¿Quién defiende los derechos de los jóvenes?

Juliana G. Quintanilla y José Martínez Cruz

Los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados aprobaron la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, que impone un nuevo sistema de prisión, prohibiciones y sanciones para las y los jóvenes que cometan delitos federales; sustituye el sistema de consejos tutelares para menores e impone que la edad para que se les impute la comisión de un delito es a partir de los 14 años y no a partir de los 18, como hasta ahora. Con la modificación constitucional aprobada por la Cámara de Diputados para disminuir la edad penal de 18 a 14 años, nuevamente vemos como se pone énfasis en el aspecto punitivo y no se garantizan derechos de los jóvenes, quienes se ven atrapados en medio de una crisis que ellos no provocaron pero si sufren directamente las consecuencias. Millones de jóvenes sin poder ingresar a la educación pública y optando por trabajar en el sector informal con largas y extenuantes jornadas laborales con pésimos salarios. Todos los días la juventud es perseguida y  criminalizada, estigmatizada y abandonada a su suerte. Casos como el de Edgar “El Ponchis” se pretende usar de argumento para incrementar penalidades, en lugar de ver las causas que llevan a menores de edad a ser doblemente victimizados, por las bandas criminales y por el sistema de justicia penal. Tenemos el caso de Alan Israel Cerón, desaparecido desde el 24 de diciembre, sin que se esclarezca su paradero. Cotidianamente vemos en las calles como los policías detienen a jóvenes por usar tatuajes o piercings. Y la cantidad de niñas y niños víctimas de la violencia crece día a día, como las pequeñas de apenas 12 años de edad asesinadas.  O las 3 hermanas de apenas 9, 15 17 años de edad heridas en su domicilio en Jiutepec  junto a su familiar de 20 años, el viernes de la semana pasada. Y el gobierno trata de justificar su política militarista y policiaca, llegando al extremo de promover virtuales y mal llamados toques de queda y operativos en escuelas, cuando vemos que no existe interés de presupuestar una cantidad similar a la que se destina para armamento en la construcción de escuelas y universidades públicas para la juventud de escasos recursos económicos.

En este sentido, organizaciones de la  Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) expusieron algunos de los graves vacíos que presenta la iniciativa de Ley General de Protección a los Derechos de la Niñez que se encuentra en discusión en la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados. Una Ley como esta tiene efectos en la vida de las y los niños en México, donde 39 millones de personas tienen menos de 18 años de edad y las decisiones que tomen tanto el poder ejecutivo, legislativo y judicial tienen un alto impacto en la vida de dicha población. El incremento de diferentes formas de violencia contra niñas, niños y adolescentes es un factor preocupante en la actualidad, entre estas, el maltrato infantil y la violencia relacionada con el crimen organizado, donde la actuación de las autoridades ha dejado en desprotección a la infancia en México. Este decreto de Ley General para la Protección Integral de los Derechos de la Niñez tiene graves deficiencias, una de ellas es que no existe un reconocimiento de sus derechos por grupos específicos (niñas, niños, las y los adolescentes). No se puede hablar de infancia en general es necesario diferenciar a las poblaciones. En este sentido, otro de tema importante es que una ley que va a mejorar o a sustituir la normativa vigente tendría que estar a la altura y tener un claro énfasis en la promoción y en la garantía de los derechos y no limitarse a una lógica proteccionista. Un tercer componente son las modificaciones recientes a los artículos 1º, 4º y 73 de la Constitución  Mexicana. La modificación al 73 se hizo con la idea de construir una ley que superara todos los obstáculos y las barreras. Si bien existen temáticas enunciadas en materia de Derechos de la Infancia, no hay nada que las haga reales en la práctica y se encuentra fuera de los estándares internacionales.  No se incluye el eje de la participación y la gravedad de ello, si pensamos que 35% de la población en México son menores de 18 años de edad, y más aún cuando se habla de quienes que viven en alta exclusión social, como las poblaciones callejeras, donde resulta mucho más complejo que puedan participar.

Esta es una gran oportunidad histórica de llevar a cabo una política integral de atención y colocar una nueva ley que este a la altura de los graves problemas que viven niñas, niños y adolescentes, ya que de no hacerlo así se les dejaría en la total indefensión, además de la importancia de que no solo protejan sino promuevan los derechos de niñas y niños de manera que se pueda articular la forma de garantizarlos. El punto es sobre todo tratar a la juventud como personas pensantes que pueden aportar desde su propia vivencia a construir una sociedad donde se respeten plenamente todos los derechos para todas y todos.

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