Usos y abusos del poder

José Martínez Cruz

En el contexto de la conmemoración de la independencia se militarizaron plazas y calles. Primero se siembra el terror, luego se asegura que hubo saldo blanco, el círculo se cierra: la estrategia gubernamental de militarización les funcionó.  Unas horas. Después, la cifra de muertes continúa creciendo, como todos los días, con su cauda de dolor y  destrucción del tejido social. La seguridad pública es usada como respuesta a un escenario peligroso, un contexto donde parece que la gente está dispuesta a renunciar a sus derechos, por buscar seguridad; pérdida de derechos en un contexto de violencia ante la incapacidad de respuesta del Estado. Se observan procesos de militarización de la policía; el estado mexicano privilegia la presencia pública militar, contribuyendo a incrementar la espiral de violencia, así el Estado abdica de su responsabilidad de aplicación de justicia, por aplicación de venganza.

En cuanto a la Seguridad, existe confusión en el uso del término, donde se entiende como seguridad del gobierno, no para la sociedad. Debemos debatir sobre el concepto de seguridad democrática, pues el gobierno pretende estar utilizando este concepto en el enfrentamiento a la delincuencia organizada y el narcotráfico, violando derechos humanos fundamentales y garantías humanas básicas. La seguridad es un tema que nos fue importado de los Estados Unidos y tiene por objeto la seguridad del Estado refuncionalizado, a favor de los intereses y poderes fácticos.

El narcotráfico y la delincuencia organizada están interrelacionados –en 21 delitos que han penetrado.  En este sentido, la propuesta para desaparecer las policías municipales y crear policías únicas en cada Estado, desnaturaliza al Federalismo mexicano, cuya estructura principal para combatir el centralismo es el Municipio Libre. Dice la exposición de motivos de la reforma al Artículo 115 Constitucional de 1999: “La índole social y natural del municipio como unidad política, administrativa y territorial, de nuestra vida nacional (…)”. Y sigue: “(…) devolviéndole al municipio la función principal del gobierno directo de la comunidad básica, en virtud de que éste es una comunidad social que posee territorio y capacidad política, jurídica y administrativa (…)” (resaltados nuestros).  Las fracciones II y III del Artículo 115 otorgan a los municipios personalidad jurídica propia, facultades para manejar su patrimonio, expedir los bandos de policía, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas, y para tener bajo su cargo las funciones y servicios públicos en los términos del Artículo 21 Constitucional. Los “servicios públicos” incluyen a la Seguridad Pública, que es además un Derecho Humano. El primer contacto del Estado con los ciudadanos es el Ayuntamiento, y el primer contacto del Ayuntamiento con las comunidades es la policía municipal, cuyos integrantes surgen de la misma. Son los Ayuntamientos los que mejor pueden establecer la comunicación comunitaria y proyectar las acciones sociales, de infraestructura, de producción y de servicios requeridas para la reconstrucción del tejido social.

Por ello, la propuesta de la Policía Única atenta contra el Municipio Libre; es regresiva, pragmática y reactiva; responde a una visión punitiva más que de desarrollo económico, social y comunitario. Reproduce las decisiones erróneas del régimen en el combate al crimen. No va al fondo del conflicto generado por el modelo neoliberal, que es el retiro gradual del Estado de sus responsabilidades para satisfacer los derechos económicos y sociales, dejando esas funciones a un mercado lucrativo y voraz. Al privatizarse estos derechos, los espacios públicos abandonados por el Estado son invadidos por la delincuencia al encontrar en las comunidades en descomposición y en los jóvenes sin futuro, el caldo de cultivo ideal.

La centralización no es un antídoto contra la corrupción policial, que además no es la más letal aunque sí la más visible. El pasar de un régimen policiaco municipal a uno estatal no cambia esencialmente las cosas, porque la corrupción y la impunidad son más graves en los altos niveles de gobierno y en los grandes negocios, aún a costa del erario público.

En este contexto, no es el negocio de la droga el que fomenta a la delincuencia organizada mexicana ya que los grupos criminales transnacionales mexicanos se dedican a 22 tipos de delitos organizados, en donde las drogas es solo uno de ellos. Aún si los países ricos de Europa y de América del Norte no consumiesen drogas exportadas por los grupos criminales mexicanos, la delincuencia organizada continuaría capturando al Estado Mexicano con el fin de continuar asegurándose los mercados ligados a 21 tipos de delitos organizados no ligados a drogas, como por ejemplo contrabando, piratería, pornografía infantil, fraude electrónico, tráfico de armas, trata/tráfico de seres humanos extorsión, secuestros, etc.  Sin embargo,  lo fundamental es  un nuevo pacto social que delinee un nuevo modelo de gobernabilidad política para terminar con el vacío institucional que ha permitido que grupos delincuenciales capturen a la sociedad y al estado de Morelos y del país.

Finalmente, va nuestra invitación para la siguiente sesión del Seminario de Derechos Humanos, con la participación de Rosario Ortiz de la Red Nacional de Sindicalistas y Rosalba Aida Hernández del CIESAS, a las 4 de la tarde del sábado 24 de septiembre a las 4 p.m. en La Comuna, Morrow 6, centro.

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