Archivo mensual: mayo 2011

Festival por la Paz

Jornada por la Paz. 28 de mayo de 2011.  Festival de música, con Wamazo, La Leba, Los Otros y más palomazos. Zócalo de Cuernavaca, de 19:00 a 21:00 horas.

Colectivo Paz ando invita.

Mentes activas

acciones creativas.

Contacto e información: pazando.colectivo@gmail.com

pazandocolectivo.blogspot.com

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Desapariciones en Morelos: lesa humanidad

José Martínez Cruz
“Era casi un niño”, me dice un viejo trabajador jubilado de Nissan al enterarse de la muerte de un joven secuestrado y desaparecido, posteriormente encontrado muerto en la colonia Satélite. Lo conoció desde que nació, en una familia humilde y trabajadora. La pregunta no es: ¿quién sigue?, sino: ¿Por qué las autoridades no hacen nada por impedir que continúe tanto desaparecido y asesinado brutalmente en Morelos? El reclamo de las organizaciones de derechos humanos por este clima de inseguridad y violencia ya no se da de manera aislada. Hace unos momentos concluyó la marcha convocada por la CTM para exigir justicia por el crimen cometido en contra de Tito Barrera, secretario general sustituto de este organismo sindical. Muchas otras protestas se han realizado, por diversos organismos, por sectores ciudadanos que saben, que sienten, la proximidad de esta ola de violencia delictiva. Para algunos está claro que la causa está en el mismo sistema capitalista. Otros lo ubican en la descomposición social. Unos más en la corrupción imperante. Hoy se puso acento en la impunidad. Y las propuestas de solución van de un extremo a otro, desde los que están felices por la mayor presencia del ejército en las calles, hasta quienes demuestran con datos concretos como la violencia institucional ha generalizado el sentimiento de inseguridad ante la violación generalizada de los derechos humanos. Un hecho inocultable a la vista de la sociedad en Morelos, es que todos los días hay un número de muertes y ejecuciones extrajudiciales, de feminicidios y de secuestros y desapariciones hoy encubiertos con el término de “levantones”, que forma parte del lenguaje criminal-policiaco incorporado al lenguaje popular. Hace unos días, ante el grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas, la Senadora Rosario Ibarra citó datos proporcionados por la PGJ de Morelos que indica la existencia de 1200 denuncias por desapariciones. El dato hizo enojar mucho al Senador panista Alvarez  Mata, quien descalificó a la procuraduría del gobierno de su propio partido diciendo que eran datos exagerados. Este dato, en todo caso, ilustra la enorme cantidad de denuncias sobre un flagelo que está presente en la sociedad morelense y por ello es que cada vez nos encontramos a personas que nos dicen: “Yo conocía a esa persona y no es lo que se dice de ella”. La muerte, los secuestros, las desapariciones, no son cosa de “los otros”, es algo que nos afecta directamente. No es como en aquel 16 de diciembre de 1988 cuando desaparecieron a José Ramón García Gómez, cuando el Gobernador Riva palacio nos dijo: “yo no conozco a esa persona”, aunque tuviera un archivo personal de 300 fojas que posteriormente entregó a la Fiscalía especial que lo investigaba. Ahora, aún cuando Alvarez Mata minimice y diga que es una exageración, estamos escuchando los testimonios de cientos de personas y notas cotidianas en los medios: 1200 quejas por desaparición en Morelos no es poca cosa. Todos y cada uno de ellos tienen nombre, rostro, conocidos, una vida que no puede desaparecer de la noche a la mañana sin más! Ahí , frente al grupo de Trabajo, Rosario Ibarra fue contundente: Es útil para el análisis la separación en dos momentos históricos que se ha hecho del fenómeno de la práctica de desaparición de personas en México. El primer momento es el del periodo de los gobiernos priístas, destacadamente del de Luis Echeverría Álvarez. El segundo momento el actual, abierto con la alternancia en el gobierno federal de administraciones panistas, la de Vicente Fox y especial y escandalosamente ahora con Felipe Calderón. Prefiero llamarles así que con el eufemismo de “crímenes del pasado” por tratarse de la desaparición forzada, un delito que no prescribe aunque haya ocurrido en un pasado no reciente. Tampoco los clasifico, como mediáticamente se hace, como de la época de la “guerra sucia” concepto que fue acuñado en América del Sur para justificar las vergonzosas leyes de punto final o de amnistía “para ambas partes”, lo que legalizó la impunidad, con el argumento de que habría habido “guerra sucia” de ambas partes y no de sistemática violación a derechos humanos por parte del Estado. De todas maneras, la mentira e impunidad no se mantendrá para siempre como lo muestran los cuestionamientos que en varios países se hacen ya a esas leyes de punto final y que en Argentina ha sentado ya en el banquillo de los acusados al General Videla. Los torturadores y violadores de derechos humanos en México no deberían sentirse tan seguros de que la impunidad que les ha garantizado el sistema actual será para siempre. El propio gobierno, a través de la inocua Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, reconoce que el número de víctimas de desaparición forzada alcanza el número de 788 en ese periodo de 19 años. La ejecución de este delito se siguió cometiendo en estados como Morelos y Guerrero, como instrumento para eliminar militantes políticos opositores que se movilizaban para exigir siempre reivindicaciones sociales. De manera proporcional al aumento de las desapariciones, aumentaba también la impunidad en el esclarecimiento de las mismas, ya que nunca se daba con los responsables de la desaparición. En el segundo momento, lo que vemos ahora es una vuelta a la práctica masiva de las desapariciones con la militarización impuesta en la sociedad desde 2006. Es muy difícil cuantificar con precisión el número de actuales desaparecidos. A diferencia de los desaparecidos de los 70s que mayoritariamente eran militantes políticos, en la actualidad la militarización afecta a amplios sectores sociales sin distinción social y política que no sea por el hecho de que las nuevas víctimas son generalmente jóvenes, mujeres y pobres. Esta situación hace difícil saber el número más certero de desapariciones ocurridas ahora. Generalmente se habla ya de 3 mil nuevos desaparecidos, lo que muestra el salto cualitativo con respecto a los casos anteriores. Pero ese número puede quedar corto si se toma en cuenta, por ejemplo que la propia Procuraduría de Justicia de Morelos ha reconocido hace días de que solamente ese estado de la República -muy pequeño en comparación con Chihuahua, Coahuila, Nuevo León Tamaulipas, tienen registrados mil 200 casos. O el hecho de que la Asociación Esperanza de Baja California habla de mil 800 casos en los últimos 8 años. En Saltillo, la Red de Defensores de Derechos Humanos ha documentado 118 casos.  Esta situación, junto con la famélica actuación de las procuradurías que lo que menos procuran es justicia, han provocado que la sociedad mexicana se encuentre en medio de lo peor de dos mundos posibles: por un lado, la inseguridad que lacera su vida cotidiana y, por el otro, un Estado autoritario que es habitual violador de derechos humanos pero impotente, tal vez deliberado, para abatir al crimen. De nuevo, no nos anima el malsano deseo de venganza sino el legítimo reclamo de justicia y de fin a la impunidad porque la impunidad provoca, ya está demostrado, nuevas violaciones a los derechos humanos. Primero era el feminicidio en Juárez y luego se amplió a ejecuciones de jóvenes pobres. Primero eran desaparecidos políticos y ahora desaparecidos sin distingos sociales. Más pronto que tarde, estoy convencida, pese a mi edad y a los años de lucha, que lograremos el respeto a los derechos humanos; lo lograremos con la acción decidida, en las calles, en la movilización de la gente consciente de sus derechos y dispuesta a despertar ya de la terrible pesadilla actual.

