Archivo mensual: junio 2011

Una Década sin Justicia laboral y las Obreras de Confitalia

Marco Aurelio Palma Apodaca
La Transgresión cotidiana a los derechos laborales en nuestro país es sistemática. A cada momento se incumple los principios fundamentales del artículo 123 de la Constitución Federal, y de nuestra Ley Laboral (vigente desde los años ochenta) y por el contrario la parte patronal lejos de cumplirlas aunque sea en un mínimo nivel, más bien se ha dedicado a desmantelar sus disposiciones más importantes. Dicha situación sin duda ha acarreado en las últimas décadas considerables daños al patrimonio y bienestar de la clase trabajadora mexicana ejemplo de ello es la implementación de esquemas como el “Outsourcing” (la subcontratación) donde más bien se simula una relación de trabajo y se esconde la responsabilidad legal del verdadero patrón, con ello se reducen prestaciones, no se paga un salario adecuado, se carece de jornadas justas, no se otorgan servicios médicos, ni de guardería, vivienda, mucho menos pago de utilidades, reduce el papel de los sindicatos; facilitan los despidos y la intención de evadir pagos de respectivas indemnizaciones, en este contexto prevalecen practicas de discriminación a los derechos de las mujeres en el sentido de que se les exige para poder ser contratadas que exhiban certificados médicos de “no gravidez” (para asegurar que no presenten embarazo al momento de iniciar a laboral). En lamentable resumen los patrones han logrado aumentar sus ganancias al no otorgar las correspondientes prestaciones legales, logrando reducir costos empresariales en detrimento de las conquistas laborales, lo anterior sin dudad viola los principios fundamentales del Derecho Laboral así como Tratados Internacionales en la materia. Un caso representativo es el despido masivo del que fueron objeto las obreras de la empresa Confitalia en Abril del 2001 cuyos derechos han sido agraviados por más de una década en una franca violación a la Constitución Federal, a la Ley Laboral y al Artículo 11. 1 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer “CEDAW”, que en su literalidad establece que: 1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar a la mujer, en condiciones de igualdad con los hombres, los mismos derechos, en particular:
a) El derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano;
b) El derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la aplicación de los mismos criterios de selección en cuestiones de empleo;
c) El derecho a elegir libremente profesión y empleo, el derecho al ascenso, a la estabilidad en el empleo y a todas las prestaciones y otras condiciones de servicio, y el derecho a la formación profesional y al readiestramiento, incluido el aprendizaje, la formación profesional superior y el adiestramiento periódico;
d) El derecho a igual remuneración, inclusive prestaciones, y a igualdad de trato con respecto a un trabajo de igual valor, así como a igualdad de trato con respecto a la evaluación de la calidad del trabajo;
e) El derecho a la seguridad social, en particular en casos de jubilación, desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad para trabajar, así como el derecho a vacaciones pagadas;
f) El derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones de trabajo, incluso la salvaguardia de la función de reproducción.
Es importante señalar que hasta la fecha no se ha hecho presente la justicia laboral en las trabajadoras de Confitalia, pues todavía no se han cubierto en forma total el pago de sus indemnizaciones por concepto del despido injustificado que sufrieron hace años, en el asunto no se ha cumplido con justa celeridad, aun las respectivas instancias del Gobierno no han mostrado señal alguna para dar solución a dicha problemática. las maniobras legales saltan a la vista afectando a las obreras. Es necesario erradicar unidos y unidas este tipo de prácticas discriminatorias que actualmente solo vulneran los derechos laborales contenidos en nuestra Carta Magna, sus Leyes Secundarias e Instrumento legales Internacionales como la “CEDAW”, dichas prácticas marginales y de explotación están en contra de la Justicia laboral, las mismas no contienen avances a favor de la clase trabajadora y no ayudan en nada a concretizan el cumplimiento de los derechos sociales que las personas necesitamos para vivir en un mundo mejor.

Deja un comentario

Archivado bajo articulos, derechos laborales

LA MILITARIZACIÓN Y LA DESAPARICION FORZADA

Juliana G. Quintanilla.
 
