Desaparición Forzada de Jethro Ramsés Sánchez Santana a la ONU

Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Comisión de Derechos Humanos,  Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, CH-1211 Ginebra 10, Suiza,  Fax: (+41-22) 917 90 06 , E-mail: wgeid@ohchr.org

Nos dirigimos a ustedes para solicitar su intervención en el caso de Jethro Ramses.

Desaparición Forzada de Jethro Ramsés Sánchez Santana.

Autoridades involucradas en su desaparición: Policía Municipal de Cuernavaca, Policía Federal Preventiva, Soldados del 21 Batallón de la 24 Zona Militar del Ejército Federal Mexicano.

Lugar y fecha de la desaparición:

Fue detenido arbitrariamente por parte de elementos de la Policía Municipal de Cuernavaca el 1º. de Mayo de 2011 en las instalaciones de la Feria de Cuernavaca ubicadas en Acapantzingo. Posteriormente fue trasladado a las instalaciones de la 24ª. Zona Militar, torturado y desaparecido al no ser presentado ante las autoridades ministeriales.

Breve reseña de la detención, desaparición, tortura, homicidio y desaparición del cuerpo de Jethro Ramsés.

Fue víctima de homicidio calificado al existir todas las agravantes por parte de los militares José Guadalupe Orizaga y Guerra y Edwin Raziel Aguilar Guerrero, quienes se encuentran detenidos en el campo Militar Número Uno y el oficial José Guadalupe Arias Agredano, quien se encuentra prófugo, así como un soldado de nombre Rafael  Albañil Farías que igualmente se encuentra prófugo al igual que el Teniente de Infantería Legorreta, además del General Leopoldo Pérez Díaz, Comandante de la 24 Zona Militar, quien no está sujeto a proceso aún.

Se desapareció el cuerpo de Jethro por órdenes del Comandante Arias Agredano y se localizó el cadáver el 8 de mayo por parte de la PGJ de Puebla sin identificarlo y la familia fue notificada del hallazgo el 7 u 8 de julio e identificado plenamente con la prueba de ADN el 10 de agosto de 2011.

El policía Manrique González Acosta, Sub Director de Fuerzas Especiales de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano, bajo las órdenes del Comandante Juan Bosco, Director de la Policía Preventiva del Ayuntamiento de Cuernavaca, fue quien procedió a la detención arbitraria de Jethro. Fue llamado a declarar en calidad de testigo, no de indiciado por abuso de autoridad y co-participación en la desaparición forzada.

Eric Sandoval Flores, policía Tercero de la Policía Federal Preventiva, recibió ilegalmente a los detenidos Jethro Ramsés y Horacio Cervantes Demesa de parte de los policías municipales y los entregó sin el protocolo correspondiente a los militares, rompiendo la cadena de custodia y propiciando el delito de desaparición forzada, por lo que hasta el momento no se le ha considerado indiciado y sólo fue llamado a comparecer como testigo.

Medidas tomadas por los familiares para encontrar el cuerpo y para hacer justicia.

Si bien el cuerpo de Jethro Ramsés fue localizado sin vida y con ello concluye la desaparición forzada, la investigación del caso, el esclarecimiento de la verdad y la aplicación de justicia, la reparación del daño y las garantías que el estado deben aplicar para evitar la repetibilidad del hecho violatorio a los derechos humanos deben ser acordes con lo establecido en los mecanismos internacionales y en la jurisprudencia del derecho humanitario para sancionar a los responsables.

El caso debe ser investigado por la vía civil y no militar, como ocurre hasta el momento en que permanece ante el Juzgado 5º. Militar. Si bien es cierto hasta el momento este Juzgado Militar ha rechazado enviar el caso a la jurisdicción civil, está en trámite un amparo para que este sea atraído a los juzgados civiles, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó restringir el fuero militar cuando se trata de casos de violaciones a los Derechos Humanos. “Los jueces del Estado mexicano deben replicar, en casos futuros, el criterio de restricción del fuero militar, en cumplimiento de la sentencia del caso Radilla y en aplicación del artículo primero constitucional”, dice la resolución de la SCJN. La sentencia a la que se refiere el texto es a la del caso de Rosendo Radilla, emitida en agosto de 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, contra el Estado mexicano, en la que condena la desaparición forzada de este activista ocurrida en 1974. Ahora los jueces deberán aplicar el criterio fijado por el tribunal internacional en el que se establece que “frente a situaciones que vulneren derechos humanos de los civiles bajo ninguna circunstancia puede operar la jurisdicción militar”. La SCJN también facultó a los tribunales mexicanos para verificar que las leyes internas sean acordes a la Constitución y a los tratados internacionales en la materia. Los ministros también reasumirán su competencia original por la que pueden resolver casos en los que se presente un conflicto sobre la competencia entre tribunales del Ejército y federales o del fuero común.