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Hoy fue Juan Francisco, pero todos los días hay violencia’

Escrito por Miguel Sánchez, el 29-03-2011/ Diario de Morelos

Eran las 6 cuando las campanas del viejo reloj del zócalo de Cuernavaca replicaron marcando la hora… tocando una especie de réquiem por 7 jóvenes morelenses acribillados.
En la plancha, frente a la entrada del viejo edificio del Palacio de Gobierno del Estado de Morelos, poco a poco, primero 6, luego 7, 8 y muchas personas más, se fueron congregando.
Hijo del poeta y escritor Javier Sicilia, Juan Francisco Sicilia Ortega, un joven originario del DF pero con arraigo y vida en Morelos, es hoy, junto con 6 personas más, parte de las cifras de la violencia en este país; en este estado, en esta sociedad que grita “Basta”, que exige a sus autoridades un hasta aquí a la violencia cotidiana que enluta los hogares.
“Hoy fue Juan Francisco”, dice José Martínez Cruz, de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, “pero todos los días la violencia golpea a obreros, albañiles, amas de casa, a toda lasociedad… Hoy le tocó el turno a uno de nosotros, del mundo cultural”.
Las velas se van encendiendo una a una. Las flores llegan también. Forman una cruz, una ofrenda de flores blancas y notas de condolenci escritas a mano, por la tragedia y el crimen de estos jóvenes.
Óscar Menéndez, cineasta y luchador social del 68, dice que “no se la va a acabar este gobierno, vamos a mandar cartas de protesta a todo el mundo para que sepan lo que está pasando en Morelos, amigos a nivel internacional para que manden cartas de protesta a Felipe Calderón, ya basta de tanta muerte e impunidad y corrupción, ya estamos hartos de tener miedo”.
Juan era mi amigo, señala Francisco Valentino, joven músico quien con voz suave, dolido, tembloroso por el miedo, platica que el hijo del poeta Javier Sicilia era como todo joven lleno de viday alegría.
“Mañana vamos a tratar de que los jóvenes asesinados sean velados en la noche aquí, en esta puerta, frente a este palacio que representa el abismo del crimen y la corrupción”, señala Óscar Menéndez.
Las velas encendidas en recuerdo a los jóvenes muertos iluminan la tenue obscuridad que cubre el portón de entrada al Palacio de Piedra. Algunos policías incluso se atreven a asomarse a esta concentración de dolientes, de personas en luto, de gente en ebullición interior, indignada, dolida, llorosa, solidaria con las familias también abatidas moralmente por las balas que cegaron la vida de sus hijos.

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Indignación y hartazgo

Proceso/ José GIL OLMOS
MÉXICO, DF., 3 de abril (Proceso).- De todo Estado nacional fallido se derivan -obvio es- expresiones fallidas regionales, locales… Muestra a escala de la descomposición social generalizada en México y, más aún, de la manifiesta incapacidad política para contenerla, Morelos se desbocó: 80 asesinatos perpetrados en lo que va del año… nada menos que cinco veces la cifra del primer trimestre de 2010. El récord del gobernador Marco Antonio Adame es, pues, de mil 500 ejecuciones en un lustro. Dos de ellas suman su carga de indignación y hartazgo en una entidad paralizada por el miedo: la del líder local de la CTM y la del hijo del poeta Javier Sicilia, articulista de Proceso.

