Archivo mensual: julio 2011

feminicidio violencia institucional

Juliana G. Quintanilla

Los crímenes contra las niñas y mujeres se cometen en sociedades o en círculos sociales cuyas características patriarcales y la violación de los derechos humanos se concentran y se agudizan de manera crítica.

En los casos de feminicidio generalmente hay dos tipos de responsables: 1) quien lo comete materialmente 2) quien desde su posición en el aparato de impartición de justicia-definición de leyes refuerza inequidades estructurales que hacen permisible que más mujeres sean asesinadas.

El primer tipo de causante es el que con su violencia consuma el acto de muerte, normalmente el más visible, aunque no por ello menos exonerado en la cultura machista que permite que el hombre posea todo, incluso la vida y destino de las mujeres. El segundo tipo es menos visible, normalmente un ministerio público, juez, policía, perito, legislador, que con su acción deliberada, omisión o desdén incurre en violencia de género institucional. Y pongo los culpables en masculino. Esta violencia institucional se hace evidente en las fallas para atender debidamente los procesos judiciales, crear leyes, atender protocolos de investigación.

En los últimos cuatro años se duplicó la violencia feminicida y prevalece la indiferencia institucional para esclarecer los asesinatos de mujeres. En el año 2006, la Comisión Independiente de Derechos Humanos registro 20 homicidios de mujeres, en el 2007 el número aumentó a 29, en el 2008 la cifra creció a 31, en el 2009 se documentaron 36 casos, hasta octubre del 2010 eran ya 40, y en los 6 meses de 2011 ya se han contabilizado 15. la presencia de militares  en Morelos tambien repercute en el incremento de mujeres asesinadas sin investigación y por lo tanto sin buscar a los responsables. Vemos como prevalece la impunidad en el esclarecimiento de los homicidios, pues las instituciones de procuración y administración de justicia no sólo siguen menospreciando sino que están estigmatizando a las víctimas. Antes las autoridades prejuzgaban, decían que los asesinatos ocurrían porque las mujeres eran prostitutas o andaban en líos amorosos, eludiendo con ello su obligación de realizar una investigación a fondo; posteriormente que eran problemas de índole personal toda vez que era el novio o esposo el agresor, ahora los asesinatos de mujeres son relacionados con el crimen organizado, dando una salida fácil y llena de complicidades para no investigar y esclarecer el móvil real. Y el recuento de seres humanos en cifras es de  293 feminicidios en 11 años

No debemos olvidar que las consecuencias del feminicidio son múltiples y además de privar de la vida a la víctima, deja secuelas graves en su entorno familiar y en el tejido social. Las mujeres son doblemente victimizadas: son las madres, las hermanas, las hijas, quienes sufren la pérdida de sus seres queridos y el trauma psicológico y el daño moral que significa el trato que autoridades y algunos medios de comunicación amarillistas dan a los cuerpos de las víctimas, exhibiéndolos y denigrando su dignidad. Las consecuencias sociales son igualmente dañinas, porque van elevando el umbral de violencia permitido y tolerado en el cuerpo ideológico de la sociedad, permitiendo y aceptando el proceso de degradación y crisis de las relaciones en el ámbito social, familiar, cultural.

Es por ello que hacemos un enérgico llamado a todas y cada una de las instituciones para que frenen los asesinatos de cientos de mujeres, pues al no aplicar verdaderas y efectivas políticas públicas para combatir la violencia en contra de la población femenina, y mucho menos hacer efectiva la legislación vigente que previene y sanciona la violencia contra las mujeres, se vuelven directamente responsables.

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Del porque la desmilitarización del país.

Juliana  G. Quintanilla

La Caravana resiente en su recorrido de más de mil kilómetros recogió un sin fin de voces de indignación, protesta y esperanza,  reunido en Juárez, Chihuahua para hacer el recuento de los agravios, aunque el documento final  del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad obvia nombrar la ominosa y creciente violencia contra las mujeres y el asesinato de muchas de ellas. De cara a ello, las mujeres tenemos que alzar la voz para contribuir a parar esta guerra absurda.  Es sorprendente cómo las palabras, son insuficientes para describir el suceso cotidiano si señala la demanda del fin inmediato de la estrategia de guerra, la desmilitarización de la policía y el regreso del ejercito a los cuarteles y el retiro del fuero militar.

