8 de marzo feminista y de lucha.

Juliana G. Quintanilla y Alejandra Domingo Portillo.

 El 8 de marzo, día internacional de las mujeres trabajadoras, esta fecha es para reivindicar las acciones afirmativas  del movimiento feminista, pioneras en la promoción y defensa de demandas ganadas en diversos procesos de lucha. Es importante señalar que la actual coyuntura electoral es una gran oportunidad para que las mujeres demos un nuevo rumbo a la  nación, a fin de construir un futuro más libre y promisorio, justo y democrático  como bien lo apuntan feministas progresistas que plantean reducir la desigualdad en todas sus manifestaciones y hacer de cada mexicana ciudadana con todos los derechos. Esta debe ser la meta esencial de los partidos y organizaciones progresistas y, por supuesto, de la izquierda y del movimiento social. No hay derechos políticos plenos sin derechos de las mujeres.

 

Muchos años ha costado comprender que las mujeres experimentan desigualdad en el acceso a recursos y oportunidades de desarrollo, salario y seguridad social, acceso a cargos altos en instituciones públicas o privadas. En Morelos el feminismo ha aportado elementos importantes de conciencia social.

 

En la segunda década del Siglo XXI las desigualdades son más pronunciadas en un modelo económico injusto y con instituciones en crisis. Vivimos uno de los peores momentos de nuestra historia, con una crisis política con corrupción e impunidad, más de cincuenta millones en la pobreza, la inseguridad y la incertidumbre social. La absurda guerra contra el crimen organizado del gobierno y la militarización del país ha implicado la violación sistemática de los derechos humanos y, específicamente, de las mujeres.

 

El cambio es urgente para las mujeres, quienes hemos participado y contribuido en todas las luchas históricas del pueblo de México. Somos el 51.63% del padrón electoral, 3.26% más que los hombres. Somos entre 38 y 45% de la Población Económicamente Activa, pero recibimos 30% menos de salario en comparación con los varones.  Encabezamos familia en  23% de los hogares y en el 50% de los hogares el trabajo de las mujeres es fuente sustantiva del ingreso familiar.

 

En el terreno político no existe verdadera democracia mientras las mujeres no tengamos acceso a los espacios públicos y donde se toman las decisiones. Si bien hemos logrado representación en organizaciones civiles, en asociaciones laborales y en movimientos sociales de trascendencia histórica, sin embargo, la participación de mujeres en cargos de representación popular es todavía muy baja.   Menos del 25% de las curules en la Cámara de Diputados y del 20% en el Senado están ocupados por mujeres; menos del 13% son titulares de Secretarías, 22% en las Subsecretarías y 30% en las Direcciones Generales del Poder Ejecutivo. Las mujeres han ganado espacios en las asambleas ejidales, siendo actualmente  casi 17 mil las presidentas de los Comisariados Ejidales y 25% de los poseedores de tierras. Pero siguen pesando sobre buena parte de ellas, las normas discriminatorias y la ausencia de sus derechos a la tierra reconocidos en el 27 Constitucional.

 

La violencia, el feminicidio, el acoso sexual en el trabajo y las violaciones que victimizan cada año a decenas de miles de mujeres alcanzan formas muy crueles: hostilizadas, ultrajadas, secuestradas, desparecidas y asesinadas. La violencia pesa sobre los cuerpos de las mujeres y se ha incrementado por las políticas fallidas de inseguridad en los últimos años, hoy se convierte en una amenaza para la integridad física y el ejercicio de las libertades.  Esta amenaza se torna con más frecuencia en un severo peligro para aquellas que trabajan o que sobreviven gracias al trabajo informal y viven o transitan en zonas urbanas desoladas. La materialización de esta amenaza se produce para muchas de ellas, que nunca llegan a su trabajo, o a su escuela, ni regresan por la noche a su hogar.   El peligro que viven las mujeres no sólo está en los espacios públicos, ya que en buena parte de los casos el hogar, que es un refugio ante otros riesgos de la vida moderna, no es un lugar seguro para niñas, adolescentes, mujeres maduras o ancianas, que sufren diversas formas de violencia, incluida la privación de la vida a manos de familiares, ex parejas y conocidos. 

 

El sistema de justicia reproduce la discriminación hacia las mujeres. Cada vez que una mujer ocurre a solicitar justicia recibe cuando menos actitudes de desinterés; tratos abusivos, racistas y sexistas, respuestas desalentadoras o indiferentes por parte de los agentes de seguridad o procuración de justicia.  Las investigaciones no se terminan, hay incapacidad e indisposición para documentar los casos y más, se busca atemorizar a las mujeres víctimas para que no presenten denuncia. El sistema de justicia no toma en cuenta el carácter multicultural de nuestro país, grandes sectores sociales históricamente excluidos son discriminados en razón de su idioma u origen indígena.

 

Los retrocesos y la política de los gobiernos conservadores han intentado eliminar la educación laica y los servicios de salud reproductiva,  e imponer políticas que restringen los derechos sexuales y reproductivos y fortalecen el desprecio a lo femenino.

 

Las mujeres estamos claras que todo proyecto debe ser con democracia y necesita trastocar las imposiciones sobre lo femenino y lo masculino. La violencia económica no se ve pero se siente cotidianamente.

 

El 8 de marzo sigue siendo de lucha y resistencia, no de fiesta, como insisten en hacerlo creer quienes desde el poder tienen un discurso que no se concreta en la práctica.

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