CUERNAVACA, MOR.- A la Autopista del Sol, la vía que conduce a Acapulco, los morelenses la empiezan a llamar la ruta de la muerte pues en el tramo que pasa por esta ciudad ha sido arrojada la mayoría de los 335 ejecutados del último año en Morelos.
La violencia parece imparable en este lugar que hasta hace poco era una especie de paraíso. Hoy Morelos se ha vuelto un infierno; sus habitantes han visto cómo la indolencia del gobernador Marco Antonio Adame Castillo ha convertido la entidad en campo de batalla de los grupos criminales que se disputan la plaza tras la muerte de Arturo Beltrán Leyva y la detención de Édgar Valdez Villarreal, La Barbie.
En lo que va del año han sido 80 las ejecuciones, cinco veces más que en el primer trimestre de 2010. La mayoría de los muertos han sido jóvenes. Casi un asesinato diario sin que el ejército o las policías municipal, estatal ni federal hayan detenido a un solo responsable.
Pero toda esa violencia parece no afectar al gobernador panista. Ante la crisis generada el 27 de marzo -cuando encontraron ejecutado a Juan Francisco Sicilia junto con otras seis personas, todos con signos de tortura- fue salvado por su correligionario, Felipe Calderón, quien se comprometió ante Javier Sicilia a que el caso se resolvería.
Adame también recibió el espaldarazo del secretario de la Defensa, el general Francisco Galván, quien viajó a Cuernavaca el 30 de marzo para encabezar la reunión del gabinete de seguridad estatal y sacarlo del atolladero.
El asesinato del hijo del poeta y articulista de Proceso Javier Sicilia ha provocado una ola de protestas de la sociedad morelense y de diversos grupos de obreros, campesinos y empresarios contra el panista.
Durante cuatro días Adame no apareció públicamente. Después de la reunión de seguridad con el general Galván, dijo: “Se trate de quien se trate habrá identificación y castigo a los responsables (…) tenemos confianza y estamos trabajando coordinadamente (…) comprometiendo todos los recursos del estado para que éste y otros casos sean debidamente aclarados, y sus responsables, castigados con todo el peso de la ley”.
Sólo entonces el procurador estatal Pedro Luis Benítez Vélez afirmó que había avances en la investigación y que ya estaban identificados algunos posibles responsables, que incluso podrían ser policías.
Piden la cabeza del gobernador
La tarde del 28 marzo de 2010, en la cancha de futbol de la colonia Pro-Hogar del municipio Emiliano Zapata, 11 jóvenes electricistas y albañiles bebían cerveza luego de jugar un partido. De pronto se acercaron dos camionetas de las que bajaron hombres armados que rodearon a los jugadores, los golpearon y los levantaron.
Dos días después los cuerpos de seis de esos jóvenes fueron arrojados al lado de la Autopista del Sol. Los otros cinco siguen desaparecidos. Ningún responsable del múltiple crimen ha sido detenido.
El impacto de la violencia y el incremento de la presencia del crimen organizado, dicen las autoridades estatales, no ha paralizado la vida en la entidad. No es como Ciudad Juárez, afirma en entrevista con este semanario el procurador Benítez. Pero en los hechos ambos fenómenos ya hicieron mella en la entidad. Según el expresidente de la Coparmex local, Juan Carlos Salgado Ponce, el turismo ha caído hasta 60%, a pesar de que el gobierno federal asegura que ha aumentado 4%.
Para la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM) la inseguridad, la violencia y el poder del crimen organizado han roto el tejido social, provocando la migración a otras entidades.
Sobre todo, dice la CIDHM a Proceso, hay miedo en la población que ha visto afectada su vida al tener que tomar medidas extremas de precaución: no hablar del crimen organizado en lugares públicos o en taxis, reducir sus salidas a divertirse, no transitar de noche por carretera y no confiar en la policía, por la sospecha de que obedece al crimen organizado.
El 16 de abril del año pasado, recuerda José Martínez, dirigente del organismo de derechos humanos, los cuernavaquenses incluso acataron el toque de queda supuestamente decretado para ese día por el cártel del Pacífico Sur, que avisaba que pelearía contra el grupo de La Barbie.
Pero la inacción y el silencio de los morelenses se rompieron en los últimos días luego de los asesinatos -cometidos con una semana de diferencia- del dirigente local de la CTM, Tito Barrera Ocampo, y de Juan Francisco Sicilia, que concitaron manifestaciones en las que miles de ciudadanos exigieron que se detenga la estrategia de guerra contra el narcotráfico declarada por Felipe Calderón, y la salida del gobernador.
Desde el 27 de marzo, cuando fueron hallados los cuerpos del joven estudiante y de otras seis personas, todos los días ha habido en Cuernavaca protestas de diversos grupos sociales que exigen alto a la guerra y no más sangre y que montaron un altar en el Zócalo; ahí, entre velas y flores, colocaron una lámina que dice que renuncie el gobernador.
En los últimos cinco años, Morelos ha acumulado mil 200 ejecuciones vinculadas con el crimen organizado e igual número de desapariciones reportadas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, lo que hace a la entidad la quinta más violenta del país, según el Sistema de Índices e Indicadores en Seguridad Pública (SIIS) elaborado el año pasado por el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC).