Recordemos que La Corte Interamericana ha dictado resoluciones contra México  por violaciones graves de derechos humanos cometidas por miembros del ejército el antecedente a resaltar en esta nota es cuando,  en 2002 , Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, mujeres indígenas denunciaron que fueron violadas y torturadas por miembros del Ejército mexicano en el estado de Guerrero quienes fueron violadas sexualmente y torturadas por efectivos militares  y siguen hasta la fecha  sufriendo las agresiones y amenazas ellas, sus familiares y las organizaciones indígenas que las han acompañado. La falta de una respuesta efectiva por parte del Estado Mexicano.

 Por más de ocho años, Valentina e Inés han sostenido una incansable lucha por alcanzar la justicia, la cual rindió uno de sus más importantes frutos cuando en noviembre de 2009 La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó dos sentencias condenando al Estado Mexicano por su responsabilidad de haber violado los derechos humanos de ambas mujeres y posteriormente por haber negado su acceso a la justicia, Uno de los elementos centrales de ambas sentencias es la orden al Estado mexicano de llevar a cabo las investigaciones en el fuero civil, sin embargo a la fecha, ambas investigaciones continúan en el fuero militar, lo cual representa un desacato a la sentencia de la Corte Interamericana. El Estado mexicano no ha mostrado voluntad para dar cumplimiento a las sentencias e implementar las medidas necesarias para evitar que los actos de amenaza y hostigamiento continúen. Con su lucha, también han mostrado que, la extensión del fuero militar sobre violaciones a derechos humanos tan graves como la violación sexual sirve con frecuencia como un instrumento funcional a la impunidad y el encubrimiento.

Los retenes en caminos y carreteras, las revisiones y amenazas del ejército y las fuerzas de seguridad pública que se escudan en leyes autoritarias y antidemocráticas, ha puesto en evidencia la indignante situación de los derechos humanos de las mujeres indígenas en México, caracterizada por la violencia y la discriminación.

 Amnistía Internacional  se ha pronunciado y urgido al Estado mexicano a que las investigaciones de los casos de Inés Fernández Ortega  y Valentina Rosendo Cantú sean remitidas a la jurisdicción civil, realizó una campaña para exigir a las autoridades mexicanas que pongan de inmediato en práctica todas las medidas ordenadas por la Corte en estas resoluciones emblemáticas para que finalmente pueda hacerse justicia  para de Inés y Valentina, quienes en una gira por Europa presentaron un retrato actualizado de la situación en México, el cual contrasta con el rostro que el Estado proyecta al exterior.

Los diarios nacionales informan esta situación de violencia. Este domingo, el diario El Universal publica un documento de trabajo de la Cámara de Diputados, de la Comisión de Seguridad Pública, encargada de acercarse científicamente al recuento de cifras lamentables que dejan sentir que el régimen actual dejará un grave saldo social.

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DESAPARECIDO Y EJECUCION DE INDIGENA

El pasado 16 de diciembre del 2010 se cumplieron 21 años de la desaparición de José Ramón García Gómez en Cuautla, Morelos, a manos del Grupo de Investigaciones Políticas de la Policía Judicial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, integrado por Apolo Bernabé Ríos García, José Isabel Astudillo y otros policías comandados por Antonio Nogueda Carbajal, durante el gobierno estatal de Antonio Rivapalacio López y federal de Carlos Salinas de Gortari. José Ramón encabezaba el Frente Ciudadano de Defensa del Voto contra el fraude electoral de Salinas y era dirigente del PRT en Cuautla, donde había sido candidato a la presidencia municipal.

Hasta el momento se desconoce el paradero de José Ramón y el gobierno ha tratado de ocultar su responsabilidad, a pesar de las múltiples evidencias que se establecieron durante las investigaciones llevadas a cabo por el Fiscal Daniel Estrella Valenzuela, quien logró determinar la autoría de la desaparición por parte de elementos policiacos y se logró una orden de aprehensión que fue parcialmente cumplida con tres de ellos, pero sin que se ejecutara en contra de Nogueda Carbajal, quien posteriormente desempeñó cargos policiacos en el estado de Guerrero. El Gobierno del estado de Morelos eludió las investigaciones posteriormente a la caída del helicóptero donde viajaba el fiscal especial en donde murieron 4 personas. Por tal razón, las investigaciones que apuntaban hacia el gobernador Antonio Rivapalacio López y Salinas de Gortari quedaron sin concluir, manteniéndose hasta la fecha la impunidad.