JETHRO RAMSSES SANCHEZ SANTANA, joven morelense, de profesión Ingeniero Mecánico, estudiante de Maestría, fue objeto de desaparición forzada en Cuernavaca el pasado día 1º de mayo de 2011, misma que se tipifica cuando esta es cometida por una  autoridad,  o de  un  particular  bajo protección  de  una  autoridad. Se han interpuesto las denuncias legales, amparos y extensión de amparos, así como la queja ante la CNDH  con número de folio 34958. Sin embargo, hasta la fecha ninguna autoridad asume la responsabilidad de su detención y su presentación con vida. Si bien es cierto que en la legislación nacional no existe ningún tipo penal que describa en toda su amplitud la desaparición forzada, existe si el tipo penal de privación ilegal de la libertad, sin embargo éste no es adecuado para prevenir y sancionar la práctica de las desapariciones. La declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas describe a la desaparición forzada como que se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que éstas resulten privadas de su libertad de alguna u otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así de la protección de las leyes. La procuraduría no investiga las desapariciones forzadas, dejando esa tarea a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que es un órgano que se supone independiente del gobierno y que carece de la fuerza coactiva necesaria para ciertas diligencias tendientes a conocer el paradero de alguna persona reportada como desaparecida. En el caso de Ramsses hay averiguación en la PGJ solo sobre desaparición de persona. La legislación mexicana contempla el juicio de amparo como recurso idóneo para prevenir la práctica de las desapariciones y evitar daños irreparables a las personas que las sufren, en este sentido cabe mencionar la inoperancia del mencionado juicio. Se debe señalar alguna autoridad responsable, ésta muchas veces es desconocida, y el juez de amparo no se dedica a investigar sino que únicamente pide informes a las autoridades señaladas como responsables en la demanda de amparo. Hay un amparo sin respuesta de la SIEDO y 24 Zona militar en el caso de Ramsses. La militarización de la seguridad pública y la persistencia de la aplicación extensiva del fuero militar a casos de violaciones de derechos humanos de civiles, es uno de los señalamientos del informe de Amnistía Internacional, así como el uso de la fuerza, los abusos y la impunidad que los solapa.  La creciente participación de las fuerzas armadas en labores civiles y su sostenida presencia en Morelos han tenido un impacto negativo en la situación de los derechos humanos, particularmente en la ocurrencia de desapariciones forzadas, en muchas de las cuales aún no ha sido posible ubicar el paradero de las víctimas. El regreso de los militares a sus cuarteles es una exigencia de la mayoría de quienes participamos en la Marcha Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad, y debería estar como primer punto de los 6 mencionados. En Morelos ha sido una de nuestras exigencias desde la comisión independiente de derechos humanos. A Ramsses vivo se lo llevaron y vivo lo queremos!

Deja un comentario

Archivado bajo Uncategorized

Contradicciones: derechos humanos y militarismo.

