Morelos: Detener la violencia que siembra muerte diaria.

José Martínez Cruz
“¡Mas poesía, menos policìa!” se escuchó por las calles de Cuernavaca desde la Glorieta de la Paloma de la Paz y se replicó en decenas de ciudades de México y de varios países al inicio de un mes de abril que nos trae una primavera con una  esquina rota. Un torrente de miles de personas se hace eco de la voz quebrada por el llanto por la muerte inútil de miles de jóvenes que un día sí y otro también aparecen sus cuerpos mutilados, colgados, despedazados, en puentes, carreteras, lugares despoblados o a unos pasos de edificios públicos y de carreteras transitadas. Es la acumulación de la rabia y el descontento en contra de una guerra desatada por Calderón en contra del pueblo que ha sido disfrazada de guerra contra el narcotráfico. Es el impacto que se desarrolla en círculos concéntricos cuando nos vamos enterando del asesinato de 7 jóvenes, cuyos cuerpos fueron encontrados en una cajuela y en los asientos de un vehículo abandonado en el fraccionamiento Las Brisas de  Temixco. Entre ellos se encontraba Juan Francisco Sicilia, hijo del poeta y escritor Javier Sicilia. Primero se hizo circular una invitación por las redes sociales a depositar una ofrenda en el zócalo de Cuernavaca, luego empezaron a llegar unas cuantas personas, se hizo un círculo y se decidió iniciar la acción de protesta frente a las puertas de Palacio de Gobierno estatal de Morelos en una plaza recién bautizada con el nombre de Zapata. Se fueron sumando tristezas y silencios. Dolor. Quedó claro que la patraña inventada por el gobierno en el sentido de que los muertos eran producto de la guerra entre bandas delictivas y que “por algo sería” que ocurrieran esas muertes. Lejos de ser presuntos culpables, los muertos son culpables de su propia muerte, como lo afirman los carteles infamantes colocados en sus restos mortales y como se encargan de confirmarlo los boletines oficiales, que dan pormenores de todos los crímenes atribuidos a los que ya no se pueden defender, ni serán escuchados, ni se les permitirá una muerte sencilla, eterna, justa. Así empezó la protesta, con centenar y medio de personas encendiendo veladoras frente a las puertas de palacio de gobierno de Morelos. Por la noche, ya estaban 700 firmas para un desplegado de protesta, mencionando que estos 7 crímenes eran la punta del iceberg que apunta hasta las cerca de 40 mil víctimas de esta guerra de Calderón que se ha impuesto sin consenso social. En pocas horas se sumaron sindicatos y organizaciones sociales, civiles, de derechos humanos, feministas, y activistas sociales, poetas, escritores, académicos, colonos, campesinos, indígenas, periodistas, estudiantes y un conglomerado de redes y articulaciones como el pacto por la soberanía alimentaria y energética que convocó a sumar fuerzas con el Comité de Usuarios de Luz que programaron una marcha contra las altas tarifas de la CFE. Esa marcha resultó más que simbólica: cientos de personas sumaron demandas sectoriales con demandas contra la inseguridad. Las marchas realizadas el 6 de abril convocadas por este núcleo inicial convocó a miles de personas en Cuernavaca y en una treintena de ciudades del país. Como en todo movimiento social amplio, las demandas se van incorporando y no siempre generan consenso. La lucha contra la violencia puede ser capitalizada por sectores que demandan mano dura y medidas autoritarias, como las marchas de blanco encabezadas por quienes son utilizados por el gobierno de Calderón, como México Unido contra la Delincuencia (Eduardo Gallo, Wallace, Marti, entre ellos) o bien puede ser un movimiento que plantee demandas claramente en contra de la impunidad, castigo a los culpables y contra la militarización y la criminalización de los jóvenes y los movimientos sociales. Es una necesidad unir fuerzas en el movimiento amplio, a la vez que se requiere clarificar el rumbo de este movimiento y los objetivos a alcanzar. Por eso, sectores sociales y sindicales en Morelos han planteado unir demandas en torno al primero de mayo y el 8 de mayo con demandas como las siguientes:  En contra de las iniciativas del PRI-PAN para imponer una nueva Ley Federal del Trabajo totalmente favorable a los empresarios capitalistas.  En defensa de nuestros derechos laborales y de nuestros sindicatos independientes.   Por el respeto al derecho al empleo de 16 mil trabajadores electricistas del SME y su derecho a ser contratados por una empresa pública que preste el servicio de energía eléctrica en el centro del país. Empleo para millones de jóvenes excluidos de la educación y de salarios dignos.  En defensa de la educación pública, de la seguridad social y de las pensiones y jubilaciones.  En defensa de un ambiente sano y con el cuidado de nuestra madre tierra, defensa del agua, el aire y la tierra.  En contra de la violencia estructural y la guerra de calderón que ha dejado cerca de 40 mil muertos, miles de viudas y huérfanos. Por un alto al derramamiento de sangre y el fin de la impunidad. Basta de feminicidio. Castigo a los culpables de estos crímenes como son ejecuciones extrajudiciales, allanamientos, torturas, desapariciones.   Por el inmediato regreso del Ejército a los cuarteles. No a la militarización ni a un estado policiaco.  En contra de la política de injusticia social que privatiza las ganancias y socializa las pérdidas: que la crisis la paguen los patrones, nuestras vidas valen más que sus ganancias.
