LA MILITARIZACIÓN Y LA DESAPARICION FORZADA

Juliana G. Quintanilla.
 
JETHRO RAMSSES SANCHEZ SANTANA, joven morelense, de profesión Ingeniero Mecánico, estudiante de Maestría, fue objeto de desaparición forzada en Cuernavaca el pasado día 1º de mayo de 2011, misma que se tipifica cuando esta es cometida por una  autoridad,  o de  un  particular  bajo protección  de  una  autoridad. Se han interpuesto las denuncias legales, amparos y extensión de amparos, así como la queja ante la CNDH  con número de folio 34958. Sin embargo, hasta la fecha ninguna autoridad asume la responsabilidad de su detención y su presentación con vida. Si bien es cierto que en la legislación nacional no existe ningún tipo penal que describa en toda su amplitud la desaparición forzada, existe si el tipo penal de privación ilegal de la libertad, sin embargo éste no es adecuado para prevenir y sancionar la práctica de las desapariciones. La declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas describe a la desaparición forzada como que se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que éstas resulten privadas de su libertad de alguna u otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así de la protección de las leyes. La procuraduría no investiga las desapariciones forzadas, dejando esa tarea a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que es un órgano que se supone independiente del gobierno y que carece de la fuerza coactiva necesaria para ciertas diligencias tendientes a conocer el paradero de alguna persona reportada como desaparecida. En el caso de Ramsses hay averiguación en la PGJ solo sobre desaparición de persona. La legislación mexicana contempla el juicio de amparo como recurso idóneo para prevenir la práctica de las desapariciones y evitar daños irreparables a las personas que las sufren, en este sentido cabe mencionar la inoperancia del mencionado juicio. Se debe señalar alguna autoridad responsable, ésta muchas veces es desconocida, y el juez de amparo no se dedica a investigar sino que únicamente pide informes a las autoridades señaladas como responsables en la demanda de amparo. Hay un amparo sin respuesta de la SIEDO y 24 Zona militar en el caso de Ramsses. La militarización de la seguridad pública y la persistencia de la aplicación extensiva del fuero militar a casos de violaciones de derechos humanos de civiles, es uno de los señalamientos del informe de Amnistía Internacional, así como el uso de la fuerza, los abusos y la impunidad que los solapa.  La creciente participación de las fuerzas armadas en labores civiles y su sostenida presencia en Morelos han tenido un impacto negativo en la situación de los derechos humanos, particularmente en la ocurrencia de desapariciones forzadas, en muchas de las cuales aún no ha sido posible ubicar el paradero de las víctimas. El regreso de los militares a sus cuarteles es una exigencia de la mayoría de quienes participamos en la Marcha Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad, y debería estar como primer punto de los 6 mencionados. En Morelos ha sido una de nuestras exigencias desde la comisión independiente de derechos humanos. A Ramsses vivo se lo llevaron y vivo lo queremos!

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