Archivo mensual: agosto 2012

Demanda CIDHM a gobierno estatal que se emita una “alerta de violencia”

“No basta con llamados de condena, se deben aplicar las leyes”, dice
 

Demanda CIDHM a gobierno estatal que se emita una “alerta de violencia”

 

Raúl Morales Velázquez 

   
   
CUERNAVACA. Luego de los constantes asesinatos en contra de mujeres en las últimas fechas en el estado de Morelos, ayer, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C., exigió al gobernador del estado solicitar que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 37 de la ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el estado de Morelos, se emita la “alerta de violencia contra las mujeres y del agravio comparado”.
En entrevista, los integrantes de dicha Comisión: Juliana García Quintanilla, Paloma Estrada Muñoz, José Martínez Cruz, Marco Antonio Palma Apodaca, Roberto Mendoza Delgado y Alejandra Domingo Portillo consideraron que el asesinato en contra de las mujeres en Morelos se ha incrementado de manera brutal en 2012, pues tan sólo la semana que concluye de agosto es la del mayor número de feminicidios ocurrido en 10 años. ¿Por qué hay tanta violencia feminicida cuando el gobierno anuncia medidas que no aplica? ¿Cómo es posible que mientras se tipifica legalmente el feminicidio no se tomen medidas para prevenir que sigan ocurriendo?, se cuestionaron y respondieron que la explicación  no es sencilla, existen múltiples factores que determinan el grado de violencia en Morelos y en México, en un proceso de descomposición social bajo la crisis permanente del sistema capitalista que nos conduce directamente a la barbarie.
El feminicidio en Morelos aumenta y el gobierno se niega a emitir alerta de género. En una semana han ocurrido el mayor número de ellos. El feminicidio aumentó en Morelos en medio del mayor operativo policíaco-militar que lejos de disminuir ha incrementado la violencia, lo que es una muestra de la política criminal de un gobierno incapaz de garantizar la vida, la justicia y los derechos de las mujeres.
“El llamado es al mandatario de la entidad para que conforme a las obligaciones que tiene como Ejecutivo Estatal emita la alerta de violencia de género, es el  único 

 
que la puede emitir u llamar a los 33 municipios de la entidad para que se aplique esta medida, que se requiere con urgencia desde hace meses atrás (…) no basta hacer llamados de condena sino aplicar las leyes, está en sus manos hacer esto, de ahí el llamado que le hacemos para que se decrete dicha alerta”, consideraron.
Del mismo modo lamentaron que la Procuraduría no haya hecho un trabajo de investigación que permita encontrar a los responsables de esta violencia feminicida, contrario a ello con sus declaraciones se ha dedicado a seguir violentando a las mujeres, dijeron. 
Es de mencionarse que el feminicidio significa el asesinato de mujeres por “la violencia machista socialmente imperante y la violencia institucional que no impide la impunidad. Si la PGJ Morelos sigue dando antecedentes penales de quienes son asesinadas es porque la ética está en otra parte: el respeto de las víctimas es de elemental justicia. Todos los nombres, sus nombres, sus vidas, sus afectos, sus relaciones, su historia, sus corazones y mentes, sus dignidades maltrechas”.
La ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el estado de Morelos, señala en su Capítulo I de la Alerta de Violencia contra las Mujeres y del Agravio Comparado, en su Artículo 37: con motivo de la notificación de la alerta de violencia contra las mujeres en las condiciones y con los procedimientos que la Ley General señala, sobre una zona o municipio determinado, el Sistema Estatal, al ser notificado de la declaratoria de alerta de violencia contra las mujeres tomara las siguientes medidas: I. Se conformará un grupo de trabajo estratégico para analizar y determinar las acciones procedentes para la alerta de violencia contra las mujeres, previa valoración de su procedencia; II. Determinará la instancia de la Administración Pública Estatal que será responsable del seguimiento de las acciones correctivas vinculadas a la alerta de violencia contra las mujeres.
Anuncios

Deja un comentario

Archivado bajo Uncategorized

http://www.jornadamorelos.com/2012/8/21/politica_nota_02.php

Deja un comentario

Archivado bajo Uncategorized

Actuar frente al feminicidio en Morelos.

Juliana G. Quintanilla y Paloma Estrada Muñoz.

