Archivo mensual: diciembre 2011

Civiles heridos por policías en la balacera del 24 de diciembre.

A pesar de que boletines oficiales de la SSP y el Gobierno del Estado negaron que hubieran “civiles lesionados” en la balacera del 24 de diciembre, la Comisión Independiente de Derechos Humanos obtuvo información confirmada de que dos personas fueron heridas por policías, sin que el gobierno reconozca esta situación, lo que es una verdadera afrenta a la ciudadanía que tiene el derecho a recibir información fidedigna ante situaciones de esta naturaleza. Ningún operativo Conago 3 o Navidad Segura pueden ser eficaces sin la participación de la población!
A continuación transmitimos algunas de las informaciones que recabamos al respecto:

“Reportan dos civiles heridos por la policía en la balacera de anoche 24 de diciembre en Alta Vista, ellos son maestros jubilados, el profesor Eliseo Gaona y la profesora Silvia Saavedra, de 60 años de edad, que él está grave en urgencias del IMSS, al parecer con un balazo en el pulmón. El Gobernador Adame aseguró que “no había civiles heridos”. Los hay. Y el gobierno tiene responsabilidad.  Se que horas despues, en Alta Vista y Sacatierra, hubo balacera y 4 muertos, una mujer policía entre ellos, 7 heridos, un verdadero terror entre miles de personas que estuvieron con la angustia. Se que la inseguridad y la violencia en Cuernavaca crecen, y no fue la excepción este 24 de diciembre! 

“Yo vivo ahí (Alta Vista) y estuvo HORRIBLE!! mi abuelita hasta al piso se tiró por que una calle más arriba se escucharon los balazos impresionantemente fuertes y cercanos, a los pocos segundos se hizo una persecución bastante larga y con muchos disparos en lo que es la Colonia José López Portillo -casi empotrada en Alta Vista, pegadita a Zacatierra- ahí mismo duró como 10 o 15 minutos el enfrentamiento, no sé bien sobre que calles pasaron, pero supe que en Luis G. Urbina, a escasos metros de la primaria Cecilio A. Robelo ubicada cuadras antes de la Margarita Maza, también hubo balazos :(“
“En el Hospital General había personas de comunidades indígenas con bebé enfermo que salieron a comprar medicinas y ya no les permitían ingresar, se escucharon disparos, todo mundo se tiró al suelo, los policías les dijeron que subieran todas las visitas al segundo piso y luego los bajaron al sótano, donde permanecieron hasta las 8 de la mañana siguiente, en medio de la confusión y el temor. Hubo intento de “rescatar” los heridos? No lo sé. Ahí llevaron a la mujer policía herida de bala en la cabeza y desafortunadamente ahí murió, y también el día de hoy como a las 5 pm estaban dos vehículos mlitares emplazados con metralletas en las puertas del Hospital, donde permanecían heridos en tratamiento. Un clima de verdadera zozobra!

“Cuando vi pasar 4 camionetas con policias, 4 patrullas y una ambulancia sobre la calle Lerdo de Tejada (hay una curva, del Centro hacia Alta Vista, como a 3 metros de Zacatierra) un poco después y antes de la 2da balacera (hubo como 4 enfrentamientos) iba una Ruta 8, pobres 😦 les tocó estar casi enmedio.”
El parte informativo de la SSP es que “no hubo bajas civiles”, y lamenta la muerte de la mujer policía, a la vez que dice que fueron tres “delincuentes” los que murieron, uno de ellos, por cierto dicen que es de Amacuzac y “tiene credencial de policía de Guerrero”, así que en ocasiones es necesario precisar información, porque no siempre los “delincuentes” son “civiles”, sino “oficiales” o “ex-oficiales”!

“También dicen que comenzó en el campo de futbol que se encuentra cerca a la base de la Ruta 8, en casa escuchamos la primer balacera, cerca, a los pocos segundos que subieron los elementos que ya comenté se suscitó otro enfrentamiento más que fué el que bajó hacia Zacatierra, lo que no tengo conocimiento es el trayecto que tomaron.
Balazos 1: Mercado, Balazos 2: entre calles Lerdo de Tejada y Otilio Montaño casi esquina con Sor Juana Inés, esa prosiguió hasta Zacatierra con un periodo de mas menos 10 o 15 minutos, Balacera 3: Parque de Beisbol”

De esta manera dimos seguimiento a la información que poco a poco fue circulando el 24 y 25 de diciembre, cuando se realizó esta balacera en Cuernavaca, Morelos.
Ante ello, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos demandamos el esclarecimiento de esta situación y el deslinde de responsabilidades, ya que los civiles heridos, Eliseo Gaona y Silvia Saavedra, son ampliamente reconocidos como profesores jubilados, por lo que sus familiares y conocidos en las colonias Margarita Maza de Juárez y Alta Vista están consternados y realizan guardias en el IMSS para conocer la evolución de su estado de salud.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.
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Muestras de una sistemática violación a los derechos humanos en Morelos durante 2011.

Torturas, detenciones arbitrarias, desapariciones, crisis, pobreza, desempleo, feminicidio, militarización, inseguridad, impunidad: Muestras de una sistemática violación a los derechos humanos en Morelos durante 2011.