a).- El fuero militar…

El artículo 13 de la Constitución Mexicana señala en su parte final que “Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda.” Esto indica que son los tribunales civiles los encargados de juzgar y aplicar la ley en contra de fuerzas militares en casos de víctimas civiles. En nuestro sistema jurídico prevalece la Carta Magna a pesar de que el artículo 57 del Código de Justicia Militar y define como responsables de juzgar los delitos de militares a los mismos juzgados castrenses incluso si en esos casos hubiera víctimas civiles. Sin embargo, existe en los hechos se reconoce el fuero militar. Y eso impide que las autoridades civiles puedan conocer los casos en donde se involucren   militares, lo que ha generado toda una lucha en contra de la inercia de este ejercicio de poder de facto marcial. Todo eso a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos haya señalado en varias sentencias una y otra vez la incompatibilidad de esa legislación con el derecho internacional.

El 12 de julio de 2011, la Suprema Corte de Justicia de la Nación juzgó en favor de la competencia de tribunales civiles en casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por las fuerzas armadas. Sin embargo, ahora el poder legislativo tiene que realizar las reformas suficientes para cambiar el artículo 57 y adaptarle a la Convención Americana por los Derechos Humanos.

Sin embargo, aun con la aprobación del Congreso Mexicano, la sentencia jurídica sigue siendo limitada (tal como lo había propuesto Felipe Calderón) pues sólo se contempla la tortura, violación o secuestro como delitos a juzgar por tribunales civiles. Otro tipo de violaciones a los derechos humanos como el asesinato no podrán ser llevadas a cortes civiles. Todavía queda pendiente el impacto de la sentencia a posibles cambios del Código de Justicia Militar. Lo cierto es que, al día de hoy, los delitos cometidos por militares siguen siendo juzgados por ellos mismos.

b).-El derecho a la verdad

La verdad de los hechos deben ser establecidos con el objetivo de reparar el daño causado a la memoria de la víctima.

Los responsables deben ser juzgados por un crimen de lesa humanidad como es la desaparición forzada y no como un delito del orden común, ya que fue cometido durante el ejercicio de sus funciones como elementos policíacos y militares.

Derecho a la verdad, al duelo y al reconocimiento del honor de los caídos en la lucha por la justicia.

Frente a un escenario de violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario, resulta obligado indagar. No puede haber justicia sin verdad, ni verdad sin justicia. Conocer la verdad y acompañarla de impunidad es una nueva agresión a las víctimas. Hay procedimientos para establecer la verdad histórica; hay procedimientos para establecer la verdad jurídica, para evitar la impunidad. Las víctimas exigen verdad a secas, con todas sus consecuencias. La verdad histórica tiene que llevar a la verdad jurídica. El Estado debe de hacer justicia.

El derecho de los familiares de conocer la suerte actual o final del desaparecido y, en su caso, de que se le reintegren sus restos.

En qué consiste este derecho

El derecho a la verdad ha sido desarrollado suficientemente en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La Comisión de Derechos Humanos de la ONU, establece en sus Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Victimas ‘El acceso a información fáctica sobre las violaciones.’ El derecho de los familiares de la víctima de conocer lo sucedido a ésta y, en su caso, dónde se encuentran sus restos mortales constituye una medida de reparación y por tanto una expectativa que el Estado debe satisfacer a los familiares y a la sociedad como un todo.

“La privación continua de la verdad acerca del destino de un desaparecido constituye una forma de trato cruel, inhumano y degradante para los familiares cercanos. “En este sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que la entrega de los restos mortales en casos de detenidos desaparecidos es un acto de justicia y reparación en sí mismo. Es un acto de justicia saber el paradero del desaparecido, y es una forma de reparación porque permite dignificar a las víctimas, ya que los restos mortales de una persona merecen ser tratados con respeto para con sus deudos con el fin de éstos puedan darle una adecuada sepultura (Casto Trujillo Oroza; Reparaciones, 27 de febrero de 2002, parr. 114 y 115).”

Además, es el derecho que tienen las víctimas a que se realice una investigación respecto a la violación que han sufrido de sus derechos fundamentales para el establecimiento de la verdad histórica y de la verdad jurídica.