Los militares son un peligro mayor para los derechos ciudadanos que cualquier particular. Eso lo saben muy bien los pueblos latinoamericanos que tuvieron dictaduras militares durante los años 70s y 80s. Tan solo en Argentina fueron más de 30 mil desaparecidos. En México, más de 565 desaparecidos políticos durante  la guerra de contrainsurgencia, también llamada “guerra sucia”, entre los que se encuentra Jesús Piedra Ibarra desaparecido el 18 de abril de 1974, fue la culminación de los crímenes de lesa humanidad de los gobiernos priistas de la época. Actualmente, durante el gobierno panista de Calderón cerca de 40 mil asesinatos y más de 3 mil desaparecidos, hoy algunos de ellos son encontrados por centenares en tumbas clandestinas que nos recuerdan las masacres de Guatemala durante la dictadura militar que intentó aplastar la rebelión indígena.  Para que no haya duda alguna, como lo ha pretendido Calderón al descalificar a las voces que protestamos por la presencia del Ejército en las calles y toda clase de abusos que cometen, las organizaciones de derechos humanos en Morelos hemos exigido que no haya impunidad en las ejecuciones extrajudiciales y crímenes violentos que han privado de la vida a cientos de personas, entre ellos muchos jóvenes y mujeres, en esta cruel e inhumana guerra en donde es el pueblo el que pone los muertos. Ningún crimen debe permanecer impune. Es el principio elemental de la aplicación de la justicia. Y lo que permite crear condiciones para impedir que estos crímenes se generalicen como ha venido sucediendo a grados de verdadero genocidio en todo el país. En la investigación, persecución y sanción del delito, la autoridad está obligada a cumplir con principios legales y procedimientos técnicos y jurídicos claramente establecidos para dar la certeza jurídica de que se sanciona al verdadero culpable de cometer el delito. La justicia pasa necesariamente por el conocimiento pleno de la verdad histórica de los hechos, el castigo a los culpables, a los verdaderos culpables. En el nuevo sistema de “justicia” garantizar la presunción de inocencia hasta obtener los elementos de prueba que permitan fincar las responsabilidades y las sanciones correspondientes, también es básico, sin embargo, vemos con profunda preocupación que las autoridades, en este caso los fiscales, continúan con las viejas prácticas de primero detener y después  allegarse las pruebas. La confesión no puede ni debe ser la base de la investigación. Todas y cada una de las pruebas periciales, así como las declaraciones de testigos que corroboren los hechos deben también ser valoradas. Por tal motivo, ante los más de 1200 crímenes violentos ocurridos en 5 años en Morelos, hemos exigido que las instancias de procuración de justicia investiguen de manera seria y profesional, apegado a los protocolos, ya que en la inmensa mayoría de los casos ha habido negligencia en la preservación de la escena del crimen, irresponsabilidad en las necropsias y en pruebas periciales, uso de la práctica de la tortura, tratos infamantes y degradantes para obtener confesiones a modo y fabricación de culpables. Aunado a lo anterior,  se ha desatado una verdadera cacería de brujas con operativos militares y policiacos en diversas partes de Morelos, con allanamientos de viviendas sin que exista la más mínima orden de investigación, la violación generalizada de las garantías individuales y los derechos humanos en la entidad, es hoy, de nueva cuenta una realidad: El ejército, junto con la policía federal,  ha intensificado operativos en todo el Estado, ha instalado retenes y ha violentado sistemáticamente los derechos humanos de las y los morelenses. Esta práctica de presentar supuestos resultados mediante personas a modo, chivos expiatorios, es una práctica instituida en Colombia, donde se aplican las peores estrategias diseñadas por instructores norteamericanos, donde los “falsos positivos” han provocado ya un verdadero escándalo por la complicidad entre militares y policías con funcionarios para aumentar las estadísticas a modo del gobierno, sin que haya un avance real contra la delincuencia. Frente a esta situación hemos exigido a las autoridades del Estado el cese inmediato de las incursiones militares en la vida de civiles, cese a los cateos de domicilios de supuestos partícipes en el multihomicidio de Temixco,  el respeto a los derechos humanos de todas y todos los morelenses, el alto a la  cacería de brujas y la fabricación de delincuentes, el establecimiento de la verdad histórica sobre los hechos del pasado 28 de marzo donde fueron ejecutados 7 jóvenes y una mujer y los más de 1200 asesinatos, entre ellos el feminicidio creciente y que haya una investigación seria y profesional de todos los crímenes y castigo a los verdaderos culpables, así como el alto a la impunidad. Por ello, no vamos a bajar la exigencia de que los militares regresen a sus cuarteles y se desarrolle una estrategia integral para garantizar una seguridad ciudadana, con respeto pleno a los derechos humanos de todas y todos.

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