Feminicidio.

Los datos son claros: el feminicidio supera en 2011 las muertes violentas de mujeres en Morelos a los años anteriores. Este año mostró un aspecto contradictorio, ya que el avance que significó la tipificación legal del femincidio contrastó con la nula prevención, la negligencia e irresponsabilidad de autoridades, así como la impunidad en la mayoría de los casos de feminicidio, sin que las instituciones como la Instituto de las Mujeres y la Comisión de Derechos Humanos, realicen las labores de observancia, educativas y de campañas amplias y profundas para que se respeten los derechos de las mujeres y a no ser privadas de la vida. Los derechos no se conquistan de una vez y para siempre. Son producto de la lucha cotidiana y de la correlación de fuerzas entre las clases sociales. Una vez que el capitalismo, por ejemplo, lanza una ofensiva para recuperar su tasa de ganancia, los que sufren son los salarios. Así, una vez que las mujeres logran que se establezcan derechos a la libertad de decidir, las fuerzas reaccionarias utilizan todo su poder para imponer nuevamente criterios ideológicos para negar estos derechos o limitarlos de tal manera que no se puedan ejercer.

Cuando las mujeres ganan su derecho al trabajo, los empresarios utilizan la ideología machista para poner en su contra a quienes se sienten desplazados por ellas, agudizando los niveles de violencia y agresión, que llega al extremo del feminicidio. Cuando se registró el 47 feminicidio, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos condenamos el brutal asesinato de Ignacia Lara García indígena de 72 años de edad y exigimos una investigación a fondo de este crimen que ha significado un profundo dolor para familiares y habitantes de la comunidad indígena nahua de Cuentepec. Ni en este ni los siguientes casos ha habido respuesta oficial contundente. Para evitar que permanezca en la impunidad como la mayoría de los casos de feminicidio ocurridos en la entidad, debe haber justicia y castigo a los culpables.

 

Torturas y detenciones arbitrarias.

La tortura por parte de policías y militares se ha generalizado. Se viola el principio fundamental de presunción de inocencia. Se ha establecido como una práctica común de policías federales y militares actuar encapuchados y presentar ante los medios de comunicación a detenidos brutalmente torturados, en instalaciones militares de la 24 zona militar sin que estas personas sean remitidas inmediatamente ante el Ministerio Público. El arraigo se ha generalizado como un mecanismo de fabricación de culpables y no para determinarla responsabilidad de las personas detenidas en la comisión de ilícitos. Esta serie de detenciones arbitrarias han estado incrementándose en el territorio nacional, son arraigados y luego presentados como culpables, eso significa impunidad. Para todos estos casos, tiene que haber justicia; Elsa Rivera Maya, esposa de Manuel Ávila Moyao trabajador del bar Obsesión, explicó que el día en que ocurrieron los hechos de los cuales acusan a su marido, no estuvo en su trabajo, basta ver la bitácora del establecimiento; lo que lo mantiene en prisión son los señalamientos de quién solo recuerda como “El Jabón”. Mientras Josefina Escobar Martínez, madre de José Mario Valencia, y jefe de seguridad de ese lugar, refiere que solo piden una nueva revisión de los expedientes, ellos no pertenecen a la delincuencia aunque trabajaban en ese lugar; queremos que nos escuchen ya no sabemos a dónde acudir. Refieren que desde la detención de sus familiares no hubo orden de aprehensión y hoy luego de ser arraigados están recluidos en el penal de Perote, Veracruz. El gobierno presentó 23 acusados de los 7 asesinatos, solo por el impacto que generó la protesta social, sin embargo, la fabricación de culpables no inhibe que se sigan cometiendo crímenes. La tortura generalizada es una muestra de la ilegalidad con que actúan las autoridades.

Desaparición forzada.

En el caso de jethro Ramssés Sánchez Santana, detenido arbitrariamente y desaparecido el primero de mayo de 2011 en Cuernavaca, mostró la gravedad de la política del PAN-Gobierno para detener y torturar inocentes, culpabilizarlos fabricando culpables y el uso anticonstitucional de las corporaciones policiacas y militares que violan crecientemente derechos humanos bajo el pretexto de un combate que, más que dirigido a erradicar el narcotráfico, es para control del monopolio de este ilícito negocio y para aterrorizar a la población para que acepte ver disminuidas sus libertades democráticas en aras de una tranquilidad que está cada vez más ausente. Así, un joven como muchos más, ha sido víctima de esta desaparición forzada en instalaciones de la 24 zona militar que concluyó con su tortura y ejecución extrajudicial, para ser inhumado clandestinamente hasta su localización dos meses después. Del mismo modo, que todos aquellos que participaron no queden exentos de recibir el mismo castigo, como los elementos de la Policía Municipal de Cuernavaca, Policía Federal Preventiva, y Soldados del 21 Batallón de la24va. Zona Militar del Ejército Federal Mexicano. El caso debe ser investigado por la vía civil y no militar, como ocurre hasta el momento en que permanece ante el Juzgado 5º. Militar. Si bien es cierto hasta el momento este Juzgado Militar ha rechazado enviar el caso a la jurisdicción civil, está en trámite un amparo para que este sea atraído a los juzgados civiles, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó restringir el fuero militar cuando se trata de casos de violaciones a los Derechos Humanos. En este caso están claramente definidos los delitos de lesa humanidad, como son la desaparición forzada de Jethro Ramsés Sánchez Santana, su sometimiento a tortura y posterior ejecución extrajudicial, así como delitos graves como la inhumación clandestina del cadáver, abuso de autoridad, que causan agravio a la víctima y a sus familiares y personas cercanas, así como a toda la sociedad.