“Toda sociedad tiene el irrenunciable derecho de conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron a cometerse, a fin de evitar que estos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro (Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1986;www.cidh.oas.org).” No puede permanecer como historia oficial la mentira que se construyó para ocultar y justificar los crímenes de Estado en contra de su propia población.

c).- La restitución del daño

La restitución del daño engloba varias categorías, las cuales son previstas por la Obligación de Respetar y Hacer Respetar las Normas Internacionales de Derechos Humanos y el Derecho Humanitario, anota entre otras:

La restitución o restablecimiento. Restitución de trabajos, pensiones, estado legal, propiedades, reputación: Restablecimiento de la situación que existiría –evidentemente, en tanto esto sea posible-, si la violación no se hubiere cometido; La rehabilitación y readaptación médica, psicológica, legal;

La satisfacción que incluye el reconocimiento del daño, la aceptación de responsabilidad, el pedir perdón, el que haya justicia en lugar de impunidad; La compensación e indemnización monetaria o por servicios por los daños físico y moral sufridos, los gastos, las oportunidades y los proyectos de vida sufridos. Resarcir los daños.

d).-Asegurar recursos efectivos a las víctimas.

La reforma estructural y garantías que modifiquen las condiciones para que no vuelvan a ocurrir estas violaciones. Esto incluye reformas a la justicia, a la refundación de las fuerzas armadas –que incluya una reconceptualización de sus funciones, doctrina y estructura-. Una reforma profunda de las corporaciones policiales y de seguridad (Véase Naomí Roht-Arriaza, 2003 y Rodolfo Mattarollo, ibid). La Corte Interamericana (en los casos de Ángel Manfredo, Velásquez Rodríguez y Saúl Godínez Cruz) ha sentado jurisprudencia de la obligación de garantía: “La prevención de las violaciones de derechos humanos, entendida como la obligación estatal de organizar todo el aparato del Estado de manera tal que se trate de disuadir la violación de los derechos humanos, y cuando ésta se produzca, se investigue, se juzgue a los presuntos autores, se los castigue con penas adecuadas respetando el debido proceso y se repare el daño sufrido (Mattarollo, 373.).”

e).- La desaparición forzada como crimen de lesa humanidad

Con base en la resolución 95 (1) del 11 de diciembre de 1946, que confirma los principios de derecho internacional reconocidos por el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nüremberg y por el fallo de este Tribunal; en las resoluciones del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 1074 D (XXXIX) del 28 de julio de 1965 y 1158 (XLI) del 5 de agosto de 1966, relativas al castigo de los criminales de guerra y de las personas que hayan cometido crímenes de lesa humanidad; en la definición dada de crímenes de lesa humanidad cometidos tanto en tiempo de paz dada en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nüremberg del 8 de agosto de 1945, y confirmada por las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 3 (I) del 13 de febrero de 1946 y 95 (I) del 11 de diciembre de 1946. Con base en la legislación internacional referida, y a la legislación nacional, hemos podido documentar los siguientes elementos que se configuran en el caso Jethro Ramsés:

Desaparición forzada

“Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público que, independientemente de que haya participado en la detención legal o ilegal de una o varias personas, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención (Código Penal Federal, Título Décimo, Capítulo III Bis, Artículo 215–A.).”

Este delito se configura a partir del momento en que vence el plazo para la presentación del detenido a la autoridad competente. Conforme a la SCJN en México la prescripción del ilícito comienza a contar a partir del momento en que aparece la víctima viva o muerta. Conforme a la legislación internacional, este crimen es imprescriptible.

La Desaparición Forzada, crimen de lesa humanidad tan aberrante que extiende una tortura continuada no solo al directamente agraviado, sino a su familia y a su entorno.

f).- Delito que se asocia a la criminalización de la víctima y a la impunidad.

Desgraciadamente, el Estado Mexicano ha recurrido periódicamente a esta práctica con el objeto de aniquilar al disidente y su poder de convocatoria en la sociedad. Esta práctica se ha asociado, generalmente con otras dos que le sirven al mismo propósito: criminalizar la víctima y asegurar la impunidad del agresor. De esta manera, además de que la población es la víctima de la agresión, resulta responsabilizada de los hechos y perseguida. La impunidad que se asegura en todos estos casos, es la de los altos funcionarios del Estado que son los artífices de estos crímenes. Cuando los operarios no logran escapar de la investigación ministerial, se les suele asegurar trato preferencial, castigos cortos y beneficios de reducción de la pena.

Ejecuciones extrajudiciales.

