REFORMA AL CODIGO PENAL CONTRARIA A DERECHOS HUMANOS.

Marco Aurelio Palma Apodaca (*)

Diversas organizaciones de derechos humanos nos hemos dirigido a los diputados federales para manifestarles nuestra preocupación por los contenidos del proyecto de reforma del Código Federal de Procedimientos Penales (CFPP), basado preponderantemente en la propuesta presentada por el titular del Poder Ejecutivo Federal en septiembre de 2011 y actualmente en discusión por parte del Congreso de la Unión.

Como es del conocimiento público, en junio de 2008 inició una trascendental modificación del sistema penal mexicano, con la reforma constitucional en materia penal y de seguridad pública, por la cual en 2016 deberá completarse la armonización legislativa y la creación de la infraestructura necesaria para que las instalaciones judiciales sea concordantes con el sistema internacional de derechos humanos, que también forma parte de las nueva configuración constitucional gracias a la reforma respectiva.

A cuatro años de cumplir con el plazo constitucional, diversos actores interesados en modificar el saldo de injusticia que caracteriza a los juicios penales mexicanos, entre ellos el propio Congreso de la Unión, han hecho uno de los esfuerzos más significativos para ajustar nuestro sistema jurídico al estándar internacional de derechos humanos. En consonancia con ello, cualquier iniciativa de ley destinada a complementar ese primer esfuerzo, debe hallarse bajo una clara perspectiva: los compromisos internacionales del Estado mexicano para que los juicios penales sean justos, transparentes, respeten los derechos relacionados al debido proceso y redunden en procedimientos eficaces.

En septiembre de 2011, el Presidente de la República presentó una propuesta de nuevo código procesal penal que no toma en cuenta las decenas de recomendaciones de los órganos de Naciones Unidas, ni las recomendaciones del sistema interamericano, ni la jurisprudencia de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, particularmente las dirigidas al Estado mexicano.

Por la trascendencia de la propuesta de ley en la transición al sistema penal adversarial, las organizaciones civiles interesadas en la urgente transformación del sistema penal mexicano hacemos las siguientes observaciones, entre las más preocupantes:

§  La propuesta referida no corresponde con la magnitud de las tres grandes reformas constitucionales en materia de sistema penal acusatorio, derechos humanos y juicio de amparo. Por el contrario, las contradice y retorna hacia una configuración que ha generado daños y costos sociales, económicos y humanos para un sinnúmero de personas que han sido víctimas de un Ministerio Público con funciones excesivas de persecución, carente de técnicas de investigación y usualmente arbitrario en sus actuaciones.

 

§  Asimismo, viola estándares internacionales y constitucionales en materia de medidas cautelares, pues permite que el Ministerio Público las imponga durante la etapa de investigación (Artículo 223), en franca contradicción al artículo 19 constitucional que prevé competencia exclusiva del juez para hacerlo. La misma disposición legal, en consecuencia, viola el principio de contradicción establecido en el artículo 20 de la constitución.

 

§  De igual manera, el código prevé un catálogo de delitos graves que excede el techo constitucional del artículo 19 (Art. 264 CFPP). Al respecto cabe precisar que las disposiciones legales y constitucionales en torno a medidas cautelares y prisión preventiva contravienen los estándares internacionales que prohíben la imposición de estas medidas bajo el argumento único de gravedad del delito, lo cual es contrario a la presunción de inocencia que ciertas disposiciones del código dispongan requisitos para la imposición de medidas cautelares que son materia de una sentencia condenatoria, en su caso, y que por lo tanto contradicen sus objetivos procesales (Art. 283).

