¡NI CÁRCEL NI MUERTE A LAS MUJERES !

Juliana G. Quintanilla
Las feministas tenemos propuestas de lucha que se han estado articulando a través del Pacto nacional por la vida, la libertad y los derechos de las mujeres. Hemos tenido oportunidad de conocerlas  en luchas y movilizaciones, encuentros y reuniones durante años. La semana pasada la Comisión Independiente de Derechos Humanos fue anfitriona de un encuentro de organizaciones de mujeres de Morelos con Javier Hernández, de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los derechos Humanos en México (OACNUDH) en las instalaciones de La Comuna, para analizar temas como los tratados en Xalapa en la segunda Reunión del Pacto Nacional por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres, y en particular la necesidad de elaborar un diagnóstico estatal que incluya el grave escalamiento del feminicidio y las violaciones a los derechos humanos de las mujeres. Ambas reuniones mostraron importantes aspectos que,  para las autoridades, pasan desapercibidos o son invisibilizados. Las  177 mujeres de 85 organizaciones de 18 Estados de la República, reunidas en la Ciudad de Xalapa los días 4 y 5 de febrero de 2011, celebraron la segunda Reunión Nacional con el objetivo de realizar el balance anual de actividades; analizar la situación actual del derecho a decidir en los Estados y a nivel nacional y definir nuevas estrategias y plan de acción para este año. En el periodo 2008-2010 fueron aprobadas 17 reformas constitucionales locales que limitan o impiden el ejercicio de uno de nuestros derechos fundamentales: el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas,  criminalizando a las mujeres por practicarse un aborto, incluso cuando se trata del producto de una violación. El camino seguido por estas reformas ha llegado al encarcelamiento de mujeres, no sólo de aquellas que libremente ejercen su derecho a decidir, sino también a mujeres que sufren abortos espontáneos (involuntarios) como lo hemos constatado en varias entidades del país.  El Estado, desde sus tres poderes, sigue sin tener claro cuál es su función de Estado laico y de derecho.  Sigue impidiendo el ejercicio de los derechos de las mujeres, condenándolas a una pena de muerte latente, donde las deja respirar para que sientan su indefensión e impotencia frente a un ejercicio desmesurado de su poder.
Como hemos documentado en Morelos y en nuestro país, las reformas constitucionales y la forma en que se aplican las leyes, así como las políticas públicas, son un signo evidente de violencia institucional que rechazamos con todas nuestras fuerzas y frente al que continuaremos actuando hasta lograr un Estado realmente democrático y de justicia equitativa. En este sentido, es fundamental mantener una lucha por la defensa del derecho a decidir y por la libertad de las mujeres criminalizadas por ejercer su derecho a decidir sobre su cuerpo. La defensa del Estado laico y contra la injerencia de cualquier iglesia al tratar de imponer sus valores al conjunto de la ciudadanía. Para lograr una vida digna, con libertad, autonomía, poder de decisión sobre nuestras vidas como forma de desarrollarnos plenamente como personas. Esta lucha de las mujeres se enfrenta a la ofensiva de la derecha como parte de una ofensiva contra más sectores de la sociedad y que tiene como fin el sometimiento del conjunto de la población y se manifiesta más claramente en el brutal golpe al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), sindicato que ha sido un emblema de lucha y resistencia de las y los trabajadores en el país. Por ello, mantener una relación entre el feminismo y el sindicalismo independiente ha sido reconocido como una prioridad, misma que hemos impulsado en diferentes instancias en Morelos. Es por ello que el encuentro feminista se expresó el total apoyo y solidaridad con la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas y en particular de las mujeres trabajadoras del SME, quienes forman parte activa de este Pacto, reiterando la exigencia de que se respete su derecho al empleo y salario dignos. Se rechazó enérgicamente la ola de feminicidio y violencia contra las mujeres, situación que se ve agravada con la creciente militarización del país, que a partir de la llamada guerra contra el narcotráfico sirve de justificación a las agresiones contra la población, acrecentando la impunidad en estos delitos y en el caso concreto de las mujeres asesinadas por exigir justicia y respeto a los derechos humanos.  Ahí se concluyó con las exigencias de un alto a la criminalización de las mujeres por abortar, libertad inmediata a las mujeres presas por abortar, respeto del Estado laico, aplicar de manera efectiva los derechos reconocidos en la Constitución Política Mexicana y a lo ratificado en la Convención Internacional de Derechos Humanos de Viena, la Convención Sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra las Mujeres y  la Convención Interamericana para  Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y la despenalización del aborto en todo el país.
cidhmorelos@gmail.com

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