Archivo mensual: febrero 2011

URGE REVISAR LEY DE ADOPCIONES EN MORELOS

El Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa y la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos nos pronunciamos por una revisión urgente de la ley de Adopciones en la entidad.

La denuncia en el sentido de que en el Estado de Morelos se puede comprar legalmente a niños es sumamente grave, pero de ninguna manera es desconocida para los legisladores y las autoridades gubernamentales, lo que implica grave responsabilidad ante la omisión en la investigación solicitada, cuando menos, desde el día 16 de noviembre de 2010 por el centro de derechos humanos Digna Ochoa.

Las adopciones en el estado se dan vía rápida gracias a una ley que los diputados actuales aprobaron y en la que dejan sin derechos tanto a las madres de los menores como a los niños y niñas que el DIF entrega en TREINTA DÍAS, en adopción.

El DIF no cuenta con ningún expediente de las adopciones de niñas y niños que en esta administración han sido dados en adopción lo que  resulta gravísimo, pero más lo es el saber que no solo no saben donde se encuentran estos niños y niñas sino tampoco el estado en que se encuentran, por lo que es incomprensible que ante un hecho que pone al descubierto que niñas y niños morelenses son “vendidos de manera legal”, según dicho de la mujer a la que se detuvo con un bebé que compró en Morelos, el DIF levante la voz y pida de manera cínica que se investigue a fondo y se castigue. Por lo anterior demandamos, que se investigue no solo este caso, sino las 87 adopciones que el DIF ha llevado a cabo y de las cuales NO EXISTE registro alguno, esto afirmado por funcionarios del DIF Morelos.

Frente al silencio cómplice de los legisladores, del propio ejecutivo y de la presidenta del DIF,  seguimos insistiendo en que las niñas y niños de y en  Morelos deben ser protegidos, deben ser tratados como personas y no como mercancías, hoy les decimos a todos aquellos que saben de nuestras denuncias que este otro caso, que afortunadamente fue descubierto, no debe ser uno más, sino que debe ser investigado y se debe castigar a quienes participaron en la venta del bebé, pero también debe hacerse una investigación sobre el actuar del DIF, ya que no es posible que hechos como el descubierto, haya pasado desapercibido para las autoridades morelenses y son las neolonesas las que detienen a la mujer que llevaba a este menor. Que no pueden seguir en esta actitud negligente, les exigimos que tomen URGENTEMENTE CARTAS EN EL ASUNTO, y que de una vez por todas se garanticen los derechos de todas y todos los niños morelenses.

El caso de la mujer indígena de Tepoztlán a quien le fueron robados sus dos menores puso el dedo en la llaga, sin embargo nadie ha querido asumir que estos niños, como muchos otros han sido entregados sin tener la certeza de que van a ser cuidados y protegidos, no podemos continuar con esta situación, por ello es que le volvemos a insistir a los legisladores así como a todas aquellas autoridades que tienen por obligación la protección de la infancia, lo que desde noviembre del año pasado les hemos solicitado:

Que se revise la ley que en meses recientes aprobó esta legislatura, sobre adopciones, en la que en treinta días se puede declarar a un niño o niña expósito y darse en adopción. Y de igual forma se pida URGENTEMENTE al DIF Estatal suspenda las adopciones hasta que no se aclaren y de tenga, de manera fehaciente, la ubicación de TODAS Y TODOS las niñas y niños que han sido dados en adopción.

Las niñas y los niños de Morelos merecen la seguridad de estar seguros y que el interés superior del niño sea el rector de todas las acciones que el estado lleve a cabo cuando se trate de menores.

Esta no puede ni debe seguir pasando, pero la decisión de parar estas acciones la tiene los legisladores.

Atentamente.

Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

Deja un comentario

Archivado bajo jovenes

¡NI CÁRCEL NI MUERTE A LAS MUJERES !

