Archivo mensual: noviembre 2012

Detener la violencia feminicida en Morelos es una tarea urgente y necesaria.

La poca atención que el Estado mexicano ha prestado a la violencia extrema contra las mujeres y niñas (feminicidio), ha tenido como consecuencia acciones poco efectivas para la prevención, tratamiento, combate y erradicación de este delito en el país.  La falta de cifras claras y estadísticas que permitan conocer la magnitud del problema, además de que no hay seguimiento de los casos, se desconoce la identidad de las mujeres, quién las mató, el móvil del asesinato, y no hay pruebas.  18 municipios de la entidad morelense forman parte de este mapa del feminicidio. Cuernavaca es uno de los municipios con un incremento de la violencia feminicida. Un tema que lastima gravemente la vida y la seguridad de las mujeres, el feminicidio, requiere de medidas urgentes y profundas.

 

Morelos cuenta con su propia Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que establece los principios y criterios que, desde la perspectiva de género, orientarán las políticas públicas para reconocer, promover, proteger y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. La legislación incluye la actuación que deben tener las autoridades en materia de prevención, atención y acceso a la justicia; asimismo, coloca como fundamental la reparación del daño y el acceso de las mujeres a la justicia. Resaltan también como directrices fundamentales: el derecho de las víctimas a ser tratadas con respeto, a ser valoradas y educadas, libres de estereotipos, así como acceder a procedimientos expeditos y accesibles de procuración y administración de justicia.

 

El feminicidio, la forma extrema de violencia en contra de las mujeres, se consuma porque las autoridades omisas, negligentes o coludidas con agresores ejercen sobre las mujeres violencia institucional, al obstaculizar su acceso a la justicia y con ello contribuir a la impunidad. El feminicidio conlleva la ruptura del estado de derecho ya que el Estado es incapaz de garantizar la vida de las mujeres, de actuar con legalidad y hacerla respetar, de procurar justicia, prevenir y erradicar la violencia que la ocasiona. El feminicidio es un crimen de estado. A la mayoría de las mujeres que han perdido violentamente la vida las asesinaron en su casa, al resto se desconoce en donde las privaron de su derecho a la vida, pero sus cuerpos fueron hallados en la calle, en un baldío, una barranca, en una construcción, en un río, en un cuarto de hotel o en una casa de secuestro. Todas ellas fueron torturadas, maltratadas, atemorizadas y vivieron humillaciones; fueron golpeadas hasta la muerte. Todas quedaron aisladas y desprotegidas, aterradas, amenazadas, vivieron la más extrema impotencia de indefensión.

 

Consta este sufrimiento en la documentación entregada al gobierno panista recién concluido, al cual solicitamos en el mes de agosto la aplicación del mecanismo legal de la Alerta de género, toda vez que el incremento de esta violencia contra las mujeres así lo requiere. No hubo respuesta, ni verbal ni escrita. Oídos sordos y ojos cerrados de un gobierno que concluyó sin haber aplicado el “Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos. PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL TIERRA Y LIBERTAD.”, que en su TÍTULO TERCERO, DE LOS MECANISMOS GARANTES, establece en su CAPÍTULO I: DE LA ALERTA DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y DEL AGRAVIO COMPARADO, en su ARTÍCULO 42.- El Sistema, o en su caso el Poder Ejecutivo del Estado, al ser notificado de la declaratoria de alerta de violencia contra las mujeres y del agravio comparado se sujetará a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley, y 23 de la Ley General. Esta LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA fija en su ARTÍCULO 23.- La alerta de violencia de género contra las mujeres tendrá como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos, por lo que se deberá: I. Establecer un grupo interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva de género que dé el seguimiento respectivo; II. Implementar las acciones preventivas, de seguridad y justicia, para enfrentar y abatir la violencia feminicida; y en su ARTÍCULO 24.- La declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres, se emitirá cuando: I. Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame; II. Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, y III. Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades federativas, los organismos de la sociedad civil y/o los organismos internacionales, así lo soliciten.”

Hoy existe en Morelos un nuevo gobierno que tiene el deber y el compromiso de actuar con la prontitud y rapidez con la que no actuó su predecesor. La vida de las mujeres está en riesgo. Así lo demuestran los 12 feminicidios ocurridos en el mes de octubre que aún no termina. Demandamos el establecimiento de políticas públicas que garanticen la vida y la seguridad de las mujeres en Morelos. Emitir la Alerta de Género requiere voluntad política y compromiso social. Ningún gobierno está eximido de asumir la responsabilidad que le demanda la ley y la ciudadanía. Que nadie cierre los ojos ni voltee la vista hacia otro lado cuando está creciendo gravemente el feminicidio en Morelos.