Al cumplirse 21 años de su desaparición resulta sumamente preocupante que se repitan estrategias represivas por parte del gobierno, similares a las empleadas en 1988 para perseguir y reprimir a militantes políticos y luchadores sociales, y además, esta práctica se ha extendido a diversos sectores de la sociedad y lo que se encubre con el subterfugio de “levantones” en realidad pretende ocultar el hecho de que las detenciones-desapariciones ahora ya no son exclusivamente hacia militantes y activistas, por lo que las consecuencias sociales están a la vista.

Asimismo,  está  el asesinato de Miguel Ángel  Pérez Casales, indígena de la comunidad náhuatl de Santa Catarina, del municipio de Tepoztlán, Morelos. Él fue citado el 31 de octubre del 2009 a las 11 de la mañana en un sitio cercano a Ahuatepec para realizar un presupuesto de herrería, poco antes de que se preparara para asistir al Encuentro Indígena en la comunidad de Coajomulco en donde se recibiría a partir de las 4 de la tarde a la delegación del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, mismo que había realizado un recorrido por Morelos para exigir justicia y libertad para los presos políticos. Ya no llegó a la reunión. Su familia lo buscó todo el resto del día sábado y no fue sino hasta el día domingo 1o. de noviembre de ese mismo año, cuando personal de la Funeraria Morelos se apersonaron en su domicilio y avisaron para que la esposa de Miguel Ángel se trasladara al SEMEFO de Cuernavaca para identificar su cuerpo cuando tuvieron noticias de él. Hasta entonces se supo que el cuerpo de Miguel había sido localizado en un sitio ubicado en Ahuatepec ya sin vida, con un letrero infamante que nada tiene que ver ni con la trayectoria ni con la vida de lucha que significó el compromiso de él en la lucha por defender la tierra y que más bien busca desviar las causas reales de su homicidio. Hasta las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado se trasladaron familias y compañeros para presentar testimonio de los hechos, exigiendo en lo inmediato una investigación a fondo y de manera imparcial para establecer con claridad los móviles del atentado y localizar a los responsables de privarle la vida.

La familia no ha sido debidamente informada de todas las acciones legales y periciales para la preservación de la escena del crimen ni los exámenes practicados. Por lo anterior es que la familia solicitó a través de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos y el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa la interposición de una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de Morelos para que se realizara una necropsia independiente por parte de médicos forenses expertos en criminalística, quedando esta queja radicada en la CDH a las 12 de la noche del día primero de noviembre, sin que se llevara a efecto este peritaje durante el día 2 de noviembre, por lo que de ser necesario respaldaremos por las vías nacionales e internacionales esta demanda de la familia de nuestro compañero para que este crimen no quede impune.

Miguel Ángel Pérez Casales formaba parte de la Comisión Ejecutiva del Concejo de Pueblos de Morelos. Formó parte de la Comisión negociadora de los pueblos de Tejalpa y Santa Catarina para solucionar el añejo conflicto limítrofe entre ambas comunidades en el área de reserva ecológica de El Texcal, en una zona de alta conflictividad derivada del Decreto de Expropiación Presidencial para la construcción de la Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca desde inicios de los años 60s y que culminó con un acuerdo entre las partes para legalizar la posesión por parte de comuneros de Santa Catarina y una cantidad de indemnización a los comuneros de Tejalpa por parte de un fondo federal de la Secretaría de la Reforma Agraria, lo que disgustó a funcionarios estatales y a muchos de los invasores de la reserva ecológica. Su trayectoria de lucha se remonta a décadas atrás, ya que prácticamente nació en el seno de una familia de luchadores por la tierra, siendo su padre Inocencio Pérez (Chencho Pérez le decían en el pueblo) también asesinado veinte años atrás.

