Archivo mensual: noviembre 2011

Derechos humanos y reclamo social.

Juliana G. Quintanilla y José Martínez Cruz.


Cuando la autoridad no cumple con el más elemental respeto a los derechos humanos no puede reclamar a la ciudadanía su apoyo. Igualmente, desde la sociedad, no se puede avalar a las autoridades sólo porque digan que cumplirán. El gobierno está obligado a respetar los derechos y a garantizarlos a la población. Mientras más antidemocrático es un gobierno, más alejado de la población estará. Por ello, recurrir a instancias internacionales, para denunciar lo que ocurre en nuestro país, implica la posibilidad de obtener condenas para que el gobierno sienta la presión y no quede en la impunidad. Es el caso del feminicidio y la militarización. Durante las últimas semanas el feminicidio en Morelos se ha incrementado. Las autoridades lo niegan. Minimizan. Llegan a ocultar datos. Y sucede que el nivel de violencia feminicida en 2011 es similar a 2010, en la parte más alta de estos ominosos casos ocurridos en más de una década. ¿Se puede exigir un respaldo a la acción de la Procuraduría en estas circunstancias? O ¿Se puede extender un cheque en blanco a la PGJ por parte de organizaciones civiles? Por supuesto que No. No ayuda a clarificar la dimensión del problema. Las familias de las víctimas de feminicidio reclaman con toda claridad la aplicación de justicia y verdad, no les ayuda en mucho sentarse a tomar un café con las autoridades. Así lo han entendido familiares de las mujeres víctimas en Campo algodonero, en Ciudad Juárez. Esta sentencia es emblemática, entre otras razones, porque permitió por primera ocasión que las familias de las víctimas del feminicidio fueran escuchadas por un Tribunal internacional y que el Estado mexicano fuera juzgado por su falta de actuación en la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres. La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció un conjunto de medidas que el Estado mexicano debía realizar en un plazo perentorio. Durante el primer año, el Estado estaba obligado a: reiniciar las investigaciones de la desaparición, tortura y asesinato de las tres jóvenes; investigar a los servidores públicos que provocaron que estos crímenes se mantengan impunes y que amenazaron a las familias; publicar la sentencia íntegra en las páginas de internet de los gobiernos federal y local; realizar una página de internet con la información de todas las mujeres y niñas desaparecidas desde 1993 en el Estado de Chihuahua; crear un Banco Nacional de Información genética a nivel nacional; indemnizar a las familiares; realizar un acto público donde reconozca su responsabilidad internacional y develar un monumento en memoria de Laura Berenice, Esmeralda y Claudia Ivette y todas las demás mujeres y niñas víctimas de homicidio por razones de género en Ciudad Juárez. Durante un plazo razonable (3 años) el Estado debe: Estandarizar los protocolos de investigación de homicidios de mujeres por razones de género, desapariciones y violencia sexual; rediseño del protocolo de búsqueda inmediata de mujeres y niñas, conocido como Protocolo Alba; establecer un programa de capacitación a servidores públicos y un programa de educación dirigido a la población. Es claro que las autoridades simulan cumplir. No merecen el apoyo de las víctimas, sino la condena pública de su doble discurso. Eso mismo ocurre en Morelos. No solo se niegan las autoridades a emitir una alerta de género. Su interés está en otra parte. Dos ejemplos lo ilustran. Uno es el tema de la certificación de las corporaciones policiacas. Tenían el compromiso de cumplir en enero de 2012, luego de simulaciones y puestas en escena entre Calderón y gobernadores, reprograman para 2013, cuando ninguno de ellos estará en el gobierno. Más simulación. El otro ejemplo, sin embargo, es aún más claro. Aun cuando la militarización sólo ha significado el crecimiento de la violencia y el costo humano de la búsqueda del control monopólico del narcotráfico, el presupuesto gubernamental prioriza el gasto en seguridad pública para fortalecer el aparato represivo. La apuesta panista es clara: fortalecer la estrategia militarista, no para garantizar la vida de las mujeres, sino para imponer un autoritarismo ante el proceso electoral de 2012. En este sentido no puede ser otro el objetivo de establecer una base militar en “Los Lagartos”, una extensa zona de más de 250 Hectáreas ubicadas en Jojutla, en un área de reserva ecológica, que se destinará para  “un campo de entrenamiento militar y hasta para capacitar a policías federales y estatales en materia de seguridad y combate al crimen organizado”. El diputado panista estableció que se trata de “retribuirle al Ejército Mexicano todo el esfuerzo que ha desplegado en la lucha en contra del narcotráfico y del crimen organizado”. Seguramente no coinciden con ello los familiares de personas que han sido torturadas en la 24 zona militar. “El predio Los Lagartos, no será una base ni campamento militar, sino que será un espacio para el entrenamiento militar y para el adiestramiento de cuerpos policíacos en materia de seguridad”, dijeron hace un año, hoy incluso construirán un “Centro de Inteligencia” militar en ese lugar. Así pues, como lo señala la red todos los derechos para toda y todos: “Nos enfrentamos a un contexto sumamente complejo en materia de seguridad en donde las violaciones a los derechos humanos se han agravado. Entendemos a la seguridad en un sentido amplio y colocamos a las personas como los sujetos a quienes toda actividad del Estado debe proteger y respetar. En ese sentido la insistencia del gobierno federal en torno a la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional, que legaliza acciones que desde los derechos humanos, son violatorias del derecho internacional y la dignidad humana. La militarización de la seguridad pública y la presencia del ejército en las calles han incrementado la ola de violencia. La estrategia de combate al crimen organizado ha ocasionado la existencia de miles de víctimas. A este clima de violencia se suman agravios históricos como la desaparición forzada de personas, el feminicidio, la criminalización de movimientos sociales y defensores de derechos humanos”.