La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos demanda públicamente al gobierno del Estado de Morelos asumir un compromiso que su antecesor no se atrevió a cumplir para proteger la vida y la seguridad de las mujeres: La Alerta de Género es sólo un paso que debiera servir para cambiar de fondo las políticas a favor de los derechos humanos de las mujeres. No callar, no minimizar, no ser cómplices del horror cotidiano, es lo mínimo que podemos hacer para reivindicar la dignidad de las mujeres en Morelos.

Atentamente.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

 

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Tortura e impunidad.

El agua de tehuacán y los ojos tapados, los cables de luz y la obscuridad de los subterráneos. Instrumentos de la tortura y el horror. Se aplican de manera científica, no por improvisados. Responde a la lógica del terror, no a la búsqueda de justicia. Han recibido cursos de entrenamiento. No se sabe si forman parte de los exámenes de confianza para permanecer en la policía o el ejército. Pero utilizan estas técnicas sacadas de manuales de entrenamiento del Ejército norteamericano, de las policías secretas y de los comandos del exterminio, que proliferan por los anchos caminos de la impunidad. 

Resulta sumamente difícil determinar la verdadera magnitud y extensión de la tortura y otros malos tratos en México. Esta dificultad se debe en parte al endeble sistema de denuncia e investigación, que casi nunca hacer rendir cuentas a los responsables y deja a las víctimas y testigos expuestos a sufrir represalias, como consecuencia de lo cual se denuncian muchos menos casos de los que realmente se producen.
Además, incluso cuando se presenta denuncia ante las autoridades, no se lleva a cabo una recogida sistemática de datos. Aunque la recogida y análisis de datos plantean grandes dificultades en un país que es una federación, con múltiples jurisdicciones y cuerpos de seguridad, México es mucho más eficaz en esta materia en muchos otros sectores, como la salud y la seguridad social.  De las 110 denuncias de tortura, 31 han dado lugar a recomendaciones de la CNDH, mientras que 57 siguen siendo objeto de examen. De las 4.731 denuncias de malos tratos, 83 han dado lugar a recomendaciones.
La información ofrecida por la CNDH es la más exhaustiva de que se dispone, pero sigue distando mucho de representar el verdadero número de denuncias de tortura de todo el país. La CNDH sólo está encargada de intervenir cuando hay funcionarios federales implicados en los abusos, por lo que sus datos no incluyen necesariamente las denuncias de tortura y otros malos tratos cometidos por funcionarios estatales o municipales (salvo si hay también funcionarios federales presuntamente implicados). No existe ningún mecanismo sistemático de captación de todas las denuncias presentadas ante las 32 comisiones estatales de derechos humanos.  
Debido a ello, la información disponible presenta graves carencias. El gobierno federal reconoce que el 90 por ciento de los delitos se cometen en las 32 jurisdicciones de los 
estados y el Distrito Federal, y sólo el 10 por ciento en la jurisdicción federal. De los más de 400.000 agentes de policía del país, sólo 30.000 son de la Policía Federal (aunque hay desplegados además 50.000 militares que desempeñan también funciones policiales). La mayor parte de la policía actúa bajo jurisdicción estatal, como revela hecho de que en la mayoría de los casos de tortura y malos tratos haya agentes estatales o municipales implicados. Asimismo, las graves deficiencias de la legislación estatal aumentan las probabilidades de que los abusos se clasifiquen como delitos leves, en vez de cómo tortura, lo cual va en contra de las obligaciones de México en materia de derechos humanos. Por otro lado, el hecho de que, a juzgar por los datos de la tabla anterior, la CNDH reciba más de 43 veces más denuncias de malos tratos que de tortura hace que se planteen también dudas sobre el modo en que trata las denuncias.  
La información de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre querellas, actas de acusación formal y procesamientos por tortura y otros malos tratos se refiere sólo a los casos en que los cargos se formulan bajo la jurisdicción federal. La información que proporciona la Judicatura federal sobre condenas es igualmente limitada.  
Según la PGR, entre 2008 y 2011 se abrieron 58 investigaciones preliminares por tortura, que dieron lugar a 4 actas de acusación formal. Según la Judicatura federal, durante el mismo periodo hubo 12 procesamientos por tortura, que dieron lugar a 5 sentencias condenatorias. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) recoge y publica 
datos nacionales. De acuerdo con él, entre 2006 y 2010, en la jurisdicción o fuero federal hubo un procesamiento y ninguna sentencia condenatoria por tortura. En el mismo periodo, en el fuero común (las jurisdicciones de los 31 estados y el Distrito Federal) hubo 37 procesamientos y 18 sentencias condenatorias por tortura. Sin embargo, es imposible correlacionar estas diversas fuentes de datos para obtener un registro interanual exacto. La falta de actas de acusación, juicios y sentencias condenatorias por tortura y otros malos tratos es reflejo de la incapacidad o falta de voluntad de las autoridades para garantizar la investigación y el enjuiciamiento efectivos e imparciales de los casos. Por ejemplo, el creciente número de denuncias presentadas ante la CNDH no da dado lugar a un aumento de las actas de acusación ni de las sentencias condenatorias.  
Amnistía Internacional ha documentado en los últimos años varios casos notorios en los que se han entablado acciones penales. Sin embargo, ni siquiera en estos casos se ha llevado a los responsables de tortura y otros malos tratos ante la justicia ni tampoco los sobrevivientes han recibido reparaciones.  
Las impunidad de los delitos de tortura y otros malos tratos es constante desde la “guerra sucia” (de 1964 a 1982). Se cometieron de manera sistemática y generalizada graves 
violaciones de derechos humanos contra manifestantes y presuntos miembros de movimientos políticos de oposición, incluidos grupos armados. La antigua Fiscalía Especial 
para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) y su informe histórico de la verdad, cuya difusión se reprimió posteriormente, documentaron claramente muchas de las violaciones sistemáticas de derechos humanos, entre las que figuraban tortura, ejecuciones 

