Comunicadoras en riesgo

Juliana G. Quintanilla

Con el antecedente ocurrido en Cuernavaca en el que varias trabajadoras de medios de comunicación sufrieran agresión física en el ejercicio de su trabajo y la falta de atención desde la institucionalidad las y los periodistas morelenses entregaron un documento al gobierno de la entidad para ser escuchados y atendidos toda vez que a pesar de tener un documento protocolario que señala con puntualidad la vigilancia del respeto a los derechos de las y los periodistas en Morelos, aun carecen de un mecanismo práctico que resuelva y atienda sus demandas desde el ámbito gubernamental.

Periodistas que se vieron violentadas en sus derechos seguro que consideran necesario retomar gran parte del trabajo realizado y difundido ampliamente por las comunicadoras de Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC), y realizar una investigación en el estado.

Dicho informe registra y documenta un total de 94 casos de violencia en contra de mujeres periodistas, 5 correspondientes al periodo de 2002 a 2006 y 89 desde 2007 a 2011. Señala que por primera vez en la historia del periodismo a nivel mundial, en México se presenta un Informe Diagnóstico de Violencia contra Mujeres Periodistas, mismo que contempla casos desde 2002 a 2011, lapso durante el cual han sido asesinadas 10 trabajadoras de medios de comunicación, en cuyos casos aun existe impunidad.

Entre los años 2002 y 2011, 10 mujeres periodistas han sido asesinadas en México, y más de 90 denunciaron algún tipo de violencia en el ejercicio de su labor. Hasta el día de hoy ninguno de los casos documentados en este Informe ha sido resuelto, lo que representa un nivel de impunidad que permite la repetición contante de estos actos.

Los casos documentados en dicho Informe se rigen bajo los protocolos nacionales e internacionales sobre libertad de expresión,  la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia e instrumentos internacionales como la Convención sobre la eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer Belem do Pará.

Las entidades federativas con mayor número de casos son: Oaxaca en primer lugar con 12 casos,  Distrito Federal 10, Chihuahua 8, Quintana Roo, Jalisco y Veracruz con 7, 6 y 5 casos, respectivamente. A los estados anteriores les siguen Tamaulipas, Puebla, Michoacán, Morelos, Estado de México, Durango y Guerrero, con 3 casos; Nuevo León, Chiapas, Hidalgo, Sonora y Nayarit con 2 casos. Mientras que Sinaloa, Yucatán, Baja California Sur, Colima y Guanajuato con un solo caso.

Un 76 por ciento de las periodistas violentadas eran reporteras, mientras que 2.6 por ciento, equivalente a un caso, se trató de una directora de un medio de comunicación, en porcentaje igual una corresponsal y una fotógrafa. 10 por ciento eran periodistas independientes o freelance, lo que puede significar un elemento de aumento de vulnerabilidad, al no contar con un contrato fijo, prestaciones de ley ni respaldo, en el caso de querer brindarlo, de un empresa periodística.

El Informe detalla que en 2010 se registraron 3 casos de feminicidio y 2 más al terminar 2011, cuando Veracruz saltó a escena como una de las entidades federativas más violentadas para ejercer el periodismo.

Las formas de violencia cometidas contra mujeres periodistas con base en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en función de que las desigualdades de género van desde la psicológica a través de amenazas contra ellas, así como a las y los hijos o familiares. La violencia sexual a través del acoso por parte de agresores ajenos al medio de comunicación pero también en medio de coberturas de movimientos sociales, por parte de sus compañeros hombres, sus fuentes de información o elementos del Estado. Violencia comunitaria, al ser expuestas en los medios de comunicación en los casos en los que se pone en duda su calidad moral y personal, la violencia institucional, en tanto que se trata de actos u omisiones de las y los servidores públicos, esta violencia es aplicada al no garantizar las condiciones adecuadas para ejercer su labor. Violencia laboral en casos en los que no se brindan las condiciones laborales y de seguridad necesarias para ejercer la labor periodística en el contexto actual. 

Hoy es necesaria una coordinación en el marco estatal y nacional que contribuya de manera activa a reclamar respeto y derechos plenos para las y los periodistas y así disminuir hasta erradicar esta situación de violencia contra el gremio periodístico, por lo que las nuevas autoridades estatales deben conocer y aplicar con prontitud el protocolo de seguridad para periodistas.

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