“El gobierno está rebasado completamente. No hay un solo responsable detenido. Hay una crisis de instituciones, de credibilidad, de legitimidad y de respuesta a la ciudadanía. Están en crisis el Poder Ejecutivo del estado, el Legislativo y de justicia”, dice a Proceso José Martínez.
Describe un ambiente de terror entre la ciudadanía a raíz de hechos violentos cometidos por uniformados: la prensa local ha dado cuenta de operativos en los que policías y soldados con sus vehículos blindados han derribado portones de casas presuntamente para detener a narcotraficantes en colonias populares de Cuernavaca, como la Flores Magón, Carolina y La Barona.
“El Ejército no ha resuelto el problema de la inseguridad, lo ha incrementado en todo el estado porque realiza detenciones arbitrarias, allanamientos en colonias populares donde los soldados llegan encapuchados, con armas de alto poder, y entran violentamente. La gente no sabe de qué se trata, si son sicarios, policías o soldados”, dice el defensor de derechos humanos.
“La guerra que ha declarado Calderón en todo el país ha producido más violencia y 35 mil muertos, sin erradicar el problema de la droga (…) Lo mismo pasa en Morelos con el gobernador Adame. Está generando una crisis muy fuerte, la ruptura del tejido social y el involucramiento de grupos policiacos en acciones ilícitas”, insiste Martínez.
Lo mismo opinan representantes de otros sectores de la sociedad morelense que también padecen el crecimiento desmesurado de la violencia desde el inicio del año.
Juan Carlos Salgado, quien presidió la Coparmex de Morelos hasta marzo y es secretario del Consejo Coordinador Empresarial en el estado, sostiene: “Lamentablemente, se ha disparado el índice delictivo de manera impresionante. Los ciudadanos vivimos atemorizados por la falta de seguridad y de las garantías indispensables para poder vivir en paz”. Agrega un dato preocupante: no se ha detenido a nadie por los asesinatos ligados al crimen organizado que han ocurrido en Morelos.
“Lo grave (…) es que de todas las ejecuciones que llevan en los últimos dos años (…) no ha habido ningún detenido, ningún responsable. El procurador del estado siempre menciona que es competencia de la federación y ésta, que es competencia del estado y los ciudadanos quedamos indefensos en medio de todo esto”, asegura Salgado.
-¿El gobernador se ha visto incapaz de manejar esta situación? -se le pregunta.
-Lo que siempre he expresado, y se lo dije a él, es que a fin de cuentas la seguridad depende del gobernador del estado y de él dependerá que los presidentes municipales hagan bien sus funciones. Sobre todo, que el secretario de Seguridad Pública dé resultados y el procurador también. Su jefe inmediato es el gobernador y debe encargarse y supervisar las actividades que estén haciendo o también las que no se estén haciendo.
Los dirigentes de la CTM en Morelos opinan lo mismo luego de que uno de sus líderes históricos, Tito Barrera, fuera asesinado el 21 de marzo en Cuernavaca por un pistolero que circulaba en motocicleta.
Los cetemistas marcharon el 27 de marzo por el centro de la capital morelense. Acompañado por unas 3 mil personas, el dirigente local de la CTM, Vinicio Limón, gritó en la Plaza de Armas. “¡Ya déjense de pendejadas! Los tres niveles de gobierno son responsables de la inseguridad que priva en la entidad. Pónganse a trabajar de inmediato y restablezcan la seguridad a las familias morelenses porque de no hacerlo, nadie va a querer salir a votar el próximo año”.
Ese mismo día, a las seis de la mañana en la entrada del fraccionamiento Las Brisas, la policía localizó un automóvil con siete personas ejecutadas. Seis hombres y una mujer amarrados de pies y manos y asfixiados con cinta canela. Entre ellos, Juan Francisco Sicilia, de 24 años.
Los iban siguiendo
Quienes conocieron a Juan Francisco Sicilia Ortega dicen que era un buen deportista y estudiante, de carácter fuerte pero amable. Sin vicios.
“Era un joven talentoso, deportista, aplicado e inteligente”, lo describe el empresario Juan Carlos Salgado Ponce, dueño de la Universidad Americana, donde estudió Juan Francisco. Sus amigos añaden que se comprometía con causas sociales -viajó a Chiapas para conocer el conflicto indígena-, ambientales y de defensa de los animales.
Su padre, el escritor Javier Sicilia, afirma que era buen muchacho, sin vicios, y que junto con sus amigos se dedicaba a trabajar, estudiar, divertirse como todos los jóvenes y, sobre todo, aclara que no eran informantes.
La noche del 26 de marzo a Juan Francisco se le ocurrió ir junto con sus amigos al bar La Rana Cruda de la colonia Cantarranas, en Cuernavaca, que se anuncia como bar familiar pero al que muchos califican de antro de mala muerte.
Según la versión publicada el 30 de marzo por el Diario de Morelos -basada en declaraciones de familiares-, ese sábado Juan Francisco, Jesús Chávez Vázquez, arquitecto guerrerense de su misma edad; Juan Gabriel Alejo Cadena, su vecino en el fraccionamiento Las Delicias; y los hermanos Julio César y Luis Antonio Romero Jaimes, vecinos del fraccionamiento Primavera, comieron en una marisquería con Socorro Ortega, la madre de Juan Francisco.
