Archivo mensual: abril 2011

Pide CIDH reforzar las estrategias

 Escrito por Adriana Monje, el 12-04-2011/ Diario de Morelos

 “Más que cambios de personas, debe haber una modificación en las estrategias que están implementándose en el área de seguridad pública y procuración de justicia”, consideró el coordinador de comunicación de la Comisión  Independiente de Derechos Humanos (CIDH), José Martínez Cruz.

Luego de que el fin de semana el Gobernador, Marco Adame Castillo, diera a conocer cambios en las secretarías de Seguridad Pública (SSP) estatal, Educación y Contraloría, Martínez Cruz señaló: “Estos cambios, en realidad, no representan una transformación de fondo en cuanto a la orientación que la ciudadanía ha venido planteando”.

Agregó que cuando la sociedad ha solicitado dar resultados en seguridad, no es precisamente en materia de cambios de los servidores públicos, sino en cuanto a la forma en cómo se han aplicado las políticas para combatir a la delincuencia.

“Hemos visto cómo se ha incrementado el robo a casa habitación, los asaltos; en pleno Centro de la ciudad (de Cuernavaca) asaltan joyerías, roban bancos; es decir, el tema de la seguridad pública tiene que ver con muchos aspectos que no aborda la estrategia de militarizar la seguridad pública”, indicó.

 Comentó que el ex titular de la SSP estatal, Gastón Menchaca, no dio resultados al frente de esta dependencia debido a que la violencia se disparó, así como la inseguridad. Criticó la designación de Gilberto Toledano Sánchez como secretario de Seguridad Pública estatal, pues está demostrado que los militares no dan resultados.

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Auguran estado de indefensión a morelenses durante un mes

Estrella Pedroza/ El Regional del Sur 
Martes, 12 de Abril de 2011 02:39
En tanto nuevo titular de seguridad pública toma las riendas: Martínez Cruz
Estrella Pedroza
En al menos 30 días, la ciudadanía y los propios cuerpos policíacos, estarán en estado de indefensión, tiempo aproximado en el que Gilberto Toledano Sánchez, titular de la Secretaria de Seguridad Pública (SSP), intentará tomar las riendas de la instancia; lo cual podría ser aprovechado por la delincuencia, advirtieron integrantes de organizaciones civiles, tras reprobar que de nueva cuenta el gobernador Marco Antonio Adame Castillo haya puesto al frente a un ex militar.
José Martínez Cruz, de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, reprochó que el mandatario estatal, insista en la estrategia de militarizar la seguridad pública; “Gastón Menchaca no dio ninguna clase de resultados en esta materia y en términos de violencia se incrementó la inseguridad; hubo muchos abusos por parte de esa corporación mientras él estuvo al frente, todo se documentó ampliamente, su salida era una exigencia”, dijo.
No obstante, enfatizó que otra de las solicitudes era que se cambiara la orientación militar, “no era sólo de que saliera Menchaca, sino que se cambiara la orientación; un militar en seguridad pública, no puede dar resultados favorables a la ciudadanía, los puede dar en función de los funcionarios y sus intereses autoritarios, no cumple con el perfil de prevención del delito”, apuntó.
Destacó que para lograr la recuperación de la confianza ciudadana se requiere de nuevas estrategias y no únicamente de cambiar rostros, porque lo que se pretende es seguir con el proyecto de trabajo mediante el impulso de la policía única, con la cual sólo se pretende centralizar el poder.
Además, alertó que con este cambio podrían pasar al menos 30 días en los cuales, Gilberto Toledano intentará tomar la batuta; ese tiempo podría ser aprovechado por la delincuencia organizada
“Hay un problema grave porque, en efecto, mientras son relevos de funcionarios y de más, hay desajustes, el costo de ese proceso lo sufre la ciudadanía y los propios policías, cuando no hay órdenes poco claras se pone en riesgo la vida de los elementos , es decir , hay un estado de indefensión, de riesgo e incertidumbre y no de recuperación de confianza”, dijo.

