica el protoclo de Estambul en Morelos?
Son dos casos diferentes, pero son unamuestra de muchos otros casos que obran en poder de instancias nacionales e internacionales de derechos humanos.
En este sentido, nos parecen relevantes las conclusiones de la Relatora de la ONU recientemente dado a conocer, que anexamos a continuación
Arraigo, fuero militar, reformas constitucionales en materia de justicia y derechos humanos, la reforma del amparo, autonomía de ministerios públicos, colegiación de jueces y abogados y falta de acceso a la justicia por parte de grupos vulnerables, además de deficiencias estructurales y orgánicas en el sistema de justicia, fueron algunos de los puntos de las apreciaciones preliminares de Gabriela Knaul, Relatora Especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados quién concluyó su visita de 15 días a México.
Sobre la figura de arraigo, que autoriza la detención sin presentación ante un juez (habeas corpus) hasta por 80 días, la relatora fue determinante: “se debe desaparecer”, y en su declaración agrega que “la decisión de constitucionalizar el arraigo se adoptó no obstante las determinaciones de varios organismos internacionales y regionales de derechos humanos que le han recomendado al Estado mexicano su eliminación” y que “es resultado del mal funcionamiento del sistema de investigación y procuración de justicia”.
También dijo sobre la figura de los testigos protegidos “que se debe utilizar con mucho cuidado para que no se genere una situación de inseguridad en la comisión de la prueba” y que la presentación de personas detenidas ante cámaras de televisión “ha sido muy propagada en toda América Latina; esto viola frontalmente el principio de presunción de inocencia y debe ser evitada”.
La reforma al Código de Justicia Militar, en particular al artículo 16 que impide que las violaciones a los derechos humanos de las personas cometidas por elementos del ejército sea juzgada por instancias civiles, “es urgente y debe adecuarse a los estándares internacionales de derechos humanos”, dijo al tiempo que criticó la iniciativa de reforma del presidente Felipe Calderón, la cual contempla la salida de la jurisdicción militar de los delitos de desaparición forzada, tortura y violación: “es un avance pero no quedarían excluidos otros crímenes como las ejecuciones extrajudiciales y resultaría insuficiente”.
Sobre las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y de justicia penal, pidió que se realicen a la brevedad posible.
La primera permitiría que las sentencias de organismos internacionales, como las cuatro emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fueran cumplidas, además de que se fortalecería a los organismos públicos de derechos humanos; mientras que con la reforma en materia de justicia penal “se avanzaría en un modelo de carácter acusatorio y oral” y no el “modelo inquisitivo” que en la actualidad existe.
Sin embargo, agrega, la reforma judicial “esta enfrentando dificultades y obstáculos en su implementación y no parece gozar de la decidida, constante y uniforme voluntad política en todo el país para avanzar de manera adecuada.”
Sin estas reformas y la que también esta congelada en materia de amparo “la justicia continuará siendo especialmente inaccesible para pobres, indígenas, mujeres y migrantes […] La población percibe generalmente al sistema de justicia como algo distante y ve en sus operadores a figuras alejadas a las cuales no puede fácilmente acceder.”
Otras preocupaciones observadas por la relatora son la falta de independencia y autonomía de los ministerios públicos y en general de los sistemas de impartición de justicia en los estados de la República, sobre los que hizo referencia al problema de la designación de jueces directamente por los gobernadores y llamó a asignar al menos el 2% de los presupuestos federal y estatales al poder Judicial al tiempo que este debe transparentarse y eficientar el uso de sus recursos.
Durante su visita, Gabriela Knaul recorrió los estados de Chiapas, México, Nuevo León, San Luis Potosí, Yucatán y el Distrito Federal y obtuvo visiones de los diferentes actores sociales; durante la misma apreció muestras de apertura y compromiso pero advirtió que “es necesario que el compromiso del Estado mexicano se refleje en el cumplimiento de las recomendaciones”, mismas que presentará en el informe por país ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en junio de 2011.

 

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