Aunado a las desapariciones de decenas de niñas y jóvenes como la de Beatriz Briones Clímaco, joven mujer que fue desaparecida desde el 2010.

 

Defensoras y defensores.

En el último año al menos 11 activistas y defensores de los derechos humanos fueron asesinados en México, cuya lucha estuvo dirigida a exigir a las autoridades federales y locales justicia por los feminicidios, el fin de los abusos en la lucha contra la delincuencia organizada o la localización de desaparecidos, así como proteger los derechos ambientales, indígenas y de las minorías sexuales, permanecen impunes.

Este año, 27 activistas fueron asesinados por grupos delictivos y autoridades entre2005 y 2011. En ese lapso se registraron 523 quejas por agresiones a defensores.

Al menos los casos de  63 activistas y defensores han sido asesinados desde que inició Calderón, dicha cifra varía debido a que  los organismos oficiales no reconocen todos los casos.

Periodistas.

México es por segundo año consecutivo el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, 12 son  los periodistas asesinados en México en 2011  debido a la guerra entre el Ejército y los carteles de la droga. El registro podría incluso ser más elevado si se tienen en cuenta numerosos casos no resueltos de desaparecidos, son 106 periodistas asesinados en 39 países durante este año. En Morelos hubo violaciones a las garantías laborales de los trabajadores del Canal 3,  básicamente maltrato por parte de su director hacia el personal. Los ataques a la libertad de expresión y amenazas a periodistas y a las y los defensores en un ambiente crispado por la violencia e inseguridad, quienes sufren en primer lugar son quienes transmiten la realidad. Esta situación se ha agravado recientemente, lo que añade un elemento de intimidación. La criminalización de los movimientos sociales y las agresiones a las y los defensores de derechos humanos se ha vuelto un ejercicio criminal que ha quedado impune en la mayoría de los casos. De igual modo, diversas autoridades bloquean, limitan, obstaculizan la labor de defensa de los mismos y llevan a cabo campañas de desprestigio. Hemos documentado una docena de casos de agresiones a periodistas en Morelos en las distintas regiones, por lo que urge un mecanismo de protección con la participación del propio gremio.

Jóvenes y ejecuciones extrajudiciales

El grado de sadismo y violencia se ha incrementado en Morelos desde dos años atrás, lo que muestra la barbarie propiciada por la espiral de violencia delincuencial e institucional. El caso de menores sicarios no se elimina con medidas policiacas, se corre el riesgo de que se incrementen los casos. El caso más reciente lo demuestra: Los miembros y cráneos de dos jóvenes no mayores de 20 años de edad, fueron abandonados la madrugada de este lunes en las calles principales del poblado de Temixco, donde sus homicidas también dejaron mensajes de advertencia contra sus rivales que fueron escritos en cartulinas o en la piel de los occisos, se trató de dos jóvenes desmembrados, cuyas muertes en la entidad está por superar las 500 personas, sólo en 2011.

Desde que se militarizaron plazas y calles, se siembra el terror, la estrategia gubernamental de militarización fracasó, la cifra de muertes continúa creciendo, como todos los días, con su cauda de dolor y  destrucción del tejido social. La seguridad pública es usada como respuesta a un escenario peligroso, un contexto donde parece que la gente está dispuesta a renunciar a sus derechos, por buscar seguridad; pérdida de derechos en un contexto de violencia ante la incapacidad de respuesta del Estado. Se observan procesos de militarización de la policía; el estado mexicano privilegia la presencia pública militar, contribuyendo a incrementar la espiral de violencia, así el Estado abdica de su responsabilidad de aplicación de justicia, por aplicación de venganza.

En cuanto a la Seguridad, existe confusión en e luso del término, donde se entiende como seguridad del gobierno, no para la sociedad.

El narcotráfico y la delincuencia organizada están interrelacionados –en 21 delitos que han penetrado.  En este sentido, la propuesta para desaparecer las policías municipales y crear policías únicas encada Estado, desnaturaliza al Federalismo mexicano, cuya estructura principal para combatir el centralismo es el Municipio Libre.  Por ello, la propuesta de la Policía Única atenta contra el Municipio Libre; es regresiva, pragmática y reactiva; responde a una visión punitiva más que de desarrollo económico, social y comunitario. Reproduce las decisiones erróneas del régimen en el combate al crimen. No va al fondo del conflicto generado por el modelo neoliberal, que es el retiro gradual del Estado de sus responsabilidades para satisfacer los derechos económicos y sociales, dejando esas funciones a un mercado lucrativo y voraz. Al privatizarse estos derechos, los espacios públicos abandonados por el Estado son invadidos por la delincuencia al encontrar en las comunidades en descomposición y en los jóvenes sin futuro, el caldo de cultivo ideal. El pasar de un régimen policiaco municipal a uno estatal no cambia esencialmente las cosas, porque la corrupción y la impunidad son más graves en los altos niveles de gobierno y en los grandes negocios, aún a costa del erario público.

