El derecho a protestar

José Martínez Cruz y Roberto Mendoza Delgado

 Protestar es un derecho, reprimir es un delito. Los gobiernos autoritarios reprimen la protesta social, violando los derechos políticos de la sociedad que quiere participar en las decisiones que afectan la vida social.

La protección del derecho a la protesta se basa en el reconocimiento y la protección de una serie de derechos que incluyen la libertad de expresión y opinión, la libertad de asociación, la libertad de reunión pacífica y los derechos sindicales, Pactos, Protocolos y Convenios firmados desde 1948 a la fecha por México en la ONU.

A lo largo de la historia, las protestas y manifestaciones han sido motores de cambio y factores importantes que contribuyeron a la promoción de los derechos humanos. En todas las regiones del mundo y en todas las épocas de la historia, defensoras y defensores anónimos y activistas reconocidos han liderado e inspirado movimientos de protesta que prepararon el terreno para los logros conseguidos en la esfera de los derechos humanos.

En el momento actual se vive en nuestro país una crisis política y social que está incrementando las protestas de diversos sectores. La inconformidad crece día a día. Mayores protestas se encuentran en el horizonte inmediato. El derecho a protestar es un elemento fundamental del derecho de participación en toda estructura democrática. La intervención de la policía por la fuerza desproporcionada e innecesaria ante manifestaciones pacíficas ha sido condenada en diversos tribunales internacionales.

 

Una democracia cuartelaría, como la que nos quieren seguir imponiendo, sólo trae consigo violencia, injusticia, desigualdad, pobreza. ¿Cómo no protestar cuando el gobierno ha tolerado un grave deterioro en la protección de los derechos humanos y ha hecho caso omiso a las miles de víctimas de violaciones que se han atrevido a denunciar los abusos y reclamar justicia? El llamado de la alerta contra la violencia feminicida, que como respuesta solo obtuvo el silencio ¿Cómo no rechazar una política de seguridad pública para enfrentar militarmente a grupos del crimen organizado, que agravó la violencia, sin contar con una estrategia para frenarla y garantizar la seguridad para las poblaciones afectadas?

 

Se ha mantenido una política represiva sobre el despliegue masivo y rutinario de las Fuerzas Armadas en tareas policiales, la cual generó un aumento escalofriante en las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad, como detenciones arbitrarias, tortura, ejecuciones extrajudiciales, y desapariciones forzadas. ¿Acaso esperan que toda la sociedad aplauda estas medidas? El gobierno y las fuerzas de seguridad con frecuencia han intentado minimizar el impacto de la violencia, acusando a las víctimas de los abusos cometidos por el ejército y la policía de ser criminales. Sin embargo, en su gran mayoría no eran criminales sino personas comunes que han sufrido las consecuencias de la política de seguridad del gobierno mexicano.

 

Derecho a protestar, establecido en la Constitución mediante el ejercicio de la libertad de expresión, manifestación y organización, que se ve severamente cuestionado por las propias autoridades que tratan de imponer la idea de que no son responsables por el aumento de la inseguridad, y promueven por todos los medios medidas autoritarias. Por ejemplo, sobre la jurisdicción militar, las procuradurías generales de justicia, las investigaciones internas de las instituciones imputadas y las comisiones estatales de derechos humanos han dejado en el desamparo a las víctimas. Ante esta política de negación, no es sorprendente que el gobierno no sea capaz de ver las alarmantes dimensiones de los abusos, la desesperada situación de las víctimas ni de encontrar a los responsables. La introducción del arraigo a la Constitución, un mecanismo arbitrario y abusivo que debilita la justicia y no la refuerza. Es tal vez uno de los retrocesos más significativos impulsados por el gobierno en los últimos años. Este retroceso se ha dado ignorando las recomendaciones de las Naciones Unidas de abolirlo.

Un gobierno que ignora a la sociedad civil como impulsora de la democracia efectiva, y que no atiende su reclamo de justicia, esta destinado a fracasar en el fortalecimiento del estado de derecho y la protección de derechos humanos.

Las protestas relacionadas con la exigencia de elecciones libres y justas, impugnar los resultados y denunciar las irregularidades y fraudes, no deben concluir en represión policiaca. Recordamos precisamente que posteriormente al fraude electoral de 1988 fue desaparecido nuestro compañero José Ramón García Gómez en Cuautla durante el gobierno de Antonio Riva Palacio y Salinas de Gortari. Tenemos memoria. El pueblo no olvida.

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