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Acabar con la tortura y la impunidad.

José Martínez Cruz y Marco Aurelio Palma Apodaca.

Erradicar la tortura no es una tarea imposible. Si, es necesario superar esa ideología dominante de “Vigilar y Castigar”, que justifica las peores atrocidades. Cuando la tortura se generaliza como método de investigación o de castigo socialmente aceptado, estamos llegando al límite de la barbarie. ¿Por qué la gente acepta explicaciones fáciles y justifica que se torture a una persona? Más allá de una psicología de masas, que nos explicó lúcidamente Wilhelm Reich analizando el genocidio fascista, debemos actualizar un pensamiento crítico ante la descomposición social que implica aceptar la tortura generalizada en medio de una crisis social, económica y política del capitalismo actual. Ejemplos hay varios: 1) Alrededor de 176 estudiantes de la “Vasco de Quiroga” fueron golpeados salvajemente y detenidos, 27 mujeres fueron amenazadas de ser violadas en Atenco.  2)Valentina Rosendo lleva más de 10 años esperando que se castigue a los militares que la golpearon y violaron frente a su hija, que entonces tenía dos meses de nacida. Dice que cada vez que ve a un uniformado de verde, en su mente se repiten las escenas de lo sucedido el 16 de febrero de 2002. Vale – como le llaman de cariño –, tenía 17 años cuando un grupo de ocho militares se acercaron para interrogarla sobre unos “encapuchados” mientras lavaba ropa en un río. Le enseñaron una foto y le leyeron una lista con 11 nombres que ella no había escuchado hasta ese día. Ni siquiera entendía bien el español. Luego, la golpearon y abusaron de ella sexualmente.  3) En Morelos, sorprendió el hallazgo de tres mujeres torturadas, encontradas el sábado 19 de agosto de 2012 a pocos metros de la glorieta de la Paloma de la Paz. 4) En la carretera Cuernavaca-Cuautla, dos hombres aparecieron atados de pies y manos, así como con una venda en el rostro, los cuales fueron torturados y asesinados con disparos. Ambos tenían marcada en la espalda una letra, la cual plasmaron con una navaja. 5) En Morelos vemos con estupor como la tortura se aplica de manera cotidiana, no sólo como método de investigación, sino también aplicado por grupos criminales que permanecen en la impunidad. Jethro Ramssés fue torturado en las instalaciones de la 24ª. Zona Militar. La narración que hacen los militares en su declaración ministerial es pavorosa: tratan de justificar que lo intentaban reanimar con unos cables de luz! Tortura que lo llevó a la muerte y a la desaparición del cuerpo.

Recientemente Amnistía Internacional ha presentado un amplio informe sobre la tortura en México. Recoge testimonios como  el siguiente: Escuché muchos gritos de una persona de sexo masculino, a lo cual le preguntaban “donde están las armas y donde está la droga”, rato después se escucha “llévatelo y tráeme al que sigue”, escucho que abren la puerta .. me [sic] un trapo mojado en la cara, cuando respiré, sentía la mojada que estaba, se me complicaba respirar, después sentía un chorro de agua sobre mi nariz, trato de incorporarme, pero no podía levantarme porque me sujetaban de los hombros, piernas y … alguien oprimía mi estomago, eso lo hicieron en repetidas ocasiones, mientras me preguntaban lo mismo. (Miriam Isaura López, detenida por militares en febrero de 2011).

La tortura y otros malos tratos en México han aumentado considerablemente en el sexenio de Calderón.  Llevamos años denunciando  tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes cometidos por personal militar o por la policía a escala federal, estatal y municipal. Las denuncias son generalizadas, y los responsables disfrutan de casi total impunidad. El gobierno ha reiterado con frecuencia su compromiso de garantizar que el enfoque militarizado que aplica a la lucha contra los cárteles de la droga respeta plenamente los derechos humanos. Sin embargo, se  ha documentado un acusado aumento de las violaciones graves de derechos humanos, incluidos homicidios ilegítimos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y tortura, cometidas por funcionarios públicos federales, estatales y municipales. El despliegue de 50.000 efectivos del ejército y la marina para desempeñar funciones policiales ha contribuido a este acusado aumento de los informes de tortura y otros malos tratos a manos de militares. 