Queremos decirles a todo el pueblo de Monterrey y al pueblo de México que esta lucha hoy está más vigente que nunca, y que no vamos a bajar las banderas por las que entregó su vida Miguel Ángel, por lo que hoy exigimos justicia y castigo a los culpables.

 ¡A 21 de la desaparición de José Ramón García Gómez seguimos exigiendo presentación con vida de todos los desaparecidos, porque si vivos se los llevaron, vivos los queremos!

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Mujeres contra la militarización.

Paloma Estrada y Juliana G. Quintanilla.
El debate sobre la militarización en el país recorre diversos ámbitos y se transforma no solo en tema que interese a un sector, sino que es factor fundamental de definición política por sus repercusiones en materia de derechos humanos y pérdida de vidas en la guerra contra el pueblo disfrazada de combate al narcotráfico. Este es un tema que dividió opiniones en el movimiento por una paz con justicia y dignidad en Ciudad Juárez y que luego del diálogo en el Castillo de Chapultepec queda más claro que Calderón no está dispuesto a cambiar en su estrategia policiaco-militar. Los 3 mil militares enviados a Tamaulipas apenas 3 días después del diálogo es la ratificación de militarizar las calles.
En Morelos tenemos claras muestras de que la presencia del Ejército no ha dado más seguridad, la desaparición forzada de Jethro es resultado directo del actuar arbitrario del Ejército y las policias.
Cuando vamos al epicentro del dolor, Ciudad Juárez, es porque vamos a aprender de lo ocurrido. Durante 2010 y lo que va de 2011, tres defensoras de derechos humanos fueron asesinadas en Chihuahua: josefina Reyes el 3 de enero de 2010, Maricela Escobeado el 16 de diciembre del mismo año y Susana Chávez el 6 de enero de 2011. Mientras que las activistas sara Salazar, Maricela Ortíz, Maria Luisa García y Cipriana Jurado, abandonaron su lugar de residencia. ¿Qué es lo que ha llevado a esta situación de extrema inseguridad en una ciudad donde se protestaba por 300 feminicidios y hoy por más de 5 mil homicidios? Precisamente la impunidad y la militarización. La violencia se ha incrementado a partir de la entrada del Ejército al norte del país. El crudo, indiscriminado e inconstitucional proceso de militarización de la vida civil del país tiene en Ciudad Juárez tiene una expresión extrema de violencia institucional que multiplica la violencia por medio de la impunidad de integrantes de las fuerzas armadas que actúan en el estado, con lo que se atenta contra los derechos humanos de laas mujeres que son agredidas. En el caso de Cipriana Jurado, integrante del Centro de investigación y Solidaridad Obrera, ex-trabajadora de la maquila, activista desde hace 20 años, luego de vivir las pésimas condiciones laborales en las maquilas de Ciudad Juárez, comenzó a defender sus  derechos, desde entonces inició una campaña para exigir servicios de salud en los centros de trabajo, instalaciones seguras y mejores horarios. Las peticiones de la activista fueron más allá, se organizó con trabajadores y vecinos y abogó por servicios públicos en las colonias con mayor rezago social: agua, luz, drenaje y calles pavimentadas. En 1993 se unió a la búsqueda de justicia para las mujeres asesinadas y desaparecidas en la entidad. En 2008, cuando el Ejército incursionó en la entidad, denunció los abusos de los elementos castrenses y documentó casos de homicidio y desaparición forzada a manos de militares. Por este motivo, Cipriana ha recibido amenazas de muerte y ha sido víctima de una detención arbitraria en 2008 por elementos de la AFI, por lo que se solicitaron medidas cautelares de protección ante la CIDH sin que el Estado mexicano actuara en consecuencia con los compromisos mundiales adquiridos en materia de derechos humanos para dar pasos firmes hacia la erradicación de la impunidad. Amnistía Internacional solicitó medidas de seguridad para Cipriana a Gobernación, sin que a la fecha haya sido atendida. Ante esta situación, desde junio de 2010, Cipriana salió de la ciudad fronteriza para emprender una gira en Estados Unidos en favor de la justicia y de las victimas de la violencia generada por esta guerra que el gobierno minimiza. sin embargo, el clima de impunidad la obligó a no regresar y su caso se suma a la lista de mujeres exiliadas. Actualmente obtuvo asilo político al ser considerada como grave su situación de inseguridad en México.

