Derechos humanos y reclamo social.

Juliana G. Quintanilla y José Martínez Cruz.


Cuando la autoridad no cumple con el más elemental respeto a los derechos humanos no puede reclamar a la ciudadanía su apoyo. Igualmente, desde la sociedad, no se puede avalar a las autoridades sólo porque digan que cumplirán. El gobierno está obligado a respetar los derechos y a garantizarlos a la población. Mientras más antidemocrático es un gobierno, más alejado de la población estará. Por ello, recurrir a instancias internacionales, para denunciar lo que ocurre en nuestro país, implica la posibilidad de obtener condenas para que el gobierno sienta la presión y no quede en la impunidad. Es el caso del feminicidio y la militarización. Durante las últimas semanas el feminicidio en Morelos se ha incrementado. Las autoridades lo niegan. Minimizan. Llegan a ocultar datos. Y sucede que el nivel de violencia feminicida en 2011 es similar a 2010, en la parte más alta de estos ominosos casos ocurridos en más de una década. ¿Se puede exigir un respaldo a la acción de la Procuraduría en estas circunstancias? O ¿Se puede extender un cheque en blanco a la PGJ por parte de organizaciones civiles? Por supuesto que No. No ayuda a clarificar la dimensión del problema. Las familias de las víctimas de feminicidio reclaman con toda claridad la aplicación de justicia y verdad, no les ayuda en mucho sentarse a tomar un café con las autoridades. Así lo han entendido familiares de las mujeres víctimas en Campo algodonero, en Ciudad Juárez. Esta sentencia es emblemática, entre otras razones, porque permitió por primera ocasión que las familias de las víctimas del feminicidio fueran escuchadas por un Tribunal internacional y que el Estado mexicano fuera juzgado por su falta de actuación en la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres. La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció un conjunto de medidas que el Estado mexicano debía realizar en un plazo perentorio. Durante el primer año, el Estado estaba obligado a: reiniciar las investigaciones de la desaparición, tortura y asesinato de las tres jóvenes; investigar a los servidores públicos que provocaron que estos crímenes se mantengan impunes y que amenazaron a las familias; publicar la sentencia íntegra en las páginas de internet de los gobiernos federal y local; realizar una página de internet con la información de todas las mujeres y niñas desaparecidas desde 1993 en el Estado de Chihuahua; crear un Banco Nacional de Información genética a nivel nacional; indemnizar a las familiares; realizar un acto público donde reconozca su responsabilidad internacional y develar un monumento en memoria de Laura Berenice, Esmeralda y Claudia Ivette y todas las demás mujeres y niñas víctimas de homicidio por razones de género en Ciudad Juárez. Durante un plazo razonable (3 años) el Estado debe: Estandarizar los protocolos de investigación de homicidios de mujeres por razones de género, desapariciones y violencia sexual; rediseño del protocolo de búsqueda inmediata de mujeres y niñas, conocido como Protocolo Alba; establecer un programa de capacitación a servidores públicos y un programa de educación dirigido a la población. Es claro que las autoridades simulan cumplir. No merecen el apoyo de las víctimas, sino la condena pública de su doble discurso. Eso mismo ocurre en Morelos. No solo se niegan las autoridades a emitir una alerta de género. Su interés está en otra parte. Dos ejemplos lo ilustran. Uno es el tema de la certificación de las corporaciones policiacas. Tenían el compromiso de cumplir en enero de 2012, luego de simulaciones y puestas en escena entre Calderón y gobernadores, reprograman para 2013, cuando ninguno de ellos estará en el gobierno. Más simulación. El otro ejemplo, sin embargo, es aún más claro. Aun cuando la militarización sólo ha significado el crecimiento de la violencia y el costo humano de la búsqueda del control monopólico del narcotráfico, el presupuesto gubernamental prioriza el gasto en seguridad pública para fortalecer el aparato represivo. La apuesta panista es clara: fortalecer la estrategia militarista, no para garantizar la vida de las mujeres, sino para imponer un autoritarismo ante el proceso electoral de 2012. En este sentido no puede ser otro el objetivo de establecer una base militar en “Los Lagartos”, una extensa zona de más de 250 Hectáreas ubicadas en Jojutla, en un área de reserva ecológica, que se destinará para  “un campo de entrenamiento militar y hasta para capacitar a policías federales y estatales en materia de seguridad y combate al crimen organizado”. El diputado panista estableció que se trata de “retribuirle al Ejército Mexicano todo el esfuerzo que ha desplegado en la lucha en contra del narcotráfico y del crimen organizado”. Seguramente no coinciden con ello los familiares de personas que han sido torturadas en la 24 zona militar. “El predio Los Lagartos, no será una base ni campamento militar, sino que será un espacio para el entrenamiento militar y para el adiestramiento de cuerpos policíacos en materia de seguridad”, dijeron hace un año, hoy incluso construirán un “Centro de Inteligencia” militar en ese lugar. Así pues, como lo señala la red todos los derechos para toda y todos: “Nos enfrentamos a un contexto sumamente complejo en materia de seguridad en donde las violaciones a los derechos humanos se han agravado. Entendemos a la seguridad en un sentido amplio y colocamos a las personas como los sujetos a quienes toda actividad del Estado debe proteger y respetar. En ese sentido la insistencia del gobierno federal en torno a la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional, que legaliza acciones que desde los derechos humanos, son violatorias del derecho internacional y la dignidad humana. La militarización de la seguridad pública y la presencia del ejército en las calles han incrementado la ola de violencia. La estrategia de combate al crimen organizado ha ocasionado la existencia de miles de víctimas. A este clima de violencia se suman agravios históricos como la desaparición forzada de personas, el feminicidio, la criminalización de movimientos sociales y defensores de derechos humanos”.

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