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Desapariciones en Morelos: lesa humanidad

José Martínez Cruz
“Era casi un niño”, me dice un viejo trabajador jubilado de Nissan al enterarse de la muerte de un joven secuestrado y desaparecido, posteriormente encontrado muerto en la colonia Satélite. Lo conoció desde que nació, en una familia humilde y trabajadora. La pregunta no es: ¿quién sigue?, sino: ¿Por qué las autoridades no hacen nada por impedir que continúe tanto desaparecido y asesinado brutalmente en Morelos? El reclamo de las organizaciones de derechos humanos por este clima de inseguridad y violencia ya no se da de manera aislada. Hace unos momentos concluyó la marcha convocada por la CTM para exigir justicia por el crimen cometido en contra de Tito Barrera, secretario general sustituto de este organismo sindical. Muchas otras protestas se han realizado, por diversos organismos, por sectores ciudadanos que saben, que sienten, la proximidad de esta ola de violencia delictiva. Para algunos está claro que la causa está en el mismo sistema capitalista. Otros lo ubican en la descomposición social. Unos más en la corrupción imperante. Hoy se puso acento en la impunidad. Y las propuestas de solución van de un extremo a otro, desde los que están felices por la mayor presencia del ejército en las calles, hasta quienes demuestran con datos concretos como la violencia institucional ha generalizado el sentimiento de inseguridad ante la violación generalizada de los derechos humanos. Un hecho inocultable a la vista de la sociedad en Morelos, es que todos los días hay un número de muertes y ejecuciones extrajudiciales, de feminicidios y de secuestros y desapariciones hoy encubiertos con el término de “levantones”, que forma parte del lenguaje criminal-policiaco incorporado al lenguaje popular. Hace unos días, ante el grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas, la Senadora Rosario Ibarra citó datos proporcionados por la PGJ de Morelos que indica la existencia de 1200 denuncias por desapariciones. El dato hizo enojar mucho al Senador panista Alvarez  Mata, quien descalificó a la procuraduría del gobierno de su propio partido diciendo que eran datos exagerados. Este dato, en todo caso, ilustra la enorme cantidad de denuncias sobre un flagelo que está presente en la sociedad morelense y por ello es que cada vez nos encontramos a personas que nos dicen: “Yo conocía a esa persona y no es lo que se dice de ella”. La muerte, los secuestros, las desapariciones, no son cosa de “los otros”, es algo que nos afecta directamente. No es como en aquel 16 de diciembre de 1988 cuando desaparecieron a José Ramón García Gómez, cuando el Gobernador Riva palacio nos dijo: “yo no conozco a esa persona”, aunque tuviera un archivo personal de 300 fojas que posteriormente entregó a la Fiscalía especial que lo investigaba. Ahora, aún cuando Alvarez Mata minimice y diga que es una exageración, estamos escuchando los testimonios de cientos de personas y notas cotidianas en los medios: 1200 quejas por desaparición en Morelos no es poca cosa. Todos y cada uno de ellos tienen nombre, rostro, conocidos, una vida que no puede desaparecer de la noche a la mañana sin más! Ahí , frente al grupo de Trabajo, Rosario Ibarra fue contundente: Es útil para el análisis la separación en dos momentos históricos que se ha hecho del fenómeno de la práctica de desaparición de personas en México. El primer momento es el del periodo de los gobiernos priístas, destacadamente del de Luis Echeverría Álvarez. El segundo momento el actual, abierto con la alternancia en el gobierno federal de administraciones panistas, la de Vicente Fox y especial y escandalosamente ahora con Felipe Calderón. Prefiero llamarles así que con el eufemismo de “crímenes del pasado” por tratarse de la desaparición forzada, un delito que no prescribe aunque haya ocurrido en un pasado no reciente. Tampoco los clasifico, como mediáticamente se hace, como de la época de la “guerra sucia” concepto que fue acuñado en América del Sur para justificar las vergonzosas leyes de punto final o de amnistía “para ambas partes”, lo que legalizó la impunidad, con el argumento de que habría habido “guerra sucia” de ambas partes y no de sistemática violación a derechos humanos por parte del Estado. De todas maneras, la mentira e impunidad no se mantendrá para siempre como lo muestran los cuestionamientos que en varios países se hacen ya a esas leyes de punto final y que en Argentina ha sentado ya en el banquillo de los acusados al General Videla. Los torturadores y violadores de derechos humanos en México no deberían sentirse tan seguros de que la impunidad que les ha garantizado el sistema actual será para siempre. El propio gobierno, a través de la inocua Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, reconoce que el número de víctimas de desaparición forzada alcanza el número de 788 en ese periodo de 19 años. La ejecución de este delito se siguió cometiendo en estados como Morelos y Guerrero, como instrumento para eliminar militantes políticos opositores que se movilizaban para exigir siempre reivindicaciones sociales. De manera proporcional al aumento de las desapariciones, aumentaba también la impunidad en el esclarecimiento de las mismas, ya que nunca se daba con los responsables de la desaparición. En el segundo momento, lo que vemos ahora es una vuelta a la práctica masiva de las desapariciones con la militarización impuesta en la sociedad desde 2006. Es muy difícil cuantificar con precisión el número de actuales desaparecidos. A diferencia de los desaparecidos de los 70s que mayoritariamente eran militantes políticos, en la actualidad la militarización afecta a amplios sectores sociales sin distinción social y política que no sea por el hecho de que las nuevas víctimas son generalmente jóvenes, mujeres y pobres. Esta situación hace difícil saber el número más certero de desapariciones ocurridas ahora. Generalmente se habla ya de 3 mil nuevos desaparecidos, lo que muestra el salto cualitativo con respecto a los casos anteriores. Pero ese número puede quedar corto si se toma en cuenta, por ejemplo que la propia Procuraduría de Justicia de Morelos ha reconocido hace días de que solamente ese estado de la República -muy pequeño en comparación con Chihuahua, Coahuila, Nuevo León Tamaulipas, tienen registrados mil 200 casos. O el hecho de que la Asociación Esperanza de Baja California habla de mil 800 casos en los últimos 8 años. En Saltillo, la Red de Defensores de Derechos Humanos ha documentado 118 casos.  Esta situación, junto con la famélica actuación de las procuradurías que lo que menos procuran es justicia, han provocado que la sociedad mexicana se encuentre en medio de lo peor de dos mundos posibles: por un lado, la inseguridad que lacera su vida cotidiana y, por el otro, un Estado autoritario que es habitual violador de derechos humanos pero impotente, tal vez deliberado, para abatir al crimen. De nuevo, no nos anima el malsano deseo de venganza sino el legítimo reclamo de justicia y de fin a la impunidad porque la impunidad provoca, ya está demostrado, nuevas violaciones a los derechos humanos. Primero era el feminicidio en Juárez y luego se amplió a ejecuciones de jóvenes pobres. Primero eran desaparecidos políticos y ahora desaparecidos sin distingos sociales. Más pronto que tarde, estoy convencida, pese a mi edad y a los años de lucha, que lograremos el respeto a los derechos humanos; lo lograremos con la acción decidida, en las calles, en la movilización de la gente consciente de sus derechos y dispuesta a despertar ya de la terrible pesadilla actual.