 El feminicidio en Morelos se ha incrementado de manera brutal en 2012. La semana que concluye de agosto es la del mayor número de feminicidio ocurrido en 10 años. ¿Por qué ocurre tanta violencia feminicida cuando el gobierno anuncia medidas que no aplica? ¿Cómo es posible que mientras se tipifica legalmente el feminicidio no se tomen medidas para prevenir que sigan ocurriendo? La explicación no es sencilla, existen múltiples factores que determinan el grado de violencia en Morelos y en México, en un proceso de descomposición social bajo la crisis permanente del sistema capitalista que nos conduce directamente a la barbarie.

El feminicidio es un atentado contra los derechos de todas las mujeres porque trata de paralizar a la sociedad a través de introyectar el miedo.

Sentir miedo por algo es natural. El problema está en nuestra forma de reaccionar ante él. No podemos permitir que nuestra manera de actuar esté condicionada por ese temor o que nos paralice hasta el punto de que nuestras decisiones y actitudes queden supeditas a él. Debemos tener cuidado con los miedos que forman parte de nuestra imaginación o con aquellos otros, que pensamos que es posible que sucedan, pero que no hay ningún indicio de que sea así. Estos, por lo general, se convierten en auténticas obsesiones y lo más recomendable es acudir a un especialista para que descubra el verdadero origen de esos temores infundados o imaginarios. La reacción de retroceder y huir frente a una amenaza o peligro real e inminente es inmediata y automática. Esta huida tiene diversas posibilidades: huir alejándonos lo más posible del peligro de forma caótica y descontrolada como consecuencia de la reacción del pánico, o podemos huir valorando las distintas posibilidades de las que disponemos, buscando un escondite, protección… es una forma más inteligente y acertada de hacerlo. Pero, sin lugar a dudas, ante situaciones extremas de peligro no sabemos cuál puede ser nuestra reacción. Debemos identificar nuestro miedo y enfrentarnos a ello paulatinamente. Si es necesario, pediremos ayuda pero bajo ningún concepto debemos permitir que nos domine. Tenemos que aprender a vivir con nuestros miedos y no dejarnos llevar por ellos ni dejar que ejerzan su acción paralizante, porque siempre habrá algo que nos produzca temor.

El feminicidio en Morelos aumenta y el gobierno se niega a emitir alerta de género. 3 jóvenes mujeres no deberían haber muerto. 7 en una semana. El feminicidio aumentó en Morelos durante 2012, es una muestra de la política criminal de un gobierno incapaz de garantizar la vida, la justicia y los derechos de las mujeres.

El feminicidio significa el asesinato de mujeres por la violencia machista socialmente imperante y la violencia institucional que no impide la impunidad. Si la PGJ Morelos sigue dando antecedentes penales de quienes son asesinadas es porque la ética esta en otra parte: el respeto de las víctimas es de elemental justicia.

Todos los nombres, sus nombres, sus vidas, sus afectos, sus relaciones, su historia, sus corazones y mentes, sus dignidades maltrechas. Todo silencio estremece, como el grito desolador que no escuchamos,  como el llanto que se escapa sin poderlo contener, como la vida que se va.

 ¿y la alerta de Genero? ¿Porqué no la emite, si esta en la ley y es atribución del Gobernador Adame? ¿Hasta cuando se tomarán las medidas de prevención, educación, información y de sanción legal a quienes son los perpetradores? ¡Ni una más! Es el grito que denuncia la negligencia criminal, que es la que contribuye a una violencia institucional feminicida que es ya inaceptable. Denunciamos el feminicidio en Morelos y llamamos a toda la sociedad a levantar su voz de indignación para que no sigan estos crímenes, ya!

Deja un comentario

Archivado bajo Uncategorized

SOLIDARIDAD CON LA LUCHA DEL PUEBLO DE TEPOZTLAN CONTRA AMPLIACION AUTOPISTA.

Las organizaciones integrantes del Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética los derechos de los Trabajadores y las Garantías Constitucionales estamos enterados de la lucha que el pueblo de Tepoztlan esta llevando a cabo en defensa de su tierra y territorio, frente a proyectos devastadores ambientalmente como la ampliación a cuatro carriles de la autopista La Pera a Cuautla, por lo que consideramos necesario emitir un PUNTO DE ACUERDO con los siguientes considerandos:

 
Primero:
Nuestras organizaciones incluimos en nuestro programa de lucha una clara definición de lucha contra los proyectos que destruyen el medio ambiente y no toman en cuenta los derechos de los pueblos indígenas.
 
Segundo:
Reconocemos que el pueblo de Tepoztlan ha sabido resistir los proyectos privatizadores y neoliberales que pretenden imponerse por encima de la voluntad popular en beneficio de unos cuantos, como fue en su momento el Teleférico y el Club de Golf.
 
