Muestras de una sistemática violación a los derechos humanos en Morelos durante 2011.

Torturas, detenciones arbitrarias, desapariciones, crisis, pobreza, desempleo, feminicidio, militarización, inseguridad, impunidad: Muestras de una sistemática violación a los derechos humanos en Morelos durante 2011.

Feminicidio.

Los datos son claros: el feminicidio supera en 2011 las muertes violentas de mujeres en Morelos a los años anteriores. Este año mostró un aspecto contradictorio, ya que el avance que significó la tipificación legal del femincidio contrastó con la nula prevención, la negligencia e irresponsabilidad de autoridades, así como la impunidad en la mayoría de los casos de feminicidio, sin que las instituciones como la Instituto de las Mujeres y la Comisión de Derechos Humanos, realicen las labores de observancia, educativas y de campañas amplias y profundas para que se respeten los derechos de las mujeres y a no ser privadas de la vida. Los derechos no se conquistan de una vez y para siempre. Son producto de la lucha cotidiana y de la correlación de fuerzas entre las clases sociales. Una vez que el capitalismo, por ejemplo, lanza una ofensiva para recuperar su tasa de ganancia, los que sufren son los salarios. Así, una vez que las mujeres logran que se establezcan derechos a la libertad de decidir, las fuerzas reaccionarias utilizan todo su poder para imponer nuevamente criterios ideológicos para negar estos derechos o limitarlos de tal manera que no se puedan ejercer.

Cuando las mujeres ganan su derecho al trabajo, los empresarios utilizan la ideología machista para poner en su contra a quienes se sienten desplazados por ellas, agudizando los niveles de violencia y agresión, que llega al extremo del feminicidio. Cuando se registró el 47 feminicidio, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos condenamos el brutal asesinato de Ignacia Lara García indígena de 72 años de edad y exigimos una investigación a fondo de este crimen que ha significado un profundo dolor para familiares y habitantes de la comunidad indígena nahua de Cuentepec. Ni en este ni los siguientes casos ha habido respuesta oficial contundente. Para evitar que permanezca en la impunidad como la mayoría de los casos de feminicidio ocurridos en la entidad, debe haber justicia y castigo a los culpables.

 

Torturas y detenciones arbitrarias.

La tortura por parte de policías y militares se ha generalizado. Se viola el principio fundamental de presunción de inocencia. Se ha establecido como una práctica común de policías federales y militares actuar encapuchados y presentar ante los medios de comunicación a detenidos brutalmente torturados, en instalaciones militares de la 24 zona militar sin que estas personas sean remitidas inmediatamente ante el Ministerio Público. El arraigo se ha generalizado como un mecanismo de fabricación de culpables y no para determinarla responsabilidad de las personas detenidas en la comisión de ilícitos. Esta serie de detenciones arbitrarias han estado incrementándose en el territorio nacional, son arraigados y luego presentados como culpables, eso significa impunidad. Para todos estos casos, tiene que haber justicia; Elsa Rivera Maya, esposa de Manuel Ávila Moyao trabajador del bar Obsesión, explicó que el día en que ocurrieron los hechos de los cuales acusan a su marido, no estuvo en su trabajo, basta ver la bitácora del establecimiento; lo que lo mantiene en prisión son los señalamientos de quién solo recuerda como “El Jabón”. Mientras Josefina Escobar Martínez, madre de José Mario Valencia, y jefe de seguridad de ese lugar, refiere que solo piden una nueva revisión de los expedientes, ellos no pertenecen a la delincuencia aunque trabajaban en ese lugar; queremos que nos escuchen ya no sabemos a dónde acudir. Refieren que desde la detención de sus familiares no hubo orden de aprehensión y hoy luego de ser arraigados están recluidos en el penal de Perote, Veracruz. El gobierno presentó 23 acusados de los 7 asesinatos, solo por el impacto que generó la protesta social, sin embargo, la fabricación de culpables no inhibe que se sigan cometiendo crímenes. La tortura generalizada es una muestra de la ilegalidad con que actúan las autoridades.

Desaparición forzada.