En Morelos, el nombramiento de un General como Sub Secretario de Seguridad Publica, para acotar el mando de la primera mujer al frente de esta Secretaría, mantiene este esquema fallido de militarizar la seguridad pública. El gobierno federal sostiene que no hay indicios de la implicación directa de funcionarios del Estado en graves violaciones de derechos humanos, como tortura, y que las violaciones de derechos humanos que se cometen, aunque condenables, son hechos aislados y se investigan siempre. El gobierno ha manifestado que, puesto que tales violaciones no son sistemáticas ni forman parte de una política oficial, no se le puede responsabilizar de ellas. Sin embargo, esta postura es insostenible y contraria a las obligaciones internacionales contraídas por México en materia de derechos humanos, entre las que figura la aplicación plena y genuina de medidas eficaces para impedir y castigar la tortura y otros malos tratos. Las y los ciudadanos en Morelos no merecen ser tratados de manera infamante por quienes aplican la tortura de diversas maneras. Si se puede erradicar esta nefasta práctica. Hay que redoblar la lucha por el respeto pleno a los derechos humanos de todas y todos. 

cidhmorelos@gmail.com

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Escuché gritos…

Escuché muchos gritos de una persona de sexo masculino, a lo cual le preguntaban “donde están las armas y donde está la droga”, rato después se escucha “llévatelo y tráeme al que sigue”, escucho que abren la puerta .. me [sic] un trapo mojado en la cara, cuando respiré, sentía la mojada que estaba, se me complicaba respirar, después sentía un chorro de agua sobre mi nariz, trato de incorporarme, pero no podía levantarme porque me sujetaban de los hombros, piernas y … alguien oprimía mi estomago, eso lo hicieron en repetidas ocasiones, mientras me preguntaban lo mismo. (Miriam Isaura López, detenida por militares en febrero de 2011)

Los informes que recibe Amnistía Internacional sobre tortura y otros malos tratos en México han aumentado considerablemente en los últimos cinco años de gobierno del presidente Calderón. Este incremento se ha producido a pesar de haber adoptado las autoridades mexicanas algunas medidas para reducir la tortura. Las limitaciones de esas medidas y su ineficaz aplicación ponen en duda la voluntad política existente en todos los niveles del gobierno para erradicar la constante de tortura e impunidad que se mantiene desde hace tanto tiempo en el país.

Amnistía Internacional publica el presente documento para ilustrar el hecho evidente de que el gobierno del presidente Felipe Calderón no ha combatido seriamente la tortura y para poner de relieve los retos a que deberá hacer frente el nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando entre en funciones en diciembre, para poner fin a la tortura y los malos tratos. La organización presentará este material al Comité de la ONU contra la Tortura, que en noviembre de 2012 someterá a examen el cumplimiento por parte de México de la obligación de poner fin a la tortura.

Amnistía Internacional lleva años expresando su preocupación por las denuncias de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes cometidos por personal militar o por la policía a escala federal, estatal y municipal. Las denuncias son generalizadas, y los responsables disfrutan de casi total impunidad.

México ha sufrido graves crisis de seguridad pública en muchas regiones durante la

administración de Calderón. El gobierno ha desplegado fuerzas militares y policiales a una

escala sin precedente para combatir poderosos cárteles de la droga y otras redes de

delincuencia organizada. Al menos 60.000 personas han sido víctimas de homicidio y más

de 160.000 se han visto desplazadas internamente,1 debido sobre todo a la violencia

provocada por disputas territoriales entre cárteles, pero también a operaciones de las fuerzas de seguridad. Es en este contexto en el que han aumentado de manera alarmante los informes de tortura y malos tratos.

El gobierno ha reiterado con frecuencia su compromiso de garantizar que el enfoque

militarizado que aplica a la lucha contra los cárteles de la droga respeta plenamente los

derechos humanos. Sin embargo, Amnistía Internacional ha documentado un acusado

aumento de las violaciones graves de derechos humanos, incluidos homicidios ilegítimos,

desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y tortura,

cometidas por funcionarios públicos federales, estatales y municipales. En los últimos tres años, la organización ha registrado informes de tortura en los 31 estados y en el Distrito

Federal. El despliegue de 50.000 efectivos del ejército y la marina para desempeñar

funciones policiales ha contribuido a este acusado aumento de los informes de tortura y otros malos tratos a manos de militares. Amnistía Internacional no tiene conocimiento de que en alguno de los casos que ha documento se haya dictado sentencia condenatoria por un delito de tortura.