Tercero:
Por tal motivo, expresamos nuestra solidaridad con la lucha del pueblo de Tepoztlan y exigimos a las autoridades estatales y federales brinden todas las garantías al pueblo para que sea salvaguardado su derecho a decidir y a contar con toda la información sobre el proyecto de ampliación a 4 carriles de la autopista La Pera a Cuautla.
 
Cuarto:
Nos comprometemos a participar en la medida de nuestras fuerzas y posibilidades en las acciones de solidaridad, en la perspectiva de la unificación de las luchas en contra de la destrucción del medio ambiente y por el respeto a los derechos de los pueblos.
 
Atentamente.
 
Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética los derechos de los Trabajadores y las Garantías Constitucionales

Deja un comentario

Archivado bajo Uncategorized

Criminalidad, violencia y derechos humanos en Morelos.

La CIDHM condena la violencia creciente en Morelos que posteriormente a las elecciones se ha expresado en muertes violentas de jóvenes, mujeres y menores de edad, en  actos de verdadera masacre, sin que las políticas de seguridad pública garanticen la vida de cientos de personas que la han perdido violentamente en una escalada de violencia imparable. 

  Es además preocupante que el gobierno panista de Marco Adame persista en su estrategia militarista de un “Plan Morelos Seguro” que no solo ha resultado ineficaz sino que muestra los enormes grados de impunidad, complicidad y corrupción existente entre las instancias encargadas de la seguridad, la procuración y administración de justicia. Nos resulta aún más grave que las medidas anunciadas por el gobierno electo se mantengan en la misma ruta, como se anunció luego de una entrevista con Gobernación, donde se pone énfasis en la policía con mando único en lugar de establecer el control ciudadano sobre esta instancia, además del mantenimiento y fortalecimiento del mismo “Plan Morelos Seguro” que hemos denunciado por sus aspectos negativos: “Graco Ramírez dijo que los estudios de investigación permitirán reforzar la estrategia para inhibir la actuación del crimen organizado, pero principalmente para enlazar a la entidad con el sistema Plataforma México “ya que durante 12 años no estuvo conectada”.

La criminalidad en Morelos es creciente. Los datos proporcionados por las autoridades indican que al año se cometen más de 260 mil delitos. De acuerdo con el INEGI, de millón186 mil 928 residentes en Morelos de 18 años y más, 22 de cada 100 fueron víctimas de algún delito en el año 2010. En los últimos años  hubo un incremento de los delitos, pues el robo a transeúnte aumentó 71 por ciento, el robo de vehículo con violencia 279 por ciento, robo a repartidores 179 por ciento, robo a transporte público 551 por ciento, robo a negocio con violencia 125 por ciento, robo a casa habitación 246 por ciento, homicidio intencional 276.7 por ciento y secuestro 109.8 por ciento. De igual forma, la violencia familiar y los delitos sexuales registran un aumento importante.  Los municipios que concentran el mayor índice de criminalidad son: Cuernavaca, Cuautla, Jiutepec, Yautepec, Temixco, Jojutla y Emiliano Zapata. Durante los últimos años la delincuencia ha experimentado en México un crecimiento explosivo. Coincidiendo con una de las crisis económicas más severas que ha sufrido el país,  la delincuencia creció 64% en promedio a nivel nacional. No existe precedente en el país de un incremento de esta magnitud para un periodo tan corto. Por lo que se refiere al deterioro en las condiciones de vida, el Banco Mundial estimó  que 40% de la población  en México sobrevivía con  menos de dos dólares diarios mientras que 15% recibía menos de un  dólar al día. Sólo  dos años después el Banco estimó que el primer grupo había crecido al 42,5% y el segundo al 18%. Así mismo, y  al igual que la mayor parte de los países de América Latina, México es un país de profundas desigualdades. El 40% de su población de más bajos ingresos apenas percibía 11% de los ingresos totales mientras que el 20% de la capa superior obtenía 58% del ingreso total. La polarización  de la sociedad  y la distancia creciente entre los sectores de mayores y menores ingresos y oportunidades, es uno de los factores que ha contribuido al incremento en los índices delictivos. De acuerdo con datos oficiales se denunciaron  en  México  un total de 1  millón  373.000  delitos. Los delitos más frecuentemente denunciados, fueron: robo  43%; lesiones 18%; daño  en propiedad ajena 10%; delitos contra la salud (tráfico de drogas) 5%; amenazas 4%; fraude 4% y homicidio 3%. En cuanto al robo el promedio fue de 583 robos por 100 mil habitantes. El robo con violencia es el delito que más se ha incrementado. Con respecto  a las muertes por violencia, el homicidio siempre ha ocupado  en México uno de los diez primeros sitios entre las causas de defunción. De hecho, la tasa de homicidios en América Latina y  el Caribe es, después de África, la segunda más elevada en el mundo  con  un  promedio  de 22,9  por 100 mil habitantes. En México, durante el periodo de 1922 a 1988, murió el mismo número de personas por homicidio que como  consecuencia de algún  tumor maligno. En  1999  la tasa de muertes por homicidio  intencional fue de 15,2  por 100  mil habitantes, superior en  un  50% al promedio mundial de 10,7 y casi el doble con respecto a la de Estados Unidos (8 por 100 mil). Por otro lado, y aunque la mayor parte de las víctimas de homicidio son hombres que rivalizan con otros hombres, también la violencia se dirige con frecuencia hacia las mujeres y los niños.