En este contexto, no es el negocio de la droga el que fomenta a la delincuencia organizada mexicana ya que los grupos criminales transnacionales mexicanos se dedican a 22 tipos de delitos organizados, no ligados a drogas, como por ejemplo contrabando, piratería, pornografía infantil, fraude electrónico, tráfico de armas, trata/tráfico de seres humanos extorsión, secuestros.  Sin embargo,  lo fundamental es  un nuevo pacto social que delinee un nuevo modelo de gobernabilidad política para terminar con el vacío institucional que ha permitido que grupos delincuenciales capturen a la sociedad y al estado de Morelos y del país.

A cinco años de gobierno de Calderón y a uno de que concluya, niños, mujeres, estudiantes, activistas sociales, empresarios, periodistas, adolescentes y otros mexicanos han perdido la vida. En diciembre 2006, se registró 62 muertes relacionadas con el crimen organizado, en 2007: 2 mil 826, en 2008, 6 mil 837, en 2009, 11 mil 753., en 2010, 19 mil 546 y en 2011, del 1 de enero al 31 de octubre, llegó a 19 mil 396. El Estado no garantiza el derecho a la vida y la seguridad de la población, por lo que la impunidad crece. Más de 62 mil personas en cinco años han perdido la vida violentamente.

Indígenas

Decenas de miles de mujeres padecen pobreza cotidiana en la misma entidad. Son dos aspectos de una cruda realidad que deberían motivar no sólo rechazo, sino indignación y una lucha por transformar de raíz un sistema explotador, opresivo y violento. A la injusticia social se agrega la violencia de género y se tiene un cuadro de horror cotidiano que tiene ejemplos de crudeza en casos como el de las abuelas asesinadas en San Antón o las jóvenes mutiladas encontradas en campos de cultivo en Santa Catarina. El hambre cotidiana que padecen las familias obligadas a migrar, es menos visible, pero igualmente devastador para la sensibilidad humana.

Las estadísticas oficiales lo único que hacen es confirmar que este gobierno sirve únicamente a intereses de unos cuantos. El incremento de la miseria en México es el caldo de cultivo para que las mujeres sufran más violencia de género, tengan menor conocimiento de sus derechos y  un escaso acceso a la justicia.

Los bajos ingresos para adquirir la canasta alimentaria y solventar los gastos en salud, vestido, vivienda, transporte y educación son un detonante para la violencia contra las mexicanas. Ocho de cada 10 de las y los mexicanos viven en pobreza o tienen algún tipo de carencia social. En México hay 112 millones 336 mil 538 habitantes, el 51.1 por ciento está integrado por mujeres (57 millones 481 mil 307). A partir de que más de la mitad de la población es femenina se infiere que la pobreza afecta más a las mujeres.

Entre2006 y 2008, el porcentaje de personas en condición de pobreza alimentaria pasó de 13.8 a 18.2 por ciento, mientras que el de pobreza patrimonial se incrementó de 42.6 a 47.4 por ciento.

El 60 por ciento de los ingresos de los hogares son los salarios pero el poder adquisitivo de éstos es muy limitado, lo que se traduce en mayor carencia social. La pobreza es una condición que impacta de manera negativa todas las condiciones de vida de las mujeres y las afecta en el ejercicio de sus derechos humanos. La pobreza las hace más vulnerables ante la violencia de género y la falta de acceso a la justicia. Las mujeres pobres son más susceptibles a sufrir abusos de todo tipo, ya que no cuentan con los recursos, herramientas e información para ejercer sus derechos. Cuando se juntan pobreza y violencia se daña severamente los derechos de las mujeres.

Aborto

En Morelos se han realizado importantes investigaciones para documentar el subregistro de muertes violentas relacionadas con el embarazo y la importancia de considerar, dentro de la definición de mortalidad materna, aquellas muertes producidas  por causas relacionadas con violencia. Se encontraron 51 muertes violentas. Es decir, se encontró que el evento reproductivo fue el factor que desencadenó el homicidio o suicidio de cuatro mujeres. Proteger la vida de las mujeres, requiere una visión integral, que respete el derecho a decidir. La maternidad libre y voluntaria es un derecho, no una obligación ni mucho menos una imposición moral o religiosa. En el periodo 2008-2010 fueron aprobadas 17 reformas constitucionales locales que limitan o impiden el ejercicio de uno de nuestros derechos fundamentales: el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas; criminalizando a las mujeres por practicarse un aborto, incluso cuando se trata de una violación. El camino seguido por estas reformas ha llegado al encarcelamiento de mujeres, no sólo de aquellas que libremente ejercen su derecho a decidir, sino también a mujeres que sufren abortos espontáneos (involuntarios) como lo hemos constatado en varias entidades del país.

Derechos laborales.