Si algo podemos aprender de lo que se vive en Ciudad Juárez es que desde ahora debemos exigir el inmediato retiro del ejército a sus cuarteles, cese a la impunidad y corrupción de los cuerpos policiacos y un alto a los feminicidios y crimenes horrendos. Fortalecer la lucha sin descalificar a quienes por experiencia propia, por su dolor multiplicado, son no solo el epicentro del dolor, sino de la conciencia de que es urgente un cambio profundo en este país para alcanzar verdaderamente una paz con justicia, dignidad y respeto pleno a los derechos humanos y, sin duda alguna, los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia. “Somos nosotras las que tenemos que buscar nuestras propias estrategias para evitar que sucedan asesinatos”, dice Cipriana, quien tarde o temprano volverá a su amado Ciudad Juarez, donde tiene derecho a vivir en paz.

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Feminicidio penalizado ante autoridades omisas.

Juliana G. Quintanilla

Se tipificó penalmente el feminicidio en Morelos y se impondrán sanciones de 30 a 70 años a quien cometa este delito. Es un paso adelante para prevenir y sancionar los crímenes cometidos por motivos de discriminación violencia y abuso de poder contra las mujeres. Ahora es necesario que se tomen diversas medidas en todos los niveles de la sociedad para que esta medida no se quede aislada y sin efectos reales que protejan a las mujeres. Son casi diez años desde que la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos ha denunciado el feminicidio creciente, no solo en Ciudad Juárez sino en Morelos y en todo el país y por ello mismo celebramos la tipificación en el artículo el artículo 213 Quinto del Código penal para el estado que señala: “Comete el delito de feminicidio quien por razones de género, prive de la vida a una mujer. Existen razones de género cuando se acrediten cualquiera de las siguientes hipótesis (…) Hay o se haya dado, entre el activo y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo o cualquier otra relación de hecho; II. Que hay o haya existido entre el activo y la víctima una relación laboral, docente o cualquier otro tipo que implique confianza, subordinación o superioridad; III. Que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; IV. A la víctima se le hayan infligido lesiones infames, degradantes o mutilaciones, previas o posterior a la privación de la vida; V. Consten antecedentes de amenazas, acoso o lesiones infamantes, del sujeto activo en contra de la víctima; VI. El cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar público o VII. La víctima haya sido incomunicada. A quien cometa feminicidio se le impondrá sanción de 30 a 70 años de prisión”.

Ahora se requiere tomar medidas para que los Ministerios Públicos, agentes policiacos, abogados y jueces, se capaciten urgentemente para aplicar los criterios que permitan determinar cuando ocurre un feminicido y se pueda investigar y sancionar adecuadamente cuando ocurren. Tenemos casos que nos indican la gravedad cuando no se utiliza todo el sistema de procuración de justicia adecuadamente. No podemos permitir socialmente que sigan ocurriendo casos como el  de Himer Nieto Catalán a  quien se le encontró penalmente responsable, fue condenado a 70 años de prisión por el secuestro y homicidio calificado de una menor de 11 años de edad en un hotel de Jojutla y que un juez ordenó su libertad absoluta por deficiencias del Ministerio Público en su investigación, ya que ni en la procuración ni en la administración de justicia se aplicó lo establecido en la ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Capítulo V de la violencia feminicida, artículo 19) y mucho menos la CEDAW (Convención por la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación y Violencia contra las Mujeres).

Hay que recordarle a las diversas instancias gubernamentales que han sido omisas en el cumplimiento de esta ley, empezando por el Ejecutivo, que no ha sido capaz de vincular la acción de todas las autoridades para erradicar la violencia contra las mujeres (Artículo 51, I y II), ni la Secretaría de Gobierno “rediseña las acciones, medidas y modelos necesarios para avanzar en la eliminación de la violencia contra las mujeres” (52, V) y en el mismo tenor la Secretaría de Educación (54), de Salud (55), Seguridad Pública (56), PGJ (57), Instituto de la Mujer (58), DIF (59).  ¿Acaso les resulta muy difícil entender que  “los maltratadores “no son personas enfermas”, sino que buscan “someter a la mujer que está a su lado” y “ejercer su poder” para dominarla y que la violencia contra las mujeres es “una injusticia y un atentado contra los derechos humanos” y es, además, “un problema de salud pública”? Conceptos elementales que a muchas autoridades no les significan nada en el diseño de las políticas de prevención integrales que, hay que insistir, son las únicas que pueden impedir que continúe ocurriendo el feminicidio. El femincidio fue tipificado, mantenemos la lucha por preservar la vida de las mujeres libres de violencia.