Se configura este delito cuando se presenta alguna de las siguientes circunstancias:

Cuando la fuerza pública abate a una o más personas en un evidente exceso de uso de fuerza; cuando después del sometimiento, el detenido muere a manos de la autoridad; cuando una persona detenida no es puesta a disposición de la autoridad competente y aparece posteriormente su cuerpo; cuando hay evidencia de que alguna persona fue muerta por la autoridad, en ejercicio de sus atribuciones, sin que medie motivo para el uso excesivo de fuerza.

g).- Tortura sistemática con secuestro de la víctima.

“Comete el delito de tortura el servidor público que, con motivo de sus atribuciones, inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos con el fin de obtener, del torturado o de un tercero, información o una confesión, o castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche ha cometido, o coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta determinada (Ley Federal para prevenir y sancionar la tortura, Artículo 3). [El] que instigue, compela o autorice a un tercero o se sirva de él para infligir a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos; o no evite que se inflijan dichos dolores o sufrimientos a una persona que esté bajo su custodia. [El] tercero que, con cualquier finalidad, instigado o autorizado, explícita o implícitamente, por un servidor público, inflija dolores o sufrimientos graves sean físicos o psíquicos a un detenido (LFPST, Artículo 5). No se considerarán como causas excluyentes de responsabilidad del delito de tortura el que se invoquen o existan  situaciones excepcionales como inestabilidad política interna, urgencia en las investigaciones o cualquier otra circunstancia. Tampoco podrá invocarse como justificación la orden de un superior jerárquico o de cualquier otra autoridad (LFPPST, Artículo 6). Ninguna confesión o información que haya sido obtenida mediante tortura podrá invocarse como prueba (LFPPST, Artículo 8). No tendrá valor probatorio alguno la confesión rendida ante una autoridad policíaca; ni rendida ante el Ministerio Público o autoridad judicial, sin la presencia del defensor o persona de confianza del inculpado y, en su caso, del traductor (LFPPST, Artículo 9). El responsable de alguno de los delitos previstos en la presente ley estará obligado a cubrir los gastos de asesoría legal, médicos, funerarios, de rehabilitación o de cualquier otra índole, en que hayan incurrido la víctima o sus familiares, como consecuencia del delito. Asimismo, estará obligado a reparar el daño y a indemnizar por los perjuicios causados a la víctima o a sus dependientes económicos, en los siguientes casos: i. Pérdida de la vida; ii. Alteración de la salud; iii. Pérdida de la libertad; iv. Pérdida de ingresos económicos; v. Incapacidad laboral; vi. Pérdida o el daño a la propiedad; vii. Menoscabo de la reputación […] El Estado estará obligado a la reparación de los daños y perjuicios. (LFPPST, Artículo 10). El servidor que en ejercicio de sus funciones conozca de un hecho de tortura, está obligado a denunciarlo de inmediato (LFPPST, Artículo 11).”

En el derecho internacional la tortura sistemática es crimen de lesa humanidad (UN. Doc. A/ CONF:183/9) que, conforme a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, en vigor como derecho  internacional a partir del 11 de noviembre de 1970, no están sujetos a prescripción, y recaen bajo la jurisdicción del Estatuto de Roma de la CPI.

PETICIÓN AL GRUPO DE TRABAJO SOBRE DESAPARICIONES FORZADAS

Así pues, estando claramente definidos los delitos de lesa humanidad, como son la desaparición forzada de Jethro Ramsés Sánchez Santana, su sometimiento a tortura y posterior ejecución extrajudicial, así como delitos graves como la inhumación clandestina de cadáver, abuso de autoridad, que causan agravio a la víctima y a sus familiares y personas cercanas así como a toda la sociedad, es que solicitamos la intervención del grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de la ONU a fin de que:

PRIMERO: Recomiende al Estado Mexicano tomar todas las medidas pertinentes para que se investigue y sancione en un tribunal civil a los perpetradores de este crimen de lesa humanidad pertenecientes al mismo Estado (policías municipales, policías federales y soldados del Ejército mexicano pertenecientes al 21 Batallón de la 24ª. Zona militar).

SEGUNDO: Recomiende al Estado Mexicano actuar en consecuencia de la Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el Caso Radilla para que, en coincidencia con la resolución de la SCJN, esta investigación se lleve a cabo en el ámbito jurisdiccional civil y no en la jurisdicción militar.

Cuernavaca, Morelos a 31 de octubre de 2011

Atentamente.

Padre: Héctor Sánchez López

Madre: Silvia Santana Guzmán.

Co-peticionarios: Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

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