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Que no nos roben la esperanza.

Juliana G. Quintanilla y José Martínez Cruz

El feminicidio es un” crimen de bajo nivel en Morelos”, afirmó el Secretario General del Gobierno del Estado, al ser cuestionado por los crimenes cometidos en contra de 7 mujeres en unos cuantos dias, sumándo con ellas 39 en lo que va del año. Es un problema definido como “técnico-operativo-ideológico” por el vocero del gobierno estatal panista que concluye con la afirmación de que “hay que analizar los daños colaterales”. No hay necesidad de realizar alerta alguna sobre el feminicidio según él. La PGJ afirma, por su parte, que resuelve el 77% de los casos de feminicidio.

¿Algún reconocimiento del derecho a la vida de estas mujeres?: “Es lamentable”, dice el funcionario panista que “en Morelos las mujeres mueren de manera natural” y define “natural” como homicidios y accidentes, entre otros.

Estas afirmaciones son las que muestran por qué en Morelos el femincidio es creciente: indolencia oficial, minimización de la vida de las mujeres, negligencia e incapacidad institucional, complicidad y silencio, tergiversación de los hechos, infinita soberbia para comprender el dolor humano, estulticia y sobre todo desprecio por las mujeres. Es lo que significa la violencia institucional en contra de las mujeres, parte fundamental del crimen que significa el feminicidio: quienes asesinan saben que cuentan con la complicidad de quienes justifican sus crimenes.

Las leyes no garantizan por sí mismas la aplicación de justicia, ciertamente, sobre todo cuando el entramado jurídico-político está permeado por una ideología machista y misógina, autoritaria y discriminatoria. Las mujeres mueren en un número creciente a manos de quienes saben que en la mayoría de los casos no habrá ningún “brazo de la ley” que los alcance. Sorprende la afirmación, sin aportar dato alguno, de que 77% de casos de feminicidio sean resueltos por la PGJ, cuando se han documentado casos sin castigo alguno por parte de organizaciones civiles y se han realizado estudios serios por instituciones académicas y legislativas tanto nacional como internacionalmente, que muestran que más del 90% de esta clase de crímenes permanece en la impunidad.