Después de la comida, según la misma versión, los jóvenes se pusieron de acuerdo para reunirse en la noche en La Rana Cruda, lugar que ya conocían y donde solían ir a beber cerveza.
Según una fuente oficial consultada por Proceso, los hermanos Romero Jaimes invitaron a su tío Álvaro Jaimes Avelar -exmilitar de 44 años que trabajaba como guardaespaldas de un empresario-, quien llegó con su pareja, María del Socorro Estrada Martínez, empleada de un hotel.
Las autoridades señalan que esas siete personas se vieron en La Rana Cruda. “Ahí empezaron a hablar del narcotráfico y de la violencia y, al parecer, a un grupo de personas que ahí estaban no les gustó lo que decían y empezaron a discutir. Para no tener más problemas decidieron irse, pero los fueron siguiendo”.
La versión de las autoridades y las que recogió el Diario de Morelos coinciden en que Juan Francisco llamó a sus familiares y a su novia avisándoles que ya iba para su casa, pero en la última llamada decía que tenían problemas con un auto que los venía siguiendo. Esa fue la última noticia que tuvieron de él. Era la madrugada del domingo 27 de marzo.
Los primeros informes de la procuraduría estatal decían que en el vehículo en el que encontraron los siete cadáveres había un mensaje firmando por el cártel del Golfo. El mensaje, del que este semanario tiene copia, decía: “Esto les paso por hacer llamadas anónimas a los militares y eso les va a pasar al capitan Barrales y capitan Castillo de la federal. Att. CDG”.
“No eran delatores, no eran imbéciles, sabían que no hay ninguna protección para quienes denuncian, por eso no pueden ser acusados de pasar información”, aclaró Javier Sicilia en entrevista con Carmen Aristegui el viernes 1.
Según las indagatorias -cuyos resultados se integran a la carpeta de investigación SC01/2689/2011- hubo comunicados posteriores. La noche del 28 de marzo, el cártel del Golfo presuntamente colgó dos mantas en las que se deslindaba de esa ejecución y responsabilizaba de ella al cártel del Pacifico Sur, advirtiéndoles que toda acción tiene una reacción. Un día después este grupo respondió con un reto al cártel del Golfo: Si quieren pelear aquí estamos.
El procurador Benítez niega que haya una guerra de cárteles en Morelos y que en todo caso el problema lo tiene que resolver la federación.
En entrevista con Proceso, el funcionario asegura que el gobierno de Morelos lleva las investigaciones del asesinato múltiple con la coadyuvancia del Ejército y del gobierno federal. Adelantó que en el auto se encontraron algunas huellas que no pertenecían a las víctimas, que fueron enviadas a la Secretaría de Seguridad Pública federal y que ya se identificó a los responsables.
El 31 de marzo, Benítez anunció que fueron giradas algunas órdenes de aprehensión y dijo que se logró perfilar la identidad y el número de responsables de los siete homicidios. Afirmó que entre los posibles implicados habría policías estatales.
“Puede haber (…) personal que estuvo involucrado en instituciones públicas, no las puedo precisar porque ustedes deben comprenderme: afectaría el trabajo de la policía y pondría en riesgo también a elementos del Ejército que está también trabajando en el tema”, dijo.
El pasado de Adame
El 15 de mayo de 2009 estalló un escándalo que implicaba a Marco Antonio Adame con el crimen organizado.
El reportero Daniel Lizárraga (Proceso 1732) reveló que tras la detención de su secretario de Seguridad Pública, Luis Ángel Cabeza de Vaca -quien (como consta en la averiguación PGR/SIEDO7UEIDCS/166/2009) habría recibido 20 mil dólares para proteger a Arturo Beltrán Leyva-, existía la sospecha de que el mandatario estatal podría haber recibido una parte de ese dinero, pues en el teléfono del detenido estaba anotado el número de una cuenta bancaria suya.
Adame nunca aclaró este hecho ni declaró ante la Procuraduría General de la República. Fue cobijado por Felipe Calderón, por la dirigencia nacional del PAN a cargo entonces de César Nava y por el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, que dirige José Antonio Ortega Sánchez; todos ellos adujeron que se estaba manipulando la información contra un gobernador que cooperaba en la lucha contra el narcotráfico (Proceso 1735).
Ante la nueva crisis, Calderón salió al rescate de Adame. En una llamada telefónica a Javier Sicilia, se comprometió a que se resolvería el caso y se castigaría a los culpables.
En entrevista radiofónica el pasado viernes 1, Javier Sicilia dijo que mientras Calderón y su esposa le habían dado el pésame, del gobernador Adame no recibió ninguna atención. Hay una ausencia de autoridad, aseguró al señalar que lo que pasa en Morelos es lo mismo que ocurre en todo el país.
“Estamos frente a una emergencia nacional. Si la clase política no hace un pacto nacional y una depuración, sin intereses de por medio, el país se nos va a ir de las manos, si no es que ya se nos fue, porque el corazón del país ya está podrido. Estamos ante una descomposición demencial y demoniaca.
“Están matando a nuestros jóvenes. Hay que decirle al narcotráfico que reconsidere sus códigos, que no pueden estar matando indiscriminadamente inocentes; esto ya rebasó todo, ni las mafias antiguas hacían esto”, dijo al hacer un llamado a no callarse frente a esta crisis nacional.

