La tipificación legal del feminicidio en Morelos y la violencia institucional

El Congreso del Estado de Morelos aprobó la tipificación del feminicidio en el artículo 213 Quinto del Código penal para el estado señalando: “Comete el delito de feminicidio quien por razones de género, prive de la vida a una mujer. Existen razones de género cuando se acrediten cualquiera de las siguientes hipótesis (…) Hay o se haya dado, entre el activo y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo o cualquier otra relación de hecho; II. Que hay o haya existido entre el activo y la víctima una relación laboral, docente o cualquier otro tipo que implique confianza, subordinación o superioridad; III. Que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; IV. A la víctima se le hayan infligido lesiones infames, degradantes o mutilaciones, previas o posterior a la privación de la vida; V. Consten antecedentes de amenazas, acoso o lesiones infamantes, del sujeto activo en contra de la víctima; VI. El cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar público o VII. La víctima haya sido incomunicada. A quien cometa feminicidio se le impondrá sanción de 30 a 70 años de prisión”.La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos hemos planteado la necesidad de su tipificación hace mucho tiempo,  pero el tema no se reduce al incremento de penalidad (de 30 a 70 años) sino a todo el proceso que se debe seguir, que características, cuales causas, que son desde el punto de vista jurídico lo que debe quedar suficientemente claro para hacer justiciable el hecho. Hay una corriente de pensamiento que pone énfasis en el castigo solamente y no en el análisis de lo que significa socialmente, para poder sancionar efectivamente, pero sobre todo tomar medidas de no repetibilidad que es, en última instancia, el significado profundo de la justicia y la lucha contra la impunidad. Desde la perspectiva de creación de una cultura de respeto a los derechos de las mujeres, el ámbito penal (la tipificación del feminicidio en este caso) es como el último eslabón de una cadena que tiene sus inicios en otros terrenos: injusticia, desigualdad, explotación, opresión, discriminación, y por ello, la tipificación penal es un paso, que celebramos, pero a la vez matizamos para no echar las campanas al vuelo. Y vaya que no somos pesimistas, pero la realidad es tan, pero tan oprobiosa, que hay que analizarla en toda su brutalidad, para preparar mejor las estrategias que nos permitan incidir en ella y transformarla.
Los crímenes contra las niñas y mujeres se cometen en sociedades o en círculos sociales cuyas características patriarcales y la violación de los derechos humanos se concentran y se agudizan de manera crítica. En los casos de feminicidio generalmente hay dos tipos de responsables: 1) quien lo comete materialmente 2) quien desde su posición en el aparato de impartición de justicia-definición de leyes refuerza inequidades estructurales que hacen permisible que más mujeres sean asesinadas.
El primer tipo de causante es el que con su violencia consuma el acto de muerte, normalmente el más visible, aunque no por ello menos exonerado en la cultura machista que permite que el hombre posea todo, incluso la vida y destino de las mujeres. El segundo tipo es menos visible, normalmente un ministerio público, juez, policía, perito, legislador, que con su acción deliberada, omisión o desdén incurre en violencia de género institucional. Y pongo los culpables en masculino. Esta violencia institucional se hace evidente en las fallas para atender debidamente los procesos judiciales, crear leyes, atender protocolos de investigación.
En los últimos cuatro años se duplicó la violencia feminicida y prevalece la indiferencia institucional para esclarecer los asesinatos de mujeres. En el año 2006, la Comisión Independiente de Derechos Humanos registro 20 homicidios de mujeres, en el 2007 el número aumentó a 29, en el 2008 la cifra creció a 31, en el 2009 se documentaron 36 casos, hasta octubre del 2010 eran ya 40, y en los 6 meses de 2011 ya se han contabilizado 15. la presencia de militares  en Morelos tambien repercute en el incremento de mujeres asesinadas sin investigación y por lo tanto sin buscar a los responsables. Vemos como prevalece la impunidad en el esclarecimiento de los homicidios, pues las instituciones de procuración y administración de justicia no sólo siguen menospreciando sino que están estigmatizando a las víctimas. Antes las autoridades prejuzgaban, decían que los asesinatos ocurrían porque las mujeres eran prostitutas o andaban en líos amorosos, eludiendo con ello su obligación de realizar una investigación a fondo; posteriormente que eran problemas de índole personal toda vez que era el novio o esposo el agresor, ahora los asesinatos de mujeres son relacionados con el crimen organizado, dando una salida fácil y llena de complicidades para no investigar y esclarecer el móvil real. Y el recuento de seres humanos en cifras es de  293 feminicidios en 11 añosNo debemos olvidar que las consecuencias del feminicidio son múltiples y además de privar de la vida a la víctima, deja secuelas graves en su entorno familiar y en el tejido social. Las mujeres son doblemente victimizadas: son las madres, las hermanas, las hijas, quienes sufren la pérdida de sus seres queridos y el trauma psicológico y el daño moral que significa el trato que autoridades y algunos medios de comunicación amarillistas dan a los cuerpos de las víctimas, exhibiéndolos y denigrando su dignidad. Las consecuencias sociales son igualmente dañinas, porque van elevando el umbral de violencia permitido y tolerado en el cuerpo ideológico de la sociedad, permitiendo y aceptando el proceso de degradación y crisis de las relaciones en el ámbito social, familiar, cultural. La tipificación del feminicidio en Morelos es un paso legal urgente y necesario que tardó más tiempo del que debería ser. Nos parece un avance, sin duda alguna, más aún si tomamos en cuenta que apenas son tres estados en el país que lo han hecho. Es por ello que hacemos un enérgico llamado a todas y cada una de las instituciones para que frenen los asesinatos de cientos de mujeres, pues al no aplicar verdaderas y efectivas políticas públicas para combatir la violencia en contra de la población femenina, y mucho menos hacer efectiva la legislación vigente que previene y sanciona la violencia contra las mujeres, se vuelven directamente responsables.

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Archivado bajo derechos de las mujeres, violencia contra mujeres

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