Acabar con la tortura y la impunidad.

José Martínez Cruz y Marco Aurelio Palma Apodaca.

Erradicar la tortura no es una tarea imposible. Si, es necesario superar esa ideología dominante de “Vigilar y Castigar”, que justifica las peores atrocidades. Cuando la tortura se generaliza como método de investigación o de castigo socialmente aceptado, estamos llegando al límite de la barbarie. ¿Por qué la gente acepta explicaciones fáciles y justifica que se torture a una persona? Más allá de una psicología de masas, que nos explicó lúcidamente Wilhelm Reich analizando el genocidio fascista, debemos actualizar un pensamiento crítico ante la descomposición social que implica aceptar la tortura generalizada en medio de una crisis social, económica y política del capitalismo actual. Ejemplos hay varios: 1) Alrededor de 176 estudiantes de la “Vasco de Quiroga” fueron golpeados salvajemente y detenidos, 27 mujeres fueron amenazadas de ser violadas en Atenco.  2)Valentina Rosendo lleva más de 10 años esperando que se castigue a los militares que la golpearon y violaron frente a su hija, que entonces tenía dos meses de nacida. Dice que cada vez que ve a un uniformado de verde, en su mente se repiten las escenas de lo sucedido el 16 de febrero de 2002. Vale – como le llaman de cariño –, tenía 17 años cuando un grupo de ocho militares se acercaron para interrogarla sobre unos “encapuchados” mientras lavaba ropa en un río. Le enseñaron una foto y le leyeron una lista con 11 nombres que ella no había escuchado hasta ese día. Ni siquiera entendía bien el español. Luego, la golpearon y abusaron de ella sexualmente.  3) En Morelos, sorprendió el hallazgo de tres mujeres torturadas, encontradas el sábado 19 de agosto de 2012 a pocos metros de la glorieta de la Paloma de la Paz. 4) En la carretera Cuernavaca-Cuautla, dos hombres aparecieron atados de pies y manos, así como con una venda en el rostro, los cuales fueron torturados y asesinados con disparos. Ambos tenían marcada en la espalda una letra, la cual plasmaron con una navaja. 5) En Morelos vemos con estupor como la tortura se aplica de manera cotidiana, no sólo como método de investigación, sino también aplicado por grupos criminales que permanecen en la impunidad. Jethro Ramssés fue torturado en las instalaciones de la 24ª. Zona Militar. La narración que hacen los militares en su declaración ministerial es pavorosa: tratan de justificar que lo intentaban reanimar con unos cables de luz! Tortura que lo llevó a la muerte y a la desaparición del cuerpo.

Recientemente Amnistía Internacional ha presentado un amplio informe sobre la tortura en México. Recoge testimonios como  el siguiente: Escuché muchos gritos de una persona de sexo masculino, a lo cual le preguntaban “donde están las armas y donde está la droga”, rato después se escucha “llévatelo y tráeme al que sigue”, escucho que abren la puerta .. me [sic] un trapo mojado en la cara, cuando respiré, sentía la mojada que estaba, se me complicaba respirar, después sentía un chorro de agua sobre mi nariz, trato de incorporarme, pero no podía levantarme porque me sujetaban de los hombros, piernas y … alguien oprimía mi estomago, eso lo hicieron en repetidas ocasiones, mientras me preguntaban lo mismo. (Miriam Isaura López, detenida por militares en febrero de 2011).

La tortura y otros malos tratos en México han aumentado considerablemente en el sexenio de Calderón.  Llevamos años denunciando  tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes cometidos por personal militar o por la policía a escala federal, estatal y municipal. Las denuncias son generalizadas, y los responsables disfrutan de casi total impunidad. El gobierno ha reiterado con frecuencia su compromiso de garantizar que el enfoque militarizado que aplica a la lucha contra los cárteles de la droga respeta plenamente los derechos humanos. Sin embargo, se  ha documentado un acusado aumento de las violaciones graves de derechos humanos, incluidos homicidios ilegítimos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y tortura, cometidas por funcionarios públicos federales, estatales y municipales. El despliegue de 50.000 efectivos del ejército y la marina para desempeñar funciones policiales ha contribuido a este acusado aumento de los informes de tortura y otros malos tratos a manos de militares. 

En Morelos, el nombramiento de un General como Sub Secretario de Seguridad Publica, para acotar el mando de la primera mujer al frente de esta Secretaría, mantiene este esquema fallido de militarizar la seguridad pública. El gobierno federal sostiene que no hay indicios de la implicación directa de funcionarios del Estado en graves violaciones de derechos humanos, como tortura, y que las violaciones de derechos humanos que se cometen, aunque condenables, son hechos aislados y se investigan siempre. El gobierno ha manifestado que, puesto que tales violaciones no son sistemáticas ni forman parte de una política oficial, no se le puede responsabilizar de ellas. Sin embargo, esta postura es insostenible y contraria a las obligaciones internacionales contraídas por México en materia de derechos humanos, entre las que figura la aplicación plena y genuina de medidas eficaces para impedir y castigar la tortura y otros malos tratos. Las y los ciudadanos en Morelos no merecen ser tratados de manera infamante por quienes aplican la tortura de diversas maneras. Si se puede erradicar esta nefasta práctica. Hay que redoblar la lucha por el respeto pleno a los derechos humanos de todas y todos. 

cidhmorelos@gmail.com

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