Las reformas en materia laboral que el Congreso de la Unión tiene en su agenda retrocede el derecho de acceso a la administración e impartición de justicia al ampliar las etapas del proceso laboral, con la intención de dilatar los juicios laborales. La iniciativa representa  un atentado directo al carácter tutelar de la ley, donde los derechos de las y los trabajadores son vulnerados. La razón principal de dicha iniciativa es privilegiar  la productividad. La iniciativa propone establecer un salario proporcional por el tiempo laborado por lo que un trabajador o trabajadora a la que se contrate por horas no podrá obtener una remuneración equitativa que garantice salario suficiente. En Morelos resisten los trabajadores del SME exigiendo su derecho al trabajo y son miles personas sobreviven en el empleo informal, sin prestaciones ni estabilidad en el empleo, lo que implica de facto lo aplicación de una reforma laboral que aún no se aprueba. Se debe tener en cuenta que los derechos laborales son derechos humanos.

Durante 2011 se han violado sistemáticamente los derechos humanos en Morelos, teniendo graves repercusiones en distintos sectores de la sociedad, que ha expresado su inconformidad de múltiples formas. Podemos destacar, sin duda alguna, que esta respuesta organizada es lo que ha impedido que la situación fuese aún más grave. Por ello, de frente a 2012, un año marcado por una crisis multidimensional, se debe pugnar porque se respete plenamente los derechos políticos para que el pueblo decida.

Diciembre de 2011.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

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Mujeres en 2011 pierden derechos.

Alejandra Domingo Portillo y Juliana G. Quintanilla.

Los derechos no se conquistan de una vez y para siempre. Son producto de la lucha cotidiana y de la correlación de fuerzas entre las clases sociales. Una vez que el capitalismo, por ejemplo, lanza una ofensiva para recuperar su tasa de ganancia, los que sufren son los salarios. Así, una vez que las mujeres logran que se establezcan derechos a la libertad de decidir, las fuerzas reaccionarias utilizan todo su poder para imponer nuevamente criterios ideológicos para negar estos derechos o limitarlos de tal manera que no se puedan ejercer. Cuando las mujeres ganan su derecho al trabajo, los empresarios utilizan la ideología machista para poner en su contra a quienes se sienten desplazados por ellas, agudizando los niveles de violencia y agresión, que llega al extremo del feminicidio. De ahí que nos llame la atención el Informe que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publica sobre “El trabajo, la educación y los recursos de las mujeres: la ruta hacia la igualdad en la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales.”

En un amplio documento publicado en www.cidh.ors.org la CIDH ha observado en el pasado que en materia de derechos económicos, sociales y culturales, la discriminación contra las mujeres se sigue reflejando en el mercado de trabajo, su acceso limitado a la seguridad social, las altas tasas de analfabetismo de mujeres y niñas en comparación con los hombres, la grave situación de pobreza y exclusión social que las afecta, y las reducidas oportunidades de participación existentes para mujeres indígenas y afrodescendientes, entre otros temas.

El informe parte de la premisa de que la discriminación contra las mujeres en la región aún se encuentra engranada en desigualdades e inequidades estructurales entre hombres y mujeres. Estos problemas imperan de forma persistente en todos los sectores sociales, incluyendo los ámbitos de la economía, la educación, el trabajo, la salud, la justicia, y la toma de decisiones. En muchas partes de la región, las mujeres tienen menores posibilidades que los hombres de satisfacer necesidades básicas, tales como la alimentación, el acceso a vivienda, y a servicios de salud especializados, siguen particularmente expuestas a formas de violencia física y sexual, y tienen opciones limitadas de obtener un trabajo decente y de incidir en la agenda pública de sus países. La pobreza afecta de forma particular a las mujeres, en todas sus manifestaciones, y  su acceso desigual e inequitativo a los recursos económicos continúa siendo un obstáculo para la promoción y protección de todos sus derechos humanos.

Tres ámbitos en particular en donde se manifiestan formas de discriminación contra las mujeres en el ejercicio de sus derechos económicos, sociales y culturales; el trabajo, la educación y esferas relacionadas a su acceso y control de recursos económicos. La garantía de estos derechos tiene un efecto multiplicador en el ejercicio de todos los derechos de las mujeres. Una primera aproximación al problema de la discriminación, desde el punto de vista de estos tres ámbitos, puede abrir la puerta para un análisis más integral y abarcador por parte del sistema interamericano, de los factores que aún obstaculizan el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres.

A pesar de los avances registrados en los países en cuanto al acceso a la educación de la población en general, las cifras invisibilizan la realidad de algunos sectores de niñas y mujeres que se encuentran en situación de particular riesgo a violaciones de sus derechos humanos, como las niñas y mujeres en situación de pobreza, las que habitan en zonas rurales, las indígenas y las afrodescendientes.

El Estado mexicano ha señalado que las condiciones de aislamiento y marginación de amplios sectores, especialmente críticas en las localidades más pequeñas, han dificultado que los programas de educación lleguen a una mayor proporción de población. En las localidades menores a 2500 habitantes las tasas de analfabetismo son extremadamente elevadas y las brechas por sexo son más amplias comparadas con el contexto nacional. Las niñas y mujeres en situación de pobreza, que habitan en zonas rurales, las indígenas y las afrodescendientes enfrentan barreras particulares en cuanto a la accesibilidad y permanencia en la escuela. En Morelos esta situación afecta sobre todo a comunidades indígenas como Cuentepec, Xoxocotla, Tetelcingo y Hueyapan.