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Justicia democrática, vida y libertad de las mujeres.

José Martínez Cruz
La crisis que está instalada en el centro de la sociedad nos convoca a realizar los mejores esfuerzos para transformar la realidad. Crear una cultura de respeto a los derechos humanos implica mantener una voluntad crítica, aunque no les guste a quienes lucran con el poder. Mientras prevalezca la discriminación contra las mujeres la desigualdad será una política dominante perversa y violenta. Cuando se habla de igualdad se trata de una igualdad de derechos, de acceso a los recursos, a los bienes materiales, de acceso a las esferas de toma de decisiones. La paridad en los cargos de representación popular y en los puestos de poder no sólo es porque las mujeres son la mitad de la población, sino porque es necesaria su participación en una democracia. Desde el feminismo y los derechos humanos, es claro que la lucha por el pleno respeto a los derechos a la igualdad entre hombres y mujeres se ubica históricamente como la eliminación de las bases estructurales de explotación y opresión, de exclusión y discriminación. No se trata solo de que se extrapolen ejemplos de que alguna mujer ocupe un cargo y por ello ya se logró la igualdad. Tenemos a la mano dos ejemplos que han sido utilizados por el poder para vender esta idea y condenar a quienes criticamos el tipo de política que se aplica desde esas esferas de poder. Un caso es el de Marisela Morales que se convirtió en la primera mujer en ocupar la Procuraduría General de la República, presentada por el gobierno autoritario de Calderón como valiente por el manejo de los procesos contra capos de la droga pero también cuestionada por el uso con fines políticos de esas investigaciones. En marzo, el gobierno estadounidense, con sus intereses imperialistas por delante, la premió por su labor en la persecución del narcotráfico. Como jefa de la Subprocuraduría de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada de la PGR, Morales tuvo a su cargo los procesos contra una veintena de capos detenidos en el marco de la ofensiva contra los carteles con participación militar en diciembre de 2006. En el marco de esa ofensiva han muerto 34, 200 personas, según el último balance oficial divulgado en diciembre. Otras 3 mil han sido asesinadas este año, según balances coincidentes de prensa, cerca de 40,000, de acuerdo a las movilizaciones de protesta realizadas el pasado 6 de abril. Pero el nombramiento de Marisela Morales está marcada por promover la utilización de los procesos judiciales con fines políticos. Como fiscal antidrogas, Morales también llevó a la cárcel en 2009 a 35 políticos opositores a los que señaló de vínculos con el narcotráfico y que a la postre fueron exonerados, en un proceso conocido como el “Michoacanazo”. La nueva fiscal  estará al frente de la PGR cuando hay nula confianza porque menos de un 5% de los homicidios ocurridos en el país se condena al culpable. Como vemos, una primera mujer al frente de la PGR, es utilizada por el gobierno para dar un toque de “política de género” y lavar su cara de la grave complicidad con la delincuencia, la impunidad, la injusticia.
Localmente, el caso de la oficial Comisión de Derechos Humanos es algo similar, ya que esta institución no ha hecho un esfuerzo real contra el feminicidio y en defensa de los derechos de las mujeres, a pesar de tener una mujer, Lucero Benitez,  al frente de su dependencia. Lavarle la cara al Poder judicial  y al Instituto castrense, con el despliegue militar en la inauguración de su primer informe, habla claro de que su compromiso es con quienes tienen el poder y no con la ciudadanía que hoy está en las calles y plazas protestando por tanta muerte diaria.
El feminicidio no es atendido adecuadamente ni por la PGR ni por la PGJ y menos por la CDH, sin hablar de instituciones ex profeso como el Instituto para las Mujeres. Destaca por ello el hecho de que haya voces planteando la necesidad de tipificar penalmente el feminicidio.
Hoy vemos en todo el país como las mujeres son víctimas de agresiones crecientes y valoramos altamente el compromiso de muchas mujeres que, desde sus trincheras, cotidianamente luchan por conseguir que haya una verdadera justicia democrática, por el pleno respeto a la vida y la libertad de las mujeres, cuestionando el poder autoritario, el machismo patriarcal y la violencia misógina. Rostros y voces de mujeres que están también en las plazas públicas, en las organizaciones, en la conciencia crítica de una sociedad que, para salir de la crisis requiere más que nunca tener una mirada con ojos de mujer.

