¿Sin agua, luz ni transporte: urbes sin servicios?

Juliana G. Quintanilla y José Martínez Cruz/ 

 La distancia que existe entre el reconocimiento normativo de los derechos económicos, sociales y culturales [desc] –constitucional y en tratados internacionales–, y su vigencia en la realidad, es el principal problema que hoy enfrentan estos derechos. Sin agua estuvieron miles de habitantes de Cuernavaca porque la CFE cortó la energía a los pozos que administra Sapac. Cientos de cortes de luz también se han efectuado en negocios y domicilios particulares en Cuernavaca por la CFE. Los dueños de rutas de transporte público exigen un incremento de la tarifa mínima de 5.50 a 9.00 pesos. Tres servicios públicos fundamentales están en el centro de las preocupaciones de los habitantes de la capital de Morelos. La falta de cualquiera de ellos trastoca las actividades y el desarrollo de las actividades económicas, sociales, vitales, de una ciudad fincada en la prestación de servicios y el comercio, como es Cuernavaca, ante el paulatino deterioro de la industria y el debilitamiento al mínimo del sector agropecuario.

Cuernavaca no contó con servicio de agua, luego de que la Comisión Federal de Electricidad hiciera el corte de energía eléctrica a 25 de los 84 pozos que se encuentran en toda la capital morelense, esto ocasionado por una “deuda histórica” que tiene el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca con la CFE la cual asciende a 38 millones de pesos. El número de colonias afectadas fue de 29 y el aproximado de tomas de agua cerradas representa el 60% de las 95 mil que hay en la ciudad. Esta deuda se tiene registrada con la ya extinta Luz y Fuerza del Centro, pero al momento de que CFE tomó las riendas del servicio de luz, notificó a SAPAC el antiguo endeudamiento, por lo que llevó a cabo el corte de luz en varios pozos de Cuernavaca.

El agua es un derecho humano por ser fundamental para el disfrute de la vida digna y de la vida misma. De esta manera, aun cuando el 8 de febrero de 2012 se adicionó un párrafo al artículo 4º constitucional, donde se establece que Toda persona tiene derecho de acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, esto se pone en cuestión por esta clase de conflictos entre CFE y Ayuntamiento, lesionando severamente derechos de la población.

En el tema del alza del pasaje, colonos en lucha han mostrado como los salarios Mínimos en el Estado de Morelos incrementaron en el presente año un 4.2%  quedando estos, en la cantidad de $ 59.80 por jornada. Cualquier trabajador en el Estado, gasta casi el 20 % del salario mínimo en transportarse a su trabajo, cuando solo tiene que usar un vehículo de ida y otro de regreso. Pero casi todos tenemos hijos que se trasladan a las escuelas y muchos de ellos tienen que utilizar dos transportes para llegar a su destino, con lo que en promedio, cualquier trabajador, gasta más del 55 % de un salario Mínimo en transporte, con las tarifas actuales, es decir $ 33.00 de los $ 59.80 que el salario representa. Con la pauperización de los ingresos de los trabajadores, propiciada por la política de contención salarial y los incrementos arbitrarios a los artículos de primera necesidad que provoca el libre mercado y los aumentos mensuales a la gasolina, el gas y la electricidad, la población se encuentra en una situación desesperada y cada vez alcanza menos para comer. Con el incremento del 65% que pretenden los transportistas, un trabajador, gastaría en transporte más del 90% de un salario Mínimo, es decir $ 54.00 al día, de los $ 59.80 que representa el salario.

Es así que muchas violaciones a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en nuestro país quedan en la impunidad. Y el problema no termina ahí, ya que la denegación de los estos derechos impacta muchas veces en la dimensión no sólo individual sino también colectiva de las personas, generando efectos negativos masivos y a la vez vulnerando o limitando el ejercicio de otros derechos humanos, incluso civiles y políticos. En un esfuerzo por generar certezas frente a demandas históricamente insatisfechas, tales como lograr una vida digna frente a los obstáculos para acceder a la alimentación, el vestido, la vivienda, la salud, el trabajo, la educación, el transporte público, etc., que se inscriben dentro de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (desca), en México se dio un paso impostergable con la reforma constitucional en materia de derechos humanos en junio del año pasado, y posteriormente con el reconocimiento de los derechos a la alimentación y al agua. Es indudable que este avance abre el camino para garantizar que en el ámbito legal los desca sean exigibles y justiciables, pero este avance no podrá completarse si a la par no se erradican las actuales estrategias gubernamentales que privilegian los intereses políticos y económicos por encima de los derechos fundamentales, incrementando la desigualdad social y la pobreza que en diferentes grados ya afectan a la mayoría de la población en Morelos y en todo el país. La ciudadanía tiene derecho a protestar para exigir que se cumplan derechos establecidos. Hacer de la urbe un espacio pleno de derechos y no de privaciones, es fundamental para construir ciudadanía con justicia social.

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