Si bien es cierto, las recomendaciones contenidas en el informe se relacionan con el diseño de intervenciones y medidas estatales destinadas a garantizar el ejercicio de las mujeres de su derecho al trabajo, a la educación y a su acceso y control de recursos económicos en condiciones de igualdad y libre de toda forma de discriminación, existe una realidad que nos muestra que durante 2011 las mujeres en América Latina estamos ante una ofensiva que debe ser frenada para que se respeten derechos que están establecidos en estos instrumentos internacionales.

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TRIBUNAL DE JUSTICIA Y CONCIENCIA

 

Juliana G. Quintanilla

En días pasados platicando con  mujeres feministas de Morelos hacíamos algunas reflexiones sobre el qué hacer y cómo actuar ante la impunidad. Coincidimos que hay muchos agravios que sólo la distancia entre los que mandan y el pueblo puede nublar, desaparecer, no importar, darles lo mismo. En México se ha perdido el sentido humano y de la vida, que ello es algo que reta, que entristece, pero que fortalece el espíritu para no desviarse de la exigencia de justicia, que si bien sigue lejos de las defensoras y activistas, es tan importante para conocer el rostro y el dolor, así como los números estadísticos, el resumen, el análisis global de lo que pasa.

Tal vez la movilización no sea inútil, ojalá que realmente se organice la ciudadanía para reconstruir el tejido social, para hacerse cargo de lo que a cada quien toca en esta devastada nación, empobrecida, doliente, a la que le hace falta la dignidad, tanto como el empleo y las oportunidades. Pero también le hace falta un verdadero valor, como el de los hombres y mujeres que son protagonistas de los cambios y empeñan en esos cambios sus propias vidas, no su puesto o su aspiración de poder temporal y estrictamente personal.  A un año del feminicidio de Marisela Escobedo, diversas  organizaciones sociales de todo el país organizamos un Tribunal de Conciencia  en la ciudad de Chihuahua, lugar donde cayó ultimada la luchadora de los derechos humanos, en la acera de la puerta del Palacio de Gobierno.

El Tribunal de Conciencia es un instrumento de lucha construido en América Latina por los movimientos de mujeres. Es  un tribunal ético, no de derecho. Sus objetivos son   éticos, educativos, de denuncia pública. Pretende  abrir un espacio de denuncia pública del feminicidio y de todas las formas de violencia en contra de las mujeres; mantener viva la memoria de Marisela Escobedo, de su hija Rubí Frayre, de las luchadoras de los derechos humanos y de todas las mujeres asesinadas. El tribunal busca alimentar el simbolismo y la mística de la lucha por la justicia y contra la impunidad. Como se trata de un tribunal de conciencia, no hay ningún citatorio a las autoridades, sus decisiones no son vinculatorias, son nada más, pero nada menos, recomendaciones de un alto contenido ético.

Diversas organizaciones, entre ellas la  Comisión Independiente   de Derechos Humanos de Morelos, presentamos las denuncias por toda la serie de irregularidades y violaciones a la ley, a los derechos  humanos y a la ética desde que se dio la desaparición de Rubí, la hija de Marisela, hasta las amenazas a su  familia luego de su asesinato. Frente al Consulado Mexicano en El Paso, Texas, se manifestaron los hijos de Marisela Escobedo, refugiados en aquella ciudad, aunque todavía no  reconocidos oficialmente como tales, exigiendo se les otorgue el asilo político y se les conceda una entrevista con el Fiscal General de Chihuahua en el Consulado Mexicano, de esa ciudad, para que les informe del resultado de las investigaciones.

Crear conciencia de los riesgos es una forma de prevenir que no se repitan estos agravios. Ese es el desafío en este diciembre que aún está lejos de terminar.

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Condenamos asesinato de 2 estudiantes de Ayotzinapa


 ASESINADOS COBARDEMENTE DOS JÓVENES ESTUDIANTES DE

LA NORMAL DE AYOTZINAPA, GUERRERO.

¡JUSTICIA PARA JORGE ALEXIS HERRERA Y GABRIEL ECHEVERRÍA DE JESÚS!

¡CASTIGO A LOS RESPONSABLES!

Organizaciones de derechos humanos, sindicales y sociales del estado de Morelos, condenamos la ejecución extrajudicial de normalistas en Chilpancingo, Guerrero, así como el uso desmedido de la fuerza.  Condenamos las ejecuciones extrajudiciales de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.  Llamamos al Estado mexicano a realizar una investigación inmediata, expedita e imparcial.  Exigimos cese de la criminalización de la protesta social.

El día 12 de diciembre de 2011, a las 12 hrs, aproximadamente 300 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, Guerrero tomaron la salida de la carretera Chilpancingo-Acapulco a la altura del  Hotel Parador del Marqués, donde confluyen la carretera federal México-Acapulco y la Autopista del Sol, para exigir  al Gobierno del Estado de Guerrero el cumplimiento a sus peticiones en materia de educación.

