Tortura e impunidad.

El agua de tehuacán y los ojos tapados, los cables de luz y la obscuridad de los subterráneos. Instrumentos de la tortura y el horror. Se aplican de manera científica, no por improvisados. Responde a la lógica del terror, no a la búsqueda de justicia. Han recibido cursos de entrenamiento. No se sabe si forman parte de los exámenes de confianza para permanecer en la policía o el ejército. Pero utilizan estas técnicas sacadas de manuales de entrenamiento del Ejército norteamericano, de las policías secretas y de los comandos del exterminio, que proliferan por los anchos caminos de la impunidad. 

Resulta sumamente difícil determinar la verdadera magnitud y extensión de la tortura y otros malos tratos en México. Esta dificultad se debe en parte al endeble sistema de denuncia e investigación, que casi nunca hacer rendir cuentas a los responsables y deja a las víctimas y testigos expuestos a sufrir represalias, como consecuencia de lo cual se denuncian muchos menos casos de los que realmente se producen.
Además, incluso cuando se presenta denuncia ante las autoridades, no se lleva a cabo una recogida sistemática de datos. Aunque la recogida y análisis de datos plantean grandes dificultades en un país que es una federación, con múltiples jurisdicciones y cuerpos de seguridad, México es mucho más eficaz en esta materia en muchos otros sectores, como la salud y la seguridad social.  De las 110 denuncias de tortura, 31 han dado lugar a recomendaciones de la CNDH, mientras que 57 siguen siendo objeto de examen. De las 4.731 denuncias de malos tratos, 83 han dado lugar a recomendaciones.
La información ofrecida por la CNDH es la más exhaustiva de que se dispone, pero sigue distando mucho de representar el verdadero número de denuncias de tortura de todo el país. La CNDH sólo está encargada de intervenir cuando hay funcionarios federales implicados en los abusos, por lo que sus datos no incluyen necesariamente las denuncias de tortura y otros malos tratos cometidos por funcionarios estatales o municipales (salvo si hay también funcionarios federales presuntamente implicados). No existe ningún mecanismo sistemático de captación de todas las denuncias presentadas ante las 32 comisiones estatales de derechos humanos.  
Debido a ello, la información disponible presenta graves carencias. El gobierno federal reconoce que el 90 por ciento de los delitos se cometen en las 32 jurisdicciones de los 
estados y el Distrito Federal, y sólo el 10 por ciento en la jurisdicción federal. De los más de 400.000 agentes de policía del país, sólo 30.000 son de la Policía Federal (aunque hay desplegados además 50.000 militares que desempeñan también funciones policiales). La mayor parte de la policía actúa bajo jurisdicción estatal, como revela hecho de que en la mayoría de los casos de tortura y malos tratos haya agentes estatales o municipales implicados. Asimismo, las graves deficiencias de la legislación estatal aumentan las probabilidades de que los abusos se clasifiquen como delitos leves, en vez de cómo tortura, lo cual va en contra de las obligaciones de México en materia de derechos humanos. Por otro lado, el hecho de que, a juzgar por los datos de la tabla anterior, la CNDH reciba más de 43 veces más denuncias de malos tratos que de tortura hace que se planteen también dudas sobre el modo en que trata las denuncias.  
La información de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre querellas, actas de acusación formal y procesamientos por tortura y otros malos tratos se refiere sólo a los casos en que los cargos se formulan bajo la jurisdicción federal. La información que proporciona la Judicatura federal sobre condenas es igualmente limitada.  
Según la PGR, entre 2008 y 2011 se abrieron 58 investigaciones preliminares por tortura, que dieron lugar a 4 actas de acusación formal. Según la Judicatura federal, durante el mismo periodo hubo 12 procesamientos por tortura, que dieron lugar a 5 sentencias condenatorias. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) recoge y publica 
datos nacionales. De acuerdo con él, entre 2006 y 2010, en la jurisdicción o fuero federal hubo un procesamiento y ninguna sentencia condenatoria por tortura. En el mismo periodo, en el fuero común (las jurisdicciones de los 31 estados y el Distrito Federal) hubo 37 procesamientos y 18 sentencias condenatorias por tortura. Sin embargo, es imposible correlacionar estas diversas fuentes de datos para obtener un registro interanual exacto. La falta de actas de acusación, juicios y sentencias condenatorias por tortura y otros malos tratos es reflejo de la incapacidad o falta de voluntad de las autoridades para garantizar la investigación y el enjuiciamiento efectivos e imparciales de los casos. Por ejemplo, el creciente número de denuncias presentadas ante la CNDH no da dado lugar a un aumento de las actas de acusación ni de las sentencias condenatorias.  
Amnistía Internacional ha documentado en los últimos años varios casos notorios en los que se han entablado acciones penales. Sin embargo, ni siquiera en estos casos se ha llevado a los responsables de tortura y otros malos tratos ante la justicia ni tampoco los sobrevivientes han recibido reparaciones.  
Las impunidad de los delitos de tortura y otros malos tratos es constante desde la “guerra sucia” (de 1964 a 1982). Se cometieron de manera sistemática y generalizada graves 
violaciones de derechos humanos contra manifestantes y presuntos miembros de movimientos políticos de oposición, incluidos grupos armados. La antigua Fiscalía Especial 
para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) y su informe histórico de la verdad, cuya difusión se reprimió posteriormente, documentaron claramente muchas de las violaciones sistemáticas de derechos humanos, entre las que figuraban tortura, ejecuciones 
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