Según datos que se han obtenido de fuentes oficiales, periodistas han hecho un comparativo entre los crímenes violentos ocurridos en Estados Unidos y México que muestran una asimetría como la siguiente: Los homicidios en México 2007-junio de 2012 (est), en comparación con los homicidios de Estados Unidos. Mientras que en el año 2007 ocurrieron en México  8867 homicidios, en EEU fueron 17.128. En 2008 la relación fue de 14006 a 16.465, en 2009 ocurrieron  19803 y 15.399, invirtiéndose los niveles de violencia, mientras que para 2010 se elevo a  24374 por 14.748 y en 2011 22,223 por 14.000. De tal manera que existe una proyección para el 2012 de  20.788 casos en México por 14.000 de aquel lado de la frontera. De tal manera que  el Estimado total de homicidios durante el mandato de Calderón asciende a 110061 mientras en EEUU será de 91.740 (Los datos de la agencia oficial de estadística de México (INEGI) # y del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) + y Homicidios de Estados Unidos del FBI Uniform Crime Reports @.  Población de EE.UU. – 311591917 Fuente: Oficina del Censo de EE.UU. Población de México – 112 336 538 Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La pobreza extrema, la injusticia social, la concentración de la riqueza y el poder, la falta de empleo y de servicios públicos, son algunas de las causas estructurales, quien tiene la responsabilidad es el gobierno en turno, los recursos económicos se destinan al incremento de la violencia y no hacia proyectos de beneficio colectivo, escuelas, clínicas, mercados. No se resolverán con medidas policiaco-militares y menos con violencia institucional que aumenta la violencia criminal. Estos son algunos de los temas pendientes en la agenda de respeto a los derechos humanos de la población en Morelos y en el país.

Deja un comentario

Archivado bajo Uncategorized

Seguridad pública o indefensión ciudadana?

Juliana G. Quintanilla y Marco Palma Apodaca.

 Cuatro jóvenes. Con toda una vida por delante. Destrozados. Como la vida misma que se va. No solo eso. Brutalmente exhibidos. Tortura para los familiares. Y las autoridades añaden vituperio a la infamia: algo hicieron. Un boletín de prensa los exhibe: tenían antecedentes penales. Pasan los días y los años. Se acumulan los casos: 290 en 6 meses. 90 por ciento de ellos jóvenes. 30 por ciento menores de edad. Vidas cegadas, muerte sin fin.

Tres jóvenes. 2 mujeres y un hombre. Acribillados en un auto. ¿La autoridad investiga el crimen múltiple? No. Oculta los nombres. Mejor aún si los pueden enviar a la fosa común:  tendrán como identificación si acaso, con un número.

Nueve jóvenes. Estaban divirtiéndose en un bar. Junto a otros. Fueron masacrados. El ruido ensordecedor de la metralla y los vidrios rotos aún taladra la mente de quien se escondió debajo de la mesa. Sobrevivió. Con el apoyo de sicoterapia.

Un joven. Salió temprano de su casa. No regresó. En la esquina, cuando daba una fumada a su cigarro, fue baleado. Al día siguiente, la fotografía de su cuerpo omitió el par de muletas que llevaba, tiradas a un lado.

Desde que el gobierno de Felipe Calderón sacó el ejército a las calles, los índices delincuenciales en todo el país fueron a la alza, la violencia se apoderó de las ciudades y las ejecuciones y los enfrentamientos entre delincuentes y militares se han vuelto cotidianos, mucho más cruentos y con mayor violencia, lo que nos lleva a pensar que esta clase de acciones son meramente mediáticas, pero no de resultados contundentes en cuanto al combate al crimen organizado.