A las 12:30 se presentaron elementos de la Policía Federal y Policía de la Fuerzas Especiales, los cuales abrieron fuego en contra de los estudiantes, iniciando una persecución, golpeando y deteniendo a varios de ellos.  A las 12:50 un estudiante de Ayotzinapa confirmaba la muerte de dos estudiantes, uno de ellos  de nombre Jorge Alexis Herrera Pino, originario de Atoyac, Gabriel Echeverría de Jesús, varios heridos y 26 detenidos.  Persiste el riesgo de que los estudiantes de Ayotzinapa sean detenidos y criminalizados por ejercer su derecho a protestar.

Cabe resaltar que la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, se ha destacado por mantener un compromiso histórico con la educación de los más desposeídos del estado de Guerrero, principalmente de las y los alumnos indígenas, caracterizándose en años recientes por su capacidad de generar una propuesta renovadora de la educación rural en la entidad. Más recientemente, en semanas pasadas, habían iniciado una nueva movilización para abrir canales de diálogo con el gobierno estatal, lo que lamentablemente no ocurrió, detonando en estos hechos.

En este sentido, las acciones de brutalidad policiaca y uso irracional de la fuerza pública en contra de jóvenes manifestantes de una normal rural dedicada a poner la educación al alcance de los más marginados, constituye un acto inadmisible en un contexto democrático, y echa por tierra el compromiso de los gobiernos estatal y federal de atender los conflictos sociales en sus causas más estructurales evitando el uso de la fuerza pública.

El uso excesivo de la fuerza pública de manera arbitraria, es un acto a todas luces reprobable, y del cual debe haber sanción a los responsables. Hasta este momento, se desconoce el paradero de 40 normalistas, 3 estudiantes se encuentran heridos y 26 más detenidos

Por lo anteriormente expuesto, las organizaciones abajo firmantes demandamos:

1.- La distensión inmediata de la situación imperante respecto de los normalistas de Ayotzinapa en Chilpancingo, mediante la apertura de canales de diálogo y el cese de la persecución policial, dejando de lado los intentos de criminalizar a las y los estudiantes.

2.- La investigación expedita, imparcial y efectiva de la violencia policial que culminó con la ejecución extrajudicial de dos normalistas.

3.- El pleno respeto al derecho a protestar de los normalistas de Ayotzinapa, de la sociedad guerrense y mexicana en su conjunto.

4.- Ante uso excesivo de la fuerza pública, ONG exigimos la destitución del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero.

5. –  Imprescindible hacer una investigación imparcial, expedita y efectiva de la violencia policiaca.

6.- Exigimos sanción a los responsables y condenamos el asesinato de los normalistas Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.

7.-  Exigimos la destitución del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, Ramón Almonte Borja, con lo cual se pueda garantizar una investigación exhaustiva y efectiva de la agresión que sufrieron los estudiantes.

Cuernavaca, Morelos, 13 de diciembre de 2011.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C., integrante de la Red Todos los Derechos para Todas y todos (75 organizaciones), Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética los Derechos de los Trabajadores y las Garantías Constitucionales.

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Denuncian madres de detenidos intereses políticos en proceso penal

Cuernavaca
Endebles acusaciones en la muerte de Sicilia
*Denuncian madres de detenidos intereses políticos en proceso penal
El Sol de Cuernavaca
10 de diciembre de 2011

Israel Mariano Ramírez

Cuernavaca, Morelos.- Familiares de los detenidos por el “caso Sicilia” plantearon que hasta el momento los señalamientos en su contra han sido muy endebles; madres y esposas de estos inculpados dijeron que han solicitado un proceso adecuado a sus familiares, y les han negado recursos porque consideran que el asunto se ha politizado; apoyados por organismos de derechos humanos, urgieron al desahogo transparente del proceso. 

Elsa Rivera Maya, esposa de Manuel Ávila Moyao trabajador del bar Obsesión, explicó que el día en que ocurrieron los hechos de los cuales acusan a su marido, no estuvo en su trabajo, basta ver la bitácora del establecimiento; lo que lo mantiene en prisión son los señalamientos de quién solo recuerda como “El Jabón”. Mientras Josefina Escobar Martínez, madre de José Mario Valencia, y jefe de seguridad de ese lugar, refiere que solo piden una nueva revisión de los expedientes, “ellos no pertenecen a la delincuencia aunque trabajaban en ese lugar; queremos que nos escuchen ya no sabemos a dónde acudir”. Refieren que desde la detención de sus familiares no hubo orden de aprehensión y hoy luego de ser arraigados están recluidos en el penal de Perote, Veracruz.

Por su parte, el vocero de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, José Martínez Cruz, manifestó que esta serie de detenciones arbitrarias han estado incrementándose en el territorio nacional, “son arraigados y luego presentados como culpables, eso significa impunidad. Para todos estos casos, tiene que haber justicia”; aunado a las desapariciones como la de Beatriz Briones Clímaco, joven mujer que fue desaparecida desde el 2010.

Caso Jehtro

Del mismo modo, Martínez Cruz, acompañado por familiares de Jethro Ramsés Sánchez Santana, dieron inicio a una solicitud ante el grupo de trabajo de Desapariciones Forzadas de la ONU con sede en Suiza para que recomiende al Estado Mexicano, para que el enjuiciamiento de los culpables militares sea ante la autoridad civil.