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Aumentan asesinatos de jóvenes y menores de edad en Morelos

 

Maciel Calvo/La Union de Morelos

El 2010 fue el año más violento en Morelos por el alto número cruentos homicidios, pero también el periodo en que la delincuencia organizada asesinó a más de una centena de adolescentes y jóvenes.  De acuerdo con una investigación realizada por La Unión de Morelos, basada en estadísticas publicadas en el portal del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero de 2007 a diciembre de 2010 en la entidad se registraron un total de  3 mil 545 homicidios.  De estos, 529 asesinatos fueron clasificados como “ejecuciones presuntamente relacionados con delincuencia organizada” y fueron turnados por la procuraduría estatal a la Procuraduría General de la República para su investigación. Hasta el momento no hay ni un informe oficial de cuántos homicidios fueron o no esclarecidos.  Según el SNSP, 478 asesinatos  fueron clasificados como “ejecuciones”, definidas como “homicidios con extrema violencia, que por sus características se presume que víctima, victimario o ambos pertenecen a una organización criminal”.  Otros 51 homicidios ocurrieron en enfrentamientos o en agresiones, “producto de ataques por parte de grupos de la delincuencia organizada en contra de autoridades de cualquiera de los tres órdenes de gobierno, con o sin respuesta armada”.  Los municipios donde ocurrieron el mayor número de asesinatos o “ejecuciones” fueron: Cuernavaca con 177; Temixco con 47; Jiutepec con 34; Jojutla con 26; Cuautla y Yautepec, con 25 cada uno; Tlaltizapán, Huitzilac y Puente de Ixtla con 22 cada uno.  Los homicidios o ejecuciones fueron perpetrados con armas de calibre 9 milímetros , 0.762, 0.223 y 0.38.

