Que no nos roben la esperanza.

Juliana G. Quintanilla y José Martínez Cruz

El feminicidio es un” crimen de bajo nivel en Morelos”, afirmó el Secretario General del Gobierno del Estado, al ser cuestionado por los crimenes cometidos en contra de 7 mujeres en unos cuantos dias, sumándo con ellas 39 en lo que va del año. Es un problema definido como “técnico-operativo-ideológico” por el vocero del gobierno estatal panista que concluye con la afirmación de que “hay que analizar los daños colaterales”. No hay necesidad de realizar alerta alguna sobre el feminicidio según él. La PGJ afirma, por su parte, que resuelve el 77% de los casos de feminicidio.

¿Algún reconocimiento del derecho a la vida de estas mujeres?: “Es lamentable”, dice el funcionario panista que “en Morelos las mujeres mueren de manera natural” y define “natural” como homicidios y accidentes, entre otros.

Estas afirmaciones son las que muestran por qué en Morelos el femincidio es creciente: indolencia oficial, minimización de la vida de las mujeres, negligencia e incapacidad institucional, complicidad y silencio, tergiversación de los hechos, infinita soberbia para comprender el dolor humano, estulticia y sobre todo desprecio por las mujeres. Es lo que significa la violencia institucional en contra de las mujeres, parte fundamental del crimen que significa el feminicidio: quienes asesinan saben que cuentan con la complicidad de quienes justifican sus crimenes.

Las leyes no garantizan por sí mismas la aplicación de justicia, ciertamente, sobre todo cuando el entramado jurídico-político está permeado por una ideología machista y misógina, autoritaria y discriminatoria. Las mujeres mueren en un número creciente a manos de quienes saben que en la mayoría de los casos no habrá ningún “brazo de la ley” que los alcance. Sorprende la afirmación, sin aportar dato alguno, de que 77% de casos de feminicidio sean resueltos por la PGJ, cuando se han documentado casos sin castigo alguno por parte de organizaciones civiles y se han realizado estudios serios por instituciones académicas y legislativas tanto nacional como internacionalmente, que muestran que más del 90% de esta clase de crímenes permanece en la impunidad.

La lucha por la vida de las mujeres implica, decididamente, combatir tanto a los feminicidas, como a quienes no realizan su trabajo para prevenir, investigar y sancionar para que no se sigan presentando estos casos.

La imágen de una joven mujer, asesinada y tirada a un costado de la carretera,  es un signo de esta impunidad que pretende privar de la vida a las mujeres asi como de acabar con lo que significa la posibilidad de una vida digna, libre de violencia, donde el amor, la fraternidad, la igualdad, la no discriminación, sea precisamente la “esperanza” de una sociedad distinta, por la que es necesario seguir luchando.

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