En el caso de jethro Ramssés Sánchez Santana, detenido arbitrariamente y desaparecido el primero de mayo de 2011 en Cuernavaca, mostró la gravedad de la política del PAN-Gobierno para detener y torturar inocentes, culpabilizarlos fabricando culpables y el uso anticonstitucional de las corporaciones policiacas y militares que violan crecientemente derechos humanos bajo el pretexto de un combate que, más que dirigido a erradicar el narcotráfico, es para control del monopolio de este ilícito negocio y para aterrorizar a la población para que acepte ver disminuidas sus libertades democráticas en aras de una tranquilidad que está cada vez más ausente. Así, un joven como muchos más, ha sido víctima de esta desaparición forzada en instalaciones de la 24 zona militar que concluyó con su tortura y ejecución extrajudicial, para ser inhumado clandestinamente hasta su localización dos meses después. Del mismo modo, que todos aquellos que participaron no queden exentos de recibir el mismo castigo, como los elementos de la Policía Municipal de Cuernavaca, Policía Federal Preventiva, y Soldados del 21 Batallón de la24va. Zona Militar del Ejército Federal Mexicano. El caso debe ser investigado por la vía civil y no militar, como ocurre hasta el momento en que permanece ante el Juzgado 5º. Militar. Si bien es cierto hasta el momento este Juzgado Militar ha rechazado enviar el caso a la jurisdicción civil, está en trámite un amparo para que este sea atraído a los juzgados civiles, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó restringir el fuero militar cuando se trata de casos de violaciones a los Derechos Humanos. En este caso están claramente definidos los delitos de lesa humanidad, como son la desaparición forzada de Jethro Ramsés Sánchez Santana, su sometimiento a tortura y posterior ejecución extrajudicial, así como delitos graves como la inhumación clandestina del cadáver, abuso de autoridad, que causan agravio a la víctima y a sus familiares y personas cercanas, así como a toda la sociedad.

Aunado a las desapariciones de decenas de niñas y jóvenes como la de Beatriz Briones Clímaco, joven mujer que fue desaparecida desde el 2010.

 

Defensoras y defensores.

En el último año al menos 11 activistas y defensores de los derechos humanos fueron asesinados en México, cuya lucha estuvo dirigida a exigir a las autoridades federales y locales justicia por los feminicidios, el fin de los abusos en la lucha contra la delincuencia organizada o la localización de desaparecidos, así como proteger los derechos ambientales, indígenas y de las minorías sexuales, permanecen impunes.

Este año, 27 activistas fueron asesinados por grupos delictivos y autoridades entre2005 y 2011. En ese lapso se registraron 523 quejas por agresiones a defensores.

Al menos los casos de  63 activistas y defensores han sido asesinados desde que inició Calderón, dicha cifra varía debido a que  los organismos oficiales no reconocen todos los casos.

Periodistas.

México es por segundo año consecutivo el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, 12 son  los periodistas asesinados en México en 2011  debido a la guerra entre el Ejército y los carteles de la droga. El registro podría incluso ser más elevado si se tienen en cuenta numerosos casos no resueltos de desaparecidos, son 106 periodistas asesinados en 39 países durante este año. En Morelos hubo violaciones a las garantías laborales de los trabajadores del Canal 3,  básicamente maltrato por parte de su director hacia el personal. Los ataques a la libertad de expresión y amenazas a periodistas y a las y los defensores en un ambiente crispado por la violencia e inseguridad, quienes sufren en primer lugar son quienes transmiten la realidad. Esta situación se ha agravado recientemente, lo que añade un elemento de intimidación. La criminalización de los movimientos sociales y las agresiones a las y los defensores de derechos humanos se ha vuelto un ejercicio criminal que ha quedado impune en la mayoría de los casos. De igual modo, diversas autoridades bloquean, limitan, obstaculizan la labor de defensa de los mismos y llevan a cabo campañas de desprestigio. Hemos documentado una docena de casos de agresiones a periodistas en Morelos en las distintas regiones, por lo que urge un mecanismo de protección con la participación del propio gremio.

Jóvenes y ejecuciones extrajudiciales

El grado de sadismo y violencia se ha incrementado en Morelos desde dos años atrás, lo que muestra la barbarie propiciada por la espiral de violencia delincuencial e institucional. El caso de menores sicarios no se elimina con medidas policiacas, se corre el riesgo de que se incrementen los casos. El caso más reciente lo demuestra: Los miembros y cráneos de dos jóvenes no mayores de 20 años de edad, fueron abandonados la madrugada de este lunes en las calles principales del poblado de Temixco, donde sus homicidas también dejaron mensajes de advertencia contra sus rivales que fueron escritos en cartulinas o en la piel de los occisos, se trató de dos jóvenes desmembrados, cuyas muertes en la entidad está por superar las 500 personas, sólo en 2011.