México ha desempeñado a menudo un papel destacado en la escena internacional al

promover y ratificar nuevos instrumentos de derechos humanos.2 Asimismo, ha cursado una invitación permanente a mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos. Las recomendaciones formuladas a raíz de estas visitas han contribuido a generar algunos

cambios positivos. La presencia de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también ha tenido efectos positivos.

No obstante, en lo que respecta a la promoción y protección de los derechos humanos

internamente, México no ha cumplido sus compromisos internacionales. Por ejemplo, el

gobierno sostiene que no hay indicios de la implicación directa de funcionarios del Estado en graves violaciones de derechos humanos, como tortura, y que las violaciones de derechos humanos que se cometen, aunque condenables, son hechos aislados y se investigan siempre.

El gobierno ha manifestado que, puesto que tales violaciones no son sistemáticas ni forman parte de una política oficial, no se le puede responsabilizar de ellas.3 Sin embargo, esta postura es insostenible y contraria a las obligaciones internacionales contraídas por México en materia de derechos humanos, entre las que figura la aplicación plena y genuina de medidas eficaces para impedir y castigar la tortura y otros malos tratos.

 

En la madrugada del lunes 15 de octubre, alrededor de las cuatro de la mañana, la Policía estatal y la Policía Federal emprendieron un operativo para tomar la Escuela Normal Indígena de Michoacán (Cherán), la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío Michoacán y el Centro Regional de Educación Normal de Arteaga de manera simultánea.

Alrededor de 176 estudiantes de la “Vasco de Quiroga” fueron golpeados y detenidos, hasta el momento no se sabe el paradero de los detenidos, ya que según los testimonios de otros estudiantes detenidos horas después y que fueron trasladados a la Estación Barandillas, los primeros estudiantes no se encontraban ahí; lo mismo sucedió en la Normal Indígena de Cherán, en donde también fueron detenidos y golpeados algunos padres de familia.

Tras los operativos simultáneos, estudiantes, pobladores y familiares de los detenidos en las normales se concentraron en diferentes puntos del estado de Michoacán con el objetivo realizar manifestaciones para exigir el respeto a los derechos de los detenidos y la liberación de los estudiantes detenidos, sin embargo la policía realiza cercos a estas manifestaciones y las disuelve con agresiones y detenciones arbitrarias.

Ante los hechos referidos deseamos manifestar nuestro más contundente rechazo ante las claras violaciones a los derechos humanos por medio de las cuales el gobierno estatal y federal criminaliza, reprime y estigmatiza a los estudiantes que exigían el pleno respeto y garantía de su derecho a la educación.

Exigimos la presentación de todos los detenidos, y que el Estado tome todas las medidas apropiadas para garantizar la integridad física y psicológica, ya que se teme que los detenidos puedan ser torturados como ha sucedido en recientes operativos represivos en el Estado.

Exigimos que las autoridades del Estado respeten los derechos humanos de los normalistas y que los elementos policiacos y toda la línea de mando que los ha violentado sean investigados y sancionados.

 

Valentina Rosendo lleva más de 10 años esperando que se castigue a los militares que la golpearon y violaron frente a su hija, que entonces tenía dos meses de nacida. Dice que cada vez que ve a un uniformado de verde, en su mente se repiten las escenas de lo sucedido el 16 de febrero de 2002.

Vale – como le llaman de cariño –, tenía 17 años cuando un grupo de ocho militares se acercaron para interrogarla sobre unos “encapuchados” mientras lavaba ropa en un río. Le enseñaron una foto y le leyeron una lista con 11 nombres que ella no había escuchado hasta ese día. Ni siquiera entendía bien el español. Luego, la golpearon y abusaron de ella sexualmente.

 

En Morelos, sorprendió el hallazgo de tres mujeres torturadas, encontradas el sábado 19 de agosto de 2012 a pocos metros de la glorieta de la Paloma de la Paz.

 

En la carretera Cuernavaca-Cuautla, dos hombres aparecieron atados de pies y manos, así como con una venda en el rostro, los cuales fueron torturados y asesinados con disparos. Ambos tenían marcada en la espalda una letra zeta, la cual plasmaron con una navaja.

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Huexca y los riesgos de la termoeléctrica

EL DOC. EN FISICA DE LA UNAM, FABIO MANZINI BUSCA DEFENDER EL PROYECTO TERMOELECTRICO Y TERMINA DANDO LA RAZON DE SU INVIABILIDAD AL PUEBLO INFORMADO DE HUEXCA, YA QUE TECNICAMENTE:

* EN EL PAIS EXISTE UN 50% DE SOBREPRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA, POR LO QUE EL PROYECTO TERMOELECTRICO, NO OBEDECE A UNA NECESIDAD DE ENERGIA EN EL PAIS.