Juliana G. Quintanilla
Una mayoría de congresos estatales ratificó una reforma de once artículos constitucionales, la cual eleva al rango de la Carta Magna los derechos humanos incluidos en tratados ratificados por el Estado mexicano. Esta aprobación promovida desde el Poder Legislativo federal y 16 legislaturas locales se ve opacada por la decisión del alto órgano del Poder Judicial con respecto al fuero militar. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió que es facultad de los tribunales castrenses juzgar a un militar que haya cometido un crimen contra una persona civil, incluso cuando al militar se le hubiere dado de baja del Ejército, reafirma el ámbito de competencia del fuero militar en abierta contradicción con instrumentos internacionales de derechos humanos. Lo anterior contradice abiertamente cuatro sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obligan al Estado mexicano a garantizar que el fuero militar no se aplique a delitos relacionados con violaciones a los derechos humanos. El fuero militar tampoco se puede extender a procesos que involucren a personas civiles. Con tan solo unas horas de diferencia, México dio dos señales contradictorias en cuanto al respeto de sus compromisos internacionales. El Estado mexicano en su conjunto, incluido el Poder Judicial, tiene la obligación de restringir al máximo el fuero militar y no, por el contrario, brindarle atribuciones del ámbito común que no le corresponden. Tenemos testimonios de abusos militares contra civiles. Lucia: ” Entró el Ejército en mi casa rompiendo la puerta como entre 12:30 y 2:00 de la madrugada. Venían en un carro lleno de militares y entraron unos 15 soldados, todos estaban cubiertos de la cara de negro y llevaban armas largas. No tocaron la puerta, sino que la tiraron a patadas. Inmediatamente se fueron sobre ellos y los agarraron entre muchos, los ataron de las manos y les torcieron los brazos. Vi cuando un soldado empezó a golpear a mi hijo  había llegado de trabajar. Lo taparon de la cabeza, le echaron agua con una jarra y no podía respirar. Uno de ellos le dijo que ya se lo había cargado la fregada. Yo espantada les decía que no los golpearan, que no habían hecho nada.  Antes de irse me dijeron que iban a regresar otra vez, dijo que ellos solo hacían su trabajo, y yo le dije que si así era su trabajo, torturar sin deber nada. No respondió, y dejaron a mi hijo  con un trapo en la cabeza.” Petra: “la 24a. Zona Militar, a través del Ministerio Público Militar y la Procuraduría de Justicia Militar requirió a dos familias de personas que han sido víctimas de actos de rapiña en sus domicilios por elementos militares. Hablé con un Mayor y estaban dos MP que formulaban las preguntas. No me aceptaron copia de mi queja ante derechos humanos independientes y me pidieron que volviera a rendir mi testimonio. Me enteré que hubo otro operativo militar muy cerca de donde vivo. En otra colonia les han caído 2 veces los militares y le han robado todo. Otros vecinos han sufrido robos por militares. Estoy muy preocupada porque mi hijo quedó como traumado, pensativo, tenso, de las torturas que le aplicaron los militares”. Jaimes: “Dos jóvenes fueron detenidos por militares en la carretera, y llevados a la zona militar, donde los torturaron. Después recibieron citatorio de la delegación Morelos de la PGR para que se presenten a declarar en el mismo lugar donde los torturaron”.  Estos testimonios muestran la violación al artículo 129 de la Constitución que prohíbe que el Ejército realice labores que no le corresponden: Allanamiento de morada, violación al domicilio, violación a garantías de seguridad, tortura, daño en las cosas, robo, violación a derechos de las y los menores. Estas garantías forman parte indisoluble de los derechos humanos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y muestra un caso más del patrón de actuación que está siguiendo el Ejército Federal Mexicano, El gobierno insiste en que sean las fuerzas militares las que combatan el crimen organizado, mientras que la ONU ya recomendó retirar al Ejército en labores de seguridad. Contradicción que daña los derechos humanos y fortalece el militarismo.

Deja un comentario

Archivado bajo articulos, Derechos Humanos

28 de Mayo, por los Derechos y la Salud de las mujeres

Juliana G. Quintanilla
.
El derecho de las mujeres a gozar de salud integral a lo largo de todo su ciclo vital, es un derecho humano universal consagrado por el sistema internacional de derechos humanos. En nuestro país el artículo 4° constitucional garantiza este derecho.
 La salud integral, por su parte, no es un hecho meramente biológico, sino que responde más bien a factores sociales, y depende del lugar que las mujeres ocupan en la sociedad para proporcionar ese que es el derecho a la vida y salud de las mujeres, y ha sido por su organización y reclamo para acceder a los recursos materiales para vivir una vida digna, con igualdad de oportunidades, exenta de violencias. Una vida en la cual la sexualidad y la reproducción se ejerzan desde la autonomía y la libertad.
 
Para millones de mujeres, en especial para las más pobres y las más jóvenes, para quienes son inmigrantes o desplazadas, para las que habitan zonas rurales o urbano marginales, para quienes tienen capacidades diferentes. Para ellas, se aleja cada día el goce de los derechos humanos consagrados, en especial, del derecho a la salud integral y los derechos sexuales y reproductivos.
 
En 1987, la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, RSMLAC, hizo la propuesta de instaurar un día de acción global a favor de la salud de las mujeres, y en 1988 se inicio el 28 de Mayo, las diversas acciones para la Prevención de la Morbilidad y Mortalidad Materna. Las muertes a causa de la gestación eran y continúan siendo uno de los indicadores más dramáticos de la inequidad en salud, en tanto afectan abrumadoramente a mujeres de los países más pobres para quienes ser madres a menudo es un riesgo de vida.
 
