El Feminicidio y los límites de la ley.

Juliana G. Quintanilla y Paloma Estrada Muñoz.

 Después de que se ha incrementado por miles el feminicidio desde que iniciaron los asesinatos de mujeres de las maquiladoras de Ciudad Juárez y se extendió posteriormente a toda la república, en días pasados el Senado aprobó en comisiones tipificar como delito grave el feminicidio, con penas de 40 a 60 años de prisión.

En Morelos desde el 2 de septiembre de 2011, entraron  en vigor las reformas al Código Penal, Código de Procedimientos Penales y la Ley de acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos, que clasifica el asesinato de mujeres como feminicidio e imponen una sanción de 30 a 70 años de prisión al o los agresores. 

Así lo documentó la periodista Maciel Calvo, quien señaló que con las modificaciones también se establece la obligación de crear un sistema de registro público de los delitos cometidos en contra de mujeres, que integre la estadística criminal y victimar para definir políticas en materia de prevención del delito, procuración y administración de justicia, por parte de la procuraduría estatal.

De acuerdo con el decreto, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos debería haber emitido, en un plazo no mayor a ciento ochenta días naturales,  los protocolos para la investigación de desapariciones y un plazo no mayor a 60 días naturales para emitir los lineamientos de investigación del feminicidio. Ha transcurrido en exceso el plazo legalmente establecido y no tenemos conocimiento público de que la PGJ haya cumplido con lo establecido en este Decreto de hace ya más de 240 días.

Este es un tema que tiene un interés también en otras latitudes del mundo. En siete países de América Latina: México, Costa Rica, Guatemala, Chile, El Salvador, Perú y Nicaragua se ha tipificado como delito el feminicidio. En algunos casos el nombre de la ley se refiere expresamente a este fenómeno. En otros a la violencia contra las mujeres o a términos similares y un articulado de la ley recoge el término feminicidio. Pero además, el significado que se da a ambos varía. En algunos casos, la mayoría, se ciñe al feminicidio íntimo, en otros se opta por un concepto amplio de violencia contra las mujeres, como documenta Elena Laporta, en el portal Feminicidio.net.

En México el trabajo realizado por la Comisión para las investigaciones sobre feminicidio del Congreso de la Unión en 2005, donde participamos muchas feministas, concluyó con la aprobación en 2007 de la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. El objeto de la ley en México es sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación. Se puso énfasis en  la violencia feminicida que define como la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.  La ley costarricense, por su parte, no protege todos los casos de violencia contra las mujeres sino tan solo los que se produzcan en una relación de matrimonio, en unión de hecho declarada o no, así como también cuando las víctimas sean mujeres mayores de quince años y  menores de dieciocho, siempre que no se trate de una relación derivada del ejercicio de autoridad parental. No obstante tipifica el femicidio como delito (aunque sólo abarque el íntimo). A diferencia de otras leyes que regulan el femicidio, en esta ley se utiliza el concepto amplio de violencia contra las mujeres. Así se refleja también en el uso que se hace de la palabra femicidio definida como muerte violenta de una mujer, ocasionada en el contexto de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, en ejercicio del poder de género en contra de las mujeres.  En el caso de Chile, no se trata de una ley específica que regule el femicidio u otras formas de violencia contra las mujeres sino una ley que, como su propio nombre indica, simplemente modifica el Código penal para introducir el femicidio en sentido restrictivo, esto es, se refiere tan sólo al íntimo, para supuestos en los que la víctima era su mujer o convivía con él. La ley salvadoreña reconoce un derecho específico de las mujeres a vivir una vida sin violencia, no restringida a la violencia que sufren a manos de sus parejas. De hecho dice la ley que “los tipos y modalidades de violencia contemplados en la presente ley, tienen como origen la relación desigual de poder o de confianza; en la cual, la mujer se encuentra en posición de desventaja respecto de los hombres”. En Perú la ley regula en el artículo 107 conjuntamente el parricidio y el feminicidio, y define éste último como un feminicidio íntimo, englobando al cónyuge, conviviente o persona con quien haya mantenido relación análoga de afectividad. Finalmente, la ley nicaragüense reconoce el femicidio como tipo penal específico en el marco de una ley que está dirigida a garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, entendida ésta en el sentido amplio, de violencia ejercida contra la mujer por el hecho de ser mujer.   

El debate legal está abierto, pero, mientras no cambien las estructuras sociales y culturales que garanticen una vida plena para las mujeres, seguiremos luchando en todos los terrenos para evitar que el feminicidio siga creciendo al amparo de la impunidad.

cidhmorelos@gmail.com

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