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Las calles abiertas y los militares a sus cuarteles

Juliana G. Quintanilla.
Los militares son un peligro mayor para los derechos ciudadanos que cualquier particular. Eso lo saben muy bien los pueblos latinoamericanos que tuvieron dictaduras militares durante los años 70s y 80s. Tan solo en Argentina fueron más de 30 mil desaparecidos. En México, más de 565 desaparecidos políticos durante  la guerra de contrainsurgencia, también llamada “guerra sucia”, entre los que se encuentra Jesús Piedra Ibarra desaparecido el 18 de abril de 1974, fue la culminación de los crímenes de lesa humanidad de los gobiernos priistas de la época. Actualmente, durante el gobierno panista de Calderón cerca de 40 mil asesinatos y más de 3 mil desaparecidos, hoy algunos de ellos son encontrados por centenares en tumbas clandestinas que nos recuerdan las masacres de Guatemala durante la dictadura militar que intentó aplastar la rebelión indígena.  Para que no haya duda alguna, como lo ha pretendido Calderón al descalificar a las voces que protestamos por la presencia del Ejército en las calles y toda clase de abusos que cometen, las organizaciones de derechos humanos en Morelos hemos sumado nuestras voces a las de cientos de mujeres de Eureka, quienes junto a Doña Rosario Ibarra, han insistido en el reclamo por más de 30 años de la presentación con vida de las personas desaparecidas, han exigido que no haya impunidad, ni simulación en la aplicación de justicia en las ejecuciones extrajudiciales y crímenes violentos que han privado de la vida a cientos de personas, entre ellos muchos jóvenes y mujeres, en esta cruel e inhumana guerra en donde es el pueblo  quien pone los muertos. Ningún crimen debe permanecer impune. Es el principio elemental de la aplicación de la justicia. Y lo que permite crear condiciones para impedir que estos crímenes se generalicen como ha venido sucediendo a grados de verdadero genocidio en todo el país.  La justicia pasa necesariamente por el conocimiento pleno de la verdad histórica de los hechos, el castigo a los culpables, a los verdaderos culpables. Por tal motivo, ante los más de 1200 crímenes violentos ocurridos en 5 años en Morelos, hemos exigido que las instancias de procuración de justicia investiguen de manera seria y profesional, apegado a los protocolos, ya que en la inmensa mayoría de los casos ha habido negligencia en la preservación de la escena del crimen, irresponsabilidad en las necropsias y en pruebas periciales, uso de la práctica de la tortura, tratos infamantes y degradantes para obtener confesiones a modo y fabricación de culpables. Aunado a lo anterior,  se ha desatado una verdadera cacería de brujas con operativos militares y policiacos en diversas partes de Morelos, con allanamientos de viviendas sin que exista la más mínima orden de investigación, la violación generalizada de las garantías individuales y los derechos humanos en la entidad, es hoy, de nueva cuenta una realidad: El ejército, junto con la policía federal, desde hace días ha intensificado operativos en todo el Estado, ha instalado retenes y ha violentado sistemáticamente los derechos humanos de las y los morelenses. Tenemos conocimiento de cateos en Ocotepec, Santa María, Alta Vista, Jiutepec, Zapata. Esta práctica de presentar supuestos resultados mediante personas a modo, chivos expiatorios, es una práctica instituida en Colombia, donde se aplican las peores estrategias diseñadas por instructores norteamericanos, donde los “falsos positivos” han provocado ya un verdadero escándalo por la complicidad entre militares y policías con funcionarios para aumentar las estadísticas a modo del gobierno, sin que haya un avance real contra la delincuencia. Frente a esta situación, los organismos defensores de derechos humanos hemos exigido a las autoridades del Estado el cese inmediato de las incursiones militares en la vida de civiles, cese a los cateos de domicilios de supuestos partícipes en el multihomicidio de Temixco,  el respeto a los derechos humanos de todas y todos los morelenses, el alto a la  cacería de brujas y la fabricación de delincuentes, el establecimiento de la verdad histórica sobre los más de 1200 asesinatos, entre ellos el feminicidio creciente y que haya una investigación seria y profesional de todos los crímenes y castigo a los verdaderos culpables, así como el alto a la impunidad. Por ello, no vamos a bajar la exigencia de que los militares regresen a sus cuarteles y se desarrolle una estrategia integral para garantizar una seguridad ciudadana, con respeto pleno a los derechos humanos de todas y todos.

