Archivo mensual: junio 2011

Una Década sin Justicia laboral y las Obreras de Confitalia

Marco Aurelio Palma Apodaca
La Transgresión cotidiana a los derechos laborales en nuestro país es sistemática. A cada momento se incumple los principios fundamentales del artículo 123 de la Constitución Federal, y de nuestra Ley Laboral (vigente desde los años ochenta) y por el contrario la parte patronal lejos de cumplirlas aunque sea en un mínimo nivel, más bien se ha dedicado a desmantelar sus disposiciones más importantes. Dicha situación sin duda ha acarreado en las últimas décadas considerables daños al patrimonio y bienestar de la clase trabajadora mexicana ejemplo de ello es la implementación de esquemas como el “Outsourcing” (la subcontratación) donde más bien se simula una relación de trabajo y se esconde la responsabilidad legal del verdadero patrón, con ello se reducen prestaciones, no se paga un salario adecuado, se carece de jornadas justas, no se otorgan servicios médicos, ni de guardería, vivienda, mucho menos pago de utilidades, reduce el papel de los sindicatos; facilitan los despidos y la intención de evadir pagos de respectivas indemnizaciones, en este contexto prevalecen practicas de discriminación a los derechos de las mujeres en el sentido de que se les exige para poder ser contratadas que exhiban certificados médicos de “no gravidez” (para asegurar que no presenten embarazo al momento de iniciar a laboral). En lamentable resumen los patrones han logrado aumentar sus ganancias al no otorgar las correspondientes prestaciones legales, logrando reducir costos empresariales en detrimento de las conquistas laborales, lo anterior sin dudad viola los principios fundamentales del Derecho Laboral así como Tratados Internacionales en la materia. Un caso representativo es el despido masivo del que fueron objeto las obreras de la empresa Confitalia en Abril del 2001 cuyos derechos han sido agraviados por más de una década en una franca violación a la Constitución Federal, a la Ley Laboral y al Artículo 11. 1 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer “CEDAW”, que en su literalidad establece que: 1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar a la mujer, en condiciones de igualdad con los hombres, los mismos derechos, en particular:
a) El derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano;
b) El derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la aplicación de los mismos criterios de selección en cuestiones de empleo;
c) El derecho a elegir libremente profesión y empleo, el derecho al ascenso, a la estabilidad en el empleo y a todas las prestaciones y otras condiciones de servicio, y el derecho a la formación profesional y al readiestramiento, incluido el aprendizaje, la formación profesional superior y el adiestramiento periódico;
d) El derecho a igual remuneración, inclusive prestaciones, y a igualdad de trato con respecto a un trabajo de igual valor, así como a igualdad de trato con respecto a la evaluación de la calidad del trabajo;
e) El derecho a la seguridad social, en particular en casos de jubilación, desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad para trabajar, así como el derecho a vacaciones pagadas;
f) El derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones de trabajo, incluso la salvaguardia de la función de reproducción.
Es importante señalar que hasta la fecha no se ha hecho presente la justicia laboral en las trabajadoras de Confitalia, pues todavía no se han cubierto en forma total el pago de sus indemnizaciones por concepto del despido injustificado que sufrieron hace años, en el asunto no se ha cumplido con justa celeridad, aun las respectivas instancias del Gobierno no han mostrado señal alguna para dar solución a dicha problemática. las maniobras legales saltan a la vista afectando a las obreras. Es necesario erradicar unidos y unidas este tipo de prácticas discriminatorias que actualmente solo vulneran los derechos laborales contenidos en nuestra Carta Magna, sus Leyes Secundarias e Instrumento legales Internacionales como la “CEDAW”, dichas prácticas marginales y de explotación están en contra de la Justicia laboral, las mismas no contienen avances a favor de la clase trabajadora y no ayudan en nada a concretizan el cumplimiento de los derechos sociales que las personas necesitamos para vivir en un mundo mejor.

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LA MILITARIZACIÓN Y LA DESAPARICION FORZADA

Juliana G. Quintanilla.
 