Del mismo modo, que todos aquellos que participaron no queden exentos de recibir el mismo castigo, como los elementos de la Policía Municipal de Cuernavaca, Policía Federal Preventiva, y Soldados del 21 Batallón de la 24va. Zona Militar del Ejército Federal Mexicano.

“El caso debe ser investigado por la vía civil y no militar, como ocurre hasta el momento en que permanece ante el Juzgado 5º. Militar. Si bien es cierto hasta el momento este Juzgado Militar ha rechazado enviar el caso a la jurisdicción civil, está en trámite un amparo para que este sea atraído a los juzgados civiles, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó restringir el fuero militar cuando se trata de casos de violaciones a los Derechos Humanos”.

Martínez Cruz, puntualizó, que en este caso están claramente definidos los delitos de lesa humanidad, como son la desaparición forzada de Jethro Ramsés Sánchez Santana, su sometimiento a tortura y posterior ejecución extrajudicial, así como delitos graves como la inhumación clandestina del cadáver, abuso de autoridad, que causan agravio a la víctima y a sus familiares y personas cercanas, así como a toda la sociedad.

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José Ramón y Jethro desaparecidos: víctimas del sistema.

Marco Aurelio Palma y Roberto Mendoza Delgado

De José Ramón a Jethro Ramsses hay una historia de desapariciones que lacera la dignidad humana. El próximo 16 de diciembre se cumplirán 23 años de la desaparición de José Ramón García Gómez en Cuautla. Hasta la fecha no hay esclarecimiento total del caso, aún cuando se encuentran presos tres policías, acusados de su desaparición forzada durante los gobiernos priistas de Salinas de Gortari y de Antonio Rivapalacio. En el caso de Jethro Ramssés hay tres militares detenidos acusados de su tortura y asesinato pero sin ser tipificado como desaparición forzada y ejecución extrajudicial, lo que significa la posibilidad de que puedan ser beneficiados por leyes que garantizan impunidad.

Ambos casos tienen un significado relevante para la sociedad morelense. Similitudes y diferencias entre ellos nos permiten analizar las implicaciones que tienen ambos casos para hacer conciencia de la gravedad de lo que significan las desapariciones forzadas de personas en nuestro estado de Morelos en el contexto nacional de crecimiento de la violencia criminal e institucional que termina afectando al conjunto de las relaciones sociales y políticas, dañando la dignidad humana, piedra angular de los derechos humanos.

Cuando desaparecieron a José Ramón García Gómez en 1988 se iniciaba el terrible sexenio de Salinas de Gortari que significó más de 600 asesinatos de activistas de oposición. Fue necesario realizar una marcha por la vida a Gobernación, huelgas de hambre, mítines y foros internacionales, intervención de Amnistía Internacional y la creación de una Fiscalía Especial, para enjuiciar a los responsables directos pero no así a los que ordenaron la creación de una policía represiva y una política violatoria a los derechos humanos, mismos que siguen impunes. El PRI-Gobierno manchado de sangre.

En el caso de jethro Ramssés Sánchez Santana, detenido arbitrariamente y desaparecido el primero de mayo de 2011 en Cuernavaca, tuvo un origen diferente pero en el fondo similar, ya que mostró la gravedad de la política del PAN-Gobierno para detener y torturar inocentes, culpabilizarlos fabricando culpables y el uso anticonstitucional de las corporaciones policiacas y militares que violan crecientemente derechos humanos bajo el pretexto de un combate que, más que dirigido a erradicar el narcotráfico, es para control del monopolio de este ilícito negocio y para aterrorizar a la población para que acepte ver disminuidas sus libertades democráticas en aras de una tranquilidad que está cada vez más ausente. Así, un joven como muchos más, que no participan activamente en política, ha sido víctima de esta desaparición forzada en instalaciones de la 24 zona militar que concluyó con su tortura y ejecución extrajudicial, para ser inhumado clandestinamente hasta su localización dos meses después.

En ambos casos se encuentra una política criminal de Estado que tiene repercusiones graves entre la población. No puede haber justicia en ambos casos si no se establece plenamente la verdad de lo ocurrido. José Ramón no era terrorista como lo presentaron los informes policiacos, Jethro Ramsses no era integrante de un cártel delictivo, como quisieron justificar los policías que lo detuvieron y torturaron.

Por eso, ambos casos fueron llevados al ámbito internacional. Más de 10 mil cartas llegaron de Amnistía Internacional de todo el mundo exigiendo presentación con vida de José Ramón. El caso Jethro ha sido presentado ante el grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza, y se ha mantenido contacto con la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en México al respecto.

Jethro fue localizado en una tumba clandestina, su cuerpo enterrado por sus familiares, quienes viven el proceso de duelo. De José Ramón nunca se ha localizado, ni vivo ni muerto, sus familiares emigraron o han muerto, sin despejar una duda lacerante sobre lo ocurrido con él. Ambos, dramas ocasionados por políticas de Estado, sin resolverse plenamente.

Ante los miles de desaparecidos en México durante la absurda guerra de Calderón, estos ejemplos muestran que es necesario seguir exigiendo el respeto pleno a la vida y la libertad, entendiendo el binomio verdad-justicia como parte sustancial de la lucha contra la desaparición forzada en nuestro país.

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