En nuestro país las necesidades de salud pública de la población en general y de las mujeres en particular han sido atendidas sólo parcialmente por el Estado y sus instituciones. La incapacidad histórica del Estado para responder con eficacia, ofrecer prevención y  control de enfermedades para brindar atención y garantizar la salud de la población, ha impedido alcanzar el más elevado nivel de salud física, mental y social, definidos por la Organización Mundial de la Salud y con los que México está obligado.
 
Existen importantes desigualdades en el ejercicio del derecho a la salud, en el acceso a servicios de atención y en la libertad para decidir sobre la reproducción y la libre maternidad. Mientras en el Distrito Federal se ha fortalecido al sistema de salud pública con leyes, modelos y protocolos de atención para mejorar la salud de las mujeres, en varias entidades federativas, por el contrario, hay retrocesos. A consecuencia de las reformas constitucionales -para reconocer la vida desde el momento de la concepción- aprobadas en 17 congresos estatales, ha aumentado la persecución, la criminalización y el encarcelamiento de mujeres; así lo demuestran los casos documentados de aquellas que atraviesan procesos penales por aborto.
 
Por eso, el Día Internacional de Acción por la salud de las mujeres, las organizaciones feministas y personas que integramos el Pacto  por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres en varios es estados nos sumamos a la exigencia del Pacto Nacional y demandamos que el Estado mexicano y los gobiernos estatales:
 
•       Garanticen nuestro derecho a la salud.
•       Respeten nuestro derecho a decidir libremente sobre reproducción y maternidad.
•       Que los hospitales del Sistema Nacional de Salud otorguen servicios de interrupción legal del embarazo, en todos los casos previstos por la ley y presten servicios integrales de atención médica para el aborto y sus secuelas.
•       Respeten el  carácter laico del Estado y no permitan que ninguna iglesia tenga el poder de imponer sus valores al conjunto de la ciudadanía.

Deja un comentario

Archivado bajo articulos, derechos de las mujeres

Por un Pacto Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad que incluya a la clase trabajadora

