En Morelos 2010 termina con saldo negativo para los derechos de la juventud.

El asesinato de una joven mujer de 15 años en Cuautla es la culminación de un clima de violencia, criminalización, hostigamiento, estigmatización, falta de oportunidades y de políticas públicas en beneficio de las y los menores de edad. En ese sentido, habrá que resaltar que estamos viendo una guerra del Estado mexicano contra el crimen organizado, que en caso de que sean legítimas las formas en las que se afronta esta guerra, están marcando a la infancia, y es que más de mil 100 niños y niñas han sido asesinados, en el país, desde que inició el combate al crimen organizado. A mil 66 ascienden los menores de edad muertos en México en los últimos tres años como consecuencia de la guerra contra el narcotráfico, de los cuales unos 166 se registran en 2010. Los niños y jóvenes son los grandes perdedores en esta batalla, pues están poniendo muchos muertos y hay pocos resultados en su beneficio. El incremento de la violencia ha acentuado la percepción de inseguridad en padres y menores. Esta situación limita sus entornos de esparcimiento y juego, al tiempo que eleva los niveles de agresión escolar en las zonas más conflictivas, donde se reporta un aumento de los trastornos sicológicos en este segmento poblacional. La tasa de homicidios en los jóvenes entre 15 y 17 años se triplicó en los últimos tres años, por lo que el gobierno debe tomar medidas preventivas, dar atención a esos casos y no dejarlos impunes. Sobre los adolescentes que integran hoy las filas del crimen organizado, lo primero es cambiar la mirada y dejar de criminalizarlos, pues en la mayoría de los casos son objeto de la explotación económica. El narco encuentra en este segmento poblacional fragilidad, precariedad económica y unos débiles lazos familiares, por eso los recluta. Pero, esta es solo una de las aristas que este asunto tiene, otra de ellas es el juventicidio, también conocido como juvenicidio, es el término que se le da al homicidio de un niño o un joven.
No tenemos que perder de vista que cuando una persona es menor de 18 años de edad requiere una protección especial, y cuando las familias no tienen las condiciones para poder hacerlo, son las instituciones del Estado las responsables. Sin embargo, el 9 de diciembre, el pleno del Senado de la República aprobó el dictamen emitido por las Comisiones de Justicia, Gobernación y Estudios legislativos, sobre la iniciativa de Ley Federal de Justicia para Adolescentes; dicha ley federal no cumple con los estándares internacionales en la materia. Consideramos que si bien la ley federal incorpora elementos interesantes, otros rubros pasan por alto los parámetros para garantizar los derechos de los adolescentes en conflicto con la ley, así como para cumplir con su objetivo, que es el de generar el tratamiento integral y la reinserción social de los mismos. La ley federal aprobada por el Senado no toma en cuenta la relevancia que tienen las medidas alternativas a la privación de libertad en el procedimiento judicial, estableciendo sólo tres de ellas. Además incrementa temporalidad en las medidas de detención preventiva, detención domiciliaria e internamiento permanente. Asimismo, hace una diferenciación en cuanto a las medidas de privación de libertad impuestas a los adolescentes mayores de 16 años, a quienes castigan hasta con siete años de encierro; una distinción que resulta injustificada y excesiva para el tratamiento y reinserción social que debe recibir un adolescente en conflicto con la ley. Recordamos a las y los legisladores que no hay reinserción social posible desde el encierro, pues se institucionaliza una etapa clave para el desarrollo de la personalidad y destruyen las redes sociales positivas que existen en torno al adolescente en conflicto con la ley. La propuesta de Ley será remitida a la Cámara de Diputados quienes estudiaran y discutirán los parámetros que debe cumplir un sistema adecuado de Justicia para adolescentes en  México.
La propuesta de reducción de la edad penal a 16 años  presentada por un diputado local se da en el marco del caso de un niño de 14 años acusado de sicario, debe analizarse bajo el concepto de inimputabilidad, que no es sinónimo de impunidad, aunque este niño sea una persona menor de 18 años de edad, no significa que este caso deba quedar impune. Cuando escuchamos la palabra inimputabilidad, pensamos en  impunidad  o en  que no tenga responsabilidad de sus actos, pero no es así, lo que significa en realidad es que requiere un tratamiento diferente al de los adultos, que no puede ser juzgado ni encerrado en un espacio con adultos. Con propuestas de ley como la que nos ocupa, no tenemos una solución de fondo a los miles de problemas que día a día enfrentan las y los niños, las y los jóvenes, por el contrario, se sigue criminalizando a los grupos vulnerables, castigando la pobreza y dejando impune a quien mucho tiene que ver con la realidad que vive la niñez y juventud morelense: el Estado, mismo que está obligado a garantizarles todos y cada uno de sus derechos humanos, educación, salud, vivienda, una familia, lugares para divertirse, pero sobre todo seguridad.
No hay, por parte de los legisladores morelenses, una visión de la realidad que viven las y los niños, ni los jóvenes, nada dicen del  hostigamiento y persecución a este sector. De la falta de garantía y protección de los derechos humanos de los niños y jóvenes de Morelos. La Convención Internacional de los derechos del Niño (aprobada por las Naciones Unidas en el año 1989), fue promulgada por nuestro parlamento en el año 1990 mediante la ley 23.849, adquiriendo rango y supremacía constitucional en 1994 mediante la reforma que se hizo de nuestra Ley Suprema que la incorporó. Ella impone a los estados que la hubiesen ratificado la obligación de aplicar sus normas en sus territorios, incurriendo en responsabilidad internacional de acuerdo al trato que cada Estado le de a los niños. Como aspectos principales de esta norma, los cuales deben ser incluidos en el derecho interno del estado suscriptor, debemos mencionar el tener que concebir a los niños como sujetos de derecho otorgándoles una protección integral. “El Interés Superior del Niño” ha sido aludido por el Art. 12 de la misma Convención disponiendo: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones publicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del menor”.
Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos y
Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa.

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