JETHRO RAMSSES SANCHEZ SANTANA, joven morelense, de profesión Ingeniero Mecánico, estudiante de Maestría, fue objeto de desaparición forzada en Cuernavaca el pasado día 1º de mayo de 2011, misma que se tipifica cuando esta es cometida por una  autoridad,  o de  un  particular  bajo protección  de  una  autoridad. Se han interpuesto las denuncias legales, amparos y extensión de amparos, así como la queja ante la CNDH  con número de folio 34958. Sin embargo, hasta la fecha ninguna autoridad asume la responsabilidad de su detención y su presentación con vida. Si bien es cierto que en la legislación nacional no existe ningún tipo penal que describa en toda su amplitud la desaparición forzada, existe si el tipo penal de privación ilegal de la libertad, sin embargo éste no es adecuado para prevenir y sancionar la práctica de las desapariciones. La declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas describe a la desaparición forzada como que se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que éstas resulten privadas de su libertad de alguna u otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así de la protección de las leyes. La procuraduría no investiga las desapariciones forzadas, dejando esa tarea a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que es un órgano que se supone independiente del gobierno y que carece de la fuerza coactiva necesaria para ciertas diligencias tendientes a conocer el paradero de alguna persona reportada como desaparecida. En el caso de Ramsses hay averiguación en la PGJ solo sobre desaparición de persona. La legislación mexicana contempla el juicio de amparo como recurso idóneo para prevenir la práctica de las desapariciones y evitar daños irreparables a las personas que las sufren, en este sentido cabe mencionar la inoperancia del mencionado juicio. Se debe señalar alguna autoridad responsable, ésta muchas veces es desconocida, y el juez de amparo no se dedica a investigar sino que únicamente pide informes a las autoridades señaladas como responsables en la demanda de amparo. Hay un amparo sin respuesta de la SIEDO y 24 Zona militar en el caso de Ramsses. La militarización de la seguridad pública y la persistencia de la aplicación extensiva del fuero militar a casos de violaciones de derechos humanos de civiles, es uno de los señalamientos del informe de Amnistía Internacional, así como el uso de la fuerza, los abusos y la impunidad que los solapa.  La creciente participación de las fuerzas armadas en labores civiles y su sostenida presencia en Morelos han tenido un impacto negativo en la situación de los derechos humanos, particularmente en la ocurrencia de desapariciones forzadas, en muchas de las cuales aún no ha sido posible ubicar el paradero de las víctimas. El regreso de los militares a sus cuarteles es una exigencia de la mayoría de quienes participamos en la Marcha Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad, y debería estar como primer punto de los 6 mencionados. En Morelos ha sido una de nuestras exigencias desde la comisión independiente de derechos humanos. A Ramsses vivo se lo llevaron y vivo lo queremos!

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Contradicciones: derechos humanos y militarismo.

Juliana G. Quintanilla
Una mayoría de congresos estatales ratificó una reforma de once artículos constitucionales, la cual eleva al rango de la Carta Magna los derechos humanos incluidos en tratados ratificados por el Estado mexicano. Esta aprobación promovida desde el Poder Legislativo federal y 16 legislaturas locales se ve opacada por la decisión del alto órgano del Poder Judicial con respecto al fuero militar. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió que es facultad de los tribunales castrenses juzgar a un militar que haya cometido un crimen contra una persona civil, incluso cuando al militar se le hubiere dado de baja del Ejército, reafirma el ámbito de competencia del fuero militar en abierta contradicción con instrumentos internacionales de derechos humanos. Lo anterior contradice abiertamente cuatro sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obligan al Estado mexicano a garantizar que el fuero militar no se aplique a delitos relacionados con violaciones a los derechos humanos. El fuero militar tampoco se puede extender a procesos que involucren a personas civiles. Con tan solo unas horas de diferencia, México dio dos señales contradictorias en cuanto al respeto de sus compromisos internacionales. El Estado mexicano en su conjunto, incluido el Poder Judicial, tiene la obligación de restringir al máximo el fuero militar y no, por el contrario, brindarle atribuciones del ámbito común que no le corresponden. Tenemos testimonios de abusos militares contra civiles. Lucia: ” Entró el Ejército en mi casa rompiendo la puerta como entre 12:30 y 2:00 de la madrugada. Venían en un carro lleno de militares y entraron unos 15 soldados, todos estaban cubiertos de la cara de negro y llevaban armas largas. No tocaron la puerta, sino que la tiraron a patadas. Inmediatamente se fueron sobre ellos y los agarraron entre muchos, los ataron de las manos y les torcieron los brazos. Vi cuando un soldado empezó a golpear a mi hijo  había llegado de trabajar. Lo taparon de la cabeza, le echaron agua con una jarra y no podía respirar. Uno de ellos le dijo que ya se lo había cargado la fregada. Yo espantada les decía que no los golpearan, que no habían hecho nada.  Antes de irse me dijeron que iban a regresar otra vez, dijo que ellos solo hacían su trabajo, y yo le dije que si así era su trabajo, torturar sin deber nada. No respondió, y dejaron a mi hijo  con un trapo en la cabeza.” Petra: “la 24a. Zona Militar, a través del Ministerio Público Militar y la Procuraduría de Justicia Militar requirió a dos familias de personas que han sido víctimas de actos de rapiña en sus domicilios por elementos militares. Hablé con un Mayor y estaban dos MP que formulaban las preguntas. No me aceptaron copia de mi queja ante derechos humanos independientes y me pidieron que volviera a rendir mi testimonio. Me enteré que hubo otro operativo militar muy cerca de donde vivo. En otra colonia les han caído 2 veces los militares y le han robado todo. Otros vecinos han sufrido robos por militares. Estoy muy preocupada porque mi hijo quedó como traumado, pensativo, tenso, de las torturas que le aplicaron los militares”. Jaimes: “Dos jóvenes fueron detenidos por militares en la carretera, y llevados a la zona militar, donde los torturaron. Después recibieron citatorio de la delegación Morelos de la PGR para que se presenten a declarar en el mismo lugar donde los torturaron”.  Estos testimonios muestran la violación al artículo 129 de la Constitución que prohíbe que el Ejército realice labores que no le corresponden: Allanamiento de morada, violación al domicilio, violación a garantías de seguridad, tortura, daño en las cosas, robo, violación a derechos de las y los menores. Estas garantías forman parte indisoluble de los derechos humanos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y muestra un caso más del patrón de actuación que está siguiendo el Ejército Federal Mexicano, El gobierno insiste en que sean las fuerzas militares las que combatan el crimen organizado, mientras que la ONU ya recomendó retirar al Ejército en labores de seguridad. Contradicción que daña los derechos humanos y fortalece el militarismo.