Las personas y organizaciones que integramos el Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Garantías Constitucionales hemos formado parte desde el inicio de las movilizaciones convocadas por la Red por la Paz con Justicia y Dignidad que nos permita enfrentar la violencia criminal e institucional con pleno respeto a los derechos humanos, por lo que reiteramos nuestro compromiso en esta lucha y llamamos al pueblo mexicano a participar activamente en la Caravana Nacional de Cuernavaca hacia Ciudad Juárez del 4 al 10 de junio de 2011 para establecer las bases firmes para lograr el cambio de esta grave situación que estamos viviendo y salir de la crisis actual.
Desde Cuernavaca y Ciudad Juárez, pasando por todos los puntos que recorrerá la caravana invitamos a toda la ciudadanía en las comunidades, barrios, colonias, pueblos y lugares de trabajo a aportar en esta discusión y construir espacios de reflexión y de acción colectiva nacional permanentes.
Hacemos además un llamado a nuestros compatriotas que radican en los Estados Unidos de Norteamérica y al pueblo de ese país para que apoyen nuestras movilizaciones y exijan al gobierno y al Congreso norteamericano que detengan  el apoyo político, financiero y militar al actual gobierno mexicano y a su estrategia de guerra por el control social: el gobierno norteamericano debe detener el flujo de armas hacia México y la iniciativa Mérida.
Para iniciar el camino hay que construir una alianza nacional contra la militarización y la paramilitarización de la vida social. Una alianza por la paz con justicia y dignidad que nos haga confiar en la fuerza de la movilización, en nuestra capacidad de organización y en la lucha independiente. Nuestra alianza o pacto será un primer paso para construir un espacio donde se discuta y acuerde la construcción de un movimiento nacional contra la militarización, un plan de lucha, la posibilidad de una Encuentro Nacional contra la Militarización y la Paramilitarización; un espacio donde se discutan propuestas de organización, un espacio que potencie nuestra capacidad de análisis y de propuestas.
El narcotráfico fue creado por el Estado mexicano hace décadas. Lo diferente es que en la actualidad ha sido utilizado para profundizar la guerra por el control social e imponer así los intereses de una minoría. Esta guerra, de inspiración estadounidense, es una manifestación de políticas y acuerdos nacionales e internacionales que sitúan a México y Centroamérica como los campos de batalla donde los pobres pagan una alta cuota de vidas humanas para que las drogas lleguen a su destino y consoliden grandes negocios.
La actual estrategia militar, de inspiración e impulso estadounidense, tal y como lo demuestra la Iniciativa Mérida o la operación Rápido y furioso, tiene por objetivo el control social. Es por ello que se ha privilegiado un proceso de militarización intensivo y extensivo de la seguridad pública, que también se refleja en el amplio despliegue de las fuerzas militares por todo el territorio nacional, y por la creciente presencia de los mandos castrenses en la dirección de las policías civiles; todo lo anterior se justifica con una supuesta lucha contra los cárteles del narcotráfico. Además de estos saldos, esta estrategia, y la diversificación de la acción criminal, han impactado directamente la vida social de numerosas poblaciones, presas del secuestro, la extorsión, la desaparición forzada; trata de personas, feminicidios, reclutamiento forzado de jóvenes, en comunidades urbanas y rurales que quedan bajo control económico, social y político de los grupos criminales en colusión con el Estado. Por ello exigimos un Alto a la estrategia de militarización y paramilitarización del país y detener la estrategia de guerra contra el pueblo del Estado, como garantía de la libertad de expresión y organización que necesitamos en este momento. Se debe asumir una nueva estrategia de seguridad social, que tenga como fundamento garantizar, promover y defender los derechos humanos, así como investigar y castigar las violaciones a los mismos; que excluya la participación del ejército en tareas policiacas y la militarización de las policías; que impulse un modelo de seguridad alternativo basado en la reconstrucción del tejido social, y que recupere las experiencias comunitarias autogestivas y la participación ciudadana en las colonias, pueblos, barrios y unidades habitacionales. Se deben esclarecer y resolver todos los asesinatos, las desapariciones, los secuestros, las fosas clandestinas, la trata de personas, y el conjunto de delitos que han agraviado a la sociedad, mediante procesos transparentes y efectivos de investigación, procuración y administración de justicia, en que se procese a los autores intelectuales y materiales, incluyendo las redes de complicidad y omisión de las autoridades responsables. Determinar la identidad de todas las víctimas de homicidio es un requisito indispensable para generar confianza. Exigimos la reparación integral del daño, que contemple entre otras cosas la indemnización a familiares de las víctimas de la guerra y creación de fideicomisos para huérfanos.
Al mismo tiempo, se ha permitido el uso del Poder Judicial para procesar y castigar judicialmente a luchadores sociales, defensores de derechos humanos y trabajadores que defienden sus derechos, como en el caso de Miguel Márquez Ríos y 12 electricistas del SME, sin contar muchos casos más de presos políticos o perseguidos como Héctor Salazar Porcayo y Marco Antonio García.
Convocamos a las y los integrantes de nuestras organizaciones a integrar brigadas de información a la ciudadanía para dar a conocer directamente lo que va ocurriendo en cada lugar donde pase la caravana, por lo que nos mantendremos en comunicación permanente con las comisiones que participen en todo el recorrido o en partes del mismo y llevaremos a cabo un ACTO SIMULTANEO EN EL ZOCALO DE CUERNAVACA EL 10 DE JUNIO para informar al pueblo de Morelos sobre la FIRMA DEL PACTO EN CIUDAD JUAREZ.
Atentamente
Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética los Derechos de los Trabajadores y las Garantías Constitucionales

Deja un comentario

Archivado bajo derechos laborales, represión

Libertad de expresión con saldo de violencia al gremio periodístico.