Compartimos la opinión de la Organización de las Naciones Unidas en el sentido de desaconsejar el uso del ejército en labores de Seguridad Pública, ya que la experiencia internacional ha mostrado los efectos contraproducentes que conlleva utilizar a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, además de que violentan el estado de derecho, toda vez que los retenes militares son ANTICONSTITUCIONALES, violentado no solo el estado de derecho sino las garantías de las y los habitantes de Morelos, restringiéndoseles su derechos al libre tránsito, a la presunción de inocencia, a gozar de la seguridad pública y a vivir una vida libre de violencia.

En la lucha contra el crimen organizado, no se puede ni se debe abrir paso a la violación a los derechos humanos, lo que es común en lugares donde el ejército ha montado operativos. Las violaciones a los derechos humanos son los posibles riesgos que se presentan cuando se utiliza una fuerza que está capacitada para otras tareas, para las cuales tiene una capacitación específica, pero debe tener una reglamentación para poder actuar en otros campos que no son de su propia índole.  EL QUE LOS MILITARES ACTUEN CON PASAMONTAÑAS ES TAMBIEN ILEGAL, VIOLATORIO DE TODO DERECHO ASÍ COMO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA POBLACIÓN CIVIL, ya que esta no puede defenderse al no estar en posibilidades de identificar a quienes la agreden, tampoco podrá alcanzar justicia. Ejemplos de esta situación en la entidad los conocemos y podemos dar cuenta de estos. 

De igual manera hemos conocido la forma en que los militares han tratado de impedir la labor de las y los periodistas que documentan el desarrollo de operativos y detenciones arbitrarias que están cometiendo. Se les ha obstaculizado grabar y fotografiar las acciones, en donde los militares aparecen con el rostro cubierto con pasamontañas negros. Se les intimida verbal y físicamente para que no lleven a cabo su labor profesional de informar lo que está ocurriendo. Se les ordena mostrar y entregar el material grabado y fotografiado. y se les amenaza con quitarles las cámaras y con que si no obedecen se los va llevar. 

Testimonios recabados documentan la vulnerabilidad que viven las mujeres principalmente de las que viven o transitan cerca de los retenes. 

Otra violación a las garantías y derechos humanos de la población civil, los militares es el hecho de obligar por la vía de la fuerza y presencia a que las y los ciudadanos obedezcan, que sin dudar ni cuestionar se acaten sus órdenes, cuando se intenta preguntar o cuestionar el porque se actúa de manera violenta ha traído como consecuencia agresiones físicas y violación de garantías al querer imponer la ley marcial a la población civil y al no tener la respuesta buscada, la violencia por parte del militar es el resultado final. 

Condenamos estas acciones intimidatorias contra la población civil, así como hacia periodistas que corren un riesgo creciente al llevar a cabo su trabajo de comunicación. 

Dejamos en claro que no compartimos el uso de militares en labores de seguridad pública ya que las fuerzas armadas son una amenaza para las garantías individuales y para el respeto a los derechos humanos, porque no están capacitadas para responder a situaciones de orden interno.

Fuera el ejército de las calles de Morelos. Que regresen a sus cuarteles. Respeto al artículo 129 de la Constitución.

Deja un comentario

Archivado bajo Uncategorized

Militares y violaciones a derechos humanos.

José Martínez Cruz y Roberto Mendoza Delgado

Los militares violan derechos humanos y permanecen en la impunidad en su mayoría. El caso Jethro Ramsés es paradigmático en este sentido.  La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los mandos del Ejército Mexicano que se vieron involucrados en el caso de la tortura, asesinato y desaparición de Jethro Ramsés Sánchez, sean procesados por el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos. El 8 de agosto, continuó en el pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJN), la discusión sobre los límites al fuero militar. Finalmente, después de tres sesiones una mayoría de 8 Ministros decidió resolver a favor de la justicia civil el conflicto competencial 38/2012 y una mayoría de 7 Ministros determinó que el expediente debía ser conocido por la justicia federal. Como es de conocimiento público, el conflicto competencial resuelto por la SCJN estaba relacionado con el juzgamiento de un Coronel del Ejército Mexicano acusado de haber ordenado la inhumación clandestina de Jethro Ramsés en Morelos. En dicho caso, el juzgado militar, ante el cual fue consignado el Coronel José Guadalupe Arias Agredano, había declinado su competencia hacia el fuero civil argumentando que el día de los hechos, el Coronel estaba de franco (en día de descanso), sin embargo un Juzgado Civil Federal, rechazó asumir la competencia motivando la apertura del conflicto competencia. 