Desde que se militarizaron plazas y calles, se siembra el terror, la estrategia gubernamental de militarización fracasó, la cifra de muertes continúa creciendo, como todos los días, con su cauda de dolor y  destrucción del tejido social. La seguridad pública es usada como respuesta a un escenario peligroso, un contexto donde parece que la gente está dispuesta a renunciar a sus derechos, por buscar seguridad; pérdida de derechos en un contexto de violencia ante la incapacidad de respuesta del Estado. Se observan procesos de militarización de la policía; el estado mexicano privilegia la presencia pública militar, contribuyendo a incrementar la espiral de violencia, así el Estado abdica de su responsabilidad de aplicación de justicia, por aplicación de venganza.

En cuanto a la Seguridad, existe confusión en e luso del término, donde se entiende como seguridad del gobierno, no para la sociedad.

El narcotráfico y la delincuencia organizada están interrelacionados –en 21 delitos que han penetrado.  En este sentido, la propuesta para desaparecer las policías municipales y crear policías únicas encada Estado, desnaturaliza al Federalismo mexicano, cuya estructura principal para combatir el centralismo es el Municipio Libre.  Por ello, la propuesta de la Policía Única atenta contra el Municipio Libre; es regresiva, pragmática y reactiva; responde a una visión punitiva más que de desarrollo económico, social y comunitario. Reproduce las decisiones erróneas del régimen en el combate al crimen. No va al fondo del conflicto generado por el modelo neoliberal, que es el retiro gradual del Estado de sus responsabilidades para satisfacer los derechos económicos y sociales, dejando esas funciones a un mercado lucrativo y voraz. Al privatizarse estos derechos, los espacios públicos abandonados por el Estado son invadidos por la delincuencia al encontrar en las comunidades en descomposición y en los jóvenes sin futuro, el caldo de cultivo ideal. El pasar de un régimen policiaco municipal a uno estatal no cambia esencialmente las cosas, porque la corrupción y la impunidad son más graves en los altos niveles de gobierno y en los grandes negocios, aún a costa del erario público.

En este contexto, no es el negocio de la droga el que fomenta a la delincuencia organizada mexicana ya que los grupos criminales transnacionales mexicanos se dedican a 22 tipos de delitos organizados, no ligados a drogas, como por ejemplo contrabando, piratería, pornografía infantil, fraude electrónico, tráfico de armas, trata/tráfico de seres humanos extorsión, secuestros.  Sin embargo,  lo fundamental es  un nuevo pacto social que delinee un nuevo modelo de gobernabilidad política para terminar con el vacío institucional que ha permitido que grupos delincuenciales capturen a la sociedad y al estado de Morelos y del país.

A cinco años de gobierno de Calderón y a uno de que concluya, niños, mujeres, estudiantes, activistas sociales, empresarios, periodistas, adolescentes y otros mexicanos han perdido la vida. En diciembre 2006, se registró 62 muertes relacionadas con el crimen organizado, en 2007: 2 mil 826, en 2008, 6 mil 837, en 2009, 11 mil 753., en 2010, 19 mil 546 y en 2011, del 1 de enero al 31 de octubre, llegó a 19 mil 396. El Estado no garantiza el derecho a la vida y la seguridad de la población, por lo que la impunidad crece. Más de 62 mil personas en cinco años han perdido la vida violentamente.

Indígenas

Decenas de miles de mujeres padecen pobreza cotidiana en la misma entidad. Son dos aspectos de una cruda realidad que deberían motivar no sólo rechazo, sino indignación y una lucha por transformar de raíz un sistema explotador, opresivo y violento. A la injusticia social se agrega la violencia de género y se tiene un cuadro de horror cotidiano que tiene ejemplos de crudeza en casos como el de las abuelas asesinadas en San Antón o las jóvenes mutiladas encontradas en campos de cultivo en Santa Catarina. El hambre cotidiana que padecen las familias obligadas a migrar, es menos visible, pero igualmente devastador para la sensibilidad humana.