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28 de Mayo, por los Derechos y la Salud de las mujeres

Juliana G. Quintanilla
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El derecho de las mujeres a gozar de salud integral a lo largo de todo su ciclo vital, es un derecho humano universal consagrado por el sistema internacional de derechos humanos. En nuestro país el artículo 4° constitucional garantiza este derecho.
 La salud integral, por su parte, no es un hecho meramente biológico, sino que responde más bien a factores sociales, y depende del lugar que las mujeres ocupan en la sociedad para proporcionar ese que es el derecho a la vida y salud de las mujeres, y ha sido por su organización y reclamo para acceder a los recursos materiales para vivir una vida digna, con igualdad de oportunidades, exenta de violencias. Una vida en la cual la sexualidad y la reproducción se ejerzan desde la autonomía y la libertad.
 
Para millones de mujeres, en especial para las más pobres y las más jóvenes, para quienes son inmigrantes o desplazadas, para las que habitan zonas rurales o urbano marginales, para quienes tienen capacidades diferentes. Para ellas, se aleja cada día el goce de los derechos humanos consagrados, en especial, del derecho a la salud integral y los derechos sexuales y reproductivos.
 
En 1987, la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, RSMLAC, hizo la propuesta de instaurar un día de acción global a favor de la salud de las mujeres, y en 1988 se inicio el 28 de Mayo, las diversas acciones para la Prevención de la Morbilidad y Mortalidad Materna. Las muertes a causa de la gestación eran y continúan siendo uno de los indicadores más dramáticos de la inequidad en salud, en tanto afectan abrumadoramente a mujeres de los países más pobres para quienes ser madres a menudo es un riesgo de vida.
 
En nuestro país las necesidades de salud pública de la población en general y de las mujeres en particular han sido atendidas sólo parcialmente por el Estado y sus instituciones. La incapacidad histórica del Estado para responder con eficacia, ofrecer prevención y  control de enfermedades para brindar atención y garantizar la salud de la población, ha impedido alcanzar el más elevado nivel de salud física, mental y social, definidos por la Organización Mundial de la Salud y con los que México está obligado.
 
Existen importantes desigualdades en el ejercicio del derecho a la salud, en el acceso a servicios de atención y en la libertad para decidir sobre la reproducción y la libre maternidad. Mientras en el Distrito Federal se ha fortalecido al sistema de salud pública con leyes, modelos y protocolos de atención para mejorar la salud de las mujeres, en varias entidades federativas, por el contrario, hay retrocesos. A consecuencia de las reformas constitucionales -para reconocer la vida desde el momento de la concepción- aprobadas en 17 congresos estatales, ha aumentado la persecución, la criminalización y el encarcelamiento de mujeres; así lo demuestran los casos documentados de aquellas que atraviesan procesos penales por aborto.
 
Por eso, el Día Internacional de Acción por la salud de las mujeres, las organizaciones feministas y personas que integramos el Pacto  por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres en varios es estados nos sumamos a la exigencia del Pacto Nacional y demandamos que el Estado mexicano y los gobiernos estatales:
 
•       Garanticen nuestro derecho a la salud.
•       Respeten nuestro derecho a decidir libremente sobre reproducción y maternidad.
•       Que los hospitales del Sistema Nacional de Salud otorguen servicios de interrupción legal del embarazo, en todos los casos previstos por la ley y presten servicios integrales de atención médica para el aborto y sus secuelas.
•       Respeten el  carácter laico del Estado y no permitan que ninguna iglesia tenga el poder de imponer sus valores al conjunto de la ciudadanía.

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