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Declarate Defensora de Derechos Humanos.

Campaña de la Alta Comisionada de la ONU.

 Juliana G. Quintanilla.

El derecho a defender los derechos humanos ha sido severamente atacado en México mediante amenazas, hostigamiento, agresiones, detenciones y asesinatos. Este será uno de los temas que abordará la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, quien visita el país por invitación del Gobierno. Ella comenzó el domingo 3 una visita oficial a México para tratar temas de derechos humanos con el Gobierno, Congresistas, el Poder Judicial y los Ombudsman a nivel federal y local, así como con organizaciones de la sociedad civil y terminará el sábado 9 de julio en la ciudad de México.

Durante su visita de alto nivel, la Alta Comisionada tiene programado un encuentro con Felipe Calderón, miembros del Gabinete y Secretarios de Estado, entre ellos, el Secretario de Gobernación, el Secretario de la Defensa y el Secretario de Seguridad Pública, así como con el Presidente de la Suprema Corte, el Congreso Federal, autoridades locales, Congresistas del Estado de Oaxaca y de la Ciudad de México.

Así mismo se realizaran reuniones con representantes de la sociedad civil, organizaciones de mujeres y defensores y defensoras de derechos humanos. Dentro de los asuntos a abordar se encuentran los temas de seguridad, derechos de las personas migrantes, derechos de las mujeres, derechos de los pueblos indígenas, así como la discriminación y la libertad de expresión.

El 5 de julio se abordarán temas como la militarización, mecanismos de seguridad y desaparición forzada. El miércoles 6 de julio, Pillay lanzará la campaña “Declárate defensor o defensora”, diseñada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México. Esta campaña tiene por objetivo difundir el mensaje sobre el derecho a defender los derechos humanos entre el público en general. Defender los derechos humanos de las mujeres es una tarea que nos compete a todas y todos, sobre todo porque al día siguiente de la aprobación de la tipificación del feminicidio en Morelos apareció el cuerpo destrozado de una mujer y los niveles de violencia no disminuyen sino que aumentan con la impunidad prevaleciente.

En visita a México la Alta comisionada en materia de derechos humanos tiene en la agenda de trabajo temas que en realidad son las problemáticas que al no ser atendidas se han convertido en situaciones de mayor riesgo para la población.

Los temas a tratar el jueves 7 de julio con las organizaciones de mujeres son los siguientes:

Trata de mujeres y niñas, discriminación y los estereotipos en el ámbito cultural Mujeres con discapacidad, caso de Ciudad Juárez, situación de las mujeres en el contexto del estado militarizado incluyendo las defensoras del estado de Chihuahua, derechos polí­ticos de las mujeres, derechos sexuales y reproductivos, jurisdicción militar y mujeres, el feminicidio, mujeres y economía, derecho a la propiedad de la tierra de las mujeres y la situación de las mujeres indígenas.

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Jethro Ramsés y la militarización.

José Martínez Cruz.