 

§  Un ejemplo de ello es el contenido del artículo 144, fracción IX, contempla la posibilidad de ser “entrevistado” por el Ministerio Público o la Policía de Investigación, a pesar de que no está contemplado en la Constitución y ello ha sido motivo de diversas recomendaciones sobre tortura o tratos crueles inhumanos o degradantes. Vistas en conjunto, estas expresiones apuntan a una sola dirección: que el Ministerio Público tenga facultades para autorizar entrevistas o comparecencias, a pesar de que la propia constitución si bien no las prohíbe, tampoco las permite. En nuestra opinión, esta forma de tratar un asunto de suma importancia, permite la interpretación de que el detenido sea abordado por el Ministerio Público, o por sus auxiliares, e incluso de que se le tome su declaración, como podría interpretarse de la lectura del artículo 153 de la propuesta;

 

§  Hay un punto de singular gravedad en la propuesta, a saber, la implementación de cateos sin necesidad de orden judicial (artículo 333) a sitios de acceso público y de operaciones encubiertas y agentes infiltrados (311 a 320), mismos que no dejan claro el modo en que habrá control judicial en todo momento, abriendo la posibilidad de acusaciones inverosímiles, fabricación de culpables y allanamientos arbitrarios.

 

§  En el mismo sentido que el punto anterior, y con no menor gravedad, nos alarma advertir que el nuevo proyecto de CFPP contemple tres excepciones a la regla de exclusión de pruebas ilícitas, lo cual es incompatible con el principio de legalidad y abre la puerta a abusos tan graves como la tortura. Al respecto cabe comentar que, según el artículo 291 del proyecto, “No se considerará violatoria de derechos humanos” información que “aún y cuando haya resultado de una prueba ilícita, habría sido obtenida por otros medios”, o cuyo vínculo a los actos violatorios de derechos humanos sea “atenuado”, un término altamente ambiguo. Conforme al texto comentado, también sería admisible una prueba impugnada siempre y cuando la misma se obtenga de alguna fuente independiente de los abusos cometidos, aunque estuviera relacionada con ellos. Lo anterior, en el contexto actual mexicano, caracterizado por la persistencia y recurrencia de la tortura – lo cual ilustra el incremento de 550% en el número de quejas por este delito ante la CNDH en los últimos dos años -, abre la puerta a que fuerzas federales sigan cometiendo detenciones arbitrarias y coaccionando declaraciones, para después argumentar que habrían llegado a cualquier dato por una vía legal.

En vista de lo anterior, apreciamos que en el Proyecto de Dictamen no hay un estudio sistemático de las tres reformas constitucionales mencionadas (justicia penal y seguridad pública – amparo – derechos humanos), de la armonización con las normas de derechos humanos en los tratados internacionales, ni una franca incorporación de las recomendaciones hechas a México en materia penal. Por ejemplo, del Informe de la Relatora Especial sobre Independencia de Jueces y Abogados sobre su visita a México en 2010; Informe del Subcomité para la Prevención de la Tortura del Comité contra la Tortura sobre su visita a México en 2008; las Recomendaciones a México durante el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2009; el Diagnóstico sobre los Derechos Humanos en México, OACNUDH, 2003; el Informe del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, visita a México en 2002, o el recientemente presentado Informe del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desaparición Forzada o Involuntaria de Personas, marzo de 2012, entre otras.

 

La responsabilidad del Congreso es garantizar que las propuestas legislativas sean coherentes con las nuevas circunstancias constitucionales que el propio Congreso elaboró; supone, también, que las comisiones legislativas deben elevar su calidad redactora en los proyectos, enfilándolos hacia una nueva teoría legislativa, basada en su compatibilidad con el sistema internacional de los derechos humanos y en el análisis integral.

 

En resumen el proyecto de Código Federal de Procedimientos Penales se aparta por completo de la reforma constitucional de 2008, e implica de hecho una regresión al modelo inquisitorio bajo formalidades que quieren simular un modelo acusatorio, razón por la que creemos que el proyecto en discusión no debe aprobarse y, en consecuencia, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados debe reorientar el proceso para formular un Código que incorpore efectivamente los derechos tanto de acusados como de víctimas con equidad, que establezca claramente reglas para un debido proceso y sobre todo que haga posible que el sistema ofrezca incentivos reales para proteger y garantizar los derechos humanos.

 

En este sentido, y en los términos del artículo 177 numeral 2 y 179 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los exhortamos a abrir una consulta pública, informada y plural en torno a la reforma del CFPP que asuma la centralidad del respeto a la institucionalidad democrática, los derechos humanos y el espíritu del sistema acusatorio de justicia penal.

(*) Coordinador Jurídico de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.
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