Juliana G. Quintanilla
Las feministas tenemos propuestas de lucha que se han estado articulando a través del Pacto nacional por la vida, la libertad y los derechos de las mujeres. Hemos tenido oportunidad de conocerlas  en luchas y movilizaciones, encuentros y reuniones durante años. La semana pasada la Comisión Independiente de Derechos Humanos fue anfitriona de un encuentro de organizaciones de mujeres de Morelos con Javier Hernández, de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los derechos Humanos en México (OACNUDH) en las instalaciones de La Comuna, para analizar temas como los tratados en Xalapa en la segunda Reunión del Pacto Nacional por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres, y en particular la necesidad de elaborar un diagnóstico estatal que incluya el grave escalamiento del feminicidio y las violaciones a los derechos humanos de las mujeres. Ambas reuniones mostraron importantes aspectos que,  para las autoridades, pasan desapercibidos o son invisibilizados. Las  177 mujeres de 85 organizaciones de 18 Estados de la República, reunidas en la Ciudad de Xalapa los días 4 y 5 de febrero de 2011, celebraron la segunda Reunión Nacional con el objetivo de realizar el balance anual de actividades; analizar la situación actual del derecho a decidir en los Estados y a nivel nacional y definir nuevas estrategias y plan de acción para este año. En el periodo 2008-2010 fueron aprobadas 17 reformas constitucionales locales que limitan o impiden el ejercicio de uno de nuestros derechos fundamentales: el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas,  criminalizando a las mujeres por practicarse un aborto, incluso cuando se trata del producto de una violación. El camino seguido por estas reformas ha llegado al encarcelamiento de mujeres, no sólo de aquellas que libremente ejercen su derecho a decidir, sino también a mujeres que sufren abortos espontáneos (involuntarios) como lo hemos constatado en varias entidades del país.  El Estado, desde sus tres poderes, sigue sin tener claro cuál es su función de Estado laico y de derecho.  Sigue impidiendo el ejercicio de los derechos de las mujeres, condenándolas a una pena de muerte latente, donde las deja respirar para que sientan su indefensión e impotencia frente a un ejercicio desmesurado de su poder.
Como hemos documentado en Morelos y en nuestro país, las reformas constitucionales y la forma en que se aplican las leyes, así como las políticas públicas, son un signo evidente de violencia institucional que rechazamos con todas nuestras fuerzas y frente al que continuaremos actuando hasta lograr un Estado realmente democrático y de justicia equitativa. En este sentido, es fundamental mantener una lucha por la defensa del derecho a decidir y por la libertad de las mujeres criminalizadas por ejercer su derecho a decidir sobre su cuerpo. La defensa del Estado laico y contra la injerencia de cualquier iglesia al tratar de imponer sus valores al conjunto de la ciudadanía. Para lograr una vida digna, con libertad, autonomía, poder de decisión sobre nuestras vidas como forma de desarrollarnos plenamente como personas. Esta lucha de las mujeres se enfrenta a la ofensiva de la derecha como parte de una ofensiva contra más sectores de la sociedad y que tiene como fin el sometimiento del conjunto de la población y se manifiesta más claramente en el brutal golpe al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), sindicato que ha sido un emblema de lucha y resistencia de las y los trabajadores en el país. Por ello, mantener una relación entre el feminismo y el sindicalismo independiente ha sido reconocido como una prioridad, misma que hemos impulsado en diferentes instancias en Morelos. Es por ello que el encuentro feminista se expresó el total apoyo y solidaridad con la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas y en particular de las mujeres trabajadoras del SME, quienes forman parte activa de este Pacto, reiterando la exigencia de que se respete su derecho al empleo y salario dignos. Se rechazó enérgicamente la ola de feminicidio y violencia contra las mujeres, situación que se ve agravada con la creciente militarización del país, que a partir de la llamada guerra contra el narcotráfico sirve de justificación a las agresiones contra la población, acrecentando la impunidad en estos delitos y en el caso concreto de las mujeres asesinadas por exigir justicia y respeto a los derechos humanos.  Ahí se concluyó con las exigencias de un alto a la criminalización de las mujeres por abortar, libertad inmediata a las mujeres presas por abortar, respeto del Estado laico, aplicar de manera efectiva los derechos reconocidos en la Constitución Política Mexicana y a lo ratificado en la Convención Internacional de Derechos Humanos de Viena, la Convención Sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra las Mujeres y  la Convención Interamericana para  Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y la despenalización del aborto en todo el país.
cidhmorelos@gmail.com

Deja un comentario

Archivado bajo articulos