Seguridad pública o indefensión ciudadana?

Juliana G. Quintanilla y Marco Palma Apodaca.

 Cuatro jóvenes. Con toda una vida por delante. Destrozados. Como la vida misma que se va. No solo eso. Brutalmente exhibidos. Tortura para los familiares. Y las autoridades añaden vituperio a la infamia: algo hicieron. Un boletín de prensa los exhibe: tenían antecedentes penales. Pasan los días y los años. Se acumulan los casos: 290 en 6 meses. 90 por ciento de ellos jóvenes. 30 por ciento menores de edad. Vidas cegadas, muerte sin fin.

Tres jóvenes. 2 mujeres y un hombre. Acribillados en un auto. ¿La autoridad investiga el crimen múltiple? No. Oculta los nombres. Mejor aún si los pueden enviar a la fosa común:  tendrán como identificación si acaso, con un número.

Nueve jóvenes. Estaban divirtiéndose en un bar. Junto a otros. Fueron masacrados. El ruido ensordecedor de la metralla y los vidrios rotos aún taladra la mente de quien se escondió debajo de la mesa. Sobrevivió. Con el apoyo de sicoterapia.

Un joven. Salió temprano de su casa. No regresó. En la esquina, cuando daba una fumada a su cigarro, fue baleado. Al día siguiente, la fotografía de su cuerpo omitió el par de muletas que llevaba, tiradas a un lado.

Desde que el gobierno de Felipe Calderón sacó el ejército a las calles, los índices delincuenciales en todo el país fueron a la alza, la violencia se apoderó de las ciudades y las ejecuciones y los enfrentamientos entre delincuentes y militares se han vuelto cotidianos, mucho más cruentos y con mayor violencia, lo que nos lleva a pensar que esta clase de acciones son meramente mediáticas, pero no de resultados contundentes en cuanto al combate al crimen organizado.

Compartimos la opinión de la Organización de las Naciones Unidas en el sentido de desaconsejar el uso del ejército en labores de Seguridad Pública, ya que la experiencia internacional ha mostrado los efectos contraproducentes que conlleva utilizar a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, además de que violentan el estado de derecho, toda vez que los retenes militares son ANTICONSTITUCIONALES, violentado no solo el estado de derecho sino las garantías de las y los habitantes de Morelos, restringiéndoseles su derechos al libre tránsito, a la presunción de inocencia, a gozar de la seguridad pública y a vivir una vida libre de violencia.

En la lucha contra el crimen organizado, no se puede ni se debe abrir paso a la violación a los derechos humanos, lo que es común en lugares donde el ejército ha montado operativos. Las violaciones a los derechos humanos son los posibles riesgos que se presentan cuando se utiliza una fuerza que está capacitada para otras tareas, para las cuales tiene una capacitación específica, pero debe tener una reglamentación para poder actuar en otros campos que no son de su propia índole.  EL QUE LOS MILITARES ACTUEN CON PASAMONTAÑAS ES TAMBIEN ILEGAL, VIOLATORIO DE TODO DERECHO ASÍ COMO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA POBLACIÓN CIVIL, ya que esta no puede defenderse al no estar en posibilidades de identificar a quienes la agreden, tampoco podrá alcanzar justicia. Ejemplos de esta situación en la entidad los conocemos y podemos dar cuenta de estos. 

De igual manera hemos conocido la forma en que los militares han tratado de impedir la labor de las y los periodistas que documentan el desarrollo de operativos y detenciones arbitrarias que están cometiendo. Se les ha obstaculizado grabar y fotografiar las acciones, en donde los militares aparecen con el rostro cubierto con pasamontañas negros. Se les intimida verbal y físicamente para que no lleven a cabo su labor profesional de informar lo que está ocurriendo. Se les ordena mostrar y entregar el material grabado y fotografiado. y se les amenaza con quitarles las cámaras y con que si no obedecen se los va llevar. 

Testimonios recabados documentan la vulnerabilidad que viven las mujeres principalmente de las que viven o transitan cerca de los retenes. 

Otra violación a las garantías y derechos humanos de la población civil, los militares es el hecho de obligar por la vía de la fuerza y presencia a que las y los ciudadanos obedezcan, que sin dudar ni cuestionar se acaten sus órdenes, cuando se intenta preguntar o cuestionar el porque se actúa de manera violenta ha traído como consecuencia agresiones físicas y violación de garantías al querer imponer la ley marcial a la población civil y al no tener la respuesta buscada, la violencia por parte del militar es el resultado final. 

Condenamos estas acciones intimidatorias contra la población civil, así como hacia periodistas que corren un riesgo creciente al llevar a cabo su trabajo de comunicación. 

Dejamos en claro que no compartimos el uso de militares en labores de seguridad pública ya que las fuerzas armadas son una amenaza para las garantías individuales y para el respeto a los derechos humanos, porque no están capacitadas para responder a situaciones de orden interno.

Fuera el ejército de las calles de Morelos. Que regresen a sus cuarteles. Respeto al artículo 129 de la Constitución.

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