La lucha por la vida de las mujeres implica, decididamente, combatir tanto a los feminicidas, como a quienes no realizan su trabajo para prevenir, investigar y sancionar para que no se sigan presentando estos casos.

La imágen de una joven mujer, asesinada y tirada a un costado de la carretera,  es un signo de esta impunidad que pretende privar de la vida a las mujeres asi como de acabar con lo que significa la posibilidad de una vida digna, libre de violencia, donde el amor, la fraternidad, la igualdad, la no discriminación, sea precisamente la “esperanza” de una sociedad distinta, por la que es necesario seguir luchando.

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Mujeres, Lenguaje y Accidentes de tráfico.

Juliana G. Quintanilla

El lenguaje expresa lo que pensamos y sentimos. No es más que las manifestaciones de las personas. Por lo que el lenguaje por sí solo no es machista. Mucha gente piensa que esto son cosas sin importancia o meras casualidades, que lo único realmente machista son los malos tratos; cuando, en realidad, todo son ramas del mismo tronco. La palabra es muy importante, trasmite nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y emociones. Es la expresión de los estados de ánimo, es el entendimiento y la base de nuestras relaciones. Por lo que es nuestra obligación cuidarla, y no deteriorarla como estamos haciendo. Es entonces cuando la utilización jerárquica de un género sobre el otro, también implica un trato desigual y estereotipa relaciones e intereses. El lenguaje es la herramienta humana más valiosa para la comunicación y transmisión de la cultura. Un tema reciente en El Periódico, donde se recoge un dicho popular señalando a las mujeres equívocamente como agresivas conductoras, nos permite analizar  el uso del lenguaje que descalifica a las mujeres. Al realizar una búsqueda de investigaciones encontré que las “Mujeres causan menos choques que hombres; provocan el 16% de accidentes viales” y que “Las mujeres provocan menos accidentes viales que los hombres”, según peritos de seguridad vial. Si bien en Cuernavaca no hay datos a la mano, en Ciudad Juárez por ejemplo: Solamente el 16 por ciento es para las mujeres, mientras que el resto de las multas se les aplicaron a los hombres. El reporte se hizo en parte de las infracciones que se les hizo a 5 mil 152 conductores por involucrarse en accidentes viales, de los cuales 832 fueron mujeres, es decir, solamente el 16 por ciento del total, mientras que el resto de las multas se les aplicaron a los hombres. Por su tendencia a respetar los señalamientos viales y manejo defensivo, las mujeres conductoras, tienden a ser menos provocantes de accidentes. Por ser mas precavidas las mujeres son menos propensas a sufrir accidentes por motivo de choque. Los conductores hombres son más peligrosos y agresivos que las mujeres, al participar en más del 96 por ciento de los accidentes en rutas, lo que se debe a que ellas son más pacientes y cumplen más las normas de tránsito. Sobre un relevamiento de unos cinco mil accidentes graves en rutas, se determinó que los hombres concentran el 96,8 por ciento, mientras que en el caso de autopistas la participación femenina sólo asciende al 15 por ciento. La cifra, de todos modos, se ve influida por la mayor cantidad conductores masculinos que constituyen las tres cuartas partes del total de automovilistas, además de que los choferes profesionales son casi todos hombres y provocan un tercio de los choques. No obstante, si se calcula la participación femenina en los accidentes de acuerdo a la cantidad de mujeres con licencia de conducir, la tendencia se mantiene: sólo están involucradas en el 28,4 por ciento de los choques, mientras los varones superan el 70 por ciento, lo que los especialistas atribuyen a que son más agresivos al volante. La mujer “es más respetuosa de las reglas y acepta las consignas sin desafiarlas, suele ser paciente” y aunque no tiene una “gran afinidad” por la mecánica y tiene una “menor habilidad” técnica, “le gustan los vehículos” y es más receptiva a los consejos de seguridad vial. Una conclusión al respecto: si se usa adecuadamente el lenguaje y se documenta la realidad se puede comprobar que no siempre los dichos populares son reales, sino muestras de una ideología dominante que lacera los derechos de las mujeres. Podemos, por supuesto, cambiar. Es cuestión de conciencia.