Las estadísticas oficiales lo único que hacen es confirmar que este gobierno sirve únicamente a intereses de unos cuantos. El incremento de la miseria en México es el caldo de cultivo para que las mujeres sufran más violencia de género, tengan menor conocimiento de sus derechos y  un escaso acceso a la justicia.

Los bajos ingresos para adquirir la canasta alimentaria y solventar los gastos en salud, vestido, vivienda, transporte y educación son un detonante para la violencia contra las mexicanas. Ocho de cada 10 de las y los mexicanos viven en pobreza o tienen algún tipo de carencia social. En México hay 112 millones 336 mil 538 habitantes, el 51.1 por ciento está integrado por mujeres (57 millones 481 mil 307). A partir de que más de la mitad de la población es femenina se infiere que la pobreza afecta más a las mujeres.

Entre2006 y 2008, el porcentaje de personas en condición de pobreza alimentaria pasó de 13.8 a 18.2 por ciento, mientras que el de pobreza patrimonial se incrementó de 42.6 a 47.4 por ciento.

El 60 por ciento de los ingresos de los hogares son los salarios pero el poder adquisitivo de éstos es muy limitado, lo que se traduce en mayor carencia social. La pobreza es una condición que impacta de manera negativa todas las condiciones de vida de las mujeres y las afecta en el ejercicio de sus derechos humanos. La pobreza las hace más vulnerables ante la violencia de género y la falta de acceso a la justicia. Las mujeres pobres son más susceptibles a sufrir abusos de todo tipo, ya que no cuentan con los recursos, herramientas e información para ejercer sus derechos. Cuando se juntan pobreza y violencia se daña severamente los derechos de las mujeres.

Aborto

En Morelos se han realizado importantes investigaciones para documentar el subregistro de muertes violentas relacionadas con el embarazo y la importancia de considerar, dentro de la definición de mortalidad materna, aquellas muertes producidas  por causas relacionadas con violencia. Se encontraron 51 muertes violentas. Es decir, se encontró que el evento reproductivo fue el factor que desencadenó el homicidio o suicidio de cuatro mujeres. Proteger la vida de las mujeres, requiere una visión integral, que respete el derecho a decidir. La maternidad libre y voluntaria es un derecho, no una obligación ni mucho menos una imposición moral o religiosa. En el periodo 2008-2010 fueron aprobadas 17 reformas constitucionales locales que limitan o impiden el ejercicio de uno de nuestros derechos fundamentales: el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas; criminalizando a las mujeres por practicarse un aborto, incluso cuando se trata de una violación. El camino seguido por estas reformas ha llegado al encarcelamiento de mujeres, no sólo de aquellas que libremente ejercen su derecho a decidir, sino también a mujeres que sufren abortos espontáneos (involuntarios) como lo hemos constatado en varias entidades del país.

Derechos laborales.

Las reformas en materia laboral que el Congreso de la Unión tiene en su agenda retrocede el derecho de acceso a la administración e impartición de justicia al ampliar las etapas del proceso laboral, con la intención de dilatar los juicios laborales. La iniciativa representa  un atentado directo al carácter tutelar de la ley, donde los derechos de las y los trabajadores son vulnerados. La razón principal de dicha iniciativa es privilegiar  la productividad. La iniciativa propone establecer un salario proporcional por el tiempo laborado por lo que un trabajador o trabajadora a la que se contrate por horas no podrá obtener una remuneración equitativa que garantice salario suficiente. En Morelos resisten los trabajadores del SME exigiendo su derecho al trabajo y son miles personas sobreviven en el empleo informal, sin prestaciones ni estabilidad en el empleo, lo que implica de facto lo aplicación de una reforma laboral que aún no se aprueba. Se debe tener en cuenta que los derechos laborales son derechos humanos.

Durante 2011 se han violado sistemáticamente los derechos humanos en Morelos, teniendo graves repercusiones en distintos sectores de la sociedad, que ha expresado su inconformidad de múltiples formas. Podemos destacar, sin duda alguna, que esta respuesta organizada es lo que ha impedido que la situación fuese aún más grave. Por ello, de frente a 2012, un año marcado por una crisis multidimensional, se debe pugnar porque se respete plenamente los derechos políticos para que el pueblo decida.

Diciembre de 2011.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

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