Desapariciones en Morelos: lesa humanidad

José Martínez Cruz
“Era casi un niño”, me dice un viejo trabajador jubilado de Nissan al enterarse de la muerte de un joven secuestrado y desaparecido, posteriormente encontrado muerto en la colonia Satélite. Lo conoció desde que nació, en una familia humilde y trabajadora. La pregunta no es: ¿quién sigue?, sino: ¿Por qué las autoridades no hacen nada por impedir que continúe tanto desaparecido y asesinado brutalmente en Morelos? El reclamo de las organizaciones de derechos humanos por este clima de inseguridad y violencia ya no se da de manera aislada. Hace unos momentos concluyó la marcha convocada por la CTM para exigir justicia por el crimen cometido en contra de Tito Barrera, secretario general sustituto de este organismo sindical. Muchas otras protestas se han realizado, por diversos organismos, por sectores ciudadanos que saben, que sienten, la proximidad de esta ola de violencia delictiva. Para algunos está claro que la causa está en el mismo sistema capitalista. Otros lo ubican en la descomposición social. Unos más en la corrupción imperante. Hoy se puso acento en la impunidad. Y las propuestas de solución van de un extremo a otro, desde los que están felices por la mayor presencia del ejército en las calles, hasta quienes demuestran con datos concretos como la violencia institucional ha generalizado el sentimiento de inseguridad ante la violación generalizada de los derechos humanos. Un hecho inocultable a la vista de la sociedad en Morelos, es que todos los días hay un número de muertes y ejecuciones extrajudiciales, de feminicidios y de secuestros y desapariciones hoy encubiertos con el término de “levantones”, que forma parte del lenguaje criminal-policiaco incorporado al lenguaje popular. Hace unos días, ante el grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas, la Senadora Rosario Ibarra citó datos proporcionados por la PGJ de Morelos que indica la existencia de 1200 denuncias por desapariciones. El dato hizo enojar mucho al Senador panista Alvarez  Mata, quien descalificó a la procuraduría del gobierno de su propio partido diciendo que eran datos exagerados. Este dato, en todo caso, ilustra la enorme cantidad de denuncias sobre un flagelo que está presente en la sociedad morelense y por ello es que cada vez nos encontramos a personas que nos dicen: “Yo conocía a esa persona y no es lo que se dice de ella”. La muerte, los secuestros, las desapariciones, no son cosa de “los otros”, es algo que nos afecta directamente. No es como en aquel 16 de diciembre de 1988 cuando desaparecieron a José Ramón García Gómez, cuando el Gobernador Riva palacio nos dijo: “yo no conozco a esa persona”, aunque tuviera un archivo personal de 300 fojas que posteriormente entregó a la Fiscalía especial que lo investigaba. Ahora, aún cuando Alvarez Mata minimice y diga que es una exageración, estamos escuchando los testimonios de cientos de personas y notas cotidianas en los medios: 1200 quejas por desaparición en Morelos no es poca cosa. Todos y cada uno de ellos tienen nombre, rostro, conocidos, una vida que no puede desaparecer de la noche a la mañana sin más! Ahí , frente al grupo de Trabajo, Rosario Ibarra fue contundente: Es útil para el análisis la separación en dos momentos históricos que se ha hecho del fenómeno de la práctica de desaparición de personas en México. El primer momento es el del periodo de los gobiernos priístas, destacadamente del de Luis Echeverría Álvarez. El segundo momento el actual, abierto con la alternancia en el gobierno federal de administraciones panistas, la de Vicente Fox y especial y escandalosamente ahora con Felipe Calderón. Prefiero llamarles así que con el eufemismo de “crímenes del pasado” por tratarse de la desaparición forzada, un delito que no prescribe aunque haya ocurrido en un pasado no reciente. Tampoco los clasifico, como mediáticamente se hace, como de la época de la “guerra sucia” concepto que fue acuñado en América del Sur para justificar las vergonzosas leyes de punto final o de amnistía “para ambas partes”, lo que legalizó la impunidad, con el argumento de que habría habido “guerra sucia” de ambas partes y no de sistemática violación a derechos humanos por parte del Estado. De todas maneras, la mentira e impunidad no se mantendrá para siempre como lo muestran los cuestionamientos que en varios países se hacen ya a esas leyes de punto final y que en Argentina ha sentado ya en el banquillo de los acusados al General Videla. Los torturadores y violadores de derechos humanos en México no deberían sentirse tan seguros de que la impunidad que les ha garantizado el sistema actual será para siempre. El propio gobierno, a través de la inocua Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, reconoce que el número de víctimas de desaparición forzada alcanza el número de 788 en ese periodo de 19 años. La ejecución de este delito se siguió cometiendo en estados como Morelos y Guerrero, como instrumento para eliminar militantes políticos opositores que se movilizaban para exigir siempre reivindicaciones sociales. De manera proporcional al aumento de las desapariciones, aumentaba también la impunidad en el esclarecimiento de las mismas, ya que nunca se daba con los responsables de la desaparición. En el segundo momento, lo que vemos ahora es una vuelta a la práctica masiva de las desapariciones con la militarización impuesta en la sociedad desde 2006. Es muy difícil cuantificar con precisión el número de actuales desaparecidos. A diferencia de los desaparecidos de los 70s que mayoritariamente eran militantes políticos, en la actualidad la militarización afecta a amplios sectores sociales sin distinción social y política que no sea por el hecho de que las nuevas víctimas son generalmente jóvenes, mujeres y pobres. Esta situación hace difícil saber el número más certero de desapariciones ocurridas ahora. Generalmente se habla ya de 3 mil nuevos desaparecidos, lo que muestra el salto cualitativo con respecto a los casos anteriores. Pero ese número puede quedar corto si se toma en cuenta, por ejemplo que la propia Procuraduría de Justicia de Morelos ha reconocido hace días de que solamente ese estado de la República -muy pequeño en comparación con Chihuahua, Coahuila, Nuevo León Tamaulipas, tienen registrados mil 200 casos. O el hecho de que la Asociación Esperanza de Baja California habla de mil 800 casos en los últimos 8 años. En Saltillo, la Red de Defensores de Derechos Humanos ha documentado 118 casos.  Esta situación, junto con la famélica actuación de las procuradurías que lo que menos procuran es justicia, han provocado que la sociedad mexicana se encuentre en medio de lo peor de dos mundos posibles: por un lado, la inseguridad que lacera su vida cotidiana y, por el otro, un Estado autoritario que es habitual violador de derechos humanos pero impotente, tal vez deliberado, para abatir al crimen. De nuevo, no nos anima el malsano deseo de venganza sino el legítimo reclamo de justicia y de fin a la impunidad porque la impunidad provoca, ya está demostrado, nuevas violaciones a los derechos humanos. Primero era el feminicidio en Juárez y luego se amplió a ejecuciones de jóvenes pobres. Primero eran desaparecidos políticos y ahora desaparecidos sin distingos sociales. Más pronto que tarde, estoy convencida, pese a mi edad y a los años de lucha, que lograremos el respeto a los derechos humanos; lo lograremos con la acción decidida, en las calles, en la movilización de la gente consciente de sus derechos y dispuesta a despertar ya de la terrible pesadilla actual.

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