* LA TERMOELECTRICA SERÁ CAUSANTE DE LLUVIA ACIDA, YA QUE PRODUCE OXIDOS DE NITROGENO, QUE EN ALTAS CONCENTRACIONES AFECTAN CULTIVOS, SALUD Y CAUSAN UN EFECTO INVERNADERO.

* LA PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA POR MEDIO DE LUZ SOLAR ES MENOS COSTOSO EN UN 25%, SUSTENTABLE Y VIABLE.

A raíz de la petición del Gobierno del Estado de Morelos a la comunidad de Huexca, el pasado miércoles 10 de octubre por medio del Ayudante Municipal y bajo las declaraciones públicas hechas por el Secretario de Gobernación Jorge Messeguer, consistentes en escuchar los argumentos de científicos especializados en los temas energéticos para despejar las dudas que tuviera la comunidad que, según declaraciones de Messeguer, “ha sido mal informada”. Se llevó acabo en Huexca, una asamblea el pasado 12 de octubre a las 18 horas, con el Doc. En Física Fabio Manzini, quien pertenece al Centro de Investigación de Energía de la UNAM y es uno de los principales promotores en México del uso de energía sustentable.

Por el lapso de dos horas, existió un diálogo con el doctor, sensato, ordenado, respetuoso y consciente, como lo ha sido siempre el comportamiento que ha tenido la comunidad a todos los diálogos que se han establecido. El Doc. Manzini explicó en un principio en que consistía el funcionamiento de una termoeléctrica de ciclo combinado y posteriormente contestó a preguntas expresas de la comunidad:

  1. Al ser cuestionado por la seguridad del proyecto, el doctor, contestó que no sería peligroso establecer el proyecto en zona sísmica y de riesgo del volcán, y que el proyecto no consiste en almacenar gas, sino que solo es de paso. Explicó que en el caso del gasoducto se colocarán válvulas de seccionamiento cada 4 kilómetros, lo cual aminora la cantidad de gas que podría fugarse en caso de un accidente, sin embargo, realizando la operación del volumen de 4 kilómetros del gasoducto, el resultado fue que contendría dicho tramo un aproximado de 2,010,624 litros de gas natural, lo cual es una cantidad bastante considerable. Cabe destacar que el doctor Manzini no es experto en seguridad, en zona de riesgo volcánico, ni protección civil
  2. El doctor Manzini declaró que desconoce la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto, por lo que es claro que no cuenta con la suficiente información para “despejar las dudas de la comunidad”
  3. Al ser cuestionado sobre la contaminación de la termoeléctrica y que esta emitirá óxidos de nitrógeno que afectaran los cultivos y causarán lluvia ácida. El doctor acepto esto como cierto, ya que es el conocimiento especializado que ha investigado el doctor y que puede observarse en su tesis de Doctorado en Ingeniería “Estudio Prospectivo del Impacto Ambiental debido a Tecnologías de Uso Final de la Energía” donde menciona en su introducción que los ácidos sulfúricos y nítricos causan la lluvia ácida. Las consecuencias del NOx son citadas en la tesis del doctor en su tabla 3.3 del capítulo 3, donde se menciona que los NOx causan tos, bronquitis, producen un efecto invernadero y lluvia ácida. Dichas consecuencias y efectos contaminantes, si son la especialidad con que cuenta el doctor.
  4. A lo largo de su vida académica, el doctor Manzini se ha encargado de estudiar y argumentar porque es más viable el uso de energías sustentables como la solar o eólica, por lo que no entendemos porque se presenta a la comunidad de Huexca a defender un proyecto cuyas tecnologías considera él mismo como obsoletas o inviables. Así mismo el 13 de septiembre de 2012 el doctor Manzini declaró al periódico El Universal, sobre la sobreproducción energética en México :

La estrategia nacional de energía plantea que 35% de la generación de electricidad para 2024 deberá llevarse a cabo con fuentes realmente limpias, las renovables, de energía: eólica, solar térmica de concentración, solar fotovoltaica…

“Éste es, entonces, el país que queremos o que nos gustaría construir: uno más sustentable y energéticamente independiente.”

Además, el hecho de que la demanda de electricidad en México haya crecido por debajo de las expectativas y, en cambio, la oferta sí haya crecido, trajo como consecuencia un exceso de capacidad eléctrica instalada para satisfacer la actual demanda.

“Este exceso de capacidad instalada recibe el nombre de margen de reserva ocioso. En un país con un sistema eléctrico nacional bien planeado, este margen de reserva no supera 15%; en el caso de México alcanza actualmente casi 50%”

5.       Al ser cuestionado sobre su especialidad y conocimiento técnico, las energías renovables, se le preguntó a que costo saldría generar los 620Mw que plantea la termoeléctrica, pero por medio de la energía solar. Ante lo cual contestó que producir un watt de energía cuesta entre uno y dos dólares, por lo que 620Mw costarían 1200 millones de dólares, 400 millones de dólares menos que el Proyecto Integral Morelos.