Juliana G. Quintanilla.
Nuestra solidaridad a las mujeres de CIMAC, quienes en días pasados fueron agredidas en su espacio de trabajo que en su recuento son ya varias las ocasiones que han allanado y destruido su oficina. Más de 350 mujeres que suman la lista del feminicidio en la entidad morelense La aprobación de una ley  en el tema de derechos humanos que lejos esta aún de hacer una realidad el respeto pleno a la integridad física de las personas y el respeto a los derechos humanos con justicia y dignidad: basta de asesinatos, desapariciones, militarización. La violencia criminal no se combate con violación a los derechos humanos. No a la criminal guerra de Calderón que ha dejado 40 mil muertes y miles de desaparecidos.
Sabemos muy bien lo que significa la criminalización de los movimientos sociales y el proceso de militarización que, con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, solo ha significado una escalada de detenciones arbitrarias, allanamientos, torturas, secuestros, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales. Nosotros hemos escuchado el dolor de tanta gente por la pérdida de un ser querido en Morelos, donde han sido asesinados cerca de 1300 personas en 6 años, más de 150 jóvenes.
Enfatizamos en la necesidad de rechazar rotundamente la reforma a la Ley de Seguridad Nacional que establecería legamente la militarización del país. La desmilitarización del país es urgente debido a que lejos de defender al pueblo solo provoca más derramamiento de sangre.  Las reformas a la ley de seguridad nacional que pretenden introducirle en comisiones de
la Cámara de Diputados son escandalosas porque apuntan hacia un Estado policiaco-militar.  Pero lo que se aprobó un año antes en el Senado no apunta tampoco a una defensa de los derechos humanos. Esa reforma mantiene, por ejemplo, el fuero de guerra y por tanto la impunidad que estamos combatiendo. Aunque seguramente a los mandos militares no les haya satisfecho esa reforma para darles garantías de que el uso policiaco de las fuerzas armadas tuviera una cobertura legal de todas maneras apunta en la dirección de legalizar lo ilegal. La falta del empleo digno y salario suficiente es parte esencial del problema de violencia que se vive en México.  El gobierno debe cumplir con su mandato y ante su ceguera, la ciudadanía necesitamos unirnos y ser vía para que el gobierno y los funcionarios escuchen, atiendan y trabajen en establecer la justicia, la igualdad y el desarrollo social, atendiendo las causas de fondo y no con respuestas de forma y de discurso. Porque no debemos permitir ni un asesinato más en esta criminal guerra de Calderón. Basta de feminicidio !
Para conseguir la paz se necesita la participación consciente y organizada de la sociedad.  Queremos una paz con justicia social, con verdadera atención a las necesidades de los jóvenes para tener acceso a la educación y a empleos con salarios dignos, con acceso a la cultura y la recreación y poner un alto a la discriminación y estigmatización de la juventud. Por el respeto a los derechos humanos
de todas y todos.