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El Feminicidio ante Tribunal Internacional

Juliana G. Quintanilla

¿Por qué se requiere un Tribunal internacional para juzgar crímenes como el feminicidio en México? Es la pregunta que surge al saber que se instaló el Tribunal Permanente de los Pueblos en la UNAM. Ahí estuvimos para formar parte de estos trabajos, que tienen la misión de juzgar casos relacionados con violencia y acceso a la justicia, feminicidio, abusos contra migrantes, soberanía alimentaria y amenazas genéticas al maíz, medio ambiente y agresiones la clase trabajadora y contra periodistas.

El Tribunal Permanente de los Pueblos, fundado en 1966 para denunciar los crímenes cometidos durante la guerra de Vietnam (bajo el nombre de Tribunal Russell), es un tribunal ético que fue convocado por primera vez por el filósofo británico Bertrand Russell, para juzgar los abusos contra los derechos humanos cometidos durante la guerra de Vietnam, y de él formaron parte el pensador francés Jean-Paul Sartre, el escritor Julio Cortázar, el político inglés Ken Coates, la escritora Simone de Beauvoir, el expresidente mexicano Lázaro Cárdenas, el socialista italiano Lelio Bassoy otros reconocidos intelectuales, teólogos, juristas, humanistas y académicos de 28 naciones.

Luego, en 1974 fue conformado por segunda ocasión para juzgar simbólicamente los abusos cometidos por las distintas dictaduras militares latinoamericanas, particularmente en Brasil, Chile y Argentina y, de entonces a la fecha, ha emitido resoluciones éticas en torno a los abusos a los derechos humanos cometidos en agravio de los indígenas americanos (realizado en Holanda, con la participación del antropólogo mexicano Guillermo Bonfil, en 1980); del pueblo palestino (2010); entre 1989 y 1994 juzgó las políticas del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial; los desastres naturales causados por la industria en Bhopal y Chernobyl; entre 2006 y 2008 sesionó en Colombia para evaluar las afectaciones causadas por corporaciones trasnacionales.

El TTP es un tribunal ético cuyas actividades incluyen la identificación y visibilización de casos de violación sistemática de los derechos fundamentales, especialmente casos en los que la legislación nacional e internacional falla al defender los derechos de los pueblos.

 Al frente del Capítulo México del TTP quedarán intelectuales como  el economista Andrés Barreda, la antropólogaMagda Gómez, el periodista Luis Hernández Navarro, el académico Gilberto López y Rivas y el obispo Raúl Vera.

La instalación del Capítulo México se realizó este viernes, en el Auditorio Alfonso Caso, de Ciudad Universitaria, y estuvo encabezada por el italiano Gianni Tognoni, secretario de la Fundazione Lelio Basso  (bajo cuyo auspicio opera el TTP) así como por el magistrado francés Philippe Texier, juez del Tribunal de los Puebos y expresidente del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU, y el magistrado Franco Ippolito, magistrado de la Corte Suprema de Casación de Italia.

Con este acto donde tocó al obispo Raúl Vera hacer la intervención final da inicio el tribunal en México y durante dos años se realizaran investigaciones, seminarios y talleres bajo los 7 ejes presentados en la instalación del tribunal,relacionados con violencia y acceso a la justicia, feminicidio y violencia de género, abusos contra migración, violencia contra la clase trabajadora, soberanía alimentaria y amenazas genéticas al maíz, devastación al medio ambiente y agresiones contra periodistas.

Cientos de personas asistentes de diferentes organizaciones, nos comprometimos a participar en estos trabajos. Para nosotras, llevar el feminicidio a este tribunal es importante, precisamente por la impunidad, la violencia institucional y la falta de garantías a las mujeres para que tengan acceso a una vida libre de violencia, para que una condena ética de este nivel cuestione al Estado mexicano y se exponga ante el mundo la grave situación que viven y padecen miles de mujeres en nuestro país. Vergüenza y oprobio para los perpetradores, no para las víctimas.

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