El caso, que se discutió durante tres días por los Ministros de la Corte, sentó un importante precedente para que los delitos cometidos por militares en contra de civiles o con la participación de éstos, sean competencia de juzgados federales. La resolución de la Corte impone que el coronel José Guadalupe Arias Agredano, acusado de encubrir la tortura y el homicidio del joven Jethro Ramsés Sánchez, sea llevado ante el juez de distrito, por tratarse de un delito cometido por un servidor público en su carácter de militar en servicio activo. Durante las discusiones, los Ministros determinaron en que Arias Agredano cometió el ilícito que se le atribuye en la causa penal 523/2011, sin importar que el día de los hechos se encontraba fuera de servicio y no portaba su uniforme, puesto aun así estaba en servicio activo del Ejército. Hubo una coincidencia en que el fuero de guerra sólo puede aplicarse a delitos contra la disciplina militar cometidos por integrantes de las fuerzas armadas. La sentencia establece que en casos de violaciones a derechos humanos de civiles por integrantes del Ejército no debe operar la jurisdicción militar. Jethro Ramsés fue detenido arbitrariamente en mayo del 2011 y sometido a torturas por militares, lo que provocó que perdiera la vida. Los militares involucrados dieron cuenta del hecho a su superior, y este ordenó que su desaparición, según los testimonios que obran en los expedientes. Aun cuando el gobierno trató de ocultar el involucramiento de policías y militares, el caso fue enviado a Amnistía Internacional, a la senadora Rosario Ibarra y al Grupo de Trabajo de la ONU sobre desapariciones Forzadas por la Comisión Independiente de Derechos Humanos y retomada por otras organizaciones nacionales e internacionales que acompañamos a la familia de Jethro. La decisión de la SCJN de enviar el expediente a la justicia civil constituye la primera resolución en el grupo de 30 expedientes que hoy se encuentran ante el máximo Tribunal. En ese sentido, lo votado  por las Ministras y Ministros puede sentar la base para que el pleno, si reitera en varios casos el mismo criterio, establezca jurisprudencia plenamente vinculante para todas las autoridades. En ese sentido, si bien no fue suficientemente claro que estándar adoptó el pleno para decidir la remisión de los casos al fuero civil sobre todo en lo referente a reiterar la obligatoriedad de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la resolución adoptada constituye un importante avance.  En México, el Secretario de la Defensa ejerce a la vez poderes ejecutivos y judiciales sobre las fuerzas armadas. Los jueces militares no gozan en general de la garantía de permanencia en el cargo, y podrían razonablemente temer que el Secretario de la Defensa los aparte de su función u obstaculice de otro modo su carrera profesional si emiten decisiones que este no comparte. La posibilidad de que las autoridades de la justicia penal ordinaria controlen las decisiones adoptadas por tribunales militares es sumamente limitada. Prácticamente no existe ningún escrutinio público ni información sobre qué sucede realmente durante las investigaciones, los procedimientos y los juicios militares, que pueden extenderse durante varios años. La Procuraduría General de Justicia Militar inició casi 5.000 investigaciones de violaciones de derechos humanos cometidas por soldados contra civiles entre 2007 y abril de 2012, según cifras obtenidas mediante pedidos de información pública presentados por Human Rights Watch. De acuerdo con datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), durante ese período se ha condenado tan sólo a 38 militares en el fuero militar. Sin embargo, los registros aportados por la SEDENA no permiten identificar claramente qué proporción de estas personas estaban prófugas y fueron condenadas en ausencia, ni cuántas fueron exoneradas en instancia de apelación. A su vez, a 11 de los 38 militares condenados se les impuso una pena por delitos cometidos antes de 2007. Por todo lo anterior es que hasta ahora, no termina de abordarse el conflicto competencial como un asunto donde lo que está de fondo es establecer los alcances de la jurisdicción militar a partir de una interpretación histórica del artículo 13 constitucional, a la luz de las obligaciones internacionales del Estado mexicano que en razón del nuevo artículo 1 constitucional forman el bloque de constitucionalidad. Es necesario mantener la exigencia de que los militares sean retirados de tareas de seguridad pública y que quienes cometen violaciones a derechos humanos sean sancionados por la vía civil y no permitir impunidad alguna.

cidhmorelos@gmail.com

Deja un comentario

Archivado bajo Uncategorized