Deja un comentario

Archivado bajo articulos, periodistas

La Caravana y el 10 de junio: desaparecidos y muertos

10 DE JUNIO DEL 20011
El pasado 16 de diciembre del 2010 se cumplieron 21 años de la desaparición de José Ramón García Gómez en Cuautla, Morelos, a manos del Grupo de Investigaciones Políticas de la Policía Judicial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, integrado por Apolo Bernabé Ríos García, José Isabel Astudillo y otros policías comandados por Antonio Nogueda Carbajal, durante el gobierno estatal de Antonio Rivapalacio López y federal de Carlos Salinas de Gortari. José Ramón encabezaba el Frente Ciudadano de Defensa del Voto contra el fraude electoral de Salinas y era dirigente del PRT en Cuautla, donde había sido candidato a la presidencia municipal.
Hasta el momento se desconoce el paradero de José Ramón y el gobierno ha tratado de ocultar su responsabilidad, a pesar de las múltiples evidencias que se establecieron durante las investigaciones llevadas a cabo por el Fiscal Daniel Estrella Valenzuela, quien logró determinar la autoría de la desaparición por parte de elementos policiacos y se logró una orden de aprehensión que fue parcialmente cumplida con tres de ellos, pero sin que se ejecutara en contra de Nogueda Carbajal, quien posteriormente desempeñó cargos policiacos en el estado de Guerrero. El Gobierno del estado de Morelos eludió las investigaciones posteriormente a la caída del helicóptero donde viajaba el fiscal especial en donde murieron 4 personas. Por tal razón, las investigaciones que apuntaban hacia el gobernador Antonio Rivapalacio López y Salinas de Gortari quedaron sin concluir, manteniéndose hasta la fecha la impunidad.
Al cumplirse 21 años de su desaparición resulta sumamente preocupante que se repitan estrategias represivas por parte del gobierno, similares a las empleadas en 1988 para perseguir y reprimir a militantes políticos y luchadores sociales, y además, esta práctica se ha extendido a diversos sectores de la sociedad y lo que se encubre con el subterfugio de “levantones” en realidad pretende ocultar el hecho de que las detenciones-desapariciones ahora ya no son exclusivamente hacia militantes y activistas, por lo que las consecuencias sociales están a la vista.
Asimismo,  está  el asesinato de Miguel Ángel  Pérez Casales, indígena de la comunidad náhuatl de Santa Catarina, del municipio de Tepoztlán, Morelos. Él fue citado el 31 de octubre del 2009 a las 11 de la mañana en un sitio cercano a Ahuatepec para realizar un presupuesto de herrería, poco antes de que se preparara para asistir al Encuentro Indígena en la comunidad de Coajomulco en donde se recibiría a partir de las 4 de la tarde a la delegación del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, mismo que había realizado un recorrido por Morelos para exigir justicia y libertad para los presos políticos. Ya no llegó a la reunión. Su familia lo buscó todo el resto del día sábado y no fue sino hasta el día domingo 1o. de noviembre de ese mismo año, cuando personal de la Funeraria Morelos se apersonaron en su domicilio y avisaron para que la esposa de Miguel Ángel se trasladara al SEMEFO de Cuernavaca para identificar su cuerpo cuando tuvieron noticias de él. Hasta entonces se supo que el cuerpo de Miguel había sido localizado en un sitio ubicado en Ahuatepec ya sin vida, con un letrero infamante que nada tiene que ver ni con la trayectoria ni con la vida de lucha que significó el compromiso de él en la lucha por defender la tierra y que más bien busca desviar las causas reales de su homicidio. Hasta las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado se trasladaron familias y compañeros para presentar testimonio de los hechos, exigiendo en lo inmediato una investigación a fondo y de manera imparcial para establecer con claridad los móviles del atentado y localizar a los responsables de privarle la vida.
La familia no ha sido debidamente informada de todas las acciones legales y periciales para la preservación de la escena del crimen ni los exámenes practicados. Por lo anterior es que la familia solicitó a través de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos y el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa la interposición de una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de Morelos para que se realizara una necropsia independiente por parte de médicos forenses expertos en criminalística, quedando esta queja radicada en la CDH a las 12 de la noche del día primero de noviembre, sin que se llevara a efecto este peritaje durante el día 2 de noviembre, por lo que de ser necesario respaldaremos por las vías nacionales e internacionales esta demanda de la familia de nuestro compañero para que este crimen no quede impune.
Miguel Ángel Pérez Casales formaba parte de la Comisión Ejecutiva del Concejo de Pueblos de Morelos. Formó parte de la Comisión negociadora de los pueblos de Tejalpa y Santa Catarina para solucionar el añejo conflicto limítrofe entre ambas comunidades en el área de reserva ecológica de El Texcal, en una zona de alta conflictividad derivada del Decreto de Expropiación Presidencial para la construcción de la Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca desde inicios de los años 60s y que culminó con un acuerdo entre las partes para legalizar la posesión por parte de comuneros de Santa Catarina y una cantidad de indemnización a los comuneros de Tejalpa por parte de un fondo federal de la Secretaría de la Reforma Agraria, lo que disgustó a funcionarios estatales y a muchos de los invasores de la reserva ecológica. Su trayectoria de lucha se remonta a décadas atrás, ya que prácticamente nació en el seno de una familia de luchadores por la tierra, siendo su padre Inocencio Pérez (Chencho Pérez le decían en el pueblo) también asesinado veinte años atrás.
Queremos decirles a todo el pueblo de Monterrey y al pueblo de México que esta lucha hoy está más vigente que nunca, y que no vamos a bajar las banderas por las que entregó su vida Miguel Ángel, por lo que hoy exigimos justicia y castigo a los culpables.
 
¡A 21 de la desaparición de José Ramón García Gómez seguimos exigiendo presentación con vida de todos los desaparecidos, porque si vivos se los llevaron, vivos los queremos!

Deja un comentario

Archivado bajo articulos, represión