 Niños, adolescentes y jóvenes, las víctimas

 Conforme pasó el tiempo, la guerra contra el narcotráfico y la disputa del control del territorio morelense entre grupos rivales trajo consigo el aumento gradual de homicidios, que de igual forma poco a poco fue cobrando la vida de más y más jóvenes.  En el 2007,  de un total de 611 homicidios, 32 fueron relacionados presuntamente con el crimen organizado y de estos  el 6.9 por ciento de las víctimas fueron jóvenes entre 21 y 30 años de edad.  No obstante, en el 2008 comenzó a notarse no sólo un incremento de los homicidios relacionados con el crimen organizado sino que las víctimas eran cada vez más jóvenes y hasta menores de edad.  De los 737 homicidios registrados en este año, 48 fueron relacionados con el crimen organizado y de estos, el 11.9 por ciento de las víctimas fueron jóvenes entre 21 y 30 años de edad, y el 7.1 por ciento adolescentes entre 16 y 20 años de edad.  Aún antes de la muerte del líder de los hermanos Beltrán Leyva, Arturo Beltrán, muerto el 16 de diciembre de 2009 durante un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Marina en Cuernavaca, la violencia comenzaba a recrudecerse y el número de muerto seguía en ascenso.

Para el 2009 el número total de homicidios registrados  aumentó a 998, de los cuales 114 fueron relacionados con el crimen organizado. El número de víctimas jóvenes siguió creciendo, pues el 13.7 por ciento de los ejecutados fueron jóvenes entre 21 y 30 años de edad y el 2.1 por ciento adolescentes entre 16 y 20 años.

Para el 2010 el número de homicidios totales registrados aumentó a mil 108, de los cuales 335 fueron “ejecuciones” perpetradas por bandas criminales. Sin embargo, por primera vez se registró la ejecución de menores de 15 años.  De acuerdo con las estadística oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el 1.9 por ciento de los “ejecutados” tenían menos de 15 años; el 9 por ciento tenía entre 16 y 20 años; y el 21. 9 por ciento entre 21 y 30 años edad. En suma, de los 529 homicidios clasificados por el SNSP como “ejecuciones”, 146 fueron víctimas jóvenes, adolescentes y niños.   En  general, el 80 por ciento de las víctimas eran hombres, un 10 por ciento mujeres y el resto permanecen como no determinado.

 Las “epístolas” del crimen

 Según las estadísticas, que pueden ser consultadas por los ciudadanos a través de internet en la página del SNSP, la colocación de mensajes sobre los cuerpos las víctimas cada vez fue más frecuente.   Entre 2007 y 2008, alrededor del 10 por ciento de los cuerpos de las víctimas fueron encontrados con algún tipo de mensaje escrito en cartulinas o sobre la piel. Pero en los años siguientes, el intercambio “epistolar”  entre bandas rivales tomó mayor popularidad, pues en el 2009 casi el 19 por ciento de los cuerpos de los “ejecutados” fueron encontrados con mensajes de amenazas contra sus rivales. En el 2010, el 29. 3 por ciento de los cuerpos tenía algún tipo de mensaje.

 Opacidad institucional

 De acuerdo con el SNSP, estás cifras se encuentran a disposición de los ciudadanos con la finalidad de coadyuvar a la transparencia y la comprensión del fenómeno. En contraparte, la Procuraduría General de Justicia de Morelos ha negado o evadido dar este tipo de información a través de diversas solicitudes de información argumentando que no es su competencia, que no dispone de la información o que no es su obligación desglasarla, porque los datos se encuentran en las averiguaciones previas o carpetas de investigación. Incluso, entre los datos no revelados por las autoridades federales y estatales son las ocupaciones de cada una de las víctimas.

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Basta de abusos militares, desapariciones y tortura.