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Morelos: Detener la violencia que siembra muerte diaria.

José Martínez Cruz
“¡Mas poesía, menos policìa!” se escuchó por las calles de Cuernavaca desde la Glorieta de la Paloma de la Paz y se replicó en decenas de ciudades de México y de varios países al inicio de un mes de abril que nos trae una primavera con una  esquina rota. Un torrente de miles de personas se hace eco de la voz quebrada por el llanto por la muerte inútil de miles de jóvenes que un día sí y otro también aparecen sus cuerpos mutilados, colgados, despedazados, en puentes, carreteras, lugares despoblados o a unos pasos de edificios públicos y de carreteras transitadas. Es la acumulación de la rabia y el descontento en contra de una guerra desatada por Calderón en contra del pueblo que ha sido disfrazada de guerra contra el narcotráfico. Es el impacto que se desarrolla en círculos concéntricos cuando nos vamos enterando del asesinato de 7 jóvenes, cuyos cuerpos fueron encontrados en una cajuela y en los asientos de un vehículo abandonado en el fraccionamiento Las Brisas de  Temixco. Entre ellos se encontraba Juan Francisco Sicilia, hijo del poeta y escritor Javier Sicilia. Primero se hizo circular una invitación por las redes sociales a depositar una ofrenda en el zócalo de Cuernavaca, luego empezaron a llegar unas cuantas personas, se hizo un círculo y se decidió iniciar la acción de protesta frente a las puertas de Palacio de Gobierno estatal de Morelos en una plaza recién bautizada con el nombre de Zapata. Se fueron sumando tristezas y silencios. Dolor. Quedó claro que la patraña inventada por el gobierno en el sentido de que los muertos eran producto de la guerra entre bandas delictivas y que “por algo sería” que ocurrieran esas muertes. Lejos de ser presuntos culpables, los muertos son culpables de su propia muerte, como lo afirman los carteles infamantes colocados en sus restos mortales y como se encargan de confirmarlo los boletines oficiales, que dan pormenores de todos los crímenes atribuidos a los que ya no se pueden defender, ni serán escuchados, ni se les permitirá una muerte sencilla, eterna, justa. Así empezó la protesta, con centenar y medio de personas encendiendo veladoras frente a las puertas de palacio de gobierno de Morelos. Por la noche, ya estaban 700 firmas para un desplegado de protesta, mencionando que estos 7 crímenes eran la punta del iceberg que apunta hasta las cerca de 40 mil víctimas de esta guerra de Calderón que se ha impuesto sin consenso social. En pocas horas se sumaron sindicatos y organizaciones sociales, civiles, de derechos humanos, feministas, y activistas sociales, poetas, escritores, académicos, colonos, campesinos, indígenas, periodistas, estudiantes y un conglomerado de redes y articulaciones como el pacto por la soberanía alimentaria y energética que convocó a sumar fuerzas con el Comité de Usuarios de Luz que programaron una marcha contra las altas tarifas de la CFE. Esa marcha resultó más que simbólica: cientos de personas sumaron demandas sectoriales con demandas contra la inseguridad. Las marchas realizadas el 6 de abril convocadas por este núcleo inicial convocó a miles de personas en Cuernavaca y en una treintena de ciudades del país. Como en todo movimiento social amplio, las demandas se van incorporando y no siempre generan consenso. La lucha contra la violencia puede ser capitalizada por sectores que demandan mano dura y medidas autoritarias, como las marchas de blanco encabezadas por quienes son utilizados por el gobierno de Calderón, como México Unido contra la Delincuencia (Eduardo Gallo, Wallace, Marti, entre ellos) o bien puede ser un movimiento que plantee demandas claramente en contra de la impunidad, castigo a los culpables y contra la militarización y la criminalización de los jóvenes y los movimientos sociales. Es una necesidad unir fuerzas en el movimiento amplio, a la vez que se requiere clarificar el rumbo de este movimiento y los objetivos a alcanzar. Por eso, sectores sociales y sindicales en Morelos han planteado unir demandas en torno al primero de mayo y el 8 de mayo con demandas como las siguientes:  En contra de las iniciativas del PRI-PAN para imponer una nueva Ley Federal del Trabajo totalmente favorable a los empresarios capitalistas.  En defensa de nuestros derechos laborales y de nuestros sindicatos independientes.   Por el respeto al derecho al empleo de 16 mil trabajadores electricistas del SME y su derecho a ser contratados por una empresa pública que preste el servicio de energía eléctrica en el centro del país. Empleo para millones de jóvenes excluidos de la educación y de salarios dignos.  En defensa de la educación pública, de la seguridad social y de las pensiones y jubilaciones.  En defensa de un ambiente sano y con el cuidado de nuestra madre tierra, defensa del agua, el aire y la tierra.  En contra de la violencia estructural y la guerra de calderón que ha dejado cerca de 40 mil muertos, miles de viudas y huérfanos. Por un alto al derramamiento de sangre y el fin de la impunidad. Basta de feminicidio. Castigo a los culpables de estos crímenes como son ejecuciones extrajudiciales, allanamientos, torturas, desapariciones.   Por el inmediato regreso del Ejército a los cuarteles. No a la militarización ni a un estado policiaco.  En contra de la política de injusticia social que privatiza las ganancias y socializa las pérdidas: que la crisis la paguen los patrones, nuestras vidas valen más que sus ganancias.
Los militares son un peligro mayor para los derechos ciudadanos que cualquier particular. Eso lo saben muy bien los pueblos latinoamericanos que tuvieron dictaduras militares durante los años 70s y 80s. Tan solo en Argentina fueron más de 30 mil desaparecidos. En México, más de 565 desaparecidos políticos durante  la guerra de contrainsurgencia, también llamada “guerra sucia”, entre los que se encuentra Jesús Piedra Ibarra desaparecido el 18 de abril de 1974, fue la culminación de los crímenes de lesa humanidad de los gobiernos priistas de la época. Actualmente, durante el gobierno panista de Calderón cerca de 40 mil asesinatos y más de 3 mil desaparecidos, hoy algunos de ellos son encontrados por centenares en tumbas clandestinas que nos recuerdan las masacres de Guatemala durante la dictadura militar que intentó aplastar la rebelión indígena.  Para que no haya duda alguna, como lo ha pretendido Calderón al descalificar a las voces que protestamos por la presencia del Ejército en las calles y toda clase de abusos que cometen, las organizaciones de derechos humanos en Morelos hemos exigido que no haya impunidad en las ejecuciones extrajudiciales y crímenes violentos que han privado de la vida a cientos de personas, entre ellos muchos jóvenes y mujeres, en esta cruel e inhumana guerra en donde es el pueblo el que pone los muertos. Ningún crimen debe permanecer impune. Es el principio elemental de la aplicación de la justicia. Y lo que permite crear condiciones para impedir que estos crímenes se generalicen como ha venido sucediendo a grados de verdadero genocidio en todo el país. En la investigación, persecución y sanción del delito, la autoridad está obligada a cumplir con principios legales y procedimientos técnicos y jurídicos claramente establecidos para dar la certeza jurídica de que se sanciona al verdadero culpable de cometer el delito. La justicia pasa necesariamente por el conocimiento pleno de la verdad histórica de los hechos, el castigo a los culpables, a los verdaderos culpables. En el nuevo sistema de “justicia” garantizar la presunción de inocencia hasta obtener los elementos de prueba que permitan fincar las responsabilidades y las sanciones correspondientes, también es básico, sin embargo, vemos con profunda preocupación que las autoridades, en este caso los fiscales, continúan con las viejas prácticas de primero detener y después  allegarse las pruebas. La confesión no puede ni debe ser la base de la investigación. Todas y cada una de las pruebas periciales, así como las declaraciones de testigos que corroboren los hechos deben también ser valoradas. Por tal motivo, ante los más de 1200 crímenes violentos ocurridos en 5 años en Morelos, hemos exigido que las instancias de procuración de justicia investiguen de manera seria y profesional, apegado a los protocolos, ya que en la inmensa mayoría de los casos ha habido negligencia en la preservación de la escena del crimen, irresponsabilidad en las necropsias y en pruebas periciales, uso de la práctica de la tortura, tratos infamantes y degradantes para obtener confesiones a modo y fabricación de culpables. Aunado a lo anterior,  se ha desatado una verdadera cacería de brujas con operativos militares y policiacos en diversas partes de Morelos, con allanamientos de viviendas sin que exista la más mínima orden de investigación, la violación generalizada de las garantías individuales y los derechos humanos en la entidad, es hoy, de nueva cuenta una realidad: El ejército, junto con la policía federal,  ha intensificado operativos en todo el Estado, ha instalado retenes y ha violentado sistemáticamente los derechos humanos de las y los morelenses. Esta práctica de presentar supuestos resultados mediante personas a modo, chivos expiatorios, es una práctica instituida en Colombia, donde se aplican las peores estrategias diseñadas por instructores norteamericanos, donde los “falsos positivos” han provocado ya un verdadero escándalo por la complicidad entre militares y policías con funcionarios para aumentar las estadísticas a modo del gobierno, sin que haya un avance real contra la delincuencia. Frente a esta situación hemos exigido a las autoridades del Estado el cese inmediato de las incursiones militares en la vida de civiles, cese a los cateos de domicilios de supuestos partícipes en el multihomicidio de Temixco,  el respeto a los derechos humanos de todas y todos los morelenses, el alto a la  cacería de brujas y la fabricación de delincuentes, el establecimiento de la verdad histórica sobre los hechos del pasado 28 de marzo donde fueron ejecutados 7 jóvenes y una mujer y los más de 1200 asesinatos, entre ellos el feminicidio creciente y que haya una investigación seria y profesional de todos los crímenes y castigo a los verdaderos culpables, así como el alto a la impunidad. Por ello, no vamos a bajar la exigencia de que los militares regresen a sus cuarteles y se desarrolle una estrategia integral para garantizar una seguridad ciudadana, con respeto pleno a los derechos humanos de todas y todos.

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