La vida cotidiana te la arrancan de un tajo, me dice Don Héctor, cuando abre la puerta de la oficina, ahora vacía, que ocupaba su hijo hasta antes de ser desaparecido. En la pared hay dos diplomas y un titulo de ingeniero mecatrónico. El sillón vacío. Una extraña ausencia presente. El olor de aceite y rebabas de acero del taller no disipa el aire de tristeza que se respira ni la duda que permanece en forma de pregunta: ¿dónde está JETHRO RAMSSES SÁNCHEZ SANTANA? A sus 27 años, Ingeniero electromecánico con especialidad en mecatrónica,  estudiante de  Maestría en Administración de Negocios,  impartía clases en la Universidad Politécnica de Morelos, tenía un negocio de ingeniería electrónica automotriz, gustaba del futbol y se identificaba con los Pumas, campeones, como casi todos mis sobrinos y sobrinas. La historia es conocida hasta su desaparición forzada en el Recinto Ferial de Acapantzingo el 1º. De mayo de 2011. Hay una serie de policías y militares que intervienen en su desaparición: Uno de ellos es el Comandante Manrique González  Acosta (patrullas 1554 y 2771) con dos elementos más, quienes detienen directamente a Jethro, elementos de la Policía Federal (patrullas 10618 y 10644) quienes entregan a los 2 jóvenes (Horacio y Jethro) a los Militares los cuales llegan en las unidades 0821303 camuflajeada, 0821307 camuflajeada (se lleva a Horacio), 0821362 verde olivo (se lleva a Jethro). El Comandante Juan Jiménez Jiménez, encargado de la Seguridad de la Feria y jefe del sector IV. Los 20 elementos del ejército uniformados excepto 1 persona que descendió de la unidad 0821307 que iba de civil con pantalón de mezclilla color azul claro, playera blanca con gris, pasamontañas, gorra verde militar con 2 líneas negras bordadas verticales, tez clara, ojos claros y de 1.70  de estatura. Siendo esta persona quién daba las órdenes a sus elementos y a quién se dirigían como Teniente Guerra. El mandó a uno de sus elementos a esposar y vendar los ojos a los dos jóvenes y los subieron a 2 diferentes unidades: a Horacio a la unidad 0821307 y a Jethro a la unidad 0821362 cubriéndolos a ambos con una lona. El Policía Federal Juan Carlos Ortega Carmona entregó una gorra café (de Jethro) y dos teléfonos nextel, dos carteras y unas llaves al Teniente Guerra. Hay responsabilidades concretas que no pueden hacerse a un lado y van desde el policía que los detiene hasta sus superiores, militares y civiles, en los tres niveles de gobierno, por lo que Garrigós, Adame y Calderón deben responder aquí y ahora. Un delito de lesa humanidad como es la desaparición forzada no prescribe. Los funcionarios que tienen alguna responsabilidad tarde o temprano serán juzgados. El funcionario policiaco que detiene a alguien es responsable de su seguridad y de su integridad personal hasta el momento mismo de su entrega formal y por escrito a la instancia ministerial correspondiente. Esto no ocurrió en el caso de Jethro al ser detenido por el policía municipal. Aún cuando este lo haya entregado a un elemento de la Policía Federal, jamás cumplió con las disposiciones legales de la puesta a disposición. Aún más, en un primer momento hubo una negativa de la autoridad para informar claramente su participación en el caso, aún cuando posteriormente haya dispuesto la comparecencia de su elemento policíaco para rendir testimonio ante la Procuraduría General de Justicia. Las horas iniciales son cruciales en el caso de una desaparición forzada. Esos momentos han resultado claves para alterar la escena de los hechos que se investigan, borrar datos sustanciales, desviar y alterar las investigaciones hacia aspectos irrelevantes, lo que va configurando una serie de complicidades institucionales para eludir la responsabilidad de quienes tienen en su poder hasta la fecha al joven Jethro Ramsés y se niegan a regresarlo con vida a sus familiares.  La responsabilidad del gobierno municipal, estatal y federal en esta desaparición no prescribe hasta el momento de presentar con vida a Jethro, y tarde o temprano serán llamados a cuentas por la justicia en el país o ante instancias internacionales. Ya Amnistía Internacional ha difundido una acción urgente a sus millones de afiliados. Hasta el momento el caso se encuentra en investigación ante una de las instancias más opacas en la procuración de justicia existentes en el país: la Procuraduría de Justicia Militar. Todas las dependencias han ido delegando el caso en otra dependencia alegando que no es de su competencia el caso: la Procuraduría de Justicia del estado lo remitió a la PGR y la SIEDO lo trasladó a la PJM. Exigimos  que las investigaciones del caso de Jethro Ramsés sean por desaparición forzada y que todos los funcionarios y ex funcionarios que tienen algún grado de responsabilidad  en el caso sean investigados y sancionados, con el objetivo que la impunidad sea eliminada en estos casos de delitos de lesa humanidad. Y  primordialmente localizar con vida  a  Jethro Ramsés Sánchez Santana.

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