6.       Con el uso de la energía solar, no sería necesario poner en riesgo a la población, traer empresas extranjeras, despojar a 3 estados de sus tierras y gastar millones de litros de gas y agua diariamente, que dicho sea de paso, al ser cuestionado el doctor sobre el trato del agua con gas cloro y ácido sulfúrico que realizará la termoeléctrica. El doctor contestó que esa agua ya no servirá para nada.

 

Por lo que después de escuchar y conocer las respuestas que realizó el científico validado y recomendado por el Gobierno del Estado, en el que se percibía claramente que quería hablar a favor de la termoeléctrica, pero que sus conocimientos y ética, al ser cuestionados por una población INFORMADA, resultaron en que el proyecto no es viable. Por lo que en asamblea pública la comunidad ratificó su decisión de no a  la termoeléctrica, tal y como lo hizo días antes, después de visitar la planta termoeléctrica de Guanajuato.

Resaltamos que la comunidad a accedido a todos los pedimentos que ha hecho el Gobierno del Estado, sin embargo el gobierno de Graco no ha cumplido su palabra principal que era, ir desde el principio a la comunidad de Huexca para escuchar de viva voz el sentir del pueblo y respetar su decisión. Así como tampoco se han cancelado las demandas penales de nuestros compañeros tal como se solicitó para el establecimiento del diálogo.

Desconocemos la lista de firmas que se entregaron ante Derechos Humanos, donde se menciona que mas de 500 personas de la comunidad están a favor de la termoeléctrica, dichas firmas son en su mayoría de otras comunidades y obtenidas con engaños y despensas. La forma en que se legitima una decisión del pueblo es, por usos y costumbres, la asamblea pública. Y esta ha decido en presencia de la autoridad local, su desacuerdo al proyecto.

Comunidad de Huexca

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala

 

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Los saldos de un sexenio violador de derechos humanos.

Prepararnos a resistir frente a un gobierno que augura continuismo.

Desde la montaña de Tlapa donde florece la dignidad de los pueblos indígenas, reunidas en la XLIV Asamblea de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos”, las organizaciones que la conformamos constatamos el final de un sexenio de muerte, violencia, despojo, temor y miseria, y con él la salida impune de Felipe Calderón, que sin embargo será recordado como responsable de la peor crisis del estado de derecho en México.

 

Los saldos del sexenio que termina son: 60 mil muertos, un número proporcionalmente mayor a los ocurridos en la guerra civil guatemalteca; más de un millar de desaparecidos que rebasa la cifra de los de la guerra sucia; miles de desplazados internos y refugiados por la violencia; un aumento desmesurado de la tortura como método de investigación y castigo; ataques a derechos de las mujeres y un creciente feminicidio; una política de seguridad que por un lado criminaliza la migración generando mayores dividendos por la trata de personas y profundizando la inseguridad en vastas regiones, y que por el otro ha creado un estado de sitio y en muchos lados de guerra civil, por parte de militares y grupos criminales, que carece de sentido y parece no tener fin.

 

A la par de lo anterior, se han creado en este sexenio las condiciones jurídicas e institucionales para un régimen de avaricia desmedida y despojo, que lejos de traer bienestar, crea miseria e incertidumbre a través de centenares de concesiones mineras a lo largo y ancho del territorio, parques eólicos, presas, proyectos de turismo a gran escala, etc.; por su fuera poco, como corolario de la pauperización, se promueve la reforma laboral que precariza el derecho al trabajo decente.

En estas condiciones, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, termómetros de la democracia, sufren muerte, amenazas, estigmas y calumnias, particularmente por quienes tienen la responsabilidad de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

 

En suma, atravesamos un momento histórico de violencia y violación sistemática de los derechos humanos que no vemos que cambiará su rumbo. Enrique Peña Nieto quien debería estar enfrentando procesos penales, al menos desde los hechos de Atenco en 2006, está a dos meses de recibir la banda presidencial, gracias a la irresponsabilidad del poder judicial y a la sumisión de la procuración de justicia al poder político.

 

Declaramos que en democracia no basta tener la mayoría para alcanzar legitimidad, se requiere además jugar con reglas democráticas, garantizar certeza, transparencia y equidad en la contienda, y una verdadera representatividad, condiciones que no han sido alcanzadas.

 

Con estas carencias y retos nos enfrentamos al inicio de una nueva administración, sin embargo, vemos también enormes esfuerzos de la sociedad civil que en resistencia y de manera contra-hegemónica, lucha por cambiar las condiciones y procurar el ejercicio de los derechos humanos de la población: organizaciones civiles, de campesinos, sindicatos, pueblos indígenas, comunidades, barrios y colectivos ciudadanos, que se han transformado en defensores de derechos humanos. En estos momentos de crisis del estado de derecho, en ellos depositamos la esperanza y con ellos asumimos el compromiso de defender los derechos humanos como el modo más radical para combatir de raíz la impunidad y la desigualdad, sin hacer concesiones a gobiernos y grupos de poder que discriminan y pisotean los derechos de las y los olvidados de siempre.

