Las calles abiertas y los militares a sus cuarteles

Juliana G. Quintanilla.
Los militares son un peligro mayor para los derechos ciudadanos que cualquier particular. Eso lo saben muy bien los pueblos latinoamericanos que tuvieron dictaduras militares durante los años 70s y 80s. Tan solo en Argentina fueron más de 30 mil desaparecidos. En México, más de 565 desaparecidos políticos durante  la guerra de contrainsurgencia, también llamada “guerra sucia”, entre los que se encuentra Jesús Piedra Ibarra desaparecido el 18 de abril de 1974, fue la culminación de los crímenes de lesa humanidad de los gobiernos priistas de la época. Actualmente, durante el gobierno panista de Calderón cerca de 40 mil asesinatos y más de 3 mil desaparecidos, hoy algunos de ellos son encontrados por centenares en tumbas clandestinas que nos recuerdan las masacres de Guatemala durante la dictadura militar que intentó aplastar la rebelión indígena.  Para que no haya duda alguna, como lo ha pretendido Calderón al descalificar a las voces que protestamos por la presencia del Ejército en las calles y toda clase de abusos que cometen, las organizaciones de derechos humanos en Morelos hemos sumado nuestras voces a las de cientos de mujeres de Eureka, quienes junto a Doña Rosario Ibarra, han insistido en el reclamo por más de 30 años de la presentación con vida de las personas desaparecidas, han exigido que no haya impunidad, ni simulación en la aplicación de justicia en las ejecuciones extrajudiciales y crímenes violentos que han privado de la vida a cientos de personas, entre ellos muchos jóvenes y mujeres, en esta cruel e inhumana guerra en donde es el pueblo  quien pone los muertos. Ningún crimen debe permanecer impune. Es el principio elemental de la aplicación de la justicia. Y lo que permite crear condiciones para impedir que estos crímenes se generalicen como ha venido sucediendo a grados de verdadero genocidio en todo el país.  La justicia pasa necesariamente por el conocimiento pleno de la verdad histórica de los hechos, el castigo a los culpables, a los verdaderos culpables. Por tal motivo, ante los más de 1200 crímenes violentos ocurridos en 5 años en Morelos, hemos exigido que las instancias de procuración de justicia investiguen de manera seria y profesional, apegado a los protocolos, ya que en la inmensa mayoría de los casos ha habido negligencia en la preservación de la escena del crimen, irresponsabilidad en las necropsias y en pruebas periciales, uso de la práctica de la tortura, tratos infamantes y degradantes para obtener confesiones a modo y fabricación de culpables. Aunado a lo anterior,  se ha desatado una verdadera cacería de brujas con operativos militares y policiacos en diversas partes de Morelos, con allanamientos de viviendas sin que exista la más mínima orden de investigación, la violación generalizada de las garantías individuales y los derechos humanos en la entidad, es hoy, de nueva cuenta una realidad: El ejército, junto con la policía federal, desde hace días ha intensificado operativos en todo el Estado, ha instalado retenes y ha violentado sistemáticamente los derechos humanos de las y los morelenses. Tenemos conocimiento de cateos en Ocotepec, Santa María, Alta Vista, Jiutepec, Zapata. Esta práctica de presentar supuestos resultados mediante personas a modo, chivos expiatorios, es una práctica instituida en Colombia, donde se aplican las peores estrategias diseñadas por instructores norteamericanos, donde los “falsos positivos” han provocado ya un verdadero escándalo por la complicidad entre militares y policías con funcionarios para aumentar las estadísticas a modo del gobierno, sin que haya un avance real contra la delincuencia. Frente a esta situación, los organismos defensores de derechos humanos hemos exigido a las autoridades del Estado el cese inmediato de las incursiones militares en la vida de civiles, cese a los cateos de domicilios de supuestos partícipes en el multihomicidio de Temixco,  el respeto a los derechos humanos de todas y todos los morelenses, el alto a la  cacería de brujas y la fabricación de delincuentes, el establecimiento de la verdad histórica sobre los más de 1200 asesinatos, entre ellos el feminicidio creciente y que haya una investigación seria y profesional de todos los crímenes y castigo a los verdaderos culpables, así como el alto a la impunidad. Por ello, no vamos a bajar la exigencia de que los militares regresen a sus cuarteles y se desarrolle una estrategia integral para garantizar una seguridad ciudadana, con respeto pleno a los derechos humanos de todas y todos.

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