Juliana G. Quintanilla/ La Jornada Morelos
 
La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos recibió una nueva queja por abusos militares dos días después de que el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias recomendó al gobierno de México que considere a corto plazo el retiro del Ejército de las labores de seguridad pública, toda vez que no está facultado para dicha labor, y por el contrario, su actuación se ha relacionado con el aumento de la criminalidad. La respuesta del gobierno mexicano fue negativa de manera inmediata y cuestionó la labor del Grupo de Trabajo. Reiteró que los militares seguirán en las calles. Al día siguiente, en Morelos, la familia de Samuel Cebrero Organes denunció el allanamiento de su vivienda en la colonia independencia de Jiutepec su detención arbitraria, tortura, amenazas y agresiones por parte de elementos del Ejèrcito mexicano, quienes llegaron a las 3:30 de la madrugada: “15 soldados de la Defensa Nacional, vestidos de verde con manchas cafés y encapuchados quienes con lujo de violencia patearon la puerta de una de las recàmaras, sacando a mi esposo de nombre Samuel Cebrero Organes, al patio de mi casa, en donde fue golpeado en todas las partes de su cuerpo, después dos militares me sacaron de la recàmara jalándome de los pechos y aventándome hacia la pared, amenazàndome para que les dijera que mi esposo forma parte de la delincuencia organizada. Les dije que no sabìa nada y amenazaron con hacer daño a mis dos pequeños hijos. Torturaron a mi esposo en el patio y se lo llevaron. Al dìa siguiente mintieron diciéndo que lo habían detenido en un retén con una granada en el carro. Eso es falso, se lo llevaron de mi casa”, de acuerdo al testimonio de la señora Olga Mondragón Puntos, rendido ante nuestra CIDHM . Por ello, coincidimos en destacar el informe del GTNUDF, en el sentido de que no debe seguir la utilización de las fuerzas armadas como eje de la guerra contra el crimen organizado, puesto que los militares no recibieron entrenamiento para lidiar con civiles y patrullar las calles, sino para combatir a fuerzas extranjeras enemigas. Aunque admitieron que la ola de inseguridad que azota al país es generada principalmente por los delincuentes, en dicho fenómeno también hay una responsabilidad del Ejército y otros cuerpos de seguridad del Estado. Al asumir labores de vigilancia interna que no les corresponden, las fuerzas armadas se han convertido en una amenaza para los derechos humanos de la ciudadanía. Denuncias de desaparición forzada y tortura no siempre se investigan bajo esa categoría, sino como secuestro o abuso de autoridad, lo que dificulta llevar un registro preciso de ellos. Además, la justicia militar se aplica entre los propios militares y en esa medida se perpetúa la impunidad. En lo que va del actual sexenio se han registrado alrededor de 3 mil desaparecidos, incluyendo las víctimas de los secuestros (mal llamados “levantones”) ocurridos por la supuesta guerra contra el narcotráfico, pero no hay investigaciones oficiales que permitan definir la exactitud de dicho número. El gobierno mexicano carece de una política pública integral para prevenir, investigar y sancionar este delito, no garantiza el derecho de las víctimas a la reparación del daño, ni ha sido exitoso en la protección de grupos vulnerables, como niños, mujeres, migrantes, defensores de derechos humanos y periodistas, entre otros. Por todo lo anterior, nos sumamos a la petición del grupo de trabajo de Naciones Unidas,  de que retire pronto al Ejército de las tareas de seguridad pública, generar una base de datos confiable sobre las desapariciones forzadas en el país; incluir ese delito en los códigos penales de todos los estados y crear una ley general en la materia; cumplir a cabalidad los acuerdos internacionales sobre el tema, y aprobar a la brevedad la reforma sobre derechos humanos, que debe ser aprobada por los Congreso Locales, como el de Morelos que no ha dicho cuando abordará el tema. Asimismo, reformar el Código de Justicia Militar para que todas las violaciones graves sean analizadas por tribunales civiles, y crear un sistema nacional de búsqueda de personas desaparecidas. Demandas que hoy en Morelos cobran mayor relevancia ante los abusos militares y la movilización social que protesta por el incremento de la violencia, el feminicidio, ejecuciones de jovenes, torturas y allanamientos que deben cesar ya. Es un reclamo que nadie podrá callar.

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