 

 

Atentamente.

 

 

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.,

integrante de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos”

(integrada por 73 organizaciones de derechos humanos en todo el país).

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Comunicadoras en riesgo

Juliana G. Quintanilla

Con el antecedente ocurrido en Cuernavaca en el que varias trabajadoras de medios de comunicación sufrieran agresión física en el ejercicio de su trabajo y la falta de atención desde la institucionalidad las y los periodistas morelenses entregaron un documento al gobierno de la entidad para ser escuchados y atendidos toda vez que a pesar de tener un documento protocolario que señala con puntualidad la vigilancia del respeto a los derechos de las y los periodistas en Morelos, aun carecen de un mecanismo práctico que resuelva y atienda sus demandas desde el ámbito gubernamental.

Periodistas que se vieron violentadas en sus derechos seguro que consideran necesario retomar gran parte del trabajo realizado y difundido ampliamente por las comunicadoras de Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC), y realizar una investigación en el estado.

Dicho informe registra y documenta un total de 94 casos de violencia en contra de mujeres periodistas, 5 correspondientes al periodo de 2002 a 2006 y 89 desde 2007 a 2011. Señala que por primera vez en la historia del periodismo a nivel mundial, en México se presenta un Informe Diagnóstico de Violencia contra Mujeres Periodistas, mismo que contempla casos desde 2002 a 2011, lapso durante el cual han sido asesinadas 10 trabajadoras de medios de comunicación, en cuyos casos aun existe impunidad.

Entre los años 2002 y 2011, 10 mujeres periodistas han sido asesinadas en México, y más de 90 denunciaron algún tipo de violencia en el ejercicio de su labor. Hasta el día de hoy ninguno de los casos documentados en este Informe ha sido resuelto, lo que representa un nivel de impunidad que permite la repetición contante de estos actos.

Los casos documentados en dicho Informe se rigen bajo los protocolos nacionales e internacionales sobre libertad de expresión,  la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia e instrumentos internacionales como la Convención sobre la eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer Belem do Pará.

Las entidades federativas con mayor número de casos son: Oaxaca en primer lugar con 12 casos,  Distrito Federal 10, Chihuahua 8, Quintana Roo, Jalisco y Veracruz con 7, 6 y 5 casos, respectivamente. A los estados anteriores les siguen Tamaulipas, Puebla, Michoacán, Morelos, Estado de México, Durango y Guerrero, con 3 casos; Nuevo León, Chiapas, Hidalgo, Sonora y Nayarit con 2 casos. Mientras que Sinaloa, Yucatán, Baja California Sur, Colima y Guanajuato con un solo caso.

Un 76 por ciento de las periodistas violentadas eran reporteras, mientras que 2.6 por ciento, equivalente a un caso, se trató de una directora de un medio de comunicación, en porcentaje igual una corresponsal y una fotógrafa. 10 por ciento eran periodistas independientes o freelance, lo que puede significar un elemento de aumento de vulnerabilidad, al no contar con un contrato fijo, prestaciones de ley ni respaldo, en el caso de querer brindarlo, de un empresa periodística.

El Informe detalla que en 2010 se registraron 3 casos de feminicidio y 2 más al terminar 2011, cuando Veracruz saltó a escena como una de las entidades federativas más violentadas para ejercer el periodismo.

Las formas de violencia cometidas contra mujeres periodistas con base en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en función de que las desigualdades de género van desde la psicológica a través de amenazas contra ellas, así como a las y los hijos o familiares. La violencia sexual a través del acoso por parte de agresores ajenos al medio de comunicación pero también en medio de coberturas de movimientos sociales, por parte de sus compañeros hombres, sus fuentes de información o elementos del Estado. Violencia comunitaria, al ser expuestas en los medios de comunicación en los casos en los que se pone en duda su calidad moral y personal, la violencia institucional, en tanto que se trata de actos u omisiones de las y los servidores públicos, esta violencia es aplicada al no garantizar las condiciones adecuadas para ejercer su labor. Violencia laboral en casos en los que no se brindan las condiciones laborales y de seguridad necesarias para ejercer la labor periodística en el contexto actual. 

Hoy es necesaria una coordinación en el marco estatal y nacional que contribuya de manera activa a reclamar respeto y derechos plenos para las y los periodistas y así disminuir hasta erradicar esta situación de violencia contra el gremio periodístico, por lo que las nuevas autoridades estatales deben conocer y aplicar con prontitud el protocolo de seguridad para periodistas.

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